Eficiencia de la normatividad en materia de seguridad pública y

Eficiencia de la normatividad en materia de seguridad pública y

Eficiencia de la normatividad en materia de seguridad pública y eficacia de
las
instituciones encargadas de implementarla en México.
Lic. María Antonieta
Castellanos Vázquez. Docente del
Departamento de Derecho. Universidad de
Sonora.
I. Introducción. II. Legislaciones eficientes en materia de seguridad Pública, aplicables a los
tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. III. El papel de la cultura de derechos
humanos en la seguridad pública. IV. El deber ser de la operatividad de los Consejos
Estatales de Seguridad Pública. V. Evaluación sistemática y permanente de la operatividad
de los Cuerpos de Seguridad Pública. VI. Implementación de programas sistemáticos de
Capacitación, adiestramiento y Profesionalización de los cuadros operativos. VII. Instalación
de Infraestructura de calidad en Seguridad Pública. VIII. La Readaptación Social como un
proceso humanizador. IX.
Medios de comunicación
y
la seguridad pública. X.
Conclusiones.
Abstract: El tema de la ponencia versa sobre la importancia que tiene para nuestro
país que la normatividad en materia de seguridad pública sea eficiente y que las
instituciones involucradas en este proceso sean eficaces en la implementación de
programas adecuados y de óptima calidad social y humanista, regidos por la
sistematicidad de la ciencia del derecho, en un escenario de violencia y carencia de
valores.
La base conceptual está determinada por los conocimientos teórico-prácticos
que el Dr. Agustín Pérez Carrillo aportó a esta área de estudio, toda vez que es un
legado de evaluación jurídica, planteada como una crítica constructiva.
El objetivo consiste en una evaluación, desde el punto de vista jurídico-social,
a partir de la metodología de la eficiencia y la eficacia del sistema de seguridad
pública en México; para lo cual se plantea como propuesta una transformación,
desde el ideal de la normatividad en materia; la cultura de derechos humanos; la
prevención del delito; la necesidad de la evaluación sistema de la operatividad de los
cuadros; instalación de infraestructura adecuada; implementación de planes y
programas de capacitación y adiestramiento profesional, e implementación de
programas de readaptación social como un proceso humanizador.
I. Introducción
En México se vive una situación de conflicto social, toda vez que prevalece
una situación en la que los efectos son destructivos, tanto en personas y
propiedades, perjudicando la seguridad física y psicológica de la población, y
pueden originarse en demandas de seres humanos que son incapaces de tener
tolerancia, por lo que tienden al secuestro, narcotráfico, entre otras actividades
ilícitas; son ciudadanos insatisfechos en sus necesidades sociales, y eso provoca
conflictos en la sociedad. Por lo que “Los conflictos sociales se ubican más allá de las
situaciones susceptibles de ser reguladas por medio del sistema de recursos legales”
(Pérez
Carrillo. La derrotabilidad del derecho, 2006, p. 31).
II. Legislaciones eficientes en materia de seguridad Pública, aplicables a los
tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal.
Para que sea eficiente la normatividad existente en materia de seguridad
Pública, relativa a los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, se
requiere revisar las ya publicadas y vigentes en las distintas entidades Federativas, y
elaborar un diagnóstico jurídico sistemático que propicie identificar las estrategias
legislativas funcionales para que el Ejecutivo y las cámaras
propongan las
iniciativas de ley que tiendan a mantener actualizada la normatividad federal en
materia; en los Estados y Municipios, los congresos locales.
Afortunadamente,
esa
legislación
ya
está
concentrada
en
medios
electrónicos, accesible al público en general. Por lo que lo ideal es que se proceda a
determinar cuáles códigos, leyes o decretos han sido continua o sistemáticamente
criticados por ineficientes u obsoletos, o también rechazados por inoperantes frente
