Propuesta de Investigación

Transcripción

Propuesta de Investigación
Programa
“Conflicto y Colaboración en el Manejo de Recursos Naturales
en América Latina y el Caribe
UPAZ-CIID
Proyecto de Investigación:
“Desde el conflicto hacia la propuesta:
incidencia comunitaria en la formulación y análisis
de las políticas ambientales”.
Investigadores.
M.Sc. Vivienne Solís Rivera
Lic. Ivannia Ayales Cruz
Lic. Patricia Madrigal Cordero
Lic. Marco Hidalgo Chaverri
Lic. Alicia Jiménez Elizondo
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Cooperativa Autogestionaria de Servicios Profesionales
para la Solidaridad Social,
Coope Sol i Dar R.L.
Telefax:
(506) 225 0959
Tel.
(506) 281 2890
Apartado Postal 20-1017 San José 2000
San José, Costa Rica.
2000-2001
Coope Sol i Dar R.L.
Cooperativa Autogestionaria de Servicios Profesionales para la Solidaridad Social R.L.
“Desde el conflicto hacia la propuesta:
incidencia comunitaria en la formulación y análisis
de las políticas ambientales”.
I.
ANTECEDENTES.
Esta propuesta de investigación sobre el tema de servicios ambientales y políticas de
participación local, surge dentro del marco del programa “Conflicto y Colaboración en el
Manejo de Recursos Naturales en América Latina y el Caribe” de la Universidad para
la Paz, apoyada financieramente por el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo CIID de Canadá.
La tesis fundamental del programa CyC es que la sistematización de experiencias
actuales en el manejo conflictos en el tema ambiental, permitirá identificar lecciones
aprendidas que pueden ser sujeto de acciones concretas y propuestas que ayuden a
fortalecer programas existentes en términos de equidad, justicia, agilidad y eficiencia en
las políticas y prácticas ligadas a conservación y calidad de vida.
La Cooperativa Sol i Dar R.L. elaboró una propuesta de investigación, la cual fue
seleccionada dentro del programa latinoamericano.
Este proyecto de investigación se propuso realizar un análisis comparativo de dos casos
en Costa Rica. El primer caso de estudio, se propuso indagar acerca de los
instrumentos y las formas metodológicas de una Comisión Mixta de Trabajo que
permitieron la incidencia en la toma efectiva de decisiones y aporte a las políticas
nacionales.
El segundo caso de estudio, pretendió identificar los conflictos internos y externos que
se generan a nivel local sobre el uso de recursos naturales con el fin de extraer
lecciones aprendidas y retroalimentar las políticas nacionales a partir de las
experiencias locales.
El objetivo general del proyecto de investigación planteado fue el siguiente:
Objetivo general:
Contribuir a la identificación de mecanismos y formas de trabajo de la sociedad civil en
el manejo de conflictos para incidir en la formulación de políticas ambientales y de
desarollo, a nivel local y nacional, para una mayor participación y una distribución más
justa y equitativa de beneficios.
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II.
Caso 1: “Análisis de la experiencia de la Comisión Nacional de Lapa
Verde”.
Antecedentes:
La Comisión Nacional Lapa Verde es un ejemplo de cómo los sectores interesados en
la gestión de los recursos naturales de la zona norte de Costa Rica, se han integrado
alrededor de un objetivo común, la conservación de la lapa verde “ara ambigua” y su
hábitat. Uno de los aspectos más importantes de este proceso es que la comisión ha
estado enfrentando conflictos, generando propuestas y ha sido de fortalecer cada
sector en sus intereses particulares.
Esta iniciativa ha venido desarrollándose desde el año 1996, con la participación de 17
organizaciones de diversos sectores y niveles: ONG´s, Estado, comunidades de base,
sector forestal, sector ambientalista, sector científico.
La CNLV ha logrado resultados concretos, entre ellos la incidencia en la promulgación
de regulaciones jurídicas para restringir el uso del árbol de almendro “dipterix
panamensis”, especie que sirve de alimento y lugar de anidación para la lapa verde.
Esas disposiciones refuerzan la protección del hábitat (Decreto Ejecutivo no. 25167–
MINAE, 23 de abril de 1996 y Decreto Ejecutivo no. 25663-MINAE, 8 de octubre de
1996) y se han complementado con otros mecanismos como incentivos comunitarios
por el cuido y vigilancia de los nidos activos, educación ambiental, actividades para la
integración del conocimiento científico y popular, premiaciones comunales por el trabajo
voluntario y fortalecimiento del orgullo local y nacional.
Este caso de estudio se planteó como objetivo específico:
1. Indagar acerca de los instrumentos y las formas metodológicas mediante las
cuales la Comisión Nacional de la Lapa Verde, como instancia de concertación,
ha incidido en la toma efectiva de decisiones y aporte a las políticas nacionales.
Desde la perspectiva de la CNLV este proceso ha permitido el desarrollo de
lineamientos más claros para la planificación estratégica a corto, mediano y largo
plazo, y permite mostrar lecciones aprendidas para otras experiencias similares.
Metodología:
Este proceso de análisis ha estado sustentado en varios principios importantes:
1. el análisis debe ser parte de un proceso liderado por la Comisión, que debe llevarse
a cabo con la activa participación de sus integrantes, tanto en la construcción de los
lineamientos para llevarla a cabo (metodología) como en el contenido (expresando en
espacios participativos las opiniones, consideraciones y percepciones relacionadas con
esta iniciativa).
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Para cumplir con este principio se formó una sub-comisión integrada con
representantes de diversos sectores de la comisión (industria de la madera, estatal,
organizaciones ambientalistas, organizaciones locales, ) con la idea de que
participaran en el planeamiento del proceso y en la edición del material a
desarrollarse. La Subcomisión ha participado con mucho compromiso y brindado
valiosos aportes durante todo el proceso.
2. el proceso de análisis debe llevarse a cabo bajo principios éticos que guíen su
accionar, de manera que no solo sea importante el producto de la sistematización, sino
la forma y el proceso como se llevó a cabo. Esto implicó una discusión con la comisión
para identificar sus principios de trabajo y que culminó con la elaboración de un Código
Ético, el cual se ha venido cumpliendo.
Se desarrolló un Código Ético de trabajo que tiene diversos principios importantes que
han guiado el proceso. Dentro de estos se pueden mencionar: respeto a los
diferentes puntos de vista de y las (os) participantes; derecho de las personas a
participar o no del proceso; conocimiento de la información antes de ser publicada,
apertura al cambio y a la crítica que la sistematización genera; difusión de la
información a diversos sectores y niveles de interés.
3. la participación y discusión se ha propiciado en espacios de encuentro, donde una
metodología participativa y creativa, ha generado ideas, críticas y reconocimiento de
debilidades y fortalezas de la experiencia. Además son importantes los espacios de
reflexión por ejes temáticos para profundizar en el aporte de cada uno, y posteriormente
una discusión conjunta para analizar el impacto de la Comisión en el ámbito local y
nacional.
Para este propósito se realizaron talleres que enfatizaron en el eje de investigación,
políticas, participación-organización e impacto. Cabe señalar que el taller de
participación-organización en donde participaban las comunidades, fue facilitado por
los mismos líderes comunitarios (dos mujeres y un hombre) quienes se apropiaron de
la metodología y propiciaron una rica discusión grupal.
