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Panel 1. Casos concretos. Lecciones aprendidas:
Tíbet, Israel-Palestina, Guantánamo,
Barrios Altos/Mozote/Araguaia, Hissène Habré
Genocidio en Ruanda
Fernando Andreu Merelles
Magistrado de la Audiencia Nacional en España
¿Qué ha pasado en España? No tiene mucha explicación que hasta los años 90 que no se
empezara a llevar causas, cuando ya existía antes el principio de Jurisdicción Universal
sin reservas. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no exigía punto de conexión, ni
la existencia de la posibilidad del ejercicio de la acción penal y civil por los
perjudicados sin estos personarse. Hay que reconocer que fue Baltasar Garzón la
primera persona en dar el paso adelante.
En el caso del genocidio de Ruanda y de los Grandes Lagos, zonas de minerales
preciosos cuyo domino es de gran importancia estratégica, su procedimiento no ha
tenido las mismas vicisitudes en todos los casos. Había nueve víctimas de nacionalidad
española y España ha tenido siempre competencia para conocer los casos, a pesar de las
reformas. A parte de las familias españolas, se personaron determinadas personalidades
e instituciones, asociaciones, la fundación Solevar y Joan Carrero.
En el año 2005, se presenta la querella y en el transcurso de tres años van víctimas y
testigos, con no pocas dificultades- económicas y estratégicas-, ya que el Ministerio de
Justicia no se hacía cargo de los gastos. En muchos casos se necesitaba un visado para
la petición de una solicitud del juzgado, con la dificultad añadida de que eran testigos
protegidos y debían tener la precaución de no desvelar el nombre de testigos y victimas.
Se concluyó el 6 febrero del 2008 estableciendo cuáles eran los hechos e imputaciones y
cuáles eran las normas aplicables a los hechos y concluyendo que en la generalidad de
los hechos se aplicaba el genocidio, los actos terroristas, torturas, etc.
Se llevaron a cabo 40 órdenes de detención internacionales: entre los que se
encontraban altos mandos del gobierno ruandés.
El punto de inflexión se dio en el 2010, el 8 julio. Se solicita a Sudáfrica uno de los
procesados. Esta extradición es aprobada por el gobierno en septiembre del 2010 sin que
a día de hoy se haya recibido ningún tipo de contestación.
Algunas de las víctimas:
• Joaquín Vallmayor y Sala: denunciaba las situaciones de injusticia por los
desplazados y refugiados. Desapareció. No se ha recibido respuesta.
•
Maristas: Tenían una escuela para niños. El 30 de octubre de 1996, Servando
Mayor realizó una entrevista y mandó una petición de auxilio ante el exterminio.
El 31 de Octubre llega al campo de refugiados y declara que el campo ha
quedado vacío y que espera el ataque. Mientras mantenían una conversación con
un familiar, recibe una visita. No se supo más hasta el 9 noviembre del 1996, se
encontró su cuerpo sin vida en un pozo.
•
Organización médicos sin frontera: Hechos producidos de 1996-97. Tras una
masacre, dieron auxilio a los heridos, hubo 50 muertos. Una persona les
comunica que en un lugar hay una fosa común y encuentran unas fosas con más
de 100 cadáveres. Fueron a visitarles a la casa. Un mando de un grupo armado,
dio la orden de que fueran tiroteados en su vivienda. Había dentro de la casa un
ciudadano norteamericano que logró huir y relatar lo que pasó. Silencio como
respuesta a las peticiones.
•
Sacerdote guipuzcoano. El 10 de junio del año 2000, Marcel Caisa desaparece.
No existe información de las autoridades de Ruanda.
Estos son los hechos concretos que afectan a las víctimas españolas, testigos incómodos
de crímenes contra la humanidad.
La reforma de la LOPJ vulnera el derecho de tutela judicial efectiva y deja a las
víctimas en absoluta desprotección. Además, en ningún caso, como se hace en la
disposición transitoria, se puede pedir el sobreseimiento de las causas abiertas: existe la
separación de poderes. Se debe pedir, si se cumplen los requisitos, que se apliquen a los
casos.
Se pretende que en España se utilice la justicia como moneda de cambio con relación a
otros intereses geopolíticos, comerciales. Lo primero que quiere la víctima es ser
escuchada y que haya investigación y en su caso, sanción. Lo de menos que quieren es
que exista un resultado.