Formación en INSOLVENCIA

Transcripción

Diplomado en insolvencia de persona natural no
comerciante
Eje Temático 4:
Estructura general de los procedimientos de insolvencia
Tema 1:
Estructura general de los procedimientos de insolvencia de la persona natural
no comerciante – Etapa preliminar
Derechos reservados ®
2013
Introducción al tema
El cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos para la presentación
de la solicitud de negociación de deudas o de convalidación del acuerdo
privado es fundamental para el inicio del procedimiento de insolvencia de la
persona natural no comerciante. Así mismo es necesario que el Centro de
Conciliación o Notaría efectúe un adecuado nombramiento del conciliador,
quien debe estar libre de impedimentos para la aceptación del cargo, el cual es
de obligatoria aceptación.
En este módulo usted abordará temas relacionados con la designación del
conciliador y la aceptación de su cargo, así como la decisión sobre la
aceptación o rechazo de la solicitud y sus efectos.
Objetivo de aprendizaje
Identificar la actuación del conciliador, desde su designación, en la etapa
preliminar del proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante.
Duración aproximada de estudio del tema
3 horas
2
3
1.
DESIGNACIÓN DEL CONCILIADOR Y ACEPTACIÓN DEL CARGO ....5
2.
DECISIÓN DE LA SOLICITUD ........................................................8
2.1.
No aceptación y rechazo ................................................................ 8
2.2.
Aceptación ................................................................................. 10
3.
EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD .........................13
4.
COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN ..........................................20
5.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ...................................................23
4
1. DESIGNACIÓN DEL CONCILIADOR Y
ACEPTACIÓN DEL CARGO
El conciliador o el notario son los operadores encargados de dirigir
el procedimiento de insolvencia de la persona natural no
comerciante desde la presentación de la solicitud hasta la
realización del acuerdo de pago, o la convalidación del acuerdo
privado. De ahí que la designación del conciliador es un elemento
fundamental del trámite, por lo que la Ley 1564 de 2012 en su
artículo
541
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/le
y_1564_2012_pr018.html#541) se ocupa de definir el momento
procesal en el que se designa el conciliador, quién lo designa, el
término para aceptar y las consecuencias que debe enfrentar de no
manifestarse sobre su nombramiento oportunamente. Por lo
anterior, es importante que usted conozca el tratamiento que la
Ley 1564 de 2012 le da al nombramiento del conciliador.
El procedimiento de insolvencia de la persona natural no comerciante está
concebido para que tenga una duración muy corta, buscando dar cumplimiento
a los principios de economía y celeridad, evitando que dichos trámites se
perpetúen en el tiempo e impidan que el deudor normalice su situación
económica y los acreedores realicen sus créditos.
Por esta razón, la designación del conciliador debe ser realizada por el Centro
de Conciliación o notario dentro de los tres días siguientes a la presentación de
la solicitud, conforme lo consagra el artículo 541 de la Ley 1564 de 2012
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_1564_201
2_pr018.html#541). La norma no hace referencia a los notarios, pero esto no
puede ser un problema de interpretación que lleve a confusión, dado que el
propio régimen de insolvencia de persona natural no comerciante en su artículo
533
5
2_pr018.html#533) define quiénes son competentes para conocer de los
procedimientos de negociación de deudas y allí están incluidos los notarios.
Según el artículo 20 del Decreto 2677 de 2012, (Artículo 20. Decreto 2677 de
2012.pdf), por el cual se reglamentó el Código General del Proceso en cuanto a
los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante, el
conciliador debe ser designado de la lista elaborada por el Centro de
Conciliación o notario. Para el efecto, la escogencia será rotatoria, de forma tal
que la misma persona no sea nombrada por segunda vez sin que se haya
agotado la lista correspondiente.
El cargo de conciliador es de obligatoria aceptación, por lo que el
conciliador designado por el correspondiente Centro de Conciliación o notario,
debe manifestar su aceptación al cargo dentro de los dos días siguientes a la
notificación del encargo, so pena de ser excluido de la lista.
De conformidad con lo anterior, al conciliador solo le es permitido no aceptar la
designación cuando se encuentra impedido, cuyas causales de impedimento
serán las mismas previstas por la ley para los jueces en lo pertinente.
El
Código
General
del
Proceso
en
su
artículo
140
2_pr005.html#140), reza que “Los magistrados, jueces, conjueces en quienes
concurra alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto
como adviertan la existencia de ella…” Esta norma remite a las causales de
recusación
reguladas
en
el
artículo
141
2_pr005.html#141), para determinar en qué situaciones un juez y en nuestro
objeto de estudio, un conciliador, está impedido para conocer del
procedimiento de insolvencia de la persona natural no comerciante.
