Abrir - Flacso México

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE ACADÉMICA DE MÉXICO
Maestría en Derechos Humanos y Democracia
V (quinta) promoción
2012-2014
EL JUICIO ORAL MERCANTIL COMO INSTRUMENTO PARA HACER
EFECTIVO EL ACCESO A LA JUSTICIA
Tesis que para obtener el grado de Maestro en
Derechos Humanos y Democracia
Presenta:
Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán
Director de tesis: Leonel Rivero Rodríguez
Línea de Investigación: “Estado, democracia y derechos humanos”
México D.F., mayo de 2014
Se agradece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el apoyo brindado para la
realización de estos estudios
Resumen: en la presente investigación se analiza, en forma cualitativa, el juicio oral
mercantil, de reciente incorporación al Código de Comercio, a fin de determinar si
cumple con los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia, en
particular los relativos al plazo razonable establecidos por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH). Al efecto, se parte de la premisa dada por la propia
CoIDH, acerca de que la ejecución de sentencia es parte del procedimiento, por lo cual
se debe tomar en cuenta para decidir si un caso cumple con el plazo razonable. En ese
sentido, como el legislador no creó un procedimiento especial para la ejecución en este
juicio, se exploran propuestas para optimizar esa fase ejecutiva, particularmente en
relación con los edictos que el ejecutante está obligado a pagar para convocar postores al
remate judicial de bienes, a fin de obtener el monto de la condena, los cuales
incrementan el costo de este juicio, de cuantía menor.
Palabras clave: juicio oral mercantil, acceso a la justicia, plazo razonable, ejecución,
remate, edictos.
Abstract: In this investigation, the mercantile oral trial, which has been recently
implemented to the Commercial Code, will be scrutinized qualitatively, in order to
decide if it fulfills, thoroughly, with the international standards regarding the access to
the justice, specially the ones related to the reasonable lapse of time established by the
Inter-American Court of Human Rights (IACHR). To this purpose, we will start from
the fundamental premise given by the IACHR, concerning that the execution of the
sentence is part of the process; thereby, it has to be taken into consideration to resolve if
any case complies with the reasonable lapse. In this manner, because the legislator did
not create a special procedure for the execution of this trial, there is going to be several
proposals to optimize this executive phase that will be examined, particularly the ones
related to the edicts that the distrainer ought to pay to summon postulants for the sale of
goods that increase the cost of this minor trial, so that the exact amount of the sentence
is obtained.
Keywords: mercantile oral trial, access to the justice, reasonable lapse, execution,
judicial sale of goods, edicts.
A mis hijos Óscar Andrés y Rómulo
Eduardo, como testimonio de mi amor
imperecedero, a quienes dedico cada
logro, por pequeño que sea, pues
representan mi razón de ser y me
infunden fuerza para continuar siempre
adelante.
A Lore, por su cariño, comprensión y
apoyo irrestricto brindados a lo largo de
estos años, y como muestra de
admiración, por haber vencido obstáculos
inexpugnables en busca de sus metas.
A mis padres, por ser parte fundamental
de mi vida y por su ejemplo de entereza y
superación. A mis hermanas Norma,
Gaby y Jessy, por su respaldo
incondicional.
II
Agradecimientos
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber depositado su confianza en mí, al
otorgarme la beca que me permitió cursar esta maestría.
A FLACSO México. En general, a sus directivos, personal docente y administrativo, por
su entrega y por la pasión con que desarrollan su trabajo; especialmente a las maestras
Sandra Serrano, Katherine Mendoza y Michel Maza, por su paciencia.
A mi director de tesis, Leonel Rivero Rodríguez, por haberme guiado a lo largo de este
proceso de investigación, destinando parte de su valioso tiempo a la revisión de mi
trabajo.
A mis lectoras, Adriana Ortega Ortiz e Isabel Montoya Ramos, por sus atinadas
observaciones y el auténtico compromiso mostrado para mejorar la calidad de este
trabajo.
A Juan Carlos Martínez Pastrana, por su ayuda en la recopilación del material
bibliográfico y a todos los que contribuyeron con alguna pequeña opinión para lograr
que este trabajo llegara a cristalizarse.
III
Índice
Introducción……………………………………………………………………………...
1
Capítulo I. Marco teórico del juicio oral mercantil…………………..........................
6
1. Principios que rigen al juicio oral mercantil………………………………….
6
2. Procedimiento del juicio oral mercantil.……………………………………...
13
3. Pruebas admisibles y su desahogo……………………………………………
16
4. Alegatos y sentencia……………………………………………….................
26
Capítulo II. Protección al derecho fundamental de acceso a la justicia y sus
estándares interamericanos…………………………………………………... 31
1. Artículos 8 y 25 de la CADH………………………………………………… 31
2. Análisis de la sentencia de la Corte IDH en el caso Furlán y Familiares Vs
Argentina ………………………………………………………………………. 33
3. Plazo razonable. Criterios.……………………………………………………
36
4. Ejecución de sentencia, como parte del juicio e instrumento para hacer
efectivo el acceso a la justicia. Su análisis por la Corte
IDH….................................................................................................................. 38
Capítulo III. Ejecución de sentencia en el Código de Comercio y su aplicación al
juicio oral mercantil………………………………………………………….... 40
1. Ejecución de sentencia en materia mercantil…………………………………
40
1.1. Incidentes de liquidación………………………………………………...
42
1.2 Vía de ejecución y remate de bienes……………………………………...
46
2. Actos procesales en la ejecución, que se erigen en obstáculos injustificados
para el acceso a la justicia, específicamente el caso de los edictos…………….. 51
3. Interpretación conforme del artículo 1411 del Código de Comercio, aplicado
al juicio oral mercantil, con los artículos 8.1 y 25 de la CADH, así como el 17,
párrafo segundo, de la CPEUM………………………………………………… 55
Conclusiones…………………………………………………………………….
