40093 (15-08-2013)

Transcripción

40093 (15-08-2013)

República de Colombia
Acción de revisión No. 40.093
ALEXÁNDER RAMÍREZ SÁNCHEZ
Corte Suprema de Justicia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION PENAL
Magistrado Ponente:
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
Aprobado Acta No. 266.
Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil trece (2013).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la demanda de revisión
instaurada a nombre del condenado ALEXÁNDER RAMÍREZ
SÁNCHEZ, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Sincelejo, el 11 de febrero de 2011,
confirmada con modificaciones por la Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior del mismo distrito judicial el 29 de junio del
mismo año, y casada parcial y oficiosamente por esta Corte en el
fallo proferido el 18 de abril de 2012, por cuyo medio el
demandante quedó condenado a las penas principales de 54
meses de prisión y multa de 35,25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes y a la accesoria de inhabilitación de derechos
y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la
libertad, como autor del delito de lesiones personales dolosas
agravadas.
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ANTECEDENTES DEL CASO
Los hechos fueron sintetizados en los siguientes términos en
el fallo de casación1:
“El 25 de abril de 2009 desconocidos rompieron el vidrio trasero, lado
derecho, del vehículo camioneta de servicio particular de placas BUI 373
que ALEXÁNDER RAMÍREZ SÁNCHEZ había dejado estacionado cerca
de una residencia situada en el barrio Alto Ford o Petaca de la ciudad de
Sincelejo, mientras asistía a una reunión. De allí extrajeron varios
elementos,
entre
ellos
una
carpeta
contentiva
de
documentos
personales.
A los dos días, RAMÍREZ SÁNCHEZ recibió una llamada del señor
Mercedes Berrío Mercado, quien le manifestó tener en su poder la
mencionada carpeta, la cual había sido encontrada en el barrio Sevilla
por el reciclador Julio Miguel Cogollo Escobar. Acordaron entonces
encontrarse ese mismo día, a las cinco de la tarde, en el sitio
denominado “La Piscina” ubicado en la salida a Tolú para hacerle
entrega de dicha pertenencia.
Al sitio convenido concurrió RAMÍREZ SÁNCHEZ en compañía de
Humberto Rafael Oviedo Acosta, empleado suyo, quien descendió del
automotor en el cual se desplazaban, el mismo objeto del latrocinio,
solicitando a Berrío Mercado subiera al rodante. Como este último no
aceptó la invitación, ALEXÁNDER RAMÍREZ le propinó un disparo con
arma de fuego que impactó en su maxilar inferior, cayendo al piso de
inmediato. Oviedo Acosta lo levantó y subió a la camioneta, en la que
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fue trasladado hasta otro lugar y allí fue transbordado a un vehículo de
servicio público, el cual lo llevó hasta el Hospital Universitario, en donde
recibió la respectiva atención médica.
ACTUACIÓN PROCESAL
1. A instancias de la Fiscalía, el 8 de junio de 2009 el Juzgado
Primero Penal Municipal de Sincelejo, con funciones de control de
garantías, realizó audiencia preliminar, en cuyo desarrollo dispuso
librar orden de captura en contra de ALEXÁNDER RAMÍREZ
SÁNCHEZ.
2. En audiencia preliminar realizada al día siguiente por el
Juzgado Segundo Penal Municipal de la misma ciudad, se legalizó
la aprehensión de RAMÍREZ SÁNCHEZ. Allí mismo, la Fiscalía le
formuló imputación por el delito de homicidio en grado de tentativa y
el despacho judicial lo afectó con medida de aseguramiento de
detención domiciliaria.
3. Oportunamente, la Fiscalía Sexta Seccional presentó
escrito de acusación contra ALEXÁNDER RAMÍREZ SÁNCHEZ,
atribuyéndole el delito de “tentativa de homicidio agravado”.
4. Correspondió tramitar la fase del juzgamiento al Juez
Segundo Penal del Circuito de la mencionada ciudad, funcionario
1
Radicado No. 37.337
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que realizó la audiencia de formulación de acusación el 24 de
agosto de 2009, en cuyo desarrollo imputó al procesado el punible
de tentativa de homicidio, de conformidad con los artículos 27 y 103
del Código Penal.
5. El Juez celebró la audiencia preparatoria el 18 de
septiembre del mismo 2009 e instaló el juicio oral el 1º de marzo de
2010, concluyéndolo al día siguiente cuando anunció como sentido
del fallo uno de carácter condenatorio.
6. La lectura de la sentencia ocurrió en la audiencia que
realizó el 11 de febrero de 2011. El a quo condenó a ALEXÁNDER
RAMÍREZ SÁNCHEZ a la pena de 8 años y 7 meses de prisión y a
la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el mismo lapso, como autor del delito de
homicidio en grado de tentativa.