a nuestra realidad social. Respecto a ello, es necesario proceder a realizar consultas
populares o sociales y, en consenso, solicitar al poder legislativo la correspondiente
reforma, abrogación o derogación, según sea el caso.
También es válido, revisar la legislación existente en otros Países, para
establecer diferencias o similitudes, aciertos y desaciertos con la nuestra, y obrar en
consecuencia, para integrar un sistema legislativo en materia, que verdaderamente
resuelva problemas sociales, y que cada nivel de gobierno se comprometa a
implementar la normatividad con respeto a las garantías individuales.
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El sentido del discurso de las normas jurídicas relativas a seguridad pública,
se ha de identificar con el derecho, y serán efectivas y eficientes, cuando se pueda
demostrar que los ciudadanos a los que se dirige producen las conductas descritas
en las normas.
Lo que nos lleva a reflexionar que existen tres posibilidades de aceptación a
la ley por parte de los ciudadanos: una primera, por temor a la sanción; la segunda,
por conveniencia, considerando que ciertas normas podrían conceder ventajas; la
tercera, por convencimiento, en la que se garantizaría más eficiencia de las normas
jurídicas; en tanto que, un cumplimiento por temor o por conveniencia hace que el
poder sea más vulnerable.
La obediencia por convencimiento, no sólo sería aplicable al ciudadano, sino
también a la autoridad, y ella estaría comprometida socialmente a respetar los
derechos humanos.
Todo lo anterior deberá ser coherente con el precepto constitucional del
Artículo 21, que a la letra dice:
La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el distrito federal, los estados y
los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución
para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos
de la ley, en las respectivas competencias que esta constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta
constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El
ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán
coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos).
III. El papel de la cultura de derechos humanos en la seguridad pública.
Los derechos fundamentales del ser humano, no están en discusión, sin
embargo, en la realidad social, los organismos de la administración pública relativos
a seguridad pública tienden a negar a los ciudadanos sus derechos intrínsecos a su
calidad humana.
Una de las críticas más severas hacia las autoridades de seguridad pública es
la ausencia del comportamiento humano racional hacia el delincuente, lo cual se
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traduce en una notoria ineficacia que transgrede el prestigio humanista de las
instituciones mexicanas.
Una cultura de derechos humanos en el quehacer policial y en el sistema de
seguridad pública sentará un precedente de eficiencia y eficacia del actuar de los
operadores en esta área tan importante de la sociedad mexicana. Por lo que la
capacitación y el adiestramiento sistemático en valores sociales asegurará una
formación humanista de los cuadros policiales y funcionarios del área en cuestión.
IV. El deber ser de la operatividad de los Consejos Estatales de Seguridad
Pública.
Se requiere la unión de las corporaciones con la comunidad, para trabajar
como un cuerpo colaborativo de los tres niveles de gobierno para fomentar un clima
de seguridad que merecen y reclaman los mexicanos.
Los Consejos Estatales de Seguridad Pública y su coordinación general
deben trabajar organizados de manera sistemática en comisiones especializadas por
áreas, que cubran todas las funciones que la Ley asigna a cada Consejo.
Tales comisiones deben estar integradas por todos los miembros de la
coordinación general, así como cada una de ellas debe estar integrada por un
coordinador, miembro del Consejo, y por los Consejeros que permita la ley.
Sumándose los ciudadanos que deseen, convocados a participar como parte
integrante del Sistema de seguridad Pública.

