Capítulo 6 - Políticas Transversales y Enfoque Diferencial

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Capítulo 6 - Políticas Transversales y Enfoque Diferencial
Plan Estratégico INCODER 2015 -2018 – Capítulo 6
6. POLITICAS TRANSVERSALES Y ENFOQUE DIFERENCIAL
Este capítulo contiene los lineamientos de las políticas transversales referidas a la inclusión social
y económica de los grupos más vulnerables. La transversalidad hace referencia a dos conceptos
que son complementarios: el primero tiene que ver con aquellos temas de la inclusión
socioeconómica que superan el ámbito sectorial y deben ser abordados con un enfoque
multisectorial e integral para remover los obstáculos que generan las inequidades y desigualdades
sociales y económicas que afectan a los grupos más vulnerables. El segundo se relaciona con la
participación e intervención activa de todas las entidades públicas y privadas que tienen
competencia en estos temas.
Durante los últimos años Colombia ha presenciado una ampliación de las oportunidades
económicas y sociales para los grupos más vulnerables de la población, gracias a la existencia de
un enfoque diferencial en las políticas públicas para garantizar a todos los que habitan el territorio
nacional, un extenso conjunto de derechos.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, el enfoque
diferencial y la garantía de derechos para la población vulnerable se vinculan con las estrategias de
construcción de condiciones para alcanzar la paz desde dos perspectivas: la primera, relacionado
con el fortalecimiento del rol del Estado para garantizar las condiciones de goce efectivo de
derechos para todos los colombianos y especialmente de los grupos vulnerables; y la segunda,
orientada al diseño de políticas territoriales específicas para abordar las consecuencias derivadas
del conflicto armado y que en perspectiva de su resolución, deben tener un carácter transitorio
pero no por ello menos importante, tales como la atención y reparación integral a las víctimas, los
procesos de desmovilización y reintegración y los mecanismos de justicia transicional.
El Enfoque Diferencial, está constituido por grupos poblacionales que reúnen una condición
especial considerados histórica y culturalmente con criterios discriminatorios tales como
comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, población rrom o gitana, población
indígena, así como el enfoque de género y los derechos humanos de las mujeres rurales. El
enfoque poblacional implica el diseño y puesta en marcha de acciones diferenciales que atiendan
las particularidades y necesidades de los distintos grupos poblacionales y especialmente de los
más vulnerables, con el fin de cerrar las brechas y superar las inequidades sociales y económicas.
El enfoque territorial de las políticas públicas, contempla la adopción de mecanismos de
intervención integral (Art. 100 de la Ley 1753 de 2015) con lineamientos, criterios, parámetros e
instrumentos para el diseño e implementación de políticas con enfoque territorial. Ello incluye la
conformación de visiones compartidas que atiendan las dinámicas propias de las distintas regiones
del país; la resolución de conflictos y sus mecanismos alternativos y la prevención, gestión y
transformación no violenta de conflictos sociales, económicos, ambientales o políticos, mediante
el diálogo, la suscripción y el cumplimiento de acuerdos y consensos.
Por estas razones, el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 incluye el presente capítulo de
políticas transversales que reúne un conjunto de acciones, programas y proyectos misionales que
tienen como objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural vulnerable.
Este grupo incluye Victimas, Red Unidos, Zonas de Consolidación, Género y el Componente
ambiental.
6.1. POLITICAS TRANSVERSALES
6.1.1 Víctimas
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018 y como integrante del Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas –SNARIV-, el Incoder desarrolla
actividades que hacen parte de tres de los cinco objetivos de los componentes diseñados para la
Atención a las Víctimas y la Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011 y decretos reglamentarios): i)
Prevención y Protección; ii) Asistencia y Atención; y iii) Reparación Integral.
El tema de reparación de las víctimas en el PND forma parte de la estrategia encaminada a
garantizar los derechos de las víctimas y la construcción de la Paz, dentro del objetivo 6, de
“Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado
en Colombia”. En consecuencia, en el presente Plan Estratégico Institucional este objetivo
concentra los esfuerzos institucionales en avanzar en la articulación de las acciones, recursos,
indicadores y metas encaminadas a profundizar las acciones de coordinación, reparación integral,
prevención y protección. La estrategia comprende:
a. Reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
b. Superación de la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento
armado.
c. Reparación colectiva a víctimas del conflicto armado.
d. Retornos y reubicaciones rurales de las víctimas del desplazamiento forzado y
restitución judicial de los derechos de propiedad de las tierras usurpadas y/o
abandonadas.