7. Contra el fallo de primera instancia la defensa interpuso el
recurso de apelación, por cuya vía el Tribunal Superior de Sincelejo
lo modificó para condenar al acusado a las penas de 72 meses de
prisión y 47 salarios mínimos legales mensuales de multa, así como
a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el mismo lapso determinado para la sanción
privativa de la libertad, como autor responsable del delito de
lesiones personales dolosas agravadas, esto último de acuerdo con
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el numeral 4º del artículo 104 del Código Penal.
8. Inconforme con la sentencia del ad quem, el mismo sujeto
procesal acudió al recurso extraordinario de casación, pero la
demanda fue inadmitida por la Corte en auto del 15 de febrero del
cursante año, en el cual se evidenció, sin embargo, la posible
vulneración de las garantías procesales del acusado, por cuya
razón ordenó que una vez se surtiera el trámite de insistencia
regresara la actuación al despacho de la Magistrada ponente para
proveer sobre el particular.
9. En el fallo dictado el 18 de abril de 2012, la Corte decidió
casar parcialmente la sentencia de segunda instancia, para rebajar
la sanción impuesta a 54 meses de prisión y 35.25 salarios mínimos
legales mensuales las penas principales, y en el primero de esos
montos la pena accesoria, tras encontrar que el fallador dedujo al
acusado una circunstancia de mayor punibilidad que no fue
contemplada ni fáctica ni jurídicamente en la acusación.
LA DEMANDA
La acción de revisión se promueve al amparo de la causal 7a.
del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, esto es, “cuando mediante
pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el
criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria,
respecto de la responsabilidad.”
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En orden a fundamentar su propuesta, sustentado en un
conocido tratadista nacional, se refiere al concepto de línea
jurisprudencial y su método de estructuración, para destacar que en
este evento el problema jurídico tiene que ver con “la congruencia
entre lo solicitado por la Fiscalía y lo decidido por el Juez Vs. debido
proceso, derechos de defensa, de doble instancia, juez natural y
principio (non reformatio in pejus)”
Cita como sentencia arquimedica, la proferida por esta Sala el
21 de marzo de 2012, radicado No. 38256, a la cual superpone el
nicho citacional de la sentencia que sirvió de base para la decisión
de condena, esto es, la dictada el 8 de junio de 2011, radicado No.
34022 y de la sentencia de la Corte Constitucional C-025 de 2010,
de las cuales, dice, se obtiene que el escenario legal y
constitucional se ha construido esencialmente en torno a las
tensiones producidas en las decisiones judiciales que comprometen
una congruencia fáctica absoluta y jurídica variable, con y sin previa
solicitud de la Fiscalía, siempre y cuando la nueva imputación verse
sobre un delito del mismo género, de menor entidad, se respete el
núcleo fáctico de la acusación y no se afecten los derechos de las
partes e intervinientes.
Destaca que en la sistemática de tendencia acusatoria, el
principio de congruencia consagrado en el artículo 448 de la Ley
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906 de 2004, consagra expresamente que el acusado no podrá ser
declarado culpable por hechos que no consten en la acusación “ni
por delitos por los cuales no se ha solicitado condena”, normativa
de carácter eminentemente prohibitivo y reguladora del poder
punitivo del Estado, ya que limita el poder de decisión del operador
judicial, en salvaguarda de las garantías fundamentales del sujeto
procesal, del debido proceso y del derecho de defensa.
En esa línea jurisprudencial, agrega, se tienen dos sentencias
iniciales, del 29 de junio de 2006 y 13 de julio de 2007, radicados
Nos. 24.529 y 15843, respectivamente, las cuales califica como
“sentencias fundadoras de línea”, donde la congruencia entre lo
solicitado por la fiscalía y lo decidido por el juez, pasa por la
exigencia de una congruencia fáctica absoluta y una congruencia
jurídica variable con previa solicitud de la fiscalía, sentencias de las
cuales destaca algunos apartes que considera relevantes.
Prosiguiendo a esas sentencias, destaca las del 28 de
febrero, 21 de marzo, 25 de abril, 27 de julio y 5 de octubre de
2007, radicados Nos. 26.087, 25.862, 26.309, 26.468 y 28.294,
respectivamente,
las
cuales
define
como
“sentencias
consolidadoras de la línea trazada por las sentencias fundadoras”.
De la primera destaca algunos apartes para concluir que en
ella se pone de presente la tensión entre el principio de congruencia
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y las garantías fundamentales del acusado a un debido proceso,
defensa y juez natural, resaltando la importancia de lo dispuesto en
el artículo 448 de la Ley 906 de 2004, cuando prohíbe condenar por
un delito respecto del cual no se ha solicitado condena.
A su vez, en la sentencia del radicado No. 25.862, se
introduce un elemento nuevo a la tensión destacada, que tiene que
ver con el principio de non reformatio in pejus, para extender la
congruencia incluso a lo apelado por el procesado en su favor,
como un límite a lo que decide el juez o tribunal de segunda
instancia, pues el primero define la competencia funcional del
segundo.