Principales resultados:
1.- La percepción de los actores:
Durante el proceso, los diversos actores pudieron identificar los principales obstáculos
que de una u otra manera han incidido en la eficacia de la gestión de la Comisión, entre
ellos:
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La incidencia de los actores rectores en el manejo y conservación de la biodiversidad a
nivel nacional no ha sido suficiente para cambiar la situación de amenaza en que se
encuentra la especie y su habitat, que era el principal objetivo de la Comisión.
Hacen falta políticas para abordar la problemática de la conservación de recursos
naturales y una gestión más clara para el desarrollo institucional de la CNLV, a lo
interno y a lo externo.
La Comisión debe tener un papel más propositivo en la búsqueda de las soluciones a
los problemas urgentes que han sido identificados.
El aporte de las organizaciones locales ha sido importante para el desarrollo de la
Comisión y su gestión.
2.- Una gestión recopilada y analizada
Desde la formación de la Comisión Nacional de la Lapa verde se han realizado 49 reuniones. Se han realizado
básicamente en tres lugares: San José; Oficinas del Área de Conservación Arenal Huetar Norte del Ministerio de
Ambiente y Energía; y en las comunidades (Figura N°1). También es importante señalar que la mayoría de reuniones se
han realizado en la zona de influencia de la lapa verde (Figura N°2).
Figura N°1. Lugar de reuniones en su totalidad de la Com ision
Nacional de Lapa Verde, 1996-2001
21%
San José
Comunidades
50%
ACA
29%
Figura N°2. Lugares de reunión de la Com isión Nacional Lapa
Verde, 1996-2000
78%
San José
Zona Norte
22%
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La participación de los sectores dentro de la Comisión durante todo este proceso se ha caracterizado por una amplia
participación diversificada, donde las decisiones han sido tomadas según la opinión del gobierno (representado por el
MINAE), las organizaciones no gubernamentales, sector forestal, organizaciones locales, y otros (Figura N°3 y N°4). El
Área de Conservación Arenal Huetar Norte como ente regulador de los recursos naturales en la zona ha tenido una
constante participación dentro de este proceso. En la figura no. 4 vale notar el aumento de la participación de las
organizaciones locales en el tiempo de funcionamiento de la CNLV.
Figura N°3. Participación de sectores dentro de la CNLV, 1996-2001
10
otros
madereros
3
organizaciones
internacionales
3
11
gobierno
15
ONG´S
organizaciones
locales
14
0
5
10
15
20
Figura N°4. Asistencia por sector y por año Com isión Nacional
Lapa Verde, 1996-2000
15
ONG
10
Organización local
Gobierno
Organización
int ernacional
5
Ot ro
00
20
99
19
98
19
97
19
96
0
19
Organizaciones por sector
M aderero
Año
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Se veda la corta en forma parcial, por medio de dos decretos ejecutivos: N° 25167MINAE del miércoles 12 de junio de 1996 y el N° 25663-MINAE del miércoles 18 de
diciembre de 1996.
Se oficializa la Comisión Nacional Lapa Verde vía decreto ejecutivo N° 27815-MINAE
del jueves 29 de abril de 1999. Donde tendrá una instancia coordinadora conformada
por un funcionario del Área de Conservación Arenal Huetar Norte y otra persona de los
diferentes sectores, quienes actúan como representantes ante los terceros (las demás
organizaciones).
3.- Un aporte a la Comisión
Este proceso permitió el sistematizar las lecciones aprendidas desde la experiencia de
la Comisión y brindar recomendaciones para el desarrollo de un plan de acción a futuro.
Como resultado se entregó oficialmente un documento que sistematiza la experiencia
de la CNLV para ser utilizado como base para la generación de un plan estratégico a
futuro, y a la vez se elaboró una exposición itinerante como forma de comunicar de
manera más sencilla la experiencia y lecciones aprendidas de la Comisión.
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III.
Caso número 2:
“Análisis del pago de servicios ambientales desde una perspectiva de desarrollo
rural”.
Antecedentes:
De 1999 al año 2000 el Proyecto de Educación Participativa sobre la Gente y la
Naturaleza1, desarrolló un proyecto de elaboración de materiales educativos sobre
temas de interés ambientales para diversas comunidades ubicadas en el Area de
Conservación de Osa. Una de éstas comunidades fue la de San Juan de Sierpe donde
manifestaron como uno de los principales conflictos percibidos la ausencia de pagos por
servicios ambientales en esta comunidad. Producto de una primera reflexión en este
sentido se publicó en diciembre del 2000 el libro llamado: “El pago de servicios
ambientales como una alternativa para el desarrollo rural” y la “Guía de capacitación”
que incluyó información para aclarar este tema.
Desde 1969 Costa Rica ha tratado de identificar instrumentos financieros o fiscales que
permitan promover diferentes actividades en torno al sector forestal. Los esfuerzos se
orientaron en primer lugar hacia la reforestación, posteriormente se apoyó el manejo
forestal y la conservación de los bosques.
“El concepto de pago de servicios ambientales se fundamenta en el principio de que a
los propietarios de bosque y plantaciones forestales se deben compensar por los
beneficios que estos bosques y plantaciones brindan a la sociedad costarricense en
particular, y a la humanidad en general.
Hasta ahora, los servicios que, por la Ley Forestal se pagan son los siguientes:
Mitigación de emisiones de gases invernadero
Protección de agua
Conservación de la biodiversidad
Belleza escénica”. 2
El pago de servicios ambientales se ha considerado como una de las
alternativas económicas principales para muchas de las comunidades que viven
dentro del Area de Conservación de Osa (ACOSA) siendo este el caso de San
Juan de Sierpe. ACOSA se localiza al suroeste de Costa Rica.
El objetivo específico del proyecto de investigación planteado sobre este tema fue:
Identificar las percepciones de la comunidad sobre servicios ambientales para la
protección, manejo y reforestación del bosque, con el fin de extraer lecciones
aprendidas y retroalimentar las políticas nacionales a partir de experiencias locales.
1
Ejecutado por UICN-Mesoamérica, PMRVS-UNA, SINAC-MINAE, UNED.
UICN, UNED, PMRVS, MINAE, “El pago de servicios ambientales como una alternativa para el desarrollo rural”,
Proyecto educación participativa para la gente y la naturaleza, San José, 2000, 23p.
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Se pretendía realizar un trabajo de investigación, aplicado y participativo, con los
habitantes de la comunidad de San Juan de Sierpe, para analizar la forma en
que han percibido el sistema de servicios ambientales y si éste contribuye a una
distribución justa y equitativa de beneficios.
Interesaba además, la información que los tomadores de decisión e informantes claves
puedan brindar sobre el funcionamiento actual del sistema de servicios ambientales, y la
construcción creativa y dinámica de recomendaciones que enriquezcan este sistema
con los aportes que la comunidad pueda dar.
Metodología.
Para cumplir con el objetivo de este caso se realizaron actividades a nivel nacional,
regional (Región Brunca) y el nivel local (San Juan de Sierpe).
Los pasos de este proceso metodológico fueron los siguientes:
1. Recopilación de información.
Se recopilaron, analizaron y sistematizaron los documentos escritos sobre el sistema de
servicios ambientales, tanto de las organizaciones que participan en su funcionamiento,
como de académicos, investigadores, periodistas, etc, que analizan desde diferentes
perspectivas su funcionamiento.
2. Elaboración y realización de entrevistas.
Tomando en cuenta la información bibliográfica recopilada y analizada se identificaron
los temas críticos que debían ser discutidos.