Promover y salvaguardar el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas,
grupos y comunidades sujetos a la jurisdicción del Estado colombiano y en especial de aquellos en
situación de riesgo extraordinario o extremo.
Restablecer los derechos y brindar información, orientación y acompañamiento a las víctimas, con
el fin de garantizar su incorporación a la sociedad.
Reparar de manera integral, diferenciada, transformadora y efectiva a las víctimas, por el daño
sufrido como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario en Colombia.
Con relación a la reparación integral de las víctimas es necesario continuar avanzando en la
implementación de la estrategia de la “contribución a la reparación integral a las víctimas del
conflicto armando”, pero procurando su vinculación a la estrategia de desarrollo rural integral con
enfoque territorial, a través de acciones tales como:
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
Atención a las víctimas del conflicto armado, diseño e implementación de mecanismos de
intervención integral en territorios rurales en las zonas priorizadas por el Gobierno Nacional,
mediante la ejecución de planes operativos y de inversión construidos participativamente y
con el apoyo de las entidades territoriales, el sector empresarial y la sociedad civil.
Ampliación de la cobertura de los programas y proyectos del Instituto, orientados a facilitar
el acceso a tierras a las víctimas del conflicto armado.
Implementación de las estrategias especiales de generación de ingresos y capacidades a las
víctimas del conflicto.
En materia de la superación de la situación de vulnerabilidad, el propósito de las políticas públicas
es asegurar la existencia de condiciones para la superación de la situación de vulnerabilidad
causada por el desplazamiento armado, para lo cual se tiene previsto adelantar acciones tales
como:
 Ampliación de las acciones de estabilización socioeconómica y generación de capacidades
de la población que ha sido víctima del desplazamiento forzado, con el fin de garantizar el
acceso a los bienes y servicios sectoriales que se traduzcan en el goce efectivo de los
derechos de generación de ingresos y alimentos para las familias de las víctimas.
 Fortalecimiento de los mecanismos de focalización y regionalización de la oferta
institucional, ajustándola a las necesidades de la población y las características del territorio.
 Implementación de mecanismos de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las metas
de atención a las víctimas del conflicto armado con procesos de adjudicación y formalización
de tierras.
Con relación a la reparación colectiva a víctimas del conflicto armado y especialmente de los
grupos étnicos, el Incoder deberá continuar y profundizar las acciones de protección y reparación
a las comunidades indígenas y afrocolombianas que han sido víctimas del desplazamiento armado
a través de acciones tales como:
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Ampliación y legalización de tierras para comunidades indígenas y afrocolombianas que han
sido víctimas del conflicto armado
Fortalecimiento de los mecanismos de planeación, seguimiento y monitoreo que permitan
garantizar la atención prioritaria de la familias de comunidades étnicas víctimas del conflicto
armando con acceso a los programas de adjudicación y formalización tierras.
Finalmente, con relación a los retornos y reubicaciones rurales de las víctimas del desplazamiento
forzado por la violencia y la restitución de tierras, el Instituto deberá seguir creando y
fortaleciendo las condiciones para los retornos y reubicaciones de las víctimas del desplazamiento
en coordinación con la Unidad de Restitución de Tierras, a través de acciones tales como:
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Acompañamiento en los procesos de restitución de tierras para las familias de los
campesinos víctimas del conflicto armado que deseen retornar a sus tierras o reubicarse en
otros territorios, garantizando el goce efectivo de sus derechos al acceso a la propiedad
territorial y la generación de ingresos.
Focalización de la oferta institucional y articulación de la misma dentro de los procesos de
planificación del desarrollo rural con enfoque territorial, para atender los fallos de
restitución de tierras y reubicación en las zonas rurales de las familias de las víctimas de la
violencia.
6.1.2. Red Unidos y superación de la pobreza rural
Para avanzar en la reducción de la pobreza extrema de las áreas rurales es necesario profundizar
en las acciones de inclusión social y generación de ingresos que permitan progresar en el cierre de
la brechas poblacionales y territoriales, mediante la provisión de los servicios sociales básicos de
educación, salud, agua potable y saneamiento básico, protección social, infraestructura de
transporte y conectividad. Acciones que han venido siendo acompañadas y promovidas por Red
Unidos y los programas de generación de oportunidades e ingresos de la Agencia Nacional para la
Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE).
El enfoque de la inclusión social requiere una mirada integral, con énfasis en las necesidades de los
grupos poblacionales más vulnerables (particularmente los grupos étnicos), y el enfoque de
derechos. En particular, en el sector rural se requiere:
 La ampliación de la cobertura y calidad de la educación rural y el cierre de las brechas
urbano-rurales, mediante el diseño e implementación del Plan Nacional de Educación Rural
que permita ampliar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación rural.
