Los crímenes de Ayotzinapa. Dossier

Ayotzinapa. Dossier
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Los crímenes de Ayotzinapa. Dossier
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Imanol Ordorika, Adolfo Gilly, Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Nadal, Luis Hernández Navarro ….
12/10/2014
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“La lucha de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa tiene una historia y es la de todos nosotros. Es la
lucha por convertirnos en actores de nuestra propia historia”, dice Alejandro Nadal en uno de los textos de
este dossier. La tragedia que desde hace años sacude a México, en una escalada de terror que parece no
tener fin, no es sólo de los mexicanos, se trata de una tragedia de la humanidad entera. La impunidad de
que gozan estos crímenes de lesa humanidad va más allá del dinero de los narcos, de policías o militares
corruptos, ni de la red de políticos y banqueros que los cobijan. Se trata de la crisis del sistema capitalista
que avanza al punto de poner en riesgo a la civilización. No es un problema de los mexicanos, es una lucha
de todas las mujeres y los hombres del planeta. ¡Con vida los llevaron, con vida los queremos! Sinpermiso
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Ayotzinapa, crimen de Estado
Imanol Ordorika, Adolfo Gilly
La desaparición y matanza de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es un crimen de Estado,
cometido en un país donde la tortura, las desapariciones y las muertes violentas se han convertido en
hechos cotidianos. Están ya confirmados el asesinato de tres estudiantes y cuatro ciudadanos y la
desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
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Las víctimas son jóvenes estudiantes que, en el contexto de privaciones y pobreza de sus propias familias,
luchan por la defensa de la educación pública en medio de las difíciles condiciones de las Escuelas
Normales Rurales, objeto de acoso estatal y federal durante décadas.
Estos crímenes han sido cometidos, según todas las evidencias, por elementos de la fuerza pública en
colusión y coordinación con organizaciones criminales que operan en el estado de Guerrero. Se produjeron
con la complicidad activa del gobierno municipal encabezado por José Luis Abarca, ahora prófugo, y la
pasividad total, cuando menos, del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Las familias y compañeros de las víctimas han rechazado con indignación las explicaciones del gobernador
y sus colaboradores, a quienes consideran responsables y cómplices de los ejecutores de este crimen.
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Las autoridades federales, el Presidente y sus secretarios de Gobernación y de Educación, frente a una
tragedia de esta envergadura, hasta ahora no han informado ni dado razones a la ciudadanía, abrumada
por la ola de crímenes, desapariciones, violaciones y torturas que se abaten sobre la nación mexicana.
En la matanza de estudiantes de Ayotzinapa la represión gubernamental contra una movilización social ha
puesto también a su servicio la violencia del crimen organizado. Se trata de un crimen de Estado. La actitud
omisa del Poder Ejecutivo federal y el autismo de la clase política en su conjunto le dan además la
dimensión de una crisis de Estado.
Es responsabilidad del gobierno federal la presentación con vida de los estudiantes secuestrados y el
castigo penal de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos. Es su responsabilidad
encontrar y decir la verdad. A cuarenta y seis años de la masacre del 2 de octubre podemos impedir que se
repitan las mentiras y la impunidad de los gobiernos, sus funcionarios y sus cómplices.
Imanol Ordorika, es profesor de Ciencias Sociales de la UNAM. Adolfo Gilly es profesor emérito de la UNAM.
La Jornada, 6 de octubre 2014
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Presentación, ya, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos
Cuauhtémoc Cárdenas
El pasado 26 de septiembre, elementos policiacos de la ciudad de Iguala, Guerrero, asesinaron a siete
jóvenes, y todo hace pensar que elementos de ese mismo cuerpo son los responsables de que 43
estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se encuentren desde entonces desaparecidos.
Ese día 26 y el 27 siguiente, de las autoridades políticas o del mando único policiaco en el estado, silencio
absoluto. Ninguna autoridad municipal, estatal o federal, ni del mando único en Guerrero, da cuenta de su
paradero.
Los responsables de los asesinatos y de toda transgresión a la ley, tanto intelectuales como materiales, que
tienen nombres y apellidos, deben ser sancionados con todo el rigor de la ley, trátese de quien se trate. Tan
importante como esto, a lo que se ha comprometido el día de hoy la más alta autoridad política de la nación,
y sin que quepa pretexto alguno, es que los 43 desaparecidos sean presentados con vida.
No cabe que autoridades protejan a autoridades.