Para cumplir con los objetivos
establecidos para el Proyecto de Investigación y del caso específico, se estructuró una
entrevista que tomara en cuenta la contribución del sistema de pago de servicios
ambientales a la justicia, equidad, solidaridad, apropiación, eficiencia, y transparencia.
3. Trabajo de base y fortalecimiento de alianzas.
Dado que el objetivo del estudio de caso era el análisis de la percepción desde el nivel
local del sistema de pago de servicios ambientales, el trabajo se realizó con las
organizaciones locales: el Area de Conservación de Osa, la Mesa Campesina, y la
Comunidad de San Juan de Sierpe.
En este sentido se promovieron espacios de reflexión sobre el funcionamiento del PSA
y la perspectiva comunitaria en ACOSA. Con la idea de establecer un diálogo
compartido entre el nivel local y nacional se realizó una visita de dirigentes locales a
San José para discutir sobre sus necesidades e inquietudes sobre el PSA.
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Principales resultados.
Al menos podemos mencionar los siguientes resultados:
Fue posible percibir una gran disponibilidad a conversar sobre el tema de servicios
ambientales, y a analizarlo de una forma crítica sobre la base de que es un sistema que
se encuentra en construcción.
Existen diferentes percepciones para evaluar el funcionamiento del PSA.
Hay poca información y acceso de las bases sobre el sistema.
Se percibe una gran frustración, por la asignación de montos bajos para el pago de
conservación de bosque frente a la asignación de pago para manejo de bosque; de muy
pocas hectáreas asignadas para ACOSA en general, aún cuando se ha repetido
durante años que Osa es prioridad para el gobierno; y existe malestar por falta de
participación en toma de decisiones.
Los principales resultados de la investigación sobre el análisis del sistema de servicios
ambientales como una forma de distribución justa y equitativa de beneficios son los
siguientes:
Sobre la Justicia:
Formalmente el acceso al PSA otorga igualdad de condiciones pero el costo y la
complejidad de los trámites; y la exigencia del título del propiedad; limitan el acceso por
parte de pequeños propietarios o personas de escasos recursos a estos incentivos.
A nivel regional se menciona la falta de organizaciones como una limitación para el
acceso por parte de pequeños propietarios.
A nivel local existe gran preocupación sobre la tenencia de la tierra y la exigencia de
contar con el título de propiedad para accesar el PSA. Se considera que el Gobierno
debería promover formas para resolver este problema y que los recursos lleguen a
quiénes conservan los recursos naturales.
Sobre la Equidad:
El programa de servicios ambientales es un sistema para apoyar la conservación de los
recursos naturales.
Aunque pudiera tener un potencial para coadyuvar en los programas sociales no existen
instrumentos o mecanismos que hagan cumplir como alivio de la pobreza, distribución
de la riqueza, distribución justa y equitativa de beneficios derivados del bosque.
A nivel regional, se reconoce que las condiciones socioeconómicas de los solicitantes
han tenido un peso en la asignación de los servicios ambientales.
A nivel local, se enfatiza en la necesidad de que quienes viven cerca del bosque tengan
opciones de desarrollo para satisfacer sus necesidades básicas y no tener que sacrificar
los recursos forestales.
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Sobre la Solidaridad:
A nivel nacional se considera que el PSA no puede resolver el problema de tenencia de
la tierra, de educación o de pobreza.
A nivel regional y local se considera que los beneficios del PSA son fundamentales para
el problema social que se enfrenta
Sobre la Eficiencia:
A nivel nacional se considera que se requiere de mayor investigación para poder valorar
si el costo del PSA está justificado en razón de los recursos naturales y las áreas que se
han conservado.
A nivel regional se reconoce que el PSA ha detenido el proceso de deforestación y
destrucción de recursos naturales, que de no haberse dado esos recursos muchas
áreas de importancia ambiental se hubieran perdido.
Sobre el MINAE, a nivel nacional:
✎ Se reconoce que se le han dado muchas funciones y muy complejas sin haberle
aumentado sus recursos humanos y financieros para cumplirlas.
✎ Las limitaciones impuestas en materia financiera son muy gravosas por no poder
aumentar el presupuesto o poder asignar más PSA aunque el ingreso se haya dado.
Sobre el MINAE a nivel regional:
✎ Se reconoce que no cuenta con los recursos para cumplir con sus funciones
✎ Se reconoce que el Gobierno habla de que el área es una prioridad pero no se ha
materializado ese discurso.
✎ Se considera que hace falta mayor conocimiento, capacitación, eficiencia y
seguimiento del personal del Area sobre el PSA.
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III.
REFERENTES CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS DE CONFLICTOS
AMBIENTALES
Para darle sentido al trabajo que se ha realizado en torno al tema de conflictos
ambientales y generación de políticas, es importante partir de un breve análisis
conceptual que sirva de base para analizar el trabajo práctico, y que a su vez permita la
ubicación de nuevos referentes teóricos en un proceso dinámico y de aprendizaje
constante.
Los conceptos contribuyen a la articulación de los elementos que tienen que ver con la
interpretación que se haga de los hechos sociales. Es decir, los conceptos son
simbólicos y muchos de ellos se forman sin que se tome conciencia de ello; son
establecidos por la cultura y la sociedad.
En nuestra sociedad occidental existe una tendencia a tratar de eliminar, reprimir o
negar los conflictos, los cuales comúnmente se asocian a situaciones de crisis que
pueden amenazar la “estabilidad” y las “rutinas” de lo cotidiano. Esto es reflejo de una
visión funcionalista del sistema social visto desde un equilibrio armonioso. No obstante,
el conflicto es una constante en la historia social e individual de los grupos y seres
humanos. Negar el conflicto es negar la posibilidad de cambio, de crecimiento, de lucha,
de disenso, de aprendizaje, de autoafirmación.
El conflicto está presente en las diferentes dimensiones de la realidad. Si partimos de
que los conflictos ambientales son manifestaciones de problemas sociales y
económicas debido a intereses contrapuestos entre el mundo natural y social, estamos
frente a un campo complejo que solo puede ser abordado desde una perspectiva
interdisciplinaria y multisectorial.
Durante los últimos años ha habido un interés por profundizar en referentes
conceptuales y prácticos con relación a los conflictos ambientales. Según Buckles,
2000 entre los seres humanos se da una tendencia a competir por los recursos
naturales que necesitan para asegurar o mejorar su existencia, y esto conlleva
relaciones de poder en las cuales se originan los conflictos. Basándose en esta
perspectiva, el autor plantea :
-Que conflictos por recursos naturales pueden tener connotaciones de lucha de poder,
ya que muchas veces los que tienen el recurso se enfrentan a quienes no poseen nada,
pero hacen productivo el recurso con su trabajo.
-Que el conflicto puede manifestarse cuando el Estado tiene interés en un bien público,
como la conservación, o el mantenimiento de alianzas políticas para retener el poder.
-Que los recursos naturales están integrados en un espacio social compartido donde se
establecen relaciones complejas y desiguales entre una amplia gama de actores
sociales; y que aquellos con mayor acceso al poder son también los que mejor pueden
controlar las decisiones sobre los recursos naturales, e influir en ellas para su propio
beneficio.
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-Que también los recursos naturales son usados por las personas de manera simbólica.
La tierra, los bosques, el agua no son solo recursos materiales o naturales, sino que
forman parte de la vida, de la identidad y de la cultura, según el género, la edad, la
clase social a la que se pertenezca. El irrespeto a estas dimensiones simbólicas se
prestan, muchas veces, a luchas ideológicas, sociales y políticas que tienen una
enorme trascendencia práctica en el proceso de manejo de conflictos.
-Que los conflictos ambientales tienen múltiples causas, algunas próximas, otras
subyacentes o contribuyentes, por lo que los métodos deben reconocer las múltiples
perspectivas de los interesados(as) para identificar estrategias orientadas a promover
cambios.
Pendzich, 1998 también enfatiza que el manejo de conflictos consiste en una
articulación de premisas sobre el poder, el cambio y la ética-filosófica, que se
fundamenta en:
1. Que el problema no es el conflicto, sino la forma en que se maneja; y que
generalmente los grupos involucrados caen en comportamientos de agresividad,
y no hacen ningún intento para reunirse y discutir el problema. Esto reafirma el
hecho de que el conflicto no debe ser eliminado mediante “soluciones”, sino mas
bien, “manejado” de tal modo que no conduzca a la violencia, y se puedan lograr
cambios y beneficios para los más desfavorecidos.
2. Que los procesos de manejo de conflicto deben permitir que todos los afectados
por el conflicto tomen parte activa en la búsqueda de soluciones, lo que significa
también un compromiso ético y filosófico por reforzar el poder de decisión local,
la gestión y el desarrollo comunitario.
3. Que cuando los costos del conflicto son altos para todos los involucrados
(comunidades locales, ONGs, gobierno y sector privado) y es necesario
establecer relaciones de coordinación; los procesos de resolución de conflictos
pueden ofrecer grandes beneficios.
4. Que todos los grupos involucrados en la negociación deben comprometerse en
un proceso de formulación de políticas, para que pueda llegarse a decisiones
permanentes y efectivas.
Hemos considerado importante rescatar tres ejes de análisis que se utilizarán para
articular la síntesis y conclusiones del trabajo. Se considera importante referirse a cada
uno de ellos, no con el afán de que se definan, sino realizar un acercamiento a lo que se
considera en cada uno de ellos, para luego retomarlo en el análisis de los casos.
1. Poder Para – Poder Sobre
Según el Diccionario de la Lengua Española, el “poder es la facultad para hacer una
cosa”, “ser más fuerte que otro hasta ser capaz de vencerle”. En estas dos definiciones
se refleja el sentido del concepto en dos vías; una destructiva que tiene que ver con un
poder que se afianza al subordinar a los otros desde una visión intervencionista, de
sometimiento e inferioridad; basado en intereses sociales y económicos.
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Mientras que por otro lado, de acuerdo a la capacidad y posibilidades que existan de
alejarse del tipo de poder destructivo, es posible acercarse a un poder como capacidad
de autoafirmación, de valorización, de reconocimiento de las cualidad y potencialidades
humanas.
En el caso de manejo de conflictos, los problemas de negociación en situaciones de
desigualdad de poder pueden llegar a ser difíciles, y por lo tanto es importante la
búsqueda de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades locales. La idea es
ir desmontando los poderes de dominio e ir construyendo poderes de afirmación desde
las organizaciones y otros espacios para la concertación.
2. Participación – Incidencia
Con respecto a la participación ha sucedido algo similar a lo que pasa con la
concepción del poder; muchas veces se cometen abusos y se manipulan los deseos y
las aspiraciones de la gente echando mano a esa palabra. Esta visión se fundamenta
en una concepción vertical de la participación ligada a relaciones asimétricas,
autoritarias y persuasivas.
La verdadera participación busca que las personas con menos oportunidades puedan
incidir en la toma de decisiones y en la transformación de sus propias condiciones de
vida, propiciando la reflexión, la crítica constructiva y el fortalecimiento de las
capacidades humanas.
En el caso de manejo de conflictos, esa toma de decisiones puede estar estrechamente
ligada a la incidencia en la generación de políticas que surjan del consenso, del diálogo,
de la comunicación, de las negociaciones en favor de la equidad y de un verdadero
mejoramiento en la calidad de vida de quienes están involucrados en determinado
conflicto.
3. Acceso a la diversidad de recursos
Según el Diccionario de la Real Academia, acceso es la acción de llegar o acercarse.
Sin embargo, no todos los sectores sociales tienen o han tenido iguales oportunidades
de acceso a los beneficios del desarrollo y a diversos recursos, tales como la
información, el conocimiento, las oportunidades. Generalmente las mujeres, por su
condición de género y la subordinación histórica ligada a roles del ámbito privado y de
reproducción, han estado excluidas de muchos de los beneficios del desarrollo y de la
posibilidad de potenciar sus capacidades en el plano intelectual, de negociación y
autoafirmación.
En el manejo de conflictos es importante tratar de que los que menos acceso han tenido
a herramientas, recursos y poder; puedan fortalecer esas capacidades con la idea de
que haya equidad en los procesos de resolución. La equidad está referida a dar más a
quienes menos tienen, y no asumir la premisa de que todos los actores entran al
proceso de negociación en igualdad de condiciones. Esos criterios que puedan
identificar las diferencias, particularidades, debilidades y potencialidades, son básicos
en los procesos de negociación y manejo de conflictos.
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IV.
METODOLOGÍA.
La reflexión y el análisis que contribuyen a la construcción conceptual, o al
replanteamiento de los conceptos, es importante para la definición y el planeamiento de
las actividades.
El planteamiento de las actividades y la forma en que se desarrollarán es lo que se
conoce como el “método”, la metodología es la ciencia que analiza el método. En este
apartado se tratará de “metodizar”, de poner el orden y el método que se ha seguido en
el Proyecto de Investigación para procurar no sólo la construcción conceptual sino
también la construcción metodológica. Concepto-metodología partes de una misma
aproximación de reflexión-acción.
I. Generación de condiciones para el trabajo.
Las actividades que se realizan cotidianamente parten de las relaciones
interpersonales. En mucho el éxito de un proyecto depende de las relaciones de
confianza, trabajo y solidaridad que logren establecerse dentro de los participantes. La
generación de condiciones positivas para el trabajo debe ser el primer momento de
cualquier iniciativa, proyecto o actividad.
Esta generación de condiciones para el trabajo se basa en una serie de valores que
deben ser observados desde el primer momento:
Transparencia: en el planteamiento de lo que se desea hacer, los resultados que se
esperan obtener y el uso que se le va a dar a los mismos.
Respeto: por la forma de pensar de los demás, que puede ser inclusive contraria a
lo que se está planteado, lo que requiere de una flexibilidad en el planteamiento y en
la adecuación de las actividades de acuerdo a esto.
Solidaridad:
para compartir los resultados como información, beneficios, y
procurando el fortalecimiento de todos los participantes.
La forma en que se pueden generar estas condiciones positivas para el trabajo son:
1. El logro del consentimiento informado previo.
2. La definición de un Código Etico o al menos de valores para el trabajo.
1. Consentimiento Informado Previo.
Debido al abuso que se ha dado en ciertos proyectos de investigación en el uso de la
información obtenida en el campo, que ha producido beneficios económicos a los
investigadores sin compartir la fuente de ésta información ni la devolución de los
beneficios recibidos, se ha generado una discusión sobre las mejores prácticas de
investigación en el campo.
Las principales demandas por parte de comunidades locales e indígenas en relación
con proyectos de investigación son (Laird, 1999):
• Reconocimiento de los derechos sobre el conocimiento y los recursos.