 La ampliación y mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud y protección social
de la población rural.
 La formulación de la política de Habitabilidad Rural, bajo competencia del MADR, que
buscará la provisión de soluciones habitacionales integrales, con diseños acordes con las
necesidades y condiciones socio ambientales de los hogares rurales.
 El acceso a la propiedad rural.
 Ampliación de la conectividad para el cierre de las brechas territoriales y mejorar el acceso
de los productores rurales a los mercados.
 En materia de transporte se concentraran los esfuerzos de apoyo a las entidades
territoriales en los proyectos de mantenimiento y rehabilitación de la red secundaria y
terciaria, a través de los Contrato-Plan y el Programa Caminos de prosperidad.
En ese sentido, la estrategia prevista busca disminuir los niveles de pobreza extrema desde las
diferente dimensiones en las cuales está basada la estrategia de Red Unidos: Salud, nutrición,
educación y Generación de Ingresos entre otras; siendo este último la contribución del INCODER, a
través de sus proyectos productivos que mejoran la calidad de vida de las familias pobres
extremas del sector rural Colombiano.
6.1.3. Zonas de Consolidación
En materia de la consolidación de la paz territorial se debe partir del reconocimiento que el
conflicto armado interno ha afectado a los territorios de forma diferenciada, dejando las mayores
secuelas en las zonas más apartadas y desarticuladas de la geografía nacional, en lo que se
denomina la “ruralidad profunda”, caracterizadas por la baja densidad poblacional, el difícil acceso
a los mercados, la fragilidad ambiental, la baja presencia institucional, el predominio de cultivos de
uso ilícito y la confrontación armada de los grupos armados ilegales que han agudizado las
condiciones de vulnerabilidad y pobreza de estos territorios.
En estas regiones, la construcción de paz territorial debe partir del reconocimiento de las
condiciones de fragilidad ambiental que obligan a tener como prioridad el desarrollo de procesos
de ordenamiento territorial, la protección de reservas naturales y de las áreas protegidas, la
regulación del uso del suelo según su vocación, y la prevención de conflictos socio-ambientales.
Por tal motivo, es prioritario el impulso de procesos de desarrollo local sostenibles en los
municipios, especialmente de aquellos con mayor afectación por conflicto armado, teniendo en
cuenta que buena parte de ellos tienen alguna figura de protección o de regulación de su uso,
algunos hasta para el 100 % de su área (Sistema de Las Naciones Unidas en Colombia y Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
En este sentido, las zonas priorizadas como áreas de intervención en el proceso de construcción de
paz incluyen regiones estratégicas para el medio ambiente y los objetivos nacionales frente al
cambio climático y la mitigación de los riesgos asociados. Lo anterior implica que la forma de
intervención debe conciliar los objetivos de bienestar y oportunidades de progreso económico a
que tienen derecho esas comunidades con los objetivos de conservación y recuperación de
ecosistemas ambientalmente sensibles y estratégicos que hacen parte de la agenda nacional sobre
el cambio climático.
Cabe decir que las zonas de consolidación son territorios de gran valor ambiental y estratégicos,
con un alto potencial de desarrollo social, económico y agrario, los cuales se encuentran ubicados
en zonas que están directamente afectadas por el conflicto armado y por los cultivos ilícitos, esto
ha provocado un distanciamiento de las instituciones del estado que han puesto en marcha
procesos y acciones de articulación entre las entidades para contribuir con la recuperación social
del territorio, garantizar de manera sostenible un ambiente de seguridad y paz que permita el
fortalecimiento de las instituciones democráticas, en beneficio del libre ejercicio de los derechos
de los ciudadanos.
Es un propósito del Incoder, seguir en el proceso de la atención a la población rural que se localiza
en las zonas de consolidación priorizadas, en busca de la mejora consecutiva de las mesas
temáticas para el bienestar de la población.
6.1.4. Agricultura Familiar
Para lograr una sociedad más equitativa e incluyente es fundamental lograr una mayor
articulación entre las políticas de desarrollo económico y las políticas de desarrollo social. Para lo
cual, la política de desarrollo productivo asumirá el reto de promover procesos de diversificación
productiva, mediante la combinación de acciones de promoción de la “Agricultura Familiar”, la
promoción de nuevos empleos rurales y de protección social (subsidios focalizados).