Cada comisión
deberá ser integrada por lo menos por un miembro del
Consejo.

Cada comisión tendrá que conseguir asesoría de especialistas en la materia
según lo necesite.

Cada comisión nombrará a un responsable, si la ley requiere que sea
miembro del Consejo.

Los apoyos administrativos, económicos o de personal que requiera, cada
comisión deberán solicitarlos por escrito, en tiempo y forma, al Secretario
Ejecutivo.

Cada comisión deberá elaborar el diagnóstico de la materia que le
corresponda.

Cada comisión deberá elaborar un programa de actividades.
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
Las conclusiones o resultados de la investigación que elabore cada comisión
y que aporte elementos para el combate a la delincuencia y prevención será
presentada al Consejo bajo la forma de propuesta.

Cada comisión deberá presentar un informe de las actividades realizadas, con
base en lo que estipule la ley respectiva.
V. Evaluación sistemática y permanente de la operatividad de los Cuerpos de
Seguridad Pública.
Se necesita que se atiendan los alcances de los dispositivos del trabajo
policial para evaluarlos y considerar que cubren los requerimientos específicos. En
todo caso se deberá velar por su suficiencia y eficacia para garantizar la seguridad
pública del país.
Debemos considerar que para la realización efectiva de las tareas se debe
contar con las herramientas más adecuadas y un adiestramiento práctico para
utilizarlas, por lo que una evaluación sistemática y permanente propiciará la
detección oportuna, en tiempo y forma de las deficiencias, para corregirlas de
inmediato.
Por lo que se hace indispensable que el sistema de seguridad pública
mexicano
esté
permanentemente
certificado
por
Instituciones
debidamente
autorizadas a nivel internacional, para que se garantice la objetividad de la
evaluación.
“En este sentido el Dr. Agustín Pérez Carrillo en su obra: Teoría de la legislación y prevención
delictiva, afirma: “es pertinente aludir a la necesidad de permanencia de las medidas y al seguimiento,
evaluación y corrección de los programas correspondientes” (1989, p. 113).
VI. Implementación de programas sistemáticos de Capacitación,
adiestramiento y Profesionalización de los cuadros operativos.
Es
indispensable
la
implementación
de
programas
de
capacitación
y
profesionalización policial, sean vigilados para que la formación de los miembros de
los cuerpos de seguridad sea sistemática y eficaz; de tal manera que se dé el
desarrollo integral de los servidores públicos, para que los resultados sean los
siguientes:

Medidas que mejoren su calidad y eficacia.

Hacer obligatoria la formación policial para formar parte de los cuerpos de
seguridad.
5

Ponerle fin a la improvisación.

Establecer controles eficientes en su desempeño.

Formulación de reglamentos adecuados de operación, supervisión y
conciencia del deber.

Propiciar la evaluación ciudadana del desempeño policial.

Efectiva coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

Combate a la irresponsabilidad, la corrupción y la impunidad entre mandos
medios y superiores como medida para elevar los niveles de calidad de los
cuerpos policiales.

Incrementar los niveles de eficacia de los cuerpos policiales.

Revisar y proponer mejoras a los planes y programas de capacitación y
adiestramiento, y formación profesional policial.

Contribuir a la consolidación y mejor aprovechamiento de las instituciones de
superación profesional.

Propiciar un mayor acercamiento, a fin de generar confianza entre los
miembros de los cuerpos de seguridad y la comunidad.

Vigilar que se otorguen los mandos de los cuerpos de seguridad al personal
más capacitado y mejor evaluado.

Que los miembros de los cuerpos policiales estudien los bandos municipales,
las leyes y los reglamentos a los que deben ajustar su actuación para que
esta se apegue a derecho.