• Consentimiento informado previo como un requisito en todo proyecto.
• Participación activa en el proceso de investigación.
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•
•
•
•
Derecho a vetar la ejecución de los proyectos que no consideran convenientes.
Resultados de la investigación ampliamente revelado.
Beneficios distribuidos.
Cumplimiento de un “Código de Etica” por parte de los investigadores.
El consentimiento informado previo, conocido también por sus siglas en inglés PIC, es
un principio de trabajo que se viene imponiendo desde la aprobación del Convenio de
Basilea 3 en 1989, retomado posteriormente por el Convenio de Diversidad Biológica y
más recientemente en el Protocolo de Bioseguridad, Cartagena 2000.
Este principio parte de valor más elemental que reconoce la libertad individual y con ello
su capacidad de discernimiento. A nivel de un proyecto de investigación significa que
las personas o comunidades donde se desea realizar las actividades, deben conocer
previamente los objetivos, los resultados esperados, los posibles beneficios y definir la
forma de su participación, para brindar el consentimiento en forma expresa.
Algunas características de este principios son:
• El consentimiento: es un acto de expresión de voluntad, a contrario sensu no puede
ser implícito, debe ser manifestado y de ser posible dejar constancia por escrito.
• Debe ser libre, no puede haber sido otorgado por la fuerza o por intimidación
(miedo). En caso contrario, se descalificarían todas las actividades posteriores.
• Debe ser informado. La información incompleta o falsa origina un “consentimiento”
viciado porque está basado en un error .
• Debe ser previo. Debe darse antes de iniciar el proyecto.
El consentimiento informado previo parte de la premisa de que no necesariamete este
consentimiento se va a dar, puesto que en un medio libre la decisión puede ser negativa
o positiva. O podría tambien ser positiva pero realizando ajustes en el proyecto que se
plantea.
Para obtener el consentimiento informado previo se deberá discutir con la comunidad o
los participantes al menos los siguientes puntos:
• El objetivo del proyecto
• La naturaleza y actividades previstas: plazos, áreas, metodología.
• La identidad de las personas físicas y las instituciones que participan.
• Los resultados esperados, posibles riesgos.
• El destino del conocimiento adquirido. Aclaración de la propiedad de los resultados,
los derechos de la comunidad para controlar el uso que se le dé a la información.
• Los intereses comerciales relacionados con la información y los resultados
obtenidos.
• Los beneficios que se obtendrán.
3
.- Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación, 22 de marzo de 1989. Artículo 6: “El estado de importación responderá por escrito…consintiendo en el
movimiento con o sin condiciones, rechazando el movimiento o pidiendo más información…”.
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2. La definición de un Código Etico o al menos de valores para el trabajo.
El Código Etico es un compromiso por parte de las personas que participan en un
proyecto de observar ciertos principios éticos en la ejecución de las actividades que
forman parte del mismo.
El objetivo de este compromiso es garantizarle a las comunidades y personas que
participan en el proyecto que:
esa participación va a ser reconocida,
que se van a establecer relaciones de trabajo basadas en la transparencia,
confianza, apertura y respeto.
que se va a promover la generación de conocimiento en forma compartida,
divulgando y devolviendo la información o manteniendo la confidencialidad cuando
así se solicite.
La elaboración del Código Etico se realiza junto con las comunidades y personas que
participarán en el proyecto, en una sesión de discusión abierta sobre los principios y
valores que van a orientar sus acciones. Es importante definir el significado que se le
dan a las palabras utilizadas para referirse a estos valores, por ejemplo, al decir respeto
puede tratarse del respeto a las opiniones de los demás, a las formas de vida
comunitarias, a las formas de expresión, o sea a una variedad de situaciones que
conviene definir con mayor claridad o especificidad.
Durante esta sesión se debe hacer referencia al menos los siguientes aspectos:
Mencionar los antecedentes: el por qué del proyecto.
Explicar el objetivo del proyecto.
Identificar los ejecutores: personas físicas y jurídicas, que estarán trabajando.
Definir los principios, que van a orientar el trabajo de campo que se realice.
Estos principios obedecen a valores éticos y morales.
Definir un mecanismo para denunciar o discutir incumplimientos al Código Etico.
Algunos de los principios que se han incluído en “Códigos Eticos” anteriores son los
siguientes:
a) Principio de Participación:
Que las comunidades locales e indígenas tienen el derecho de una activa participación
en todas las fases del proyecto.
b) Principio de Información:
Que las comunidades locales e indígenas tienen el derecho de estar informadas sobre
todos los alcances y fases del proyecto, incluyendo metodología, recolección de la
información, divulgación y aplicación de resultados.
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c) Principio de Consentimiento Informado Previo:
Que las comunidades locales e indígenas tienen derecho a ser informadas previamente
a la realización de cualquier proyecto sobre sus objetivos y alcances, para que otorguen
su “consentimiento”, como un acto libre y expreso de voluntad. Como parte de este
derecho se reconoce el “Derecho de Objeción Cultural” o sea de no aceptar la ejecución
de un proyecto por razones culturales, espirituales, sociales o económicas.
d) Principio de Confidencialidad:
Que las comunidades locales e indígenas tienen derecho a excluir
cualquier
información que consideren conveniente de las publicaciones. Que tienen el derecho
de guardar información que no quieran compartir por razones culturales, místicas, o
espirituales. Que los investigadores guardarán y garantizarán esta confidencialidad
sobre la información que así ha sido indicada. Que los individuos de cada comunidad
tiene derecho a su privacidad y anonimato, derecho que debe ser respetado.
e) Principio de Respeto:
Que las comunidades locales e indígenas tienen derecho a ser respetadas en su
integridad, moral, espiritualidad, cultural, tradiciones, creencias, prácticas y formas de
organización. Que se debe evitar la imposición de concepciones externas y ajenas a
esta forma de vida y cosmovisión.
f) Principio de Fortalecimiento:
Que se reconoce la necesidad del intercambio de experiencias y de procesos de
reflexión como forma de lograr un uso sostenible y conservación de los recursos
naturales, donde las comunidades locales e indígenas fortalezcan sus prácticas y usos
tendientes a cumplir estos objetivos.
g) Principio de Solidaridad:
Que existe un compromiso solidario con las generaciones presentes y futuras para el
uso sostenible y la conservación de la diversidad biológica, así como garantizar que la
distribución de los beneficios derivados de este uso sea justo y equitativo.
h) Principio de Equidad.
Que se aspira a una distribución equitativa de los derechos y obligaciones de los
distintos sectores parte de la sociedad civil.
Cuando se trata de un proyecto muy concreto, de limitado alcance, o por un tiempo muy
corto, se puede llegar a definir algo más sencillo que un Código Etico, a esto se le llama
“valores para el trabajo”.
Al iniciar un taller, por ejemplo, donde el objetivo es compartir información o dar a
conocer una situación particular, se plantea a los participantes los “valores” que
consideran importantes para optimizar el trabajo durante el taller. Normalmente, estos
valores son: respeto, tolerancia, transparencia, todos orientados a garantizar una
libertad de expresión sin limitaciones o imposiciones, y pueden surgir otros más
concretos como la prohibición de fumar en el recinto o limitar el tiempo en el uso de la
palabra, que también son útiles para agilizar el trabajo o mejorar las condiciones.
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Recuadro no. 1: Código Etico.