El incremento de la productividad y rentabilidad rural requiere la provisión de bienes y servicios
sectoriales, así como intervenciones integrales en los territorios, que permitan optimizar las
condiciones de producción, consolidar los mercados internos y aprovechar el acceso a nuevos
mercados. Para ello se desarrollarán las siguientes acciones, que hacen parte de la estrategia de
Transformación del Campo:
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Avanzar en la adecuación de tierras mediante la construcción de infraestructura que mejore
la gestión sostenible del suelo rural y del agua;
Implementar un sistema de asistencia técnica integral, que se articule con el Sistema
Nacional de Innovación Agropecuaria y tenga como punto de partida las necesidades de los
productores y las condiciones de los mercados;
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Desarrollar un modelo eficiente de comercialización de productos agropecuarios por
cadenas productivas que contribuya a fomentar las alianzas comerciales y la agregación de
valor;
Fortalecer la oferta de instrumentos y servicios financieros mejorando el acceso de los
pequeños productores, especialmente en las zonas rurales dispersas;
Fortalecer figuras asociativas que mejoren las capacidades productivas e implementar rutas
para el emprendimiento y el desarrollo empresarial;
Mejorar la gestión de los riesgos de mercado y climáticos mediante la adopción de nuevos
instrumentos y programas de cobertura a las fluctuaciones en los precios y de las tasas de
cambio;
Adoptar un plan para el aprovechamiento de acuerdos comerciales que contribuya a
identificar oportunidades de mercado y cumplir con los estándares necesarios para
garantizar la admisibilidad de los productos agropecuarios nacionales a otros países.
Con el fin de acelerar la salida de la pobreza y la construcción de la clase media en el campo, bajo
la línea de inclusión productiva, se ejecutarán intervenciones territoriales integrales,
materializadas en acciones puntuales para el desarrollo de capacidades productivas de los
campesinos y el acceso a activos y mercados. Se buscará desarrollar estas acciones a través de los
Programas de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial.
6.1.5. Componente Ambiental
El abordaje del tema ambiental en el Plan Estratégico Institucional del Incoder 2015-2018, se
realiza desde el enfoque “crecimiento verde” definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país”. Este enfoque propende por un desarrollo sostenible que garantice el
bienestar económico y social de los colombianos en el largo plazo, y garantice que la base de los
recursos provee a los bienes y servicios ecosistémicos que el país necesita.
Un modelo de desarrollo con enfoque de crecimiento verde representa para Colombia la
oportunidad de realizar procesos productivos con una mayor eficiencia en el uso de los recursos,
menores impactos sobre el entorno y mayor resiliencia ante un clima cambiante. Este crecimiento
le apuesta a la paz, al reducir los conflictos sociales entre la población cuando se logra ordenar el
territorio de acuerdo a su vocación, conservando zonas estratégicas y dejando lugar a las
actividades productivas. Asimismo, garantizando la oferta de recursos en calidad y cantidad, de tal
forma que el acceso a los bienes y servicios ambientales no sean los factores detonantes de
nuevos escenarios de conflicto.
Para alcanzar esta visión de crecimiento verde se plantean los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
 Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono.
 Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y gobernanza
ambiental.
 Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres
y al cambio climático
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 reconoce que cada región tiene sus particularidades, de
tal manera el quehacer misional del INCODER debe tener unos énfasis dependiendo de los
territorios donde se adelanten sus acciones misionales. Así por ejemplo:
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En la región Caribe se debe procurar reducir los impactos del cambio climático y,
particularmente, mitigar los efectos de fenómenos climáticos como el Niño que en el año
2015 y comienzos del 2016 se anuncia como una prolongada y severa temporada seca. Así
mismo, se debe propender por la protección de los ecosistemas frágiles mediante un
adecuado ordenamiento costero y fluvial, en la confluencia de los grades ríos (Magdalena,
San Jorge y Sinú).
En la región del Pacífico, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
mediante instrumentos del ordenamiento productivo y las buenas prácticas agrícolas,
constituyen la prioridad.
En la Amazonía es transcendental la conservación del patrimonio natural, el control a la
deforestación y la protección de los ecosistemas amazónicos y del Macizo Colombiano.
En los Llanos Orientales, la conservación de los ecosistemas frágiles que están
amenazados por las malas prácticas agrícolas, la gobernanza ambiental y el manejo
eficiente del recurso hídrico y el uso del suelo de acuerdo con su vocación, constituyen las
prioridades de esta región.