La gente, por todo el país, exige detener ya y de manera definitiva la ola de violencia que desde lustros
atrás y ahora con mayor intensidad, azota por todas partes. Ninguna llamada de atención más fuerte a ese
respecto, que los bestiales acontecimientos de Iguala, que para reforzar este reclamo general habría que
sumar las sumarias ejecuciones ilegales de Tlatlaya y los múltiples asesinatos de todos los días de los que
se da cuenta por doquier en la República.
Terminar con las olas de violencia que barren la República y abatir de una vez y para siempre a la
criminalidad organizada, requiere reconocer que si para ello sólo se hace lo mismo que se hizo en el
pasado, el resultado será el mismo fracaso del pasado.
La criminalidad organizada y la corrupción que ella misma alienta y la cobija, sólo serán vencidas con firme
decisión política, con entender que la delincuencia no es un fenómeno aislado, que tiene que ver con la
aguda desigualdad social, la falta de empleo formal, con una educación que ha venido perdiendo calidad,
con la inexistencia de una política de industrialización, con la protección que desde el Estado se brinda a la
corrupción y a la impunidad. El proyecto general de desarrollo no puede seguir siendo el mismo que ha
llevado a la desastrosa situación en que hoy nos encontramos. Un cambio radical de modelo es urgente,
que a partir de aprovechar las potencialidades del país tenga como objetivos centrales la elevación de los
niveles de vida de la población en su conjunto y el efectivo crecimiento de la economía en todos sus
sectores, y se lleve a cabo mediante un esfuerzo conjunto y coordinado de todos los grupos sociales y
políticos de la nación.
Exigimos que los 43 estudiantes de Ayotzinapa aún desaparecidos sean presentados con vida, que la
justicia castigue a los responsables de los asesinatos y desapariciones del 26 de septiembre y que este
terrible hecho dé paso a las decisiones políticas que pongan fin a la violencia y a los horrores que la
delincuencia ha impuesto y no podemos aceptar como cotidianidad de vida en el país.
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Cuauhtémoc Cárdenas, fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Tres veces candidato a la Presidencia de
México. En 1997, se convirtió en el primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por votación.
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La Jornada, 7 de octubre 2014
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Neoliberalismo en Ayotzinapa
Alejandro Nadal
Los crímenes en contra de los estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa tienen la huella de un modelo
económico en el que los jóvenes campesinos y su cultura son redundantes. Es decir, no hay lugar para los
jóvenes campesinos que aspiran a una vida digna y en libertad. La juventud de Ayotzinapa se ha rebelado y
los poderes establecidos han respondido.
En realidad, más que un modelo económico (con su mezcla absurda de políticas económicas) deberíamos
hablar de un estilo de vida en el que la solidaridad es despreciable. La razón es que bajo el neoliberalismo
se lleva al extremo la idea de que la sociedad es un apéndice del mercado y que las relaciones mercantiles
son la esencia de la naturaleza humana. En Ayotzinapa los jóvenes han manifestado su rechazo a esta
forma de deshumanización.
En el neoliberalismo encontramos lo que Polanyi describe con claridad: en lugar de que las relaciones de
mercado estén incrustadas en un marco de relaciones sociales, son las relaciones sociales las que se
encuentran subordinadas al predominio de las leyes del mercado. Llevado todo esto al extremo en el
neoliberalismo el resultado es que todas las instituciones sociales terminan siendo moldeadas para
adaptarse a las necesidades del mercado.
Aquí encontramos el problema central de nuestro tiempo. En su lucha, los jóvenes de Ayotzinapa pugnan
por mantener una escuela normal rural abierta. Es un instrumento de vida y de cambio social. Los gobiernos
estatales y federal, así como la cúpula empresarial, han buscado por todos los medios satanizar y castigar a
los estudiantes. Les parece que ceder en lo que piden los jóvenes es demasiado peligroso para su idea de
orden social.
Y es que en el neoliberalismo, el sentido de la moral y la justicia debe reducirse al lenguaje de los contratos
de negocios. El signo monetario de las ganancias y las pérdidas es lo único que importa. El mercado y el
capital subordinan todo a su lógica, y los poderes no pueden permitir que alguien se atreva a desafiar ese
orden de cosas. En Ayotzinapa los estudiantes han rechazado un mundo en el que la dignidad se mide en
dinero.
