Iguala: el terror - Alejandro Encinas

Transcripción

Iguala: el terror
Alejandro Encinas Rodríguez
Al momento de escribir esta colaboración, prevalece la incertidumbre respecto a la
identidad de los 28 cuerpos calcinados, encontrados en seis fosas en la zona de Pueblo
Viejo, municipio de Iguala, Guerrero, que se presume podrían tratarse de algunos de los
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos tras el artero
ataque que policías de ese municipio y grupos delictivos realizaron el pasado 26 de
septiembre, en el cual resultaron seis personas muertas.
Estamos ante un escenario de descomposición política similar al de la guerra sucia de los
años setenta. Más allá de las campañas mediáticas prevalece un proceso sistemático de
debilitamiento del Estado y de sus instituciones, mismas que han sido incapaces de
garantizar la seguridad de los ciudadanos.
México atraviesa por una situación en la que el miedo a la violencia y un futuro incierto,
se han anidado en lo más profundo de nuestra sociedad, que ahora afronta actos de
terror.
Guerrero y el país en su conjunto, viven una etapa difícil y dolorosa, que exige del
Gobierno Federal, de los estados de la República y de todos los actores, en especial de
los partidos políticos, enfrentar esta situación y evitar que la impunidad se imponga
sobre la barbarie que representan estos hechos y que asuman su responsabilidad para
generar condiciones de paz y para terminar con el horror que prevalece.
En el caso de Guerrero, y en especial de los acontecimientos sucedidos en Iguala, el
PRD tiene una deuda moral particular, más aún cuando se conocieron diversas
denuncias previas contra el presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, hoy
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prófugo de la justicia, por su presunto vínculo con la delincuencia organizada, así como
por su probable participación en el secuestro y asesinato del dirigente perredista, Arturo
Hernández Cardona.
Es del dominio público en Iguala, el enriquecimiento del alcalde prófugo, quien de ser
un modesto empresario dedicado a la venta de sombreros, pasó al comercio de joyas de
oro y a ser propietario de la plaza comercial Galerías Tamarindo y de centros
educativos, y cómo a su llegada al Gobierno municipal se consolidó en la región el cartel
Guerreros Unidos, grupo delictivo que surgió en 2009 tras el asesinato de Arturo Beltrán
Leyva, que es encabezado por Salomón Pineda Villa, “El Molon”, cuya hermana, María
de los Ángeles Pineda Villa, es esposa de Abarca Velázquez.
Guerreros Unidos mantiene el control absoluto de Iguala y de su policía municipal, con
una estructura territorial manzana por manzana, fincada en el miedo y el
aniquilamiento de cualquier disidente, por lo que también cobra relevancia el asesinato
cometido en 2013 de Justino Carvajal Salgado, síndico municipal, quien mantuvo serias
diferencias con el Presidente Municipal.
Nadie desconoce el apoyo económico de Abarca Velázquez a las campañas electorales
del PRD y cómo fue promovido por la corriente Nueva Izquierda a la presidencia
municipal. Ni tampoco su pretensión de obtener una diputación en 2015 heredando a su
esposa la presidencia municipal, la que recientemente fue electa consejera estatal del
PRD bajo las siglas de esa corriente política.
El Gobierno de Guerrero debe rendir cuentas claras de estos hechos e impedir la
impunidad castigando a los culpables, en tanto la dirección del PRD debe abandonar el
pragmatismo que ha permitido que la ambición por el dinero y por mantener el control
del partido, abra la puerta a delincuentes. (Senador de la República).
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Gobiernos federal, estatal y el PRD deben
asumir su responsabilidad, dice Encinas
Los senadores del PRD, Alejandro Encinas y Armando Ríos Píter, pidieron certeza en la
investigación que se realiza sobre los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Iguala,
Guerrero, que no haya impunidad en el caso y se sancione a los responsables.
Encinas Rodríguez calificó los acontecimientos registrados en dicho municipio guerrerense, de una
situación lamentable, donde, dijo, el gobierno del estado y el Gobierno federal deben asumir
plenamente sus responsabilidades y particularmente también el PRD.
