La Ley de Costas afecta a 1.382 construcciones de Costa da Morte

La Ley de Costas afecta a 1.382 construcciones de Costa da Morte

http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/ley-costas-afecta-1-382construcciones-costa-da-morte/idEdicion-2013-07-12/idNoticia-816565/
TERRAS DE SANTIAGO
La Ley de Costas afecta a
1.382 construcciones de
Costa da Morte
La incidencia de la nueva norma en la zona fue expuesta ayer en Carballo por el
parlamentario Román Rodríguez a alcaldes y portavoces del PP
JESÚS TRILLO.
12/07/13
La nueva Ley de Costas afectará a un total de 1.382 construcciones del litoral de Costa
da Morte, incluyendo viviendas, alpendres y otro tipo de edificaciones. El parlamentario
popular Román Rodríguez expuso ayer en Carballo la incidencia de la nueva norma en
la zona. El municipio con mayor número de inmuebles afectados es Camariñas (305), y
el de menor, Vimianzo (31).
Según explicó Román Rodríguez, que estuvo acompañado de los también diputados
Marisol Piñeiro y Aurelio Núñez, la nueva normativa sustituye a la antigua de 1988,
elaborada por el gobierno socialista, "na que se daba un desaxuste coa realidade
xeográfica galega". Ahora, añadió, "ábrese unha porta para solucionar boa parte das
problemáticas existentes na actualidade".
http://www.lawyerpress.com/news/2013_07/1207_13_014.html
LAWYER PRESS
Pérez-Llorca analiza la nueva
Ley de Costas
MADRID
12/07/13
En la sesión se debatió la modificación de la Ley de Costas y sus implicaciones
La charla contó con la participación del Secretario de Estado de Medio Ambiente y el
Director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
Pérez-Llorca ha celebrado una nueva mesa redonda bajo el título “La nueva Ley de
Costas: contenido, desarrollo y aplicación”. José Ramón de Hoces, socio del
Departamento de Contencioso, Público y Regulatorio de Pérez-Llorca, Responsable del
Área de Público del Despacho y Abogado del Estado en excedencia, introdujo el debate.
De Hoces puso de manifiesto la importancia de la modificación de la legislación de
costas, destacando el carácter ponderado de la misma, así como las importantes
implicaciones positivas que tendrá el incremento de la seguridad jurídica en el régimen
de costas, tanto para la protección del medio ambiente, como para el desarrollo de la
actividad económica ordenada en el litoral.
A este respecto Pablo Saavedra Inaraja, Director General de Sostenibilidad de la Costa y
el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, indicó que el
objetivo principal de la modificación no fue establecer un régimen radicalmente nuevo,
sino realizar un diagnóstico de los numerosos problemas existentes y dar respuesta a los
mismos, mejorando la protección de nuestras costas sin renunciar al desarrollo
económico garantizando la seguridad jurídica.
Tras la participación de Saavedra, tomó la palabra Juan Manuel Rodríguez Cárcamo,
Socio del Departamento de Contencioso, Público y Regulatorio de Pérez-Llorca y
Abogado del Estado en excedencia, quien subrayó la diferencia sustancial de objetivos
entre el antiguo y el nuevo régimen de costas. Si bien con la antigua ley la actividad
económica se percibía como un peligro para nuestras costas, señaló Cárcamo, con la
actual se entiende que la correcta protección del medio ambiente en el litoral no puede ir
reñida con un desarrollo económico ordenado en el mismo.
La jornada finalizó con la intervención de Federico Ramos de Armas, Secretario de
Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Ramos de Armas destacó la importancia de esta nueva ley para seguir
protegiendo nuestro litoral, dotándolo de un régimen de seguridad jurídica que evite el
desorden que tanto daño ha hecho al cuidado de nuestras costas. Asimismo, el
Secretario de Estado apuntó la intención de otorgar un marco jurídico claro a aquellas
ocupaciones que cumplen con la legalidad. Finalmente, puso de manifiesto la
importancia de contar con los agentes económicos como aliados en la conservación del
entorno es este nuevo régimen jurídico de actuación que permite un desarrollo
económico ordenado en nuestras costas.