Las instituciones miembros de la Comisión Nacional de Lapa Verde y la Cooperativa
Autogestionaria de Servicios Profesionales para la Solidaridad Social ( CoopeSol i Dar,
R.L), nos comprometemos a cumplir con el siguiente código ético de trabajo para el
desarrollo del proyecto “Desde el conflicto hacia la propuesta: incidencia comunitaria en
la formulación y análisis de las políticas ambientales” en que ambas instancias
participamos:
Principios del Código Etico
1. Respeto a los diferentes puntos de vista de los participantes, tanto en su análisis
personal como en la percepción que los demás tienen de la situación.
2. La información generada en esta sistematización será conocida por todos los
participantes en la CNLV, antes de su publicación.
3. Consenso en la idea fundamental de una sistematización y sus principios,
estando abierto al cambio y a la crítica que este proceso genera.
4. Derecho de las personas e instituciones a participar o no de este proceso.
5. Garantizar retroalimentación de la información a lo largo de todo el proceso de
sistematización y de las diferentes instancias que participan.
6. Respeto y consideración a las diferentes culturas, de manera que se potencie lo
mejor de ellas a lo largo del proceso.
7. Tratar de que la información que se genere llegue a los diversos sectores y
niveles de interés.
II. El desarrollo del proyecto.
Durante este momento los principios más importantes que deben orientar las
actividades son:
El derecho a la participación
El fortalecimiento de las partes.
La participación se ha venido configurando como un derecho, desde la Declaración de
Río sobre Ambiente y Desarrollo donde el el principio 10 dice:
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la
información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción
de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información a disposición de todos.
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Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y
administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes”.
Este derecho a la participación tal y como lo señala este principio se desarrolla a todo
nivel, incluyendo la ejecución de proyectos. Este derecho depende para su ejecicio de
la información y la educación. Garantizando un flujo de información constante, las
personas que trabajan en el proyecto fortalecen y desarrollan nuevas habilidades que
conllevan al fortalecimiento de las instituciones donde trabajan o a la comunidad donde
viven. Por lo tanto, la participación es el camino que lleva al fortalecimiento.
Ahora bien, la participación en todas las actividades del proyecto y en la toma de
decisiones no es garantía de la ausencia de conflictos, por el contrario, el
afianzamiento, la autoafirmación, puede conducir a la generación de conflictos, sin
embargo son conflictos que promueven el “cambio”, el “desarrollo” de las personas y los
grupos sociales.
La participación no sólo debe verse como el derecho de participar de los actores dentro
de un proyecto, sino como la apertura a la participación de nuevos actores y sectores
que fortalezcan la visión y la enriquezcan con sus aportes y experiencia.
Para ello, las metodologías y formas de trabajo deben ser “incluyentes”, escuchando al
otro, procurando la toma de decisiones por consenso o promoviendo el surgimiento de
nuevos liderazgos positivos.
Participación no significa “activismo”, no significa “hacer y hacer”, parte de una
participación reflexiva con una visión de proceso.
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V.
LECCIONES APRENDIDAS.
Los casos de estudio presentados anteriormente, tienen antecedentes comunes:
• Son comunidades rurales campesinas.
• Las poblaciones se encuentran cerca de Areas Protegidas.
• Se da un uso intensivo del bosque.
• Participan multiplicidad de actores y niveles: presencia de cooperación internacional,
organizaciones no gubernamentales, instancias de gobierno y sector privado.
Estas condiciones objetivas permiten hacer un análisis comparativo de ambos casos. El
análisis del conflicto presenta similitudes en ambos casos. Los actores involucrados
también son comunes: Estado, industriales de la madera, organizaciones
ambientalistas, comunidades y organismos de cooperación internacional.
Ambas experiencias analizadas evidencian un conflicto entre las posiciones más
preservacionistas y quienes mantienen una posición más orientada hacia la explotación
de los recursos. En el medio de estos dos actores con posiciones claramente definidas
se encuentran las comunidades, para quienes la cercanía a esta riqueza natural no les
presenta este tema en una forma tan antagónica. El conflicto no radica en querer o no
conservar el bosque, sino en una situación que se ve agudizada por los problemas
económicos y sociales que enfrenta la población y ante la cual busca alternativas para
la generación de ingresos. La causa del conflicto es entonces, la inequidad en el
acceso y la distribución de los beneficios derivados del uso de los recursos naturales.
Al inicio de este proyecto de investigación nuestra atención se orientó hacia la pérdida
del bosque como hábitat de la lapa verde y la falta de asignación de servicios
ambientales como causas de los conflictos en la zona norte y en la zona sur del país
respectivamente.
En un análisis más detallado realizado a lo largo de esta investigación, vemos que estas
manifestaciones son en realidad “emergentes visibles”, o sea aquellas expresiones de
conflictos más profundos.
En este sentido, la inequidad en el acceso y la distribución de los beneficios derivados
del uso de los recursos naturales se presenta como la verdadera causa de los conflictos
analizados.
Lección número 1.
Participación más allá de la presencia.
La participación de todos los sectores interesados en la gestión de los recursos
naturales es trascendental para el desarrollo de mecanismos de manejo de conflictos.
No basta sin embargo con que estén presentes los sectores de manera formal, es
indispensable que se dé seguimiento a la participación en la toma de acuerdos y
resoluciones de todos los sectores interesados.
Hay que reconocer que la participación de los distintos sectores requiere de una
atención particular. Entre los diversos aspectos a considerar para favorecer una mayor
participación podemos mencionar:
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Convocatoria a todos los sectores involucrados en el conflicto.
Representación de personas o sectores en las discusiones y espacios de reunión.
Revisión constante de la membresía , seguimiento a la participación.
Reuniones en lugares cercanos a las actividades de los diferentes sectores.
Acuerdos y ayudas de memorias de lo discutido.
Coordinación legítima, participativa e incluyente.
Liderazgos democráticos, en donde cada quien se sienta capaz de aportar algo.
Crear canales para que las diferentes personas o sectores conozcan y se apropien
de la información y puedan tomar mejores decisiones
Asegurar las condiciones logísticas ej el transporte, o la alimentación que haga
posible la asistencia a las reuniones o talleres de todos los sectores participantes
Toma de acuerdos por consenso y no por mayoría en la medida de lo posible.
Respeto a la individualidad de cada sector o persona de manera que se articulen los
espacios grupales con los sectoriales.
Reconocimiento de que los sectores están conformados por personas con intereses
y capacidades particulares.
Toda instancia de concertación debe en lo posible integrar a todos los sectores y
actores que estén involucrados en determinada problemática. Esto asegura un alto
grado de eficacia y agilidad en las negociaciones, en las demandas, en el manejo de los
conflictos, así como en la incidencia en cuanto a generación de políticas.
Los procesos de alta participación fortalecen los distintos sectores que participan, por
ejemplo, fortalece la gestión del Estado una amplia participación civil, la resolución de
conflictos es más ágil, aumenta la mayor capacidad de acción estatal o al menos, se
puede comprender los obstáculos y limitaciones para actuar.
El tema de la participación en el quehacer de la Comisión de Lapa Verde se ha ido
construyendo a través de su desarrollo durante 7 años de trabajo. A través de este
investigación, se lograron identificar algunos indicadores concretos que nos hacen ver la
relevancia de las metodologías utilizadas para promover la participación, entre ellas: la
constancia en el numéro de personas y sectores asistentes a las reuniones, el
mantenimiento de reuniones mensuales, la existencia de ayudas de memoria desde la
primera reunión, la apertura a la integración de nuevos sectores, el manejo apropiado
de los conflictos al interior de la Comisión y la toma de decisiones por consenso.