En la región del Centro Oriente, el control de la erosión, la protección de los ecosistemas
para la regulación hídrica, la recuperación de los suelos afectados y contaminados, y el uso
eficiente y sostenible de los recursos hídricos son las prioridades.
El inadecuado ordenamiento social y productivo de las tierras rurales constituyen una de las
mayores limitantes para el buen desempeño del sector agropecuario y la calidad de vida de los
habitantes rurales. Los conflicto de uso del suelo, ya bien sea por sobreutilización o por
subutilización de los suelos, afectan gran parte del territorio rural colombiano. Las grandes
irregulariedades en el acceso, uso y aprovechamiento de las tierras rurales que afectan la
productividad y competitividad de los territorios rurales. Las desigualdades y la inequidad en la
tenencia de la tierra con altos índices de concentración y fraccionamiento antieconómico de las
tierras, constituyen fuertes obstáculos al desarrollo agropecuario y rural del país.
Por las anteriores razones, la política ambiental diseñada para el Instituto, tiene como objetivo
primordial el ordenamiento social y productivo del territorio rural, buscando un mayor acceso a la
tierra por parte de los productores agropecuarios sin tierra o con tierra insuficiente, el uso
eficiente y sostenible de los recursos de la tierra (suelo, agua y biodiversidad) y la seguridad
jurídica sobre los derechos de propiedad constituyen el eje del enfoque de crecimiento verde del
presente Plan Estratégico Institucional PEI 2015-2018.
Esta estrategia ambiental contempla un conjunto de lineamientos, criterios, metodologías e
instrumentos que deben ser incorporados en el quehacer institucional y en todas y cada una de las
acciones que el Instituto desarrrolla en los territorios rurales, a fin de garantizar el crecimiento
sostenible de la producción agrícola, la competitividad de los territorios y el mejoramiento de la
calidad de vida de los pobladores rurales. Particular importanica tiene el uso de metodologías
participativas que aseguren el empoderamiento de las comunidades rurales en los procesos de
ordenamiento social y productivo de los terrtorios rurales, especialmente en aquellas zonas en
donde se presentan grandes y graves conflictos ambientales.
En ese sentido, el INCODER estructuró dentro de su política ambiental los siguientes ejes
temáticos y líneas estrategias dentro de los mismos, que involucran la promoción de la
consistencia entre uso y aptitud de los suelos y la reconversión productiva de los suelos en zonas
de conflicto de uso:
1. Planificación del ordenamiento productivo de las tierras rurales
a. Identificación de las apuestas productivas y de las zonas estratégicas, de acuerdo con la
aptitud de los suelos y la vocación productiva del territorio.
b. Promover la reconversión productiva en aquellas zonas donde predominan los conflictos
de uso de los recursos de la tierra (suelo, agua y biodiversidad).
c. Adelantar estudios prospectivos de las potencialidades de la producción agrícola y de los
territorios rurales.
d. Articulación de los sistemas productivos locales con las cadenas productivas.
e. Adopción de las buenas prácticas agrícolas y ganaderas que sean amigables con el medio
ambiente y sostenibles en el largo plazo.
Por otro lado, el PND contempla el uso de recursos forestales de manera sostenible y sobre esa
línea el INCODER propone la articulación de los sistemas de conservación a los sistemas
productivos como mecanismo de eficiencia productiva.
Lo anterior enmarcado dentro del compromiso de la entidad de: i) adelantar la titulación,
legalización y registro de tierras baldías de propiedad de la Nación a favor de campesinos; ii)
identificar y adelantar los procedimientos administrativos de clarificación, extinción del dominio,
deslinde y recuperación de baldíos indebidamente ocupados en la zona; y iii) facilitar el acceso a la
propiedad de la tierra a campesinos y los trabajadores agrarios que se encuentren en condiciones
de pobreza y que deriven de la actividad agropecuaria, pesquera o forestal la mayor parte de sus
ingresos.
2. Ordenamiento social de las tierras rurales
a. Programa de formalización y regularización de las tierras rurales
b. Clarificación y registro de los baldíos de la Nación.
c. Sustracción de tierras ocupadas productivamente de la Ley 2ª de 1959.
d. Legalización de los territorios de las comunidades étnicas
e. Formación y actualización del catastro rural multipropósito.
3. Gestión Integral del Recurso Hídrico
f. Uso eficiente del recurso hídrico
g. Articulación con los ordenadores del recurso y participación en la formulación de la
ordenación
h. Mejoramiento de la infraestructura para riego
i. Disponibilidad y calidad del agua
4. Gestión del riego y adaptación al cambio climático
j. Prevención y mitigación de riesgos
k. Articulación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático al cumplimiento misional
del INCODER
l. Concienciación de la corresponsabilidad de todos en los cambios y en las medidas de
adaptación.