La jornada tuvo lugar en la nueva sede madrileña de Pérez-Llorca, situada en el Paseo
de la Castellana 50. En el debate, además, se habló sobre cómo se facilitan aquellas
actividades de renovación y mantenimiento de los inmuebles situados en las zonas de
dominio público marítimo-terrestre y en la zona servidumbre de protección,
permitiéndose la realización de obras siempre que éstas no supongan un incremento del
volumen construido. Asimismo, se puso de manifiesto la importancia de cuidar y
guardar el medio ambiente de nuestro litoral, lo que implica mantener correctamente las
edificaciones situadas en el mismo.
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/07/12/ayuntamientos-inician-defensa-barrioscosteros/544189.html
LA PROVINCIA. DIARIO DE LAS
PALMAS
Los ayuntamientos inician la
defensa de sus barrios
costeros ante Madrid
El Gobierno canario remitirá al Ministerio los informes municipales. El Ejecutivo
pone marcha el recurso contra la nueva Ley de Costas
12/07/13
Los ayuntamientos canarios afectados por la nueva Ley de Costas han iniciado los
trámites demandados por el Ministerio de Medio Ambiente para consolidar sus barrios
costeros como núcleos urbanos. El Gobierno de Canarias reunió ayer a los técnicos en
materia de ordenación del territorio de los municipios para unificar los criterios en la
documentación que han de presentar a Madrid antes del 31 de agosto y solucionar
eventuales dudas sobre este proceso.
Dicha reunión técnica de los municipios de la provincia de Las Palmas, presidida por el
viceconsejero de Política Territorial, Mario Pérez, se repite hoy con los ayuntamientos
de la provincia de Tenerife. Como conclusión del encuentro, será el Gobierno canario
quien se encargue de remitir al Ministerio la documentación que le aporten los
ayuntamientos la próxima semana, a más tardar, para el reconocimiento de los núcleos
costeros, construidos después de 1988, como urbanos. El Ejecutivo regional recuerda
que el planeamiento de estos emplazamientos fue aprobado por las administraciones
canarias en el 99% de los casos con informes positivos de Costas y del propio
Ministerio, por lo que no entiende que Madrid pida de nuevo esta documentación en un
plazo de tres meses y, encima, el Gobierno central tenga 18 meses para responder. La
nueva Ley de Costas afecta a 80 emplazamientos, con unas 1.800 viviendas de las
cuales en torno a 500 están en dominio público, indicó Mario Pérez. Al respecto, criticó
que el Ministerio de Medio Ambiente haya excluido en esta legislación a 12 núcleos
costeros situados en dominio público en toda España, "sin criterio alguno para hacerlo y
rompiendo el principio de igualdad con respecto a otras comunidades", como Canarias,
a la que no se le ha salvado ningún emplazamiento costero sito en dominio público
aunque sea pintoresco o tenga valores históricos. Por tanto, los barrios costeros en
dominio público que no han sido excluidos de la nueva Ley con 'nombres y apellidos'
mantienen la misma consideración que en la legislación de Costas de 1988 y son
susceptibles de ser derribados. En cuanto a los emplazamientos urbanos en zonas de
servidumbre, de cumplirse la nueva Ley "se causan mayores perjuicios a los ciudadanos
porque empeora sus condiciones ", explicó el consejero de Política Territorial, Domingo
Berriel, quien no dudó en calificar la actual reforma de la Ley de Costas de 1988 como
"un disparate" e inconstitucional. De hecho, el Consejo de Gobierno aprobó ayer iniciar
el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Costas solicitando, como paso
previo, el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2013/07/14/pp-cifra-1690-bienesbeneficiados-ley-costas/0003_201307F14C19911.htm
LA VOZ DE FERROL
El PP cifra en 1.690 los
bienes beneficiados por la ley
de Costas
Trece municipios de la zona
tienen edificaciones que
serán regularizadas
BEATRIZ CAUCE
14/07/13
El Partido Popular celebró en la mañana de ayer en Ferrol un encuentro en el que
participaron senadores, diputados autonómicos, alcaldes y otros representantes para
abordar el impacto que tiene la Ley de Costas en la comarca. El senador Enrique López
Veiga explicó que la nueva normativa viene a resolver problemas que estaban
enquistados desde hace décadas, derivados, en parte, porque las leyes en vigor no
tomaban en cuenta la especial singularidad del territorio gallego.
El secretario general del PP en la provincia, Diego Calvo, detalló las construcciones
que podrán beneficiarse de la nueva normativa en la comarca, que en conjunto suman
1.690. Matizó, no obstante, que no se corresponden con viviendas, sino con
edificaciones, por lo que en una misma parcela, un solo propietario puede tener una casa
y un alpendre, citó como ejemplo.
Enrique López Veiga afirmó que la nueva ley da protección a los denominados núcleos
rurales tradicionales, aunque subrayó que estos tienen que existir antes de 1988. No se
permitirá, en estas zonas, nuevas construcciones, aunque sí resolver lo que calificó de
«limbo legal» en el que se encontraban muchos propietarios cuyas posesiones están
ubicadas en la franja de cien metros al mar. «A zona de servidumbre de protección baixa
a 20 metros, pero queremos deixar claro que non se van poder facer novas casas»,
aseguró el senador.
Además, afirmó que los concellos tienen ahora un plazo de tres meses para legalizar
todos los núcleos que estaban afectados, aunque en el caso de los ayuntamientos que no
tienen planeamiento contarán con un plazo mayor para poder regularizar la situación.
Participantes
En el encuentro participaron, entre otros, los alcaldes de Ferrol, Cedeira, Cabanas,
Valdoviño, Pontedeume y Neda, además de los diputados gallegos Miguel Tellado e
Hipólito Fariñas, y los senadores López Veiga y Juan Juncal.
Ignacio Cabezón, regidor de Neda, valoró muy positivamente la nueva normativa. «Hay
vecinos que nos reclamaban una solución, ya que vivían en sus casas desde hace 30
años y tenían que pedir continuamente permisos si querían arreglar sus ventanas o sus
tejados».
Ante las críticas suscitadas por los grupos de la oposición hacia la nueva ley, Enrique
López Veiga defendió su contenido y subrayó que «o PP non fixo nada que non dixera
que quería facer».
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2013/07/14/concello-estudia-653construcciones-ilegales/845321.html
Faro de Vigo
El Concello estudia 653
construcciones ilegales para
incluir en la reforma de la
Ley de Costas
La mayoría de los inmuebles se sitúan en O Hío - El edil de Urbanismo, convencido
de que apenas la mitad de ellas cumplen la norma EPreocupación porque la
reforma impide edificaciones destinadas a habitaciones dentro de la servidumbre
de protección
Juan Calvo
14/07/13
Descartado definitivamente que la reforma de Ley de Costas afectara a 15 núcleos de
Cangas, como había dicho la Xunta de Galicia, aparece ahora una nueva cifra que sí
parece definitiva, que es la de 653 construcciones interesadas. Este dato está confirmado
por el propio concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Rafael Soliño, que ya
adelanta que apenas la mitad de las mismas podrán entrar dentro de lo que denomina
seguridad jurídica que ofrece la nueva Ley de Costas.
El gobierno municipal elaborará un catálogo con las construcciones afectadas, con el fin
de determinar sus características. La parroquia de O Hío es donde se sitúan en su mayor
parte estas 653 construcciones que en un principio son susceptibles de una
regularización. No hay que olvidar que Cangas es uno de los municipios con la costa
más extensa de España, con un total de 38 playas.
A Rafael Soliño no le gusta hablar de regularización, sino de seguridad jurídica. Afirma
que de lo que se trata es de estudiar la posibilidad de modificar la línea de dominio
público terrestre de los 100 metros a los 20 metros. Pero que no se trata de una amnistía,
sino que solo se da seguridad jurídica a aquellas construcciones que son anteriores a la
Ley de Costas del año 1988. "Todas aquellas otras construcciones posteriores siguen
estando de forma irregular y se persiguen y perseguirán urbanísticamente para
restablecer la situación urbanística, tanto desde el Concello como desde la Axencia de
Protección Urbanística (APLU). La ley entiende por construcciones: viviendas, anexos,
hórreos y también fábricas de salazón.
