Artigo 7: NUEVA LEY DE DERECHO DE AUTOR DEL BRASIL (En

Artigo 7: NUEVA LEY DE DERECHO DE AUTOR DEL BRASIL (En

­ Artigo 7: NUEVA LEY DE DERECHO DE AUTOR DEL BRASIL (En Español) –
Dr.Claudio de Souza Amaral
Nueva Ley de Derecho de Autor del Brasil (En Español)
Dr. Cláudio de Souza Amaral
Consultor Jurídico da SOCINPRO
Publicado no Boletín de Derecho de Autor Vol. XXXIII, nº 4, 1999
La legislación brasileña se ha preocupado mucho de proteger los derechos relativos a
la creación intelectual. El Brasi] adhirió al Convenio de Berna para la Protección de las
Obras Literarias y Artísticas en 1922, siendo el único Estado Miembro de nuestro
continente en formar parte de ia Unión de Berna durante aproximadamente 40 años,
hasta que otros países hicieron lo mismo.
Nuestra tradición jurídica se remonta a las leyes del Imperio del Brasil, y a la
Convención de Montevideo del 11 de enero de 1889, que lanzó las raíces profundas
de nuestro sistema legislativo, que se formó definitivamente en 1917. Ese año entró eu
vigor el Código Civil que incluía disposiciones generales de protección de las obras
literarias, artísticas y científicas. La evolución del derecho de autor y la consecuente
revisión de los Tratados que rigen la materia provocaron eu la legislación brasileña una
serie de normas reglamentarias para el ejercicio de esos derechos con objeto de
mantenerlos actualizados.
La multiplicidad de normas en la materia, entre las cuales se puede destacar la Ley
Xavier Marques (Decreto nº 4.790 del 2 de enero de 1924) y la Ley Getúlio Vargas
(Decreto nº 5.492 deI 16 de julio de 1928), suscitó la necesidad de reunir la legislación
dispersa y de actualizarla. Este objetivo fue alcanzado con la Ley nº 5.988 del 14 de
diciembre de 1973, que indiscutiblemente situó al Brasil entre los Estados más
protectores de la creación intelectual.
Paralelamente, debe tenerse en cuenta que desde el principio nuestro derecho
constitucional incluyó la protección de la propiedad intelectual entre los derechos y
garantías del ciudadano. Asi, las disposiciones de la Constitución Federal promulgada
el 5 de octubre de 1988 contenían la materia entre los Derechos y Deberes individuales
y Colectivos (capítulo 1 del título II).
Además, la evolución tecnológica que se ha producido desde 1973, año eu que fue
promulgada la Ley nº 5.988, planteaba ciertos problemas específicos en materia de
derecho de autor que requerían una nueva actualización de la legislación básica y
una armonización con los preceptos constitucionales sin alterar su esencia, dado que
su aplicación probó su eficacia durante mucho tiempo.
El proyecto de la nueva ley fue redactado con miras a respetar ei difícil equilibrio de
las relaciones entre los autores y los usuarios de obras intelectuales. Este proyecto fue
presentado al Congreso Nacional en 1989 por el Senador Luis Viana Filho, también
escritor y miembro de la Academia Brasíleña de Letras.
El proyecto Viana Filho se inspiró en la Ley francesa de 1985, introduciendo, por
ejemplo, la expresión de "obras audiovisuales", más precisa y técnicamente correcta
que la anterior referencia a "obras cinematográfícas y aquellas obtenidas por medios
análogos a la cinematografía", tal como se definía en la Ley brasilefia entonces en
vigor.
En efecto, los progresos en materia de fijación de imágenes y sonidos exigían una
concepción más amplia que la simple reproducción en películas de celuloide, ya que
los procesos modernos utilizan otros soportes materiales y otros medios de producción
de la obra.
Esta útil y conveniente modificación de nuestra terminologia legal redundó en una
serie de enmiendas en todas las disposiciones que se referían a la obra
cinematográfica.
En cuanto a los propósitos y principios establecidos en el proyecto Viana Pilho, tras su
aprobación por el Senado Federal, la Cámara de Diputados analizó nada menos que
60 enmiendas hasta que, finalmente, su texto se plasmó en la Ley nº 9.610 del 19 de
febrero de 1998. Se destacan a continuación sus aspectos principales.
