Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS RECIENTES MOVILIZACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Las sociedades democráticas necesitan de la discusión de ideas, el desacuerdo y la
deliberación para oxigenarse. Cuando éstas pierden el espacio suficiente para dar
cabida a las minorías, a los disidentes, a los otros, generando mecanismos de
exclusión para impedirles el diálogo, la democracia se asfixia y pierde su razón de
ser y su motor más fuerte: los derechos de todas y todos.
Es a partir de este desacuerdo natural de las sociedades y de las condiciones en el
país en donde la desigualdad se ha convertido en un eje transversal de las
problemáticas cotidianas, que la protesta social se vuelve no sólo legítima, sino
intensamente necesaria, constituyendo un derecho de toda persona.
En los últimos días, los habitantes de la ciudad de México hemos sido testigos de la
manifestación de inconformidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la
Educación frente a una serie de decisiones del gobierno en materia educativa que
ha provocado su indignación y que ha resultado en las movilizaciones en distintas
partes del Distrito Federal. Actos como éste son comunes cuando el sistema político
se muestra cerrado e insuficiente para dar cabida a las distintas formas de concebir
el mundo, independientemente de que se esté o no de acuerdo con ellas. El ejercicio
del derecho a la protesta social puede generar la tensión o choque con otros
derechos; esto es natural y debe ser resuelto a partir de los principios democráticos
de la tolerancia, el diálogo, el reconocimiento de la otredad y la solución pacífica de
controversias.
Sin embargo, la respuesta generada por parte de muchos medios de comunicación y
por una parte importante de la sociedad resulta preocupante. Lejos de discutir los
problemas estructurales o las condiciones materiales de desigualdad a la que los
maestros apelan para explicar su protesta, se ha adoptado un discurso de
criminalización a priori y se ha acompañado por un peligroso discurso de exigencia
de la fuerza y mano dura del Estado, ignorando por completo las problemáticas de
los maestros y adoptando lenguajes de corte autoritario y represivo.
Los medios de comunicación que han criminalizado esta protesta mantienen
conductas de estigmatización al adjudicar una serie de adjetivos que rayan muchas
veces en el racismo o el clasismo al referirse al magisterio, ocultando todos los
matices y, sobre todo, los espacios de diálogo y explicación que deberían de
dárseles a quienes ejercen este derecho, para resultar en un desvío de la
información de fondo. Sumado a esto, organismos como la CNDH, lejos de buscar la
protección de los derechos humanos, parecen ser ajenos a los agravios y a la
búsqueda de soluciones pacíficas al proponer soluciones violentas y atentar contra
el derecho a la protesta.
Es indispensable recordar que las autoridades están obligadas por principio a
respetar el ejercicio de este derecho, así como proteger y garantizar la seguridad de
las personas que lo ejercen. Consideramos que la única salida viable para el
conflicto, para el bien de la sociedad y el respeto de los derechos humanos es el
diálogo y los acuerdos encaminados a solucionar los problemas originales y
sustanciales, convertidos en desigualdad e injusticia para los grupos involucrados, y
de los que deriva toda protesta social.
Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA