LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA Síntesis de Informes

Transcripción

1
LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
Síntesis de Informes de Organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana presentados a la Oficina de la Alta
Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con motivo del Examen Periódico de Venezuela
El presente documento recoge los aspectos más destacados de los Informes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) Venezolana
presentados a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas con motivo del examen que se hará a Venezuela sobre la situación
de los derechos humanos, el 7 de octubre de 2011. Elaboraron este documento 144 organizaciones —en forma individual, o agrupadas en
redes y coaliciones— con años de trabajo en diferentes áreas de los derechos humanos de manera constante, rigurosa, autónoma e
independiente.
Las organizaciones que suscriben este documento han venido informando y haciendo gestiones de denuncia ante los órganos nacionales e
internacionales sobre la existencia de graves vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela y de severos obstáculos y restricciones
para que los defensores y defensoras de derechos humanos continúen realizando su labor sin amenazas ni consecuencias, así como para
que sus recomendaciones sean tomadas en cuenta. La elaboración de este documento respondió a la necesidad de hacer llegar la
información contenida en los informes de las organizaciones, dado que ninguna de ellas fue llamada a consulta ni a participar en la
elaboración del informe de país del Estado venezolano.
Los 35 aspectos vulnerados tienen una amplia repercusión para la libre asociación en defensa y promoción de los derechos humanos, la
libre expresión e información, el derecho a la vida y la seguridad ciudadana —en lo que atañe a la violencia institucional, social y dentro de
los establecimientos penitenciarios—, las garantías judiciales y el acceso a la justicia, las garantías de los derechos sociales y ambientales
—particularmente el acceso a la vivienda, la salud y el agua potable—, y el derecho de toda persona a ser reconocida y no discriminada,
especialmente niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, personas con VIH, pueblos indígenas y personas solicitantes de
refugio.
El objetivo de este documento es que el Estado venezolano informe de manera precisa durante las sesiones del examen sobre las
situaciones de vulneración de los derechos humanos expuestas en los informes de las organizaciones, y presente vías de diálogo y de
solución a cada una de las situaciones planteadas de acuerdo con su alcance, gravedad y urgencia. El documento contiene evidencias de
cada uno de los aspectos vulnerados, así como sugerencias de preguntas y un conjunto de recomendaciones que las organizaciones
solicitan sean formuladas a los representantes del Estado, para contribuir a hacer realidad la vigencia de los derechos humanos en
Venezuela.
2
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
1
2
Defensores y organizaciones de Derechos Humanos
Obligaciones internacionales en Derechos Humanos
Foro por la Vida
CDH UCAB y Provene
3
Derechos de libre asociación y participación pública
4
5
6
7
Derecho de cooperación internacional para la defensa de DDHH
Derecho a la promoción y defensa de los derechos políticos
Visita de representantes de órganos internacionales de DDHH
Tratados del Derecho Internacional Humanitario
Sinergia, Foro por la Vida, Profesores de la UCV y Fundación
Aguaclara
Sinergia
CDH UCAB
CDH UCAB
Control Ciudadano
8
Prohibición de minas antipersonales
Control Ciudadano
9
Plan de Derechos Humanos
Provene
Libertad de Expresión y Acceso a la Información
10 Derecho de libre expresión
CDHUCAB, Espacio Público, Transparencia Venezuela y Sinergia
11 Criminalización de la protesta pacífica
Provea
12 Derecho de Acceso a Información Pública
CDHUCAB, Espacio Público, Transparencia Venezuela y Sinergia
13 Violencia política
14 Ataques contra periodistas y medios de comunicación social
15 Violencia contra los estudiantes y organizaciones estudiantiles y
juveniles
Paz activa y Conapro
Conapro
CDH FCU
Derecho a la Vida, Libertad y Seguridad Ciudadana
16 Respeto de los derechos humanos por parte de los cuerpos de
seguridad
17 Carácter civil de las policías
18 Derechos de las Personas Privadas de Libertad
19 Derechos a la vida y la seguridad de las personas
20 Disponibilidad y uso de armas
Cofavic
Paz Activa e Incosec
Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la
Libertad
Incosec
Control Ciudadano
3
Garantías Judiciales y Acceso a la Justicia
21 Justicia expedita e imparcial
Provene
22 Justicia en caso de violaciones de derechos humanos
Cofavic
23 Estabilidad de jueces e independencia judicial
Foro por la Vida
24 Independencia de la justicia militar
Control Ciudadano
25 Violencia sindical y violación de derechos laborales
Provea
Derechos Sociales y Ambientales
26 Derechos de niños, niñas y adolescentes
Red DHNNA
27 Derechos de las mujeres
Observatorio de DDHH de las Mujeres
28 Derecho a la vivienda
Provea
29 PVC en viviendas y mercurio en la minería industrial y de oro ilegal
Fundación Aguaclara
30 Derecho de acceso universal a la atención de la salud
Provea, Acción Solidaria y Convite
31 Derecho al agua
Movimiento por la Calidad del Agua
Derecho a la No Discriminación
32 Derechos de las personas LGBTTI
Unión Afirmativa y Diverlex
33 Derechos de las personas con VIH
Provea, Acción Solidaria y Convite
34 Derechos de los pueblos indígenas
Provea
35 Derechos de las personas solicitantes de refugio
CDH UCAB
4
Nº
Tema
1
Defensores y
organizaciones
de derechos
humanos
2
Obligaciones
internacionales
en derechos
humanos
3
Derechos de
libre asociación
y participación
pública
1
Situación
Preguntas
de los DDHH
al Estado
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
2010: 21 casos de violaciones contra defensores y ¿Qué iniciativa ha tomado el Estado
organizaciones de derechos humanos (91% de aumento para prevenir ataques a defensores y
respecto a 2009): 11 acciones de desprestigio, 5 organizaciones de derechos humanos?
detenciones arbitrarias, 4 amenazas de inicio de procesos ¿Por qué el Estado no ha emprendido
judiciales, 3 acciones judiciales iniciadas, 2 agresiones, 3 investigaciones sobre estos hechos?
casos de amedrentamiento, 2 limitaciones derecho
asociación, 1 caso de tortura y 1 caso de ejecución
1
2
extrajudicial . FORO POR LA VIDA .
Entre 2008 y 2009, 6 sentencias de la Corte Interamericana
de DDHH (CorteIDH) no han sido acatadas por el Estado. En
3 informes de supervisión de sentencias, la CorteIDH ha
hecho notar que el Estado no acata las decisiones.
La CIDH ha dictado 17 medidas cautelares; el Estado no ha
3
acatado la mayoría. CDH/UCAB .
Desde diciembre de 2009 la jueza María Lourdes Afiuni ha
estado privada de libertad por acordar una libertad
condicional en cumplimiento de una resolución del Grupo
de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; el Estado ha
ignorado todos los llamados de órganos internacionales y
regionales de protección de DDHH exigiendo su libertad.
4
CDH/UCAB .
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha
5
negado a ejecutar las sentencias de la CorteIDH. PROVENE .
La Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y la Ley
Orgánica del Poder Popular desconocen a organizaciones
que no se hayan conformado como Organizaciones del
“Poder Popular” (OPP).
El Poder Popular es creado como nuevo poder público para
edificar el “Estado Comunal”.
Las OPP son consideradas las “únicas detentadoras de la
¿Por qué el Estado no cumple con las
sentencias y medidas de protección
acordadas por los sistemas regional e
internacional de protección de DDHH?
¿Por qué el Estado mantiene privada de
libertad a una jueza que acató una
resolución del Grupo de Trabajo sobre
Detenciones Arbitrarias?
¿Qué medidas adoptará el Estado para
garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones asumidas al suscribir la
Convención Americana de DDHH?
De acuerdo con la Ley Orgánica del
Consejo Federal de Gobierno y la Ley
Orgánica del Poder Popular, ¿estarían
los ciudadanos y
organizaciones
forzados a formar parte de una OPP
para ser reconocidos con derechos a
participar en las decisiones públicas?
Las cifras pueden incluir más de un patrón de violación de DDHH.
Informe de la Coalición Foro por la Vida para el EPU. En: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/Venezuela_EPU_OCT_2011_Foro_por_la_Vida.pdf
Informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello para el EPU. En: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/EPU_ddhhUCAB.pdf
4
Informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello para el EPU.
5
Informe de la Fundación Probono Venezuela (PROVENE) para el EPU. En: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/EPU2011-ProVene.pdf
2
3
Recomendaciones
al Estado
 Garantizar las condiciones para
que los defensores de DDHH
realicen sus actividades.
 Prevenir las violaciones a la vida e
integridad.
 Investigar las agresiones para
impedir la impunidad y la
multiplicación de ataques a
defensores.
 Cumplir con las recomendaciones,
resoluciones y sentencias de los
órganos
internacionales
y
regionales de protección de DDHH.
 Implementar las recomendaciones
de los órganos de protección, en
especial las del Grupo de Trabajo
sobre Detenciones Arbitrarias.
 Cumplir con las decisiones
emanadas
del
sistema
interamericano de protección de
DDHH, garantizando así la tutela
internacional de los DDHH de los
venezolanos.
 Someter a revisión y consulta
amplia y plural las leyes y medidas
relacionadas con el Poder Popular
y Estado Comunal, a fin de
eliminar toda disposición que no
garantice los derechos de libre
asociación y participación en la
5
4
6
Derecho de
cooperación
internacional
para la defensa
de derechos
humanos
soberanía originaria del Estado” y medio para “el pleno
ejercicio de la soberanía del pueblo en lo político,
económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en
todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la
sociedad“.
Las OPP deben registrarse ante el Ejecutivo para ser
reconocida su participación en la planificación de políticas
públicas, consultas legislativas, contraloría social,
ordenación y gestión del territorio, y gestión de bienes y
6
7
servicios públicos. SINERGIA , FORO POR LA VIDA ,
8
9
PROFESORES DE LA UCV y FUNDACIÖN AGUA CLARA .
Entre 2009 y 2010 los órganos públicos ordenaron medidas
de suspensión de subsidios, toma forzada de sedes,
desalojos y expropiaciones arbitrarias, negación de
información pública, exclusión de espacios de decisión
pública, censura y averiguación administrativa, en contra de
organizaciones civiles por sus actividades en defensa de
10
11
DDHH. SINERGIA , FORO POR LA VIDA , PROFESORES DE
12
13
LA UCV y FUNDACIÖN AGUA CLARA .
En junio de 2006 la Asamblea Nacional aprobó en primera
discusión el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional.
100 organizaciones se manifestaron públicamente en
desacuerdo con el Proyecto porque limita los derechos de
acceso a la cooperación para la defensa de derechos
14
humanos. SINERGIA
En 2010, 34 organizaciones civiles fueron denunciadas por el
“delito de traición a la patria” ante órganos judiciales por
realizar actividades con fondos de la cooperación
internacional
El Tribunal Supremo de Justicia negó el derecho de la
Asociación Civil Súmate para ejercer “acción popular” ante
órganos de justicia nacionales, por considerarla un “agente
¿De qué manera el Estado garantizará
que
haya
reconocimiento,
no
discriminación y libre participación en
las
decisiones
públicas
de
organizaciones que no sean del Poder
Popular?
vida pública, consagrados en la
Constitución venezolana y en los
instrumentos internacionales.
¿De qué manera el Estado garantizará el
libre acceso a la cooperación
internacional, sin discriminación alguna,
de
organizaciones
de
derechos
humanos?
¿Por qué la cooperación internacional
en
actividades
de
información,
promoción y defensa de derechos
humanos perjudica la independencia y
seguridad de la Nación?
 Respetar
los
instrumentos
internacionales que resguardan la
cooperación
internacional
y
abstenerse
de
establecer
restricciones al derecho
de
defensores y organizaciones de
solicitar, recibir y utilizar recursos
para promover y defender
derechos humanos y las libertades
16
fundamentales .
Informe de la Red Sinergia para el EPU. En: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/epu-venezuela-sinergia-asociacion-venezolana-de-organizaciones-de-sociedad-civil1.pdf
Informe de la Coalición Foro por la Vida para el EPU.
Informe de Profesores de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela. En: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/EPU2011-Profesores-de-Derecho-Público.pdf
9
Informe de la Fundación Agua Clara para el EPU. En: http://www.aguaclara.org/pdf/Venezuela_UPR_ESP.pdf
10
Informe de la Red Sinergia para el EPU.
11
12
Informe de Profesores de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela.
13
Informe de la Fundación Agua Clara para el EPU.
14
7
8
6
5
Derecho a la
promoción y
defensa de los
derechos
políticos
6
Visita de
representantes
de órganos
internacionales
de derechos
humanos
Tratados del
Derecho
Internacional
Humanitario
7
16
externo” al recibir fondos internacionales para promover la
15
democracia y defender derechos políticos. SINERGIA .
La Ley de Defensa de la Soberanía Política y
Autodeterminación Nacional restringe la acción de las
organizaciones para la promoción y defensa de derechos
políticos, así como la contraloría sobre la gestión
gubernamental, y establece sanciones —de multas hasta
prisión— a quienes defiendan los derechos políticos con
17
recursos de la cooperación internacional. CDH/UCAB .
¿Cómo garantiza la Ley de Defensa de la
Soberanía Política y Autodeterminación
Nacional el ejercicio del “derecho y el
deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger
los derechos humanos y las libertades
fundamentales
universalmente
reconocidos”?
En los cuatro años que cubre el examen, ningún
representante de órganos regionales o internacionales de
protección de derechos humanos ha sido autorizado a
18
visitar el país. CDH/UCAB .
¿Cuándo invitará el Estado a miembros
de los procedimientos especiales?
Venezuela no ha adoptado ninguna medida concreta para
implementar el Estatuto de Roma ni ha establecido ningún
mecanismo de cooperación ni de asistencia judicial en
materia de: a) entrega de personas a la Corte Penal
Internacional, b) auxilio judicial internacional para la
aportación de documentos y realización de pruebas y c)
ejecución de las sentencias de la Corte. CONTROL
19
CIUDADANO .
En 2009, en un comunicado oficial del gobierno venezolano,
el vicecanciller Reinaldo Bolívar expresó que la decisión de
la Corte Penal Internacional (CPI) de detener a Omar Al
Bashir, Presidente de Sudán, era una “intromisión en
asuntos legítimos e internos del pueblo de Sudán”. El
Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías calificó la
decisión de la CPI como “un adefesio jurídico y un atropello
político no sólo para Sudán, sino para todos los pueblos del
20
tercer mundo”. CONTROL CIUDADANO .
¿Por qué en 10 años el Estado
Venezolano no ha adoptado ninguna
medida para dar cumplimiento a sus
obligaciones internacionales derivadas
del Estatuto de Roma que crea la Corte
Penal Internacional?
¿Por qué el Estado considera la decisión
de la Corte Penal Internacional
ordenando la detención del presidente
de Sudán Omar Al Bashir una
“intromisión en asuntos legítimos e
internos del pueblo de Sudán”?
 Garantizar las condiciones para
que las personas y organizaciones
que
defienden,
promueven
informan y divulgan derechos
políticos realicen libremente sus
actividades, sin represalias o
sanciones por ser receptoras de
financiamiento
mediante
la
cooperación internacional.
 Permitir en un plazo breve el
acceso al país a representantes de
todos los órganos internacionales
y regionales de protección de los
derechos humanos.
 Adoptar las medidas de aplicación
nacional necesarias para cumplir
las obligaciones internacionales
asumidas al ratificar el Estatuto de
Roma.
 Cooperar en la detención y
entrega de personas solicitadas
por la Corte Penal Internacional,
conforme a las obligaciones
derivadas del Estatuto de Roma.
Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Resolución de 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 9 de Diciembre de 1998
18
19
Informe de Control Ciudadano para el EPU. En: http://www.controlciudadano.org/documentos/getbindata.php?docid=1151&fieldname=documento
20
Informe de Control Ciudadano para el EPU.
15
17
7
8
Prohibición de
minas
antipersonales
9
Plan de
derechos
humanos
10
Derecho de
libre expresión
Venezuela reportó haber sembrado 1.074 minas
antipersonales alrededor de seis bases navales fluviales
fronterizas con Colombia entre los años 1995 y 1997. Sin
embargo, se han movido los campos minados en algunos
casos, quedando a la deriva artefactos explosivos, sin
ubicación precisa.
En el “nuevo pensamiento militar venezolano”, y en el
marco de la concepción de la “guerra de resistencia”, el
Estado Venezolano incluyó la posibilidad de utilizar minas
antipersonales como medio de combate. CONTROL
21
CIUDADANO .
Las denuncias de violaciones a los derechos humanos son
múltiples, porque aunque tienen reconocimiento formal en
el ordenamiento jurídico, las condiciones para su garantía
22
son débiles. PROVENE .
¿Por qué siendo parte de la Convención
sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento,
producción
y
transferencia de minas antipersonales y
sobre su destrucción, el Estado
Venezolano ha incorporado en su
doctrina militar oficial la posibilidad de
la utilización de minas antipersonales
como medio de combate?
¿Cuál ha sido el impedimento para que
el Estado diseñe un Plan Nacional de
Derechos Humanos?
 Solicitar al Secretario General de
las Naciones Unidas envíe, en los
próximos 3 meses, una misión de
esclarecimiento de la situación del
cumplimiento por parte de
Venezuela de la Convención sobre
la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y
transferencia
de
minas
antipersonales
y
sobre
su
destrucción.
 Diseñar e implementar en breve
plazo un Plan Nacional de
Derechos Humanos de acuerdo
con los estándares de NNUU.
Derecho a la Libertad de Expresión y de Información
21
El Código Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar
implican regresión en las garantías del derecho a la libertad
de expresión e información, ratifican y profundizan el
desacato o vilipendio contra funcionarios, aumentan la
discrecionalidad de jueces para decidir si una conducta o
expresión encuadra en el tipo penal respectivo, y
discriminan al diferenciar al funcionario respecto de la
persona, limitando el escrutinio de la gestión pública.
El Código Orgánico de Justicia Militar establece en su
artículo 505 “Incurrirá en pena de tres a ocho años de
prisión el que en alguna forma injurie, ofenda o
menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de
23
24
sus unidades”. CDH/UCAB , ESPACIO PÚBLICO
y
25
TRANSPARENCIA VENEZUELA .
La Reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión de 2010, añadió los Medios Electrónicos en su
campo de regulación y prohíbe la difusión de mensajes que
“desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas”
Informe de la Fundación Probono Venezuela para el EPU.
