investigación - Universidad Católica San Pablo

Transcripción

Revista de Investigación (Arequipa) ISSN versión impresa 2309-6683
Rev. Investig. (Arequipa. En línea) ISSN versión electrónica 2309-6691
REVISTA DE
INVESTIGACIÓN
Año 2015
Volumen 6
-1-
Revista de Investigación
Dirección de Investigación de la Universidad Católica San Pablo
Revista de Investigación (Arequipa) / Rev. Investig. (Arequipa. En línea)
Año 2015, Volumen 6
Esta revista se encuentra indexada en:
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Universidad Católica San Pablo
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ISSN versión impresa 2309-6683
ISSN versión electrónica 2309-6691
No está permitida la reproducción parcial o total del presente texto,
a excepción de lo contemplado en el decreto legislativo 822.
-2-
Revista de Investigación
Dirección de Investigación de la Universidad Católica San Pablo
Director:
Alejandro Estenós Loayza
Editor Asistente:
Walter Arias Gallegos
Diagramación:
José Luis Vizcarra Ojeda
Correcciones:
Daniel Martínez Lira
Traducciones:
Ana Lucía Núñez Cohello
Comité Editorial:
Miguel Salazar Steiger. Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú.
Fernando Valle Rondón. Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú.
Ermanno Pavesi. Gustav-Siewerth-Akademie di Weilheim-Bierbronnen, Suiza.
Gonzalo Fernández del Carpio. Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú.
Marcio Soto Añari. Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú.
Hernán Muszalski. Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú.
Evandro Agazzi. Universidad Panamericana de México, México D. F., México
Comité de Revisores Nacionales:
José Chávez-Fernández. Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú.
Álvaro Fernández. Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú.
Enrique Gordillo. Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú.
Omar Gallegos. Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú.
Patricia Castillo. Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú
Pablo García. Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú.
Óscar Díaz Becerra. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
José Antonio Benito. Universidad Sede Sapientae, Lima, Perú.
Jenny Quezada. Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Lima, Perú.
Gustavo Sánchez. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
-3-
Comité de Revisores Internacionales:
Víctor Olivares. Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, Chile.
Cristian Loza. Katholische Universitätt Eichstätt-Ingolstadt, Ingolstadt, Alemania.
Iván Darío Garzón. Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia.
Carlos Hoevel. Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina.
José Pérez Adán. Universidad de Valencia, Valencia, España.
María Iglesia. Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.
Luis Javier Montoya. Universidad de Medellín, Medellín, Colombia.
Juan Pablo Manrique. Universidad Gabriela Mistral, Santiago de Chile, Chile.
Fernando Pliego. Universidad Autónoma de México, México D. F., México.
Enrique Cassagne. Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina.
-4-
Índice
Presentación...........................................................................................7
Agrupamiento escolar y frecuencia de conductas disruptivas en estudiantes
de segundo de secundaria de Arequipa......................................................9
Enrique G. Gordillo y Giancarlo J. Gamero
Aportaciones del pensamiento tomista al debate bioético acerca de la
persona...................................................................................................35
Lourdes Velásquez
Characterization and management strategies of drought events for an
arid basin in the Peruvian Andes.............................................................45
Roland J. Valencia, Lourdes G. Escobar, Gladis Celmi, Henry J. Gómez,
Liliana Orellana y Andrés Felipe Torres
Evolución del pago de coimas a la policía en el Perú entre los periodos
2005-2006 y 2012-2013 y su impacto en la economía familiar..............77
Gustavo Riesco Lind, Luis Alpaca Zúñiga y Walter Arias Gallegos
Mapa de la violencia contra la mujer: La importancia de la familia.........101
Rodolfo Castro y Renzo Rivera
El órgano de administración concursal en algunos sistemas jurídicos de
referencia................................................................................................127
Salvador Tomás Tomás
Normas para la presentación de artículos de investigación para publicarse
en la Revista de Investigación de la Universidad Católica San Pablo..........153
Rev. Investig. (Arequipa. En línea) ISSN versión electrónica 2309-6691 Año 2015, Volumen 6
5
Index
Presentation...........................................................................................7
Single-sex schooling and frequency of disruptive behavior among middleschool students in Arequipa......................................................................9
Enrique G. Gordillo & Giancarlo J. Gamero
Contributions of the Thomistic thought to the bioethical debate about
the person..............................................................................................35
Lourdes Velásquez
Characterization and management strategies of drought events
in an arid basin in the Peruvian Andes....................................................45
Roland J. Valencia, Lourdes G. Escobar, Gladis Celmi, Henry J. Gómez,
Liliana Orellana & Andrés Felipe Torres
Evolution of bribe payments to police in Peru between 2005-2006
and 2012-2013 and its impact in the family economy............................77
Gustavo Riesco Lind, Luis Alpaca Zúñiga & Walter Arias Gallegos
Map of violence against women: The relevance of family........................101
Rodolfo Castro & Renzo Rivera
The insolvency administration in several reference legal systems.............127
Instructions for presentation of papers to publish in Universidad Católica
San Pablo Research Journal.......................................................................153
6
Revista de Investigación (Arequipa) ISSN versión impresa 2309-6683 Año 2015, Volumen 6
Presentación
Por sexto año consecutivo tenemos la nueva edición de la Revista de Investigación de la
Universidad Católica San Pablo, que como sabemos publica artículos de investigación
teórica y empírica sobre diversos temas de interés social, tecnológico, filosófico y científico. A la fecha la revista se encuentra indexada en Latindex y en e-revistas, y llega cada
vez más a lectores de todo el mundo gracias a su versión electrónica, tal es así que en la
presente edición se cuenta con dos colaboraciones internacionales.
El presente número contiene una diversidad de temas de gran importancia para la educación, la economía, las ingenierías, la familia y el derecho. El primer trabajo de autoría
de Enrique Gordillo y Giancarlo Gamero, es una versión corregida de una investigación
que publicamos previamente en el Volumen 4 de la Revista de Investigación (“Agrupamiento escolar y frecuencia de conductas disruptivas en estudiantes de segundo de
secundaria de Arequipa”), y que ha sido modificada a petición de los autores, por encontrase algunas falencias en el procesamiento de datos, que ameritaban una nueva revisión
y por ende publicación.
El segundo trabajo, de autoría de Lourdes Velásquez, profesora de la Universidad de
Anáhuac (México), analiza el debate bioético de la persona desde una perspectiva tomista. El tercer trabajo, corresponde a un equipo de investigación, que ha estudiado la
gestión de las sequías en la Cuenca Quilca-Chili a través de su caracterización geográfica
y meteorológica. Para ello se han empleado diversos recursos metodológicos y tecnológicos para recabar y procesar información, que podría tener un impacto muy favorable
en la agricultura de la zona.
Un cuarto trabajo analiza la evolución del pago de las coimas a los policías en dos periodos (2005-2006 y 2012-2013), con la finalidad de valorar su impacto en la economía
familiar. Se trata de un trabajo econométrico basado en los datos de la ENAHO, que
concluye que aunque el pago de las coimas ha disminuido con el paso del tiempo, el
monto pagado ha ido aumentando, repercutiendo en desmedro de las familias peruanas,
pero sobre todo en las que se ubican en los quintiles más altos según el ingreso económico familiar.
Rev. Investig. (Arequipa. En línea) ISSN versión electrónica 2309-6691 Año 2015, Volumen 6
7
Presentación
Luego, Rodolfo Castro y Renzo Rivera, nos presentan el “Mapa de violencia contra la
mujer”, utilizando también una metodología econométrica tomando como punto de
partida, los datos del ENDES a nivel nacional. Los resultados destacan que la violencia
es mayor en zonas rurales; y que los predictores de la violencia contra la mujer serían el
que la mujer trabaje fuera de casa, la violencia intrafamiliar en sus hogares de origen, el
mantener un estado civil de convivencia con la pareja, el que la pareja beba alcohol con
frecuencia y pertenecer a los quintiles de riqueza más inferiores.
Finalmente, Salvador Tomás, profesor de la Universidad de Murcia, nos presenta un
trabajo teórico dentro del campo del derecho comparado, en el que se revisan los diversos marcos jurídicos para la administración concursal en cinco países de Europa y en
Estados Unidos.
Así, los seis estudios que comprenden el presente número, nos brindan información
sustancial, sobre temas de gran relevancia en la actualidad, en nuestra región, el Perú y
el mundo; como la violencia contra la mujer, la conducta escolar, la corrupción, la familia, las sequías, la bioética y las leyes concursales europeas. Esperamos que la presente
edición, sirva de aliento para nuevas investigaciones, y que más personas se animen a
colaborar un nuestra revista.
Walter L. Arias Gallegos
Editor Asistente
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Revista de Investigación (Arequipa) ISSN versión impresa 2309-6683 Año 2015, Volumen 6
Agrupamiento escolar y frecuencia de
conductas disruptivas en estudiantes de
segundo de secundaria de Arequipa
Enrique G. Gordillo
Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Lengua y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de
Lingüística y Literatura en la misma universidad. Cuenta con una segunda especialidad profesional en Docencia Universitaria Católica por la Universidad
Católica San Pablo (Arequipa). En la actualidad es asistente de investigación
en la Universidad Católica San Pablo.
Contacto: [email protected]
Giancarlo J. Gamero
Estudiante del décimo semestre del Programa Profesional de
Psicología en la Universidad Católica San Pablo.
Miembro del tercio superior de la universidad.
-9-
-10-
Agrupamiento escolar y frecuencia de
conductas disruptivas en estudiantes de
segundo de secundaria de Arequipa
Single-sex schooling and frequency of disruptive behavior
among middle-school students in Arequipa
Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú
Recibido: 31-07-2013
Modificado: 08-09-2015
Aceptado: 12-11-2015
Resumen
El presente estudio comparó la frecuencia de conductas disruptivas de estudiantes de escuelas
diferenciadas y coeducativas de Arequipa con el fin de encontrar una correlación. Se compararon las frecuencias de conductas disruptivas de 215 estudiantes de segundo de secundaria
de 8 escuelas de Paucarpata y del Cono Norte, pertenecientes a la Federación de Círculos
Sociales Católicos de Arequipa (Circa). No se encontraron diferencias significativas entre el
agrupamiento escolar y las conductas de los estudiantes. Tampoco se hallaron correlaciones
significativas. Se controló por variables intervinientes. El estudio reproduce una investigación
realizada por uno de los autores en otra localidad del Perú y compara ambos resultados.
Palabras Clave
Educación secundaria, problemas disciplinarios, conductas disruptivas, educación diferenciada, coeducación.
Summary
The present study compared the frequency of disruptive behaviors of 215 single-sex and coeducational middle-school students from Paucarpata and Cono Norte, two low-income populations in Arequipa, a major southern city in Peru. Schools from the sample belong to
Federation of Social Catholic Circles of Arequipa (Circa). Statistical significance tests (i.e.,
Student’s t-test) showed no difference between disruptive behavior frequencies between
groups. There were no significant correlation between coeducation and disruptive behaviors.
The study controlled for extraneous variables. This research reproduces a previous study conducted by one of the authors in another Peruvian city, and compares both set of results.
Key Words
Middle-school, disruptive behavior, single-sex schooling, coeducation.
Año 2015, Volumen 6, 9-34
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Introducción
El debate sobre la mejor manera de agrupar a los estudiantes en las aulas en el sistema educativo
formal —educación diferenciada o coeducación1— continúa vigente en el mundo, tanto en
ámbitos científicos como no científicos (Aréchaga, 2013; Diferenciada.org, 2013; RodríguezBorlado, 2011). Se ha advertido numerosas veces, sin embargo, que dicho debate suele moverse
en el plano ideológico-político y pocas veces en el plano científico; por ese motivo, no son pocos
los científicos educativos y sociales que han reparado en la necesidad de acopiar más evidencia
empírica (Riordan, 1994a, 1997; U. S. Department of Education Office of Planning Evaluation and Policy Development Policy and Program Studies Service, 2005).
También en nuestro país se ha señalado la ausencia de investigaciones con apropiada metodología sobre el particular (Gordillo, 2011). En tal sentido, en el año 2008, llevamos a cabo
una investigación para hallar una eventual correlación entre el modo de agrupar a los estudiantes y las conductas de indisciplina que estos presentaban en clase (Gordillo, 2008, 2013).
Se escogió el tema de la indisciplina escolar debido a los testimonios de algunos docentes
que —aunque sin metodología científica de por medio— dan cuenta de que las escuelas
diferenciadas tendrían una mejor disciplina que las mixtas (Dicapua, 2003; Gurian, 2001;
Jost, 2002; Masterson, 2003; National Association for Single-Sex Public Education, s. d.).
La indisciplina es un tópico frecuente en los discursos de los docentes sobre sus principales
problemas en el aula (Eggleton, 2001; Tomal, 1998), y está vinculada con el síndrome del
burnout que estos suelen experimentar (Arias y Barrios, 2013; Hastings y Bham, 2003). Si,
además, tenemos en cuenta que está documentada la relación entre el mal comportamiento
y el bajo rendimiento de los estudiantes (Gotzens, 1986; Malecki y Elliot, 2002), terminaremos de entender su importancia.
En dicha ocasión, los resultados mostraron una ventaja de las escuelas diferenciadas sobre
las mixtas debido a la menor frecuencia de conductas disruptivas en las primeras; luego de
controlar variables confusoras, el coeficiente de correlación parcial empleado demostró una
correlación débil (r = 0.363) entre una de las tres categorías de conductas disruptivas consideradas y la coeducación. Las otras dos categorías no alcanzaron un coeficiente significativo
(Gordillo, 2008, 2013).
Si bien la investigación mencionada no contó con una muestra representativa sino con una
no probabilística intencional —por lo que los resultados obtenidos no se pueden extender
a una población diferente de la estudiada—, la relativamente numerosa población con la
que se contó (844 estudiantes de 10 escuelas del Callao) confería a los resultados una significatividad especial que despertó nuestro interés por reproducirla con otras poblaciones. Por
ese motivo la llevamos a cabo en la ciudad de Arequipa, localidad urbana ubicada al sur del
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Revista de Investigación (Arequipa) ISSN versión impresa 2309-6683 Año 2015, Volumen 6, 9-34
Agrupamiento escolar y conductas disruptivas en estudiantes de segundo de secundaria de Arequipa
Perú2, donde intentamos reproducir lo más fielmente posible las condiciones de la primera.
Debido a los rationales considerados —relativos a características comunes del adolescente en
general, y quizá del peruano en particular3—, esperábamos los mismos resultados.
Metodología
Con la finalidad de acceder a una población amplia, se solicitó autorización a la Federación
de Círculos Sociales Católicos de Arequipa (Circa) para acceder a los colegios que posee en la
ciudad. Circa es una institución privada, sin fines de lucro, que tiene entre sus fines promover la educación básica de la niñez de muy escasos recursos en Arequipa (Circa, s. d.). Con
ese objetivo mantiene cerca de 40 escuelas en la ciudad, que funcionan bajo el régimen de
gestión mixta, es decir, se manejan como una institución privada pero cuentan hasta cierto
punto —concurso de plazas docentes, remuneración de profesores, etcétera— con financiamiento del Estado peruano.
Se decidió trabajar con los colegios que la institución mantenía en la zona llamada Cono
Norte y en Paucarpata, el distrito de la ciudad de Arequipa con el mayor número de habitantes de la provincia (120 446; Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007). Este
distrito no posee área rural, al igual que el Callao, la población anteriormente estudiada (Gordillo, 2008). Al trabajar con los colegios de esta institución, de alguna manera se controló
metodológicamente la variabilidad socioeconómica de los participantes en el estudio debido
a que Circa atiende a población de escasos recursos (Medina, 2013). Por ese mismo motivo,
no fue necesario emparejar en la muestra colegios diferenciados con mixtos de características
similares según su ubicación geográfica y su talla, como sí se hizo en la investigación anterior
(Gordillo, 2008, 2013).
Tras eliminar los formularios de quienes ofrecieron respuestas inverosímiles (mediante un
análisis percentilar) y de las escuelas que no cumplían las condiciones metodológicas planteadas por el estudio, se contó con la participación de 215 estudiantes (93 hombres; 122
mujeres), todos de segundo de secundaria. De ellos, 144 provenían de aulas diferenciadas
(81 mujeres; 63 hombres) y 71 provenían de aulas mixtas. En total se estudiaron 12 aulas:
8 diferenciadas (4 de varones y 4 de mujeres) y 4 mixtas. Las aulas provenían, en total, de 8
escuelas, de las cuales 4 eran diferenciadas (2 de hombres y 2 de mujeres) y 4 eran mixtas.
En el estudio se consideraron dos variables. La primera se denominó agrupamiento escolar por sexo,
y consideraba, a su vez, dos posibilidades: agrupamiento diferenciado (exclusivamente de hombres
o exclusivamente de mujeres) y agrupamiento mixto. Se consideró que el agrupamiento era diferenciado cuando los estudiantes pasaban toda la jornada escolar exclusivamente con pares de su
mismo sexo. La segunda variable se denominó frecuencia de conductas disruptivas, variable con
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13
tradición en la literatura relacionada con el tema (Bastick, 2000; Cornelius-White, 2007; Datnow,
Hubbard, y Woody, 2001; Gotzens, 2008; Jost, 2002; Peiró i Gregòri, 2007). Esta variable fue
definida como conductas, por parte de los estudiantes, que interrumpen el normal funcionamiento de una clase y perturban la convivencia por constituir transgresiones a normas establecidas
(Peralta, Sánchez, Trianes, y de la Fuente, 2003; Silva y Neves, 2006). La variable, a su vez, fue
dividida en tres categorías: (a) frecuencia de conductas disruptivas que interrumpen el estudio;
(b) frecuencia de conductas disruptivas de falta de responsabilidad del estudiante; y (c) frecuencia
de conductas disruptivas perturbadoras de las relaciones sociales en la clase. Cada una de ellas fue
operativizada mediante un conjunto de indicadores (Fernández García, 2001; Gotzens, 1986;
Millman, Schaefer, y Jeffrey J. Cohen, 1981), tal como se muestra en el anexo nº 1.
Debido a la compleja naturaleza de las variables en estudio (Riordan, 2007), se controlaron metodológica y matemáticamente diversas variables intervinientes y confusoras, del mismo modo que
en la investigación anterior. En el anexo nº 2 se puede encontrar una lista de ellas. Una diferencia,
sin embargo, es la ausencia de control sobre el estilo de disciplina con el que el docente manejaba el aula (Gordillo, 2008, 2013; Tomal, 1998). En la investigación anterior, dicha variable fue
controlada mediante un instrumento adaptado para tal fin; sin embargo, este arrojó un resultado
espurio, por lo que no fue tenido en cuenta para la presente investigación.
La frecuencia de conductas disruptivas se midió en función del promedio de conductas disruptivas
cometidas por cada alumno durante una hora de clase. Para obtenerlo, se pidió a cada estudiante
de la muestra que declarase cuántas cometió durante una clase corriente. El instrumento para
recoger dicha información fue un cuestionario elaborado a partir de los indicadores de las tres
categorías contempladas. Este modo de recoger información ha sido aplicado en estudios similares
(Bastick, 2000; Gotzens, Castelló, Genovard, y Badia, 2003; Sara-Lafosse, Chira, y Fernández,
1989), y algunos expertos opinan que es más fiable que la observación directa (Gotzens, et al.,
2003). El instrumento, que también recogía información sobre las variables confusoras, es el mismo que se utilizó en la investigación anterior, validado por medio del juicio de expertos en aquella
ocasión (Gordillo, 2008), y aparece presentado en el anexo nº 3.
El instrumento fue aplicado entre el 17 y el 24 de junio de 2013 por personal de campo debidamente capacitado, y se aplicó siempre durante la hora semanal del curso de Tutoría que los
alumnos de los colegios Circa reciben como parte de su currículo.
Dado que el estudio relacionó una variable continua (frecuencia de conductas disruptivas)
y una nominal dicotómica (agrupamiento mixto y agrupamiento diferenciado), se utilizó el
coeficiente de correlación biserial puntual para la búsqueda de una correlación (Gay, 1976;
Silva Quiroz, 2008). El control de las variables intervinientes o confusoras se realizó por
medio de una correlación parcial.
14
Resultados
El Gráfico Nº 1 muestra la comparación simple de las frecuencias de conductas disruptivas
halladas para los estudiantes de escuelas mixtas y para los de escuelas diferenciadas. Es fácil
comprobar que, si bien estos últimos presentan menos conductas disruptivas que sus pares de
las coeducativas en dos de las categorías, la diferencia es estadísticamente despreciable, como
lo confirma el análisis de significancia estadística efectuado para cada una de las tres categorías contempladas, a saber, conductas que interrumpen el estudio (t (213) = 0.222; p = .825);
conductas de falta de responsabilidad (t (213) = -1.813; p = .071) y conductas antisociales (t
= -1.014; p = .312). La nota distinta está en la primera categoría de conductas —conduc(213)
tas que interrumpen la clase—, donde la mayor frecuencia está en los estudiantes de colegios
diferenciados, si bien, nuevamente, la diferencia es estadísticamente no significativa (t (213) =
0.222; p = .825)
Promedio de conductas disruptivas (por subvariables)
según agrupamiento escolar por sexo
PROMEDIO DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS POR
HORA DE CLASE (POR ESTUDIANTE)
14
12.4
12
12.1
10
8
Diferenciado
Mixto
6
4
2
0
1.4
Interrumpen la clase
2.1
Falta de responsabilidad
2.4
2.9
Perturbadoras sociales
TIPOS DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS (CATEGORÍAS)
Gráfico Nº 1.
Promedio de conductas disruptivas (por categorías) según
agrupamiento escolar por sexo en Arequipa (2013)
Los resultados obtenidos parecen seguir —en general— la tendencia hallada en la investigación anterior —excepto en la primera categoría—, aunque en aquella ocasión las
diferencias eran significativas, como se puede ver en el Gráfico N° 2.
15
HORA (POR ESTUDIANTE)
25.00
19.74
20.00
15.00
Diferenciados
10.00
Mixtos
9.90
5.44
5.00
3.36
1.72
0.00
3.11
Conductas perturbadoras sociales
CONDUCTAS DISRUPTIVAS (CATEGORÍAS)
Gráfico Nº 2.
Promedio de conductas disruptivas (por categorías) según
agrupamiento escolar por sexo en el Callao (2008)
PROMEDIO DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS
POR HORA (POR ESTUDIANTE)
25.00
20.30
20.00
16.41
15.00
Diferenciados
Mixtos
10.00
7.26
4.14
5.00
0.00
7.16
2.52
Gráfico Nº 3.
Promedio de conductas disruptivas de varones según
agrupamiento escolar por sexo en el (Callao 2008)
Al igual que en dicha ocasión —aunque no era parte de los objetivos de la investigación—,
en la presente decidimos ver qué ocurría al considerar los datos de hombres y mujeres por
separado. A diferencia de lo ocurrido en la investigación de 2008, donde se halló que los
resultados desagregados para hombres y mujeres seguían la tendencia de la comparación
general (como se puede apreciar en los Gráficos N° 3 y N° 4), en esta nueva investigación
16
se ve que no hay diferencia significativa entre los hombres de ambos tipos de agrupamiento
ni entre las mujeres (véase los Gráficos N° 5 y N° 6).
PROMEDIO DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS
POR HORA (POR ESTUDIANTE)
25.00
20.00
19.11
15.00
Diferenciados
Mixtos
10.00
7.89
5.00
1.48
0.00
3.55
2.50
1.82
Gráfico Nº 4.
Promedio de conductas disruptivas de mujeres según
agrupamiento escolar por sexo en el Callao (2008)
14
12.8
12.8
12
10
8
Diferenciado
Mixto
6
4
2.5
2
0
2.3
2.8
1.4
Gráfico Nº 5.
Promedio de conductas disruptivas de varones según
17
14
12
12
11.5
10
8
Diferenciado
Mixto
6
4
2
0
1.4
2.4
1.8
2.9
Gráfico Nº 6.
Promedio de conductas disruptivas de mujeres según
Al hallar las correlaciones estadísticas para las variables que nos interesan —y luego de
controlar las variables confusoras—, tenemos los coeficientes de correlación parcial mostrados en la Tabla N° 1 para cada una de las tres categorías estudiadas:
Tabla Nº 1.
Coeficientes de correlación parcial entre frecuencia de conductas disruptivas y
agrupamiento escolar mixto en Arequipa (2013)
r
R2
R ajustado
Conductas que interrumpen el estudio
0.070
0.235
0.055
Conductas de falta de responsabilidad
0.103
0.026
0.002
Conductas perturbadoras de las relaciones
sociales en clase
0.136
0.034
0.006
Según algunos autores, estos resultados no alcanzan la magnitud necesaria (Cohen y
Manion, 2002) para hablar de una correlación entre la coeducación y la frecuencia de
conductas disruptivas, a diferencia de la investigación anterior, como se puede ver en la
Tabla Nº 2.
18
Tabla Nº 2.
Coeficientes de correlación parcial entre frecuencia de conductas disruptivas y
agrupamiento escolar mixto en el Callao (2008)
r
R2
R ajustado
Conductas que interrumpen el estudio
0.363
0.132
0.121
Conductas de falta de responsabilidad
0.281
0.079
0.067
Conductas perturbadoras de las relaciones sociales en clase
0.300
0.090
0.078
Discusión
La irrelevancia de la diferencia entre las frecuencias de conductas disruptivas de ambos
agrupamientos escolares quizá sea lo que más llame la atención en los resultados de
la presente investigación, sobre todo cuando se comparan con los de la anterior. Este
hecho podría explicarse por una o más variables desconocidas que quizá no hayan sido
controladas.
Es posible que una o más de aquellas variables tengan que ver con que todos los colegios
que participaron en la investigación pertenecían a la misma institución promotora (Circa, en este caso). Dado este dato, es posible suponer un mismo estilo de acercamiento a
la disciplina en todos los docentes de los alumnos participantes, una suerte de variable
que podríamos denominar estilo institucional de disciplina. Algunos postulan que el estilo
con el que el docente encara la disciplina en el aula tiene alguna asociación con la frecuencia de conductas disruptivas (Bedoya, 2006). De hecho, el estilo con el que la escuela y el docente encaran la disciplina en el aula (amén de otros aspectos institucionales)
son mencionados por McNamara y Jolly en su modelo teórico (1994) como elementos
relacionados con los problemas de disciplina de los estudiantes (vid. anexo Nº 4).
En el Callao las escuelas participantes eran todas diversas, y lo único que tenían en
común era la gestión pública y su ubicación en la misma área urbana (Gordillo, 2008,
2013). En dicha investigación se intentó controlar los factores relacionados con el estilo
docente mediante un instrumento propuesto por Daniel Tomal, con los resultados que
ya se mencionaron; los factores relacionados con la escuela, en cambio, se controlaron
estadísticamente. En el caso de la presente investigación, los factores relacionados con
dichas variables no se controlaron metodológicamente, y más bien se supuso que, debido a que todos los docentes pertenecían a la misma institución promotora, podrían
19
tener —de alguna manera— pautas comunes para el manejo de la disciplina. Esta idea
cobra más fuerza cuando se tiene en cuenta que Circa, en tanto institución, se plantea
como objetivo la educación en general de la niñez en desventaja socioeconómica, y no
solo su formación religiosa, como era el objetivo único de la institución con la que se
trabajó en la investigación realizada en el Callao4. De hecho, Circa funda, dirige y promueve escuelas, e incorpora en el currículo propuesto a sus alumnos algunos elementos
comunes como, precisamente, las clases de Tutoría en las que se aplicó el instrumento
de investigación, además de actividades extracurriculares para todos los alumnos como
retiros anuales, campañas de obras de caridad, entre otras. Para estos objetivos se reúne
con los profesores una vez al mes, y con los directores de sus escuelas una vez a la semana
(Medina, 2013). Estos elementos abonan en favor de un supuesto estilo institucional,
que podría también incluir algunas pautas para lidiar con la disciplina.
Dicho todo esto, es posible suponer que, para el caso de las escuelas Circa, tal vez el
efecto de esta variable sea más poderoso sobre las conductas disruptivas que el del agrupamiento escolar.
Otros factores que podrían explicar la diferencia en los resultados de una y otra investigación son los relacionados con la pubertad. Ambas investigaciones asumen el rationale
de que la frecuencia de conductas disruptivas se encuentra asociada con la edad de los
sujetos de estudio, esto es, la pubertad, tiempo de alta variabilidad en la configuración
de las personas, y de abundantes diferencias de maduración entre hombres y mujeres.
Para nuestro tema es relevante consignar que algunas de estas características determinan diferencias en el aprendizaje —en la calidad, resultado, velocidad o método más
adecuado—, diferencias en la manera de comportarse de ambos sexos —por ejemplo,
en los niveles de agresividad, en la resistencia al dolor, la preferencia por juegos bruscos
y violentos—, así como diferencias en el manejo y la verbalización de las propias emociones, en el locus de control, la respuesta frente a amenazas y eventos traumáticos, los
modos y actualizaciones de la violencia, la facilidad para el aburrimiento, entre otras
(Gurian, 2001; Sax, 2005). A partir de estas premisas, consideramos razonable suponer
que el hecho de que púberes hombres y mujeres se encuentren juntos en una misma aula
podría aumentar los problemas de indisciplina debido a la comprensible incapacidad del
docente para aplicar estrategias —pedagógicas, de disciplina, etcétera— que beneficien
a ambos grupos por igual (Gurian, 2001).
Está documentado que el timing de la pubertad y la velocidad y amplitud del crecimiento físico están afectados por factores como la alimentación de la madre durante el
embarazo (y el subsecuente bajo peso del neonato), la alimentación del niño, el índice
20
de masa corporal, las infecciones, el calor, la luminosidad solar, la radiación, la raza, el
clima, las estaciones y la altitud (Cossio-Bolaños, de Arruda, Núñez Álvarez, y Lancho
Alonso, 2011; Muzzo, 2007). Algunos de los factores mencionados constituyen diferencias ambientales entre los contextos de las poblaciones del Callao y Arequipa5. Debido a
ello, es posible que en ambas poblaciones la pubertad no empiece al mismo tiempo; de
hecho, tal vez sea posible postular un retraso de la pubertad en la población arequipeña
estudiada debido a que —si el rationale descrito líneas arriba es cierto— el mencionado
desbalance en la maduración y, subsecuentemente, en el comportamiento, aún no se
habría presentado, lo cual podría explicar que hayamos encontrado aulas con características de comportamiento bastante similar sin importar el agrupamiento escolar por sexo.