El nuevo dispositivo legal mantuvo las disposiciones de la Ley anterior,
doctrinariamente bien concebida y elaborada con sentido práctico dei ejercicio de
los derechos. Las alteraciones introducidas en la nueva Ley se refieren a las
modificaciones impuestas por la Constitución Federal de 1988 y, algunas, resultantes
del progreso tecnológico, especialmente la completa especificación sobre las formas,
los medios y procesos de utilización de la creación intelectual, apuntan a dotar
algunas disposiciones con mayor precisión. Es importante subrayar que en sustancia la
nueva Ley adopta todos los principios que contienen los recientes Tratados de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), aunque éstos todavía no
han sido ratificados por el Brasil. Me aqui, pues, Ias alteraciones y disposiciones de
mayor relevancia:
1. Las principales categorias de obras son enumeradas en ei articulo 7, que
comprende principalmente las obras orales, tales como las conferencias; las obras
escritas, como los libros; las obras dramáticas y musicales. Este artículo 7 corresponde
al articulo 6 de la Ley anterior, y se refiere a las obras protegidas de una maneta mas
amplia, pues declara que las obras intelectuaies protegidas son las creaciones de ia
mente, expresadas por cualquier medio o fijadas en cualquier soporte, tangible o
intangible, conocido o que sea inventado en el futuro. La Ley prevê ei registro
facultativo de ias obras. Salvo prueba en contrario, será considerado autor aquel que
por una de las modalidades de identificación referidas en el artículo anterior, tuviese,
de conformidad con los usos, indicada o anunciada dicha calidad en su utilización
(artículo 13).
2. La Ley anterior concedia solarnente la protección a las obras fotográficas, bajo la
condición que "por la elección de su objeto y por las condiciones de su ejecución
puedan ser consideradas creaciones artísticas" (artículo 6, item VII de la Ley nº
5.988/73), que fue abolída por la Ley actual.
3. Asimismo, en conformidad con el artículo 7, se concede protección a las
colecciones, compilaciones, diccionarios, bases de datos, asegurándose, segun el
articulo 17, de los creadores que han participado individualmente en la creacián de
tales obras tipicamente colectivas. Disposiciones pertinentes a éstas también se
encuentran en el artículo 88. Por otro lado, el inciso XII del artículo 7 considera los
programas de computadora como obras de creación. Estos programas fueron objeto
de protección especial en la Ley nº 9.609/98, recibiendo un tratamiento más amplio.
4. Segun el artículo 8, no son objeto de protección las ideas, procedimientos
normativos, sistemas, métodos, esquemas, planos, reglas, formularios en blanco, textos
de tratados y convenciones, leyes, decretos, decisiones judiciales y demás actos
oficiales, las informaciones de uso común como calendarios, agendas, registros o
leyendas, los nombres y títulos aislados, y el aprovechamiento industrial o comercial de
las ideas contenidas en las obras.
5. La cesión total o parcial de los derechos de autor (artículo 49), contrariamenle a lo
dispuesto por la Ley anterior, ya no requiere un registro obligatorio. No obstante, la
cesión debe siempre realizarse por escrito, se presume onerosa (artículo 50) y
solamente operará para modalidades de utilización ya existentes a la fecha del
contrato. Las cesiones que se efectúen en cuanto a las obras futuras están limitadas a
un período de cinco años (artículo 51).
6. Derechos patrimoniales. Se trata en detalle de estos derechos de autor en los
artículos 28 a 52. Los derechos patrimoniales comprenden toda forma de utilización de
las obras intelectuales, tales como la edición, la comunicación al público, la
reproducción de las obras de las artes plásticas y de las obras fotográficas, la
reproducción fonográfica, de las bases de datos, obras audiovisuales, etc. La
comunicación al público está detalladamente reglamentada en los artículos 68 a 76.
La Ley dispone que sin previa y expresa autorización del autor o titular, no podrán ser
utilizadas obras teatrales, composiciones musicales o dramático­musicales y
fonogramas, en representaciones y ejecuciones públicas.
7. Los deredzos morales del autor son explícitamente enunciados en los artículos 24 a
27, comprendiendo los principales derechos asegurados a los autores: el de
paternidad, del nombre, de la integridad de sus obras, del acceso a las obras únicas o
raras, de arrepentimiento. Cabe notar que el ejercicio de los derechos morales sobre
una obra audiovisual pertenece exclusivamente al director de la misma.
8. Como en la Ley anterior, la actual prevê en el artículo 38 el derecho de
participación relativo a las obras del arte y manuscritas (droit de suite). Después de
haberse cedido su obra de arte o manuscrito, el autor tiene el derecho irrenunciabie e
inalienabie de percibir por lo menos 5% sobre el aumento de precio eventuaimente
obtenido en cada reventa de las mismas.
9. En cuanto a las limitaciones del derecho de autor, están previstas en los artículos 46
a 48, y de una manera general, no constituye infracción al derecho de autor la
reproducción, entre otros en la prensa diária: de noticias, artículos informativos con la
mención del nombre de autor (si están firmados) y de la publicación de donde fueron
reproducidos; en periódicos: de discursos pronunciados en reuníones públicas; de
retratos o de imágenes hechos por encargo cuando no hay oposición de la persona
retratada; de obras inteiectuales para uso de deficientes visuales mediante
procedimientos del sistema Braille; la reproducción en un solo ejemplar, para el uso
privado del que la hace, de pequeños extractos de una obra intelectual sin fines de
lucro; citaciones de textos de las obras en otras publicacíones; representaciones
teatrales y ejecución musical, cuando se realicen en el marco familiar o para fines
exclusivamente didácticos. Sou libres las paráfrasis y parodias que no constituyan
descrédito para el autor.