Ello, abundó, porque en el caso de Iguala, el presidente municipal emanó de las filas del sol azteca "y
estoy convencido de que hubo muchas omisiones y mucha tolerancia, hay diversas denuncias que se
habían hecho con anterioridad, no sólo de corrupción y de enriquecimiento inexplicable, sino de
presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y no se atendió con oportunidad.
En este sentido, externó su confianza en que se esclarezca esta situación, que es un acto de terror,
de terrorismo de Estado, este atentado contra la vida de jóvenes y de personas inocentes, que tiene
que esclarecerse, tiene que fincarse las responsabilidades, detener y castigar a los responsables y en
esto no vale eludir ninguna responsabilidad en el ejercicio de gobierno.
Al interior del PRD, en la Cámara Alta, indicó que como grupo parlamentario se va a condenar estos
acontecimientos y a exigir al gobierno del estado y al Gobierno federal "que asuman su
responsabilidad para establecer un mínimo orden legal y democrático en Iguala y en todo el estado
de Guerrero".
Cuestionado respecto a la postura del Jefe del Ejecutivo, Encinas Rodríguez, consideró que éste se
da bastante tarde, porque tenían información indudablemente de esta situación y resulta inexplicable
la fuga del presidente municipal de Iguala, cuando ya está, no solamente un proceso de investigación
sobre los abusos de la policía municipal, cuando está acreditada al intervención de grupos de la
delincuencia organizada, cuando tiene que pedir licencia para separarse del cargo y que procedan las
investigaciones y de repente desaparece.
A su vez, el senador Ríos Piter demandó coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y los
órganos de procuración de justicia, y confió en que se arrojarán los resultados que exigen los
ciudadanos.
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Plantea el PRD que el Presidente vuelva a
rendir cuentas ante el Congreso
Cecilia higuera
El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas Rodríguez, propuso
en una iniciativa modificar los artículos 69 y 93 de la Constitución Política, a fin de que el Presidente
de la República asista a la apertura de sesiones del Congreso de la Unión a presentar el informe del
estado general que guarda la Administración Pública Federal.
En la iniciativa, impulsada por senadores del PRD, se establece que cualquiera de las cámaras podrá
convocar al Presidente de la República para que informe, bajo protesta de decir verdad, cuando se
discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a su respectivo ramo, actividad, o para que
responda a interpelaciones o preguntas.
Precisó el legislador perredista que la referida iniciativa surgió luego de que entre los poderes de la
Unión y del Poder Legislativo "ha sido lamentable el haber desmantelado uno de los instrumentos
fundamentales que debería ser del control parlamentario y la fiscalización como es el de la rendición
de cuentas del Ejecutivo federal ante el Congreso de la Unión".
El legislador mexiquense advirtió que nos encontramos en una fase donde se pretende restaurar la
mecánica de imposición de las decisiones del Ejecutivo sobre otros poderes en demérito de los
principios democráticos de pluralidad y rendición de cuentas.
Encinas Rodríguez precisó que se requiere un esquema que propicie el diálogo y una discusión entre
pares, a fin de que ninguno de los poderes de la Unión esté por encima de otros.
"Si realmente queremos avanzar en una redefinición de las relaciones del Poder Legislativo y el
Ejecutivo federal, es necesario establecer nuevas formas de relación para el fortalecimiento de los
mecanismos de rendición de cuentas y de control político por parte del Congreso de la Unión", dijo.
Este mismo sentido, señaló que en una relación de reciprocidad el Presidente de la República podrá
asistir a las sesiones en que se discuta cualquier proyecto legislativo o se trate cualquier otro asunto
relevante a efecto de exponer de viva voz sus consideraciones.
Con esta propuesta, afirmó, el contacto entre parlamentarios y el Ejecutivo dependerá de normas y no
únicamente de la voluntad del Presidente o una convocatoria que limite la interacción entre ambas
partes.
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