En virtud de lo presupuestado por el artículo 21 del Decreto 2677 de 2012
(Articulo21. Decreto 2677 de 2012.pdf), en el evento de que el conciliador
acepte el cargo, deberá manifestar bajo la gravedad del juramento que no se
encuentra incurso en alguna de las causales de impedimento previstas en la
ley para los jueces.
La causal de impedimento no solo puede darse al momento de aceptar la
designación, así mismo puede configurarse durante el ejercicio de la función.
Evento en el cual el conciliador deberá manifestar la causal de inmediato y el
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Centro de Conciliación o notario procederá a su reemplazo por la persona que
siga en turno en la lista.
En el evento de que el conciliador se encuentre impedido o le sobrevenga un
impedimento y no lo declare, podrá ser recusado por el deudor o por cualquier
acreedor que pruebe su calidad ante el Centro de Conciliación o el notario,
precisando la causal y los hechos que lo justifican.
El trámite de la recusación está consagrado en el artículo 22 del Decreto 2677
de 2012. Según este artículo “El Centro de Conciliación o notario dará traslado
del escrito y sus anexos al conciliador para que en el término de tres días se
pronuncie. Vencido este término el Centro de Conciliación o el notario resolverá
la recusación dentro de los tres días siguientes. De encontrarse procedente,
designará otro conciliador”.
En el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, los notarios
pueden asumir personalmente el conocimiento del procedimiento, en estos
casos “las recusaciones que contra él se formulen serán resueltas por la
Superintendencia de Notariado y Registro a la mayor brevedad posible. En
caso de encontrar probada la recusación, la Superintendencia ordenará el
envío de la solicitud y de sus anexos a la Notaría que corresponda según
reparto.” Artículo 22 del Decreto 2677 de 2012, inciso 5º.
Recuerde que
Es obligación del conciliador aceptar el cargo y en tal
sentido debe manifestar al Centro de Conciliación o notario
cuando esté incurso en alguna causal de impedimento. Su
manifestación sobre la aceptación del cargo debe ser
presentada dentro de los dos días siguientes a la
notificación del encargo.
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2. DECISIÓN DE LA SOLICITUD
A partir de este momento abordaremos el estudio de la decisión
que debe tomar el operador de la insolvencia (Operadores de la
Insolvencia.pdf) frente a la solicitud de negociación de deudas o de
convalidación del acuerdo privado presentada por el deudor, hecho
fundamental en el procedimiento de insolvencia de la persona
natural no comerciante, toda vez que la aceptación a la solicitud
genera ciertos efectos que entraremos a estudiar.
El
Artículo
542
de
la
Ley
1564
de
2012
2_pr005.html#542) establece las reglas para la toma de la decisión de la
solicitud y en tal sentido señala que el conciliador debe verificar si la solicitud
cumple con los requisitos legales, dentro de los cinco días siguientes a la
aceptación del cargo. Como usted puede notar, la ley está siendo muy estricta
con el conciliador y no deja indeterminado el tiempo que este se puede tomar
para decidir sobre la aceptación o no de la solicitud. Esta situación beneficia,
sin lugar a dudas, al deudor, porque garantiza que el proceso avance con
celeridad y pueda ser cumplido el objetivo de llegar a la realización del acuerdo
de pago o la convalidación del acuerdo privado en poco tiempo.
El conciliador en esta etapa del procedimiento solo puede tomar una de las dos
decisiones que se describirán a continuación:
2.1.
No aceptación y rechazo
Si el conciliador al estudiar la solicitud encuentra que no cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 539 de la Ley 1564 de
2012
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/le
y_1564_2012_pr018.html#539), debe requerir al deudor para que
los corrija o subsane, so pena de ser rechazada la solicitud. Este
procedimiento usted lo estudiará a continuación.
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Según
el
artículo
542
de
la
Ley
1564
de
2012
012_pr018.html#542), en su inciso segundo, el conciliador debe señalar los
defectos de que adolezca la solicitud cuando esta no cumple con alguna de
las exigencias requeridas y otorgará al deudor un plazo de cinco días para
que la corrija.
El conciliador rechazará la solicitud en los siguientes eventos:
a) Si el deudor no subsana los defectos de la solicitud dentro del plazo de
cinco
días
del
que
habla
el
artículo
542
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_156
4_2012_pr018.html#542).
b) Si el deudor no sufraga las expensas del trámite. El artículo 28 del
Decreto 2677 de 2012, (Artículo 28. Decreto 2677 de 2012.pdf),
establece que el conciliador, dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la aceptación del cargo, comunicará al deudor el valor de la tarifa que le
corresponde pagar por el trámite, valor que deberá ser cancelado dentro
de los cinco días siguientes a aquel en que el deudor reciba la
comunicación, so pena de ser rechazada la solicitud conforme lo
consagrado por el artículo 29 (Ibídem) (Artículo 29. Decreto 2677 de
2012.pdf).