24
Informwe de Espacio Público para el EPU. En: http://www.espaciopublico.org/index.php/biblioteca/cat_view/127-examen-periodico-universal25
Informe de Transparencia Venezuela para el EPU.
22
23
¿Se ha considerado alguna forma de
revertir la ampliación de los llamados
delitos de desacato o vilipendio que han
sido extendidos para proteger a una
mayor cantidad de funcionarios?
¿Por qué no se derogan los delitos de
desacato del Código Penal y se
establecen responsabilidades civiles
acorde a los estándares internacionales
y por mando de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos?
 Modificar el Código Penal y Código
de Justicia Militar, eliminando las
figuras de desacato o vilipendio,
incluyendo la reforma a la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y
Televisión, conforme a los
parámetros establecidos por los
sistemas
internaciones
de
protección de derechos humanos.
8
11
Criminalización
de la protesta
pacífica
12
Derecho de
acceso a
información
26
o “inciten o promuevan el incumplimiento del
ordenamiento jurídico vigente”. Los proveedores también
son responsabilizados y objeto de sanciones por no limitar
26
el acceso de la población a estos mensajes. SINERGIA .
Más de 2.400 personas están sometidas a procesos penales
por haber participado en protestas públicas, con medidas
sustitutivas de libertad pero obligadas a no hablar sobre sus
casos, a no participar en otras manifestaciones públicas y a
27
presentarse periódicamente ante los tribunales. PROVEA .
La política de Estado de criminalizar la protesta se refleja en
la creación de un marco jurídico que restringe los derechos
a la huelga y a la manifestación imponiendo penas de
prisión. Entre las leyes aplicadas se encuentran: la Ley
Orgánica de Seguridad de la Nación, la Ley para la Defensa
de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, y la
Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento,
el Boicot y Cualquier otra Conducta que Afecte el Consumo
de Alimentos o Productos Sometidos al Control de Precios.
28
PROVEA .
En 2010 se creó el Centro de Estudio Situacional de la
Nación (CESNA) por Decreto Presidencial, cuyo artículo 9
faculta a su Presidente a declarar la reserva, clasificación o
divulgación limitada de cualquier información de
“instituciones del Estado y de la sociedad sobre cualquier
aspecto de interés nacional para proteger los intereses y
objetivos vitales de la Nación”, sin establecer en cuáles
circunstancias el funcionario puede hacerlo.
De 157 solicitudes de información presentadas a 50
instituciones públicas en el año 2008, más del 70% se negó a
suministrarlas o aplicó silencio administrativo. Sólo el 10%
29
de las respuestas obtenidas fueron adecuadas .
30
31
CDH/UCAB , ESPACIO PÚBLICO
y TRANSPARENCIA
32
VENEZUELA .
¿Cuántas personas se encuentran
actualmente sometidas a procesos
judiciales por realizar protestas?
¿A qué sectores de la población
venezolana pertenecen?
¿Cuáles son las circunstancias que
motivaron su detención y prohibición
del derecho a protestar?
¿En
qué
casos y
bajo
qué
procedimientos las leyes en Venezuela
prohíben o restringen la libertad de
manifestación?
¿Es un delito protestar en Venezuela?
 Abstenerse de utilizar la fuerza
pública y procedimientos judiciales
para criminalizar a personas que
participan en protestas.
 Revisar las leyes que prohíben,
restringen y tipifican como delito
el derecho a la protesta por
métodos pacíficos.
¿Qué
razones
fundamentan
la
declaración por parte del CESNA del
carácter reservado o clasificado de
informaciones en manos de órganos del
poder público y de organizaciones de la
sociedad?
¿Por qué no se ha discutido ni aprobado
el Proyecto de Ley de Acceso a la
Información que está en la Asamblea
Nacional?
¿Cómo puede ejercerse la función de
contraloría social si el Estado puede
declarar cualquier información como
reservada y pesa sobre esta función la
 Implementar leyes y mecanismos
administrativos y judiciales para
que la ciudadanía pueda acceder
de manera fácil y efectiva a la
información pública y abstenerse
de usar leyes que restrinjan el
acceso a la información pública.
 Desarrollar una ley y política
pública que garantice de manera
oportuna y efectiva el acceso a la
información pública.
 Someter a revisión y a una amplia
y plural consulta pública la Ley de
Contraloría Social y eliminar
Informe del Programa Venezolana de Educación- Acción en Derechos Humanos, Convite y Acción Solidaria para el EPU. En: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/EPU-VENEZUELA-Informe-Provea-y-otros.pdf
Informe del Programa Venezolana de Educación- Acción en Derechos Humanos, Convite y Acción Solidaria para el EPU.
29
30
31
Informwe de Espacio Público para el EPU.http://www.espaciopublico.org/index.php/biblioteca/cat_view/127-examen-periodico-universal32
Informe de Transparencia Venezuela para el EPU. En:
27
28
9
13
Violencia
política
14
ataques contra
periodistas y
medios de
comunicación
social
33
34
35
La Ley de Contraloría Social, aprobada en 2010, obliga a un
“uso correcto” de la información y documentación obtenida
por ciudadanos y organizaciones que ejerzan funciones de
contraloría social. Estas funciones son vigilar, supervisar,
seguir y controlar a órganos públicos, sector privado y
organizaciones que presten servicios de carácter público o
privadas cuyas actividades sean de interés social, para
prevenir o corregir conductas y acciones contrarias a los
intereses colectivos. Dicha información deberá ser
notificada a los órganos competentes para comprobar la
presunta infracción, irregularidad o inacción. La ley prohíbe
que las organizaciones que desempeñen funciones de
contraloría social obtengan beneficio económico por estas
33
labores. SINERGIA .
La polarización y la violencia políticas han generado un
número importante de víctimas, y se observa desde el
Estado y sectores de la oposición la promoción de dicha
violencia para dirimir conflictos sociales y políticos. PAZ
34
ACTIVA .
Desde medios oficiales y en pronunciamientos públicos
altos funcionarios mantienen un discurso polarizador que
contribuye a generar situaciones de hostilidad e intolerancia
en contra de personas vinculadas a medios críticos de la
35
gestión gubernamental. CONAPRO .
posibilidad de incurrir en delitos
administrativos, civiles y penales no
especificados, por el “uso incorrecto de
información”?
¿Cuál es la razón de restringir el uso de
recursos económicos para financiar las
actividades de contraloría?
¿Cómo se garantizará que las
actividades y denuncias de contraloría
social sean del conocimiento de los
denunciados y de la opinión pública; y
que se ejerza de forma independiente y
autónoma de los propios poderes
públicos?
¿Por qué no se implementan políticas
conciliadoras y de diálogo para la
resolución de conflictos políticos que
mantienen en zozobra al ciudadano
común?
¿Es posible que se desarme el discurso
presidencial de las amenazas y
descalificaciones que hace hacia sus
oponentes políticos en el plano nacional
e internacional?
Entre 2006 y 2010 se registraron 89 oportunidades en las
que el discurso de funcionarios de alta investidura rebasó
los límites de la crítica legítima a medios y periodistas,
interpretados por partidarios del gobierno como una
autorización para realizar hechos de violencia y obstaculizar
la labor periodística. Ante estos hechos las autoridades
nacionales han adoptado conductas de omisión.
En 2010 se registraron 211 ataques y agresiones a
periodistas y medios, por terceros particulares, en su
mayoría presuntos simpatizantes del gobierno nacional. El
¿Qué iniciativa ha tomado el Estado con
la finalidad de prevenir los ataques a
periodistas y medios de comunicación
en general?
¿Qué medidas se han tomado para
garantizar la investigación oportuna e
imparcial de las agresiones contra
periodistas? ¿Existe alguna persona
sancionada por estos hechos?
Informe de Paz Activa para el EPU. En: http://www.pazactiva.org.ve/documentos/DOC/DOC.%20Informe%20EPU%20-%20Venezuela%20-%20Paz%20Activa.pdf
Informe de la Coalición Conapro para el EPU. En: http://www.sntp.com.ve/archivos_descargas/Informe%20Conapro%20EPU.pdf
cualquier disposición que no
garantice el acceso a la
información
procedente
de
actividades de contraloría social y
el ejercicio de estas actividades en
forma independiente.
 Promover la convivencia social y
política, establecer relaciones
positivas y de cooperación con las
facciones y partidos opositores y
promover los principios de libre
asociación y participación social y
política.
 Abrir canales de comunicación e
interlocución con OSC para hacer
realidad la plena vigencia de los
DDHH y libertades democráticas.
 Los altos funcionarios deben
abstenerse de realizar discursos y
pronunciamientos que tengan un
efecto intimidatorio sobre el
ejercicio profesional de los
periodistas y demás trabajadores
que laboran en los medios de
comunicación.
 Establecer mecanismos para una
investigación y sanción adecuada
10
15
Actos de
violencia contra
estudiantes y
organizaciones
estudiantiles y
juveniles
16
Violación de
derechos
humanos por
cuerpos de
seguridad
patrón generalizado de estos hechos es la ausencia de
investigaciones y la impunidad.
8 periodistas fueron asesinados entre 2006 y 2010. Sólo en
algunos de estos casos se concluyó la investigación y se
36
aplicó justicia a los autores. CONAPRO .
Desde 2008 han ocurrido numerosos actos violentos e
intimidatorios en contra de organizaciones estudiantiles y
juveniles críticas a la gestión gubernamental, generando
serios impedimentos para la libertad de expresión del sector
universitario. Representantes estatales y principalmente el
Presidente han alentado la realización de estos actos de
37
violencia con discursos de odio social. CDH/FCU .
para los responsables de las
agresiones a periodistas y ataques
contra medios de comunicación.