5. Economía ambiental: Pago por Servicios Ambientales y tasas
a. Implementación de esquemas e instrumentos de valoración integral de bienes y servicios
ambientales
b. Articulación de los sistemas de conservación a los sistemas productivos como mecanismos
de eficiencia productiva
c. Compensación ambiental por pérdida de biodiversidad
d. Búsqueda de mercados alternativos y diferenciados
Lo anterior visto de manera prospectiva, deberá implementarse dentro de la entidad desde tres
frentes.
Por un lado, modificando los procedimientos misionales para que el tema ambiental se aborde de
manera explícita, lo que permitirá abordar la formulación de indicadores para medir los cambios
realizados y crear la necesidad de generar presupuestos para las actividades que se introduzcan
dentro de los procedimientos. Por el otro, crear las capacidades técnicas dentro de la entidad, que
permitan hacer frente a los nuevos requerimientos de tipo ambiental, tanto en el nivel central,
como en el territorial.
También, como parte fundamental del componente ambiental dentro del Plan Estratégico del
Incoder, y aterrizando el concepto del enfoque territorial, la entidad tendrá que asimilar las
nuevas realidades del sector ambiental y agrario que, por ejemplo, han puesto en cabeza de la
Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, la creación de lineamientos para el ordenamiento
productivo rural, el cual ya ha generado sus primeros productos, definiendo los sitios con la mejor
aptitud para la producción de plantaciones forestales, entre otras.
6.2. ENFOQUE DIFERENCIAL
La Constitución Política determina que debe brindarse especial atención y protección a grupos de:
mujeres (artículo 43), niños, niñas (artículo 44); adolescentes (artículo 45); personas de la tercera
edad (artículo 46) y personas en situación de discapacidad (artículo 47). De igual manera, la
política pública de Prevención, Protección, Atención, Asistencia y Reparación integral a Víctimas,
bajo el marco de la justicia transicional y conforme a los preceptos de la Ley 1448 de 2011 y los
decretos Ley 4633, 4634 y 4635 implica no solo la reparación material y moral de los daños y
afectaciones subyacentes y vinculados al conflicto armado colombiano, sino el compromiso de la
institucionalidad pública de cualificar sus mecanismos de planificación y direccionamiento
estratégico orientado la realización conjunta de los propósitos sociales, económicos y culturales
previstos en las normas, políticas, planes, programas y proyectos ligados a la superación del
estado de cosas inconstitucionales y la dignificación de los hombres, mujeres, niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con capacidades diversas, pueblos y sujetos
colectivos sobrevivientes, en quienes han recaído de manera desproporcionada los impactos de la
guerra, la exclusión, la marginalización y la discriminación de la sociedad en su conjunto.
Bajo ese marco de actuación, para el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el enfoque
diferencial comprende comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueros, población
rrom o gitana, población indígena, género y los derechos humanos de las mujeres rurales,
pretendiendo disminuir la discriminación en estos grupos poblaciones.
6.2.1 ENFOQUE DIFERENCIAL - ETNICO
Con respecto al enfoque diferencial étnico, el INCODER propenderá porque en los procesos de
constitución, ampliación y reestructuración de resguardos indígenas y los territorios de las
comunidades negras se garantice el cumplimiento de la Función Social y Ecológica de la propiedad
de que tratan la ley 160 de 1994 y el Decreto 2164 de 1994.
Igualmente todos los procesos que se orientan a la legalización de tierras a las comunidades
étnicas, deberán enmarcarse en los procesos de planificación y desarrollo regional, con enfoque
territorial y diferencial; teniendo como elemento básico integral, la implementación de proyectos
productivos sostenibles dirigidos al fortalecimiento de sus sistemas propios de producción de
alimentos.
Para ello, esta línea tendrá como propósitos principales: La caracterización de territorios de
comunidades étnicas a nivel nacional, la formulación del Plan Nacional de legalización de tierras a
comunidades étnicas que considere en una mirada holística del desarrollo rural del país la
constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas y titulación
colectiva a comunidades negras y, la implementación de Programas de Desarrollo Rural Integral
con Enfoque Diferencial Étnico y perspectiva de género.
De manera preferente se deberá incorporar en esta línea estratégica, los Acuerdos de la
“Protocolización de la Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con Grupos
Étnicos” (DNP, 2015) que incluyen aspectos tales como:
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Constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas, adquisición de predios y
mejoras; y adopción por parte de Incoder de un plan de titulaciones colectivas que
permita terminar con los procesos pendientes, sin perjuicio de atender las nuevas
solicitudes.