Cuando la solicitud de negociación de deudas tiene defectos que deben ser
subsanados, el plazo para pagar las expensas es paralelo al plazo que el
deudor tiene para subsanar dichos defectos. Esto quiere decir que el deudor
solo está obligado a pagar las expensas cuando su solicitud fue aceptada
inmediatamente por el conciliador al momento de ser presentada o cuando
debe cumplir requisitos.
Contra la decisión que contiene el rechazo de la solicitud solo procederá el
recurso de reposición ante el mismo conciliador.
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Recuerde que
El deudor solo tiene cinco días hábiles para subsanar los
defectos señalados por el conciliador y pagar la tarifa del
procedimiento de insolvencia de la persona natural no
comerciante, so pena de ser rechazada la solicitud.
2.2. Aceptación
En el tema anterior usted vio los efectos de no subsanar los
defectos de la solicitud o no pagar la tarifa del trámite, ahora
Usted conocerá como proceder cuando la solicitud de negociación
de deudas o de convalidación del acuerdo privado es aceptada por
el conciliador.
En los términos del artículo 543 de la Ley 1564 de 2012
2_pr005.html#543), la aceptación de la solicitud de negociación de deudas o
convalidación del acuerdo privado se da una vez el conciliador verifique las
siguientes condiciones:
a) Que la solicitud de negociación de deudas cumpla con todos los
requisitos.
b) Que el deudor haya sufragado las expensas.
Una vez verificadas estas condiciones, el conciliador dará inicio al
procedimiento de insolvencia de la persona natural no comerciante y fijará
fecha para la realización de la audiencia de negociación o de convalidación del
acuerdo privado, la cual debe efectuarse dentro de los veinte días siguientes a
la aceptación de la solicitud.
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Tenga en cuenta que
A pesar de que el artículo 543 está dentro del capítulo
del procedimiento de negociación de deudas, este
también se aplica a la convalidación del acuerdo
privado por remisión expresa del artículo 562 (ibídem)
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley/2012/ley_1564_2012_pr019.html#562),
norma
que regula el procedimiento de convalidación, toda vez
que en su numeral 1º expresa que “La solicitud se
tramitará en los mismos términos dispuestos para el
procedimiento de negociación de deudas”.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo debe actuar el
conciliador al momento de decidir sobre la aceptación de la
solicitud y qué recursos tiene el deudor en el evento de que su
solicitud sea rechazada.
Ejemplo
El señor Octavio presenta solicitud de negociación de deudas personalmente,
ante el Centro de Conciliación del Municipio de Salento (Quindío). Él está
seguro de que su solicitud cumple los requisitos exigidos por la Ley 1564 de
2012. El conciliador designado por el Centro de Conciliación al estudiar la
solicitud presentada por Octavio, encuentra que la misma adolece de algunos
defectos que deben ser subsanados, razón por la cual concede un plazo de
cinco días para que corrija, y en la misma comunicación le informa el valor al
que asciende la tarifa que le corresponde pagar por el procedimiento de
negociación de sus deudas.
Octavio, convencido de que su solicitud no tiene defectos que subsanar,
procede a pagar las expensas del trámite y no subsana los defectos
manifestados por el conciliador.
¿Qué decisión debe tomar el conciliador ante la actitud de Octavio?
El artículo 542 de la Ley 1564 de 2012 establece dos requisitos para que la
solicitud de negociación de deudas sea aceptada, a saber:
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a) Que la solicitud de negociación de deudas cumpla con todos los
requisitos.
b) Que el deudor haya sufragado las expensas.
En este caso, Octavio no cumplió con su obligación de subsanar los requisitos
aunque pagó las expensas del trámite, razón por la cual el conciliador debe
rechazar la solicitud.
Ante esta decisión tomada por el conciliador de rechazar la solicitud,
¿qué puede hacer Octavio?
De conformidad con la parte final del artículo 542 (ibídem), Octavio puede
interponer recurso de reposición ante el mismo conciliador.
Si la solicitud definitivamente es rechazada, ¿qué pasa con las
expensas que Octavio pagó ante el Centro de Conciliación?
La Ley 1564 de 2012 ni el Decreto 2677 de 2012 establecen qué sucede en
este caso; sin embargo, se concluye que por no haberse desarrollado el
trámite de negociación de las deudas de Octavio, no existe fundamento para el
cobro de las expensas. Por lo tanto, el Centro de Conciliación debe restituirle el
valor de dichas expensas.