El neoliberalismo lleva hasta sus últimas consecuencias la noción de que la sociedad no existe, como
tampoco existen las clases sociales. Lo único que existe es un conglomerado de individuos, todos ellos
egoístas: en ese conglomerado la ética de la solidaridad se reemplaza por la práctica del egoísmo en la
perpetua búsqueda del triunfo personal. Y como el único y máximo espacio de interacción entre individuos
es el mercado, las relaciones humanas son tasadas en términos monetarios y todo lo que no sea dinero es
secundario o irrelevante.
Se dice sin cesar por los que alaban este sistema que en él los individuos son libres porque el Estado no
restringe su conducta. Pero la realidad es que la libertad termina por irse a la basura en un mundo en el que
lo único que importa es lo que puede ser cuantificado en dinero. O como dice Jack Nicholson en un diálogo
del clásico film Easy Rider, es difícil ser libre cuando uno es comprado y vendido en el mercado.
Los estudiantes de Ayotzinapa saben todo esto y buscan una opción distinta. Desde el poder primero les
impusieron la violencia del mercado y criminalizaron su protesta, pero los estudiantes no se rindieron. Hoy el
poder les envía un proyecto de intimidación por el terror. Los estudiantes tampoco se han doblegado. La
tensión y el peligro aumentan porque el poder no perdona esta afrenta.
La izquierda institucional lleva años entregada a los pactos y a la lógica de conseguir votos como fin
supremo. Por eso es hoy copartícipe de este crimen. Es más, si algo ha demostrado la izquierda oficial es
que no tiene ningún interés de promover la construcción de caminos de resistencia. Tampoco está
interesada en abrir nuevos espacios de cultura, educación y reflexión que permitan a las clases oprimidas
defenderse de la embestida neoliberal.
El desempeño de la izquierda oficial ha dejado una secuela de confusión sobre metas e instrumentos de
lucha. Al final del día encontramos una buena dosis de desmoralización y de desmovilización. Es de
esperarse que las luchas puntuales, como la de Ayotzinapa, se convertirán en puntos focales de
reorganización política. Pero por el momento, no es exagerado afirmar que la izquierda institucional dejó al
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pueblo de México en un estado de indefensión frente a la agresión desde los poderes establecidos. Es
trágico, pero lo que hoy existe como izquierda oficial en sus diversos tonos ha mostrado una vez más su
incapacidad para recuperar la iniciativa y para abrir alternativas eficaces para la batalla política.
La lucha de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa tiene una historia y es la de todos nosotros. Es la
lucha por convertirnos en actores de nuestra propia historia. Y eso es lo que el terror y la militarización de la
represión en su contra busca quitarles. Por eso el asalto del que han sido víctimas es una agresión contra
todos nosotros. Eso es lo que configura un crimen de Estado. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!
Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial de Sinpermiso
La Jornada, 8 de octubre 2014
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Ayotzinapa, crimen de lesa humanidad
Luis Hernández Navarro
Son jóvenes, en su mayoría hijos de familias campesinas, estudiantes de una normal rural. Por eso los
desaparecieron de manera forzada. Defienden la educación pública, el normalismo rural, la enseñanza al
servicio de los más necesitados, la transformación social del país. Por eso les dispararon y los
secuestraron.
La desaparición forzada de los alumnos de Ayotzinapa fue obra conjunta de la policía municipal y de sicarios
al servicio del cártel Guerreros Unidos. No hay diferencia entre unos y otros. De día, los criminales trabajan
con uniforme; de noche lo hacen vestidos de civil. En el estado delincuencial que reina en vastas zonas de
Guerrero, narcotraficantes y gendarmes son las dos caras de una misma moneda.
A los muchachos de Ayotzinapa los secuestraron y les dispararon porque quienes lo hicieron podían
hacerlo. No les costaba nada quitarles la vida o llevárselos al margen de la ley. El clima de satanización a
los normalistas, impunidad generalizada y estado delincuencial los hizo creer que nada les pasaría, que
tenían licencia para matar.
De por sí, desde antes del 26 de septiembre, a los normalistas rurales los han demonizado en la región y en
el país. De ellos se ha dicho cualquier cantidad de calumnias, sin necesidad de demostrarlas. Lo han hecho
los comerciantes del estado, los empresarios encabezados por Claudio X. González y sus Mexicanos
Primero, los funcionarios educativos en turno, los políticos de todos los partidos.
En Guerrero, impunidad es el nombre del juego. Las víctimas de las matanzas de Aguas Blancas (1995) y El
Charco (1995) siguen esperando justicia. Armando Chavarría, líder del Congreso de Guerrero y aspirante a
la gubernatura de la entidad, fue ultimado en 2009. Su crimen sigue sin resolverse. En diciembre de 2011
diversas policías asesinaron a dos estudiantes de Ayotzinapa. Los homicidas están libres. Muchas regiones
de la entidad están llenas de cementerios clandestinos que albergan las osamentas de difuntos sin nombre.