Organizar eventos que eleven la cultura del personal de los cuerpos de
seguridad y su familia.
VII. Instalación de Infraestructura de calidad en Seguridad Pública.
El equipamiento e infraestructura de seguridad pública no se compone
solamente de armas y patrullas. Esto incluye señalamientos viales en calles y
carreteras; alumbrado público; pavimentación y teléfonos públicos; servicios de
emergencia como bomberos y ambulancias; sistema de auxilio telefónico para
emergencias en el hogar mientras acude el médico; en fin, toda la organización
gubernamental y comunitaria que hace posible esta seguridad pública.
Para atender a todas sus implicaciones, la seguridad pública requiere la
participación de todos, autoridad y sociedad civil.
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Por lo cual se hace indispensable el acondicionamiento de instalaciones
operativas y eficaces, con instrumentos de tecnología de punta, que permita la
comunicación inmediata de la policía con el lugar de los hechos.
Asimismo, la instalación de equipo de cómputo actualizado para dar
seguimiento oportuno y eficaz a la criminalidad, con mapeos criminales eficaces.
VIII. La Readaptación Social como un proceso humanizador.
El tratamiento del fenómeno de la criminalidad debe asumirse con rigor. Una
tendencia al
asumir dicho tratamiento suele ser el enfoque eminentemente punitivo al sustentar la
necesidad del castigo y las bases para su aplicación. Bajo este enfoque hace acto de
presencia, sobre todo el derecho penal, aunque hay que tomar en consideración su
insuficiencia. El derecho penal no todo lo puede, puede muy poco, casi nada, en comparación
con la gran diversidad de enfoques bajo los cuales es menester asumir el tema.
Basta
recordar aquella precisión que hizo Radbruch en el siglo XIX, en el sentido de que es
necesario esforzarnos no sólo para construir un derecho penal mejor, sino algo mejor que el
derecho penal (Guerrero Agripino, p. 254)
Sí es cierto que a la infracción grave a la ley penal, sobreviene una pena
corporal, como un mal necesario, y por ende, se tiene que recluir al infractor a un
centro de readaptación social; lugar que debería representar una escuela de la ética
cívica, de la superación personal y académica, y del desarrollo humano, para que
una vez cumplida la pena, se reinserte en la sociedad, como ciudadano útil y capaz
de convivir en armonía con los integrantes de la comunidad a la que pertenece.
Lo anterior es el deber ser, la realidad social es vergonzosa y atroz, toda vez
que los centros de terapia social actuales han demostrado su ineficacia para
readaptar al criminal.
Por lo que se requiere en forma urgente la creación de estrategias
humanizadoras, éticas y de calidad social para que sean implementadas por
personal altamente capacitado que en trabajo colaborativo, interdisciplinario y eficaz,
aplique programas, con respeto a los derechos humanos, que tiendan a una
verdadera formación humanista y laboral en los centros de readaptación social.
IX. Medios de comunicación y la seguridad pública.
Los medios de comunicación son elementos importantes de la sociedad
actual, y su actuación ha de estar orientado a lograr, con la ciudadanía, el Bien
Común.
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En esta búsqueda constante del bien común, los medios de comunicación
deben tener el compromiso social de satisfacer los valores esenciales de toda
sociedad: El derecho de los ciudadanos a vivir en tranquilidad y desarrollar sus actividades en paz,
y el derecho de la comunidad de recibir una información oportuna, libre y veraz (artículo 6 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Porque tienen la facultad de informar a la opinión pública, no deben soslayar
su responsabilidad en la cobertura que dan a ciertos hechos y el modo como
abordan la información, con una percepción objetiva y otra subjetiva de la seguridad
pública.
Por ello, resulta sumamente conveniente que las partes involucradas, es decir,
medios de comunicación y responsables de la seguridad pública, sean estrictos y
conscientes del rol que juegan dentro de la búsqueda del bien común de los
mexicanos. Deben actuar con notoria responsabilidad, dejando de lado objetivos
particulares y/o subalternos, inspirando y orientando su proceder hacia fines
sociales.
De tal manera que los alcances sociales concretos y las leyes, norman el
comportamiento y desempeño de los medios de comunicación, y el papel
constitucional y legal que les compete a las fuerzas encargadas de velar por la
seguridad; por lo que es lícito afirmar que la seguridad pública requiere de una
prensa y medios electrónicos atentos y libres, que no sólo mantengan informada a la
ciudadanía, sino que también fiscalice los actos y procedimientos de la autoridad,
para que éstos vayan siendo cada vez más transparentes y coherentes con los
valores sociales.
A medida que los medios han incrementado su influencia, han ido
reprogramando sus agendas, incluyendo temas emergentes que expresan las
sensibilidades sociales. Ejemplo de ello son los programas de investigación y de
denuncia. Si buscamos fundamentos a la aparición de este tipo de temas, nos
percataremos que los distintos instrumentos de medición evidencian que éstos se
generan por una disminución de confianza de las personas con respecto a las
autoridades.
X. Conclusiones
Para que las legislaciones en materia de seguridad pública sean efectivas y
eficientes, se requiere que se comprueben empíricamente, que la conducta de los
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sujetos sea coincidente con la descripción del discurso del derecho, así las causas
de esa coincidencia, tendrán que relacionarse con el cumplimiento debido a
la
obediencia por aceptación, en la mayoría de los casos, y descartar la frecuencia del
cumplimiento por temor o por conveniencia. Para medir lo anterior, se requiere que
los distintos organismos involucrados en esa área jurídico-social, implementen
investigación de campo (empírica, material) con preguntas y respuestas centradas
en la problemática, y que los resultados sean procesados con instrumentos
científicos y tecnológicos para asegurar su objetividad.
Reconocidas las causas del conflicto social, se debe enfrentar con estrategias
constructivas relacionadas con la ética pública, diseñando una metodología de
análisis de la problemática de la seguridad publica, orientada a medir los resultados
que se obtienen cuando se implementan políticas públicas en torno de seguridad y
confianza ciudadana, como base para una paz justa y duradera, que sea la base del
desarrollo social y económico.
Los objetivos reales y eficaces del Sistema de seguridad pública deben
establecer:

La neutralización de la capacidad de los grupos e individuos al margen
de la ley.