Fin del ejemplo
Importante
El conciliador está limitado por los términos fijados por
la ley, los cuales son perentorios. Es decir, son los
únicos que se conceden y no se pueden aumentar o
prorrogar. Así mismo, el deudor debe cumplir con
todos los requisitos exigidos por el artículo 539 de la
Ley 1564 de 2012 y sufragar las expensar del
procedimiento.
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3. EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DE LA
SOLICITUD
Con el fin de garantizar la efectividad del régimen de insolvencia
de la persona natural no comerciante, el legislador definió algunos
efectos que se desprenden de la aceptación de la solicitud de
negociación de deudas o de convalidación del acuerdo privado, los
cuales usted abordará a continuación.
Los efectos son las consecuencias que se generan con la realización de un
acto. En este caso, la aceptación de la solicitud de negociación de deudas o
convalidación del acuerdo de pago genera unas consecuencias inmediatas
tendientes a proteger el patrimonio del deudor, de forma tal que se garanticen
condiciones óptimas para la celebración de un acuerdo de pago con sus
acreedores o la convalidación del acuerdo privado. Sin embargo, algunas de
estas consecuencias no se aplican al procedimiento de convalidación del
acuerdo privado.
En
tal
sentido,
el
artículo
545
de
la
Ley
1564
de
2012
2_pr005.html#545), describe los siguientes efectos:
1. No podrán iniciarse nuevos procesos ejecutivos, de restitución de bienes por
mora en el pago de los cánones o de jurisdicción coactiva contra el deudor y se
suspenderán los procesos de este tipo que estuvieren en curso al momento de
la aceptación. El deudor podrá alegar la nulidad del proceso ante el juez
competente, para lo cual bastará presentar copia de la certificación que expida
el conciliador sobre la aceptación al procedimiento de negociación de deudas.
Esta es una garantía fundamental para la validez y fuerza del procedimiento de
negociación de deudas, pues obliga a los acreedores a vincularse al trámite de
negociación de deudas para recuperar el valor de sus acreencias debido a que
no tienen otro mecanismo o acción legal.
Este efecto no se genera con la solicitud de convalidación del acuerdo privado
por
estipulación
expresa
del
artículo
562
(ibídem)
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2_pr019.html#562). La razón es que en este trámite se parte de la base de un
acuerdo que solo debe ser ratificado, luego de verificar que cumple con los
requisitos legales y se garantizan los derechos de todos los acreedores.
Si el acuerdo privado celebrado por el deudor y algunos de los acreedores no
cumple con los requisitos de ley o no incluye a todos los acreedores o no
garantiza los derechos legales y constitucionales de algunos acreedores, no
habría un fundamento legal para suspender un proceso vigente o prohibir el
inicio de un proceso, por esta razón el efecto establecido en el numeral 1º del
artículo
545
2_pr018.html#545), solo se causa en el procedimiento de convalidación del
acuerdo privado, a partir de la providencia que lo convalide.
2. No podrá suspenderse la prestación de los servicios públicos domiciliarios en
la casa de habitación del deudor por mora en el pago de las obligaciones
anteriores a la aceptación de la solicitud. Si hubiere operado la suspensión de
los servicios públicos domiciliarios, estos deberán restablecerse y las
obligaciones causadas con posterioridad, por este concepto, serán pagadas
como gastos de administración.
Este efecto tiene como finalidad proteger a la familia del deudor, al mantener
los servicios públicos domiciliarios activos. Este es quizás uno de los elementos
de la ley con mayor contenido de protección del deudor en su condición de ser
humano, porque va más allá de la simple naturaleza económica de la ley.
Al igual que el efecto anterior, en el procedimiento de convalidación del
acuerdo privado, este efecto no se genera con la solicitud sino a partir de la
providencia que lo convalide.
3. Dentro de los cinco días siguientes a la aceptación del trámite de negociación
de deudas, el deudor deberá presentar una relación actualizada de sus
obligaciones, bienes y procesos judiciales, en la que deberá incluir todas sus
acreencias causadas al día inmediatamente anterior a la aceptación, conforme
al orden de prelación legal previsto en el Código Civil.
Más que un efecto, este numeral contiene una obligación a cargo del deudor
que tiene como objetivo mantener el procedimiento actualizado en cuanto a los
datos que sirven de base o fundamento para la negociación.
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4. El deudor no podrá solicitar el inicio de otro procedimiento de insolvencia
hasta que se cumpla el término previsto en el artículo 574.
_pr005.html#574).
El artículo 574 (ibídem) establece dos términos diferentes dentro de los cuales
el deudor no puede solicitar un nuevo procedimiento de insolvencia,
dependiendo del supuesto, así:
a) Cuando el deudor cumpla el acuerdo de pago, solo podrá solicitar un
nuevo procedimiento de insolvencia una vez transcurridos cinco años
desde la fecha de cumplimiento total del acuerdo anterior, con base en
la certificación expedida por el conciliador.
b) Cuando el deudor, cuyo patrimonio haya sido objeto de liquidación en
los términos previstos en el régimen de insolvencia de la persona natural
no comerciante, solo podrá solicitar un nuevo procedimiento de
insolvencia una vez transcurridos diez años después de la providencia de
adjudicación que allí se profiera.