Naturalmente, no pretendemos simplificar el problema de la indisciplina a la aparición
de la pubertad, ya que está suficientemente postulada la multifactoriedad del problema
(Carrascosa y Martínez Mut, 1998; Fernández García, 2001; Gotzens, 1986; Guevara,
2007; McNamara y Jolly, 1994; Peiró i Gregòri, 2007), amén de que la comprobación
de estas hipótesis y sus implicaciones demandan otro tipo de investigación.
Considerando que, tanto la investigación realizada en 2008 por nosotros como la presente han tenido una metodología similar y una población de la misma edad —salvadas
las diferencias ya expuestas—, llama la atención la mencionada diferencia de sentido.
Se ve clara la necesidad de más investigación, quizá con la reproducción de la misma
metodología en otras localidades con el fin de dilucidar si la diferencia se debe a particularidades de la población estudiada en el Callao o si la pubertad o el estilo de disciplina
de una escuela, efectivamente, tienen un efecto más potente sobre la conducta; en este
último caso, por cierto, habría que preguntarse por qué en Arequipa no se consiguieron
los resultados que se esperaban a partir de los resultados obtenidos en el Callao.
21
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26
Anexos
Anexo Nº 1.
Categorías e indicadores de la presente investigación
Categorías
Indicadores
-Habla sin permiso con otro(a) compañero(a)
-Camina por el aula sin permiso
-Molesta a sus compañeros(as)
-Hace ruidos molestos durante la case (tamborilea con
los dedos, canta, silba, etcétera.)
-Grita en clase con o sin motivo
Conductas que interrum- - Hace tareas distintas a las asignadas por el profesor en
la clase
pen el estudio
-Se dedica a una actividad que no es requerida ni por la
tarea ni por el docente
-Come en clase sin permiso
-Juega durante la clase sin permiso
-Usa el celular en la clase sin permiso
-Desobedece abiertamente una orden del maestro
-Interrumpe la clase para hacer reír o llamar la atención
-Sustrae sin permiso cosas de los demás y se las apropia
-Evade clases (se ausenta indebidamente)
Conductas de falta de res-Destruye el mobiliario del aula a propósito
ponsabilidad del estudiante
-Evade responsabilidades y cuando el docente las solicita, se hace el desentendido
-Agrede físicamente a sus pares dentro o fuera del aula
Conductas perturbadoras -Utiliza lenguaje soez (groserías)
de las relaciones sociales
-Insulta a sus pares
en clase
-Insulta al profesor (a sus espaldas o delante de este)
-Participa en juegos o tocamientos de tipo sexual
27
Anexo Nº 2.
Lista de variables intervinientes y confusoras que fueron controladas
Variable
Comentario
Experiencia del estudiante bajo un Se refiere a si el alumno ha estado expuesto
mismo agrupamiento por sexo (Rey de durante toda su escolaridad a un único modo
Castro, 2003; Riordan, 1994b)
de agrupación (ya sea mixto o diferenciado) o
si ha estado expuesto primero a uno y luego
al otro.
Estructura familiar del estudiante (Ca- Si el estudiante vive con sus dos padres (esrrascosa, 1996; Rey de Castro, 2003; tructura familiar intacta) o si vive sólo con uno
Riordan, 1994a)
de ellos o con ninguno.
Talla de la escuela (Sara-Lafosse, et al., Diversas investigaciones han demostrado que
1989)
esta variable guarda una correlación positiva con
la presencia de conductas disruptivas y la aparición de actos de violencia y violencia seria en la
escuela (Dinkes, Forrest Cataldi, Kena, y Baum,
2006; Miller, 2003).
Talla del aula
Se tomó en cuenta por las mismas razones que
la anterior.
Número de horas pedagógicas de la Es lógico suponer que en una clase de dos
sesión en que se administró el cuestio- horas hay más probabilidades de encontrar
nario
una mayor frecuencia de conductas disruptivas que en una de una hora, lo cual evidentemente alteraría los resultados de la medición
que se habría de realizar en clases de distinta
duración.
Niveles educativos ofrecidos por la es- En el Perú la educación escolar se divide en dos
cuela
niveles: primaria (de 6 a 12 años) y secundaria
(de 13 a 17). En el Perú es común que una misma escuela ofrezca los dos niveles. Dado que se
trabajó con el nivel de secundaria, el hecho de
que una escuela no ofreciera también el nivel
de primaria aumentaba la probabilidad de que
el estudiante, al provenir forzosamente de una
escuela diferente, haya pasado de un ambiente
coeducativo a uno diferenciado o viceversa.
Heterogeneidad entre aulas
Sexo del docente
Sexo del estudiante
Edad del estudiante
28
Anexo Nº 3.
Instrumento utilizado
Cuestionario
Hola. Necesitamos tu ayuda para una investigación que estamos realizando. Este cuestionario ES ANÓNIMO y busca recolectar información para ayudar a mejorar el ambiente de las aulas en varios colegios. Por eso no hay respuestas correctas ni incorrectas.
Contéstalo con la mayor sinceridad posible y con toda confianza: nada de lo que pongas
aquí será usado para perjudicarte o perjudicar a los demás. ¡Gracias!
1. ¿Cuántos años tienes?
Tengo _____ años.
2. Indica tu sexo (encierra en un círculo la alternativa)
(a) Masculino.
(b) Femenino.
3. ¿Desde cuándo estudias en este colegio? (encierra en un círculo la alternativa)
(a) Desde primero de primaria.
(b) Desde segundo de primaria o después.
4. [Responde esta SOLAMENTE si te cambiaron de colegio UNA vez]: ¿Tu anterior colegio era mixto?
(a) Sí.
(b) No.
5. ¿De qué sexo es el profesor de Tutoría? (la hora en que te están tomando el cuestionario).
29
(a) Masculino.
(b) Femenino.
6. ¿Tu papá y tu mamá viven contigo en la misma casa?
(a) Sí, vivo con los dos.
(b) Vivo con mi papá y su compromiso (mi madrastra).
(c) Vivo con mi mamá y su compromiso (mi padrastro).
(b) Vivo solamente con mi papá.
(c) Vivo solamente con mi mamá.
(d) Mis padres no viven conmigo, pero vivo con otras personas mayores (tíos,
abuelos, etc.).
Pasa a la siguiente página por favor.
La siguiente parte es muy importante; con ella ayudarás a muchos chicos y chicas como
tú. Por eso necesitamos que contestes con la mayor sinceridad posible: indica cuántas
veces durante esta clase has cometido cada una de las conductas señaladas a continuación. Escribe al lado de cada una de ellas el número de veces que tuviste dichas conductas (si no las tuviste, escribe un 0, pero no dejes ninguna en blanco). No hay respuestas
correctas o incorrectas; lo único que cuenta es tu sinceridad. Recuerda que la encuesta es
anónima y que nada de lo que escribas aquí será usado para perjudicarte.
7. Conversar con un(a) compañero(a) de algo que no tiene que ver con la clase.
______
8. Caminar por el salón sin permiso. ______
9. Aprovechar que te paraste al tacho (o a borrar la pizarra, etc.) para luego terminar yéndote donde un(a) compañero(a) a decirle algo que no tenía nada que ver
con la clase o fastidiarlo(a) o perder el tiempo. ______
30
10.Molestar a uno o más compañeros (bromas, jalarles el pelo, tirarles cosas).
______
11.Hacer ruiditos a propósito, para fastidiar (tamborilear los dedos, «tocar batería»
con los lapiceros, cantar, silbar, etc.). ______
12.Gritar en clase. ______
13.Hacer la tarea de otro curso. ______
14.Hacer una cosa que no tenía nada que ver con el curso (escribir una carta, llenar
un slam, dibujar, escuchar música, etc.). ______
15.Comer sin permiso. ______
16. Jugar durante la clase sin permiso (jugar cartas, jugar con el celular, etc.). ______
17.Usar el celular en clase (llamadas o mensajitos). ______
18.Desobedecer abiertamente una orden del profesor (abiertamente quiere decir
que lo hiciste dándote cuenta y a propósito). ______
19.Reírte escandalosamente en clase o hacerle una pregunta al profesor solo por
fastidiar, para llamar la atención. ______
20.Pedirle prestado algo a un compañero o simplemente quitárselo y quedártelo
intencionalmente. ______
21.Salir del salón varias veces con alguna excusa para perder hora, o salir y no regresar. ______
22.Salir del salón antes de la clase y no volver hasta después de que terminó (o incluso más tarde). ______
23.Malograr a propósito una carpeta, silla, mesa, etc. (no importa si el daño fue
poco o mucho). ______
31
24.Meterle un lapo a un(a) compañero(a), de broma o en serio, durante la clase.
______
25.Agarrarte a golpes con un(a) compañero(a). ______
26.Decir lisuras. ______
27.Hacerle gestos obscenos a un(a) compañero(a) porque te cae mal o estabas
molesto(a) con él o ella. ______
28.Insultar al profesor (a sus espaldas o delante de él). ______
29.Manosear o meterle la mano a un(a) compañero(a) en serio o en broma. ______
30.No hacer la tarea y cuando el profesor te preguntó, hacerte el loco o la loca.
______
Eso es todo. ¡Muchas gracias por tu ayuda!
32
Anexo Nº 4.
Modelo teórico de factores relacionados con indisciplina escolar (McNamara y Jolly, 1994)
Situación
preocupante
Factores relacionados con
la clase y el docente
Factores relacionados
con el alumno
DOCENTE: personalidad;
estilo de manejo de grupo;
expectativas y actitudes
CURRICULUM:
estructuración y administración
de los contenidos
MANEJO DE GRUPO:
reglas; retroalimentación
(académica y social);
ethos (positivo o negativo)
salud mental,
personalidad,
etapa cognitiva,
habilidades sociales,
autoimagen,
autoestima,
estilo personal
ANÁLISIS DEL
PROBLEMA
Factores relacionados
con la familia, el hogar
y el ambiente
de crianza
factores socioeconómicos;
expectativas familiares;
valores familiares y estilo
de vida;
presión de los padres
Factores relacionados con
el sistema de organización
de la escuela
currículo;
plan pastoral;
sistema de premios y castigos;
agrupación del alumnado;
distribución de aulas;
otros factores
Acción resultante
33
Notas
1
En el presente trabajo los términos coeducación y educación mixta serán tomados como sinónimos.
Población total: 1 152 303 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática,
2009).
2
Vid. infra.
Se trata de la Oficina Diocesana de Educación Católica (ODEC) del Callao (http://odecdelcallao.blogspot.com/).
Algunas de las diferencias entre el Callao y Arequipa son las relativas a la altitud (Callao: 7
m. s. n. m.; Arequipa: 2335 m. s. n. m.) (Instituto Nacional de Estadística e Informática,
2013, s. d.), el clima, la humedad relativa, la luminosidad, los niveles de radiación solar, la
distribución étnica de la población, las estaciones. Considérese también la ya mencionada
diferencia de nivel socioeconómico entre las poblaciones estudiadas.
3
4
5
34
Aportaciones del pensamiento tomista al debate
bioético acerca de la persona
Lourdes Velázquez G.
Doctora en Filosofía por la Universidad de Génova
y Vicepresidenta de la Federación Internacional
de Sociedades de Filosofía (FISP).
Es catedrática de la Facultad de Bioética
de la Universidad Anáhuac de México.
-35-
-36-
Aportaciones del pensamiento tomista al debate
bioético acerca de la persona
Contributions of the Thomistic thought
to the bioethical debate about the person
Universidad Anáhuac, Huixquilucán, México
Resumen
Las nuevas posibilidades de manipulación de la vida (desde las primeras etapas hasta las últimas), enfrentan al hombre a nuevos peligros y a nuevas formas de discriminación. Para
encontrar soluciones a muchos dilemas que surgen en estos contextos la bioética ha buscado
ciertos fundamentos filosóficos y parece haber encontrado un punto firme compartido en el
principio del respeto para la persona. Sin embargo el propio concepto de persona se entiende a menudo según significados diferentes, lo que implica respuestas incompatibles frente
a cuestiones esenciales. Por esta razón nos proponemos reivindicar la necesidad de afirmar
una concepción «sustancialista» de la persona en lugar de la concepción «funcionalista», muy
difundida hoy en día, y mostrar la actualidad de algunos enfoques expresados en la filosofía
tradicional en este respecto.
Palabras Clave
Bioética personalista, ontología de la persona, sustancia y función.
Summary
The new possibilities of manipulating life (from the first stages up to the latter), face man to
new dangers and new forms of discrimination. To find solutions to many dilemmas that arise
in these contexts the bioethics has sought certain philosophical foundations and he seems to
have found a firm point shared on the principle of respect for the person. However the very
concept of person is frequently understood as different meanings, which implies responses
incompatible compared to some basic issues. For this reason we claim the need to assert a
conception «substantialist» of the person rather than the conception «functionalist» today,
widespread and today we’ll show you some of the approaches set out in the traditional philosophy in this regard.
Key Words
Bioethics personalist, ontology of the person, substance and function.
Año 2015, Volumen 6, 35-43
-37-
La búsqueda de principios compartidos en la bioética
Se puede decir que desde su inicio la bioética se ha revelado como un campo de contrastes
entre doctrinas éticas diferentes, y al mismo tiempo ha sido empujada por el deseo de encontrar puntos de convergencia, ya que, al final de la cuenta, lo que se busca son algunas indicaciones precisas a propósito de lo que se debe o no se debe hacer en determinadas situaciones
concretas y, en estos casos, casi nunca hay posturas medianas o de compromiso. Así se explica
que desde el comienzo se intentó evidenciar algunos «principios» mínimos que pudieran
ser aceptados por todos, independientemente da las diferentes doctrinas éticas dentro de las
cuales recibiesen una u otra justificación. El respeto para la persona se presentó como uno de
los más significativos entre dichos principios y, en particular, como una especie de defensa
contra el total relativismo que consigue a una absolutización del principio de «autonomía»,
el cual al final de la cuenta reconoce como criterio último de legitimidad moral la decisión
subjetiva del que cumple una determinada elección. Al contrario, la referencia al respeto de la
persona parece ofrecer un fundamento «objetivo» para una decisión éticamente correcta. Por
esto una «ética personalista» se presenta como el mejor argumento contra el relativismo y el
subjetivismo hoy muy difundido en nuestra cultura.
Sin embargo esta esperanza no se ha realizado en medida suficiente, ya que el propio concepto de persona puede entenderse (y de hecho se entiende) según dos significados diferentes
que conciernen a lo que podemos llamar la «ontología» de la persona. En un primer sentido
la persona posee el estatus ontológico de una sustancia es decir de un ser individual que posee
una naturaleza y existencia propia y puede además gozar o no gozar de muchas propiedades.
En otro sentido la persona se caracteriza como un simple conjunto de propiedades que, en la
terminología tradicional, son accidentes y no poseen una existencia en sí mismos, sino únicamente en «algo» diferente (normalmente en una sustancia). Por consiguiente algo que posee
este conjunto de propiedades se considera, en nuestro caso, persona, sea lo que sea, mientras
que no se considera persona algo que no posee estas propiedades. Por consiguiente, muchas
filosofías «personalistas» que han celebrado las magníficas propiedades o capacidades de la
persona (como conciencia, autoconsciencia, creatividad, libertad, autonomía, etc.) olvidándose de darles una referencia sustancial, no han garantizado un buen fundamento para una
ética personalista. Así, por ejemplo, no es muy difícil decir por parte de quien acepte esta
concepción funcionalista de la persona: «el embrión, el feto, el enfermo terminal, no poseen
las capacidades de conciencia, autonomía, libre decisión, etc., y por tanto no son personas y
no somos moralmente obligados a respetarlos como tales».
En otras palabras, si una vida (humana o no) es reconocida como expresión de la vida
de la persona, entonces existe un consenso casi unánime para considerarla digna de ser
38
Aportaciones del pensamiento tomista al debate bioético acerca de la persona
respetada y protegida; si, en cambio, a la vida (o a ciertas manifestaciones vitales en determinadas fases de desarrollo) no se le reconoce o no se le atribuye un valor personal,
no se considera entonces como digna de ser protegida (al menos de manera trascendental). Si, en efecto, el concepto de persona tiene una fuerte carga evocativa, aceptada
generalmente (ya al nivel intuitivo del sentido común, el término «persona» indica un
sujeto, y no un mero objeto, digno, en cierta medida, y en cierto grado, de respeto y de
protección1), es necesario decir que de igual forma, el concepto vive hoy, en el ámbito
del pensamiento posmoderno, un momento filosófico de crisis especulativa. En este caso, en primera instancia, muchos han pensado que el concepto de persona podría ser un
punto de «referencia» en el ámbito de las discusiones bioéticas actuales, sin embargo, nos
hemos dado cuenta de la dificultad del uso de este concepto. La apelación a la dignidad
de la persona y a sus derechos, a los que cualquiera querría suscribirse sin tanta demora,
en retrospectiva esconde múltiples equívocos que son necesarios aclarar y que la filosofía
tomista busca esclarecer en la dirección del sentido filosófico original del concepto.
Diferentes concepciones de la persona
En las discusiones bioéticas, existen muchas concepciones empírico-funcionalistas
(anti-metafísicas) que separan el concepto de «persona» y el de «ser humano». Pensemos, por ejemplo en la separación cartesiana entre res cogitas y res extensa, que sentó
las bases para la identificación de la persona únicamente con la autoconciencia (reduciendo la corporeidad a la mera materia misma en movimiento). De manera parecida
el empirismo criticó el concepto de sustancia y redujo la persona a un «conjunto» de
impresiones e ideas. De este modo le quitó al concepto de persona la característica de
sustancia y abrió una vía hacia la tematización de la separación del concepto de persona del de ser humano y de la vida humana, cosa que se refleja en las varias posturas
de la Bioética contemporánea.
La consecuencia directa de estas teorías «separatistas» es el «aplazamiento» del inicio de
la existencia de la persona con respecto al inicio de la vida del ser humano y la «anticipación» del fin de la persona con respecto al fin de la vida humana. En otras palabras,
de acuerdo a estas teorías, el ser genética y biológicamente humano no es persona desde
el momento de la fecundación, se «convierte» en persona en un posteriormente (luego
entonces, hay seres humanos que «no» son personas, o mejor dicho, que aún no lo son).
Sin embargo, las mismas teorías han recaído en las consideraciones sobre el fin de la vida
humana, anticipando el fin de la persona con respecto a la muerte biológica natural del
ser humano (hay algunos seres humanos que «no son ya» personas, si es que lo han sido
en el pasado). Desde entonces, a partir de diversos modos «reduccionistas» de concebir a
39
la persona el ser humano se ha convertido en un sujeto, en sentido pleno de la palabra,
al momento de la implantación del embrión en el útero materno, en el momento de
la formación de la línea primitiva (al 14º día desde la concepción), al momento de la
formación del sistema nervioso central o de la corteza cerebral, o bien, al momento de la
plena adquisición de la autonomía. No obstante, las mismas teorías sostienen que el ser
humano cesa de ser persona en el momento en que pierde sus capacidades relacionales,
racionales y volitivas, o bien, durante los momentos llenos de sufrimiento en la vida.
En el ámbito de dichas teorías, el concepto de persona, elaborado originalmente por la
filosofía para caracterizar al ser humano, es utilizado en «contra» del hombre mismo.
Hasta el punto en el que, después de los fenómenos de esclavitud, del colonialismo, de
racismo y de machismo, la bioética se ha visto en la necesidad de afrontar nuevas formas
de discriminación humana, más sutiles y ocultas, porque tocan y afectan precisamente a
los casos límites: la discriminación en contra de los zigotos, los embriones, los fetos, los
bebés, los niños, los discapacitados, los enfermos mentales, los ancianos, los pacientes en
estado de coma y los pacientes terminales.
Justamente, el uso ambiguo del concepto de persona llevó hacia una inversión de posiciones muy paradójica. El tema de la persona, predilecto de las filosofías de carácter
cristiano y metafísico (como por ejemplo la tomista), es siempre más utilizado por aquellas tendencias filosóficas de matriz empirista-funcionalista. Al contrario, la noción de
persona, en Bioética, comienza a ser vista con desconfianza por los mismos que la habían
formulado: no es cosa rara que justamente aquel que se declara promotor del respeto
y de la tutela de la vida humana desde la concepción hasta el último instante prefiera
omitir la referencia hacia la persona, por miedo de caer en peligrosos equívocos. Claro
está que los empiristas y que los funcionalistas recuperan este concepto con el intento de
rescatar el uso sugestivo de la categoría persona, facilitando de tal forma la aceptación
social de ciertas propuestas en el campo bioético: los que reocupan los fundamentos de
la reflexión donde originalmente se ha elaborado el concepto de persona en el plano teorético (con bases tomistas), los fundamentos de la reflexión que ha elaborado originalmente el concepto de persona advierten la insuficiencia de un reclamo «ingenuo» sobre
la noción, y exprimen la necesidad de un re pensamiento muy riguroso.
En este sentido, resulta de particular importancia en el ámbito de la discusión en Bioética
actual el retorno hacia las formulaciones originarias tomistas del concepto. No puede olvidarse que la noción de persona ha sido teorizada justamente desde la filosofía occidental,
precisamente con la finalidad de caracterizar al ser humano y de justificar su centralidad
axiológico-normativa. Se trata de un concepto que es parte de nuestra «tradición cultural»,
40
y que, si es usado desde su significado propio y original, podría servir de ayuda para la tematización de los derechos y el respeto y la protección de los derechos humanos -objetivo
fundamental de la bioética (Sgreccia, 2009). Reconocer en cada fase de desarrollo de la
vida biológica del organismo humano, desde el momento inicial de la concepción hasta el
último instante, la expresión de la vida personal, no es un esfuerzo filosófico inútil. Decir
que «el embrión humano es persona» o que el «enfermo terminal es persona» no es una
mera tautología. Reconocer el estatuto de persona del ser humano significa decir algo
«más» sobre la mera revelación empírica de la humanidad biológica del ser.
Por lo tanto, aquello que debe eliminarse de la discusión bioética actual no es tanto el uso
del término persona sino su uso tan vago. Justamente, para combatir esta ambigüedad es
indispensable que el esfuerzo especulativo esté orientado hacia la «re-tematización» del
concepto en el contexto de una filosofía de la persona y del humano, o bien, en la filosofía tomista, que sabe cómo explicar la coincidencia entre «ser humano y ser persona».
Así pues, esto es sólo posible en el interior de una prospectiva ontológica y sustancialista
que recupere el significado originario tomista del concepto: «La persona es la sustancia
(subsistente) individual de naturaleza racional» (Aquino, 2006, q. 34, a. 3. r. 1). Se trata
aquí de una definición enfocada en el concepto de «sustancia» (que indica que subsiste
en sí, que por sí misma no se extiende a otros [Rovighi, 1963]) refiriéndose al individuo,
concretamente, que por «naturaleza» (ontológicamente hablando) está caracterizado por
la racionalidad. En este sentido, las funciones, los actos, las propiedades del ser humano
no existen en sí, sino que existen como funciones, actividades y propiedades accidentales «de» un individuo humano, que es el referente unitario y permanente, la condición
ontológica real (Pessina, 1991). Esta es la definición que permite explicar la «unidad»
(espacio) y la permanencia (tiempo) de la identidad del ser humano.
Y es gracias a esta recuperación de la dimensión ontológica, que puede afirmarse que el
ser humano «es» persona en virtud de su naturaleza racional, ya que no se «convierte»
en persona o «deja» de ser persona por la presencia o la ausencia de ciertas funciones
(racionalidad, sensibilidad, capacidad de relacionarse, autoconciencia, voluntad). El ser
persona es una característica ontológica y no funcional del ser humano, por lo tanto el
poseer un estatuto personal, no es algo que se pueda adquirir o se pueda perder. Así como un gato no puede dejar de ser gato por el hecho de perder una pata o quedarse ciego.
De igual modo no se puede ser más o menos persona, o se es persona o no se es persona.
La ausencia (entendida como no ejercicio, o como privación) de ciertas capacidades o
funciones, no cambia la naturaleza del ser humano que es persona en cuanto tal.
Y es esta la línea de investigación que nos permite demostrar la actualidad de la reflexión
tomista en bioética.
41
Referencias
Aquino, T. de. (2006). Suma de teología (AA.VV., Trans. Vol. I). Madrid: BAC.
Pessina, A. Fundación y aplicación de los principios éticos. Aspectos del debate bioético.
Rivista di Filosofía Neoscolastica, 4, 361-398.
Rovighi, S. V. (1963). Las categorías: la sustancia. En Elementos de filosofía (Vol. II) (pp.
46-47). Brescia: La scuola.
Sgreccia, E. (2009). Manual de bioética I. Fundamentos y ética biomédica. Madrid:
Biblioteca de Autores Cristianos.
42
Notas
1
La causa de esta relación tan estrecha entre el concepto de persona y la consideración del valor
ético y jurídico es identificable en el significado original del término (según el cual, como
subraya Tomás de Aquino, personas eran los hombres dotados de dignidad homines famosi,
dignitatem habentes) dentro del uso tradicional del lenguaje jurídico (desde la antigüedad grecorromana la persona indicaba al individuo humano sujeto de derecho) además de las fuertes
influencias del pensamiento kantiano (que consideraba a la persona siempre como fin, y nunca
como un simple medio).
43
-44-
Characterization and management strategies of
drought events in an arid basin in the Peruvian Andes
Roland Valencia es ingeniero Agrónomo y secretario técnico del
Consejo de Recursos Hídricos Cuenca Quilca-Chili.
Lourdes Escobar es Ingeniera Química y especialista en calidad de agua del
Consejo de Recursos Hídricos Cuenca Quilca-Chili.
Gladis Celmi es Ingeniera Ambiental y especialista en modelamiento hidrológico del
Proyecto PARA Agua - Consejo de Cuenca Quilca-Chili.
Henry Gómez es Ingeniero Agrónomo y especialista en hidrometereología del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMIH.
Liliana Orellana es Ingeniera Agrícola y técnica especializada de la
Administración local del Agua Chili - ANA
Andrés Felipe Torres es Ingeniero Sanitario y Magíster en Ingeniería Sanitaria y
Ambiental y docente investigador de la Universidad Católica San Pablo
-45-
-46-
Characterization and management strategies of
drought events in an arid basin in the Peruvian Andes
Caracterización y estrategias de gestión de sequías en una cuenca
árida en los Andes peruanos
Roland J. Valencia*, Lourdes G. Escobar*, Gladis Celmi*, Henry J. Gómez**,
Liliana Orellana*** y Andrés Felipe Torres****
Consejo de Recursos Hídricos Cuenca Quilca-Chili, Arequipa, Perú*
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Arequipa, Perú**
Autoridad Local del Agua de la Cuenca Quilca-Chili, Arequipa, Perú***
Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú****
Summary
An increase in drought intensities and frequencies is one of the main effects expected as consequence of climate change in the south of Peru, exacerbating gaps in water management,
especially in basins with permanent water stress and no flow regulation infrastructure. That
is the case of Yura basin (Arequipa – Peru), which is one hydric subunit of Quilca-Chili basin, where drinking water supplies and environmental and agricultural uses of water directly
depends of surface water flowing in Yura river, being particularly vulnerable to drought. Possible drought events threats the availability of surface water and consequently, human and
ecosystems health and economic activities. In this research, meteorological and hydrological
drought indexes were applied to characterize drought events occurred in Yura basin in the
period 1970-2010 and vulnerability assessments were realized for each type of use. Vulnerability assessment results and meteorological drought intensities were used to estimate risk,
interpolating its spatial distribution along the basin. The results of the hydrological drought
characterization were used to characterize water availability for different drought risk levels
and water assignations were proposed as a primary component of drought management strategies that must be implemented for preparing and responding to drought events.
Key Words
Drought, SPDI, risk, water management
Resumen
En el sur del Perú se espera que uno de los principales efectos asociados al cambio climático
sea el aumento en la intensidad y frecuencias de los eventos de sequía, lo que puede exacerbar
brechas en la gestión del recurso hídrico, especialmente en cuencas con relativa alta demanda de agua y que no cuentan con infraestructura de regulación de agua. Este es el caso de la
cuenca Yura (Arequipa – Perú), que es una subunidad hídrica de la cuenca Quilca-Chili, en
Año 2015, Volumen
-47- 6, 45-76
Roland J. Valencia et al.
donde el uso poblacional, ambiental y agrícola del agua dependen exclusivamente del flujo
de caudales en el río Yura, lo que los hace particularmente vulnerables a la ocurrencia de
sequías que pueden amenazar la disponibilidad de agua y en consecuencia, la salud humana
y de los ecosistemas así como las actividades económicas en directa relación con el agua.
En el presente trabajo, se aplicaron índices para identificar y caracterizar eventos de sequía
meteorológica e hidrológica ocurridos en la cuenca Yura durante el periodo 1970-2010 y se
realizó un análisis de vulnerabilidad para los tipos de uso del agua descritos. Los resultados
de la evaluación de vulnerabilidad, así como las intensidades de sequía meteorológica fueron
empleados para estimar diferentes niveles de riesgo de sequía e interpolar su distribución espacial en la cuenca. Por su parte, los resultados de la caracterización de la sequía hidrológica
se emplearon para evaluar la oferta hídrica para cada uno de los niveles de riesgo por sequía y
se propusieron asignaciones de agua como un componente fundamental de las estrategias que
pueden ser implementadas ante la ocurrencia de este tipo de eventos en la cuenca.
Palabras Clave
Sequía, ISSP, riesgo, administración del agua.