Acapulco, Iguala, Eduardo Neri y muchos otros municipios más del estado son territorio del narcotráfico.
Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia y sus desprendimientos disputan el negocio de la siembra de
mariguana y amapola, las rutas y los mercados de estupefacientes, la industria del secuestro y la extorsión.
Por eso han brotado como hongos policías comunitarias y autodefensas. Apenas el pasado 12 de
septiembre un comando de 100 hombres encapuchados irrumpió en la comunidad de Carrizalillo, donde
opera una enorme mina de la canadiense Goldcorp, disparando contra civiles al tiempo que aseguraban que
el poblado les pertenece.
Como muestran los casos de Iguala y Olinalá, entre otros muchos, esos cárteles gozan de la protección y el
apoyo de políticos y policías en los municipios y en el gobierno estatal. Cuando José Luis Abarca, el alcalde
de Iguala, fue señalado como responsable del asesinato de tres opositores a su gobierno, la denuncia fue
frenada. El alcalde fue protegido por el Congreso local, por funcionarios del gobierno estatal y por al menos
un diputado federal. Nestora Salgado, la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, fue encarcelada
en agosto de 2013 en un penal de alta seguridad porque publicó un comunicado de prensa en el que señaló
el involucramiento del alcalde de su municipio y de otros funcionarios gubernamentales con el tráfico de
drogas.
Esas redes de complicidad obligan a desaparecer los poderes en la entidad. Con ellas no hay forma de que
se haga justicia. La administración de Ángel Aguirre Rivero se inauguró con el asesinato de dos normalistas
de Ayotzinapa. El nuevo crimen contra ellos perpetrado el pasado 26 de septiembre hace necesaria su
salida. De por sí, es un mandatario ausente.
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El gobernador Aguirre no lleva las riendas del gobierno en Guerrero. Para todo efecto práctico, sobre todo
en asuntos de seguridad, quien conduce la administración de la entidad es su sobrino, Jesús Ernesto
Aguirre Gutiérrez, primero coordinador de Proyectos Estratégicos de la administración estatal y ahora
asesor externo, con oficinas en Casa Guerrero y personal bajo su mando.
Antes de convertirse en el superoperador del gobierno de su tío, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez era un
funcionario de medio pelo en el Issste, de donde salió ( La Jornada Guerrero, 16/5/09), acusado de desviar
recursos millonarios de la institución para respaldar la campaña de su primo hermano, Ángel Aguirre
Herrera, como candidato del PRI a diputado federal por el distrito 8 de la Costa Chica.
Aguirre Gutiérrez tiene en sus manos la relación con la prensa, con actores políticos y poderes fácticos
claves de todo tipo en la entidad, decide en materia de compras, educación y turismo. En los hechos es la
mano que mece la cuna del gobierno del estado. Con ese poder no puede ser ajeno a lo sucedido en Iguala.
Fueron policías los que dispararon contra los estudiantes de Ayotzinapa y los arrestaron. Fue el director de
seguridad pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien ordenó detenerlos. Los muchachos fueron
sacados en vehículos oficiales. Para todo fin práctico, las autoridades estatales permitieron que el alcalde
de Iguala, José Luis Abarca, y el director de seguridad pública huyeran. El PRD tardó ¡una semana! en
expulsar de sus filas al presidente municipal y, a pesar de las graves denuncias que existían en su contra
desde que fue designado su candidato, en 2012, siempre lo protegió y avaló. Y aún ahora sigue
defendiendo a Ángel Aguirre Rivero.
Si en la región campea el poder del narcotráfico es porque los tres niveles de gobierno lo permiten. Por
donde se le vea, Ayotzinapa es un crimen de Estado, pero es también un crimen de lesa humanidad, tal
como está estipulado en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional Penal. No hay otra forma de nombrar
el homicidio de seis personas a manos de policías (tres de ellas estudiantes), la tortura y la desaparición
forzada de 43 jóvenes, en su mayoría hijos de campesinos y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro
Burgos. ¡Vivos de los llevaron, vivos los queremos!
Luis Hernández Navarro, periodista, es coordinador de opinión y editorialista del diario mexicano La Jornada
La Jornada, 7 de octubre 2014
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/
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