Es adecuado que la ley ponga límites al deudor, pues de lo contrario la ley se
convertiría en un arma para burlar las obligaciones contraídas por personas
inescrupulosas e irresponsables.
5. Se interrumpirá el término de prescripción y no operará la caducidad de las
acciones respecto de los créditos que contra el deudor se hubieren hecho
exigibles antes de la iniciación de dicho trámite.
Esto no es más que una disposición protectora de los acreedores para evitar la
extinción de las acciones a causa de la apertura y ejecución del procedimiento
de negociación de deudas.
Este numeral regula dentro del procedimiento de insolvencia de la persona
natural no comerciante las figuras jurídicas de la prescripción y la caducidad,
por lo que se hace necesario determinar la diferencia entre ambas, lo cual
haremos a continuación:
La prescripción está definida en el artículo 2512 del Código Civil
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_civil_pr0
78.html#2512), norma que reúne en la misma definición los dos tipos de
prescripción, la adquisitiva y la extintiva. Esta unificación tiene una razón y es
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precisamente que en ambos tipos está el transcurso del tiempo como elemento
esencial.
De conformidad con lo anterior, la prescripción adquisitiva es un modo de
adquirir las cosas ajenas por haberlas poseído durante cierto lapso de tiempo;
y la prescripción extintiva es el modo de extinguir las acciones o derechos
ajenos por haber transcurrido un periodo determinado de tiempo.
En el procedimiento de insolvencia de la persona natural no comerciante, el
legislador hace referencia es la prescripción extintiva, toda vez que el numeral
5º del artículo 545 de la Ley 1564 de 2012 consagra los efectos frente a los
créditos que contra el deudor se hubieren hecho exigibles antes de la iniciación
del trámite.
Así las cosas, la prescripción extintiva opera extinguiendo las acciones o
derechos ajenos cuando el titular no los ejerce en el tiempo que establece la
ley; razón por la cual, en materia procesal, este tipo de prescripción se debe
alegar como excepción contra quien inicia una acción o reclama un derecho.
El
artículo
2536
del
Código
Civil
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_civil_pr0
79.html#2536),
modificado
por
la
Ley
791
de
2002
2.html), establece que “La acción ejecutiva se prescribe por cinco años. Y la
ordinaria por diez”.
La caducidad es similar a la prescripción extintiva, pero tiene elementos y
efectos que la hacen diferente. Y en este sentido la caducidad existe cuando no
se ejerce un derecho dentro del término fijado por la ley, generando que el
derecho simplemente no nazca a la vida jurídica porque la persona interesada
no ejerció la acción.
La caducidad es objetiva pues solo obedece al cumplimiento de un plazo, no se
interrumpe y solo en los eventos establecidos taxativamente en la ley se
suspende.
La legislación colombiana no establece un término específico de caducidad.
Esta figura jurídica debe estar expresamente regulada en la ley y es en cada
caso específico que el legislador determina el término de la caducidad.
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Al igual que los efectos consagrados en los numerales 1º y 2º, en el
procedimiento de convalidación del acuerdo privado, este efecto no se genera
con la solicitud sino a partir de la providencia que lo convalide.
6. El pago de impuestos prediales, cuotas de administración, servicios públicos
y cualquier otra tasa o contribución necesarios para obtener el paz y salvo en la
enajenación de inmuebles o cualquier otro bien sujeto a registro, solo podrá
exigirse respecto de aquellas acreencias causadas con posterioridad a la
aceptación de la solicitud. Las restantes quedarán sujetas a los términos del
acuerdo o a las resultas del procedimiento de liquidación patrimonial. Este
tratamiento se aplicará a toda obligación propter rem que afecte los bienes del
deudor.
Este efecto busca garantizar las condiciones adecuadas para la realización del
acuerdo de pago o la convalidación del acuerdo privado, y que todos los
acreedores estén en igualdad de condiciones conforme, claro está, a la
prelación de créditos establecida por la Constitución y la Ley.
Las obligaciones propter rem son aquellas que están unidas a un bien inmueble
y que por esta razón convierten al titular del derecho de dominio, o poseedor
de ese bien, en deudor. Por lo tanto, la obligación siempre va a estar afectando
al bien y en consecuencia el titular del derecho de dominio se libera de la
obligación propter rem con la transferencia de su derecho a favor de otra
persona quien inmediatamente se convierte en el nuevo sujeto pasivo de la
obligación.
Las características de las obligaciones propter rem son las siguientes:
a) Son obligaciones anexas a la titularidad de un bien inmueble.
b) Siempre se transmiten con la tradición del derecho de dominio.
c) El titular del derecho real de dominio es sujeto pasivo de la obligación
propter rem mientras ostente la calidad de titular de dicho derecho.
d) Tienen los mismos elementos de las obligaciones.
De conformidad con lo anterior, podemos citar como ejemplos de obligaciones
propter rem, las cuotas de administración en una propiedad horizontal, el
mantenimiento o reparación de muros de medianería y el mantenimiento de la
servidumbre por parte del predio sirviente.
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Además de los efectos consagrados en el artículo 545 de la Ley
1564 de 2012, el régimen de insolvencia de la persona natural no
comerciante establece otros efectos en los artículos 546 y 547
(ibídem), los cuales Usted estudiará a continuación.
El
artículo
546
de
la
Ley
1564
de
2012
2_pr018.html#546) establece que los efectos consagrados en el artículo 545
(ibídem) no se aplican a los procesos ejecutivos alimentarios que estén en
curso contra el deudor al momento de aceptarse la solicitud del procedimiento
de negociación de deudas.
Los procesos ejecutivos alimentarios continuarán adelantándose conforme al
procedimiento previsto en la ley, sin que sea procedente decretar su
suspensión ni el levantamiento de las medidas cautelares.
El artículo 546 (ibídem), en su inciso segundo, consagra que en caso de llegar
a desembargarse bienes o de quedar un remanente del producto de los
embargados o subastados dentro del proceso ejecutivo de alimentos, estos
serán puestos a disposición del deudor y se informará de ello al conciliador que
tenga a su cargo el procedimiento de negociación de deudas.
Lo anterior significa que el juez de conocimiento debe estar informado sobre la
existencia del procedimiento de insolvencia de la persona natural no
comerciante y es el conciliador quien debe comunicárselo al momento de
aceptar la solicitud de negociación de deudas o convalidación del acuerdo
privado, conforme lo establece el inciso segundo del artículo 548 (ibídem).
Por
su
parte,
el
artículo
547
(ibídem)
2_pr018.html#547) regula lo concerniente a los terceros garantes y
codeudores del deudor cuya solicitud de negociación de deudas o convalidación
del acuerdo privado ha sido aceptada, en el sentido de establecer que cuando
una obligación del deudor esté respaldada por terceros que hayan constituido
garantías reales sobre sus bienes, o que se hayan obligado en calidad de
codeudores, fiadores, avalistas, aseguradores, emisores de cartas de crédito, o
en general a través de cualquier figura que tenga como finalidad asegurar su
pago, se seguirán las siguientes reglas:
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1. Los procesos ejecutivos que se hubieren iniciado contra los terceros
garantes o codeudores continuarán, salvo manifestación expresa en
contrario del acreedor demandante.
2. En caso de que al momento de la aceptación no se hubiere iniciado
proceso alguno contra los terceros, los acreedores conservan
incólumes sus derechos frente a ellos.
Es potestad del acreedor, cuya acreencia está respaldada por cualquiera de las
formas definidas en el artículo 547, decidir si ingresa y se acoge plenamente al
procedimiento de insolvencia de la persona natural no comerciante, y termina
los procesos ejecutivos en curso contra de los garantes o codeudores. En todo
caso, según el numeral 2º del artículo 547 los acreedores conservan indemnes
los derechos y acciones con relación a los garantes y codeudores.
Sin embargo, es obligación de los acreedores, al tenor del parágrafo del
artículo 547, informar al juez o conciliador acerca de los pagos o arreglos que
de la obligación se hubieren producido en cualquiera de los procedimientos.
Recuerde que
El operador de la insolvencia debe velar siempre
porque se den las condiciones apropiadas durante el
desarrollo del procedimiento de insolvencia de la
persona natural no comerciante, con el fin de lograr el
acuerdo de pago, siendo los efectos de la aceptación
de la solicitud las herramientas que el legislador le
proporciona para garantizar las condiciones adecuadas
de la negociación o la convalidación.
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4. COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN
En el tema anterior usted aprendió cuáles son y en qué consisten
los efectos de la aceptación de la solicitud de negociación de
deudas o convalidación del acuerdo privado, ahora usted conocerá
la forma como el conciliador debe comunicar a los diferentes
actores dicha aceptación.
El
artículo
548
de
la
Ley
1564
de
2012
2_pr005.html#548), contiene un término perentorio y corto al conciliador, para
que a más tardar al día siguiente de recibida la información actualizada de las
acreencias por parte del deudor, comunique a todos los acreedores
relacionados por el deudor, la aceptación de la solicitud.