Introduction
Different climate change models predict increases in average global temperatures up to
4 ° C by the end of this century (IPCC, 2014). In Peru, the Ministry of Environment MINAM (2014) announced that the country would be one of the most affected by global
climate change, which would result in increased frequencies of extreme weather events
such as droughts, floods, extreme low temperatures (particularly in Andean highlands),
avalanches and similar trends in the occurrence of “El Niño” phenomenon (MINAM,
2014). Water resource management in Peru could face serious constraining as consequence of climate change, exacerbating gaps in water management. For instance, about 70%
of the continental glaciers are located in the Peruvian Andes and over 22% of their surface
has melted in the past two decades, which allows to predict that by 2025 all glaciers below
5500 m will disappear (Vargas, 2009). Glaciers melting and rains intensification during
shorter periods may exceed flow regulatory capacity and change water availability during
the dry season, especially over the Pacific basins, which suffer of a permanent water stress
as they concentrate only 1,8% of the surface water available in the country but also they
accumulate about 87% of the water demand of Peru (ANA, 2012).
The economic and social effects of gaps in the water management as consequence of
climate change in Peru are expected to be considerable. Decreasings in water availability
could contribute to desertification of farmlands and pasturelands (Beekman, 2006),
threating the water availability for human consumption and economic activities like
agriculture and hydroelectrical production. Furthermore, vulnerability of water systems
to hydrological disasters is increased by different reasons, like low efficiencies in water
48
Characterization and management strategies of drought events in an arid basin in the Peruvian Andes
conduction and utilization, absence of industrial and domestic wastewater treatment
and lack of governance in many public institutions involved in water management.
Drought events: effects and evaluation
Water scarcity is a threat derived from climate change for all around the Peruvian territory. Particularly in the south of Peru, increased intensities and frequencies of drought
events are expected as consequence of climate change. Droughts are defined as the occurrence of water availability below the averages in normal variables of precipitation, soil
moisture and surface flow. These events last for relatively long periods of time affecting
entire regions and even though they are a recurring global phenomenon, its spatial and
temporal characteristics vary significantly from one region to another (Tallaksen & van
Lanen, 2004).
In relation to drought risk of disaster, it should be noted that a drought disaster is the
result of the interaction between drought risk and socio-economic vulnerability (Cheng
& Tao, 2010). The concept of vulnerability has been a powerful analytical tool for describing states of susceptibility to harm, powerlessness, and marginality of both physical
and social systems, and for guiding normative analysis of actions to enhance well-being
through reduction of risk (Adger, 2006). There is not an unique quantitative or qualitative approach to assess vulnerability, however general steps could be recognized like
those proposed by Polsky et al. (2007), which include:(1) defining the study area involving the stakeholders, (2) geting knowledge about the place over time, (3) hypothesizing
about vulnerability relations, (4) developing a causal model of vulnerability, (5) finding
vulnerability indicators, (6) operationalizing vulnerability model(s),(7) project future
vulnerability behaviour, and (8) communicating vulnerability creatively.
Hazard component of drought risk could be approached trough drought indexes, according to the different types of drought. There are four commonly accepted types of
drought: meteorological, hydrological, agricultural, and socioeconomic drought. The
first three approaches deal with ways to measure drought as a physical phenomenon.
The last deals with drought in terms of supply and demand, tracking the effects of water
shortfall as it ripples through socioeconomic systems. These types of drought can be
conceived as a sequence over time, where meteorological drought comes first and agricultural, hydrological and socioeconomic comes then as progressive steps. All droughts
are caused by a deficiency in rainfall while other types of drought and its impacts are
derived from this deficiency (Wilhite & Glantz, 1985).
49
There are several indexes for evaluating the occurrence of droughts. A drought index is
often a single value which characterizes the general behavior of a drought in a measurement site, assessing the effect of a drought and defining different drought parameters,
including intensity, duration, severity and spatial extent (Hisdal et al., 2000; Mishra
et al., 2010). Many drought indexes have been defined in recent decades. The most
common variable definition is used for the precipitation, in combination with other
variables such as temperature, soil moisture, etc. Frequently used indexes are the Palmer
Drought Severity Index - PDSI (Palmer, 1965), the Rainfall Deciles (Gibbs & Maher,
1967), Surface Water Supply Index –SWSI (Shafer & Dezman, 1982), Standardized
Precipitation Index - SPI (McKee et al., 1993), and like the SPI, the Standardized Pluviometric Drought Index - SPDI (Pita, 2001) has been widely used in Spain and Latin
America and the analysis of hydrological drought from flow exceedance curves (Hisdal
et al., 2000). Drought indexes and vulnerability assessments can be used to evaluate
drought risk in a particular basin.
Study case: Yura basin (Arequipa, Peru)
The Yura basin (UH1324 - Pfafstetter code) is a hydrographic unit of the Quilca-ChiliVitor basin with an extension of 1 534.39 Km2. Yura river is formed by melting of glaciers such as Ananta, and Chucura, Chachani and rainfall apportions during the rainy
periods. Yura’s river flow is about 2,0 m3/s at basin´s low areas. The yield of the sub-basin
is 6,62 L/s/Km2; with an average annual module of 4,59 m3/s and the underground
water potential reaches a volume of 10,63 Hm3, with an average of 0,337 m3/s. The
climate is predominantly semi-arid and dry, with temperatures between 10 °C and 25
°C throughout all the year. Rainy season takes place during the months of December to
January and the annual rainfall ranges around 200 mm (ANA, 2013).
There are different types of water users in Yura Basin, which supplies 7,0 L/s for drinking
water to 5500 inhabitans. A demand of water of around 68,7 MMC was estimated for
agricultural uses of large irrigations, including “Quiscos” and “Uyupampa” at the top,
“Yura Viejo” irrigations in the middle basin and “Yuramayo” at low areas of the basin
(ANA, 2013). Crops predominating in Yura basin are alfalfa mapa, blue oregano, dried
onion, blue eyed potato and green maize. Industrial and mining uses are also present
and provided with a groundwater supply of 63 L/s (ALA Chili, 2015).
50
Figure N° 1.
Yura’s river hidraulic Scheme
Source: adaptated from ANA (2009)
Figure N° 1 shows the general water scheme of the basin. No dams or reservoirs has been
constructed in Yura basin. “Quiscos-Uyupampa” and “Yuramayo”, the bigger irrigations
in the basin, present similar infrastructure: water intakes over Yura river, a main channel
and secondary and tertiary distribution channels. The “Yura Viejo” irrigation system is
rustic, conformed by a quarry of stones and “champas” which derive water to the main
channels. The main channel is 90% uncoated, excavated in soils of light texture where
seepage losses occur; it lacks automatic flow meters and has no way of monitoring.
Yuramayos´s irrigation infrastructure is deteriorated due to the lack of maintenance. It
is estimated an application efficiency of 40% in properties located on the slopes of Yura
River, and 58% in the most leveled Quiscos, Yuramayo and Uyupampa irrigations. In
Uyupampa block, there is a driving efficiency of 78%, and a distribution of 83%. Old
Yura’s efficiency has been reported in 94% and 88% in driving dristibution. Meanwhile
the Yuramayo irrigation has an operating efficiency o 92% (ANA, 2013).
51
For this paper, vulnerability to drougth events related with water uses and an assessment
of meteorological and hydrological drought were applied in order to identify and characterize drougth risk in the Yura basin. Risk estimations allowed to set base conditions
for identifying priority components to be considered for the management of drought
events, specially critearia for water assignations during drought events. No groundwater
behavior were included in the present study neither water uses involving this source of
water. Future efforts should include drought indicators that deals with groundwater
availabily and uses in Yura basin.
Materials and Methods
Analysis of vulnerability to drought in the Yura basin
For the analysis of vulnerability to drought in Yura basin, drinking water supplies and
agricultural and enviromental uses of water were considered. An scale ranging from 1 to
3 was used, where 3 was the major level of vulnerability that could be assigned to each
category of analysis.
Drinking water supplies vulnerability to drought
This vulnerability was evaluated over the basis of five categories: 1) type of source (superficial, groundwater or both), 2) population size, 3) type of purification process, 4)
current and 5 crew) access to sanitation technologies. Each category was scored according to the levels outlined in Table N° 1.
Table N° 1.
Evaluation criteria of vulnerability of drinking water supplies
Vulnerability Type of water
level
source
1
2
3
Number of
inhabitants
Drinking
water
treatment
access
None
None
Sewage
Pretreatment +
system
chlorination
Individual Chlorination
solution
Provision
Sanitation
of water
access
(L/c/d)
River
River +
Groundwater
>1000
< 75
< 100
> 150
Groundwater
100 - 1000
75 - 150
Source: Own elaboration
52
In relation to the type of water source, villages with access to combined sources (groundwater + superficial water) were consider less vulnerable, while those who have only
supply from surface source were considered the most vulnerable. It was also considered
that villages with more than 1000 inhabitants presented the highest vulnerability as
larger populations may increase the severity of any situation that compromises water
supplying, leading to public order conflicts and emergencies of major scales. Water consumptions averages were also assesed, considering those villages with average provisions
below 75 L/c/d (Liter/capita/day) the most vulnerable. Considering that water losses in
Perú average around 50% (small service systems present an average of water losses of
48,9%, acording to SUNASS, 2014), a provision of 75 L/c/d impplies a net condition
below 50 L/c/d, which represents potential health risks (WHO, 2003). Villages with no
access to drinking water treatment and sanitation technologies were also considered the
most vulnerable in each categorie.
Environmental vulnerability to drought
Environmental vulnerability was associated with water requirements according land coverings, being more vulnerable floors containing vegetation cover with a Kc of less than
0.4. The evaluation criteria are detailed in Table N° 2.
Table N° 2.
Criteria for evaluation of the vulnerability of vegetation cover
Covering Material
Rock, no covering
Pasturelands
Scrubs
Wetlands
Native forest
Kc
0,3
0,4
0,7
0,9
1
Vulnerability
1
2
2
3
3
Source: Adaptaded from FAO, 2006
Agricultural water use vulnerability to drought
For the analysis of the vulnerability of agricultural water use, four categories were
considered: 1) Water conduction efficiency, 2) access opportunity, 3) maintenance
efficiency and 4) access to complementary sources. Each cateogire was scored according to Table N° 3.
53
Table N° 3.
Vulnerability evaluation criteria for agricutural water use
Vulnerability
level
Conduction
efficiency
Access opportunity
Maintenance
efficiency
Water intake in low
Acceptable
areas
40 a Water intake in
Regular
80% middle areas
Water intake in
>80%
Not frequently
high areas
3
<40%
2
1
Type of source
River
Groundwater
River +
Groundwater
Shorter conduction efficiences reported in previous assessments (ANA, 2009) were associated to highest vulnerability. For access opportunity, it was considered that irrigations
with water intakes located dowstream in the low areas of the basin were highly vulnerable as well as those where comitees in charge of the irrigations perform less maintanence
activities over water infraesctructure. Irrigations wtih no access to groundwater were also
consider like highly vulnerable.
Drought hazzard assessment
The assessment of drought events in Yura Basin was conducted using a combined approach with the application of the Standardized Pluviometric Drought Index (SPDI) for
meteorological drought and the analysis of the Yura flow exceedance curves for hydrologycal drought evaluation.
Mereological drought assesment
There are serveral methods for drought events assessment. SPDI Index was applied to
assess drought events in Yura basin taking into account the availability of meteorological information in the basin supplyed from SENAMHI-Arequipa. The SPDI index
was applied to the metereological data of the “CO Pampa de Arrieros” station, located
within the cathing area of the basin. Since precipitation occurs in the upper part of the
basin, the estimations made from that station are valid to represent basin rainfalls. The
index was also applied to data from the “CO Huanca” and “CO Huambo” stations in
order to verify trends in the results of the SPDI index in “CO Pampa de Arrieros” and
interpolate the spatial distribution of the results.
54
The SPDI (Pita, 2001) is a monthly rainfall drought index based on the calculation of
the monthly cumulative and standardized rainfall anomalies, similar to McKees’s Standardized Precipitation Index (SPI) (McKee et al., 1995). Like in the SPDI, negative
values correspond to dry months, while positive figures reflect wet months. The SPDI
uses as unit scores “z”, this is a monthly status indicator. Equation 1 shows the general
expression for calculation (Rodriguez, 2013):
SPDIi =
CPAci - CPAc σCPA
(Eq. 1)
Where,
SPDIi: Standardized Pluviometric Drought Index of the “i” month.
CPAci: Cumulative pluviometric anomaly of the “i” month.
CPAc :Average of cumulative pluviometric anomaly for all months in the period of
analysis
σCPA :Standard deviation of cumulative pluviometric anomaly for all months in the
c
period of analysis
Meanwhile, responds to the expression:
CPAci
= PA1 , CPAci = Sij = r PAi si i > 1 (Eq. 2)
Where,
r= max{ k: 1 ≤ k < i, PAk < 0, CPAck-1 > 0} y PAi
(Eq. 3)
At the same time,
APi = Pi - Pmed (Eq. 4)
i
Being:
Pi = Precipitation of month i
Pmed = Median of precipitation for month i for the period of analysis
i
55
The main difference between the SPDI and the SPI is that SPDI restarts the calculations
of the accumulated anomalies each time a dry month occurs (PAi <0) within the context
of a surplus month (with CPAci-1 > 0); which allows to reflect the different sequence
lengths from a single index construction, unlike the SPI, which requires multiple time
scales to reflect the different durations of drought (Rodriguez, 2013).
For the SPDI calculation, records of weather information of a period of 41 years (19702010) were used. Following the methodology described by Rodriguez (2013), in the
first stage Pluviometric anomaly of each of the months of the series was calculated. In
the second stage cumulative rainfall anomalies are calculated form the first month of
the series. At the moment a negative cumulative anomaly is found, a new dry sequence starts, it ends with the appearance of a positive cumulative anomaly, leading to a
water surplus sequence, during which anomalies continue to accumulate until a new
negative Pluviometric anomaly begins, starting a new dry sequence obtained by the
same method, restarting the calculation of accumulations from the negative value of the
Pluviometric Anomaly (PA). Note that, if PAi < 0 and PAi < 0 occur, then r=i, therefore
CPAci-1 = PAi, marking the beginning of a new dry sequence. Lastly, in the third stage
these anomalies were standardized through their conversion in Z scores,
ZCPAci =
CPAci - CPAc σAPA
c
(Eq. 4)
Where,
ZCPAci: Standardized cumulative pluviometric anomaly for month i = ¨SPDIi
CPAci : cumulative pluviometric anomaly for month i
CPAc: Average of cumulative pluviometric anomaly for all months in the period of
analysis
σAPA : Standard deviation of cumulative pluviometric anomaly for all months in the
c
period of analysis
The SPDI represents the number of standard deviations in the precipitation record that
deviate from the historical average. For interpretation of results in Peru, ANA (2015)
has defined different intensities of drought, as presented in Table N° 4.
56
Table N° 4.
Intensity of Drought
Drought intensity
classification
Description
SPDI Range
Risk Value
No drought
Rainfalls behavior broadly exceeds
mean climatic values
SPDI>-0,4
1
Moderate drought
Rainfalls behavior is above the
mean of climatic values
-1<SPDI<=-0,4
2
Severe drought:.
Probable crops and pasturelands
affectations, fire risk, water scarcity
and restrictions in water provision
are required
-1,7<SPDI<=-1
3
Extraordinary drought
Major crops and pasturelands affectations, extreme fire risk, generalized water scarcity and restrictions
in water provision
-2,3<SPDI<=-1,7
4
Exceptional drought
Exceptional crops and pasturelands
affectations, exceptional fire risk,
total water scarcity and occurrences
of emergencies associated with the
lack of water
SPDI<=-2,3
5
Source: Adaptation from ANA (2015)
Hydrological drought assessment
According to the methodology proposed by ANA to identify droughts, this phenomenon is
defined from the flow curve of exceedance flow, according to the conditions in Table 5. Flow
exceedance is a dimensionless index that expresses the proportion of time when a specified
daily flow is equaled or exceeded during the period of record and expressing flows as exceedance values allows flow conditions in different rivers to be compared (Hisdal et al., 2000).
Table N° 5.
Hydrological conditions based on the curve of flow exceedance
Hydrological condition
% of exceedances
Extremely wet
0-10 %
Wet
10-40 %
Average range
40-60 %
Drought condition
60-90 %
Extreme drought condition
90-100 %
Source: ANA (2015)
57
In order to estimate the exceedances curve for Yura river, simulations in the WEAP model
were performed to quantify water flows in the basin for the 1970-2010 term. A WEAP scenario built for the Quilca-Chili basin and developed by the basin’s Council of Water Resources
were used to calibrate the Yura basin. The Quilca-Chili basin base scenario was calibrated with
hydrometeorological information from 43 climatological stations distributed in Arequipa and
pluviometric information of 41 years (1970-2010). The calibrated scenario for the Yura basin simulated the contributions to the Yura River from streams, groundwater and rainfall and
also modelled drinking water, agricultural and industrial demands. Flow generation with the
WEAP tool uses the moisture method (rainfall-runoff), using as base information:
1) Level curves obtained from Land Digital Elevation Model (DEM) of WWF
(Lehner et al., 2006). From this level curves, gradients and flow accumulation
and areas of runoff for the basin and streams are generated.
2) LANDSAT (USGS) satellite images: The images were important for obtaining
soil coverage and served as the basis for displaying the information generated,
such as exclusive location of reservoirs, etc.
3) Shapefiles: they contain the hydrological and physical information of the main
rivers of the basin.
4) Climate information: rainfall, hydrometric information, punctual gauging of
the of the Yura River committee and the ALA Chili.
“Quiscos Uyupampa intake”, “Puente Calera” and “Yuramayo intake” were used as flow
inspection points for WEAP model calibration. These points were selected because of their
strategic location in the basin. Flows generated in the “Quiscos-Uyupampa” and “Yuramayo” water intakes were used to estimate the exceedance curve, which results from frequency
analysis of the historical average daily flows at the site of uptake of a water caudal project. For
the flow exceedances estimation, it should be note that the minimum and probable flow is
that which is provided during the year with a probability of exceedance near to 100%.
Drought risk: Estimation and analysis
Drought hazard analysis thought SPDI and vulnerability assessments results were used
as inputs for drought risk levels estimation, as can be noted from Eq. 6:
Drought Risk= Drought Hazard (SPDI) x Vulnerability 58
(Eq. 6)
Results interpretation was made from the hazard and vulnerability matrix presented on
Table 6 and applied in previous experiences in Peru (Muñoz et al., 2014).
Table N° 6.
Dangers and Vulnerability Matrix
Drought Intensity
Vulnerability Level
None
Low
Medium
High
Exceptional drought
Low risk (5)
Medium risk (10)
High risk (15)
High risk (20)
Extraordinary drought
Low risk (4)
Medium risk (8)
Medium risk (12)
High risk (16)
Severe drought
Low risk (4)
Low risk (6)
Medium risk (9)
Medium risk (12)
Moderate drought
Low risk (3)
Low risk (4)
Low risk (6)
Medium risk (8)
No drought
Low risk (1)
Low risk (2)
Low risk (3)
Low risk (4)
Source: Adapted from Muñoz et al. (2014)
An interpolation of the risk analysis results along the basin area was estimated using the
Krigning method, which assumes that the distance or direction between sample points
reflects a spatial correlation that can be used to explain variation in the surface. Kriging
fits a mathematical function to a specified number of points, or all points within a specified radius, to determine the output value for each location. Kriging is a multistep process; it includes exploratory statistical analysis of the data, variogram modeling, creating
the surface, and (optionally) exploring a variance surface. Kriging is most appropriate
when you know there is a spatially correlated distance or directional bias in the data. It
is often used in soil science and geology (Oliver & Webster, 1990). Kriging interpolation for SPDI drought intensities for 1983 results was realized through tools included
in ArcMap (ArcGIS 10.2 ®). Year 1983 was chosen for interpolation in order to evaluate
exceptional drought conditions.
Water assignations as drought management strategy
Using the results of the hydrological drought events assessments in the Yura basin, water
assignations were determined for different drought risk levels for drinking water users,
environmental flow in Yura river and for agricultural users. Water assignations were made by determining optimal quantities and by stablishing priorities for drinking water, to
which was assigned the highest priority, as well as the assurance of environmental flows,
that were estimated as a 10% of the average monthly flow. The last priority was assigned
to the agricultural users and demand coverage resulting characteristics were evaluated
for each risk level.
59
Results and Analysis
Drought vulnerability assessment
Drought vulnerability was assessed for drinking water, environmental and agricultural
uses of water. For each case, criteria defined in the methodology were applied and valorized in order to analyze Yura basin drought vulnerability.
Drinking water supplies vulnerability to drought
Table N° 7 presents the population vulnerability estimated for each of the evaluation categories.
Most of the basin settlements presented medium vulnerability and only Yuramayo village was
classified as highly vulnerable due to its dependence of Yura river and a lack of drinking water
treatment and sanitation technologies. Additionally, it should be noted that no village fulfils water
provisions stipulated amount by WHO (2003) and in many, drinking water treatment is inefficient or inexistent. In case of drought, the decrease of the Yura river flow can increase pollutants
concentration and increase health risks, especially in children and elders.
Table N° 7.
Drinking water supplies vulnerability by the type of source – Yura basin
Yura Viejo
Quiscos
Description
River
River
Current
Drinking waNumber of
water provi- ter treatment
inhabitants
sion
access
Vul Pob. Vul L/c/d Vul Type
Vul
3
765 2
82
2
T+C
1
3
73
1
146
2
T+C
1
La Calera
Groundwater
2
310
1
146
2
N
3
DDS
2
10
Medium
El Porvenir Groundwater
2
800
2
146
2
N
3
SS
1
10
Medium
La Estación
Pampa de
Arrieros
Yura
Sotillo
Yuramayo
Varios
Groundwater
2
256
1
146
2
N
3
N
3
11
Medium
Groundwater
2
70
1
146
2
N
3
N
3
11
Medium
Groundwater
River
River
Groundwater
2
3
3
2
140
2122
560
410
1
3
2
1
147
122
50
50
2
2
3
3
N
C
N
N
3
2
3
3
SS
SS
N
N
1
1
3
3
9
11
14
12
Low
Medium
High
Medium
Villager
Type of source
Sanitation
access
Vulnerability
(Total)
Tipo
N
DDS
Vul Score
Level
3
11
Medium
2
9
Low
T+ C: Treatment + Chlorination, C: Only Chlorination, N: None, SS: Sewage system, DDS: Dry sanitation System. Cumulated vulnerability ≤ 9 was considered Low, values in range 10-12 were associated to medium vulnerability and ≥ 13, to high vulnerability.
Environmental Vulnerability
60
Environmental vulnerability was evaluated considering only soil coverages in the basin
and the water necessities by type of coverage (Table N° 8). The highest vulnerability was
associated to grasslands, wetlands and scrubs which constitutes ecosystems located in
the basin high areas.
Table N° 8.
Environmental vulnerability in Yura basin considering the soil coverage
Covering material
Environmental vulnerability
Level
Naturally eroded lands
1
None
Open grasslands
3
Medium
Naturally sandy
1
None
Glaciers
2
Low
Peatlands and wetlands
3
Medium
Dense scrubs
3
Medium
Dense Andean forest
2
Low
Agricultural vulnerability
Results for the agricultural vulnerability evaluation are presented in Table N° 9. Irrigations
of “La chacra matracayo”, “Aguas Calientes” and “Capua” were highly vulnerable due to
their low conduction and application water efficiencies, their dependence to surface water
and the possibility that users upstream could take more water than the assigned quantity
during a drought event. Irrigations of the high part of the basin were less vulnerable, like
“Quiscos” and “Uyupampa”, which also implement permanent maintenance activities on
the irrigation infrastructure.
61
Table N° 9.
Agricultural water user’s vulnerability to drought
Conduction
efficiency
%
Vul
Aguas Calientes <40%
3
Capua
<40%
3
Chilcane
<40%
3
Corontorio
<40%
3
Irrigation
La Calera
40-80% 2
La Chacra
Matacrayo
Ojuli
Quiscos
Sincha Gramadal
Uyupampa
1ª. Pampa de
Yuramayo
2da. y 3ra. Pampa de Yuramayo
4ta. Pampa de
Yuramayo
Rinconada
Agua Salada
Maintenance
efficiency
Vul
Desc
Vul
1
<40%
3
1
<40%
3
1
40-80% 2
1
40-80% 2
Type of
Source
Type Vul
R+G 2
R+G 2
R+G 2
R+G 2
Vulnerability
(Total)
Score Level
9
Medium
9
Medium
8
Low
8
Low
1
40-80%
2
R
3
8
Water Access
Location
High Basin
High Basin
High Basin
High Basin
Middle
Basin
<40%
3
High Basin
1
<40%
3
R
3
<40%
3
High Basin
1
40-80%
2
R+G
2
>80%
1
Middle basin 2
>80%
1
R
3
<40%
3
High Basin
40-80%
2
G
1
>80%
1
Middle basin 2
>80%
1
R
3
>80%
1
Low Basin
3
40-80%
2
R
3
>80%
1
Low Basin
3
40-80%
2
R
3
>80%
1
Low Basin
3
40-80%
2
R
3
40-80% 2
<40%
3
High Basin
High Basin
1
1
<40%
>80%
3
2
R+G
G
2
1
1
10
8
7
7
7
9
9
9
8
7
Low
High
Low
None
None
None
Medium
Medium
Medium
Low
None
Cumulated vulnerability ≤ 7 was considered None, 8 was considered Low, 9 medium
vulnerability and ≥ 10, high.
Danger characterization
IESP application
Figure N° 2 shows the SPDI variation for the Pampa de Arrieros CO, Huanca CO and
Huambo CO stations. For CO Pampa de Arrieros, it was found that 73% of the years
were periods without meteorological drought, whereas 27% were associated with dry
periods. Particularly, the drought event occurred in the years of 1979 – 1984 was the
most intense, ranging from severe to exceptional in 1983. Huanca CO and Huambo
CO stations showed similar tendencies which corroborated the 1979 – 1984 droughts
occurrences. The Huanca CO station showed a behavior of 11 years (27%) with mode62
rate drought, 1 year (2%) with severe drought and 29 years (71%) with no drought. On
the other hand, Huambo CO evidenced a period of 2 years with extraordinary drought,
moderate and severe drought for 9 years and 30 years with no drought occurrence.
Figure N° 2.
SPDI application in the Yura basin
Meteorological drought risk
Hazard and vulnerability analysis were used for drought risk levels estimations, applying
the matrix presented in Table N° 6 for drinking water supplies and environmental and
agricultural uses of water, as presented in Figure N° 3. In order to have risk estimations distributed over the basin territory, SPDI results were interpolated trough Kriging
method using ArcMAP (ArcGIS 10.2 ®). It was found that precipitations primary occurs
in the high and middle basin (low basin areas are a semi-arid territory), in consequence
SPDI interpolation values suggest that drought intensities varied from nule to moderate
in low areas to extraordinary and exceptional in the high basin areas. Water supplies risk
analysis (Figure N° 4a and b) showed that villages located in the high basin areas have
a mayor risk, as they are exposed to the occurrence of intense drought and exclusively
depend of surface water and most of these villages presents a lack of drinking water and
sanitation technologies.
The environmental drought risk analysis (Figure N° 4c and d) indicated that basins presented a low risk during periods without drought, while during drought events the areas
with mayor vulnerability in the basin (wetlands and grasslands and scrubs) presented a
medium risk, which is an evidence of the ecosystems resilience and adaptation to water
63
stress conditions. On the other hand, the risk associated to agricultural use of water
shows that Yuramayo’s irrigation blocks (1st, 2nd 3rd and 4th Pampa) presented medium
risk levels because of higher vulnerabilities as consequence of gaps in water management. The risk analysis associated to agricultural uses of water also suggest that during
a drought event, irrigations of Quiscos, Ojuli, La Calera, La Rinconada, Corontorio,
Aguas Calientes, Chacra Matacrayo and Capua, (making a total of 647,93 ha) could be
potentially lost because water scarcity.
Hydrological Drought Risk
WEAP simulation (Figure N° 4) allowed to estimate flow rates for the points “QuiscosUyupampa”, “Puente Calera” and “Yuramayo” from the historical hydrometerological
data (1970 – 2010). The base scenario was calibrated with registries of volumetric flows
of the hydrological station “Puente la Calera” and measurements made by Yura’s committee of Users. The correlation between the observed flow rate and estimated flows (r2)
was of 0,8. Figure N° 4 presents WEAP flows variations in the control points in Yura
river.
Figure N° 3.
WEAP scheme - Yura Basin Source: Own Elaboration
64
(a)
(c) (b)
(d)
65
(e) (f)
Figure N° 4.
Metereological drought risk for (a) Drinking water supplies – normal year and (b) extreme
drought year, (c) Environmental use of water – normal year and (d) extreme drought year, (f )
Agricultural use of water – normal year and (f ) extreme drought year.
Figure N° 5.
Flow rates variations generated by WEAP in the Yura River.
66
In order to associate hydrological conditions to different points in the exceedances curve and
levels of risk, a methodology proposed by ANA (2015) was used. Results are presented in
Table N° 10. Figure 6a presents the exceedance curve calculated in each one of the points of
control and the different risk associated to ranges over the exceedance curve. Figure 6b presents the applications of the risk levels to the monthly variations of flow in Yura River, which
represents a managing tool for the Basin Authorities, allowing them to stablish the drought
risk level on the base of flows in Yura River and to take decisions about water assignations
according to the results of the risk analysis.
Table N° 10.
Hydrological Conditions based in the Exceedance curve of Flow Rates
Hydrological condition
Exceedance range
Extremely wet and wet
Average range
Drought condition
Extreme drought condition
(ANA, 2015)
0 - 60 %
40 - 60 %
60 - 90 %
90 - 100 %
Assigned risk level
Range
No drought
Pre Alert
Alert
Emergency
<60%
60% - <75%
75% - <90%
> 90%
Source: adapted from ANA (2015)
Response strategies: Water assignations during drought events
Even though many actions must be taken by the basin stakeholders in order to correctly
manage drought risk in the basin, including long and short term measures, water assignations during a drought event are one of the key actions identified by local authorities.
Water assignations were estimated according to water flows in Yura river identified for
each drought risk level and the water quantities required for optimal and minimum
drinking water supplies, environmental and agricultural users in order to reduce affectations over human and ecosystems health and agriculture.
67
(a)
(b)
Figure N° 6.