Como aporte de este proceso de investigación y sistematización de este proyecto, ha
habido un espacio de reflexión tanto de la tarea como de las formas metodológicas
utilizadas por esta intancia lo cual les ha motivado a la elaboración de instrumentos, y
procesos de planificación estratégica (reglamento interno) que en definitiva fortaleceran
la participación de los diversos sectores en la Comisión.
En la zona sur no existe un espacio que haya logrado integrar los diferentes sectores,
por lo que el nivel de incidencia ha sido sumamente limitado. Esta situación se ha visto
agravada por una presencia gubernamental irregular, que durante los últimos años ha
cambiado sus funcionarios frecuentemente. Las organizaciones de base existentes
también muestran un agotamiento, las comunidades les reclaman el no haber podido
resolver sus problemas estructurales como tenencia de tierra, salud, opciones
productivas, etc.
La organización social en términos generales está bastante
desarticulada.
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La falta de una instancia de coordinación que logre convocar a los diferentes sectores
ha impedido la toma de decisiones a nivel local, que pueda influir a su vez a nivel
nacional. Al no existir este espacio la toma de decisiones se realiza a nivel nacional.
Estas políticas no cumplen los objetivos para los que fueron definidas, en forma total o
parcial, al no haber considerado las condiciones sociales, culturales y económicas del
nivel local.
El proceso de investigación ha demostrado que existen propuestas, tanto del sector
gubernamental como no gubernamental, que aportarían hacia una mejor gestión
ambiental pero al no haber mecanismos y condiciones adecuadas para la participación
no han podido incidir en la toma de decisiones. La falta de éstos espacios produce
frustración y apatía, obstáculos que deberán enfrentarse si se deseara promover una
mayor participación a futuro.
Participación y generación de políticas:
Las políticas deben ser retroalimentadas constantemente en un proceso de arriba hacia
abajo y de abajo hacia arriba. Una política que tenga sustento ha surgido de un
proceso de negociación, diálogo y concertación. Sin embargo, debe existir un
seguimiento y evaluación sobre la aplicación y cumplimiento de la política que permita
hacer los ajustes necesarios.
Lección número 2:
Las relaciones de poder.
Las diferencias de poder son una constante en los diversos espacios de la vida
cotidiana, por lo tanto en las estructuras para el manejo de conflictos y toma de
decisiones se manifiestan claramente.
La Comisión Nacional de Lapa Verde ha venido innovando como estructura que agrupa
diferentes sectores, no todos con la misma cuota de poder en la toma de decisiones.
Esta investigación demuestra que una comisión es un mecanismo valioso para
propiciar la concertación de acuerdos y toma de decisiones, ya que de esta forma no se
establecen perdedores y ganadores; sino que el llegar a consenso en las
negociaciones, promueve un sentimiento de unidad aún en la diferencia. En la CNLV
no ha habido necesidad de llegar a votaciones por mayoría u otros métodos selectivos y
se ha privilegiado la toma de decisiones por consenso.
En el caso de los servicios ambientales las desigualdades de poder son más marcadas.
La definición política sobre su asignación se toma a nivel nacional, con mayor
participación de sectores ligados a la explotación forestal y de mayor poder económico.
La participación local es prácticamente nula y su capacidad de incidencia no ha existido,
por lo tanto el acceso a estos beneficios no ha sido equitativo ni ha fortalecido los
niveles de base.
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Otros mecanismos que han favorecido una mayor distribución del poder han sido:
Una coordinación legítima, incluyente y participativa.
La Coordinación de una estructura de participación para la resolución de conflictos,
debe tener no solo la capacidad técnica y financiera para dar seguimiento a los
acuerdos y resoluciones sino que debe de ser legítima para todos, o sea que sea
reconocida.
Resulta muy importante para una instancia de concertación estar en contacto con la
realidad, los problemas y las necesidades de sus miembros. Debe tomarse en cuenta
que ambientes cercanos a los distintos sectores favorecen la capacidad de expresión
que permite identificar claramente sus posiciones, por esta razón los espacios de
reunión e intercambio deben acercarse en igualdad de oportunidades a estos
ambientes.
La CNLV ha decidido sesionar directamente en las comunidades a las que pertenecen
sus miembros, con la idea de estar en estrecha vinculación con lo que sucede en el
campo, y tener mayores insumos para enriquecer sus propuestas.
La coordinación es un elemento importante que define los procesos incluyentes, al
establecer las condiciones de apertura para la participación de nuevos actores.
La escogencia de la coordinación forma parte natural de un proceso, puede recaer
físicamente en una persona, o en una institución, o cuando existe un espacio de
confrontación abierto de posiciones se puede recurrir a una “cocoordinación” o a una
coordinación compartida donde exista un balance de poder que contenga a sus
integrantes.
La búsqueda de una coordinación legítima no es necesariamente algo establecido por
un período definido, es un proceso de ensayo, en donde se debe aprender de las
condiciones particulares. Los mecanismos y procedimientos para su escogencia
pueden ir variando según el desarrollo del proceso, y no necesariamente definirlos en el
inicio.
Las formas utilizadas normalmente para regular el funcionamiento de un grupo, ya
seareglamento interno, estatuto, convenios, etc, se pueden convertir en instrumentos
que legitimen estructuras de poder inequitativas o rígidas que no se adaptan al
desarrollo natural en la evolución del grupo.
Transparencia y apertura.
Todos los sectores participantes de un proceso de resolución de conflictos deben de
tener una posición transparente y expresarse de manera abierta sobre los diversos
temas tratados.
La elaboración de un Código Ético puede ser uno de los pasos previos para una
instancia de concertación que inicia su trabajo. De esta manera es posible tomar en
cuenta una serie de principios y valores que van a guiar el trabajo, y si bien no se
evitará el conflicto, existirán mayores posibilidades de manejarlo dentro de un marco de
respeto y de diálogo previamente acordado.
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Una instancia de concertación debe establecer un equilibrio entre la identidad grupal y
los objetivos que como colectivo se planteen, y las potencialidades y accionar de cada
uno de sus miembros u organizaciones. Es muy importante no confundir ambos
espacios y generar también autonomía y desarrollo por parte de las organizaciones
involucradas en busca de la sostenibilidad.
Fiscalización y auditoraje.
Resulta una necesidad establecer mecanismos de fiscalización y auditoraje interno de
manera que se asegure:
formas de comunicación constructivas
seguimiento real de los acuerdos
monitorear el sentimiento de las instituciones y los representantes hacia la
estructura, logro de objetivos y funcioamiento.
En procesos donde se busca una mayor democratización del poder, se va pasando de
posiciones individuales a intereses grupales, que permiten asimilar naturalmente las
diferencias de poder y visualizarlas como un potencial para el logro de objetivos
comunes.
El seguimiento y monitoreo de la gestión debe ser algo constante que permita que los
procesos que son de largo plazo puedan ir generando nuevos objetivos acordes con la
capacidad y evolución del proceso .
Toda instancia de concertación debería llevar un registro de su memoria histórica, de
sus acuerdos, reuniones, miembros e organizaciones que participan con la idea de no
perder la posibilidad de sistematizar la experiencia y proyectar sus lecciones aprendidas
y recomendaciones.