La comunicación deberá contener la siguiente información:
a) El monto por el que fueron relacionados, y;
b) la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de negociación de deudas.
El conciliador deberá remitir a los acreedores la comunicación por escrito, a
través de las empresas prestadoras del servicio postal autorizado por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Artículo 291,
numeral
3º
de
la
Ley
1564
del
2012
2_pr005.html#291).
Así mismo, y en la misma oportunidad, el conciliador debe oficiar a los jueces
de conocimiento de los procesos judiciales indicados en la solicitud,
comunicándoles el inicio del procedimiento de negociación de deudas.
El juez de conocimiento, en el auto que reconozca la suspensión, ejercerá las
siguientes actuaciones:
a) Realizará el control de legalidad. De acuerdo con el artículo 132 de la
Ley
1564
de
2012
20
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_156
4_2012_pr005.html#132), es obligación del juez realizar control de
legalidad una vez agotada cada etapa del proceso “para corregir o
sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del
proceso”.
b) Dejará sin efecto cualquier actuación que se haya adelantado con
posterioridad a la aceptación de la solicitud de negociación de deudas.
Los procesos de ejecución y de restitución de tenencia promovidos por los
acreedores, no solo estarán suspendidos durante el procedimiento de
negociación de deudas, sino también hasta que se verifique el cumplimiento o
incumplimiento del acuerdo, en el evento de existir acuerdo de pago.
Recuerde que
El efecto de suspensión de los procesos existentes no
se produce en el trámite de convalidación del acuerdo
privado.
¿Qué pasa si el conciliador no cumple con el término señalado por el artículo
548
2_pr005.html#548) para que comunique a todos los acreedores relacionados
por el deudor la aceptación de la solicitud?
Según lo establece el artículo 23 del Decreto 2677 de 1012 (Artículo 23.
Decreto 2677 de 2012.pdf), el conciliador deberá ser removido por el Centro
de Conciliación o el notario por haber incumplido la ley o el reglamento. Esta
conducta del conciliador también es sancionada con la exclusión de la lista del
correspondiente Centro de Conciliación o Notaría.
21
Tenga en cuenta que
El conciliador solo tiene hasta el día siguiente para
enviar la comunicación a todos los acreedores del
deudor, informando la aceptación de la solicitud de
negociación de deudas; al igual que para oficiar a los
jueces de conocimiento de los procesos judiciales
indicados en la solicitud.
22
5. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Con el fin de garantizar la subsistencia del deudor y de las
personas a su cargo; así mismo para no hacer tan gravosa la
situación del deudor, a tal punto que imposibilite el cumplimiento
al acuerdo de pago, el legislador estableció la figura de los gastos
de administración, la cual abordaremos a continuación.
Constituyen gastos de administración, a la luz del artículo 549 de la Ley 1564
de
2012
2_pr019.html#549), “Los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y
de las personas a su cargo, así como las obligaciones que este debe continuar
sufragando durante el procedimiento de insolvencia”.
Los gastos de administración serán pagados de preferencia y no estarán
sujetos al sistema que en el acuerdo de pago se establezca para las demás
acreencias. Con esto se pretende proteger el entorno familiar del deudor y que
se afecte en lo más mínimo su estabilidad con el inicio y trámite del
procedimiento de insolvencia de la persona natural no comerciante.
Así mismo, este artículo prohíbe al deudor “otorgar garantías sin el
consentimiento de los acreedores que representen la mitad más uno del valor
de los pasivos. Igual regla aplicará a la adquisición de nuevos créditos de
conformidad con la reglamentación que emita el Gobierno Nacional”.
Así como los acreedores quedan obligados a participar en el procedimiento de
insolvencia de la persona natural no comerciante y a aceptar el acuerdo de
pago que sea aprobado por más del 50% del monto total del capital de la
deuda, así mismo el deudor queda obligado a contar con sus acreedores para
la realización de ciertos actos como los relacionados en este artículo.
A pesar de que los gastos de administración no están sometidos a las mismas
condiciones de las demás acreencias, el incumplimiento en el pago de los
gastos de administración es causal de fracaso del procedimiento de insolvencia
de la persona natural no comerciante. Esto es entendible, pues si el deudor no
es capaz de cumplir con los gastos de mantenimiento de su hogar, menos va
poder asumir compromisos con sus acreedores.
23
De conformidad con el citado artículo 549 “Los titulares de estas acreencias
podrán iniciar procesos ejecutivos contra el deudor o de restitución cuando
esta se funde en la mora en las sumas adeudadas con posterioridad al inicio
del procedimiento de negociación de deudas”. Esta es la primera consecuencia
para el deudor por el no pago de sus acreencias. La segunda es que el
conciliador, una vez declarado el fracaso de la negociación, remitirá
inmediatamente al juez civil de conocimiento, para que decrete la apertura del
proceso de liquidación patrimonial.