10. En virtud de la Ley, los derechos mora1es son irrenunciabies (artículo 27). En cuanto
a los derechos patrfinoniaies, contemplados en los artículos 28 a 45, la Ley establece
que éstos serán protegidos durante toda la vida del autor y hasta 70 años después de
su fallecimiento en favor de sus herederos y sucesores, obedeciendo ei orden sucesorio
establecido en la Ley civil. De esta maneta, la nueva Ley ha prolongado el plazo de
protección en 10 años (anteriormente era de 60 años). En el caso de obras anónimas y
seudónimas, corresponderá a quien las publique el ejercicio de los derechos
patrimoniaies de autor, extendiéndose su protección a 70 anos contados a partir del
primem de enero del año que sigue al de la primera publicación. Pertenecen al
dominio público las obras de autores fallecidos que no hubiesen dejado sucesores y las
de un autor desconocido, salvo la protección legal de los conocimientos étnicos y
tradicionales (artículo 45). La nueva Ley, tal como la anterior, no incluye ninguna
disposición relativa al dominio público de pago.
11. La nueva Ley contiene las disposiciones detalladas fijando las condiciones de los
contratos de edición (artículos 53 a 67), de la representacián y ejecucián pública de
obras (artículos 68 a 76) y de la utiiización de una obra de arte plástica en los artículos
77 y 78. Los contratos de producción audiovisual son tratados en los artículos 81 a 86.
12. La ley prevê igualmente la protección de los derechos conexos, también
denominados "vecinos", así como otros derechos. Los artistas intérpretes y ejecutantes
tienen el derecho exclusivo, a título oneroso o gratuito, de autorizar o prohibir: (a) la
fijación de sus interpretaciones o ejecuciones; (b) la reproducción, la ejecución
pública y el aiquiler de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas; (c) la radiodifusián
de sus interpretaciones, o ejecuciones, fijadas o no; (d) la puesta a disposicióu del
público de sus interpretaciones o ejecuciones, de manera que cualquier persona
pueda tener acceso a ellas en el tiempo y lugar que escogieren; (e) cualquier otra
modalidad de utilización de sus interpretaciones o ejecuciones. La protección a los
artistas intérpretes o ejecutantes se extiende a la reproduccíón de sus voces e
imágenes, cuando vayan asociadas a sus actuaciones. Si varios artistas participan de
la interpretación O ejecución, sus diversos derechos serán ejercidos por el director del
conjunto (artículo 90). Las empresas de radiodifusión pueden producir las fijaciones de
las interpretaciones o ejecuciones artísticas sólo con la autorizacién de los artistas
concernientes para un cierto número de transmisiones (artículo 91). La Ley contiene
una novedad en el párrafo único del articulo 91, según el cual la reutilización
subsiguiente de una fijación, sea en el Brasil o en el exterior, será lícita solamente
mediante la autorización escrita de los titulares de la propiedad intelectual, incluidos
en el programa, transmitido por un organismo de radiodifusión con una remuneración
adicional a los titulares para cada nueva utilización. La Ley también prevé que
correspondeu a los intérpretes derechos mordes de integridad y paternidad de sus
interpretaciones, incluso después de la cesión de los derechos patrimoniales, sin
perjuicio de la reducción, compactación, edición o doblaje de la obra. Los
productores fonográficos se beneficiarán del derecho exclusivo de autorizar o prohibir
la reproducción directa o indirecta, total o parcial, de sus fonogramas, la distribución
por medio de venta o alquiler de ejemplares de sus fonogramas, y su comunicación al
público por medio de ejecución pública. incluso por radiodifusión, o por cualesquiera
otras modalidades de utiiización, existentes o por inventar, a título oneroso o gratuito
(articulo 93). Cabe notar la disposición del articulo 94 por la cual la nueva Ley encarga
al productor fonográfico la percepción de los usuarlos (referidos en el artículo 68) y la
remuneración por la ejecución, los beneficios pecuniarios resultantes de la ejecución
pública de sus fonogramas y de su repartición con los artistas, de la manera convenida
entre ellos o sus asociaciones. A su vez, los organismos de radiodifusión tienen el
derecho de autorizar o prohibir la retransmisión, fijación y reproducción de sus
emisiones, asi como su comunicación al público por televisión en lugares de
concurrencia colectiva, sin perjuicio de los derechos de los titulares de propiedad
intelectual incluidos en los programas difundidos (artículo 95). El plazo de protección
para todos los bencficiarios de derechos conexos es de 70 años (artículo 96).