¿A qué se debe el uso sistemático de la
fuerza para reprimir el movimiento
estudiantil por parte de los organismos
de seguridad del Estado y grupos
oficialistas?
¿Qué acciones tomará el Estado para
combatir la discriminación y agresión en
contra del movimiento Estudiantil y la
comunidad universitaria en general?
 Investigar y sancionar a quienes
atenten contra la vida e integridad
física de los integrantes del
movimiento estudiantil en todo el
país.
 Crear un comité gubernamental
que investigue los casos de
agresión
registrados
por
organismos públicos y reciba
denuncias formales en materia de
violación de DDHH estudiantiles.
Derecho a la Vida y Seguridad Ciudadana
36
En Venezuela se registraron “19.133 asesinatos en 2009”
(Instituto Nacional de Estadísticas, INE), lo que ubica la tasa
de homicidios en "75 por cada 100.000 habitantes". 43,75%
de quienes no denunciaron los hechos afirma que no lo
hicieron porque saben o creen que la policía participó en los
38
delitos cometidos. COFAVIC .
El Ministerio Público (MP) informó que entre los años 20002007 recibió 6.405 denuncias de casos de “ajusticiamientos
o enfrentamientos”, que involucraron a 7.243 víctimas. En 8
años, el MP solo ha presentado 436 acusaciones, en las que
se encuentran involucrados 1.237 funcionarios policiales.
Las cifras revelan que unas 900 personas son ajusticiadas
anualmente. La mayoría de estos asesinatos son atribuidos
a policías regionales y municipales, en los cuales 3.675
funcionarios han sido señalados de realizar ejecuciones y
39
tratar de encubrirlas como enfrentamientos. COFAVIC .
¿Cuáles son las funciones actuales del
Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC), y cuál
es su dependencia administrativa del
Ejecutivo Nacional?
¿Cuáles son los procedimientos
establecidos en las policías regionales
para aplicar sanciones administrativas a
los
funcionarios
presuntamente
involucrados en delitos contra los
derechos humanos?
Informe de la Coalición Conapro para el EPU.
Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. En: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/EPU-FCU-UCV.pdf
Informe de Cofavic para el EPU. En: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/epucofavic.pdf
39
Informe de Cofavic para el EPU.
37
38
 Ajustar los planes operativos de
los cuerpos de seguridad a fin de
controlar su actuación en el
terreno para evitar que se
produzcan abusos por uso
excesivo e indebido de la fuerza y
armas de fuego.
 Realizar las reformas legislativas
pertinentes al Código Orgánico
Procesal Penal para que el CICPC
(Cuerpo
de
Investigaciones
Científicas,
Penales
y
Criminalísticas)
dependa
administrativamente
del
Ministerio Público y se separe
estructural y funcionalmente del
Poder Ejecutivo.
 Asegurar que el CICPC no realice
11
17
Carácter civil de
las policías
La mayoría de las policías regionales, municipales y
nacionales tienen directores provenientes del ámbito
militar, lo que les imprime un carácter castrista.
El artículo 328 de la Constitución venezolana establece que
las fuerzas armadas pueden ejercer el mantenimiento del
orden interno, pero no les corresponde sustituir las
responsabilidades y funciones de las policías, de carácter
civil
El Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana (DIBISE)
a cargo de la Guardia Nacional y Milicias Bolivarianas no
tiene carácter transitorio y consume importantes recursos
económicos para su equipamiento en detrimento de los
40
41
cuerpos de seguridad civiles. PAZ ACTIVA y INCOSEC .
18
Derechos
humanos de las
personas
privadas de
libertad
A fin de 2010 los establecimientos penitenciarios
albergaban 44.852 reclusos (30.360 a la espera de sentencia
y sólo 14.492 han recibido condena), a pesar de tener
capacidad para solo 17.500. Entre las causas está la más
reciente modificación del Código Orgánico Procesal Penal,
que estableció que el procesado puede permanecer privado
de libertad mientras dure el proceso hasta el mínimo de la
pena a cumplir, lo cual refleja una fragrante violación al
derecho de presunción de inocencia y un atentado contra el
derecho a un juicio previo y expedito. Además, los reclusos
no se encuentran debidamente clasificados con base en el
grado de peligrosidad, condición jurídica. Hay casos en los
42
que ni siquiera existe clasificación por sexo. OVP .
40
41
42
¿Por qué se atribuyen funciones de
orden público a la Fuerza Armada y a la
Milicia Bolivariana si los Órganos de
Seguridad son de carácter civil?
¿Qué medidas adoptará el Estado para
fortalecer con recursos y preparación a
los cuerpos de seguridad municipales,
regionales
y
nacionales
civiles
existentes?
¿El
Dispositivo
Bicentenario
de
Seguridad Ciudadana de seguridad
militar tiene carácter transitorio?
¿Cuáles son las metas concretas de este
dispositivo?
¿El logro de estas metas significaría el
fin del dispositivo?
¿Cuáles son las medidas adoptadas por
el Estado para resolver la situación de
insuficiencia de personal de los
establecimientos
carcelarios,
la
capacitación del personal directivo,
técnico y de custodia, y cuáles son los
criterios de selección del personal que
actualmente labora en estos recintos?
¿Cómo se justifica que los internos
tengan que realizar huelgas de hambre,
auto secuestro de familiares, huelgas de
sangre, secuestro de autoridades y
bocas cosidas, ante la falta de respuesta
Informe de Paz Activa para el EPU.
Informe de Incosec para el EPU. En: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/EPU2011-Incosec.pdf
Informe del Observatorio Venezolano de Prisiones y Liberados en marcha para el EPU. En: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/EXAMEN-PERIODICO-UNIVERSAL.pdf
actividades de patrullaje y
seguridad ciudadana, y que limite
sus funciones a la investigación
técnica y científica a la que está
obligado como órgano auxiliar de
la justicia.
 Aunque el DIBISE responda a una
emergencia nacional de seguridad
ciudadana, debe tener metas
claras que determinen su duración
y no se convierta en otro cuerpo
de seguridad ciudadana paralelo
de corte militar y de presencia
permanente en el territorio
nacional.
 Las policías deben tener un
carácter exclusivamente civilista y
sus mandos deben tener un origen
civil, según lo recomiendan la OEA
y el PNUD.
 Dar prioridad a la atención
integral de la población reclusa en
lo que se refiere al respeto de los
DDHH
dentro
de
los
establecimientos
(Clasificación,
Intimidad,
Salud,
Educación,
Trabajo y Reinserción Social).
 Propiciar acciones coordinadas
entre los distintos órganos del
poder público para cumplir con la
celeridad procesal y aplicar
medidas menos gravosas que
permitan asegurar la presencia de
12
19
43
44
45
Derechos a la
vida y la
seguridad de las
personas
Durante las requisas, los reclusos son sometidos a golpes y a
la destrucción de sus pertenencias. Al entrar a los
establecimientos, las familias y demás visitantes son objeto
de insultos, vejámenes y abusos por efectivos de la Guardia
Nacional, encargados de la vigilancia externa de los penales,
y de los funcionarios de custodia, encargados de la
43
seguridad interna. OVP .
Entre 1999 y 2010 fallecieron 4.506 reclusos (promedio
anual: 409) y 17.510 resultaron heridos (promedio anual:
1.591). En ausencia de un sistema penitenciario que
garantice los derechos humanos de los reclusos, se han
entronización prácticas y códigos autorizados por la misma
población reclusa para organizar las rutinas y dirimir sus
diferencias dentro de las cárceles, con una cada vez más alta
presencia de armas de fuego y armas blancas, y la
inexistencia de personal capacitado para la custodia y
seguridad de los establecimientos penitenciarios. UNA
44
VENTANA POR LA LIBERTAD .
La tasa de homicidios de Venezuela es la más alta de Sur
América: 48 por cada 100 mil habitantes para el año 2010.
En los últimos 10 años han fallecido 124.500 personas por
violencia homicida. La inseguridad constituye la primera
preocupación de los venezolanos.
Más del 80% de los casos de homicidio ocurre en hombres
entre 15 y 44 años (encuesta de Victimización del INE). La
población más afectada pertenece a los estratos menos
favorecidos en educación, fuente de ingreso y condiciones
de alojamiento. 62% de los homicidios ocurre en el barrio o
urbanización de la víctima. 70% de los homicidios fueron
45
cometidos por personas entre 25 y 44 años INCOSEC .
98% de los homicidios es cometido con arma de fuego. En
2009, la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea
Nacional estimaba entre 9 y 15 millones de armas —legales
e ilegales— en manos de la población venezolana. Solo 1
millón 300 mil portes se conocían como lícitos.
Informe del Observatorio Venezolano de Prisiones y Liberados en marcha para el EPU.
Informe de Una Ventana por la Libertad para el EPU. En: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/Informe-UVL-EPU.pdf
Informe de Incosec para el EPU.
por parte de los funcionarios e
integrantes de la administración
penitenciaria?
¿Cuáles son las acciones y medidas
adoptadas por los distintos órganos del
poder público nacional que tienen
incidencia directa en el sistema de
justicia venezolano para acabar con el
retardo procesal?