Mantener una capacidad disuasiva, real y creíble frente a amenazas de
la delincuencia organizada.

La disminución de los índices de delincuencia.
Aunado a ello, alcanzar una organización altamente capacitada para conducir
con eficacia los operativos. En este sentido, la movilidad y el apoyo táctico se
consideran de gran importancia, en la medida que se incrementa la capacidad de
combate de los elementos policíacos, dotándolos de los equipos, medios idóneos y
eficaces, para enfrentar con dignidad a la delincuencia.
De la misma manera, con el fin de aumentar los niveles de alistamiento, se
deberá garantizar un apoyo logístico y de mantenimiento técnico a los materiales y
equipos con que actualmente se cuenta. Adicionalmente se fortalecerán las
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capacidades de inteligencia y telemática, ampliando la cobertura, integración y
oportunidad de la información. Todo ello debe tener como complemento una fuerza
publica capacitada y empleada eficientemente, toda vez que la calidad del recurso
humano constituye un punto fundamental, sobre cualquier operación orientada hacia
la salvaguarda de los intereses públicos y sociales, especialmente, en materia de
protección y respeto de los derechos humanos y las garantías individuales.
En este contexto deben surgir políticas públicas como una herramienta de
gestión que permitan visualizar al interior del avance de los objetivos en términos de
resultados reales, formulados para apoyar los objetivos de los sistemas locales de
seguridad publica y que soportan el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
De ahí nace la necesidad de diseñar estrategias viables y efectivas en las que
participe la ciudadanía.

Capacitación integral del personal de seguridad pública de los tres
niveles.

Creación de las oficinas que manejan los temas de Derechos Humanos
y derecho penal.

Evaluar a corto plazo los resultados obtenidos y el cumplimiento de los
objetivos.

Evaluar en el mediano plazo el impacto sobre una población a
beneficiar, a través de técnicas estadísticas confiables.

Retroalimentar la planeación y las acciones de gobierno dirigidas hacia
el sector defensa.

Medir la eficacia de los resultados obtenidos a través de los objetivos
desarrollados.

Conocer los costos y el tipo de beneficio que los resultados brindan.

Determinar poblaciones vulnerables que deben beneficiarse con los
resultados obtenidos.
Los medios masivos de comunicación, orientados por la verdad y la formación
profesional, deben asumir un papel trascendental, ya que al contar con una
capacidad
de influir en la sociedad, a través de los distintos medios de que
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disponen, serán eficientes intermediarios entre el ciudadano común y la realidad
existente.
Una Readaptación Social eficaz es aquélla que trata al delincuente como ser
humano, y como tal su comportamiento tenderá al desarrollo social, y su inserción a
la comunidad será efectiva.
La capacitación y el adiestramiento cumplen una función muy importante en la
formación de valores sociales a los operadores de seguridad pública, y el fomento a
una cultura de respeto a los derechos humanos, por lo que se deberá establecer el
precedente de un escenario laboral eficiente de los cuadros policiales, de todos lo
rangos y especialidades, en un escenario de justicia social.
Fuentes
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/22.htm?s=
Guerrero, Agripino, Luis Felipe (2007) Seguridad pública y prevención del delito en el
estado social de derecho: especial comentario a la trascendencia de la educación.
Díkaion, noviembre, año/volumen 16, 011, Universidad de la Sabana, Chía
Colombia. Red de Revistas científicas de América Latina, y el Caribe, España y
Portugal.
Pérez Carrillo, Agustín (2006) La derrotabilidad del derecho, México, Fontamara,
Biblioteca de Ética y Filosofía del Derecho y Política, núm.89.
Pérez Carrillo, Agustín (1989) teoría de la legislación y prevención legislativa,
México, Instituto de investigaciones penales.
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