(a) Exceedance curve of the flows affected by drought in the Yura basin and
(b) Flows associated with drought risk levels in control points over Yura river
Drinking water assignations during drought
Water assignations were defined for villages in which the provision is made from Yura river. Recoomended water provision from WHO (2003) and water losses average
were taken into account to stablish water assignations presented in Table 12. A value
of 75/L/c/d was stablished for the emergency level, with the purpose of guarantying a
minimum net provision of 50 L/c/d corresponding to the minimum stablished by the
WHO (2003) for preventing important health risks. A net provision of 100 L/c/d was
68
stablished for the Alert level which makes a total of 150 L/cb/d in order to secure the
attention of all the hygiene necessities, as well as food preparation and laundry. A total
provision of 270 L/c/d was defined as the limit for the Pre-Alert level and the normal
condition. This value is based on a net provision 180 of L/c/d recommended for cold
weathers by the RNE (OS 100).
Table N° 12.
Drought thresholds for population use in settlements using a superficial source provision.
provision
No Drought
Provision
(L/hab/d)
(>270 L/
82
146
122
50
Hab/d)
2,4
0,2
6,6
1,8
Current
Village
Yura Viejo
Quiscos
Sotillo
Yuramayo
Water assignation (L/s)
Pre Alert
Alert
Provision
Provision
(270 L/Hab/d)
2,4
0,2
6,6
1,8
(150 L/Hab/d)
1,3
0,1
3,7
1,0
Emergency
Provision
(75 L/Hab/d)
0,7
0,1
1,8
0,5
The relative low values required to secure drinking water provisions and their relevance
for human health were the reasons to assign them the first level of priority over the environmental and agricultural uses. It is important to note that assignations described in
Table N° 12 were made on the basis of provisions that are not being supplied in the present so the optimization of the distribution systems must be considered by authorities
as a half-term activity included in the drought management strategies in the Yura river.
Environmental and Agricultural flows
The environmental and agriculture assignations of water during drought were determined
monthly, taking into account the monthly variations of flow in Yura river. It was estimated
that the maintenance of the environmental flow rates of the river should have a higher
priority level than the agricultural flow rates. According to ANA (2015), the environmental flow must be of 10% the average flow (50% of exceedance) of the river. The environmental flow rate during the emergency level should be maintained in a minimum level
of 42 L/s at Quiscos-Uyupampa and 63 L/s at Yuramayo. The environmental flow rate
implementation in Yura basin is work of the Water National Authority (ANA), through
the Caplina Ocoña Water Administrative Authority and must be linked to ecosystem and
environmental conservation plans, especially in the higher parts of the basin, where zones
of hydric recharge are located. In the medium and lower areas of the basin, integral plans
of environmental management of flow and ecosystems should be proposed.
69
Agricultural assignation of water was proposed on the basis of the water availability after
securing the water assignations for drinking water supplies and to guarantee environmental flow, resulting in months were the water demand for irrigation can be supplied
and months when the level of coverage is not of 100%. Furthermore, it was found that
the irrigation rights cannot be supplied during the whole year by the basin, not even in
normal conditions (Figure 10), that’s why during the drought months the agricultural
water demand in higher than the water offer in the basin. In the same way, the proposed
water assignations for the different risk levels imply that the agricultural demand coverage can’t be supplied in a 100%, even during emergencies it can reach values under 50%
during drought.
(a)
(b)
Figure N° 7.
Environmental and agricultural assignations in (a) Quiscos – Uyupampa
intale and (b) Yuramayo intake
70
The management actions for drought in Yura basin must consider to fit the agricultural
demand to the hydric offer of the basin. This can be made through the promotion of
crops that require less water supply, but specially through the implementation of technified irrigation systems that increase the conduction and application efficiencies
Figure N° 8.
Agricultural demand in accordance with irrigation rights and
percentage of demand coverage for each risk level
Conclusions and recommendations
Yura basin is vulnerable to the occurrence of droughts because of an inefficient water
management, especially in relation to an incomplete and inefficient supply of drinking
water, an absent control of environmental flow in Yura river, low efficiencies in conduction and application of water in the irrigations systems and irrigation rights that
outweigh the hydric offer in the basin during dry seasons, even if they do not correspond
to drought events, compromising an equitative access to water and threating the ecosystems due to exacerbated conditions of hydric stress.
For the drouth danger characterization, an analysis of Pluviometric information (19702010) analysis was performed using the SPDI, which allowed to identify the occurrence
of drought and determining their periods and intensity. The results of the SPDI application in addition to the analysis of hydric drought by an exceedance curve allowed to
associate flow rates in the Yura River for each of the risk levels proposed. It was found
that in general the drought danger grows with altitude, threatening the higher parts of
the basin, where hydric recharging occurs.
71
An estimation of the drought risk levels was done through vulnerability and danger
assessments. It was found that settlements located in the higher parts of the basin have
a greater risk because they are more vulnerable and the danger is bigger. The environmental risk presented medium levels in the high parts, which threatens wetlands and
shrubs. Regarding agricultural use, the risk is bigger for the irrigation blocks located in
the higher parts of the basin.
According to the associated flow rates to each risk level, water assignations were
identified as a main action in the design of responses to drought events in the basin
in order to minimize health, economic and environmental affectations. Population
and environmental uses were prioritized over agricultural ones. It is also necessary to
implement strategies to secure environmental flows in the Yura river, and encourage
all users to the conservation of ecosystems in the high parts of the basin, where the
hydric recharge occurs.
Recommendations for an efficient drought management includes also the enlargement
of the hydro-meteorological stations net, as well as the installation of flow gauges in the
head of each one of the sixteen (16) irrigation blocks existing in Yura basin in order to
control the water flows used. A dam up to 10 Hm3 can be built to optimize water offering in the Yura basin and contribute to mitigate the effects of possible drought events.
The valuation of ecosystem services can be a strategy that integrates the different types
of users for sustainable development of the basin.
72
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75
Acknowledgements
Authors express their acknowledgements to the National Authority of Water of Peru (ANA) for
supplying information and technical support, as well to the National Meteorological and Hidrological Service of Peru (SENAMHI) for supplying information. Research behind this paper
was elaborated as part of the Water management diploma, supported by ANA and conducted by
Gerens – Colorado State University and Fundación Chile. Special thanks to Ronald Valencia and
his permanent concern for water management in Arequipa.
76
Evolución del pago de coimas a la policía en el
Perú entre los periodos 2005-2006 y 2012-2013
y su impacto en la economía familiar
Gustavo Riesco Lind es Magíster en Dirección de Empresas por la Universidad ESAN
y Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Es jefe del área de Análisis y
Estudios Estratégicos de la Universidad Católica San Pablo y docente e investigador de la
misma universidad. Es socio gerente de Aurum Consultoría y Mercado.
Luis Alpaca Zúñiga es Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad
Católica San Pablo. Es asistente del área de Análisis y Estudios Estratégicos
de la Universidad Católica San Pablo.
Walter Arias Gallegos es Maestro en Ciencias de la Educación con mención en
Psicopedagogía Cognitiva por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Es profesor auxiliar y docente investigador de la Universidad Católica San Pablo.
-77-
-78-
Evolución del pago de coimas a la policía en
el Perú entre los periodos 2005-2006 y 20122013 y su impacto en la economía familiar
Evolution of bribe payments to police in Peru between 2005-2006
and 2012-2013 and its impact in the family economy
Gustavo Riesco Lind, Luis Alpaca Zúñiga y Walter L. Arias Gallegos
Resumen
El presente estudio analiza el impacto que tiene el pago de sobornos («coimas») en la economía de los hogares peruanos y compara los datos para dos periodos, 2005-2006 y 2012-2013.
Para ello se tomó la información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), considerando variables como monto pagado en sobornos, gasto del hogar, ubicación geográfica, entre
otras características del hogar. Se parte de un análisis comparativo para luego aplicar un análisis de regresión para valorar el impacto de las variables. Los resultados sugieren que la utilización de los servicios de la policía se ha incrementado, con 1.89% de los hogares encuestados
en 2012-2013 haciendo uso del servicio en los 12 meses anteriores a la encuesta, por encima
del 0.23% registrado en 2005-2006. Entre los dos periodos, el porcentaje de hogares usuarios
del servicio que pagaron algún soborno a la policía se redujo significativamente, de 28.36%
en 2005-2006 a 22.56% en 2012-2013. En ambos periodos se observa que la utilización de
servicios de la policía es mayor en los quintiles más altos en comparación con los más bajos.
También se muestra un análisis predictivo de las variables que tienen impacto en la probabilidad del pago de sobornos.
Palabras Clave
Inequidad, soborno, corrupción, policía, gasto de hogar.
Summary
This study analyzes the impact of the payment of bribes in the economy of the Peruvian homes and compares data for two periods, 2005-2006 and 2012-2013. For this study, the information was taken from the National Household Survey (ENAHO), taking into consideration
variables such as amount paid in bribes, household expenditure, geographic location, and
other household characteristics. Starting from a comparative analysis so then we can apply a
regression analysis to assess the impact of the variables. The results suggest that the use of the
services of the police has increased, with 1.89 % of the households surveyed in 2012-2013 by
making use of the service in the 12 months preceding the survey, above the 0.23 % recorded
in 2005-2006. Between both periods, the percentage of homes users who paid some bribe to
Año 2015, Volumen 6, 77-99
-79-
the police diminished significantly, of 28.36 % in 2005-2006 to 22.56 % in 2012-2013. In both
periods it shows that the use of police services is greater in the highest quintile compared with
the lowest. A predictive analysis of the variables that impact the probability of paying bribes
is also shown.
Key Words
Inequality, bribery, corruption, police, household spending.
Introducción
La corrupción es un tema que ha atraído amplia atención de los investigadores en el
mundo, especialmente en lo que se refiere al costo de la corrupción en términos de
crecimiento económico de los países (Tanzi, 1998), pero también en el ámbito microeconómico (Bertrand, Djankov, Hanna & Mullainathan, 2006). Un estudio mundial
de Transparencia Internacional (Hardoon y Heinrich, 2013) encontró que uno de cada
cuatro personas encuestadas —el 27%— había pagado un soborno en los últimos doce
meses al interactuar con instituciones y servicios públicos; y que la policía y el poder
judicial son vistas como las instituciones más propensas a exigir o recibir sobornos.
En Perú, la entrega de sobornos («coimas») a funcionarios del Estado para lograr completar algún trámite relacionado con los servicios públicos es un mal sumamente extendido. En el estudio de Transparencia Internacional, donde la muestra de Perú fue de
1,211 personas, el 20% de los encuestados en Perú señaló haber pagado un soborno en
alguno de los ocho servicios considerados.
Estos resultados coinciden con la percepción de la población de que la corrupción es uno
de los principales problemas que aquejan al país. Por ejemplo, según la VIII Encuesta
Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú, del año 2013, el 44% de los
peruanos considera la corrupción como uno de los principales problemas que enfrenta
Perú, y tres de cada cinco encuestados consideran que la corrupción es el principal obstáculo que enfrenta el Estado para lograr el desarrollo del país (Ipsos, 2013)1.
Asimismo, estudios basados en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sugieren que la corrupción podría estar
incorporando en los servicios públicos una nueva dimensión de regresividad: los hogares
más pobres son los que tienen menor acceso a la mayoría de servicios públicos, pero, al
mismo tiempo, son los que tienen el mayor gasto relativo en sobornos a los funcionarios
públicos y son los que tienen la menor tasa de conclusión de trámites (Yamada & Mon-
80
Evolución del pago de coimas a la policía en el Perú y su impacto en la economía familiar
tero, 2011). Especialmente perjudicada es la población indígena, específicamente en lo
que se refiere a la conclusión de trámites (Montero & Yamada, 2012).
El caso de los servicios de la policía es especialmente relevante, ya que son los de mayor
tasa de utilización de la población en comparación con otros servicios públicos considerados en la ENAHO. El estudio de Trasparencia Internacional (Hardoon & Heinrich, 2013), ya mencionado, muestra que, en Perú, se registra una alta percepción de
corrupción con relación a estos servicios: usando una escala del 1 al 5, donde 1 es nada
corrupto y 5 es extremadamente corrupto, el resultado promedio para el poder judicial
en el Perú fue de 4.4 puntos y para la policía de 4.3 puntos, resultado similar al de los
partidos políticos (4.3) y del Congreso (4.3).
Recurriendo a la ENAHO, es posible indagar respecto a la evolución del uso de servicios públicos específicos —incluyendo el poder judicial y la policía— y del gasto en
sobornos. El caso de la policía es especialmente susceptible de análisis, debido a que el
uso del servicio por parte de los hogares es más frecuente que el de otras instituciones
públicas, con un mayor número de observaciones, lo que permite una desagregación
para distintos ámbitos geográficos y para distintos niveles de gasto del hogar. Esta información es de utilidad para conocer si la corrupción ha aumentado o ha disminuido en
las diversas regiones, y si los hogares de menor capacidad de gasto se están viendo más o
menos penalizados en comparación con los hogares de mayor capacidad de gasto. Este
conocimiento puede ser útil, tanto para identificar experiencias exitosas de lucha contra
la corrupción —y aprender de ellas—, como para señalar la necesidad de tomar medidas
más eficaces en aquellas regiones donde se observe un mayor deterioro.
El objetivo de la presente investigación es doble, por un lado busca valorar el impacto
que tiene el cobro de «coimas» en la economía familiar a través de los datos de la ENAHO; y por otro, analiza comparativamente estos valores en dos periodos de tiempo. En
ambos casos se tomará en cuenta diversas características de las familias como se especifica en la metodología. En consecuencia, la pregunta que se pretende responder en la
presente investigación es la siguiente: ¿cómo ha evolucionado la regresividad del gasto
de los hogares en sobornos para los servicios de la policía entre los periodos 2005-2006
y 2012-2013?
Marco teórico
Pese a ser un fenómeno común en Perú, la corrupción es una realidad bastante compleja.
La corrupción puede definirse como la «utilización del poder público para el beneficio
81
personal o de grupos que funcionan corporativamente», según lo cual la corrupción sería
«un hecho fundamentalmente político» (Marin, 1999, p. 10). Si bien la corrupción no
se limita al ámbito político, es conveniente tener presente que la política puede funcionar como caldo de cultivo e instrumento para su proliferación e institucionalización. En
efecto, pese a no ser un fenómeno exclusivo de la política, la corrupción suele estar muy
ligada a ella, sobre todo en los países latinoamericanos (Goertzel, 2005). Relacionado
con este punto, es de notar que Perú tiene una puntuación de 3.5 en el ranking de corrupción por países, ubicándose entre los países con alta percepción de corrupción. El
país menos corrupto es Finlandia, con 9.7 puntos, y el más corrupto es Haití, con 1.5
puntos (Goertzel, 2005).
Un problema fundamental de la corrupción es que, cuando está muy extendida, llega a
percibirse como algo «natural» o «normal», lo cual contribuye a un deterioro moral en
la sociedad y a la generación de más corrupción y de una mayor diversidad de formas de
la misma. Al respecto, puede señalarse que, si bien Perú tiene una larga historia plagada
de actos de corrupción (Quiroz, 2013), también pueden identificarse acontecimientos
relativamente recientes que pueden haber contribuido con la institucionalización de la
corrupción en el país. Por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fujimori se afectaron muchas instituciones públicas y privadas, donde la corrupción llegó a enquistarse
firmemente; se convirtió en procedimiento común la compra de políticos, empresarios,
periodistas, personajes de la farándula, etc., y proliferaron el «transfuguismo», las cortinas de humo y los sobornos.
Algunas características que definen la corrupción son las siguientes: 1) es una actuación
que viola un sistema de orden público o cívico; 2) se hace uso indebido de la autoridad;
3) se acepta dinero o cualquier beneficio por hacer algo que se tiene la obligación de
hacer; 4) se favorece a quien soborna; y 5) se permite que en la toma de decisiones primen consideraciones de ganancia personal, de status o prestigio para la familia, grupo o
partido (González, 1985).
Ahora bien, dentro de las formas de corrupción, la más conocida es el soborno o cohecho, que en Perú se conoce como «coima»; en otros países recibe diversos nombres:
«mordida» en México, «bajarse de la mula» en Venezuela o «serruchar» en Colombia.
Dentro del fenómeno del soborno, pueden reconocerse tres modalidades. La primera
es la transacción, cuando se usa para acelerar una función prescrita. Por ejemplo, en el
clásico estudio de Hernando de Soto sobre la informalidad en el Perú, se aprecia cómo
tuvieron que sobornar (aunque no quisieron) a los funcionarios públicos de la por en82
tonces Dirección General de Contribuciones, hoy SUNAT, para que les aprobaran la
licencia de funcionamiento de un negocio (Soto, Ghersi & Ghibellini, 1987). Una segunda forma de cohecho es el pago por la suspensión de la aplicación de normas en casos
donde su aplicación debería proceder naturalmente. Por ejemplo, las denuncias hechas
ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre las extraordinarias rebajas a
los montos pagados por conductores multados, quienes, en lugar de pagar una o dos
unidades impositivas tributarias (UIT), terminaron pagando alrededor de S/. 100, un
monto sustancialmente menor. La tercera forma de soborno es la compra de beneficios
(González, 1985).
Como causas de la corrupción, pueden mencionarse el subdesarrollo, la anomia generalizada, las grandes brechas entre el gobierno y la sociedad, la ausencia de un proyecto
nacional y de ética ciudadana, un bajo nivel de disciplina social, la prevalencia de desigualdades, la desinformación, y la indiferenciación entre el rol público y el interés privado. En este sentido, a mayor caos, subdesarrollo, desigualdad, indisciplina, ignorancia
y deshonestidad, habrá también mayor corrupción (González, 1985).
Entre las secuelas de la corrupción, Marin (1999) distingue las de tipo subjetivo de las
objetivas. En el ámbito político, la corrupción es incompatible con un gobierno moderno, ya que la corrupción genera una sensación de injusticia, desconfianza y frustración.
Además, provoca un distanciamiento de las personas con respecto a los asuntos públicos
y deslegitima los sistemas de gobierno. En el ámbito económico, la corrupción origina
fuga de capitales, y distorsiona y desalienta las inversiones. Asimismo, promueve una
situación de ineficiencia administrativa, que se refleja en la dilación de las gestiones públicas; se eleva el costo de la administración y se alienta la informalidad.
El presente estudio se centra en el soborno en los servicios de la policía. Los policías reciben un sueldo bajo y, al mismo tiempo, tienen una posición de autoridad. Precisamente, la corrupción es mayor donde se da esta combinación de ejercicio de poder —con
discrecionalidad en la toma de decisiones— y un limitado nivel de satisfacción de las
necesidades humanas. En ese sentido, estudios hechos con policías de Arequipa encontraron que hay relación estadísticamente significativa entre la realización personal de los
policías y el salario que reciben, además de que las policías femeninas presentan niveles
muy elevados de despersonalización, que suele ser sintomático de personas que realizan
sus funciones laborales con despreocupación por los usuarios de los servicios que prestan; se trata pues de un escenario favorable para la corrupción (Arias & Jiménez, 2011).
83
Sin embargo, se debe reconocer que la investigación científica del cohecho y las diversas
variables a las que está ligada, son difíciles de efectuar por cuanto las personas implicadas
temen ser descubiertas. Por ello se han diseñado diversas modalidades de investigación
experimental del soborno a través de la operacionalización de sus conceptos básicos
(Hasrun, Freidin & Moro, 2015). En estos términos se puede hablar de soborno extorsivo y colusorio que puede tener ciertas particularidades en función del tipo de ofrecimiento que se hace, quién lo hace, los implicados —sean personas o instituciones—, su
situación, etc.
Por otro lado, además de centrarse en los sobornos a los policías, el presente estudio toma en consideración las características de los hogares, concebidos como los usuarios de
los servicios que prestan los policías, en tanto son servidores públicos, con la finalidad de
conocer cuál es el gasto familiar destinado al pago de sobornos a los policías y comparar
los valores en dos periodos previamente delimitados.
Al respecto, como señalan Montero y Yamada (2012), es razonable suponer que el uso
de servicios públicos tiene un efecto positivo en el bienestar de los hogares; sin embargo,
acceder a estos servicios implica ciertos costos, como, por ejemplo, el transporte, las
tarifas de uso y el tiempo. Aquellos que utilizan los servicios se enfrentan a la capacidad
de los funcionarios de afectar la velocidad de atención y el nivel de éxito del trámite desarrollado. Este poder de los funcionarios crea la oportunidad para el pago de sobornos
con el fin de acelerar los trámites o evitar una multa.
Los hogares que utilizan un servicio son aquellos que consideran que el beneficio que
obtienen por este está por encima de los diversos costos mencionados (Yamada & Montero, 2011). Esta decisión puede depender tanto de las características del servicio como
de las características del hogar. En general, se espera que un hogar con mayor nivel de
ingresos y mayor nivel de educación haga un mayor uso de los servicios públicos —si
bien existen excepciones, como el caso de los servicios educativos que provee el sector
público—. Al mismo tiempo, cuanto mayor sea el costo asociado con los servicios públicos, menor será la demanda por los mismos (Yamada & Montero, 2011).
Los hogares que llegan a utilizar los servicios pueden verse requeridos o pueden ofrecer
ellos mismos un monto que pagarán en forma de soborno. Este monto exigido depende
de las características del servicio y de las características del hogar (Yamada & Montero,
2011). La hipótesis del presente estudio es que la utilización de los servicios de la policía
se ha incrementado, mientras que, entre los hogares usuarios del servicio, tanto la pro-
84
babilidad de haber pagado algún soborno como el gasto promedio en sobornos como
proporción del gasto total del hogar se han reducido.
Base de datos y metodología
Los datos para el estudio corresponden a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
para los periodos 2005-2006 y 2012-2013, de manera especial la sección de «Transparencia y corrupción» del Módulo de opinión de dicha encuesta. La muestra es probabilística, estratificada, multietápica e independiente en cada departamento de estudio. La
muestra anual de la ENAHO permite obtener estimaciones de los parámetros poblacionales para los ámbitos nacional, urbano y rural, de 24 departamentos, categorizados
en costa urbana, costa rural, sierra urbana, sierra rural, selva urbana, selva rural, y área
metropolitana de Lima y Callao. Los informantes del Módulo de opinión, que incluye
la sección «Transparencia y corrupción», son el jefe del hogar o el cónyuge.
Se parte de un enfoque comparativo entre periodos (2005-2006 y 2012-2013), quintiles
de gasto y ámbitos geográficos, considerando las variables de utilización del servicio de
la policía, probabilidad de pagar sobornos, y monto pagado como proporción del gasto
total del hogar. Más específicamente, las variables y su respectiva operacionalización
según sus niveles de medición, se presenta a continuación:
• Utilización de los servicios públicos de la policía, en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta: dicotómica (1: utilizó el servicio; 0: no utilizó el servicio).
• Pago de soborno a la policía, en los 12 meses anteriores a la encuesta: dicotómica
(1: pagó soborno; 0: no pagó soborno).
• Gasto en sobornos a la policía como proporción del gasto total del hogar: variable de razón, acotada entre 0 y 1.
• Periodo de análisis: 2005-2006 y 2012-2013.
• Ámbito geográfico: Lima Metropolitana, costa norte, costa centro, costa sur,
sierra norte, sierra centro, sierra sur, oriente.
• Quintil de gasto total (monetario) del hogar: variable ordinal.
85
Para la comparación de resultados entre periodos, quintiles de gasto y ámbitos geográficos, se recurre a la prueba de hipótesis de diferencia de proporciones.
Luego del análisis comparativo, se adopta un enfoque predictivo, donde la variable dependiente es el monto exigido como pago de sobornos a los usuarios del servicio en
función de las características del hogar, lo que permite contrastar si a los usuarios del
servicio provenientes de quintiles de menor gasto se les exige un mayor gasto en sobornos en proporción al gasto total del hogar.
En este sentido, se procede a estimar el monto que sería exigido en sobornos, como proporción del gasto total del hogar, para la totalidad de hogares usuarios del servicio; sin
embargo, este valor no es observable para aquellos hogares que no pagaron sobornos. Para
hacer las correcciones por el sesgo de no contar con montos de soborno exigido para todos
los usuarios, se utiliza el procedimiento de regresión bietápico propuesto por Heckman
(1979), donde la primera etapa consiste en un modelo de selección Probit, en el que la
variable explicada es dicotómica (1: pagó soborno; 0: no pagó soborno); y la segunda etapa
consiste de un modelo de mínimos cuadrados, donde la variable explicada es el monto
exigido en sobornos como proporción del gasto total del hogar, para aquellos hogares
que efectivamente pagaron sobornos; en esta segunda etapa, se incorpora como variable
explicativa un factor de corrección (la inversa del ratio de Mills) para corregir por el sesgo
de selección de no incluir los hogares que no pagaron sobornos. Asimismo, se corrigió por
heterocedasticidad, para evitar sesgos en la estimación de los errores estándar.
Adaptando la propuesta de Yamada y Montero (2011), se planteó un modelo Probit
para analizar la pertenencia o no de los hogares usuarios del servicio al subconjunto de
hogares que pagaron sobornos. El análisis Probit responde a la necesidad de analizar una
variable dependiente dicotómica en el marco de un modelo de regresión. El análisis por
mínimos cuadrados ordinarios es inadecuado cuando la variable dependiente es discreta
(Agresti, 1990; Collett, 1991). Específicamente, la ecuación de selección para los hogares que utilizan el servicio es la siguiente:
Probabilidad de que el hogar pague un soborno a la policía=Prob(Pago=1) = Φ (z)
Dónde:
z = B0 + B1 (Gasto del hogar) + B2 (Ubicación geográfica)
+ B3 (Características del hogar) + u
y Φ es la función de distribución normal estandarizada.
86
Gasto del hogar es el quintil de gasto en el que se ubica el hogar, utilizando variables dicotómicas para representar los quintiles. Ubicación geográfica considera los ocho dominios
definidos por el INEI, ya comentados. Por lo que se refiere a Características del hogar,
se incluyen las siguientes variables: Sexo, que distingue si el jefe del hogar es hombre o
mujer; Edad, que es la edad en años cumplidos del jefe del hogar; Estado civil, que considera las categorías casado, conviviente y otros (soltero, viudo, separado, divorciado),
utilizando variables dicotómicas; Miembros del hogar, que es el número miembros del
hogar; y Número de vehículos, que es el número de autos que se posee en el hogar. Las
variables Sexo, Edad, Estado civil y Miembros del hogar recogen características generales
del hogar que pueden tener un efecto sobre la utilidad del servicio. La variable Número
de vehículos parte de la percepción, fruto de indagaciones preliminares de los autores, de
que la interacción de la policía suele darse con la policía de tránsito.
Si el coeficiente B1 resulta positivo y de mayor magnitud para los quintiles superiores que
para los quintiles inferiores, significaría que los hogares de mayores ingresos tienen una
mayor probabilidad de pagar una coima a la policía que los hogares de menores ingresos.
Adaptando la propuesta de Yamada y Montero (2011), el efecto que tiene el nivel de
Gasto del hogar sobre el monto exigido en sobornos se puede expresar mediante la siguiente ecuación de interés:
Coima relativa = B0 + B1 (Gasto del hogar) + B2 (Ámbito geográfico)
+ B3 (Características del hogar) + Lambda + u
Donde Coima relativa es el valor exigido en sobornos como porcentaje del gasto total del hogar. En Ámbito geográfico y Características del hogar se incluyen las mismas variables detalladas
en la ecuación de selección, con excepción de Sexo y Número de vehículos; la exclusión de
estas variables obedece a la necesidad de que la ecuación de selección contenga al menos una
variable que no se relacione con la variable dependiente en la ecuación de interés para evitar
problemas de multicolinealidad. Lambda es el factor de control de Heckman (la inversa del
ratio de Mills), calculado a partir de la ecuación de selección (Heckman, 1979).
Con el fin de evaluar el posible cambio en la utilización del servicio y en el gasto en
sobornos relativo al gasto total del hogar, la metodología descrita se aplica por separado
para los periodos 2005-2006 y 2012-2013.
87
Resultados
Descripción de los datos y resultados generales
La ENAHO correspondiente a los años 2005-2006 proporciona 1,738 observaciones de
hogares que reportan haber hecho uso de los servicios de la policía. Por lo que se refiere a
los años 2012-2013, la ENAHO proporciona 3,905 observaciones, como se muestra en
la Tabla 1. En términos porcentuales, lo que se observa es un incremento estadísticamente
significativo en la proporción de hogares que tienen contacto con la policía, de 0.23% en
el periodo 2005-2006 a 1.89% en el periodo 2012-2013. Este incremento es significativo
para todos los dominios geográficos considerados (véase Tabla N° 2).
Tabla N° 1.
Perú: utilización del servicio de la policía y gasto en coimas del hogar,
según dominio geográfico, 2005-2006 y 2012-2013.
Dominio
Hogares que utiliza- Hogares usuarios
ron el servicio de la que pagaron alguna
policía (observacio- coima (observaciones no ponderadas) nes no ponderadas)
Gasto anual en
Gasto total anual del
coimas del hogar
hogar usuario del
usuario del servicio
servicio (nuevos soles
(nuevos soles cocorrientes)
rrientes)
2005-2006 2012-2013 2005-2006 2012-2013 2005-2006 2012-2013
2005-2006
2012-2013
Costa Norte
275
509
69
113
11
26
11,727
24,533
Costa Centro
114
330
29
77
5
16
13,746
22,594
Costa Sur
186
239
57
68
10
44
11,486
25,214
Sierra Norte
55
134
7
14
6
10
5,552
16,018
Sierra Centro
194
823
81
147
17
24
6,196
18,549
Sierra Sur
365
571
121
139
18
29
8,012
21,196
Selva
320
861
68
168
10
20
8,165
22,218
Lima Metrop.
230
438
62
105
16
28
18,571
35,260
Total Perú
1,739
3,905
494
831
14
25
11,006
25,616
Nota: La utilización del servicio de la policía corresponde a aquellos hogares encuestados que señalan
haber hecho uso del servicio en los 12 meses anteriores a la encuesta.
Fuente: Elaboración propia basada en ENAHO.