En esa lógica, agrega, el recurso limita la competencia del
superior jerárquico y prohíbe al juez de segunda instancia que
actúe ex oficio en los procesos sancionatorios, al punto que de
modificarse los cargos en sede de segunda instancia, se genera un
“sorprendimiento” respecto de las conductas en relación con las
cuales, dada la oportunidad en que se produce la variación, ya no
se puede ejercer el contradictorio, pues al variar la calificación
jurídica del comportamiento, varia la práctica probatoria apuntada a
esa
nueva
situación
defensiva,
“independientemente
del
presupuesto de identidad fáctica o de los hechos”, viéndose
afectada la igualdad de armas entre las partes, el derecho de
defensa y de doble instancia, en cuanto el superior jerárquico
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decidió con base en preceptos jurídicos no alegados con
anterioridad a la sentencia y que por ende introducen elementos
nuevos de controversia.
Además, en tales eventos, el juez superior se termina
pronunciando sobre unos hechos o motivos de los cuales el juez
inferior se abstuvo de pronunciarse, por no ser relevantes al caso
en estudio. En consecuencia, concluye, la decisión final tiene origen
en un único juez, en este caso el superior.
Agrega que en la tercera de las sentencias citadas, radicado
No. 26.309, de la cual cita los apartes pertinentes, se relieva la
obligación de la fiscalía de precisar los artículos del Código Penal
en los que encajan los hechos narrados, obligación cuyo
incumplimiento genera la desatención grave de una carga procesal
que deja a los jueces sin herramientas para proferir un fallo justo.
Igualmente, en las sentencias de los radicados Nos. 26.468 y
28.294, la Corte ratifica las decisiones anteriores, afianzando el
principio de congruencia, siempre en el sentido garantista que
caracteriza a la nueva sistemática de tendencia acusatoria.
Bajo esa misma línea jurisprudencial, sostiene, se destaca la
sentencia del 15 de mayo de 2008, radicado 25.913, consolidadora
del concepto de “congruencia fáctica absoluta y jurídica variable
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con previa solicitud de la fiscalía”, a la cual le sigue la sentencia del
15 de julio de 2008, radicado 29.994, en la cual se reafirma que “la
Fiscalía es la dueña de la acusación, de forma exclusiva y
excluyente” , planteando una situación de características similares
a la situación que se presenta en el presente caso, pues se trata de
una disputa del ejercicio de la acción penal por parte del juez a la
Fiscalía, al condenar por un delito de lesiones personales en vez
del delito por el cual se acusó de tentativa de homicidio, conductas
que contienen exigencias normativas y punibilidad distintas,
además de que desde el punto de vista procesal, son de
competencia de jueces de diferente jerarquía –penal municipal, en
el primer caso, y penal del circuito, en el segundo-, y que para que
el último adquiera competencia, es necesario que la Fiscalía solicite
el decreto de la conexidad de la primera de esas conductas con la
segunda, a la luz del artículo 51-2 de la Ley 906 de 2004.
La línea analizada, dice, conduce a la sentencia del 3 de junio
de 2009, radicado No. 28.649, que califica como “dominante”, ya
que no sólo hace parte sobresaliente de la sentencia C-025 de
2010 de la Corte Constitucional, sino que anuncia la respuesta
correcta y vigente al problema de la congruencia entre lo solicitado
expresamente por la Fiscalía y lo decidido por el juez, cuando
expresa a manera de cláusulas bajo qué condiciones el juez puede
condenar por un delito distinto al de la acusación, en los siguientes
términos:
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“a) es forzoso que la fiscalía así lo solicite de manera expresa; b) la
nueva imputación debe versar sobre un delito del mismo género; c) el
cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta punible de
menor entidad; d) la tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico
de la acusación; y, e) no debe afectar los derechos de los sujetos
intervinientes.”
Sostiene que ese patrón decisional unificado llega hasta la
sentencia del 24 de agosto de 2009, radicado No. 31.900, donde se
expresa que de acuerdo con la Ley 906 de 2004, “en relación con el
juzgador, la audiencia de formulación de la acusación resulta ser el
escenario pertinente y la ocasión oportuna para la discusión y
fijación definitiva del juez natural”, a través de los mecanismos de
impugnación de competencia y definición de los mismos, y la
discusión de la posible parcialidad del juez, a través de la
formulación de impedimentos y recusaciones.
A partir de allí, agrega, se genera un cambio radical del patrón
decisional, a uno donde se sostiene que “la congruencia fáctica es
absoluta y la jurídica variable sin previa solicitud expresa de la
fiscalía…”, siempre que se den ciertos presupuestos, criterio que
quedó plasmado en las sentencias del 16 de marzo, 7 de abril y 8
de junio de 2011, radicados Nos. 32.685, 35.179 y 34.022,
respectivamente, siendo la última la que sirvió de referente
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jurisprudencial para sustentar la sentencia condenatoria aquí
demandada.