Es necesario procurar que el tema o la problemática a la que se aboque una instancia
de concertación, puede visualizarse de manera integral, tomando en cuenta sus aristas
sociales, ambientales, económicas, políticas y culturales.
Se deben instaurar mecanismos de planificación y reflexión permanente en cuanto al
rumbo que se sigue .
Poder y generación de políticas.
La formulación de políticas no es una actividad estrictamente ténica, tiene su
base en una ideología política orientada a la toma de decisiones que afectan en lo
positivo a una mayoría y que permitan incorporar la experiencia acumulada a las
actividades humanas.
Las alianzas son la base para una formulación de políticas más democrática.
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Lección número 3.
Acceso a la información y los recursos.
La generación de la información es en realidad una herramienta para el manejo de
conflictos que todos los sectores parecen valorar. Se deben de facilitar actividades de
generación de conocimiento, información y discusión sobre aspectos relacionados con
los temas de interés.
La información es un derecho de los sectores y personas que participan en un espacio
de negociación y concertación, y debe estar accesible para permitir la toma de una
posición como parte del proceso de toma de decisiones.
La información no debe verse como un requisito de participación sino como una
herramienta de formación, desarrollo de habilidades y conocimientos.
Las fuentes de conocimiento son múltiples y muy variadas, el respeto al conocimiento
científico y popular tiende puentes de trabajo más enriquecedoras.
En el caso de servicios ambientales una de las expresiones de disconformidad más
frecuentes entre las comunidades es la ausencia de una información que sea clara y
accesible. Inclusive, a nivel de funcionarios públicos se nota una falta de recursos y
habilidades para comprender las políticas nacionales sobre este tema.
Uno de los mayores logros de la CNLV según la sistematización fue la accesibilidad a la
información científica por parte de las comunidades, lo cual las hizo sentir más capaces
e informadas para participar del proceso de toma de decisiones.
El acceso a los recursos financieros garantizan la participación y seguimiento dentro de
los espacios de concertación y negociación. Los recursos financieros deben llegar
dónde se ha propuesto que lleguen, en forma ágil y oportuna. La transparencia y
claridad en el uso de estos recursos generan confianza y previenen conflicos. La
negociación de nuevas fuentes de financiamiento es una herramienta que permite el
desarrollo de habilidades de los distintos sectores, lo que previene el paternalismo o las
relaciones de disparidad en el poder.
En el caso de la CNLV la participación del GEF ha agudizado el conflicto interno, debido
a la complejidad del proceso de elaboración de una Propuesta de Fondos Medianos, a
las expectativas generadas y a lo extenso de la negociación sin resultados concretos,
después de 3 consultores internacionales y 5 años de negociación. Al cierre de este
Proyecto de Investigación se remitieron nuevamente preguntas y aclaraciones para la
CNLV, con el desgaste de todos los sectores que se han mantenido con sus propios
recursos a lo largo del proceso de trabajo.
En el caso de servicios ambientales el acceso a estos recursos se ha visto seriamente
limitado por la exigencia del título de propiedad, requisito del cual carece un buen
porcentaje en la zona sur del país. La tenencia de tierra generalmente se ha asignado
a los hombres, el acceso a la tierra y con ello a los servicios ambientales por parte de
las mujeres ha sido doblemente restringido.
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En la CNLV la incorporación de género ha sido parte del proceso de una manera fluída,
las mujeres han ido adquiriendo destrezas y habilidades dentro de las organizaciones y
a mediano plazo ha permitido una activa participación e incidencia en la toma de
decisiones.
Acceso a la información y políticas.
La formulación de políticas debe partir de una articulación de conocimientos sobre la
base de la realidad y coyuntura actual para alcanzar un objetivo y un ideal.
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VI.
CONCLUSIONES.
En realidad, cualquier análisis sobre los conflictos socio-ambientales debe de partir de
un contexto más amplio, que en el caso concreto de este Proyecto de Investigación
tiene que ver con la inequidad en el acceso a los recursos sociales y naturales.
Costa Rica en materia de desarrollo y conservación no ha logrado garantizar un acceso
equitativo a los recursos sociales y naturales, menos aún una distribución justa y
equitativa de los beneficios derivados del uso de estos recursos naturales. En las
regiones donde se desarrollan las experiencias estudiadas, a pesar de su gran riqueza
natural y cultural, los índices de desarrollo y pobreza son los más altos del país.
Estas inequidades en el acceso tienden a personificarse y desfavorecer a quienes
menos oportunidades tienen: indígenas, mujeres, campesinos de zona rural que
contradictoriamente son quienes más cerca están de esas riquezas naturales y
culturales. La heterogeneidad en cuanto a intereses y relaciones de poder suceden y
atraviesan transversalmente los niveles nacionales y locales.
Ambas experiencias analizadas evidencian un conflicto entre las posiciones más
preservacionistas y quienes mantienen una posición más orientada hacia la explotación
de los recursos. En el medio de estos dos actores con posiciones claramente definidas
se encuentran las comunidades, para quienes la cercanía a esta riqueza natural no le
presenta este tema en una forma tan antagónica. El conflicto no radica en querer o no
conservar el bosque, sino en una situación que se ve agudizada por los problemas
economicos y sociales que enfrenta la población y ante la cual busca alternativas para
la generación de ingresos.
La comunidad de San Juan de Sierpe desearía mantener su riqueza biológica, pero
necesita de actividades productivas que hasta ahora solo existen en el uso del bosque.
En el marco anterior, es posible identificar en un primer acercamiento lo que podríamos
llamar emergentes visibles: la desaparición de la lapa verde y el bosque y la falta de
asignación equitativa de los servicios ambientales. Estos no son conflictos en si
mismos, sino expresiones de conflictos y problemas estructurales que debienen en una
preocupación real de la poblaciónpor la falta de oportunidades, para la población con
relación a la conservación de los recursos naturales y la mejora de las condiciones de
vida.
La resolución de conflictos que se dirija a los emergentes visibles como sinónimos de
conflicto, esquivan la causa real que se encuentra en conflictos estructurales más
profundos que requerirían de una atención más integral e interdisciplinaria.
A veces uno busca un conflicto, pero al igual que los actores que son heterogéneos
existen muchos tipos de conflictos con magnitudes e impactos diferentes. Los espacios
de coordinación y negociación resuelven situaciones conflictivas, pero a veces carecen
del impacto necesario para resolver lo que aquí se llama la causa del conflicto.
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VII.
PERSPECTIVAS A FUTURO.
Al final de este Proyecto de Investigación nos hemos preguntado qué vendría después.
La consideración del tema sobre distribución justa y equitativa de beneficios es el reto
para las personas que trabajamos en conservación. – Cómo se puede avanzar en las
actividades cotidianas hacia una mayor justicia y equidad en la distribución de los
beneficios? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta y requiere del desarrollo
conceptual, metodológico y práctico para hacerlo una realidad.
El tema de conflictos ambientales en nuestro contexto requiere de mayor aporte, para
responder a nuestra realidad Latinoamericana. Parece indispensable la profundización
de los temas aquí planteados. Nuestra región requiere de ese desarrollo conceptual,
metodológico y práctico sobre conflictos socio-ambientales. Cada vez más surgirán
más lo que aquí se ha llamado “emergentes visibles”, por lo que es necesario una
atención integral y un mayor análisis, que permita vincular desarrollo y conservación.
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