Al tratarse de un municipio con planeamiento, las construcciones anteriores a la entrada
de la Ley de Costas del año 1988, están fuera de los núcleos rurales, por lo tanto los
particulares disponen de un plazo de dos años, desde la entrada en vigor de la reforma,
para instar que la regularización se aplique igualmente a los núcleos o áreas que a su
entrada en vigor no estuvieran clasificados como suelo urbano, pero que en este
momento reuniera alguno de los siguientes requisitos: Estar dotado de servicios
urbanísticos y que estuvieran consolidados por la edificación en al menos un tercio de
su superficie o que, careciendo de algún servicio, estuvieran comprendidos en áreas
consolidadas por la edificación como mínimo en dos terceras partes de su superficie.
Soliño recuerda que en las nuevas áreas donde se reduce el dominio público marítimo
terrestre no estará permitidas las nuevas construcciones, ni ampliaciones de lo existente,
sino solo y exclusivamente obra de mantenimiento y conservación.
Las prohibiciones en la zona de servidumbre de protección plantean al Concello de
Cangas un serio problema. El hecho de que queden prohibidas las edificaciones
destinadas a residencia o habitación hace que en las fábricas de salazón que ahora
mismo se están recuperando para turismo, no pude haber hotel, como mucho una zona
de spa, como pasa en Ameixide o también en la punta de Rodeira.
Desde la aprobación de la reforma de la Ley de Costas varias asociaciones mantuvieron
reuniones con el concejal de Urbanismo, Rafa Soliño. Son colectivos vinculados a la
otra movida que nació el Cangas y que supuso el derribo de casas ilegales en la costa
cuando la competencia aún era municipal. Fue entonces cuando nació la asociación de
residentes de Vigo.
http://andaluciainformacion.es/huelva/324882/la-ley-de-costas-nos-discrimina/
ANDALUCIAINFORMACIÓN.ES
La Ley de Costas “nos
discrimina”
14/07/2013
Jordi Landero
La comunidad de propietarios de la parcela PUC1 de El Portil (Punta Umbría), ha
denunciado sentirse “agraviada” tras la aprobación de la actual Ley de Costas, con la
que el Gobierno ha sustituido definitivamente la famosa y polémica Ley de Costas de
1988, por “indultar” no sólo en Huelva, sino en todo el litoral español, miles de
edificaciones construidas en primera línea de playa, “en muchos casos mucho más cerca
que las nuestras”, dejando fuera las nuestras. Así lo ha puesto de manifiesto a VIVA LA
COSTA José Luis Velasco, secretario de dicha comunidad de propietarios de El Portil,
que ha añadido que en total están afectados por la Nueva ley de Costas en esta zona
unos 300 propietarios, sumando los 108 de esta comunidad, los 120 de la Urbanización
Puerta Mar, también en Punta Umbría, y los 70 de La Barra, en Cartaya. También
exigen que el Ministerio de Medio Ambiente les dé “inmediatamente” una respuesta, ya
que “antes de entrar en vigor la nueva Ley mantuvimos un encuentro con el Director
General de Costas, quien nos dijo que esperásemos a su aprobación”. Según lamenta, la
Ley se ha aprobado y “no hemos tenido ninguna respuesta sobre cómo queda nuestra
situación”. Según ha apuntado, “creemos que sufrimos un agravio comparativo” frente a
otras situaciones similares en nuestro litoral, como La Antilla, Punta Umbría o El
Rompido, y con otras muchas en el litoral español, “donde hay construcciones
indultadas a menor distancia de la línea de costa (en algunos casos hasta a menos de 20
metros) que en El Portil, donde la zona afectada oscila entre esa distancia y los 600
metros”. Según asegura, en esta zona del litoral onubense “el deslinde de 1994 al
amparo de la Ley del 88 se separa de la costa y se mete tierra adentro”. Todo ello con el
“agravante” de que “estamos en una ría, la del Piedras, mientras que en otras rías como
la del Carreras (Isla cristina) o la de Punta Umbría, se ha indultado a las edificaciones
ubicadas en sus márgenes”.