En cuanto a los hogares que pagaron algún soborno a la policía, la ENAHO proporciona 494 observaciones para el periodo 2005-2006 y 831 observaciones para el periodo
2012-2013 (véase Tabla N° 1). En términos porcentuales, lo que se observa es una reducción significativa en la proporción de hogares usuarios del servicio de la policía que
pagaron algún soborno, de 28.36% en 2005-2006 a 22.56% en 2012-2013; por ámbito
geográfico, las reducciones son significativas en la Sierra Centro y la Sierra Norte (véase
Tabla N° 2).
88
Tabla N° 2.
Perú: utilización del servicio de la policía y pago de coimas, según dominio geográfico,
2005-2006 y 2012-2013 (porcentajes).
Dominio
Hogares que utilizaron el servicio
de la policía (porcentaje)
2005-2006
2012-2013
Hogares usuarios que pagaron
alguna coima (porcentaje)
2005-2006
2012-2013
Gasto anual en coimas
como proporción del gasto
total de los hogares que
usaron el servicio
2005-2006 2012-2013
Costa Norte
0.27%
1.57% ***
23.87%
21.78%
0.0745%
0.1050%
Costa Centro
0.18%
1.77% ***
19.79%
24.10%
0.0297%
0.0702%
Costa Sur
0.35%
2.98% ***
31.50%
28.15%
0.0711%
0.1754%
Sierra Norte
0.10%
0.91% ***
13.77%
10.31% ***
0.0550%
0.0606%
Sierra Centro
0.09%
1.61% ***
42.79%
19.19% **
0.1137%
0.1283%
Sierra Sur
0.32%
2.01% ***
35.32%
25.35%
0.1095%
0.1372%
Selva
0.13%
1.65% ***
17.76%
19.53%
0.0686%
0.0917%
Lima Metrop.
0.34%
2.74% ***
28.63%
24.75%
0.0515%
0.0801%
Total Perú
0.23%
1.89% ***
28.36%
22.56% ***
0.0680%
0.0991%
*
Al comparar con el periodo 2005-2006, la diferencia es significativa en el nivel 0.1 con
prueba bilateral.
** Al comparar con el periodo 2005-2006, la diferencia es significativa en el nivel 0.01 con
prueba bilateral.
*** Al comparar con el periodo 2005-2006, la diferencia es significativa en el nivel 0.001 con
prueba bilateral.
La Tabla N° 3 muestra el gasto promedio anual en sobornos de los usuarios del servicio
en general —incluyendo a quienes no pagaron algún soborno a la policía—, según quintil de gasto del hogar. Nótese que tanto el gasto total por hogar como el gasto en sobornos por hogar se han elevado para los usuarios del servicio entre los periodos 2005-2006
y 2012-2013. Para los usuarios del servicio en general, el gasto promedio en sobornos se
elevó de S/. 14 a S/. 25.
El interés del estudio es evaluar el cambio en la utilización del servicio y en el gasto en sobornos relativo al gasto total del hogar. Respecto a la utilización del servicio, la Tabla N°
4 muestra la utilización del servicio por quintil de gasto total del hogar en los periodos
89
2005-2006 y 2012-2013. En ambos periodos se observa que la utilización de servicios
de la policía es mayor en los quintiles más altos en comparación con los más bajos.
Asimismo, al pasar del periodo 2005-2006 al 2012-2013, se observa un incremento significativo en la utilización de los servicios de la policía. Este incremento es significativo
para todos los quintiles de gasto del hogar.
Por lo que se refiere al pago de sobornos a la policía, al pasar del periodo 2005-2006 al
2012-2013, se observa una reducción significativa en la proporción de hogares usuarios
del servicio que pagaron algún soborno, de 28.36% a 22.56%. Esta reducción se concentra en los dos quintiles extremos: el de menor gasto (quintil 1) y el de mayor gasto
(quintil 5); para estos quintiles, la reducción es significativa. En cambio no se observa
una reducción significativa en los quintiles intermedios (quintiles 2, 3 y 4).
Tabla N° 3.
Perú: utilización del servicio de la policía y gasto en sobornos, según
quintil de gasto del hogar, 2005-2006 y 2012-2013.
Gasto anual en
Gasto total anual por
coimas por hogar
hogar usuario del
usuario del servicio
servicio (nuevos soles
(nuevos soles
corrientes)
corrientes)
2005-2006 2012-2013 2005-2006 2012-2013 2005-2006 2012-2013 2005-2006 2012-2013
86
315
21
27
12
3
1,659
3,864
211
684
56
134
7
17
4,605
8,777
346
788
91
186
9
22
7,977
14,380
438
945
108
223
7
26
12,868
21,500
658
1,173
218
261
22
34
27,222
45,246
1,739
3,905
494
831
14
25
11,006
25,616
Hogares que utilizaHogares usuarios
ron el servicio de la que pagaron alguna
Quintil
policía (observacio- coima (observaciones
de gasto
no ponderadas)
del hogar nes no ponderadas)
1
2
3
4
5
Total
En cuanto al gasto anual en sobornos a la policía como porcentaje del gasto total de los
hogares que usaron el servicio, se observa un incremento de 0.0680% a 0.0991% (véase
Tabla N° 4). Esta variación no es significativa en los niveles acostumbrados; tampoco se
observa una variación significativa en ninguno de los quintiles de gasto.
90
Tabla N° 4.
Perú: utilización del servicio de la policía y pago de sobornos, según quintil de gasto del hogar,
2005-2006 y 2012-2013 (porcentaje).
Quintil de
gasto del
hogar
1
2
3
4
5
Total
Hogares que utilizaron
el servicio de la policía
(porcentaje)
2005-2006
2012-2013
0.04%
0.72% ***
0.13%
1.39% ***
0.20%
1.85% ***
0.28%
2.19% ***
0.51%
2.84% ***
0.23%
1.89% ***
Hogares usuarios que
pagaron algún soborno
(porcentaje)
2005-2006
2012-2013
27.66%
10.11% ***
22.38%
21.17%
24.36%
24.29%
22.89%
24.32%
34.00%
22.98% ***
28.36%
22.56% ***
Gasto anual en sobornos como
proporción del gasto total de los
hogares que usaron el servicio
2005-2006
2012-2013
0.5858%
0.0807%
0.1413%
0.1968%
0.1054%
0.1520%
0.0566%
0.1190%
0.0623%
0.0752%
0.0680%
0.0991%
Nota: El quintil 1 corresponde al de menor gasto y el quintil 5, al de mayor gasto.
* Al comparar con el periodo 2005-2006, la diferencia es significativa en el nivel 0.1 con
prueba bilateral.
** Al comparar con el periodo 2005-2006, la diferencia es significativa en el nivel 0.01 con
prueba bilateral.
*** Al comparar con el periodo 2005-2006, la diferencia es significativa en el nivel 0.001 con
prueba bilateral.
Análisis de regresión
La Tabla N° 5 muestra los resultados de aplicar un modelo de regresión Probit a la ecuación de selección, donde la variable explicada es la probabilidad de que un usuario del servicio de la policía pague algún soborno. Para ambos periodos (2005-2006 y 2012-2013),
el contraste ómnibus (chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes) resulta significativo.
Para el periodo 2005-2006, las variables significativas corresponden a algunos ámbitos
geográficos específicos, sexo del jefe del hogar, que el jefe del hogar sea casado, que el jefe
del hogar tenga educación secundaria y el número de vehículos del hogar. Por su parte, los
quintiles de gasto no resultan estadísticamente significativos. En comparación con Lima
Metropolitana, que el ámbito geográfico sea Sierra Centro o Sierra Sur reduce la probabilidad de pago de sobornos, mientras que Sierra Norte y Selva aumentan la probabilidad.
Que el jefe de hogar sea mujer aumenta la probabilidad de pago de sobornos. Que el jefe
de hogar sea casado también aumenta la probabilidad de pago de sobornos, en comparación con la categoría soltero, viudo, separado o divorciado. Que el jefe de hogar tenga nivel
de secundaria también aumenta la probabilidad de pago de sobornos en comparación con
la situación sin nivel educativo. Por su parte, el número de vehículos reduce la probabilidad de pago de sobornos.
91
Para el periodo 2012-2013, las variables significativas son el quintil de gasto del hogar,
algunos ámbitos geográficos específicos, edad del jefe del hogar, sexo del jefe del hogar,
el número de vehículos del hogar, que el jefe del hogar sea casado, que el jefe del hogar
tenga solo educación primaria y el número de miembros del hogar. Se observa que,
en comparación con el quintil de menor gasto, la pertenencia a cualquier otro quintil
eleva la probabilidad de pago de sobornos de los usuarios del servicio. Por su parte,
en comparación con Lima Metropolitana, la pertenencia a Selva, Sierra Norte y Sierra
Centro disminuye la probabilidad de pago de sobornos. La edad del jefe del hogar tiene un impacto negativo significativo en la probabilidad de pago de sobornos (a mayor
edad del jefe del hogar, menor probabilidad de pago de sobornos). La probabilidad
de pago de sobornos es mayor cuando el jefe del hogar es varón. En comparación con
la situación de jefe de hogar soltero, viudo, separado o divorciado, la probabilidad de
pago de sobornos es mayor para los hogares de jefe conviviente y menor para los hogares de jefe de hogar casado, siendo el impacto significativo cuando el jefe de hogar
es casado. El número de miembros del hogar tiene un impacto negativo en la probabilidad de pago de sobornos: a mayor número de miembros, menor probabilidad de
pago de sobornos.
Que el jefe del hogar tenga algún nivel educativo por encima de sin nivel o inicial parece
incrementar la probabilidad de pago de sobornos, siendo el resultado significativo cuando el jefe del hogar tiene solo hasta educación primaria.
La Tabla N° 6 muestra los resultados del análisis de regresión por mínimos cuadrados.
La variable explicada es el monto exigido en sobornos como proporción del gasto total
del hogar, incluyendo el factor de corrección Lambda propuesto por Heckman (inversa
del ratio de Mills). Tanto para el periodo 2005-2006 como para el periodo 2012-2013,
Lambda resulta significativo. Los errores típicos y las pruebas de significancia han sido
calculados corrigiendo por heterocedasticidad. Las variables número de vehículos motorizados del hogar y el estado civil del jefe del hogar han sido excluidas como variables
explicativas para evitar el riesgo de multicolinealidad.
92
Tabla N° 5.
Resultados de la ecuación de selección: modelo Probit para el pago de algún soborno por parte
de los usuarios del servicio, 2005-2006 y 2012-2013.
2005-2006
Parámetro
Intersección
Quintil 2
Quintil 3
Quintil 4
Quintil 5
Costa Norte
Costa Centro
Costa Sur
Sierra Norte
Sierra Centro
Sierra Sur
Selva
Edad del jefe
Jefe es mujer
Jefe es conviviente
Jefe es casado
Miembros del hogar
Educación primaria
Educación secun.
Educación técnica
Educación univ.
N° de vehículos
Coeficiente de Error
regresión B
típico
.381
-.055
-.086
-.059
-.249
-.012
-.028
-.181
.454
-.469
-.272
.248
.005
.326
.118
.320
-.011
.035
.228
.240
.202
-.322
.254
.183
.177
.179
.185
.125
.158
.136
.244
.132
.116
.125
.003
.106
.110
.104
.016
.117
.122
.147
.139
.055
Significancia
(Chi-cuadrado de Wald)
.133
.762
.630
.744
.178
.921
.859
.183
.063
.000
.020
.047
.109
.002
.284
.002
.492
.767
.061
.101
.145
.000
2012-2013
Coeficiente
de regreError típico
sión B
-.597
.190
.345
.121
.440
.121
.423
.122
.377
.128
-.126
.094
-.077
.104
.070
.112
-.567
.169
-.176
.090
-.015
.092
-.396
.089
-.011
.002
-.382
.077
.075
.073
-.161
.074
-.022
.013
.177
.088
.125
.091
.017
.109
.004
.100
.319
.038
Significancia
(Chi-cuadrado de Wald)
.002
.004
.000
.001
.003
.180
.460
.527
.001
.051
.871
.000
.000
.000
.306
.029
.081
.046
.172
.877
.966
.000
En el periodo 2005-2006, los quintiles de ingreso se muestran significativos para explicar la proporción del gasto del hogar exigido en sobornos; se observa que, a mayor
quintil de gasto, menor la proporción exigida en sobornos. En cuando a los dominios,
Sierra Norte incrementa la proporción del gasto en sobornos en comparación con Lima
Metropolitana. Otras variables no resultan significativas.
En el periodo 2012-2013, el quintil superior se asocia con una menor proporción de
gasto en sobornos, en comparación con el primer quintil. Los ámbitos geográficos Costa
Sur y Sierra Centro incrementan la proporción de gasto en sobornos en comparación
con Lima Metropolitana.
93
Tabla N° 6.
Resultados de la ecuación de interés: modelo de mínimos cuadrados para el monto exigido en
coimas a los usuarios del servicio, como proporción de gasto total del hogar, 2005-2006 y 2012-2013.
2005-2006
2012-2013
Coeficiente de
Significancia Coeficiente de
Significancia
Error típico
Error típico
regresión B
(prueba t)
regresión B
(prueba t)
Intersección
.0136
.0031
.0000
.0029
.0015
.0497
Quintil 2
-.0106
.0022
.0000
.0003
.0008
.7073
Quintil 3
-.0121
.0021
.0000
-.0011
.0008
.1801
Quintil 4
-.0137
.0021
.0000
-.0012
.0008
.1438
Quintil 5
-.0157
.0022
.0000
-.0015
.0008
.0754
Costa Norte
.0004
.0015
.8060
.0001
.0006
.8806
Costa Centro
-.0012
.0019
.5220
-.0009
.0007
.1821
Costa Sur
.0000
.0016
.9858
.0018
.0007
.0154
Sierra Norte
.0058
.0034
.0925
-.0007
.0010
.4607
Sierra Centro
-.0015
.0016
.3473
.0019
.0006
.0021
Sierra Sur
.0010
.0014
.4441
.0001
.0006
.8799
Selva
.0023
.0015
.1410
-.0002
.0006
.7704
Edad del jefe
.0000
.0000
.6185
.0000
.0000
.1012
Jefe es mujer
-.0011
.0010
.2819
-.0001
.0005
.7746
M. del hogar
-.0001
.0002
.4204
-.0001
.0001
.2736
Edu. primaria
.0005
.0013
.7038
.0009
.0006
.1347
Edu. secundaria
.0007
.0014
.632
.0001
.0006
.8927
Edu. técnica
.0000
.0017
.979
-.0001
.0007
.8874
Edu. universitaria
.0005
.0016
.769
-.0007
.0006
.3075
Lambda
.0057
.0025
.028
.0036
.0016
.0212
Parámetro
Nota: Los errores típicos y las pruebas de significancia han sido calculados corrigiendo por
heterocedasticidad.
Bondad de ajuste (R2) es de 0,169 para 2005-2006 y de 0,043 para 2012-2013.
Discusión
El análisis de la ENAHO muestra que la utilización de los servicios de la policía es mayor en los quintiles de mayor gasto que en los de menor gasto, tanto en el periodo 20052006 como en el 2012-2013. Asimismo, se observa un incremento estadísticamente
significativo en la utilización del servicio por parte de los hogares peruanos, pasando de
0.23% a 1.89% de los hogares.
El análisis también muestra una reducción estadísticamente significativa en la proporción de hogares usuarios que pagaron algún soborno, de 28.36% a 22.56%. La reducción también se muestra significativa en el quintil de menor gasto (donde la incidencia
de pago de «coimas» por parte de los usuarios se redujo de 27.66% a 10.11%) y en el
94
quintil de mayor gasto (donde se redujo de 34.00% a 22.98%). Este dato podría ser
un indicador de que la policía se está moralizando, dado que en los últimos años se ha
tomado mayor interés en eliminar la corrupción del cuerpo policial, lo cual ha implicado sanciones más drásticas para los efectivos policiales que hayan sido denunciados
o atrapados in fraganti por los organismos de control correspondientes. A ello se suma
el aumento de sueldo que han recibido los policías y las fuerzas militares del país, hace
unos pocos años atrás. Sin embargo, como proporción del gasto de los hogares usuarios
del servicio, el monto pagado en sobornos muestra un incremento, si bien este no es
estadísticamente significativo en los niveles habituales.
Al analizar la probabilidad de pago de sobornos de los usuarios del servicio, comparando
los dos periodos considerados, se observa que, en general, el impacto de las diversas variables explicativas consideradas no se mantiene para ambos periodos. En el 2012-2013,
el quintil de gasto es estadísticamente significativo para explicar la probabilidad de pago
de sobornos, mientras que en el periodo 2005-2006 no lo era. Respecto a los ámbitos
geográficos, en el periodo 2005-2006, Sierra Norte incrementaba la probabilidad de
pago de sobornos en comparación con Lima, mientras que, en el periodo 2012-2013,
la reduce. En el periodo 2005-2006, Sierra Sur reducía la probabilidad de pago de sobornos, pero esta diferencia dejó de ser significativa en el periodo 2012-2013. Sierra
Centro tiene menor probabilidad de pago de sobornos en ambos periodos. En el periodo
2005-2006, en la Selva se incrementaba la probabilidad de pago de sobornos, pero en
el periodo 2012-2013 se invirtió la situación, y este ámbito geográfico pasó a reducir la
probabilidad de pago de sobornos.
La edad del jefe de hogar no era significativa en 2004-2005, pero pasó a serlo en el periodo 2012-2013, reduciendo la probabilidad de pago de sobornos a mayor edad. Que el
jefe de hogar sea mujer incrementaba la probabilidad de pago de sobornos en el periodo
2005-2006, pero pasó a reducir la probabilidad de pago de sobornos en 2012-2013. El
número de miembros del hogar no tenía un impacto estadísticamente significativo en
el periodo 2004-2005, pero pasó a reducir la probabilidad de pago de sobornos en el
periodo 2012-2013. En el periodo 2005-2006, que el jefe tuviera nivel de educación
secundaria era significativo para incrementar la probabilidad de pago de sobornos respecto a un jefe sin nivel educativo, mientras que, en 2012-2013, que el jefe tuviera nivel
de educación primaria se convirtió en un dato significativo para incrementar la probabilidad de pago de sobornos. En 2005-2006, un aumento en el número de vehículos
reduce la probabilidad de pago de sobornos, mientras que, en el periodo 2012-2013,
incrementa la probabilidad de pago de sobornos.
95
Respecto al monto exigido en «coimas», los resultados del análisis sugieren que, mientras
que en el periodo 2005-2006 el monto relativo depende fuertemente del quintil de gasto
(con quintiles de mayor gasto pagando relativamente menos en sobornos), en el periodo 2012-2013 ya no se observa con claridad este efecto: solo el quintil de mayor gasto
muestra una «coima» exigida claramente menor en proporción a sus ingresos.
Para finalizar, creemos que el tema de la corrupción en Perú y las diversas regiones del
país debe ser un tema prioritario de investigación, pues es un fenómeno bastante difundido que se ha intentado erradicar, pero muy pocas veces se ha intentado valorar los
efectos de las medidas que se han tomado a nivel gubernamental, institucional o legal. Se
trata de un fenómeno complejo en el que conviene profundizar desde diversos ángulos
teóricos, enfoques disciplinares y marcos metodológicos. En este sentido, este estudio
constituye un pequeño aporte desde un enfoque econométrico.
Por otro lado, estos resultados deben traducirse en propuestas y planes de acción para prevenir o neutralizar a los agentes de la corrupción. En ese sentido, es necesario
considerar que para combatir la corrupción es necesario un enfoque interdisciplinario
que abarque aspectos filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos, axiológicos,
teleológicos y pedagógicos (Salgado, 2004). Presentamos esta información para que los
investigadores de diversas disciplinas pongan atención a este interesante fenómeno, que
es a su vez pernicioso y difícil de combatir; y para que las autoridades políticas, jurídicas y policiales tomen las medidas correspondientes, de manera que se contribuya a la
erradicación de la corrupción en Perú, en pos de una nación con sólidos valores morales,
autoridades cívicamente motivadas y gestiones institucionales transparentes.
96
Referencias
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Peruanos.
97
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Yamada, G. & Montero, R. (2011). Doble a triple castigo: burocracia, corrupción e
inequidad en los servicios públicos en el Perú. Economía y Sociedad, 78, 31-37.
98
Notas
1
La encuesta nacional fue realizada a 1,202 personas en 16 regiones del país por la empresa
Ipsos Perú por encargo de Proética; contó con el auspicio de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN Anticorrupción), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).
99
-100-
Mapa de la violencia contra la mujer:
La importancia de la familia
Rodolfo J. Castro es Licenciado en Administración de Negocios por la Universidad
Católica San Pablo y Magíster en Ciencias para el Matrimonio y la Familia por
la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Es docente a tiempo completo e
investigador de la UCSP y Director del Instituto para el Matrimonio y la Familia
Renzo Rivera es Bachiller en Psicología por la Universidad Nacional San Agustín.
Miembro del Grupo de Investigación Educativa Schola de la UCSP.
-101-
-102-
Mapa de la violencia contra la mujer:
La importancia de la familia
Map of violence against women: The relevance of family
Rodolfo J. Castro y Renzo Rivera
Resumen
El objetivo del presente estudio fue elaborar un mapa que refleje el estado de la violencia
contra la mujer en el Perú a partir del Índice de Intensidad de Violencia contra la Mujer IIVM
(Rivera & Castro, 2015). El estudio fue desarrollado a partir de los datos de la ENDES 2013,
que al contener una muestra representativa nacional permitió un análisis por sectores. Se
pudo determinar que el IIVM es mayor en las zonas rurales y en la región sierra, siendo los
departamentos de Cuzco (=22.81), Arequipa (=21.79) y Callao (=20.75) los que presentaron
IIVM superiores, mientras que los departamentos con menores niveles del IIVM fueron La
Libertad (=13.05), San Martín (=13.41) y Pasco (=13.77). Posteriormente se realizó un análisis comparativo a partir de los factores predictivos de la violencia hacia la mujer (Castro,
Cerellino & Rivera, 2015) encontrando que el IIVM fue significativamente mayor cuando la
mujer realiza un trabajo fuera de casa, si hubo violencia entre sus padres o ella misma fue maltratada de niña, además si la mujer mantiene una unión libre o convivencia, cuando la pareja
se embriaga con frecuencia, también se incrementa con una mayor duración de la relación y
cuando la mujer pertenece a los quintiles de riqueza inferiores. El índice es menor cuando la
mujer es mayor que su pareja por cinco a más años.
Palabras Clave
Violencia contra la mujer, maltrato, agresión, factores sociodemográficos, mapa nacional.
Summary
This study’s aim was to develop a map that display the status of violence against women in
Peru starting from the Violence Intensity Index against Women VIIW (Rivera & Castro,
2015), the study was developed from the ENDES 2013 data, which inclusion of nationally representative sample allowed an analysis by sectors. We were able to determine that the IIVM
is higher in rural areas, and in the sierra region, being the departments of Cuzco (=22.81),
Arequipa (=21.79) and Callao (=20.75) which presented higher IIVM levels, while La Libertad (=13.05), San Martin (=13.41) and Pasco (=13.77) were the departments with the lowest
Año 2015, Volumen 6, 101-125
-103-
levels of VIIW. Later we execute a comparative analysis from the violence against women predictive factors (Castro, Cerellino & Rivera, 2015), it was found that the VIIW was significantly
higher among women who work outdoors, when there was violence between her parents or
if she was battered as a child, if the woman lives in a free union or cohabits, when her partner
gets drunk frequently, also the VIIW increases with long relationships and when the woman
belongs to the lower levels of wealth. The index is less when the woman is older than her
partner by five or more years.
Key Words
Partner violence, abuse, aggression, socio demographic factors, national map.
Introducción
La violencia es un atentado directo contra el valor de la dignidad de la persona humana y
una grave violación a sus derechos fundamentales. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) la reconoce como un complejo problema de salud pública con serias repercusiones
para la economía y el desarrollo de las sociedades (Gallagher, 2002; Heise, Ellsberg &
Gottemoeller, 1999; Viviano, 2007). Por su relevancia, la violencia es considerada un tema
central en la agenda política de los estados (Badajoz, 2009); y los estudios muestran que
esta genera un círculo que imposibilita el desarrollo de relaciones basadas en la justicia y el
respeto; en ese sentido, el recinto académico debe aportar desde la investigación estudios
que ayuden a comprender con mayor precisión el fenómeno de la violencia con la finalidad
de erradicar este mal que atañe a las personas, las familias y la sociedad en su conjunto.
La violencia se presenta en la propia familia, paradójicamente el lugar que debería ser el
más seguro se convierte algunas veces en espacio de disputas, agresiones y diversas expresiones de violencia tanto entre la pareja como hacia los hijos (Carrión, 2002; Frías & Gaxiola,
2008; Frías, Rodríguez & Gaxiola, 2003). En el presente estudio nos enfocaremos en la
violencia de pareja y, más en concreto, en la ejercida por parte del varón hacia la mujer.
El problema de la violencia hacia la mujer suscitó rápidamente el interés internacional y, según la literatura revisada, empezó a ser estudiada formalmente en los setenta en Estados Unidos (Breines & Gordon, 1983). Hablar de la violencia dentro de la familia supuso romper la
barrera de la «privacidad intrafamiliar», tendencia que crecería en la medida en que se avanzaba en el reconocimiento de los derechos fundamentales de niños, mujeres y discapacitados
(Alonso & Castellanos, 2006). Este movimiento propició que la misma Organización de las
Naciones Unidas, amparándose en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, instituya primero en 1975 el Año Internacional de la Mujer, organizando posteriormente la I Conferencia Mundial en la Ciudad de México (Organización de las Naciones
104
Mapa de la violencia contra la mujer: La importancia de la familia
Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, 2008). En 1979, la Asamblea General propuso la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer; y
en 1993 surgiría la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993),
definiéndola como «todo acto que tenga o pueda tener como resultado el daño o sufrimiento
físico, psíquico o sexual en la mujer» (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993, art.
1). Los estados se adhirieron a los lineamientos de la Declaración y se comprometieron a
establecer políticas y estrategias de prevención contra la violencia ejercida contra la mujer. El
Perú actualmente cuenta con el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015,
que la define como un problema de alta complejidad, de naturaleza multicausal y expresión
multidimensional (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2009).
Los estudios académicos han ofrecido importantes resultados que nos permiten aproximarnos con mayor precisión a las reales dimensiones de la violencia. La violencia de
pareja es hoy en día uno de los problemas más serios que afecta nuestra sociedad. Según
las últimas investigaciones, la tendencia de este fenómeno es mundial y las cifras vienen
incrementándose rápidamente. Según el Estudio Multipaís sobre la Salud de la Mujer
y la Violencia Doméstica que abarcó a más de 2,4000 mujeres de 10 países de diversos
entornos socioculturales, el porcentaje de mujeres que manifestó haber sufrido violencia
física y/o sexual por parte de su pareja a lo largo de su relación «oscilaba entre el 15% y el
71%, aunque en la mayoría de los entornos se registraron índices comprendidos entre el
24% y el 53%» (OMS, 2005, p. 18). El Perú —que fue uno de los países seleccionados
en la muestra— registró una de las frecuencias más elevadas de violencia, el 69% de mujeres en el área rural y 51% en áreas urbanas indicaron haber sido víctimas de violencia
física y/o sexual por parte de su pareja. Y según el reporte del Centro de Información
de las Naciones Unidas (2007-2012) con respecto a las mujeres latinoamericanas, señala
que «más de la mitad han sido objeto de agresiones en sus hogares» (Miljanovich et al.,
2010, p.193). Las estadísticas ofrecidas por diversas fuentes estarían mostrando el alto
grado de incidencia de este fenómeno, y al parecer el Perú sería uno de los países con
mayor nivel de actos de violencia intrafamiliar. El informe citado por la OMS lo ubicaría
como el país con mayor prevalencia de mujeres entre 15 y 49 años que sufren violencia
sexual en América Latina, con una tasa de 22.4 por cada 100,000 habitantes, ubicándose
a nivel mundial solo por debajo de Etiopía y Bangladesh.
La literatura analizada muestra numerosas variables que han sido estudiadas por su alto grado de correlación y posibilidad de predicción de la violencia familiar. Así, por
ejemplo, se demostró que el grado de instrucción del varón tiene un efecto negativo en
la práctica de actos violentos contra su pareja, mientras que el consumo de alcohol se
relacionaría significativamente con el maltrato familiar (Frías et al., 2003). El presenciar
105
o ser testigo de actos de violencia en la infancia generaría mayor probabilidad de convertirse en un agresor, así como el consumir drogas generaría un mayor nivel de conductas
delictivas y el haber sido maltratado por parte de sus padres también estaría incrementado la probabilidad de un comportamiento violento, puesto que, según O’Hara (1994),
los progenitores que maltratan a sus hijos tienen por lo general un historial de violencia
previa contra la pareja.
Asimismo el informe Inmujeres (2006), después de analizar los datos de ENDIREH y
ENVIM —ambas encuestas nacionales representativas de México— mostró que la prevalencia de la violencia sexual es mayor en el sector rural, en estratos socioeconómicos
bajos, y es más recurrente en las mujeres que se encontrarían insertadas en el mercado
laboral. También la violencia sería más frecuente en quienes mantienen una unión libre,
y por último se indicó que el haber tenido más de una unión también sería un factor que
incrementaría la probabilidad de padecer violencia. Autores como R. Castro y Casique
(2009) indican que realizar un trabajo extradoméstico, ser golpeada de niña y mantener
una relación sentimental en unión libre, serían los factores más robustos capaces de
incrementar la probabilidad de riesgo de la mujer de ser víctima de violencia física. El
consumo de alcohol, la carencia de recursos económicos y la infidelidad conyugal serían
otros factores de riesgo potenciales generadores de violencia contra la mujer (Bardales,
2009). Los entornos familiares desinhiben el impulso a agredir y esta reacción se potenciaría por el consumo de alcohol (Inmujeres, 2006); y de acuerdo a los estudios de Díaz
y Miranda (2010) —quienes basaron su investigación en la ENDES Continua 20042007— encontraron que la ingesta de alcohol muestra una relación más fuerte (r= 0.81)
que incluso factores como el nivel de pobreza (r= 0.29).