Importante
Los gastos de administración son aquellos necesarios
para la subsistencia del deudor y de las personas a su
cargo, y por tal razón serán pagados de preferencia.
Sin embargo, el incumplimiento en el pago de estos
gastos es causal de fracaso del procedimiento de
insolvencia de la persona natural no comerciante.
24
Actividad de aprendizaje
Preguntas de selección múltiple con única respuesta
1. La designación del conciliador por parte del Centro de
Conciliación o la Notaría debe hacerse:
a) Dentro de los tres días siguientes a la presentación
de la solicitud
b) A más tardar al día siguiente de la presentación de
la solicitud
c) Dentro de los cinco días siguientes a la presentación
de la solicitud
d) Dentro de los tres días a la aceptación de la solicitud
2. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene las razones por
las que el conciliador debe rechazar la solicitud?:
a) Cuando el deudor no adjunta a la solicitud los
documentos exigidos por la ley
b) Cuando el deudor no subsana los defectos de la
solicitud y no sufraga las expensas del trámite
dentro del plazo legal
c) Cuando el deudor no hace la manifestación expresa
de que no ha incurrido en omisiones, imprecisiones o
errores que impidan conocer su verdadera situación
económica y su capacidad de pago
d) Cuando el deudor no presenta la solicitud por
intermedio de apoderado judicial
3. Constituye un efecto de la aceptación de la solicitud:
a) Se suspenderá la prestación de los servicios públicos
domiciliarios en la casa de habitación del deudor por
mora en el pago de las obligaciones anteriores a la
aceptación de la solicitud
25
b) No podrá suspenderse los procesos ejecutivos que
estuvieren en curso al momento de la aceptación
c) El deudor no podrá solicitar el inicio de otro
procedimiento de insolvencia hasta que se cumpla el
término previsto en el artículo 574 de la Ley 1564 de
2012
d) El acuerdo será oponible y obligará a todos los
acreedores del deudor
4. El conciliador debe oficiar a los jueces de conocimiento
de los procesos judiciales indicados en la solicitud para:
a) Que ponga a disposición del conciliador los bienes
del deudor, con el ánimo de ejercer la custodia de
estos bienes y garantizar el cumplimiento del
acuerdo
b) Que decida sobre las objeciones presentadas por los
acreedores contra la relación detallada de acreencias
c) Que remita al Centro de Conciliación o Notaría el
expediente para que haga parte del procedimiento
de insolvencia
d) Que deje sin efecto cualquier actuación que se haya
adelantado con posterioridad a la aceptación de la
solicitud de negociación de deudas
5. ¿Cuál de las siguientes alternativas constituye gastos de
administración en el procedimiento de insolvencia de la
persona natural no comerciante?:
a) El valor del trámite que cobran los centros de
conciliación y las Notarías
b) Los gastos necesarios para la subsistencia del
deudor y de las personas a su cargo
c) El valor de las expensas que se deben pagar al
conciliador para que acepte la solicitud
d) Los gastos en los que incurra el conciliador para
llevar a cabo la audiencia
26
Congreso de la República (12 de julio de 2012). Ley 1564 de 2012, (s.f). [En
línea]. Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/ley_1564_201
2.html [Consultado el 29 de julio de 2013]
Henao Carrasquilla, O. (2013). Insolvencia de la Persona Natural No
Comerciante. En Código General del Proceso (pp. 643-664) Bogotá: Leyer.
Ministerio de Justicia y del Derecho (21 de diciembre de 2012). Decreto 2677
de 2012, (s.f). [En línea]. Disponible en:
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMB
RE/21/DECRETO%202677%20DEL%2021%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202
012.pdf [Consultado el 29 de julio de 2013]
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Eje temático
Estructura general de los procedimientos de insolvencia
Objeto Virtual de Aprendizaje
Estructura general de los procedimientos de insolvencia de la persona natural no
comerciante – Etapa preliminar
Alfonso Gómez Méndez
MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Edgar Ardila Amaya
DIRECTOR DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Tatiana Romero Acevedo
COORDINADORA DE PROYECTOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
Ejecutores del proyecto
Juan Carlos Vásquez
Decano de la Facultad de Derecho
Gustavo Palacios Calle
Coordinador académico
Juan Camilo Carrasquilla Palacios
Autor de contenidos
Francisco Duque Ríos
Corrector de estilo
Asesoría técnica y pedagógica
Unidad de Educación Virtual y TIC
Derechos reservados
Agosto de 2013
®
28

Formación en INSOLVENCIA

Transcripción

Documentos relacionados

Procedimiento de insolvencia y datos macro 2016: RUSIA