Delimitación de los territorios indígenas conforme a lo establecido en el Decreto 1953 de
2014.
Adelantar las actuaciones necesarias para garantizar la implementación de las instancias y
las actividades contempladas en el decreto 2333 de 2014, para la protección jurídica de los
territorios ancestrales.
Adelantar las actuaciones necesarias para garantizar los procesos de clarificación de la
vigencia legal de los títulos de resguardos de origen colonial y su respectiva
restructuración, cuando haya lugar.
Caracterización de los territorios de los pueblos indígenas, acorde al Plan de Acción que
establezca la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).
Acompañamiento en la resolución de conflictos interétnicos e intra-étnicos para la
demarcación de linderos de los territorios de los pueblos indígenas, en el marco de las
competencias institucionales respectivas.
Garantizar el desarrollo de proyectos productivos que promuevan la generación de
ingresos y la creación y fortalecimiento de iniciativas productivas propias. Los proyectos
deberán ser técnica, económica, ambiental y culturalmente viables, con enfoque
diferencial.
Bajo la estrategia de redes, los procesos de asuntos étnicos, buscan fortalecer sus relaciones
interinstitucionales a nivel nacional, con el fin de avanzar en los asuntos de planeación de acciones
integrales con las demás entidades como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio
del Interior, Ministerio de Medio Ambiente, Unidad de Victimas, Defensoría del Pueblo, entre
otras; así mismo, aunar esfuerzos para resolver los asuntos jurídicos y atender fallos judiciales
como contribuir a la resolución de conflictos con las comunidades éticas. En lo regional, se
trabajará de la mano con las entidades territoriales en la estructuración de los Planes
Departamentales Rurales con Enfoque diferencial en un proceso progresivo de descentralización
de los procesos de asuntos étnicos.
En este orden de ideas, el esquema de operación y guardando en cierta medida el esquema de
regionalización planteado, la Subgerencia de Promoción y Asuntos étnicos, conformará equipos
regionales, que priorizarán sus acciones dependiendo del grado de complejidad de los territorios
de la siguiente manera:
Equipos regionales de Asuntos Étnicos
6.2.2 ENFOQUE DIFERENCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Es una estrategia de inclusión que busca atender las necesidades de las mujeres asociadas a sus
roles de género y a la satisfacción de sus necesidades básicas, mejorando sus condiciones de
existencia y atendiendo sus intereses, vinculados con la superación de la desigualdad, el acceso al
poder y a la eliminación de las diversas formas de discriminación y subordinación, transformando y
empoderando su posición en la sociedad.
La apuesta del INCODER en el mediano plazo es que el Desarrollo Rural con enfoque territorial,
incluya el enfoque de género por medio del cual se reconozcan las capacidades y derechos de
hombres y mujeres rurales y las desigualdades que pueden existir entre estos, para desarrollar
acciones que permitan el cumplimiento de los derechos de la mujer rural y su empoderamiento.
Fortalecer al Instituto en la inclusión del enfoque de género con énfasis en la mujer rural, en los
diferentes procesos y actuaciones del INCODER, con el fin último de mejorar la participación de las
mujeres y sus organizaciones en los proyectos de desarrollo rural de la entidad con miras a
contribuir en la superación de las desigualdades de género prevalecientes en el campo
colombiano.
La oferta institucional del INCODER tiene el propósito de promover la consolidación económica y
social de las áreas rurales, facilitando a los pequeños y medianos productores rurales el acceso a la
tierra y factores productivos, mediante el apoyo técnico y financiero por parte de la entidad a
programas de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero.
El papel estratégico de la entidad en el desarrollo rural debe ser aprovechado, para contagiar a la
sociedad y a las otras entidades del Estado, en el reconocimiento a las mujeres rurales por las
contribuciones que hacen al progreso social y económico del sector rural y la puesta en marcha de
acciones que permitan superar las desigualdades y diversas discriminaciones que viven las mujeres
rurales.
Estrategia que tiene su marco legal en el Objetivo 3 del Milenio el cual pretende “Promover la
igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer”, en el Plan Nacional de Desarrollo
Artículos 107 y 232, que busca superar las brechas urbano-rural. En todo caso y con el fin de
avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres rurales, el Gobierno Nacional implementará
las medidas para dar pleno cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 731 de 2002 la cual tiene por
objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y
consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.