Larga historia
La historia de estos 300 propietarios viene de lejos y como explica Velasco, según
reflejó el Boletín Oficial del Estado del 1/6/66, con esa fecha fue aprobada la
planificación turística de la zona de El Portil, lo cual se refrendó dos años más tarde con
su declaración como Centro de Interés Turístico Nacional (BOE del 22/01/68). Una vez
los ayuntamientos de Cartaya y Punta Umbría contaron con estas aprobaciones,
iniciaron su Plan de Ordenación Urbana de El Portil de forma conjunta, aprobado el 18
de febrero de 1969.
“A partir de ahí -relata- se construye la urbanización con todos los requisitos legales
aprobados, cumpliendo los estrictos controles establecidos en el plan, y abonando los
propietarios todos los impuestos exigidos”. No obstante, señala, en 1994 se aprobó un
deslinde al amparo de la polémica Ley del 88, “que dejó en el dominio público marítimo
terrestre las viviendas de los afectados”, que perdieron unos años más tarde sus
derechos como propietarios de las parcelas, para pasar a ser concesionarios. Fueron los
propietarios los que pudieron comprobar cómo en 2007, los que habían adquirido “de
forma legal” una parcela y habían edificado en ella, “hasta ese año constaban en el
Registro de la Propiedad como propietarios, y a partir de ese año pasó a ser según el
mismo Registro titularidad del Estado”. “Las parcelas dejaron de ser nuestras para estar
concesionadas por el Estado, por lo que en ellas no se nos permiten ahora tocar un
ladrillo por haber quedado tras el deslinde dentro del dominio público marítimo
terrestre”. “Es incongruente -se queja- que el mismo Estado que nos vendió unos
terrenos dentro del marco de una declaración de Interés Turístico Nacional, venga ahora
a decirnos que esto no es nuestro”.
Además, en las actuales circunstancias, los terrenos tampoco pueden venderse y “con la
Ley en la mano sólo se podría vender las concesiones, que es lo que nos ha quedado.
Pero nadie está interesado en adquirir concesiones, que además tienen una fecha de
caducidad de 30 años que finaliza en 2024”. Y pese a que ésta puede ampliarse por otros
30 años, “eso hay que solicitarlo y puede que te la renueven, o no, y hasta incluso puede
que te la expropien por alguna causa que ellos consideren oportuna”.Piden que se
aplique la Ley estudiando “caso por caso”
Esta situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones por la comunidad de
propietarios de la parcela PUC1 de Punta Umbría en distintas instancias a lo largo de
los últimos años, llegando incluso en 2010 hasta el Comité de Peticiones del
Parlamento Europeo, que incluso emitió in informe en el que decía que apreciaba
“disfunciones” en la Ley de Costas de 1988. “Los deslindes -dice literalmente dicho
informe- son una constante en las reclamaciones de los ciudadanos, y los criterios
necesarios para hacer dichos deslindes, deberían aplicarse con igualdad en toda la costa
española”. Igualmente argumenta que “La Ley de Costas de 1988 no respeta las
situaciones de propiedad privada anteriores a ella, y creemos que no debieran pasarse
por alto las situaciones de propiedad u ocupación preexistentes durante a los y años”.
Por otra parte asegura que “la ausencia de claridad de las instrucciones relativas a la
aplicación de la Ley de Costas de 1988, ha tenido como consecuencia que las líneas de
deslindes sean trazadas, por ejemplo, en zigzag”, motivo por el que se queja esta
comunidad de propietarios, cuya línea de deslinde se introduce tierra adentro al menos
en unos 600 metros en algunos tramos. El informe también pone en duda la anulación,
gracias a la Ley del 88, del registro de propiedad de los inmuebles incluidos tras la
misma en zona de dominio público marítimo terrestre. Judicialmente, estos propietarios
también iniciaron un pleito en 1994, cuando se produjo el deslinde, que perdieron.
