En el mercado laboral
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En el mercado laboral
Empresarios latinos: entre la espada y la pared para cumplir leyes de inmigración En el mercado laboral SILVIA STRUTHERS LA VOZ May 3, 2010 Houston — El último año ha dejado claro que el gobierno ha aplicado fielmente su nueva estrategia para hacer cumplir las leyes de inmigración en el trabajo: vigilar a los empleadores. Puede ser una buena noticia para los trabajadores indocumentados que hasta 2009 fueron objeto de numerosas redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pero se ha convertido en un desafío para muchas empresas latinas pequeñas y medianas de Houston. Estas compañías suelen abastecerse de mano de obra inmigrante. Ahora, ante el creciente número de notificaciones de inspección por parte de ICE, el paso previo a una investigación sobre las prácticas de contratación, un número creciente de empresas está tomando medidas preventivas. Larry Smith, un empresario mexicano que dirige una compañía de promoción de espectáculos, principalmente de eventos latinos en el Arena Theatre, y es socio del club Bambou Lounge, explica cuál es el principal reto. “Esa mano de obra (la indocumentada) es indispensable para el desarrollo económico de este país”, dice Smith. “Usted ve toda la gente que entra de inmigrante hace el trabajo de la pizca del tomate (recogida), del algodón... muchos trabajos que otra gente no quiere hacer”. Cuando una persona llega pidiendo un trabajo, “pedimos los documentos que el gobierno considera válidos, donde se muestra que realmente tienen permiso de trabajo, pero no somos oficinas de migración para estar revisando si el papel es legal o no”, resume Smith. Sin embargo, el no asegurarse de la validez de esos documentos y otras cuestiones técnicas es lo que podría traer problemas serios a estos empresarios. “Estamos viendo que más compañías... están contactando abogados para asegurarse de que sus papeles están en orden en caso de que inmigración se presente”, dice la abogada Karen Feldman, socia de la firma de abogados especializados en inmigración FosterQuan. Desde abril de 2009, cuando ICE anunció su nuevo foco, las inspecciones a empresas para detectar posibles irregularidades en las contrataciones se han intensificado. Una inspección por parte de ICE consiste en una auditoría de los formularios I-9 de la empresa. El I-9 fue creado en 1986, cuando al tiempo que proclamó una amnistía a los indocumentados el gobierno requirió que los empleadores llenaran el formulario para verificar la identidad y permiso de trabajo de sus empleados. Hasta hace un año, “todo el mundo llenaba la forma I-9 pero no se hacía cumplir la ley. Decían, bueno, ‘me multaron con 10,000 dólares, lo pago y ya”, explica la abogada Shakira Cruz, de la firma The Cruz Law Firm. Ahora, señala, además de las multas, las compañías pueden estar sujetas a cargos criminales, al igual que sus gerentes o empleados de recursos humanos. Esto ha llevado a algunas empresas hispanas de Houston a buscar asesoría para capacitar a sus directivos. Afectados “No hablamos de grandes compañías, sino de medianas que creen que pueden ser auditadas. Son compañías hispanas con muchos empleados hispanos”, explica Cruz. Especialmente, dice Cruz, las empresas que necesitan hispanos en labores de poca calificación, como construcción o restaurantes. “Digamos, yo tengo una gran compañía que hace limpieza tras los huracanes. He tratado de encontrar trabajadores, pero nadie quiere hacer este tipo de labor por 9 dólares la hora. Necesito 100 y sólo puedo encontrar 25, ¿de dónde saco mis otros 75?”. Ana Abrahams, dueña de la mueblería Super Nova Furniture, explica otra situación común derivada de la crisis económica: “Nosotros verificamos la identificación que nos presentan” los empleados, pero, en la práctica, no sólo no ha contratado sino que ha recortado drásticamente su plantilla. Y, justamente, uno de los efectos de la nueva política es el despido de indocumentados. Esto no sólo preocupa a los grupos en favor de una reforma inmigratoria, sino también a las propias empresas. De hecho, precisa Cruz, las empresas pueden sufrir una demanda de discriminación si al contratar ponen en excesiva tela de juicio los documentos presentados por el candidato. Pero, según ICE, la situación no es tan dramática. “Estamos tratando de crear una cultura de cumplimiento en la que las compañías llenen estos formularios con la diligencia con la que llenarían sus formularios de impuestos”, dice John Connolly, a cargo de investigaciones de ICE en Houston. Una investigación puede tardar desde “uno o dos meses hasta a veces uno o dos años”, precisa. Si, ante irregularidades, el gobierno determina que el empleador actuó de buena fe, puede sancionarlo con multas civiles, dice Feldman. “Pero también vemos casos en los que... han sido procesados criminalmente”. Para ayudar a una empresa a verificar si un empleado puede trabajar, ICE cuenta con el E-Verify, un programa online que coteja la información de los I-9. El programa es voluntario en Texas, excepto para los contratistas del gobierno federal. ICE utiliza otro programa, IMAGE, con el que certifica que una compañía cumple con la ley. Para participar, una empresa no sólo debe usar el E-Verify, sino someterse a una auditoría de sus I-9 e inscribirse en un servicio que verifica la autenticidad de los números de Seguro Social. Según ICE, dos empresas de Houston se han adherido al programa y cinco más lo harán en breve. Pero “enfocarse sólo en hacer cumplir la ley nunca va a funcionar y nunca ha funcionado”, advierte Michele Waslin, analista de la organización American Immigration Council. “Los empleadores se quejan de que no pueden conseguir trabajadores en el sistema actual de inmigración. Y realmente no tenemos un sistema de visas para trabajadores de poca capacitación”. Al final, dice Waslin, “hasta que realmente arreglemos el sistema de inmigración y nos aseguremos de que la gente que está aquí esté legalizada... habrá gente que usará documentos falsos o prestados” y las empresas recurrirán a ellos, porque los necesitan. Feldman, la abogada, subraya la necesidad de una reforma de inmigración para cubrir las necesidades de las empresas, pero en tanto les recomienda hacer auditorías internas de sus I-9s y utilizar software electrónico para completar estos formularios.