Una de las variables más estudiadas y de mayor impacto predictor en la violencia, en sus
diferentes expresiones, es la familia; los estudios de Dekovic, Wissink y Meijer (2004);
Martínez, Fuertes, Ramos y Hernández (2003); y Musitu y Cava (2003) encontraron en la
dinámica, estructura y composición familiar importantes variables que explicarían la violencia en el interior de la familia. Las consecuencias del impacto de la violencia dentro de
la familia no solo abarcarían la relación de pareja, hay estudios que muestran que el riesgo
de maltrato infantil es más elevado en hogares donde existía abuso psicológico por parte
de la pareja (Chang et al., 2008; Sedlak & Broadhurst, 2005); este escenario estaría convirtiendo a los niños testigos de violencia física en personas más vulnerables a aprehender
que la violencia puede ser utilizada como un mecanismo «natural» para resolver conflictos
o frustraciones, esta sería una posible explicación de la correlación de la violencia partiendo
de la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1977). El riesgo de que las madres usen el castigo
físico como forma de educar a sus hijos aumenta substancialmente si ellas han sido víctimas
106
de violencia física por parte de sus padres en la infancia (Benavides & León, 2013; Gage
& Silvestre, 2010).
El matrimonio podría significar, según los estudios de Pliego (2012), una novedosa vía
generadora de mayor bienestar a niveles de justicia, solidaridad y respeto; consecuentemente un camino de prevención contra cualquier atentado hacia el cumplimiento
de los derechos humanos fundamentales. Numerosa evidencia académica respaldaría
lo afirmado (Fretwell, 2005; Stutzer & Frey, 2006). Los hombres casados estarían más
dispuestos a proteger a sus parejas en comparación de quienes no lo están y las mujeres
casadas se encontrarían más seguras en comparación a sus pares solteras o convivientes
(Bachman & Saltzman, 1994), además de ser cuatro veces menos propensas a ser víctimas de actos violentos en general —asaltadas, violadas o robadas— (Catalano, 2012).
Resultados semejantes fueron hallados por Brown y Roebuck (2005), quienes refieren
que las personas que viven en matrimonio tendrían 33% menos posibilidades de ser
víctima de violencia por parte de su pareja, en comparación de aquellas que viven en
unión libre o convivencia; el estudio abarcó a más de 3,000 mujeres entre 18 y 28 años,
y comparó el tipo de relación (matrimonio o convivencia) considerando el mismo nivel
educativo, condición laboral, número de hijos, raza, tipo de práctica religiosa y duración
y calidad de la relación. Otros estudios estarían confirmando los mismos efectos: una
mujer que convive multiplica por tres el riesgo de sufrir alguna agresión física en comparación con las casadas (Salari & Baldwin, 2002) y convivir multiplicaría por nueve el
riesgo de que la mujer sea asesinada (Shackeford, 2001). El Informe Incas (2007) concluye que, en los feminicidios, por cada 100,000 parejas convivientes hubieron 3 mujeres asesinadas, mientras que en el caso del matrimonio la tasa se sitúa en 0.26; es decir,
diez veces menos que en el primer tipo de relación. Considerando diversos escenarios
y utilizando diferentes metodologías, los resultandos son semejantes entre sí: la mujer
casada tiene menores probabilidades de sufrir algún tipo de agresión (Díaz & Miranda,
2010). Las bondades del matrimonio y la familia siguen siendo un aspecto central en la
vida y dinámica de las sociedades, las niñas que crecen en hogares donde sus padres están
casados tienen menor posibilidad de ser abusadas en comparación de aquellas pertenecientes a hogares cuyos padres no lo están, la brecha se incrementa cuando la menor no
vive con sus progenitores biológicos, así lo demostró el estudio Fourth National Incidence
Study of Child Abuse and Neglect (2001), que señaló que los niños que viven en hogares
compuestos por sus padres casados tienen menos posibilidades de ser abusados (0.7 por
1000 niños) y el riesgo se incrementaría significativamente cuando los padres tienen una
relación de convivencia (12.1 por 1000 niños) además de un mayor riesgo de padecer
abusos físicos, los que se elevarían hasta cincuenta veces más cuando la madre biológica
vive con su pareja (conviviente) en comparación cuando el niño vive con sus dos padres
107
biológicos. En tal sentido se puede comprender el círculo vicioso y expansivo de la violencia al interior de la familia.
Uno de los aspectos fundamentales de la investigación científica que versa sobre la violencia es conocer los factores explicativos de la misma, si los estudios determinan estos
factores de riesgo estaremos en mejores condiciones de evitarla. En el estudio realizado
por Castro, Cerellino y Rivera (2015) se determinaron los factores que predicen la violencia contra la mujer en Perú, siendo el consumo de alcohol en la pareja, el estado civil,
el grado de instrucción, la duración de la relación y antecedentes de violencia familiar,
las variables más determinantes; el estudio en mención resulta muy iluminador porque
tuvo como desarrollo previo la elaboración del Índice de Intensidad de Violencia contra
la Mujer (Rivera & Castro, 2015); este análisis posibilitó una comprensión de la verdadera dimensión de la violencia, puesto que no se trataría de indicadores descriptivos o
de índices de presencia que podrían dar lugar a interpretaciones poco precisas. En ese
sentido, el presente estudio se basa en el Índice de Intensidad citado y utiliza los datos de
la ENDES 2013, que al ser una muestra representativa nacional permite un análisis por
sectores y considera aspectos sociodemográficos importante que correlacionan, según
la literatura revisada, con el fenómeno de la violencia; la investigación busca analizar
la distribución de la violencia a través de un mapa nacional que posibilite visualizar el
estado actual de la violencia en el Perú.
Metodología
El presente estudio utilizó como fuente de datos a la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar - ENDES 2013 (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2014), cuya
población objetivo son las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad y sus hijos de
5 años o menos. La muestra de la ENDES 2013 es probabilística, de áreas, estratificada,
bietápica y autoponderada a nivel departamental por área de residencia: urbana y rural. La
muestra está constituida por 1426 conglomerados, distribuidos proporcionalmente en las
áreas urbana y rural; el número de conglomerados por departamento fluctúa entre 42 hasta
66, salvo en Lima donde se seleccionaron 200 conglomerados. El número de hogares fue
de 27889 dentro de los cuales se encontraron un total de 23564 mujeres elegibles de 15 a
49 años, obteniendo al final 22920 entrevistas completas; dicha muestra es representativa
de la población peruana.
Teniendo en cuenta la naturaleza del estudio obtuvimos la información de diversas secciones de la ENDES 2013 (Sección 12. Violencia doméstica), donde se les preguntó a
las mujeres que habían estado alguna vez unidas a un hombre, acerca de si su última
108
pareja (esposo o compañero) había ejercido sobre ellas algún tipo de violencia —verbal,
física o sexual— además usamos los datos de la Sección 2. Características de las mujeres;
y la Sección 5. Nupcialidad. Con estos datos se conformó una sub-muestra de 12993
mujeres que están unidas a un hombre o alguna vez lo estuvieron y respondieron al
cuestionario de violencia familiar.
En este estudio, la variable violencia contra la mujer es medida a través del IIVM (Rivera
& Castro, 2015) construido en base a 18 reactivos que exploran directamente sobre la
violencia verbal, física y sexual que se da por parte de las parejas de las entrevistadas, los
que al ser sometidos a un análisis factorial dan como resultado dos factores que explican
el 71,45% de la varianza en su conjunto, con un coeficiente de consistencia interna Alfa
ordinal de .98 y que fueron sometidos a un análisis de jueces para otorgarles diversos
puntajes según el daño emocional y físico que producían, es así que el índice tiene valores que van desde 0 hasta 107 puntos. Para generar los niveles de violencia el índice
fue sometido a un análisis de clúster, dando como resultado cuatro niveles de violencia
de contra la mujer: no violencia (0 a 5 puntos), violencia leve (6 a 34 puntos), violencia
moderada (35 a 62 puntos) y violencia severa (63 a 107 puntos).
Las variables que nos servirán para poder describir la prevalencia de la violencia son:
los intervalos de edad de la mujer, el departamento, la región natural y la zona de residencia (rural o urbana) donde habita la mujer. Además incluiremos las variables que
han demostrado ser predictoras de la violencia contra la mujer en sus diversos niveles
—leve, moderada, severa— en nuestro país (Castro, Cerellino & Rivera, 2015). Las
variables predictoras a nivel individual son: diferencia de edad entre los miembros de
la pareja, condición laboral, antecedentes de presencia de violencia familiar del padre
a la madre y maltrato infantil. Para el caso de las variables predictoras a nivel de la
relación de pareja tenemos: estado civil (solo se tomará en cuenta la unión libre y el
matrimonio), años de relación y frecuencia de consumo de alcohol en la pareja. La
variable predictora a nivel comunitario es el quintil de riqueza.
Para determinar la prevalencia de la violencia de pareja utilizamos estadísticos descriptivos, en cuanto a las comparaciones según las variables que mostraron ser predictoras
(Castro, Cerellino & Rivera, 2015) —teniendo en cuenta que el IIVM no sigue una
distribución normal y hay heterocedasticidad en sus varianzas dentro de los diversos
grupos a comparar— se hizo uso pruebas no paramétricas: U de Mann Whitney y H
de Kruskal Wallis (Gibbons & Chakraborti, 2003). Para el procesamiento de datos
utilizamos el software estadístico IBM SPSS versión 20 (IBM, 2011), mientras que
para calcular los tamaños del efecto desarrollamos las fórmulas en Microsoft Excel.
109
Resultados
Para poder describir la prevalencia de la violencia hacia las mujeres peruanas, según la
ENDES 2013, primero debemos describir la intensidad de la violencia según el IIVM,
el cual nos dice que el 43.9% de mujeres no presenta violencia alguna, el 21.7% presenta violencia leve, 12.6% violencia moderada y 5.2% violencia severa.
La edad de la mujer fue dividida en siete intervalos, como se puede apreciar en la
Tabla 1 los rangos de edad donde se presenta con más intensidad la violencia son
entre los 20 a 24 años (= 17.36) y entre los 35 a 39 años (= 17.23). Mientras que la
edad en la que el índice es más bajo es entre los 25 a 29 años (= 15.99). Cabe resaltar
que, como se observará en las diferentes tablas que se presentan a continuación, la
desviación estándar del índice de violencia suele ser mayor que el promedio del valor
estimado, lo cual se explica porque la mayoría de mujeres presenta índices de violencia de pareja cercanos a cero, lo cual es lo esperado para la mayoría de la población.
Tabla N° 1.
Índice de violencia contra la mujer según edad.
15-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-44 años
45-49 años
Total
N
Media
2276
1824
1870
1802
1757
1616
1476
12621
16.79
17.36
15.99
16.84
17.23
16.91
16.65
16.82
Desviación
estándar
21.364
21.892
20.658
21.036
21.040
21.105
20.870
21.155
Error típico
.448
.513
.478
.496
.502
.525
.543
.188
Intervalo de confianza al 95%
Inferior
15.91
16.35
15.06
15.87
16.24
15.88
15.58
16.45
Superior
17.67
18.36
16.93
17.81
18.21
17.94
17.71
17.19
Fuente: ENDES 2013 – INEI.
Elaboración propia.
En la Tabla N° 2 observamos que el índice es ligeramente mayor en el área de residencia
rural (= 17.28) que en el área urbana (= 16.59), son tan cercanos que incluso sus intervalos de confianza al 95% se llegan a intersecar.
110
Tabla N° 2.
Índice de violencia contra la mujer según lugar de residencia.
Urbana
Rural
Total
N
Media
8563
4430
12993
16.59
17.28
16.82
Desviación
estándar
20.786
21.845
21.154
Error típico
.225
.328
.186
Inferior
16.15
16.63
16.46
Superior
17.03
17.92
17.19
En cuanto a la región natural se puede ver (Tabla N° 3) que el índice de violencia contra la mujer es mayor en la sierra (= 17.94), mientras que el menor valor se da en Lima
Metropolitana (comprende a la Provincia Constitucional del Callao) con un valor de
16.04; aunque este valor es muy similar a los obtenidos en el resto de la costa (= 16.11)
y en la selva (= 16.10).
Tabla N° 3.
Índice de violencia contra la mujer según región natural.
Inferior
Superior
N
Media
Desviación
estándar
Error típico
Lima Metrop.
1239
16.04
19.876
.565
14.93
17.14
Resto Costa
3863
16.11
20.338
.327
15.47
16.75
Sierra
5124
17.94
22.425
.313
17.33
18.56
Selva
2767
16.10
20.307
.386
15.35
16.86
Total
12993
16.82
21.154
.186
16.46
17.19
Siendo más específicos, en la Tabla N° 4 presentamos los estimados del índice de violencia contra la mujer por departamento, los cuales fueron divididos en cinco grupos según
el grado de intensidad de la violencia siendo ordenados decrecientemente; en el grupo
con los índices más altos figuran los departamentos de Cusco, Arequipa, la Provincia
Constitucional del Callao, Apurímac e Ica cuyos índices fluctúan entre 19.6 y 22.81
puntos. Por otro lado, el grupo de departamentos con un menor índice de violencia es
Moquegua, Tacna, Pasco, San Martín y La Libertad cuyos índices fluctúan entre 13.05 y
14.54 puntos. La información de la Tabla N° 4 es presentada en la Figura N° 1.
111
Tabla N° 4.
Índice de violencia contra la mujer por departamentos.
Departamento
Número de mujeres
Ponderada
Sin ponderar
549
517
483
506
132
396
562
440
596
301
700
691
433
538
591
568
451
443
1273
448
466
424
446
532
522
495
556
12993
Cusco
Arequipa
Callao
Apurímac
Ica
Junín
Loreto
Ucayali
Piura
Ancash
Huancavelica
Madre de Dios
Puno
Ayacucho
Tumbes
Huánuco
Lima
Amazonas
Cajamarca
Lambayeque
Moquegua
Tacna
Pasco
San Martín
La Libertad
Total
a
—
171
347
558
472
227
903
515
181
65
456
304
127
291
3987a
188
597
454
71
142
101
390
761
12375
Media
DE
Error típico
22.81
21.79
20.75
20.56
19.6
18.54
18.23
17.76
17.43
17.38
17.3
16.63
16.53
16.41
16.37
16.23
15.85
15.71
15.42
15.06
14.54
14.3
13.77
13.41
13.05
16.82
24.131
24.461
23.687
24.684
21.555
22.217
20.869
20.537
21.501
22.350
22.412
20.736
21.977
21.605
20.707
20.594
19.578
21.105
21.613
19.388
18.119
19.286
19.392
18.136
17.481
21.154
1.098
1.087
2.062
1.240
.909
1.059
.855
1.184
.813
.850
1.077
.894
.904
.907
.975
.978
.549
.997
1.001
.942
.858
.836
.849
.815
.741
.186
Intervalo de
confianza al 95%
Inferior
Superior
20.65
19.66
16.67
18.12
17.82
16.46
16.55
15.43
15.84
15.71
15.18
14.88
14.76
14.63
14.45
14.30
14.77
13.75
13.45
13.21
12.86
12.66
12.10
11.81
11.60
16.46
24.97
23.93
24.83
23.00
21.39
20.62
19.91
20.09
19.03
19.05
19.41
18.39
18.31
18.19
18.29
18.15
16.93
17.67
17.38
16.91
16.23
15.95
15.44
15.01
14.51
17.19
Incluye el departamento de Lima y la provincia Constitucional del Callao.
En la Tabla N° 5 se observa que cuando la mujer labora presenta un índice de violencia
significativamente mayor que cuando no lo hace; aunque el tamaño del efecto es pequeño (Z= -13.454; p< .001; r= .12).
112
Tabla N° 5.
Comparación del índice de violencia contra la mujer según su situación laboral.
Índice de
violencia
Evaluada
trabaja
N
Media
Desviación
Rango
estándar promedio
No
4328
13.05
17.813
5878.20
Sí
8665
18.71
22.403
6806.08
Z
Sig. (bilateral)
Tamaño
del efecto
-13.454
.000
0.12
Para el caso de que la mujer presente antecedentes de violencia familiar, en la Tabla N° 6
se puede observar que el índice de violencia contra la mujer es significativamente mayor
cuando el padre de la mujer golpeaba a la madre; pero con un tamaño del efecto pequeño (Z= -18.880; p< .001; r=0.17).
Tabla N° 6.
Comparación del índice de violencia según antecedentes de violencia familiar en la mujer.
Índice de
violencia
Su padre
golpeaba
a su madre
N
Media
No
6715
13.84
19.405
5693.07
Sí
5788
20.14
22.411
6900.45
Desviación
Rango
estándar promedio
Z
-18.880
Sig.
Tamaño
(bilateral) del efecto
.000
0.17
La Tabla N° 7 nos presenta las diferencias en el índice de violencia contra la mujer
teniendo en cuenta los antecedentes de maltrato físico hacia la mujer cuando era una
niña, es así que si la mujer fue castigada a golpes presenta un mayor índice de violencia
que cuando no lo fue, con un tamaño del efecto pequeño (Z= -14.668; p< .001; r= .13).
Tabla N° 7.
Comparación del índice de violencia según antecedentes de maltrato físico hacia la mujer.
Índice de
violencia
De niña fue
castigada a
golpes
N
Media
No
3940
13.35
19.280
5769.97
Sí
9043
18.35
21.755
6806.59
Desviación
Rango
estándar promedio
Z
Sig.
(bilateral)
Tamaño
del efecto
-14.668
.000
0.13
Para el caso del estado civil de las mujeres, en la Tabla N° 8 observamos que el índice
de violencia contra la mujer es mayor en las mujeres que viven en unión libre que en las
casadas, aunque el tamaño del efecto en este caso es demasiado bajo para ser tomado en
cuenta (Z= -6.237; p< .001; r= .06).
113
Tabla N° 8.
Comparación del índice de violencia según el estado civil de la mujer.
Índice de
violencia
Estado civil
actual
N
Media
Desviación
Rango
estándar promedio
Conviviente
7027
14.84
18.763
5772.25
Casada
4225
13.47
18.515
5384.10
Z
Sig. (bilateral)
Tamaño
del efecto
-6.237
.000
0.06
Para comparar el índice de violencia contra la mujer cuando había más de dos grupos
utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis, y para ser más precisos realizamos comparaciones múltiples post hoc contrastando los niveles de las variables en pares con la prueba
U de Mann-Whitney con la corrección de Bonferroni para evitar el error tipo I (Field,
2005). En la Tabla N° 9 contrastamos el índice de violencia contra la mujer teniendo
en cuenta la frecuencia con que la pareja bebe hasta embriagarse, hallando diferencias
significativas (H=1605.356; p< .001). Las pruebas post hoc generan tres grupos, siendo
así que las mujeres cuyas parejas se embriagan frecuentemente presentan una mayor violencia que las mujeres cuyas parejas se embriagan algunas veces y que las mujeres cuyas
parejas no se embriagan o no beben.
Tabla N° 9.
Comparación del índice de violencia contra la mujer según el consumo de alcohol.
No bebe alcohol
No se embriagaa
Algunas vecesb
Frecuentementec
Total
a
a,b,c
N
Media
3624
1207
7193
969
12993
10.81
12.02
16.73
46.03
16.82
Desviación
estándar
16.127
17.878
19.658
27.303
21.154
Rango
promedio
5364.23
6683.52
5524.66
10560.09
gl
Chi-cuadrado
Sig.
3
1605.356
.000
Grupos generados durante las comparaciones múltiples.
La Tabla N°10 muestra que el índice de violencia contra la mujer aumenta significativamente conforme la duración de la relación es mayor (H=335.741; p< .001). Las
pruebas post hoc indican que cuando se pasa de los 20 años de relación la violencia
contra la mujer es mayor; mientras que cuando la relación recién empieza, hasta los
4 años, la violencia es mínima.
114
Tabla N° 10.
Comparación del índice de violencia contra la mujer según años de duración de la relación.
0-4 añosa
5-9 añosb
10-14 añosc
15-19 añosc
20-24 añosd
25-29 añosd
30+ años d
Total
a,b,c,d
N
Media
2128
2730
2705
2145
1709
1128
448
12993
10.77
14.01
17.04
18.52
21.05
22.01
24.13
16.82
Desviación
estándar
15.465
18.298
21.047
22.459
23.535
24.545
25.760
21.154
Rango promedio
gl
Chi-cuadrado
Sig.
5503.42
6101.89
6560.29
6742.50
7178.79
7261.39
7541.25
6
335.741
.000
Teniendo en cuenta las diferencias de edad en la pareja (Tabla N° 11) observamos que
existen diferencias significativas en el índice de violencia contra la mujer (H=27.258; p<
.001). Las pruebas post hoc indican la presencia de dos grupos, siendo así que el índice
de violencia es menor cuando la mujer es mayor, principalmente de 5 a más años, que
cuando la pareja es mayor o ambos tienen la misma edad.
Tabla N° 11.
Comparación del índice de violencia contra la mujer según diferencias de edad en la pareja.
N
Hombre mayor (10 años o más)a 4627
Hombre mayor (5 a 9 años)a
1496
Hombre mayor (1 a 4 años)a
1150
Ambos de la misma edada
275
Mujer mayor (1 a 4 años)a,b
1009
Mujer mayor (5 a 9 años)b
995
Mujer mayor (10 años a más)b
1379
Total
10931
a, b
Media
15.52
14.17
14.18
14.85
13.58
12.41
12.33
14.31
Desviación
estándar
19.910
18.378
17.659
18.666
18.438
16.774
16.622
18.675
Rango
gl Chi-cuadrado Sig.
promedio
5604.44
6
27.258
.000
5445.26
5555.32
5557.22
5278.97
5231.42
5237.42
Por último, el quintil de riqueza que refleja el nivel socioeconómico del que provienen las mujeres también genera diferencias en el índice de violencia contra la mujer
(H=145.813; p< .001). Las pruebas post hoc demuestran la existencia de tres grupos
dentro de los cuales las mujeres que provienen del segundo quintil son las que presentan
un mayor índice de violencia en contraste con las mujeres del quintil superior que tienen
un menor índice de violencia que las demás mujeres.
115
Tabla N° 12.
Comparación del índice de violencia contra la mujer según el quintil de riqueza.
Quintil inferiorb
Segundo quintila
Quintil intermediob
Cuarto quintilb
Quintil superiorc
Total
a, b, c
N
Media
3481
3589
2672
1978
1273
12993
17.06
19.03
17.19
15.50
11.23
16.82
Desviación
estándar
21.869
22.303
21.172
19.758
16.214
21.154
Rango
promedio
6450.94
6909.28
6602.05
6339.95
5484.11
gl
Chi-cuadrado
Sig.
4
145.813
.000
Discusión
Según la literatura revisada podríamos indicar que existe cierta unanimidad en la consideración de ciertos factores que, sin ser causales directos de violencia hacia la mujer, pudieran suponer un riesgo mayor de ocurrencia de comportamiento violento en la pareja.
Nos referimos a condiciones socioeconómicas, pobreza, desempleo, marginación de la
mujer, número de hijos, nivel educativo, consumo de alcohol y drogas y determinados
tipos de personalidad (Zarza & Frojan, 2005). Ser testigo de violencia entre los padres,
padecer violencia en la infancia, nivel socioeconómico, edad al momento de iniciar una
relación y años de duración de la relación (Castro & Casique, 2009). Según Dekovic,
Wissink y Meijer (2004); Díaz y Miranda (2010); y Musitu y Cava (2003) la dinámica
de la familia sería un factor importante que tendría que ser considerado en un análisis
académico; y entre las consecuencias más importantes de la violencia familiar, según
Bardales (2009), figurarían la propia desestructuración de la familia, la rebeldía de los
hijos, así como la deserción escolar.
116
Figura N° 1.
Mapa del índice de violencia por departamento.
Los resultados presentados muestran que la violencia contra la mujer es un fenómeno complejo y multivariado. Una de las primeras conclusiones que llama la atención es que, según
117
los estudios citados, la violencia contra la mujer sería un problema de altísima incidencia
en América Latina con más del 50% de mujeres que son víctimas de violencia (Centro de
Información de las Naciones Unidas 2007-2012, citado por Miljanovich et al., 2010, p.
193). En Perú, el 69% de las mujeres en áreas rurales y 51% en áreas andinas sufrirían actos de violencia por parte de su pareja (OMS, 2005, p. 18); respecto a esta información se
encontraron frecuencias similares a los estudios citados, pero la diferencia sustancial radica
en el tratamiento de la información. Mientras que el INEI (2013) considera como víctima
de violencia cuando una mujer haya respondido afirmativamente a un solo ítem o más, este tipo de interpretación no caracterizaría bien al fenómeno de la violencia contra la mujer
sobredimensionándolo. En ese sentido, el aporte del IIVM desarrollado por Rivera y Castro (2015) nos permitió evaluar la intensidad tanto física como emocional de las agresiones
que reportan las mujeres, en este caso la cantidad de ítems respondidos afirmativamente
por las encuestadas permitió un análisis de intensidad —de acuerdo a lo establecido en el
sistema de jueceo— que mejora considerablemente la precisión en la caracterización de la
violencia contra la mujer.
Con respecto a la tendencia en la edad de la mujer de ser víctima de violencia se observó una gran dispersión en los datos, no se encontró un patrón común que podría ser
considerado para un posterior análisis; situación diversa a los resultados de Inmujeres
(2006) donde se observó que la edad de la mujer, al momento de iniciar la relación, sería
un factor protector de violencia, a mayor edad menor probabilidad de padecer violencia
con la pareja; lo que sí se observó es que la diferencia de edad de la mujer con respecto
a su pareja indicaría que en la medida en que la mujer aventaja de 5 a más años a su
pareja tendría menor probabilidad de ser víctima de violencia, consecuentemente, en la
medida en que el varón sea mayor que la mujer se incrementaría el riesgo por parte de
ella de padecer escenarios de violencia, conclusiones semejantes fueron las encontradas
por Castro y Casique (2009); la diferencia de edad protegería a la mujer de ser víctima
de violencia preferentemente cuando el rango es mayor de cinco años. Asimismo, en la
medida en que la duración de la relación transcurre, se incrementa también el riesgo de
padecer escenarios de violencia, esta tendencia se podría explicar por el perfil psicológico
de los agresores; Jouriles, McDonald, Smith-Slep, Heyman y Garrido (2008) encontraron que la propensión al comportamiento violento de los individuos estaría altamente
correlacionado con las personas con las que el agresor comparte mayor tiempo, y esta
conducta tiende a incrementarse con el suceder de los días, colocando a la pareja y los
hijos en un ambiente de alta vulnerabilidad.
El Perú ha atravesado, en menos de seis décadas (1940-2007), un cambio importante
a nivel de área de residencia; según el último Censo Nacional (2007), la población del
118
Perú bordeaba los 27 millones de habitantes y su composición por área de residencia
estaba distribuida de la siguiente manera: el 75.92% vivía en zonas urbanas y el 24.08%
lo hacía en zonas rurales, situación muy contraria a lo que se observaba en 1940 donde
el 64.61% vivía en áreas rurales y la diferencia (35.39%) en zonas urbanas. Los informes
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) nos indican que las zonas
rurales presentan, entre otras características, elevados índices de dispersión poblacional,
mayores niveles de pobreza y altos índices de analfabetismo; generando un mayor estado
de precariedad en sus pobladores y consecuentemente un acceso limitado a los servicios
básicos fundamentales (2013). Los resultados del presente estudio nos indican que la
violencia contra la mujer es más frecuente en estas zonas. Esta tendencia se podría deber
a las condiciones mencionadas, estilos de vida y consideraciones culturales fuertemente
arraigadas en sus pobladores (Salgado, 2009). Estos resultados son consistentes con los
que indica que la sierra es la región natural donde se presentan los mayores niveles de
violencia en el país, siendo justamente los departamentos de Cuzco, Arequipa y Apurímac los que muestran mayor incidencia de violencia contra la mujer; además de contar
con un importante porcentaje de su población que vive en áreas rurales se encuentran
ubicados en la serranía peruana. De estos resultados se recomienda que el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer debiera considerar a los departamentos —como
Cuzco, Arequipa, Apurímac entre otros— ubicados en la sierra y en zonas rurales como
regiones prioritarias de trabajo por su mayor grado de incidencia en violencia.
En la misma línea, otras investigaciones obtuvieron correlaciones importantes y semejantes entre el nivel de violencia y el grado de instrucción, la violencia tiende a disminuir
a medida que el grado de escolaridad de la mujer aumente, el mismo comportamiento
se daría en el nivel socio económico y el quintil de riqueza (Castro & Casique, 2009;
Castro, Cerellino & Rivera, 2015; Inmujeres , 2006). El consumo de alcohol por parte
del varón es una variable con un fuerte peso predictor de violencia contra la mujer,
los resultados del presente estudio son consistentes con la diversa bibliografía revisada
(Bardales, 2009; Frías, et al., 2003; Zarza & Frojan, 2005). Todos estos aspectos están
muy asociados entre sí; los resultados parecieran sugerir que, además de la infinidad de
oportunidades y beneficios que se obtienen con la educación, como el mejoramiento del
nivel de vida de las personas, prevención de escenarios de pobreza y mejor posibilidad
del cumplimiento de los derechos humanos (Orpinas & De los Ríos, 1999; Poo &
Vizcarra, 2011), la educación también estaría en condición de ser un importante factor
protector de violencia y capaz de funcionar como mecanismo preventivo.
Los resultados muestran que el matrimonio funcionaría como mecanismo preventivo y
estaría en grado de evitar acciones que podrían desencadenar en actos de violencia en
119
el interior de la relación; según los expertos, este comportamiento se podría deber a la
estabilidad de la relación de los esposos y al compromiso asumido entre sus miembros
(Fretwell, 2005). Además del permanente apoyo emocional y la constante supervisión
que los esposos dedican a sus parejas e hijos, esta dinámica limitaría considerablemente,
según David Finkelhor, la vulnerabilidad a ser víctimas de violencia. El matrimonio
también pareciera generar cambios importantes en el comportamiento del varón; el
hombre, después del matrimonio, tiende a establecerse (Waite & Gallagher, 2000) y por
lo general adopta un estilo de vida lejano a los factores de riesgo de violencia, conclusiones semejantes fueron encontradas por Kline y Wilcox (2014).