También han pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz. Finalmente, Velasco
asegura que su único objetivo es que la nueva Ley del Ministerio de Medio Ambiente,
que dirige Miguel Arias Cañete, “se aplique estudiando razonadamente caso por caso
porque nos sentimos discriminados frente a otras zonas del litoral español”.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2013/07/15/inseguridad-juridica-nuevaley-costas/0003_201307G15P12992.htm
LA VOZ DE GALICIA
Inseguridad jurídica en la
nueva Ley de Costas
15/07/13
CARLOS PEREZ GONZALEZ
Mucho se viene hablando sobre la modificación de la Ley de Costas de 1988 por la
recientemente aprobada Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral. Esta
reforma contiene entre sus principios fundamentales lograr el principio de seguridad
jurídica mediante el establecimiento de reglas claras. Veremos que los deseos se
confunden con la realidad.
En el caso de Galicia, la inseguridad la provoca la disposición transitoria primera de la
nueva ley de 2013, a efectos de regularizar la situación de los «núcleos rurales». En
contra de lo que se ha publicitado, no se ha otorgado una solución inmediata. Se ha
establecido una disposición confusa y farragosa que, en lugar de aportar luz y seguridad,
genera confusión. El legislador difiere una vez más la solución del caso al futuro
reglamento.
En cualquier caso, lo que parece claro es que los municipios que hayan clasificado en
la franja costera como suelo urbano en sus planes generales con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, y que reúnan los requisitos de
consolidación edificatoria y de dotación de servicios (un tercio junto con los servicios
correspondientes o dos tercios si carecieran de alguno de los enunciados en la
disposición) deberán solicitar hasta el 31 de agosto del 2013 el informe preceptivo y
vinculante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama),
que tendrá dieciocho meses para pronunciarse si procede la reducción de la servidumbre
de protección a 20 metros desde el límite interior de la ribera del mar, en lugar de los
100 metros contemplados en la Ley de Costas de 1988.
Más problemático resulta el tema de los núcleos rurales. El legislador estatal padece
una especie de alergia, ya que ni tan siquiera cita expresamente el término «núcleo
rural». Se refiere a los «núcleos» o «áreas delimitadas», pero no establece un
procedimiento para su delimitación. Se intuye que no es un procedimiento de
delimitación urbanístico. Los municipios deberán efectuar la propuesta de delimitación
del «núcleo» y remitirla al Magrama en el plazo de dos años a contar desde la entrada
en vigor de la ley (hasta el 31 de agosto del 2015), para que el citado ministerio en el
mismo plazo de dieciocho meses se pronuncie sobre la procedencia de la reducción de
la servidumbre de protección a los 20 metros. Esa tramitación sectorial en materia de
«costas» es independiente de la correspondiente al planeamiento urbanístico aunque
puede efectuarse de forma simultánea.
El culmen de la seguridad jurídica será que si en dieciocho meses la Dirección General
de Costas no se pronuncia, se entenderá entonces informada favorablemente la
propuesta de delimitación municipal del núcleo por silencio positivo.
Mención aparte merece el hecho de que, aún reduciendo la servidumbre de protección a
20 metros para estos núcleos o áreas, en la franja comprendida en los 100 primeros
metros no se podrán autorizar nuevas edificaciones. Lo anterior supone una flagrante
contradicción, ya que si se reconoce que esos núcleos o áreas reunían los requisitos para
ser considerados como urbanos con anterioridad a la aprobación de la Ley de Costas de
1988, no se aprecia razón jurídica alguna para aplicar una desigualdad de trato ante una
misma realidad fáctica. Cuestión distinta son las razones de tipo ambiental.
En definitiva, como diría Romanones: «Ustedes hagan la ley, que yo haré el
reglamento», donde supuestamente se aclararán todas las dudas, sin olvidar que la
reforma de la Ley 2013 ha perdido una clara oportunidad de reconocer expresamente la
singularidad de los «núcleos rurales» de Galicia y su naturaleza de «clase equivalente» a
la del suelo urbano.