No obstante, en el punto del agotamiento de estas tres
sentencias, se produce un cambio igual de radical, volviendo al
criterio jurídico anterior a ellas, en el que se introduce el requisito de
“previa solicitud expresa de la fiscalía” para variar la calificación
jurídica sostenida en la acusación, resaltando la importancia del
mandato contenido en el artículo 448 de la Ley 906 de 2004 cuando
prohíbe condenar por delitos en relación con los cuales no se ha
solicitado condena, cambio que se produce en las sentencias del 7
de diciembre de 2011 y 21 de marzo de 2012, radicados 37.596 y
38.256, respectivamente, de las cuales trascribe los apartes que
considera relevantes frente al tema, especialmente de la última,
donde claramente se condensa ese criterio, agregando, además,
que:
“(…) si no hay solicitud expresa de condena, tampoco puede
emitirse fallo en ese sentido, pero si el hecho o delito respecto del
cual la Fiscalía no hace esa reclamación fue objeto de controversia
en el juicio, el asunto no puede dejarse en suspenso, sino que se
impone un fallo de absolución. En el supuesto contrario, es decir, el
hecho o delito sobre el que no se pidió condena no fue debatido en
el juicio, hay lugar a la ruptura de la unidad procesal, con la
compulsa de copias respectivas en aras de que la Fiscalía adopte
las determinaciones que estime conducentes.”
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Por lo tanto, destaca el demandante, el punto exacto de la
variación del criterio que favorece al aquí condenado se sustenta en
esta última decisión, en cuanto, de un lado, establece las
exigencias que deben cumplirse para que
excepcionalmente el
juez se aparte de la imputación jurídica formulada por la Fiscalía,
entre ellas: (i) la necesidad de que la misma se “solicite de manera
expresa” por el ente acusador; y (ii) que si el delito respecto del cual
la Fiscalía omite la reclamación de condena, fue discutido en el
juicio, se impone la absolución.
En este caso, advierte, el Tribunal obvió este precedente,
para sostener, con base en la sentencia del 8 de junio de 2011,
radicado No, 34.022, que los jueces de instancia se pueden apartar
de la imputación jurídica formulada por la Fiscalía hacia una
degradada, siempre y cuando la misma esté comprendida dentro
del mismo género, comparta el núcleo fáctico y la nueva atribución
sea más favorable a los intereses del procesado.
El precedente favorable, dice, era aplicable al caso concreto,
pues la Fiscalía jamás elevó, de manera expresa, solicitud de
condena por el delito de lesiones personales, por el que finalmente
se condenó a su representado.
Así, en el escrito de acusación se imputó a ALEXÁNDER
RAMÍREZ SÁNCHEZ el delito de tentativa de homicidio agravado,
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imputación ratificada en la audiencia de formulación de acusación
celebrada el 24 de agosto de 2009 y en los alegatos finales
presentados por la Fiscalía.
Por lo demás, agrega, el ente acusador no podía elevar
petición de condena por el delito de lesiones personales, pues en
tal evento, como acto “antecedente-consecuente”, debió solicitar en
la audiencia de formulación de acusación que “se decretara la
conexidad procesal de dicho delito con el que fue objeto de
imputación…”, para que a la luz de lo preceptuado en el artículo 51,
numeral 2, de la Ley 906 de 2004, el Juez Penal del Circuito
adquiriera competencia para adelantar el juicio por un delito que era
de competencia del juez penal municipal.
Aunada
a
la
anterior
argumentación,
se
encuentra
demostrado que el delito de lesiones personales por el cual fue
condenado el procesado sí fue objeto de controversia en el juicio y
que, por tanto, en aplicación del criterio favorable destacado se
impone un fallo sustituto de absolución.
Afirma que cuando el Tribunal optó por condenar por lesiones
personales, conducta por la cual la Fiscalía no solicitó condena,
partió de la desestimación del fallo de primera instancia expedido
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo, que había
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condenado por tentativa de homicidio, por el que se acusó e hizo
solicitud expresa de condena.
Después de trascribir los apartes del juicio que demuestran la
anterior afirmación, solicita a la Corte que en aplicación al nuevo
criterio favorable, se admita la acción invocada y en su oportunidad
se dicte el fallo sustitutivo de absolución a favor de su representado,
por el delito en relación con el cual fue acusado y se solicitó su
condena.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
La Sala ha determinado que la alegación de la causal 7ª del
artículo 192 de la Ley 906 de 2004, según la cual la acción de
revisión procede “cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya
cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la
sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la
punibilidad”, debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos:
a) Que se dirija contra una sentencia ejecutoriada cuya
condena
se
haya
fundamentado
en
un
criterio
jurisprudencial específico de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal;
b) Que el referente jurisprudencial de la Sala Penal se
cambie mediante un fallo proferido con posterioridad a la
providencia que se revisa;
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c) Que a través de un análisis comparativo se pueda
demostrar que fundamentado en el nuevo razonamiento
jurídico el proveído atacado habría sido más beneficioso
para el demandante.