Por último, los resultados y la literatura analizada, nos estarían mostrando evidencia de
que el problema de la violencia implicaría la necesidad de una aproximación de tipo
educativo-relacional. No se puede comprender la violencia contra la mujer desligada
de la relación que mantiene con el hombre —o que esta solo considere variables independientes entre sí— sino más bien desde una óptica que considere cómo debe ser esta
relación (Castilla, 1996). Esta evidencia parece desestimar la aproximación al fenómeno
a partir del enfoque de género (Castro, 2015), y se sugiere encontrar otra formar de
abordar el problema de la violencia contra la mujer; en ese sentido, Pliego propone partir
de la perspectiva de familia, tratándose de un enfoque que considera al hombre como un
sujeto integrado a relaciones sociales que lo constituyen. Y donde la perspectiva de familia sería el «proceso teórico-conceptual, metodológico, y técnico-operativo, que vincula
la temática de las estructuras de familia con la promoción del bienestar de la población»
(Pliego, 2012, p. 338).
120
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El órgano de administración concursal en
algunos sistemas jurídicos de referencia
Salvador Tomás es Licenciado en Derecho y Licenciado en Administración
y dirección de empresas por la Universidad de Murcia.
Es Máster en Investigación avanzada y especializada
en Derecho por la Universidad de Murcia y
Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia.
Es profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Murcia.
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El órgano de administración concursal en
algunos sistemas jurídicos de referencia
The insolvency administration in several reference legal systems
Universidad de Murcia, Murcia, España
Resumen
En el presente artículo realizamos un estudio de los órganos de administración concursal en
algunos de los ordenamientos jurídicos más avanzados. Pretendemos con ello elaborar un
estudio de Derecho comparado que analice el papel desarrollado por estos en distintos países,
mostrando soluciones alternativas que permitan enriquecer e inspirar a otros sistemas jurídicos en futuras reformas legislativas.
Palabras clave
Concurso de acreedores, administración concursal, derecho comparado.
Abstract
In this paper we present a study of bankruptcy administration bodies in some of the most
advanced legal systems. We intend to develop a comparative legal study with which the role
displayed by these bodies is analyzed, so as to arrive to possible alternative solutions which
can enrich and inspire other jurisdictions in future legislative reforms.
Key Words
Bankruptcy, insolvency administration, comparative law.
Consideraciones Previas
En los modelos concursales actuales de algunos países con sistemas jurídicos avanzados,
sujetos en los últimos tiempos a importantes reformas (Schmidt, 2007)1, se atribuye al
órgano de administración un considerable número de cometidos, erigiéndose, junto con el
juez del concurso, en la institución central del procedimiento (Cork, 1982; Tirado, 2003).
Como nota común a todos estos sistemas, podemos señalar que, dado el alto nivel de
participación del órgano de administración en la mayoría de trámites del procedimiento
Año 2015, Volumen 6, 127-152
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y su existencia instrumental a los fines del concurso, del acierto en su configuración y
regulación en todo el proceso depende en gran medida el éxito o fracaso de la solución
concursal (Torres de Cruells, 1958; Carreras, 1982; Ferrara & Borgioli, 1995; Cordón,
1999; Tirado, 2004)2.
Partiendo de esta premisa, y teniendo en cuenta que parte de las soluciones por las que
han optado los legisladores nacionales a la hora de configurar sus órganos de administración concursal derivan de ordenamientos con autoridad de referente, resulta de interés
aproximarnos a la configuración jurídica de dichos órganos prevista en los mentados
sistemas. Pretendemos exponer, de esta suerte, los distintos modelos escogidos por los
ordenamientos jurídicos concursales más avanzados con el fin de inspirar a los legisladores de cada país en próximas y futuras reformas legislativas.
España
La administración concursal surge con la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal. En coherencia con el principio de unidad —de disciplina y de sistema— que implantó la referida Ley, la administración concursal vino a refundir el maremágnum de funciones que en el anterior sistema concursal tenían atribuidos, por un
lado, los interventores judiciales en el procedimiento de suspensión de pagos y, por otro,
los síndicos, depositarios y comisarios y, en parte, la junta de acreedores, en los procesos
de quiebra (sobre el régimen jurídico precedente a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, véase Tomás, 2014).
La administración concursal es un órgano que asume una labor de asistencia y auxilio
de carácter técnico, que aunque sometida a la supervisión permanente del juez, goza
de competencias y funciones propias que la dotan de cierta autonomía y estabilidad.
Desempeña, asimismo, funciones de gestión en la actividad del deudor según el régimen
decretado en la limitación de sus facultades de administración y disposición patrimonial —intervención o sustitución— y de defensa a los acreedores, sin obviar una intensa
labor de cooperación y asistencia al juez3. Como órgano auxiliar judicial se le atribuyen
competencias y funciones propias derivadas de la Ley. En ocasiones, sin embargo, también adoptan la posición de parte procesal4.
En cuanto a su naturaleza jurídica, conviene advertir que aunque atendiendo al
interés que persigue, pudiera preconizarse un carácter privado, esta afirmación debe
ser matizada. De un lado, porque la designación es realizada por el juez por imperio de la Ley y no por la junta de acreedores como acontecía con los síndicos. De
130
El órgano de administración concursal en algunos sistemas jurídicos de referencia
otro, habida cuenta las labores que son atribuidas a la administración concursal en
términos próximos a aquellos que acometen funciones públicas —así, por ejemplo,
como acontece en la fase de liquidación donde llevan a cabo una labor similar a la
desempeñada por el secretario judicial, personal al servicio de la Administración de
Justicia— (García-Rostán, 2011). No obstante, la naturaleza privada del órgano de
administración es cuestión generalmente admitida por la doctrina española (Beltrán
& Tirado, 2004; Tirado, 2005; García-Rostán, 2011). El centro sobre el que pivota
semejante aserto recae, de una parte, en el fin al que se dirige la actuación de la administración concursal, a saber, el ya referido interés concursal —cuyo exponente
máximo, aunque no el único, es la satisfacción de los acreedores—, y de otro, en las
condiciones que han de reunir los administradores para formar parte de la propia
administración (sobre la naturaleza jurídica de la administración concursal, véase
Tirado, 2004; Tomás, 2014).
La designación de los miembros integrantes del órgano de administración se realiza
directamente por el juez. Frente al sistema colegiado de administración concursal determinado en la Ley Concursal de 2003 (en adelante LC), tradición inveterada del Ordenamiento jurídico español, pasamos, con la Ley 38/2011 y, sobre todo con la Ley
17/2014, de 30 de septiembre, a un sistema en el que la administración concursal está,
en principio, integrada por un único miembro5.
En lo que atañe al régimen jurídico del órgano de administración concursal española se
encuentra contenido, fundamentalmente, en el Título II de la LC bajo la rúbrica «De
la administración concursal» (arts. 26 a 39). Este Título, tras un precepto dedicado a la
formación de la sección segunda (art. 26 LC), se compone de tres capítulos destinados,
el primero, al nombramiento de los administradores concursales (arts. 27 a 32 LC), el
segundo, a regular sus funciones (art. 33 LC) y, el tercero, a disciplinar su estatuto jurídico (arts. 34 a 39 LC)6.
Italia
En el Derecho italiano, la figura equivalente a nuestra administración concursal es la del
curatore fallimentare (arts. 27 a 39 Legge fallimentare —en adelante, Legg. fall.—). En
virtud del art. 28 Legg. fall. pueden ser llamados a desarrollar las funciones del curatore:
«a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti (…); c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni (…)»7. Así, el curatore —órgano, en
131
todo caso, unipersonal—, puede ser tanto una persona física como una sociedad profesional —en cuyo caso deberá designarse persona física responsable del procedimiento—.
El curatore, que a tenor de lo dispuesto en el art. 16 Legg. fall., es designado en la sentenza dichiarativa di fallimento —«o, in caso di sostituzione o di revoca, con decreto
del tribunale»—8, no representa ni al deudor ni a los acreedores. En palabras de Ferrara
(1962): «(…) la teoria più moderna, accolta anche dalla giurisprudenza, è nel senso che
il curatore non rappresenta o sostituisce né il fallito né i creditori, ma opera nell’interesse
della giustizia, è un incaricato giudiziario con posizione autonoma che si pone a fianco
del giudice» (p. ), pero es un órgano que administra el patrimonio bajo la vigilancia del
giudice delegato (figura que, siendo nombrada por el tribunal y formando parte del mismo, ocupa una posición intermedia entre el tribunal, al que corresponde la función de
control general sobre el proceso, y el curatore, que, en virtud del art. 31 Legg. fall. asume
la administración del patrimonio concursal. En opinión de Nigro y Vattermoli (2012),
al giudice delegato le corresponde «la vigilanzia ed il controllo sulla regolarità della procedura» (p. 105) y del comitato dei creditori (se trata de un órgano colegiado que, compuesto por 3 o 5 miembros, ejerce una función de vigilancia y control sobre el patrimonio y
sobre las operaciones del procedimiento) con el objeto de tutelar los intereses del deudor
y de los acreedores en virtud de un poder atribuido por Ley —y, por tanto, no derivado
ni del deudor concursado ni de los acreedores— (Del Vecchio, 1984).
El curatore es un órgano auxiliar de la Administración de Justicia que, por encargo de
ella, asume las funciones de administración del patrimonio concursal9. Su posición es
compleja y sobre ella se ha discutido sobremanera en el país ítalo. Se han planteado,
entre otras, las siguientes opciones: como representante de los acreedores; como representante del deudor; y como tercero a todos los efectos. Probablemente cada una de
estas posiciones ofrece una explicación parcial del oficio del curatore que, como sujeto
sometido al interés de la justicia y, por tanto, al interés público, se presenta, en mayor
medida, como un encargado judicial dependiente del ufficio fallimentare (Bracci, 1974);
para Pajardi & Bocchiola (1991): «(...) il curatore è dunque organo dell’ufficio fallimentare, del quale è esecutore e rappresentante e per il quale sta anche in giudizio (…): è colui che,
in qualità di ausiliario di giustizia e valendosi delle proprie competenze professionali, più di
ogni altro organo conosce, attraverso le sue varie attività» (p. 310).
Con la Legge 14 maggio 2005, n. 80 —conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche’ per la riforma organica
132
della disciplina delle procedure concorsuali— se ampliaron de manera notable las facultades
de los acreedores y del curatore. Corresponde al curatore, desde entonces, la obligación de
informar periódicamente sobre su gestión al comitato dei creditori. Para Pacchi (2006), tras
la reforma, el curador gestiona, los acreedores autorizan, y el juez vigila.
Tras la reforma operada por el Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, la posición del
giudice delegato ha perdido peso (Catallozzi, 2007); recayendo el núcleo del proceso concursal en el curatore (Montanari & Pederzini, 2013), al que le acompaña un potenciado
comitato dei creditori. De esta suerte, es a este último órgano a quien compete autorizar
al curatore para cumplir los actos de extraordinaria administración; competencia que, en
el pasado, era atribuida al giudice delegato10.
La integración del curatore dentro del ufficio fallimentare y su consideración como pubblico ufficiale (art. 30 Legg. fall.), lo dotan de una naturaleza pública ausente en otros
sistemas concursales.
Dada su compleja posición, según los supuestos y en función de la concreta actuación
que realice el curatore, es posible apreciar una distinta posición como tercero o como
parte (Pacchi, 2011). Cuando actúa desde la posición «institucional», como órgano propuesto para la reconstrucción del patrimonio del deudor, el curatore asume la posición
de tercero, mientras que se le considera sustituto del deudor. Para Nigro y Vattermoli,
(2012), la denominación de sustituto no es correcta por ser, a su juicio, atécnica y descriptiva, cuando ejerce frente a terceros acciones dirigidas a tutelar un derecho perteneciente al patrimonio concursal (Tescaro, 2013).
Alemania
La Ley Concursal alemana (Konkursordnung) tuvo vigencia desde 1877, siendo considerada durante un siglo como el ordenamiento concursal de mejor técnica en el ámbito
del Derecho comparado.
Hasta la promulgación de la Insolvenzordnung del 5 de octubre de 1994 (en adelante,
InsO), el Derecho Concursal alemán estaba integrado por el concurso (procedimiento
liquidatorio) de la Konkursordnung de 1887 y el convenio judicial de la Vergleichsordnung (vigente desde el 1 de abril de 1935). La InsO introdujo un nuevo procedimiento
tendente a la unificación de los entonces existentes para el tratamiento de las situaciones
de crisis e insolvencia de la empresa, dirigido a la satisfacción común de todos los acreedores (para un estudio de las novedades introducidas por aquella Ley, véase Gonzalo,
133
1995; Schmidt, 2002; Dasso, 2008a, 2008b). En definitiva, se mantuvieron los dos
procedimientos (liquidativo y preventivo), unificándose en un nuevo procedimiento (de
insolvencia) que abarcaba las dos soluciones.
Así pues, en la actualidad, se prevé un único procedimiento que puede consistir tanto
en la liquidación del patrimonio del deudor, procediendo con lo obtenido a su posterior
reparto entre los acreedores, como en la adopción de un plan de saneamiento (Insolvenzplan) para la empresa concursada.
En el artículo 21 de la InsO se preceptúa la posibilidad de que, presentada la petición,
el juez pueda nombrar un administrador provisional para que, desplazando al deudor,
conduzca el negocio hasta la apertura del procedimiento y determine si con el patrimonio del deudor se cubren los gastos. Cuando, teniendo en cuenta la información proporcionada por el administrador provisional, el patrimonio del deudor no fuese suficiente
para cubrir los gastos del procedimiento, el juzgado debe denegar la petición de apertura
—salvo que el deudor aporte la cantidad de dinero necesaria—.
En Derecho alemán, la designación que se emplea para referirse al administrador concursal es la de Konkursverwalter, en la anterior ordenanza, e Insolvenzverwalter, en la
ordenanza vigente.
Como norma, la apertura del concurso implicaba, hasta la entrada en vigor de la Ley
para la mejora de la reestructuración de empresas —Gesetz zur weiteren Erleichterung
der Sanierung von Unternehmen (en adelante, ESUG)—, el 31 de noviembre de 2011,
la suspensión del deudor en sus facultades de administración y disposición patrimonial,
que eran asumidas directamente por el administrador. La Ley alemana preveía, si bien
con carácter residual, la adopción de un régimen de intervención (arts. 270 y ss. InsO),
esto es, de administración propia por el deudor (autoadministración o eigenverwaltung),
que le permitía mantener la administración y disposición de su patrimonio bajo la supervisión de un interventor (Sachwalter)11.
Sin embargo, bajo el régimen vigente impuesto con la ESUG, la regla general es que se
decrete la intervención siempre que así se solicite por el deudor y el juez entienda que su
establecimiento no supone un perjuicio para los acreedores (art. 270 InsO). La ESUG
impone al juez el deber de dirigirse al comité de acreedores antes de adoptar una decisión
al respecto. En este sentido, no habrá perjuicio para aquellos si la solicitud del régimen
de intervención cuenta con el respaldo unánime del referido comité. Si el juez inadmite
134
la opción por la que se decanta el comité, deberá motivarlo en todo caso —art. 270
InsO— (Ferré & Keller, 2012).
En cuanto a las funciones que en Alemania se atribuyen al administrador podemos destacar, entre otras: la continuación y negociación de los contratos vigentes del deudor; la
revocación de actos y contratos perjudiciales; la custodia y conservación de los bienes;
así como la redacción de un informe en el que se evalúa la situación económica de la
empresa, las causas y la posible viabilidad empresarial (Martínez & Sierra, 2005). En la
confección del plan de insolvencia, dirigido a la conservación de la empresa, el administrador juega un papel de relevancia. Consensuado este por deudor y acreedores y tras
su confirmación por el juez, las labores del administrador concluyen. En el supuesto
de que aquel plan no se ejecutara y se abriera la fase de liquidación, corresponde al administrador el desarrollo de las operaciones de liquidación del activo hasta su efectiva
distribución entre los acreedores.
En Alemania, la posición jurídica del administrador concursal es una cuestión teóricamente controvertida y fuertemente discutida que ha tenido una notable influencia
en otros ordenamientos jurídicos de su entorno. En el país germano se han postulado
distintas construcciones. Muy sucintamente, destacamos: la teoría del cargo público
(Amtstheorie), probablemente la opción de mayor acogida doctrinal, que conceptúa al
órgano de administración como un «liquidador judicial oficial que actúa en nombre
propio» —que opera junto a la concursada y no como su órgano o representante—; la
teoría del representante (Vertretertheorie) que configura al administrador como un representante del deudor; la teoría del órgano (Organtheorie), en virtud de la cual se considera
a la administración concursal como órgano de la masa; o la nueva teoría del órgano o del
representante (neue Vertreter der Organtheorie), en cuyo seno el administrador concursal
es un representante de la masa concursal en los casos de concursos de persona física,
mientras que se convierte en órgano de administración y representación obligatorio en
los concursos de personas jurídicas.
Tras la declaración de apertura del concurso, el administrador toma posesión del cargo.
Como Insolvenzverwalter debe designarse a una persona física experta en negocios e
independiente de los acreedores y deudor (art. 56.I InsO). El administrador recibe un título por su nombramiento que debe devolver a la finalización del cargo (art. 56.II InsO).
El nombramiento del administrador corresponde al juez, si bien, tras la ESUG, se
prevé que, dada la constitución en la fase inicial del procedimiento del comité de
acreedores, sean estos los que establezcan los requisitos y criterios que habrá de reunir
135
el administrador concursal designado por el juez12. En virtud del art. 57 InsO, en la
primera junta de acreedores posterior al nombramiento del administrador, los acreedores pueden elegir a otra persona para el cargo —lo que podrá denegar el juzgado
cuando este no sea idóneo—.
El Insolvenzverwalter se encuentra bajo la vigilancia del juzgado de la insolvencia (art. 58
InsO). El ejercicio del cargo, que deberá ser desempeñado con diligencia y corrección y
respondiendo de los daños y perjuicios que pueda causar su incumplimiento, se realiza
bajo la supervisión del juez y el comité de acreedores, constituido en junta por aquellos
(art. 68 InsO). El citado comité, máxima expresión de la notable influencia que en el
sistema alemán tienen los acreedores en el desarrollo del proceso concursal, no solo controla la actividad de los administradores (art. 69 InsO), sino que también le corresponde
autorizar a estos en el desempeño de determinadas prácticas; así: para cesar en el ejercicio
de las actividades de empresa (art. 158 InsO); para la enajenación parcial o total de esta
(art. 160.2.1º InsO); e, incluso, a la hora de decidir sobre procedimientos especialmente
costosos (art. 160.2.3º InsO).
Tras la última reforma acometida con la ESUG se atisba en el modelo alemán un cambio de tendencia, dotando de mayores poderes a los acreedores13 e incluso al deudor, en
detrimento de aquellos conferidos a los administradores concursales, que pasan a desempeñar, con carácter general, una labor de control o intervención en la gestión patrimonial realizada por el deudor. La búsqueda de un sistema más laxo para el saneamiento
empresarial por medio de planes de reestructuración, solución por la que se apuesta en la
actual coyuntura económica, es probablemente la causa de semejante cambio en el papel
que han de jugar los administradores concursales en el concurso de acreedores alemán.
Francia
En el país galo, la figura del síndico se modificó en profundidad con la Loi n° 85-99 du
25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires liquidateurs et experts en diagnostic d’entreprise. La complejidad de las funciones atribuidas
a los antiguos síndicos en Francia provocó que, en ocasiones, ostentaran a la vez la
representación de la masa de acreedores y la representación del deudor —asumida
en caso de liquidación o cuando procedían como simples assistants en el supuesto de
redressement judiciaire—. Ello llevó al legislador a poner coto a esta situación confusa
y, a veces, contradictoria.
136
En la actualidad, en el Derecho francés, regulado en su Code de Commerce tras la promulgación de la Loi de sauvegarde des entreprises dans difficultés nº 585 del 26 de julio
de 2005, se articulan dos figuras distintas, el administrador judicial y el mandatarioliquidador, en razón del doble modelo instaurado en el país galo —sauvegarde o redressement judiciaire— (Dasso, 2008a, 2008b).
Para aquellas situaciones en las que la empresa se encuentra en dificultades pero todavía
puede pagar sus deudas —sauvegarde—, se prevé la figura del administrateur judiciaire.
Este colabora con los administradores de la empresa en la búsqueda de soluciones para
salir de la situación de crisis económica —financiación, posibles adquirentes, etc.—,
informando al juez de las posibilidades de reflote y viabilidad empresarial.
Por el contrario, en los supuestos en los que la empresa no puede afrontar el pago a
sus acreedores —redressement—, se nombra a un mandataire judiciaire que se instituye
como representante de aquellos y se encarga de proteger los intereses de los mismos,
comunicando, cuantificando y llevando a cabo el cobro de los créditos, así como buscando posibles soluciones para revertir la situación de crisis empresarial por medio de
un posible convenio o a través de cualquier otro remedio. Solo en los supuestos en
los que no sea posible enderezar la empresa y, por tanto, garantizar su continuidad, se
nombra a un liquidador judicial, encargado de realizar y liquidar el patrimonio entre
los acreedores (Vélaz, 2012).
Inglaterra
En el complejo Derecho Concursal inglés14, atendiendo a diversas circunstancias y al
carácter del procedimiento, podemos encontrar distintos órganos de administración.
Las funciones asignadas a aquellos dependen del tipo de proceso. En los procesos de
Winding-Up, en sus dos modalidades, el Creditors Voluntary Winding-Up y el Compulsory
Winding-Up, los órganos de administración, el Insolvency Practitioner y el Official Receiver respectivamente, llevan a cabo una labor muy similar, si bien los primeros necesitan
con más frecuencia la aprobación de sus propuestas por parte del Liquidation Committee —órgano formado por acreedores y, en su caso, por socios de la sociedad quebrada,
concebido para controlar el desarrollo del procedimiento— o del órgano jurisdiccional.
Ambos son órganos técnicos con un elevado grado de especialización que han superado
determinadas pruebas objetivas de cualificación, siendo los segundos funcionarios públicos adscritos al Insolvency Service (dentro del Departament of Trade and Industry).
137
Entre las tareas que le son encomendadas podemos distinguir: (I) aquellas que pueden
ser ejercitadas libremente tanto por el Insolvency Practitioner como por el Official Receiver, a saber, la venta del activo de la sociedad, la adquisición de crédito otorgando
garantías sobre el patrimonio concursal, la firma de contratos en nombre de la sociedad,
el libramiento, endoso y aceptación de una letra de cambio en nombre de aquella, la
delegación de funciones en otros sujetos, así como cualquier otra actuación que fuera
necesaria para la liquidación efectiva de la sociedad en concurso; (II) aquellas otras que
son reconocidas al Official Receiver para ejercitarlas libremente pero no al Insolvency Practitioner, para quien es necesaria la pertinente aprobación, así, la facultad para ejercitar,
por vía de acción o de excepción, acciones en nombre de la sociedad o la continuación
de la actividad económica empresarial cuando ello fuera favorable para el correcto desarrollo del procedimiento; y (III), por último, otras que, siendo ejercidas por uno u otro
órgano de la liquidación, siempre necesitan aprobación, así la consecución de acuerdos
de contenido patrimonial con los acreedores o con terceras personas con los que la sociedad tuviera una pretensión jurídica o el pago íntegro de créditos a determinadas clases
de acreedores.
En los procesos de Administrative Receivership, el Administrative Receiver asume la gestión de la sociedad, llevando a cabo todas aquellas operaciones necesarias para lograr el
pago de la deuda. Esta figura presenta una gran complejidad y su nombramiento, a cargo
de un acreedor concreto para la satisfacción privada de su interés, provoca, al quedar
mermados los derechos de crédito del resto de acreedores, importantes problemas en la
delimitación de sus concretos cometidos. Así, se discute si sus funciones deben quedar
circunscritas a los intereses de aquel que lo nombra o si, por el contrario, debe buscar
un cierto equilibrio entre los intereses de su «mandante» y el del resto de interesados.
Por último, dentro de los procesos reorganizativos, en concreto de la Administration, el
Administrator asume la gestión de la empresa en crisis con el fin de sacarla a flote buscando posibles soluciones que permitan la continuidad de su actividad (por medio de
refinanciaciones, acuerdos, etc.) y teniendo siempre presente el interés de los acreedores.
Estados Unidos
El Derecho Concursal anglosajón tiene divergencias con el Derecho continental: de una
concepción orientada hacia los acreedores se pasa a una concepción orientada hacia el
deudor (Dasso, 2008a, 2008b).
138
Desde 1978, el Derecho Concursal norteamericano (Bankruptcy Code) se incluye en
el Título XI de las leyes federales norteamericanas (11 US Code)15. La mayor revisión
del Código concursal norteamericano se produjo a través de la Ley sobre prevención
del abuso del concurso y protección de los consumidores (Bankruptcy Abuse Prevention
and Consumer Protection Act) de abril de 2005 (para un análisis detallado de los cambios producidos tras la reforma instaurada en 2005, véase Pottow, 2005), afectando
la mayor parte de las reformas introducidas al procedimiento del concurso individual
de consumidores.
El órgano de administración estadounidense (Bankruptcy trustee) es un administrador
de naturaleza privada cuyo principal cometido es la representación de los intereses de la
masa activa y de los acreedores del deudor. El 11 US Code § 321 establece que podrán
ser designados como trustee: (I) aquellas personas físicas que sean competentes para desempeñar las funciones a este encomendadas y que, para los supuestos de los capítulos
VII (liquidation), XII (adjustment of debts of a family farmer or fisherman with regular income) o XIII (adjustment of debts of an individual with regular income), residan o tengan
una oficina en el distrito judicial —o uno adyacente a este— donde se esté resolviendo
el asunto; o (II) una sociedad autorizada por sus estatutos para actuar como trustee y
que, para los casos de los capítulos VII, XII o XIII, tenga una oficina en, al menos, uno
de dichos distritos.
En los casos contemplados en el Capítulo VII (Liquidation) se designa un trustee para
administrar y liquidar el patrimonio (11 US Code § 701). En estos supuestos se prevé
la posibilidad de que el creditors’ committe —integrado por un número de acreedores
que puede oscilar entre tres y once— pueda elegir al trustee —siempre que el candidato
obtenga los votos de los acreedores que representen, al menos, un veinte por ciento de
los créditos—. En caso de no alcanzarse dicho acuerdo, entraría en juego un trustee interino, elegido por el US Trustee de entre un panel de trustees privados (11 US Code §
703). Conviene advertir que, mientras que en los procedimientos contemplados en el
Capítulo VII, el trustee es seleccionado por los acreedores o por el US Trustee, en todos
los demás procedimientos es designado por el juez.
El US Trustee es un oficial público de supervisión de los concursos que pertenece al cuerpo de funcionarios del departamento de justicia norteamericano. Para Stanton (1985),
la figura del US Trustee fue creada «to separate administrative oversight of bankruptcy
cases from the judicial functions» (p. 90). En términos similares, Heston (1998) afirmaba que «the U.S. Trustee program was created to serve as the administrative arm of the
139
bankruptcy system» (p. 359). Éste supervisa y vigila el proceso y representa los intereses
de los Estados Unidos (Wielebinski & Rukavina, 2009).
Dentro del Capítulo XI (reorganization), en el 11 US Code § 1104 se prevé la posibilidad de que en cualquier momento desde de la apertura del concurso, y antes de la adopción del convenio, a petición del US Trustee o de cualquier parte interesada, el Tribunal
pueda nombrar a un trustee. El nombramiento de este en los casos del Capítulo XI responde, normalmente, a aquellas situaciones en las que el deudor es incapaz de gestionar
su patrimonio o donde, por ejemplo, existe riesgo de fraude (Wielebinski & Rukavina,
2009). Una vez adoptado el plan finalizará la labor del trustee, devolviéndose al deudor
la posesión y administración de sus bienes y la gestión de sus negocios.
Dentro del Capítulo VII (liquidation) las funciones del trustee aparecen recogidas en el
11 US Code § 740. Son, entre otras: liquidar el patrimonio del deudor, ser responsable de todas las propiedades recibidas, e investigar los asuntos financieros del deudor.
Dentro del Capítulo XI (reorganization), las funciones del trustee se recogen en el 11 US
Code § 1106, que remite a las fijadas para el Capítulo VII.
En términos generales —sin hacer especial mención a ningún capítulo—, en el 11 US
Code § 323 se advierte que el trustee es el representante del patrimonio, teniendo capacidad para demandar y ser demandado.
140
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144
Notas
De «ola reformadora» califica Schmidt a la intensa actividad legislativa y al conjunto de reformas que, desde que comenzaron a promulgarse leyes concursales en la mayoría de países
industrializados, se vienen acometiendo en países europeos como Inglaterra, Francia, Italia,
Portugal o España y en otras muchas naciones del mundo como Argentina o Sudáfrica (Schmidt, 2007).
Tal es la importancia de los cometidos que asume el órgano de administración concursal, que
la doctrina alemana ha afirmado que preguntarse por el diseño y la configuración de este órgano equivale a plantearse el propio destino del concurso. La importancia del administrador
en el Derecho inglés y su relación con el éxito del concurso fue puesta de relieve por Cork
(1982) cuando declaraba: «…the success of an Insolvency system is very largely dependant upon
those who administer it. If they do not have the confidence and respect not only of the courts and
of debtors and creditors, but also of the general public, then complaints will multiply (…) and the
system will fall into disrepute and disuse» (p. 7329).
1
2
Como «motor» del concurso definen al curatore fallimentare (Ferrara & Borgioli, 1995, p.
285). También emplean la expresión, entre otros, De Soto (1984/1985) y Tirado (2004). En
términos similares, Carreras (1982) cuando, al analizar la sindicatura, señala que «del acierto
o desacierto en su concepción dependerá en gran parte la eficacia de cualquier reforma».