Conpes 3784 Mujer Víctima y Conpes 161 Enfoque de Género para las mujeres.
Bajo este marco legal de implementación de la política, se busca obtener el mayor beneficio para
las mujeres rurales, las cuales han aumentado en los últimos años como jefes de hogar, siendo
ellas las de mayor prioridad. El INCODER, como ente ejecutor de la Política pública del sector rural
Colombiano, articulará su actuación en territorio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y continuará atendiendo los lineamientos dados por la Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer (CPEM), por ser el referente para el diseño y puesta en marcha de acciones
sostenibles para la superación de brechas y la transformación cultural, que contribuyan al goce
efectivo de los derechos de las mujeres en nuestro país.
Con el propósito de avanzar en la consolidación de la Política Pública de Equidad de Género y de la
Política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las
mujeres víctimas del conflicto armado, el Incoder adelantará las acciones tales como:
Fortalecimiento, desde un enfoque de género, de los procesos de planificación, monitoreo,
evaluación y formulación de presupuestos por parte de las áreas misionales responsables de dicha
política. Ello se hará a través de la incorporación de la herramienta de Presupuesto Sensible al
Género (PSG). Adicionalmente, en estas dependencias deberán crear y consolidar equipos de
género y adoptar mecanismos de intervención integral con enfoque territorial que fomenten el
diálogo y la participación de las mujeres campesinas, negras e indígenas, en el marco de las
orientaciones de la Comisión Intersectorial de Coordinación para la Implementación de la Política
Pública Nacional de Equidad de Género.
El Incoder, por mandato del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural deberá incorporar los
enfoques de género y étnico en el diseño de mecanismos, indicadores y metas que garanticen que
todos los programas y proyectos de inversión del Instituto destinen por lo menos la tercera parte
de los recursos a atender las demandas de las mujeres campesinas, negras e indígenas que sean
identificadas en los ejercicios de planeación participativa de los programas de desarrollo rural con
enfoque territorial.
Diseñar e implementar mecanismos para la realización de evaluaciones participativas de la Política
Pública de Equidad de Género (CONPES Social 161) y de la Política Pública para la Prevención de
Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado
(CONPES 3784), y demás instrumentos de política, entre otros: Ley 160 de 1.994, Ley 823 de 2003
Derecho de las mujeres a la propiedad o tenencia de la tierra, al crédito agropecuario, asistencia
técnica, capacitación y tecnología agropecuaria (CONPES de mujer 2726) El propósito de dichas
evaluaciones será el de ajustar las políticas y armonizarlas conforme al actual Plan Nacional de
Desarrollo y los diversos mecanismos para el adelanto de la mujer.
En lo que respecta a la Política para mujeres víctimas, se deberán adoptar medidas que garanticen
la flexibilización de la oferta dirigida a las mismas y el reporte de indicadores de cumplimiento de
la Política, desagregando la información según género y hechos victimizantes.
Articulación de las acciones del enfoque de género del Instituto con las instancias de coordinación
sectorial e intersectorial para la atención de las diferentes formas de violencia contra la mujer y,
especialmente, con la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
que el PND (artículo 107) previó crear para atender estos requerimientos contribuyendo en el
fortalecimiento de los diferentes programas de desarrollo rural focalizados para las mujeres
(Programa de mujer rural, programa DRET y con la Consejería presidencial para la equidad de la
Mujer - CPEM), constituyéndose en el referente para el diseño y puesta en marcha de acciones
sostenibles para la superación de brechas y la transformación cultural, que contribuyan al goce
efectivo de los derechos de las mujeres en nuestro país.
Fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento y asociatividad de las mujeres rurales para
incrementar el potencial productivo, de comercialización y de generación de ingreso de las
mismas, mediante el fomento y la prestación de asistencia técnica socio empresarial a las
asociaciones y organizaciones de mujeres campesinas que participen en la formulación y ejecución
de los planes operativos y de inversión para el desarrollo rural con enfoque territorial.
Desarrollo de capacidades de las mujeres rurales mediante la formación y el desarrollo del capital
humano y social, especialmente en materia de sus derechos de género.
Promoción de la equidad de género en el sector rural, a través del fomento y promoción de
procesos de sensibilización, participación y empoderamiento de las mujeres rurales en la defensa
de sus derechos como mujer, (Objetivo número 3 del Milenio, Art. 20 Ley 731 de 2002) y el acceso
a los bienes y servicios públicos sectoriales.

Capítulo 6 - Políticas Transversales y Enfoque Diferencial

Transcripción

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