EL INDECOPI, LOS PRECIOS ABUSIVOS Y LA REGULACIÓN DE

EL INDECOPI, LOS PRECIOS ABUSIVOS Y LA REGULACIÓN DE

EL INDECOPI, LOS PRECIOS ABUSIVOS Y LA REGULACIÓN DE LA
COMPETENCIA
El Instituto de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi) tiene una función similar al Jurado Nacional de Elecciones.
Lo suyo no es definir un resultado, solo velar porque el proceso (competitivo) sea
transparente. Los precios son el resultado del mercado, son altos o bajos
dependiendo de las condiciones de competencia. Si estas son manipuladas
arbitrariamente (por ejemplo por un cartel de competidores que acuerda el precio)
hay que corregir tal situación. Pero no le toca al Indecopi decir cuál es el precio,
como no le toca al JNE elegir al presidente.
Claro que hay sistemas en los que podemos prescindir de la democracia.
Podemos colocar a dedo a un grupo de “iluminados” para que decidan en lugar de
los votantes. Podemos prescindir también de la competencia para que
“iluminados” decidan en lugar de los consumidores. Pero tiende a convertirse en
discrecionalidad y dictadura.
Eso ocurre con la decisión adoptada recientemente por la Sala de Competencia
del Indecopi que resuelve el caso de las AFPs, y permite sancionar los precios
abusivos y sin sustento legal o técnico.
En primer lugar, se muestra un desapego a la ley. Un profesor nos decía que
cuando hay que explicar mucho lo que dice una Ley es porque se está tratando de
sacarle la vuelta. La Ley peruana claramente prohíbe sancionar los precios altos,
pero en la resolución se usan decenas de páginas para decir que no dice lo que
dice.
El artículo 4 del Decreto Legislativo 757 dice expresamente: “Los únicos precios
que pueden fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos
conforme a lo que se disponga expresamente por ley del Congreso de la
República”. La regla no deja margen de duda. Si por diez años el Indecopi nunca
se atrevió a sancionar precios altos, es porque los funcionarios están prohibidos
de hacerlo y no porque hayamos tenido que esperar a un funcionario que “supiera”
leer la ley.
Afirmar que no se regula el precio porque solo se multa al infractor sin fijar cuál
debería ser el precio (que es lo que dice, a modo de trabalenguas, la resolución)
es como decir: “eres libre de fijar el precio que quieras pero si es más alto de lo
que yo considero adecuado, vas preso”. Eso, se mire por donde se mire es
control de precios.
En segundo lugar, está la falta de lógica económica. Los precios bajos o altos no
son malos en sí mismos. Los precios son solo señales para los consumidores y
productores. Cuando algo es caro, los precios nos indican que el producto es
escaso y crea la señal correcta para que lo consumamos menos y se produzca
más. Cuando algo es barato, el sistema nos indica que es abundante y crea la
señal correcta para que lo consumamos más y se produzca menos. Por ello, nada
en los precios es malo en sí mismo.
Los precios, lejos de ser el problema, son la forma de solucionarlo. El problema
son las barreras que limitan la competencia. Es decir, hay cuidar el proceso, no el
resultado.
Y esto nos lleva a uno de los mayores absurdos de la resolución que comentamos.
Al leer la posición esgrimida en las páginas de este Diario, por uno de los vocales
que aprobó la decisión, uno pensaría que “sin que le tiemble la mano” el Tribunal
sancionó a las empresas que abusaron subiendo los precios. Pero eso no fue lo
que pasó. Para no sancionarlas, se dijo que los monopolios legales (es decir, los
que crea el Estado) no están sujetos a la legislación antimonopolios. Sin perjuicio
que no se entiende cuál es el monopolio legal en el mercado de AFPs, basta
haber llevado un curso básico de economía para saber que esos monopolios son
los peores. Pero el Tribunal del Indecopi ha decidido concederles una auténtica
“licencia para matar”.
¿Y por qué hizo algo tan raro? La sala quería establecer un nuevo criterio de
interpretación de la legislación que permitiera la sanción a los precios altos (con lo
que se ve satisfecho su deseo de controlar la economía). A la vez, quería quedar
libre del alboroto político que podrían haberse generado las AFPs, al enfrentar un
sistema de control de precios no previsto en la Ley. Y para ello, nada mejor que
sugerir que otras autoridades (léase Superintendencia de Banca y Seguros y
Congreso) regulen más la actividad de las AFP. Bajo esta fórmula, el denunciante,
en este caso el congresista Javier Diez Canseco, queda también contento porque
con la resolución adquiere respaldo para plantear regulaciones absurdas que se
vuelen el Sistema Privado de Pensiones (SPP). La solución política perfecta. Es
un terno hecho a la medida de todos los involucrados haciendo harapos el
discurso técnico.
El peor enemigo del monopolio no es el Indecopi, sino el poder de elección de los
consumidores. No queda muy claro cómo mejoramos a los consumidores
dejándolos decidir menos. Si no creemos que la competencia pueda funcionar,
entonces creemos un organismo regulador encargado de fijar tarifas. Este sí podrá
regular precios según la Ley que lo autorice. Pero si no estamos en este supuesto,
el Indecopi debe impulsar el proceso competitivo, no reemplazarlo.
Cuando uno lee esta resolución parecería estar leyendo uno de esos proyectos de
ley a los que nos tienen acostumbrados congresistas como Johnny Lescano o
Pedro Morales. No les gusta que el mercado funcione. Quieren que la Ley lo
sustituya. No quieren quedarse en el proceso. Quieren ir al resultado para ganar
votos.
Es preocupante que la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi -órgano
supuestamente técnico- se comporte como una comisión del Congreso.
Finalmente, los congresistas buscan votos. Pero un órgano técnico debe buscar
que se cumpla con la Ley.
Alfredo Bullard
Alejandro Falla