Corresponde aclarar que la Ley anterior (nº 4.944 del 6 de abril de 1966), que concedia
protección a los artistas intérpretes ejecutantes, productores de fonogramas y
organismos de radiodifusión, fue expresamente derogada por la Ley actual.
13. La nueva Ley, por otro lado, no contiene ya ninguna disposición sobre el derecho
de estadio, que estaba contemplado en la ley anterior (nº 5.988), y que otorgaba a las
organizacíones deportivas el derecho de prohibir o autorizar la transmisión, la
retransmisión o la fijación de manifestaciones deportivas con entrada de pago. Esta
omisión se debe a que el derecho de estadio está ahora reglamentado por una
legisiación especial porque los acontecimientos deportivos no están considerados
como objeto de protección por el derecho de autor o derechos conexos.
14. Cabe aclarar que la nueva Ley ya no contiene ninguna referencia al antíguo
Consejo Nacional del Derecho de Autor (CNDA), órgano de control, asesoramiento y
asistencia en lo referente a los derechos de autor y derecbos conexos creado por la
Ley anterior, lo que significa, en la práctica, la liquidación de dicho Consejo.
15. Los artículos 97 a 100 contienen disposiciones detalladas sobre la constitución de
las asociaciones de autores y de los titulares de derechos conexos, así como su
administración. La nueva Ley prevé una obligación delas asociaciones de titulares de
derechos de autor y derechos conexos de crear una Oficina Central para Ia
Recaudación y Distribución (OCRD) de la remuneración por la ejecución pública de
obras musicales y fonogramas, incluyendo la radiodifusión y cualquier otro tipo de
transmisiones públicas. Es menester mencionar que durante las numerosas discusiones
del proyecto de la nueva Ley en la Cámara de Diputados, en el transcurso de los ocho
años, la actividad e incluso la existencia del órgano creado por la Ley nº 5.988/73, que
continuaba centralizando las tareas de cobro y distribución de tales derechos, fueron
sumamente criticadas. Esos grupos, siempre apoyados por algunos parlamentarios,
lograron presentar en 1997 a la Comisión de la Cámara de Diputados un proyecto de
ley destinado a revocar el artículo 115 dela anterior (n0 5.988/73). que creó la OCRD,
con el objetivo principal de liquidaria, estableciendo una nueva reglamentación en la
materia. Esta propuesta fue rechazada de manera rotunda en aquella ocasión. En la
Comisión Parlamentaria de Investigaciones de la Cámara de los Diputados, estos
grupos de oposición, muchos de los cuales no habían pagado derechos de autor ala
OCRD, trataron incansablemente de denigrar a esta oficina y a sus dirigentes, siempre
con el objeto de liquidaria o de apoderarse de ella. Antes de remitir el proyecto a
sanción presidencial, se presentó una enmienda proponiendo fragmentar la OCRD
como "órgano centralizador" en varias unidades regionales en los Estados,
independientes entre si, lo que lievarla la recaudación y distribución de la
remuneración a los autores al caos. Felizmente, dicha enmienda fue rechazada. Eu
cuanto al funcionamiento y al papel de la Oficina Central de Recaudación y
Distribución, la nueva Ley, en su artículo 99, impone que dichas asociaciones
mantendrán una única Oficina sin fines de lucro y que será dirigida y administrada por
las asociaciones que la integren. Esta disposición es de la mayor importancia para los
intereses de los autores y de los beneficiarios de los derechos conexos, puesto que en
el Brasil, donde existen varias asociaciones de éstos, la gestión colectiva de sus
derechos resultaria extremadamente complicada. De esta manera, al mantener un
único órgano central de recaudación y distribución, la Ley elimina la posibilidad de
que se creen otros órganos del mismo tipo. Por otro lado, el articulo 99 támbién
impone a la OCRD una reglamentación s intética y rígida, al prohibir a los inspectores
de la OCRD recibir dinero en efectivo, puesto que el pago deberá siempre efectuarse
mediante depósito bancario. La inobservancia de esta norma inhabilitará al inspector
para ejercer su función, imponiéndoie sanciones de orden civil y penal. Es importante
también señalar el principio establecido en el artículo 100, que faculta a sindicatos y
asociaciones profesionales de beneficiados de la protección el derecho de verificaria
exactitud de sus cuentas, pero siempre dentro de las limitaciones y restricciones allí
contenida.
16. Las sanciones civiles previstas para las vioiaciones a los derechos de autor fueron
ampliamente legisladas en los artículos 102 a 110, estableciendo penas severas para
los infractores.
17. En lo referente al plazo de prescripción, la nueva Ley disponía en su artículo 111
que éste era de cinco años. Sin embargo, esta disposición fue vetada por el poder
ejecutivo, para ser reglamentada por el Código Civil.