Sobre esta causal, en vigencia de la Ley 600 de 2000, que
la consagraba en el numeral 6º del artículo 220, señaló la Sala
que “es indispensable que el actor no solamente demuestre cómo el
fundamento de la sentencia cuya remoción se persigue es entendido por la
jurisprudencia de modo diferente, sino que, de mantenerse, comportaría una
clara situación de injusticia, pues la nueva solución ofrecida por la doctrina de
la Corte conduciría a la sustitución del fallo”, y que por tanto, “no resulta
suficiente invocar abstractamente la existencia de un pronunciamiento del
máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, o de señalar uno concreto pero
desconectado de la solución del caso, sino que resulta indispensable,
además, demostrar cómo de haberse conocido oportunamente por los
juzgadores la nueva doctrina sobre el punto, el fallo cuya rescisión se
2
persigue habría sido distinto” , criterio que cabe reiterar frente al
mismo supuesto establecido ahora en el numeral 7º del artículo
192 de la Ley 906 de 2004.
En el presente caso, el accionante arguye que la Sala de
Casación
Penal
varió
su
postura
en
relación
con
los
condicionamientos requeridos para que el juez pueda variar, en la
2
Revisión 21685, 11 de diciembre de 2003.
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sentencia, la calificación jurídica de la conducta por la cual la
Fiscalía acusa y solicita condena.
Así, tras un extenso recorrido de las posturas asumidas por
la Sala frente a este tópico, el censor ilustra cómo la
jurisprudencia ha admitido que el juez pueda variar la calificación
jurídica de la conducta imputada, por la cual se acusa y solicita
condena, siempre que se den ciertas condiciones, en una de las
cuales estriba, precisamente, la discusión que fundamenta la
pretendida variación favorable de la jurisprudencia que se invoca
como sustento de la causal de revisión que se alega.
Aduce el censor que tales condicionamientos de la potestad
excepcional del juez para variar, en la sentencia, la calificación
jurídica de la conducta, han girado en torno a los siguientes
presupuestos:
a) Que medie solicitud expresa de la Fiscalía; b) que la
nueva imputación verse sobre un delito del mismo género; c)
que el cambio se oriente hacia una conducta punible de
menor entidad; d) que se respete el núcleo fáctico de la
acusación; y e) que no se afecten derechos de los
intervinientes.
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El punto en discusión, según la demanda, estriba en el
primer requisito, pues de acuerdo con el recorrido jurisprudencial
que se trae en la misma, la Sala ha variado su criterio entre la
exigencia y no exigencia de la petición expresa de la Fiscalía,
aspecto que, dice el revisionista, finalmente definió en el auto del
21 de marzo de 2012, radicado No. 38.256, en la que se volvió al
criterio recogido, que advierte la necesidad de que la Fiscalía
solicite de manera expresa que el juez se aparte de la imputación
jurídica formulada en la acusación, para viabilizar su cambio,
siempre, claro está, se den los restantes condicionamientos.
A esa conclusión llega el censor, tras citar los siguientes
apartes del antecedente invocado:
“9.4. Como se ha resaltado, por regla general la Ley 906 del 2004 no
permite al juzgador fallar por hechos o denominaciones jurídicas
distintas de aquellas que fueron objeto de acusación, pero la Corte ha
admitido la posibilidad de que excepcionalmente el juez se aparte de
la imputación fáctica y jurídica formulada por la Fiscalía, lo cual puede
hacer siempre y cuando, además de que no se debe desbordar el
marco fáctico, se cumplan, en su integridad, las siguientes exigencias:

Es necesario que la Fiscalía así lo solicite de manera expresa.
 La nueva imputación debe versar sobre un delito del mismo
género.
 El cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta
punible de menor entidad.
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 La nueva adecuación típica debe respetar el núcleo fáctico de la
acusación.
 No debe afectar los derechos de partes e intervinientes
(sentencias del 27 de julio de 2007, radicado 26.468, y del 3 de
junio de 2009, radicado 28.649; auto del 7 de abril de 2011,
radicado 35.179).
9.5. La jurisprudencia ha dicho que en el sistema de la Ley 906 del
2004, la solicitud de absolución, hecha por la Fiscalía, implica el retiro
de los cargos, tanto que, a voces del artículo 448, en ningún caso el
juez puede emitir condena por delitos por los cuales el acusador no
haya pedido esa decisión (sentencia del 13 de julio de 2006, radicado
15.843).
En estricto sentido, cuando el juez condena por un delito no
contemplado en la acusación o respecto del cual la Fiscalía no pidió
ese tipo de decisión, lo que hace es asumir oficiosamente una nueva
acusación, “pues en últimas tan obligado está el funcionario judicial
para absolver por el delito acusado, en los casos en que la fiscalía
renuncia a la acusación, como lo está para condenar o absolver
solamente por los hechos y la denominación jurídica que han sido
objeto de acusación y no por otras” (sentencia del 3 de junio de 2009,
radicado 28.649).
Si se ha dicho que la acusación de la Fiscalía comporta un todo
complejo entre su escrito, la formulación en audiencia y el alegato al
final del juicio oral (en este caso exclusivamente en lo atinente a lo
jurídico), con igual alcance se entiende que la habilitación al juzgador
surge desde que la solicitud de condena a que alude el apartado final
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del artículo 448 se encuentre consignada (de manera expresa, eso sí),
en cualquiera de esas tres fases.