¿Por qué a las personas con sentencia
firme que cuentan con evaluaciones y
clasificaciones por los equipos técnicos
de los recintos carcelarios no se les
otorgan
medias
alternativas
de
cumplimiento de penas?
¿Cuál es el criterio establecido para que
tengan
que
ser
continuamente
evaluadas, causando un mayor retardo?
¿Por qué Venezuela posee la tasa más
alta de homicidios en Sur América, si la
pobreza descendió de 70% al 23% entre
1996 y 2009 según cifras oficiales, y
fuentes del gobierno nacional aseguran
que los programas sociales han
aumentado la inclusión social, lo que
debería incidir directamente en la
disminución de la violencia?
¿Por qué en Venezuela se restringe la
información sobre datos estadísticos de
criminalidad?
¿Cuáles son las razones por las cuales
existe un índice tan elevado de
impunidad en Venezuela?
¿Cómo se explica la muerte de 4.030
personas en las cárceles de Venezuela
los procesados y la reinserción
social para el caso de los
condenados.
 Ejecutar
una
política
de
mantenimiento y construcción de
nuevos
establecimientos
carcelarios, e invertir en la
formación
del
personal
penitenciario en aras de aumentar
el número de funcionarios y la
calidad de su formación.
 Controlar el acceso de armas de
fuego mediante el empleo de
mecanismos idóneos de revisión y
supervisión en los recintos
carcelarios,
e
investigar
y
sancionar a los responsables del
ingreso de armas de fuego.
 Aprobar con carácter urgente una
Ley de Desarme.
 Capacitar y certificar a los órganos
de seguridad ciudadana en
materia de derechos humanos.
 Regular el empleo de armas o
sustancias tóxicas por parte de los
órganos de seguridad.
 Legislar para que ninguna persona
pueda ser sometida a tortura,
tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
 Evitar el uso de la Fuerza Armada y
la Milicia en el mantenimiento del
orden público.
 Fortalecer el Poder Judicial y el
Sistema de Justicia a través de la
13
20
46
Disponibilidad y
uso de armas
Informe de Incosec para el EPU.
49
47
48
Ninguna de las instituciones de justicia alcanza el 50% de
aprobación entre los habitantes. Las peores evaluadas son
las policías municipales, las policías estadales y el Sistema
46
Penitenciario. INCOSEC .
durante los últimos 10 años, si la
seguridad de dichos recintos está a
cargo del Estado?
Entre 2008 y 2009 se introdujeron más de 100 peticiones,
ejerciendo el derecho a la información, sobre temas de
seguridad y defensa ante el Ejecutivo Nacional: a) número y
tipo de armas y municiones decomisadas por la Fuerza
Armada Nacional desde el año 1999; b) número de personas
con porte de armas vigente; c) lista de entidades oficiales
distintas a la Fuerza Armada Nacional autorizadas para
tener armas, incluyendo empresas de vigilancia; d)
empresas autorizadas para comercializar armas en
47
Venezuela. Todas fueron negadas. CONTROL CIUDADANO .
El Estado ha negado información sobre el cumplimiento de
la Convención sobre Minas Antipersonales y de las medidas
de control y destrucción establecidas en la Convención
sobre Armas Bacteriológicas, la Convención sobre Armas
Químicas y la Convención sobre Armas Convencionales.
Tampoco ha suministrado información sobre las razones por
las cuales no ha sido aprobado el Protocolo Anexo IV de
Armas Convencionales referido a Armas Láser cegadoras,
Armas de Guerra y Armas de No Guerra registradas.
48
CONTROL CIUDADANO .
La ausencia del control de armas abarca incluso la situación
de las armas en poder o bajo el control de la Fuerza Armada
Nacional, donde el acceso a la información al respecto es
49
inexistente. CONTROL CIUDADANO .
¿Qué
medidas
está
adoptando
Venezuela para garantizar el derecho de
acceso a la información de los
ciudadanos sobre el deber del Estado de
controlar la fabricación, importación,
exportación, almacenamiento, tránsito,
registro, control, inspección, comercio,
posesión y uso de armas, municiones y
explosivos?
asignación de una partida anual
variable no menor del 2% del
presupuesto nacional (Art. 254
C.R.B.V).
 Impulsar la promoción y el
desarrollo
de
actividades
pedagógicas preventivas
que
contribuyan a suplir el déficit de
capital social existente.
 Organizar la justicia de paz en las
comunidades.
 Adoptar medidas administrativas y
legislativas para controlar la
existencia de armas ilegales en
poder de la población civil.
14
Garantías Judiciales y Acceso a la Justicia
21
Justicia
expedita e
imparcial
En año 2009 ingresaron a la Defensa Pública 139.271 casos y
el número de concluidos fue de tan sólo 25.965 (estadísticas
de la DP respecto del avance en materia penal ordinaria,
que no señalan si el número de casos concluidos en 2009
50
corresponde solo a los ingresados ese año. PROVENE .
¿Qué acciones tomara el Estado para
garantizar una justicia expedita e
imparcial, teniendo en cuenta la
acumulación y retardo procesal
existente en Venezuela?
22
Justicia en caso
de violaciones
de derechos
humanos
¿Está tipificado el delito de tortura de
manera autónoma en la legislación
penal vigente en Venezuela?
¿Cómo se realizan las designaciones de
los Fiscales del Ministerio Público y
cuántos son provisorios actualmente?
¿Cuál es el estado de cumplimiento de
las
sentencias
de
la
Corte
Interamericana de Derechos Humanos
relativas a los casos Blanco Romero y
otros y Aranguren Montero y otros?
¿Hay en la legislación interna
un
mecanismo especifico establecido para
dar cumplimiento a las medidas
cautelares y provisionales dictadas por
la Comisión y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos?
23
Estabilidad de
jueces para
garantizar
independencia
judicial
En los casos de ejecución extrajudicial existe una situación
generalizada de impunidad debido a que las prácticas de las
diligencias técnicas científicas y de investigación criminal
pueden ser realizadas colegas o compañeros del funcionario
que haya cometido un delito contra los derechos humanos.
Esto puede implicar la manipulación, contaminación y
adulteración de los elementos de convicción localizados en
el sitio del suceso, haciendo que la investigación no se
pueda llevar a cabo con la debida imparcialidad y que se
51
dificulte establecer responsabilidades. COFAVIC .
La impunidad y las limitaciones al acceso a la justicia son
estructurales y afectan especialmente a las mujeres como
principales denunciantes, quienes en su mayoría sufren un
grave proceso de re victimización: 70% es objeto de
amenazas y actos de hostigamientos para inhibir sus
acciones de búsqueda de justicia.
De 9.224 casos sobre presuntas violaciones de derechos
humanos en 2009, sólo 315 (3.28%) decisiones fueron
producto de acusaciones presentadas ante los órganos
52
jurisdiccionales. COFAVIC .
En 2001 se suspendieron los concursos de oposición para
designar jueces titulares. La regla adoptada es que los
jueces provisorios sean de libre nombramiento y remoción
por la Comisión Judicial. Tampoco se han creado los
Tribunales Disciplinarios para garantizar la estabilidad
53
judicial. FORO POR LA VIDA .
En 2010 se eligieron anticipadamente 9 magistrados
titulares para el Tribunal Supremo de Justicia y 32 suplentes.
50
Informe de Provene para el EPU.
53
51
52
¿En qué fecha se iniciarán los concursos
públicos de oposición para el ingreso al
Poder Judicial?
¿De cuáles garantías gozan los jueves
provisorios
para
garantizar
su
independencia?
 Crear un registro de medidas
cautelares, medidas sustitutivas y
sentencias penales pendientes de
firmeza que sirvan no solo de
censo judicial, sino de monitoreo
de la actividad judicial.
 Incluir dentro de la legislación y
protocolos de actuación policial la
aplicación de mecanismos y
directrices de investigación en el
caso de tortura y para las
ejecuciones arbitrarias o sumarias.
 Fortalecer
las
Unidades
Criminalísticas
de
Derechos
Fundamentales del Ministerio
Publico para dar mayor celeridad
a investigaciones en las que están
incursos funcionarios policiales.
 Facilitar la participación de las
víctimas de delitos y violaciones a
los derechos humanos en el
proceso penal acusatorio.
 Otorgar adecuada protección a los
testigos e investigar eficazmente
todo
ataque,
amenaza
o
intimidación contra los mismos.
 Garantizar la efectiva separación
de los poderes públicos.
 Adoptar las medidas necesarias
para la realización generalizada de
los
concursos públicos
de
oposición para el ingreso a todos
los cargos de jueces y fiscales, lo
que implica la posibilidad de que
15
24
Independencia
de la justicia
militar
25
Violencia
sindical y
violación de los
derechos
laborales
54
55
56
Ese mismo año se modificó la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia, reduciendo los lapsos para la
postulación, lo cual permitió que la Asamblea Nacional -con
mayoría oficialista- procediera a realizar nombramientos de
magistrados antes de cesar sus funciones por la
convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. Las
consecuencias han sido altos índices de impunidad, tanto en
delitos comunes (superior a 90%) como en violaciones de
derechos humanos (98%), y la instrumentalización de la
justicia contra personas críticas o de oposición al Gobierno
54
Nacional. FORO POR LA VIDA .