La importancia del órgano de administración, en este mismo sentido, ha sido puesta de
manifiesto, entre otros, por Torres De Cruells, (1958) y Cordón (1999). También algunas
exposiciones de motivos de las leyes reguladoras de las situaciones de insolvencia se han hecho eco de tal importancia (véase en tal sentido la Exposición de Motivos de la Ley mejicana
de quiebra y suspensiones de pagos de 1942, la Exposición de Motivos de la LC española de
2003 —apartado IV— o el Preámbulo de la actual Ley 38/2011 —apartado VI—).
3
Su caracterización como órgano auxiliar del juez debe ser sostenida en todas las fases del proceso concursal (sobre la consideración de la administración concursal como órgano auxiliar
del juez se pronuncian, entre otros, De la Cruz (2004) y Hernández, (2005). Entre otras
muchas funciones de auxilio le corresponden: la comunicación individualizada a todos los
acreedores que obren en autos informándoles sobre la declaración del concurso y el deber
de comunicar los créditos (art. 21.4 LC) o la comunicación electrónica a los acreedores
informándoles del proyecto de inventario y de la lista de acreedores (art. 95.1 LC). Algún
autor señala que, en tales supuestos, no puede hablarse de competencias propias sino de
específicos deberes de auxilio o colaboración (Prada, 2004). A nuestro juicio, no se trata de
atribuciones contrapuestas sino descriptivas de una misma realidad, esto es, competencias
propias del órgano conferidas por Ley pero fijadas como deberes de auxilio o colaboración.
No podemos compartir, por el contrario, su consideración como órgano delegado del juez,
pues sus funciones no le corresponden por delegación de personal jurisdicente, sino por ministerio de la Ley, como tal lo conceptúan Gómez (2004), Márquez (2005) y López (2012).
145
En el régimen vigente no encontramos norma que reconozca al juez la posibilidad de dotar
a los administradores de funciones fuera de aquellas atribuidas legalmente. Sí se permite, en
cambio, tras su reconocimiento legal en el art. 116.2 LC, que aquel pueda designar como
presidente de la junta de acreedores a un miembro de la administración concursal o que
pueda, en virtud del art. 35.2 LC, atribuir individualizadamente competencias específicas a
un concreto administrador. Sin embargo, parte de la doctrina atisba, en algunas de las competencias atribuidas a la administración concursal (así, en la atribución del reconocimiento
para la inclusión y exclusión de créditos de los acreedores —art. 86.1 LC—), una actuación
como auxiliar delegado del juez (Prada, 2004).
Así, entre las atribuciones de que goza la administración concursal, se incluye el ejercicio de
acciones procesales y, en su caso, la oposición de resistencias frente a otros sujetos. En este
sentido, el art. 184.1 LC le reconoce la consideración de parte «en todas las secciones del
procedimiento». Ciertamente, no todas las atribuciones que se le encomiendan a la administración concursal a lo largo del proceso responden a una concepción orgánica en sentido
estricto. Ello determina que la delimitación de su doble consideración, como órgano y como
parte procesal, no sea fácil, al constituir las dos caras de una misma moneda. Y aún más, la
posible consideración de órgano que detente la administración concursal no es incompatible
con el reconocimiento del status de parte que se le pueda atribuir. Ello ha motivado que parte
de la doctrina aduzca que nos encontramos ante un órgano de naturaleza mixta o compleja,
en tanto que la labor que ostenta la administración cuando evacúa informes, autoriza actos
del deudor o lo sustituye en la gestión del patrimonio, donde cabe vislumbrar su carácter
auxiliar o instrumental respecto del juez, difiere de la que ostenta cuando asume el papel de
parte procesal autónoma. Al respecto Prada (2004) advierte, en lo que atinente a las atribuciones conferidas a la administración concursal: «destaca la naturaleza pública de su función
por lo que puede considerarse como un órgano especial de tutela, con funciones próximas a
las que corresponden al Ministerio Fiscal» (p. 61).
La atribución al juez del concurso de la designación de los componentes de la administración
concursal —en detrimento de la junta de acreedores— puede encontrar su razón de ser en la
intención del legislador concursal de evitar trámites excesivamente dilatorios en el nombramiento, haciendo más operativo su control por el juez. De este criterio, antes de la entrada en
vigor de la LC de 2003 (Cerdà y Sancho, 2001). En cuanto al sistema implantado en 2003,
la LC rompía con el modelo que, respecto de los interventores judiciales, imperaba en la suspensión de pagos y que, en relación a los síndicos, procedía en la quiebra, si bien mantenía
el carácter colegiado de la administración concursal. En 2003 se optó por un modelo mixto
entre ambos sistemas de composición —de interventores y de síndicos—, cuyos integrantes
eran nombrados en el auto de declaración de concurso combinando, en palabras de su Exposición de Motivos, la profesionalidad, en aquellas materias de relevancia para todo concurso
—la jurídica y la económica—, con la presencia de un acreedor —ordinario o con privilegio
general no garantizado—. Téngase en cuenta que, en su redacción originaria, la regla general
4
5
146
descrita no era de aplicación cuando procedía el procedimiento abreviado previsto en los
arts. 190 y 191 LC. En estos supuestos, la administración concursal podía estar integrada
por un único miembro que debía ser abogado, auditor de cuentas, economista o titulado
mercantil que reuniera los requisitos previstos en el apartado primero del entonces art. 27
LC, esto es, abogado con experiencia profesional de, al menos, cinco años de ejercicio efectivo o un auditor de cuentas, economista o titular mercantil colegiado con una experiencia
profesional de, al menos, cinco años de ejercicio efectivo. En lo relativo a las modificaciones
que introduce la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, respecto al art. 27 conviene advertir que
no entrarán en vigor hasta que lo haga su desarrollo reglamentario que deberá aprobarse, a
iniciativa del Ministerio de Justicia y de Economía y Competitividad, en un plazo máximo
de seis meses (Disposición transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre).
Mientras tanto operará la redacción formulada por la Ley 38/2011, esto es, la administración
concursal estará integrada por un único miembro que «deberá reunir alguna de las siguientes
condiciones: 1. Ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efectiva
en el ejercicio de la abogacía, que hubiera acreditado formación especializada en Derecho
Concursal. 2. Ser economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de
experiencia profesional, con especialización demostrable en el ámbito concursal».
6
El aludido art. 26 LC dispone que «declarado el concurso conforme a lo dispuesto en los
artículos anteriores, el juez ordenará la formación de la sección segunda, que comprenderá todo lo relativo a la administración concursal del concurso, al nombramiento y al
estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus facultades y a su
ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los administradores concursales». En el capítulo II, el primero de los capítulos que lleva por rúbrica «Del
nombramiento de los administradores concursales», comprende los arts. 27 a 32 LC, concebidos para regular, respectivamente: I, las condiciones subjetivas para el nombramiento
de los administradores concursales (art. 27 LC); II, las incapacidades, incompatibilidades
y prohibiciones para el ejercicio del cargo (art. 28 LC); III, la aceptación (art. 29 LC); IV,
la representación de las personas jurídicas administradores (art. 30 LC); V, los auxiliares
delegados (art. 31 LC); y, por último, VI, la recusación (art. 32 LC). El segundo de los
capítulos, con rúbrica «Funciones de los administradores concursales», abarca exclusivamente el art. 33 LC, destinado a disciplinar, de manera inédita (a partir de la entrada en
vigor de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre) un elenco de funciones que le son atribuidas
a la administración concursal. En último lugar, el tercer capítulo, compuesto por los arts.
34 a 39 LC, regula, por este orden: I, la retribución (art. 34 LC); II, el ejercicio del cargo
(art. 35 LC); III, la responsabilidad (art. 36 LC); IV, la separación (art. 37 LC); V, el nuevo
nombramiento (art. 38 LC); y VI, la firmeza de las resoluciones (art. 39 LC).
El curatore fallimentare es definido por Nigro y Vattermoli (2012) como el «organo tecnico della procedura» (p. 110). Para Pacchi (2011), «il curatore è l’organo esterno della procedura, non
fa parte dell’autorità giudiziaria ma è un libero professionista o un esperto in gestione d’impresa
7
147
che opera a fianco dell’autorità giudiziaria, essendo da questa incaricato delle funzioni relative
all’amministrazione del patrimonio fallimentare. Per ciò è considerato un incaricato giudiziario e,
partecipando all’amministrazione della giustizia, è qualificato pubblico ufficiale» (p. 106). La actual redacción del artículo 28 Legg. fall. vino introducida por el art. 25 del Decreto Legislativo
9 gennaio 2006, n. 5 – Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma
dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80. Con anterioridad a la reforma, il
curatore era elegido de entre los inscritos en los «albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili». De este modo, la posibilidad de nombrar como curatore fallimentare a los «studi professionali associati o società tra professionisti —sempre che i soci delle stesse abbiano
i requisiti professionali—», supone una significativa novedad respecto a la regulación anterior a
2006. Asimismo, aun cuando bajo la anterior redacción no quedaba excluida la posibilidad de
nombrar como curatore a aquellos sujetos que hubieran desarrollado «funzioni di amministrazione,
direzione e controllo in società per azioni —dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché
non siano stati dichiarati falliti—», sí que era necesario motivar la elección de su nombramiento,
extremo este que tras la reforma de 2006 queda eliminado. En este sentido, parte de la doctrina
ha considerado que la reforma acometida está de todo punto justificada. Para Stanghellini, «I
compiti del curatore sono così gravosi di far dubitare che sia opportuno conferire l’incarico a chi
non sia dotato di un’organizzazione adeguata e tendenzialmente specializzata nella gestione delle
procedure concorsuali, e da far ben riflettere sulla necessità di dotarsi di tale organizzazione prima
di accettare incarichi in procedure complesse» (Stanghellini, 2007, p. 4).
En virtud del art. 16 Legg. fall.: «Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, la quale: 1)
nomina il giudice delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) ordina al fallito il deposito
dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro
tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell’articolo 14; 4) stabilisce il luogo, il giorno e
l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di
non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura; 5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o
personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza
di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione (…)».
Nos parece interesante traer aquí las palabras de Ferrara (1962) cuando define la actuación del curatore fallimentare: «il suo compito principale e vorremmo dire istituzionale
consiste nell’amministrazione del patrimonio fallimentare; ma a lui incombe il compimento
di vari atti della procedura, mentre poi coopera col giudice delegato sotto varie forme o svolgendo una attività preparatoria dei suoi provvedimenti o assistendolo per dargli le opportune
informazione, ed è poi in linea generale l’organo esecutivo dei provvedimenti del giudice
delegato» (p. 1). Sobre el cometido que lleva a cabo el curatore, el art. 31 Legg. fall. reza:
«Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori,
nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite». Con anterioridad a la reforma operada por
8
9
148
el D. Lgs. 9 gennaio 2006, n.5, el curatore administraba el patrimonio del deudor bajo la
«dirección» del giudice delegato. Tras la reforma, el curatore gestiona el patrimonio bajo
la «vigilancia» del giudice delegato y del comitato dei creditori, lo que lo dota de mayor
autonomía en el ejercicio de sus funciones. A este respecto, Vitalone (2010) afirma que
«come prima, è affidata l’amministrazione del patrimonio fallimentare ma non più sotto la
direzione del Giudice delegato. Egli pertanto amministra in piena autonomia, seppur la sua
attività è subordinata sotto vari profili al controllo del giudice delegato e del comitato dei
creditori» (p. 115). A nuestro juicio, este ha sido uno de los aspectos más destacables de
la reforma operada en 2006. En este sentido, Bonsignori (1990), atendiendo al tenor
del art. 31 Legg. fall., afirmaba que: «risulta che il curatore non è un semplice esecutore
degli ordini del giudice delegato e del tribunale, ma svolge un’autonoma funzione di amministrazione del patrimonio del fallito, oltre a quelle di ausilio alle funzioni degli organi
giurisdizionali fallimentari» (p. 38).
En relación al papel del giudice delegato en el sistema italiano, Catallozzi (2007) afirma que «la riorganizzazione delle competenze degli organi del fallimento risulta, dunque, strettamente connessa con la previsione del ricorso a strumenti e modelli privatistici
all’interno delle procedure concorsuali (…) ed è completata con la corrispondente riduzione
dei poteri del giudice delegato» (p. 2). De otro lado, en relación al papel del curatore,
Montanari y Pederzini (2013) afirman que «indiscusso protagonista delle operazioni concorsuali, a seguito della disciplina riformata nel 2006, risulta il curatore fallimentare» (p.
290). Dentro del Ordenamiento jurídico italiano, se ha distinguido tradicionalmente
entre actos de ordinaria administración, competencia exclusiva del curatore, y actos de
extraordinaria administración. Dentro de estos últimos debe distinguirse entre aquellos
que tengan un valor igual o inferior a 50,000 euros, donde es necesaria la autorización
del comitato dei creditori, de aquellos otros que tengan un valor superior a dicho importe, donde no basta con la autorización del comitato y es necesario que previamente
sea informado el giudice delegato. Así, el art. 35 Legg. fall. establece que: «le riduzioni
di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di
terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni,
l’accettazione di eredita’ e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono
effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori (…). Se gli atti
suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni,
il curatore ne informa previamente il giudice delegato (…)». Este artículo se ha visto
profundamente modificado con la reforma operada en 2006. La innovación más significativa, como acabamos de apuntar, viene representada por la atribución al comitato dei
creditori —y no al giudice delegato— del poder de autorizar al curatore el cumplimiento
de actos de extraordinaria administración; lo que, a nuestro juicio, evidencia la voluntad
del legislador de excluir al giudice delegato de la administración del patrimonio concursal. Además, otro de los preceptos que potencia la actuación del comitato dei creditori
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149
es el art. 37-bis, introducido tras la reforma operada en 2006. En este se prevé que
los acreedores que representen la mayoría de los créditos admitidos pueda, «conclusa
l’adunanza per l’esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di essecutività dello
stesso», solicitar la sustitución del curatore. Para Castagnola, «Il potenziamento del ruolo
del comitato dei creditori aveva rappresentato una delle novità più significative della riforma, considerato che allo stesso erano trasferite molte delle attribuzioni che in precedenza facevano capo al giudice delegato» (Castagnola, 2008, p.5). Si bien, a continuación, señala:
«(...) si tratta quindi di una rimodulazione dei rapporti tra organi, non priva di significato:
da un lato nuovi poteri e minori responsabilità per il comitato dei creditori; dall’altro lato
sostituzione di poteri in capo al giudice delegato, ed attribuzione allo stesso di un potere di
supplenza, i cui riflessi sono ancora da verificare ma sin da ora appaiono potenzialmente
molto significativi» (Castagnola, 2008, p. 6).
Se trata de la variante alemana del estadounidense debtor in possesion, denominada en Alemania
eigenverwaltung, equivalente, en el Derecho español, al régimen de intervención. La combinación de este régimen de «auto-administración» con el convenio concursal como forma más
apropiada para el saneamiento empresarial es especialmente idónea. De hecho, con la reforma
acometida por la ESUG, se implanta lo que se denomina «preparación de saneamiento» (art.
270 InsO), escudo protector en virtud del cual se pretenden promover las solicitudes tempranas de concurso de acreedores y el establecimiento de planes de reestructuración empresarial.
Durante el plazo de tres meses que se concede para la elaboración del referido plan al deudor,
el régimen que se instaura será, en todo caso, el de intervención, manteniendo el deudor el
poder de disposición sobre su patrimonio con el nombramiento del Sachwalter, encargado de
la supervisión de la gestión realizada por aquel. Sobre los escudos protectores tras la entrada en
vigor de la ESUG, véase con mayor detalle, Ferré y Keller (2012). Sobre el régimen de administración propia y el papel del interventor en su función fiscalizadora de la gestión llevada a cabo
por la dirección de la empresa con anterioridad a la reforma acometida con la ESUG (véase
Schmidt, 2006, pp. 5-6).
11
El nombramiento debe recaer sobre persona física adecuada, especialmente versada en el
ámbito de los negocios, cercana al juzgado, e independiente de los acreedores y del deudor
(art. 56 InsO). Con la Ordenanza anterior (Konkursordnung), en la primera junta de acreedores se podía elegir a un administrador distinto, decisión que era vinculante si se reunían
los requisitos de idoneidad. Sobre la base de estos requisitos existió un profundo debate. El
mismo se tradujo en la posibilidad, defendida por algunos, de que el juez pudiera vetar el
nombramiento de los administradores sin limitación alguna o que, por el contrario, el juez
solo pudiera vetarlo cuando existieran causas objetivas de inidoneidad. La doctrina mayoritaria optó por la primera opción, sobre la base del alto grado de discrecionalidad del juez.
Con la InsO se produjo un giro en lo referido al mecanismo legal de elección. Según la nueva
Ordenanza, el juez nombra al administrador (Insolvenzverwalter), pero con el fin de cubrir
el vacío competencial hasta la primera junta de acreedores, en la que se puede cambiar al
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150
sujeto designado por el juez, al igual que ocurría con la anterior Ordenanza. La diferencia
fundamental radica en que, en coherencia con el aumento de poderes de los acreedores en
el proceso de insolvencia, en la elección del nuevo administrador, junto con los acreedores
ordinarios, votan también en la junta aquellos que disfrutan de un derecho de separación.
La elección realizada por el juez es, en la mayoría de supuestos, modificada con el nombramiento de un nuevo administrador, designado en la primera junta (en este sentido, y sobre la
idoneidad de este modelo para España (véase Tirado, 2003, pp. 160 a 164). En la práctica,
el mayor problema se encontraba en el modo de designación, basado en un modelo del
tipo closed shop en el que los outsiders difícilmente tenían acceso al nombramiento. Desde
el Proyecto de Ley alemán del 8 de febrero de 2006 de modificación de la Ordenanza de
Insolvencias, la elección deberá realizarse entre aquellos que figuren en una lista —art. 56
modificado del InsO— (véase Tirado, 2003, pp. 306-307). Dicho Proyecto de Ley acabaría
convirtiéndose en la Gesetz zur Vereinfachung des Insolvenzverfahrens vom 13. April 2007. El
juez debe, en principio, seguir los criterios acordados por el comité de acreedores, salvo que
entienda que ello puede suponer un perjuicio para la situación patrimonial del deudor (art.
56 InsO). No obstante, aun cuando el juez no siga los criterios acordados en la designación
del administrador, el comité, en su primera reunión, podrá cambiar la persona nombrada
por el juez (art. 56 InsO). El órgano jurisdiccional está sometido a la indicada decisión salvo
que la persona propuesta no resulte idónea para el cargo —por falta de independencia o cualificación— y así quede motivado suficientemente (art. 56 InsO). Independencia que, por
otro lado, queda modificada sustancialmente tras la ESUG por cuanto no podrán aducirse
como motivos de la falta de aquella que la propuesta de administrador venga del deudor o de
los acreedores, ni que dicha persona ha asesorado a la empresa deudora en el desarrollo del
concurso con anterioridad a la solicitud de este (Ferré & Keller, 2012, pp. 329 y 330).
Con la ESUG se reforzó de manera sustancial el papel del comité de acreedores. Con anterioridad, este solo se constituía una vez declarado el concurso. En la actualidad, tras la
entrada en vigor de aquella, el Juez puede convocar al comité en la fase provisional del concurso, de forma inmediata, tras la solicitud de concurso por el deudor cuando la empresa
deudora cumpla determinados requisitos (art. 22 InsO), a saber, cuando se cumplan dos de
las siguientes circunstancias: (I) que la suma total del balance sea superior a 4.840.000 euros
descontadas las deducciones de pérdida de valor de la parte del activo; (II) que la facturación
sea superior a 9’680,000 euros en los doce meses previos; (III) que cuente con una media
superior a 50 empleados durante el año anterior. Aun cuando no se cumplan las prescritas
circunstancias, el juez deberá convocar un comité de acreedores provisional a requerimiento
del deudor, de algún acreedor o del administrador concursal nombrado provisionalmente
por el juez, si alguno de ellos indican qué personas podrán formar parte del señalado comité,
aportando para ello su correspondiente declaración de conformidad (art. 22 InsO) (véase
Ferré & Keller2012, pp. 328-329.
13
151
El sistema concursal inglés, sistematizado, según la doctrina mayoritaria, en un cuerpo normativo
desde 1543 (an act against such persons as do make bankrupt), representa una auténtica excepción al
modelo de base jurisprudencial del Common Law. Al igual que ocurre con el Derecho continental, es discutida su procedencia exacta. Parte de la doctrina inglesa lo ubica en el Derecho romano,
mientras que un sector mayoritario lo sitúa en los estatutos del medioevo italiano (Holdsworth,
1903; Rossi, 1956). En la actualidad, el sistema concursal inglés, regulado en la Insolvency Act de
1985, se integra por dos grandes bloques, en función del sujeto al que va dirigido el concreto procedimiento: (I) cuando se trata de persona físicas, el procedimiento es denominado Bankruptcy;
(II) respecto de las personas jurídicas, encontramos, a su vez, diversidad de procedimientos, con
múltiples especialidades, pero siempre dirigidos a regular la situación de crisis económica. Entre
ellos podemos distinguir: (a) El Winding-Up, proceso de carácter liquidativo con dos modalidades, el Creditors’ Voluntary Winding-Up («liquidación extrajudicial») y la Compulsory Winding-Up
(«liquidación judicial»). La primera es gestionada por las propias partes —deudora y acreedores—
con el nombramiento de un Insolvency Practitioner. El órgano jurisdiccional desarrolla un papel
secundario limitado a la resolución de conflictos. La segunda, solo aplicable subsidiariamente en
defecto de la primera, se configura, sin embargo, como un procedimiento intervenido por los
official receivers, órganos de naturaleza jurídico-pública. (b) El Administrative Receivership, proceso
liquidativo del patrimonio que presenta notables diferencias respecto al anterior sistema. La sociedad garantiza el pago de una deuda por medio del floating charge mediante el que se concede a su
titular una serie de derechos sobre (todos) los bienes de la deudora, presentes y futuros, de modo
que si incumple la obligación garantizada, su titular —charge— puede nombrar a una persona
física —Administrative Receiver— para que, haciéndose cargo de la compañía, proceda a realizar
todas aquellas actuaciones que considerara pertinentes para conseguir satisfacer la antedicha obligación. (c) El tercer grupo está conformado por una serie de procedimientos de carácter reorganizativo, siendo la Administration el modelo más empleado. En este último se nombraba a un administrator que asumía la gestión de la empresa en crisis con la finalidad de, teniendo presente los
intereses de los acreedores, lograr su viabilidad. Y (d), por último, un conjunto de procedimientos
abreviados dirigidos a evitar la liquidación de la sociedad a través de convenios entre el deudor
común y sus acreedores. Entre otros: company voluntary arrangement, compromise or arrangement,
arrangement by way of reconstruction, compromise by liquidator y non-statutory arrangement. Sobre
el sistema concursal inglés y los órganos de administración de aquel, véase Tirado (2001).
14
El Título XI está integrado por nueve capítulos: chapter 1 (general provisions); chapter 3 (case administration); chapter 5 (creditors, the debtor, and the estate); chapter 7 (liquidation);
chapter 9 (adjustment of debts of a municipality); chapter 11 (reorganization); chapter 12
(adjustment of debts of a family farmer or fisherman with regular annual income); chapter
13 (adjustment of debts of an individual with regular income) y chapter 15 (ancillary and
other cross-border cases). Aunque cada deudor puede proceder bajo un único capítulo, la
conversión de un capítulo a otro es habitual. En tal sentido, véase Wielebinski y Rukavina
(2009, pp. 705-706).
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
DE INVESTIGACIÓN PARA PUBLICARSE EN LA
REVISTA DE INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO
Política editorial de la Revista de Investigación de la UCSP
La Revista de Investigación es la publicación científica editada por la Dirección de Investigación (DI) de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Perú. En ella se publican
trabajos de investigación básica o aplicada de carácter interdisciplinario, en todos los ámbitos del conocimiento, orientados al desarrollo humano integral en clave de búsqueda
de la verdad e integración del saber. Se privilegian las siguientes líneas de investigación:
procesos y tendencias culturales; cultura e identidad nacional; persona, familia y sociedad;
empresa y humanismo; tecnología para el desarrollo, y desarrollo integral y sociedad.
Se aceptan trabajos de investigación de diversas áreas del saber siempre que promuevan
el desarrollo de la persona, que no contravengan principios éticos y que promuevan la
integración del conocimiento y el diálogo entre fe y razón.
La Revista de Investigación se publica anualmente y aparece en el mes de noviembre. Se
aceptan para su revisión trabajos en español y en inglés que no hayan sido publicados
previamente, y que no hayan sido presentados de manera simultánea en otra revista de
investigación. Esta publicación se puede adquirir gratuitamente en su versión electrónica
en la página web de la Dirección de Investigación de la UCSP en: http://ucsp.edu.pe/
index.php/publicaciones-di/revistas-de-investigacion.
Presentación de trabajos y procesos de revisión
Los trabajos de investigación deberán ser originales y seguir un formato de redacción según el estilo APA (6ta edición). Deberán dirigirse en formato Microsoft Word al siguiente
correo electrónico: [email protected]. Se debe adjuntar una carta que
explique los fines y los principales aportes del trabajo, con la correspondiente cesión de
derechos, señalando que el artículo no ha sido publicado ni presentado a otra revista, ni
ha atentado contra la salud, el bienestar o la dignidad de las personas que se encuentran
vinculadas al estudio, ya sea como sujetos de la muestra o beneficiarios de la investigación, etc. Es necesario adjuntar los datos personales de los autores (nombres y apellidos,
filiación institucional, grados y títulos, líneas de investigación y publicaciones previas) en
documento aparte como consta en el modelo de carta que se adjunta.
Los artículos enviados se evalúan según el sistema de doble ciego. Los evaluadores de
los trabajos se asignan por afinidad temática según la especialidad de que se trate. De
acuerdo con el sistema de calificación de la revista, el trabajo podrá ser: 1) aprobado para
su publicación sin modificaciones; 2) rechazado sin derecho a apelaciones; o 3) aprobado
para su publicación con modificaciones, en cuyo caso no se publicará hasta no recibir el
-153-
trabajo modificado por parte del autor o los autores y la aprobación final de los revisores.
Los trabajos que han sido admitidos para su publicación se considerarán en el correspondiente proceso de edición, pero el director de la revista tiene la facultad de determinar el
volumen en que se publicarán los trabajos aprobados.
Formato de presentación de los trabajos
Los artículos presentarán en forma clara, objetiva y ordenada todo el conjunto de fenómenos abordados, señalando los elementos implicados más relevantes y sus respectivas
circunstancias. El formato de artículo deberá consignar por tanto el título, el resumen y
las palabras clave en español e inglés, el aparato crítico o cuerpo documental del artículo,
así como los requerimientos metodológicos necesarios para que los resultados sean comprendidos y replicados, en el caso de los artículos que han requerido una investigación de
campo. Se debe incluir como apartado final el acápite de discusión en el que se analizan
teóricamente los datos obtenidos y la información es contrastada con otros autores o estudios similares o afines. Se deben seguir las normas APA (6ta edición) para su redacción
de contenido y de forma.
Los trabajos deben presentarse en documento Word con tamaño de hoja A4, letra Times
New Roman número 12 y a espacio y medio. La extensión del trabajo no deberá ser mayor de 30 páginas con estas características. Las referencias se colocarán como figura en
los siguientes ejemplos, en una cantidad mínima de 20 fuentes por trabajo:
. Libros:
Cardó, A. (2005). La Iglesia y la educación en el Perú. Arequipa: Fondo Editorial de
la Universidad Católica San Pablo
. Capítulos de libro:
Andereggen, I. (2009). La constitución epistemológica de la psicología cristiana. En P. Lego (coord.) Psicología y visión del hombre desde la fe, (pp. 35-52). Arequipa: UCSP.
. Revistas impresas o en formato electrónico:
Garland, A. (2008). Edith Stein, Santa para nuestro tiempo. Persona y Cultura,
6(6), 60-70.
. Documentos de internet:
Sempé, N. (2010). Cultura y educación en el pensamiento del magisterio de la Iglesia. Areópago
cultural. Revista virtual de la asociación cultural Círculo de Encuentro. [Documento
en formato html] Recuperado el 11 de agosto de 2011. En línea:http://areopagocultural.com/2012/06/cultura-y-educacion-en-el-magisterio-de-la-iglesia/
-154-
Modelo de carta de presentación de artículo
(Ciudad), (día) de (mes) de (año)
Sr.
Director de la Revista de Investigación de la Universidad Católica San Pablo
El (Los) autor(es) que suscribe(n) presenta(n) el siguiente artículo titulado......................................
para que sea evaluado por los revisores y determinen su publicación en la Revista de Investigación
de la Universidad Católica San Pablo. El objetivo de este trabajo ha sido......................................... y
se han encontrado los siguientes hallazgos.............................................................................................
por tanto, la importancia del artículo radica en que................................................................................
Este artículo es original e inédito, y no ha sido presentado en revista alguna para su publicación.
El documento ha sido elaborado por el (los) suscrito(s), y por tanto no es propiedad ni total ni
parcialmente de terceros. Tampoco se han violado normas éticas antes, durante o después de la
realización de la investigación. El autor principal asume la responsabilidad legal en el caso de que
el material presentado sea copia, quedando la Revista de Investigación libre de todo compromiso.
Por tanto, en consonancia con lo anteriormente dicho, cedo (cedemos) los derechos de publicación de modo exclusivo a la Revista de Investigación de la Universidad Católica San Pablo, la misma
que se responsabiliza de la impresión, distribución e inclusión en bases de datos nacionales e
internacionales del trabajo presentado.
La revista se compromete a incluir el (los) nombre(s) del (los) autor(es) y sus datos respectivos,
siempre que el artículo sea aceptado para su publicación en el volumen que haya sido considerado pertinente por el director. El contrato podrá ser anulado si el autor o los autores no envían el
documento al director en las fechas establecidas o si no se publica el artículo en el volumen que
se ha determinado y comunicado oportunamente al autor o los autores del mismo.
La comunicación se efectúa con el autor principal, siendo considerado como tal, el autor que
figura primero en la relación de autores abajo firmantes.
Atentamente
(Presentar los siguientes datos por autor, con firmas y en formato jpg)
Nombres
Grados y títulos
Filiación institucional
Experiencia laboral
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