9.6. Si el fiscal es el “dueño de la acusación” y al momento de radicar
el escrito que la contenga lo que hace es una manifestación expresa
de sus pretensiones ante el juez de conocimiento, nada impide que
antes de que se haga efectiva la formulación en la audiencia
respectiva pueda retirar su escrito, esto es, los cargos, en tanto en esa
instancia se está ante un acto de parte, que aún no ha impulsado
actividad jurisdiccional y, como acto de parte, bien puede desistir del
mismo.
Igual, si no hay solicitud expresa de condena, tampoco puede emitirse
fallo en ese sentido, pero si el hecho o delito respecto del cual la
Fiscalía no hace esa reclamación fue objeto de controversia en el
juicio, el asunto no puede dejarse en suspenso, sino que se impone un
fallo de absolución. En el supuesto contrario, es decir, el hecho o delito
sobre el que no se pidió condena no fue debatido en el juicio, hay
lugar a la ruptura de la unidad procesal, con la compulsa de copias
respectivas en aras de que la Fiscalía adopte las determinaciones que
estime conducentes.” (subrayas fuera del texto).
El hecho de que en esta ocasión la Sala haya comentado un
criterio que, como lo acepta el mismo demandante, expresamente
recogió en la sentencia de casación del 16 de marzo de 2011,
radicado No. 32.685, en la que retomando otros antecedentes,
dijo:
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“Si bien en el precedente citado por el defensor de (…)3, la Corte
consideró que en la sistemática prevista en la ley 906 de 2004 el juez
puede condenar al acusado por un delito distinto al formulado en la
acusación, siempre y cuando (i) el ente acusador así lo solicite de
manera expresa, (ii) la nueva imputación verse sobre una conducta
punible del mismo género, (iii) la modificación se debe orientar hacia
un delito de menor entidad, (iv) la tipicidad novedosa debe respetar el
núcleo fáctico de la acusación, y (v) no se debe afectar los derechos
de los sujetos intervinientes, aquella primera exigencia merece ser
modificada en el sentido que los jueces de instancia se pueden
apartar de la imputación jurídica formulada por la fiscalía hacia
una degradada, siempre y cuando la conducta delictiva que se
estructura en esta etapa procesal no obstante constituir una
especie distinta a la prevista en la acusación, esté comprendida
dentro del mismo género, comparta el núcleo fáctico y la nueva
atribución soportada en los medios de prueba sea más favorable
a los intereses del procesado….”(se ha destacado).
Oportunidad en la cual reiteró la Sala que en relación con la
imputación fáctica, los jueces de instancia, bajo ningún pretexto, se
pueden apartar de los hechos y menos cuando estos no constan
en la acusación en los términos de que trata el artículo 448 de la
Ley 906 de 2004; pero tratándose de la imputación jurídica, esa
posibilidad se viabiliza siempre que “se trate de otro delito del
mismo género y de menor entidad”4, degradación que opera
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia junio 3 de 2009,
radicado 28.649.
3
4
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia del 27 de julio de
2007, Radicado 26.468, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,
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siempre y cuando los hechos constitutivos del delito menor hagan
parte del núcleo fáctico contenido en la acusación.
En el precedente citado por el censor como base de su
pretensión revisora, nunca se hizo una manifestación expresa sobre
la voluntad de recoger el criterio que a partir de la sentencia
casación del 16 de marzo de 2011 se viene ratificando
pacíficamente, al punto que ni siquiera se reflexionó con mayor
profundidad sobre el requisito específico aquí alegado, por lo que
puede afirmarse que dicho precedente apenas contiene un
comentario aislado de un antecedente que, en punto de la
exigencia de solicitud expresa de la Fiscalía para proceder al
cambio de la calificación jurídica en la sentencia, ya no tenía
vigencia alguna, como no lo tiene en la fecha.
En efecto, revisada la jurisprudencia que sigue al caso
citado por el censor –auto del 21 de marzo de 20125-, se
encuentran varios antecedentes que ratifican la tesis plasmada en
la decisión del 16 de marzo de 20116.
Así, en el auto del 3 de julio de 2013, radicado No. 33.790,
ratificó la Sala:
sentencia del 3 de junio de 2009, RADICADO 28.649, sentencia del 31 de julio de
2009, Radicado 30.838.
5
6
Radicado 38.256
Radicado 32.685
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“Para que no quede ninguna duda sobre la falta de razón en la
propuesta que el demandante presenta, cabe señalar, según ha sido
indicado por la jurisprudencia de esta Corte7, que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 337.2 del Código de Procedimiento Penal, la
Fiscalía tiene la obligación de incluir en el escrito de acusación “una
relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en
un lenguaje comprensible”, cuya importancia se ve acentuada con lo
previsto por el artículo 443 ejusdem, alusivo a los turnos para alegar de
conclusión, según el cual en su intervención final el fiscal debe exponer
“los argumentos relativos al análisis de la prueba, tipificando de
manera circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la
acusación”; y que encuentra plena coherencia en lo dispuesto por el
artículo 448 de la Ley 906 de 2004, que establece que la persona que
haya sido formalmente acusada por la Fiscalía, no podrá ser declarada
culpable “por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos
por los cuales no se ha solicitado condena” (se destaca).
Esto significa, en principio, que entre acusación y fallo debe existir
perfecta armonía principalmente en sus aspectos personal (sujetos) y
fáctico (hechos y circunstancias), pues si alguno de ellos no guarda la
debida identidad, se quebrantan las bases fundamentales del proceso
y se vulnera el derecho a la defensa, en cuanto el enjuiciado no puede
ser sorprendido en la sentencia por hechos no imputados en la
acusación, ni condenado por comportamientos definidos como delito,
respecto de los cuales el Fiscal no lo demande expresamente.
7
Cfr. Sentencia de Casación de 4 de mayo de 2011. Rad. 32370.
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De esa manera surge claro, que es con relación a los hechos
jurídicamente relevantes de la acusación y demostrados en el juicio,
que el Fiscal puede solicitar la condena y el Juez proferir el fallo
correspondiente, teniendo en cuenta el carácter provisional de la
calificación jurídica de la conducta incluida en la acusación.
En este sentido no puede dejarse de considerar que sólo al término
del debate probatorio resulta posible afirmar que la calificación jurídica
de la conducta es definitiva, toda vez que son los hechos que en el
curso del juicio se lograron demostrar por las partes, los que le
permiten al juez cumplir con su función constitucional de prodigar
justicia, verificando si la adecuación típica propuesta por la Fiscalía
como fundamento de la solicitud de condena, coincide o no con lo
acreditado en el juicio, y realizando la tipificación definitiva según lo
que declare probado en él, a fin de aplicar las correspondientes
consecuencias jurídicas.
Así las cosas, resulta claro que el acusado no puede ser sorprendido
en la sentencia con imputaciones fácticas no incluidas en la acusación,
ni declarado penalmente responsable por las imputaciones jurídicas
que no hayan sido expresamente solicitadas por la Fiscalía al término
del debate oral, como tampoco se le pueden desconocer aquellas
circunstancias favorables que redunden en la determinación de la
pena, pues de hacerlo, en cualquiera de dichas eventualidades se
viola el principio de congruencia entre sentencia y acusación.
Lo expuesto en manera alguna implica sostener que, de acuerdo
con lo acreditado en la fase probatoria del juicio, el juez no se
halle facultado para condenar por un delito de menor entidad al
imputado por la Fiscalía, para excluir circunstancias genéricas o
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específicas de agravación punitiva o para reconocer cualquier
clase
de
atenuante
genérica
o
específica
que
observe
configurada, es decir, variar a favor del acusado la calificación
jurídica de la conducta específicamente realizada por la Fiscalía,
pero respetando siempre el núcleo fáctico de la acusación objeto
de controversia en el juicio oral, como la Corte ha tenido ocasión
de reiterarlo8…” (Se ha destacado).
Y en auto del 28 de marzo de 2012, radicado No. 36.621,
dijo la Sala:
“Necesario
es
señalar,
en
pos
de
consolidar
una
línea
jurisprudencial sólida frente a tal temática, que con la entrada en
vigencia de la Ley 906 de 2004, la Sala ha superado la tesis, en su
momento reinante sobre el denominado principio de congruencia
estricto9, para abrir paso a una postura morigerada frente a las
facultades del juez en la sentencia10:
“…Ahora, si bien el principio de congruencia impide al juez,
cuando dicta el fallo, modificar completamente la denominación
jurídica de los hechos, ello no es óbice para degradar la conducta
a favor del procesado; por ejemplo, tomando en cuenta
circunstancias que redunden en beneficio del procesado,
atenuantes específicas o genéricas, o incluso condene por una
8
Cfr. Cas. 32685. 16 de marzo de 2011
“…la jurisprudencia de la Sala ha acogido lo que podría denominarse como el
principio de congruencia estricto, bajo el entendido que el juez no puede condenar
por conducta punible diferente a aquella por la que se acusó, ni siquiera para
favorecer al implicado, al paso que, para el fiscal la congruencia es flexible o
relativa, en tanto que puede pedir condena por delitos diferentes al de la acusación
siempre que la nueva calificación se ajuste a los hechos y sea favorable para el
acusado”. Cfr. sentencia del 27 de julio de 2007. radicación número 26468.
9
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ilicitud más leve, siempre y cuando no se afecten los derechos de
los demás intervinientes”.”
Véase cómo en esta última decisión, proferida siete días
después de aquella que cita el demandante como base de su
pretensión revisora, la Sala ratifica su propósito de consolidar una
línea jurisprudencial sólida que deje atrás ese concepto rígido de
congruencia estricta, que impedía al juez, al momento de dictar el
fallo, modificar la denominación jurídica de los hechos efectuada
por la Fiscalía, para abrir paso a una postura que faculte la
potestad oficiosa para degradar la conducta a favor del
procesado, siempre que se respete el núcleo fáctico de la
acusación y no se afecten los derechos de los demás
intervinientes.