La Justicia Militar permite la intervención del Presidente de
la República en distintas fases del procedimiento, quien
tiene atribuciones para: a) ordenar un enjuiciamiento a
oficiales generales y oficiales almirantes, b) ordenar que no
se abran juicios militares, c) ordenar sobreseimientos en
juicios militares, y d) conceder indultos. Estas atribuciones
comportan graves interferencias en el cumplimiento de los
principios del debido proceso, independencia del poder
judicial, garantías judiciales y juez natural. CONTROL
55
CIUDADANO .
Los castigos disciplinarios en la Fuerza Armada encuentran
un margen muy amplio de interpretación y discrecionalidad,
que ha generado denuncias por excesos incompatibles con
un régimen de garantías mínimas en materia de derechos
56
humanos. CONTROL CIUDADANO .
Entre 2006 y 2010 fueron asesinados 181 sindicalistas y
trabajadores por conflictos laborales. Un número
importante se relaciona con desviaciones en el ejercicio de
la actividad sindical ya que los dirigentes sindicales se
convierten en gestores de empleo cobrando cuotas por esa
labor.
La gran mayoría de estos crímenes se encuentra impune con
lo cual se viola la obligación del Estado de administrar
justicia y sancionar a los responsables. De 46 casos entre
cualquier profesional del derecho,
y no sólo los jueces que ocupan
los cargos, puedan participar en
dichos concursos.
¿Cómo implementará el Estado las
recomendaciones
de
la
Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
que se encuentran pendientes desde
2009, relativas a la justicia militar y
reforma de la legislación que no se han
producido a la fecha?
 Adecuar la legislación interna
referida a la Justicia Militar a los
estándares internacionales de
Derechos Humanos.
 Implementar las recomendaciones
de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que se
encuentran pendientes desde
2009, relativas a la justicia militar
y reforma de la legislación que no
se han producido a la fecha
¿Podría suministrar información sobre
el número de sentencias que establecen
responsabilidades penales
por los
asesinatos de 181 sindicalistas o
trabajadores relacionados con conflictos
laborales, ocurridos entre octubre de
2006 y septiembre de 2010?
¿Qué mecanismos ha adoptado el
gobierno nacional para prevenir este
 Reactivar la mesa de alto nivel con
trabajadores y los entes del
Estado con competencia para
prevenir estos crímenes y brindar
garantías a las investigaciones.
 Adelantar las investigaciones
penales vinculadas con asesinatos
de sindicalistas o trabajadores
relacionados
con
conflictos
16
2008 y 2009, la Fiscalía emitió órdenes de captura en 9
casos y sólo en uno fue presentado un presunto
57
responsable ante tribunales. PROVEA .
tipo de asesinatos?
laborales
 Convocar y apoyar a una comisión
académica plural para que realice
una investigación sobre el
fenómeno de la violencia entre
trabajadores y elabore, en
consulta con ellos, propuestas de
prevención de la violencia.
Garantía de Derechos Sociales y Ambientales
26
57
Derechos de
niños, niñas y
adolescentes
Venezuela ha ratificado la Convención sobre los Derechos
del Niño y sus dos protocolos facultativos, por tanto, se
dispone de un marco normativo favorable para la
protección y atención de los niños, niñas y adolescentes
(NNA), sin embargo, persisten brechas importantes entre
los aspectos teóricos-normativos y las prácticas
institucionales y sociales en relación con la infancia y la
58
adolescencia. REDDHHNA .
Experiencias cualitativas recogidas de usuarios del Sistema
Rector Nacional para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes indican que predomina desinformación,
desconcierto y hasta la paralización en su funcionamiento
59
en algunas entidades del país. REDDHHNA .
Se desconoce el presupuesto público destinado a la niñez y
adolescencia, el cual debe ser asignado de manera
60
privilegiada y preferente. REDDHHNA .
Cada año, aumentan significativamente las cifras de NNA
que son víctimas de delitos y otras situaciones de violencia.
61
REDDHHNA .
El Estado no ha propiciado planes especiales para la
prevención de la violencia contra NNA ni para la atención a
las víctimas de violencia, o para contrarrestar los efectos de
62
la misma a nivel social. REDDHHNA .
No existe claridad sobre el organismo que tiene la
responsabilidad de las entidades de atención de
¿Qué acciones ha desarrollado el Estado
para superar la brecha entre los
aspectos normativos y la realidad
institucional y social para el ejercicio de
los derechos por parte de NNA?
¿Qué dificultades y limitaciones ha
enfrentado el Estado para el diseño e
implementación de un Plan Nacional de
Acción para la protección de NNA y qué
estrategias tiene para superar los
obstáculos?
¿Cuál es el presupuesto dirigido a
garantizar los derechos de NNA y cómo
fue distribuido y ejecutado en los
últimos 5 años?
¿Cuáles son las estrategias y
mecanismos de participación de NNA en
el diseño e implementación de políticas
públicas?
¿Cuál es el sistema para la recopilación
de datos y estadísticas relacionados con
los derechos de NNA desagregados por
edad, sexo y grupo étnico?
¿Cuáles son las acciones jurídicas,
administrativas, sociales y de otra índole
Informe de la Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes para el EPU. En: http://www.cecodap.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=139:informacion-epu-republica-bolivariana-de-venezuela&catid=1:categoria-principal
Informe de la Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes para el EPU.
60
61
62
58
59
 Realizar un estudio de impacto
que evalúe los avances y
dificultades obtenidas en la
garantía de derechos de NNA.
 Ejecutar un Plan Nacional para la
Protección Integral de los
Derechos de NNA con base en la
Convención sobre los Derechos
del Niño
 Crear un Sistema Estadístico
Nacional en materia de Infancia y
Adolescencia.
 Ejecutar políticas dirigidas a
garantizar los derechos de NNA de
acuerdo con los parámetros
establecidos en la LOPNNA para
disminuir la brecha entre los
aspectos normativos y la realidad.
 Desarrollar políticas públicas
dirigidas
a
promover
la
convivencia para disminuir la
violencia que afecta a NNA,
mediante la articulación y
fortalecimiento del Sistema Rector
Nacional de Protección Integral en
17
adolescentes en conflicto con la ley. Persisten allí las
acciones represivas y la ausencia de clasificación de los
63
adolescentes. REDDHHNA .
Desde el Estado no se reconoce a las ONG como un
interlocutor válido que permita materializar el principio de
corresponsabilidad en la protección y atención de la niñez y
64
adolescencia. REDDHHNA .
27
63
Derechos de las
mujeres
El artículo 88 de la Constitución reconoce que “las amas de
casa tienen derecho a la seguridad social”. Sin embargo, no
se las incluyó en la aplicación de la Ley de Servicios Sociales
vigente desde septiembre de 2005. OBSERVATORIO DE LOS
65
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES .
El artículo 21 de la Constitución garantiza la adopción de
“medidas positivas, a favor de personas o grupos que
puedan ser discriminados…”, sin embargo, el Consejo
Nacional Electoral desaplicó en el año 2000 el artículo 144
de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que
garantizaba una cuota de 30% de acceso de las mujeres a
cargos de elección popular. OBSERVATORIO DE LOS
66
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES .
El nuevo reglamento Interior y de Debates eliminó la
Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, la cual
que el Estado ha adoptado
para
proteger a NNA víctimas de violencia?
¿Qué acciones ha desarrollado el Estado
para
ofrecer
capacitación
y
sensibilización sobre derechos de NNA a
profesionales que trabajan con NNA?
¿Cuáles es la situación actual de
adolescentes en conflicto con la ley
penal y que acciones han desarrollado
para garantizar sus derechos?
¿Cuáles son las estrategias y
mecanismos de participación de OSC
dedicadas a la protección y defensa de
los derechos de NNA?
¿Por qué no se ha promulgado el
Reglamento de Participación Popular
ordenado en la reforma de la Ley
Orgánica para la Protección de NNA de
2007?
¿Qué está haciendo el Estado para
garantizar el derecho de las amas de
casa a la seguridad social?
garantizar la paridad o cuota de género
en las leyes electorales?
¿Qué está haciendo la Asamblea
Nacional para restablecer la Comisión
de los Derechos de la Mujer?
garantizar el cumplimiento eficaz de la
LODMVLV?
¿Por qué no se ha reformado el Código
Penal que aun discrimina a las Mujeres?
Informe del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres. En: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/SITUACIONDELOSDERECHOSHUMANOSDELASMUJERESENVENEZUELA.docEPU1.doc.pdf
66
Informe del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres.
64
65
sus distintos niveles, con la
participación de NNA y la
comunidad.
 Trabajar de manera articulada en
la promoción y defensa de los
derechos de NNA, garantizar la
participación independiente de las
organizaciones sociales y crear
espacios
de
articulación
interinstitucional y de planes de
trabajo conjunto.
 Promulgar la Ley de Seguridad
Social que incluya el derecho de
las amas de casa a la seguridad
social.
 Incluir en la Ley Electoral y de
Participación Política así como en
la de Partidos Políticos la paridad
o cuota de género.
 Crear la Comisión de los Derechos
de la Mujer en la Asamblea
Nacional, a fin de que exista una
instancia permanente dentro del
poder legislativo que le dé
prioridad a la agenda de la
igualdad y la no discriminación.
18
existía desde 1989. OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS
67
HUMANOS DE LAS MUJERES .
En 2007 se promulgo la Ley Orgánica sobre el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia (LODMVLV) pero
existen violaciones que obstaculizan el acceso a la justicia,
no cuenta con reglamento y existe impunidad en 96% de los
casos presentados ante el Ministerio Publico.
OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
68
MUJERES .
28
67
Derecho a la
vivienda
Existe un déficit de 2.800.000 viviendas en Venezuela
69
(Ministerio para la Vivienda y Hábitat, 2007) , agravado con
las fuertes lluvias de finales de 2010, que mostraron la
vulnerabilidad de cerca de un 1 millón de viviendas,
construidas en laderas de montañas, zonas de vaguadas y
de alto riesgo. En 11 años, el gobierno ha construido
70
324.588 viviendas (promedio anual: 29.508) . “El plan
nacional de vivienda no es el reflejo de un proceso
estructurado y global de planificación” (Contralor General
71
72
de la República, Informe de gestión 2008) . PROVEA .
Desde 2007 el gobierno estableció la utilización del
policloruro de Vynilo PVC como material constructivo como
una de las vías para solucionar el déficit habitacional del
país. El ciclo de vida del PVC implica problemas tanto para la
salud humana como ambiental. Mundialmente se está
73
evitando su uso. FUNDACIÓN AGUA CLARA .
Ministerio del Estado para la Vivienda y el Hábitat: Memoria y Cuenta 2005. Pág. 146.
70
Datos extraídos de las memorias y cuentas de los ministerios y de la Fundación de Escuela de Gerencia Social.
71
Contraloría General de la República: Discurso del contralor, informe de gestión 2008, Consultado en línea el 15.09.09.
72
73
68
69
¿Qué medidas ha adoptado el Estado
para resolver la falta de acceso a la
información en materia de vivienda
pública?
¿Cuántas viviendas construirá la Misión
Vivienda?
¿Qué medidas tomará el Estado para
cumplir con las metas de la Misión
Vivienda?
¿Están considerándose los problemas
del ciclo de vida del PVC (emisión de
Dioxinas, exposición al plomo e
imposibilidad de su degradación) y sus
consecuencias al ambiente?
¿Se ha considerado que la emisión de
dioxinas contraviene lo establecido en el
Convenio de Estocolmo?
¿Se ha advertido a la población que
habita las Petrocasas sobre la exposición
al plomo y sus consecuencias
transgeneracionales a la salud?
 Elaborar un Plan Nacional de
Prevención y Atención a la
Violencia contra las Mujeres
 Crear el reglamento
de la
LODMVLV para unificar los
procedimientos de atención y
manejo de los casos
 Proporcionar
los
recursos
necesarios
para
la
implementación de la Ley y su
seguimiento así como el apoyo a
las ONG que prestan servicios
 Crear un sistema público de
información sobre la gestión del
Ministerio de Vivienda y Hábitat
que permita la contraloría social.
 Incorporar a los programas de
vivienda los elementos propuestos
por el Comité de DESC: a)
seguridad jurídica de la tenencia;
b) disponibilidad de servicios,
materiales,
facilidades
e
infraestructura;
c)
gastos
soportables; d) habitabilidad; e)
accesibilidad; f) lugar, y g)
adecuación cultural.
 Utilizar otro tipo de materiales
constructivos.
 Evitar la generación de dioxinas
 Evitar que las personas de las
plantas y los habitantes de las
petrocasas se expongan al plomo
y los demás contaminantes que se
19
29
Derecho de las
generaciones
presentes y
futuras a vivir
en un medio
ambiente que
garantice su
salud y
bienestar
Desde hace más de 4 años no se publica información sobre
los incidentes y accidentes de la industria petrolera. El
Ministerio para el Ambiente no informa sobre la industria
minera y desechos industriales de las empresas básicas del
Estado. Hay un incremento de la minería aurífera tanto
legal, apoyada por el gobierno, como ilegal. No hay
información sobre el manejo del patrimonio natural ni del
cumplimiento de los convenios ambientales de carácter
vinculante que ha ratificado el estado. FUNDACIÓN AGUA
74
CLARA .
No se permite la participación organizada de la ciudadanía
en las discusiones previstas de consulta y toma de
decisiones sobre el tema ambiental. Las “Leyes del Poder
Popular”, aprobadas en Diciembre de 2010, limitan la
participación de las ONG y restringen su acceso a la
75
información. FUNDACIÓN AGUA CLARA .
30
Derecho al
acceso
universal a la
atención de la
salud
La red de centros públicos de salud tradicionales compuesta
por 211 hospitales que atiende a 60% de la población
presenta severas deficiencias de disponibilidad de servicios,
debido al cierre parcial o total de unidades de terapia,
quirófanos y salas de consulta en 40% de aquellos, por
renuncias masivas del personal médico (50% de 23.000
médicos graduados y retiro de médicos residentes de
postgrados), cuyas contrataciones colectivas han estado
suspendidas indefinidamente.
En 60% de estos hospitales públicos se iniciaron obras de
reparación en 2007, incorrectamente planificadas y de
manera simultánea, que aún no han sido terminadas. En la
Asamblea Nacional reposan expedientes de contratos
fraudulentos, sin procesos licitatorios ni fecha de entrega de
obras, por 4.000 millones de bolívares ($930 millones).
Como consecuencia, han aumentado las denuncias de
fallecimientos por denegación de atención en hospitales
74
75
¿Cuál es el modelo de desarrollo que se
utiliza en los planes del gobierno?
¿Por qué el Estado aprueba leyes como
las del Poder Popular, que solo
reconocen
como
Comunidad
Organizada aquellas organizaciones que
tengan como fin consolidar la
democracia protagónica revolucionaria
y construir las bases de la sociedad
socialista?
¿Qué acciones ha tomado el Estado
para permitir el libre acceso a la
información, sin más limitaciones que el
cumplimiento de lo establecido en la
Constitución y las Leyes?
¿Por qué se desecha la experiencia y la
trayectoria de las ONG en el área
ambiental?
¿Ha estudiado el gobierno las razones
por las cuáles en el país se produjo una
renuncia masiva de médicos que
prestaban servicios en centros públicos
de salud?
¿Qué medidas está adoptando el
gobierno para garantizar disponibilidad
de servicios suficientes en la red de
hospitales del país?
derivan del PVC.
 Retomar al Desarrollo Sustentable
como base del desarrollo del país,
como lo establece la Constitución
Venezolana.
 Dar cumplimiento a lo establecido
en el en el artículo 54 de la
Constitución que establece que
toda persona tiene derecho a
asociarse con fines lícitos y el
Estado estará obligado a facilitar
ese derecho, sin limitaciones por
razones de tipo ideológico.
 Invitar a las ONG ambientalistas a
participar de las discusiones
concernientes
a
toma
de
decisiones sobre el patrimonio
natural de todos los venezolanos.
 Mejorar las condiciones laborales
del
personal
de
salud
particularmente los médicos y
médicas que trabajan en el sector
público sanitario.
 Garantizar
una
prestación
eficiente de servicios de los
centros públicos de salud, en
particular de los 211 hospitales
públicos
que
existen
en
Venezuela.
20
31
Derecho de
acceso al agua
limpia
32
Derechos de las
personas
lesbianas, gays,
transexuales,
transgénero e
intersex
76
77
78
públicos, así como la mortalidad de niños recién nacidos y
76
de embarazadas. PROVEA .
Se observa un grave proceso de deforestación, la ¿Cómo espera el gobierno cumplir con
contaminación de las cuencas de los ríos que llenan los los objetivos del milenio sobre la
embalses y represas, el deterioro de la infraestructura de los reducción de la morbilidad en infantes,
propios embalses, el mal estado de las redes de distribución madres y proteger al ambiente sin tratar
y un grave daño a las cuencas de los ríos de la región el problema del agua
amazónica al sur del país, que están siendo deterioradas por ¿Cómo espera cumplir el gobierno con
la minería ilegal, la expansión de las fronteras agrícolas y la las Normas Sanitarias para el agua
tala, también ilegal, de la industria maderera. MOVIMIENTO potable que permiten ejercer el derecho
77
POR LA CALIDAD DEL AGUA
al agua potable?
Las plantas de tratamiento instaladas en los años 40, 50 y 60 ¿Por qué el Estado ha permitido la
son las que aún potabilizan el agua que se envía a las expansión y crecimiento de actividades
ciudades. Estas plantas, que no cubren las necesidades de capaces de degradar el ambiente, sin los
todo el país y se conocen como “convencionales”, fueron correspondientes Estudios de Impacto
hechas para un agua cruda con otras características, menos Ambiental, que han producido severos
contaminada. Los cuerpos de agua de donde se surten estas daños a las nacientes de los ríos
plantas en la actualidad presentan una contaminación con productores de agua?
químicos y metales pesados. El mantenimiento en muchas ¿Por qué el Estado no ha realizado el
de ellas ha sido escaso o nulo por lo cual la calidad del agua mantenimiento adecuado a los sistemas
no es la apropiada. Análisis realizados demuestran que en de tratamiento y distribución de aguas,
aguas tratadas hay presencia de hipercloración, con la permitiendo que el agua llegue a los
consecuente generación de trihalometanos, cloroformo y ciudadanos sin el tratamiento adecuado
bromoformo. También se encontró presencia de hidróxido para su potabilización?
de aluminio, trazas de DDT y otros organoclorados. En otros
casos ni siquiera el agua es tratada. Poblaciones enteras en
el Delta del Orinoco, como los warao, viven rodeadas de
agua no tratada y muchas veces contaminada.
78
MOVIMIENTO POR LA CALIDAD DEL AGUA
Derecho a la No Discriminación
El rechazo social hacia lesbianas, gays, bisexuales, ¿Por qué Venezuela no protege en la ley
transexuales, transgénero e intersex (LGBTTI) les somete a a las parejas del mismo sexo y a las
precariedad social y les impide el ejercicio pleno de sus personas LGBTTI?
derechos (cambio de identidad genérica y sexual, ¿Se ha realizado algún estudio acerca de
matrimonio, salud y otros derechos civiles, económicos y los daños provocados a hijos e hijas de
Informe de Movimiento por la Calidad del Agua para el EPU. En: http://www.aguaclara.org/pdf/INFORME_EPU_2011_ESP.pdf
Informe de Movimiento por la Calidad del Agua para el EPU.
 Cumplir
las
disposiciones
establecidas en la Ley de Aguas, a
fin de garantizar su protección,
aprovechamiento y recuperación,
respetando las fases del ciclo
hidrológico y los criterios de
ordenación del territorio
 Concluir la red de colectores
cloacales
 Invertir en la educación ambiental
para evitar la contaminación de
las aguas superficiales del país.
 Cumplir con los convenios de
Estocolmo, Ramsar, contra la
Desertificación, de lucha contra la
pobreza, sobre la Diversidad
biológica, así como con los
Objetivos del Milenio, entre otros.
 Invertir en el mantenimiento y
adecuación de las plantas de
tratamiento existentes y construir
plantas de tratamiento en todo el
país
 Cumplir con la obligación de dar
agua limpia a todos los
ciudadanos.
 Derogar
y
modificar
toda
legislación que niega derechos
iguales a las personas por su
orientación sexual o su identidad
de género e incluya políticas
21
33
79
80
81
Derechos de las
personas con
VIH
sociales). Se mantienen leyes y disposiciones sub-legales
segregacionistas y discriminatorias por orientación sexual e
identidad de género, y se carece de legislación para
combatir la homo-lesbo-transfobia, la violencia y la
discriminación, así como de políticas de inclusión y de
servicios para LGBTTI. Venezuela es uno de los pocos países
de la región que no ha tomado acciones para asegurar la
igualdad ante la ley de LGBTTI. Estas carencias propician la
violencia, ayudan a legitimar la homofobia y contribuyen a
crear un entorno de odio. Entre 2010 y 2011 fueron
asesinadas más de 20 personas, por su identidad de género
79
80
u orientación sexual. UNIÓN AFIRMATIVA Y DIVERLEX .
La discriminación hacia las familias homoparentales las lleva
a esconder su realidad, creando disconformidad en lo que
se refiere a desarrollo familiar y valores hacia hijos e hijas.
Las familias homoparentales viven tratando de adaptarse a
lo que la sociedad espera de ellas, dentro de parámetros y
81
leyes discriminatorios .
una pareja del mismo sexo producto de
la discriminación y la falta de garantías a
sus derechos humanos?
¿Por qué no se garantiza a las familias
homoparentales los mismos derechos
de todas las demás?
Las prácticas discriminatorias contra personas con VIH (PVV)
son extensas y, desde 2009, se han presentado fallas
crónicas en el suministro de antirretrovirales, que afectan a
un 50% de quienes los reciben. 11.000 personas
(especialmente mujeres y jóvenes homosexuales y
heterosexuales) contraen anualmente el VIH y las muertes
por Sida pasaron de 4.65 por cada 100.000 habitantes en
2002, a 6.08 en 2007, mientras la ausencia de un sistema de
vigilancia impide conocer cabalmente la situación de
prevalencia e incidencia del VIH y planificar políticas de
prevención y tratamiento. (UNGASS, 2011). El Estado no
cuenta con un presupuesto público suficiente para atender
¿El Estado realiza seguimiento a los
casos de discriminación por VIH?
¿Cuál es la situación actual de la
discriminación hacia personas con VIH?
¿Conoce el Estado cuántos casos reales
existen de personas con VIH en el país y
cuántas de ellas necesitan tratamiento
antirretroviral para salvar sus vidas?
¿Qué medidas concretas ha tomado el
Estado para garantizar el acceso
ininterrumpido
a
tratamiento
antirretroviral?
Informe de Unión Afirmativa para el EPU. En: http://unionafirmativa.blogspot.com/2011/03/informe-de-union-afirmativa-de.html
Informe de Diverlex para el EPU. En: http://es.scribd.com/doc/52851166/EPU-de-Venezuela-en-ONU-Informe-de-DIVERLEX-Diversidad-e-Igualdad-a-Traves-de-la-Ley
Informe de la Fundación Reflejos de Venezuela para el EPU. En: http://amnistia.me/profiles/blogs/familias-homoparentales-venezolanas-al-margen-de-los-derechos
públicas para luchar contra la
homo-lesbo-transfobia,
la
discriminación y la violencia
contra la población LGBTTI.
 Proteger a las personas LGBTTI
incluyendo en las leyes el cambio
de nombre y sexo legal en sus
documentos de identidad; el
reconocimiento a las parejas
homosexuales de los mismos
derechos que a las parejas
casadas y la protección contra la
discriminación y crímenes de odio.
 Prohibir la discriminación hacia
hijos e hijas de familias
homoparentales, garantizarles el
matrimonio y la adopción, y
ampliar la protección a sus hijos e
hijas.
 Regularizar la situación de familias
homoparentales mediante la
adopción del hijo de la pareja,
después de contraer matrimonio.
 Cumplir con una política en
VIH/Sida que comprenda: acceso
universal a la información,
tratamiento y atención integral;
un sistema de protección
financiera y de seguridad social
para la PVV; y un sistema de
vigilancia
epidemiológica
y
evaluación.
 Redefinir
la
política
de
tratamiento para regularizar su
suministro
y
evitar
las
22
las necesidades de las personas con VIH y desarrollar
políticas preventivas, y apenas utiliza los mecanismos de
apoyo financiero y tecnológico internacional para fortalecer
82
la respuesta nacional. PROVEA .
34
Derechos de los
pueblos
indígenas
35
Derechos de las
personas
solicitantes de
refugio
82
Tras la creación en 2006 del Ministerio para los Pueblos
Indígenas no se ha dado prioridad a la demarcación del
hábitat y tierra indígenas, a pesar de la obligación
constitucional de hacerlo en 2002.
Entre 2005 y 2009 sólo se entregaron 40 títulos que
favorecieron a 78 comunidades con 15.294 personas, lo cual
representa el 1,6 % de la población indígena. La titulación se
entrega a las “comunidades” de manera desagregada lo cual
les dificulta actuar como “pueblo indígena”, articular su
libre autodeterminación y alcanzar los niveles de autonomía
83
previstos en la Constitución. PROVEA .
Se mantienen las prácticas ilegales de minería con graves
consecuencias para la población indígena. Según el
Ministerio de Pueblos Indígenas, en 2010 los mineros
ilegales llegaron a ser 60.000 y devastaron en 9 meses
84
20.000 hectáreas en el estado Amazonas. PROVEA .
La Constitución reconoce y garantiza el derecho al refugio,
desarrollado en la legislación y aplicado mediante la
creación de la Comisión Nacional para los Refugiados, pero
la documentación otorgada para acreditar la identificación y
cualidad de solicitante de refugio resulta inadecuada porque
impide el goce de derechos en áreas como registro de
bienhechurías, empleo formal, inscripción en el seguro
social,
certificaciones
por
estudios
realizados
(especialmente NNA) y el libre tránsito. La ley contempla un
plazo de 90 días para dar respuesta a solicitudes de refugio,
y por lo general se produce un excesivo retardo en la
85
decisión. Cerca del 90% no son admitidas. CDH/UCAB .
85
83
84
¿Por qué razón el Estado ha hecho poco
uso de los mecanismos de apoyo
financiero y tecnológico que ofrecen las
instancias de Naciones Unidas a todos
los países?
¿Cuál es el porcentaje de miembros de
la población indígena beneficiada
actualmente por la demarcación del
hábitat y tierra indígenas prevista en el
artículo 119 de la Constitución
Nacional?
¿Cuántas hectáreas han sido devastadas
en la Amazonía venezolana por la
minería legal e ilegal y cuántas de ellas
correspondían a hábitat y tierra
indígenas?
consecuencias producto de las
interrupciones.
 Realizar campañas nacionales de
información con enfoque en
DDHH y no discriminación.
 Incluir en un plan nacional de
derechos humanos estrategias
concretas que permitan la
demarcación del hábitat y tierra
indígenas
prevista
en
la
Constitución.
 Establecer un mapa preciso de la
devastación de la Amazonía
venezolana y crear estrategias en
consulta
con
los
pueblos
indígenas para la protección
efectiva contra la minería ilegal.
¿Qué obstáculos enfrenta el Estado para
otorgar oportunamente documentos
provisionales a los solicitantes de
refugio?
¿Qué medidas podría tomar el Estado
para evitar demoras más allá de un
plazo razonable, para decidir las
solicitudes de refugio?
¿Qué mecanismos puede usar un
solicitante de refugio cuya petición ha
sido denegada por el órgano
administrativo responsable?
 Asegurar
la
obtención
de
documentos provisionales a los
solicitantes de refugio.
 Decidir las solicitudes de refugio
en el plazo previsto por la ley y
razonar
suficientemente
las
solicitudes rechazadas, con el
objeto de asegurar el derecho a
reconsideración.

LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA Síntesis de Informes

Transcripción

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