En tales condiciones, el punto resaltado por el demandante
no puede tenerse como referente para su pretensión revisoria,
pues ya la Sala ha dicho que para que una determinada decisión,
por sí misma, constituya precedente jurisprudencial, es necesario
combinar criterios cuantitativos y cualitativos:
“Los primeros dicen relación con la existencia de un conjunto de
decisiones que de manera reiterada y pacífica aborden a profundidad
un tema de derecho y lo desarrollen, entendiéndose que esa
reiteración implica ya una decantada posición que reclama de los
operadores judiciales asumirla o continuarla.
10
Cfr. sentencia del 7 de septiembre de 2011, radicación 35293.
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“A su turno, el aspecto cualitativo remite a la trascendencia y
consecuencias de esas decisiones, ora porque efectivamente asume
el estudio detallado de una cuestión problemática, ya en atención a
que se busca que esa solución hallada sirva de guía o norte para que
casos similares se resuelvan de igual manera…”11
Conceptos que aplicados al caso concreto, llevan a
descartar que el auto invocado por el demandante contenga un
precedente de cambio jurisprudencial relevante, pues allí nunca
se buscó reformar los condicionamientos para facultar la potestad
oficiosa del juez en orden a modificar, en la sentencia y a favor del
procesado, la calificación jurídica que de la conducta haga la
Fiscalía, máxime cuando lo allí consignado no ha sido objeto de
reiteración en posteriores providencias, por lo que, por sustracción
de materia, mal puede hablarse de un conjunto de decisiones
pacíficas y reiteradas que resuelvan el tema en el sentido alegado
en la demanda.
Ahora, tampoco tiene razón el demandante cuando esgrime
que en el antecedente que cita como presupuesto de su
pretensión, la Corte quiso establecer una subregla jurisprudencial,
según la cual, cuando no se cumplen todas las condiciones que
activan la facultad oficiosa del fallador para modificar en la
sentencia, a favor del procesado, la calificación jurídica de la
11
Auto de única instancia del 1 de agosto de 2011, radicado No. 29.877
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conducta –entre ellas, la petición expresa de la Fiscalía-, y el
delito respecto del cual la Fiscalía omite la reclamación de condena
fue discutido en el juicio, se impone la absolución.
Lo que se extracta del apartado citado en la demanda12, es
simplemente una tautología que evidentemente tiende a significar
cómo el silencio del Fiscal respecto de una específica conducta
discutida en juicio, obliga a la absolución.
Pero, ello no dice ninguna relación con la posibilidad de que
el funcionario degrade la denominación jurídica de la conducta en
los términos que configuran la línea jurisprudencial vigente, pues,
sobra anotar, en este caso efectivamente el Fiscal se pronunció y
pidió condena por la conducta objeto de acusación –homicidio
tentado-, lo que desde luego se aparta ostensiblemente del caso
regulado en la cita descontextualizada que trae el demandante,
remitida, se repite, a los casos en los que el pronunciamiento de
condena se omite.
Finalmente, además de que ninguna razón le asiste al
censor cuando aduce que el Juez Penal del Circuito no tenía
competencia para dictar sentencia por el delito de lesiones
12
“…si no hay solicitud expresa de condena, tampoco puede emitirse fallo en ese sentido, pero si el
hecho o delito respecto del cual la Fiscalía no hace esa reclamación fue objeto de controversia en el
juicio, el asunto no puede dejarse en suspenso, sino que se impone un fallo de absolución. En el
supuesto contrario, es decir, el hecho o delito sobre el que no se pidió condena no fue debatido en el
juicio, hay lugar a la ruptura de la unidad procesal, con la compulsa de copias respectivas en aras de
que la Fiscalía adopte las determinaciones que estime conducentes.”
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personales, pues en tal evento se generó la prórroga automática
de competencia en los términos del artículo 55 de la Ley 906 de
2004, tal punto no es objeto de discusión en casación y nada tiene
que ver con la causal que se invoca.
En tales condiciones, se impone el rechazo de la demanda.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, Sala de Casación Penal,
RESUELVE
Rechazar la demanda de revisión presentada a nombre del
condenado ALEXÁNDER RAMÍREZ SÁNCHEZ, por las razones
consignadas en la anterior motivación.
Contra esta decisión procede el recurso de reposición.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
Magistrado
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Conjuez
PAULA CADAVID LONDOÑO
Conjuez
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DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
Conjuez
MAURICIO LUNA BISBAL
Conjuez
RAMIRO ALONSO MARÍN VÁZQUEZ
Conjuez
RICARDO POSADA MAYA
Conjuez
Nubia Yolanda Nova García
Secretaria

40093 (15-08-2013)

Transcripción

Documentos relacionados

Resolución Nº616 /2016 Montevideo, 2 de setiembre de 2016

Considerando , que ha sido decidido que con la sentencia de