62
Bibliografía………………………………………………………………………………
64
IV
Introducción
La administración de justicia juega un papel trascendental en la garantía y protección de
los derechos humanos. Una de las condiciones prescritas por el derecho internacional de
los derechos humanos, esenciales para que aquélla se satisfaga adecuadamente, es la
observancia de las normas del debido proceso; por tanto, éste es un elemento nuclear
para el adecuado acceso a la justicia, que resulta fundamental para el goce y la
protección de los derechos humanos, así como una condición sine qua non para la
vigencia del Estado de Derecho.
El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) se refiere
a las garantías judiciales que deben observarse en la substanciación de todo proceso para
la determinación de derechos y obligaciones. El inciso 1 señala específicamente su
obligatoriedad, dentro de un plazo razonable establecido para evitar dilaciones
indebidas que se traduzcan en privación o denegación de justicia.
En relación con ello, el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), dispone que toda persona tiene derecho a que se
le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial.
Además, el diverso numeral 25.1 de la CADH establece, en lo atinente, que toda persona
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia Convención; en tanto
que el artículo 25.2.c) de la propia Convención prevé que los Estados se comprometen a
garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se
haya estimado procedente el recurso.
Finalmente, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, y que
toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, entre otras
cuestiones, para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
En el caso Furlán y Familiares Vs. Argentina (2012:párr.194), la Corte IDH reiteró que,
para determinar la razonabilidad del plazo se debe tomar en cuenta la afectación
generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona
involucrada, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia;
asimismo, que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica
del individuo, resultará necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a
fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve.
Conforme a ello, el plazo razonable variará de un caso a otro; sin embargo, es posible
analizar en abstracto, si por la forma en que está instrumentado determinado
procedimiento en la ley, objetivamente se puede considerar que cumple con la
razonabilidad del plazo, sin menoscabo del debido proceso, pues la abreviación de un
procedimiento puede incidir en la disminución sustancial de las posibilidades de defensa
de las partes involucradas.
Ahora bien, la Corte IDH ha reconocido, entre otros, en el caso Furlán y Familiares Vs.
Argentina (2012:párr.149), que la falta de ejecución de las sentencias tiene “vinculación
directa con la tutela judicial efectiva para la ejecución de los fallos internos”, a la luz del
artículo 25 de la CADH, y que el análisis de la etapa de ejecución de las sentencias
puede también abordarse para contabilizar el término de duración de un proceso, para
determinar su incidencia en la prolongación del plazo razonable de un proceso (casos
Mejía Idrovo Vs. Ecuador, párr. 84, y “Cinco Pensionistas” Vs. Perú, párr. 138, entre
otros; citados en Furlán y Familiares Vs. Argentina).
Aunado a ello, se debe tomar en cuenta que la jurisprudencia de la Corte IDH ha
establecido cuatro elementos, para determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad
del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades
judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en
el proceso. Los tres primeros establecidos en el caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua
-2-
(1997:párr. 77), y el último agregado en el caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia
(2008:párr. 49).
Asimismo, la Corte IDH, citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en el documento denominado “El acceso a la justicia como garantía de los derechos
económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema
interamericano de derechos humanos” (2007:párr. 40 y 339) ha entendido que la demora
en la ejecución de la sentencia no puede ser tal que conlleve una mayor afectación de los
derechos protegidos en la decisión y, en consecuencia, desvirtúe el derecho a la
protección judicial efectiva.
En ese contexto, en este trabajo se propone analizar el juicio oral mercantil que fue
recientemente incorporado en el Código de Comercio, al adicionarse el título especial
relativo mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de
enero de 2011 y reformado, a su vez, por diverso decreto publicado en el DOF el 9 de
enero de 2012, el cual se instrumentó para tramitar, conforme al artículo 1390 Bis, en
relación con el 1339, ambos de dicho ordenamiento, las contiendas cuya suerte principal
sea inferior a $539,756.58 pesos M.N.1
Lo anterior porque, si bien es cierto que aun siendo irrecurribles las resoluciones y la
sentencia definitiva dictada en el procedimiento oral mercantil, éste satisface el estándar
interamericano del acceso a la justicia, al privilegiar la prontitud perseguida con su
regulación, aunado a que el recurso efectivo a que toda persona tiene derecho se
satisface con la procedencia del amparo directo contra dicha sentencia definitiva,
también lo es que resta examinar específicamente la etapa de ejecución de sentencia
aplicable a todos los procedimientos mercantiles, pues el juicio oral carece de una fase
especial de ejecución; ello, con la intención de establecer si el legislador mexicano,
además de incluir un juicio especial de naturaleza concentrada y pronta resolución, debió
crear un procedimiento de ejecución de sentencia especial para el juicio oral mercantil, a
fin de hacerlo más dinámico, en aras de la razonabilidad del plazo de resolución de la
1
Según monto actualizado mediante decreto publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2013.
-3-
controversia, y con ello garantizar la prontitud del acceso a la justicia, en beneficio de
los justiciables y de la sociedad en general, pues ésta se encuentra interesada en que las
sentencias que constituyen cosa juzgada y son la verdad legal, se ejecuten de manera
expedita, dado que la sentencia sólo sirve al vencedor cuando recibe materialmente el
monto de la condena.
La pertinencia de este tema se da en el contexto actual de México que, a partir de la
reforma al artículo 1º constitucional de junio de 2011, ha iniciado una cultura de respeto
a los derechos humanos; por ello, si conforme a los estándares desarrollados por el
derecho internacional de los DDHH sobre el derecho a contar con recursos judiciales
idóneos y efectivos, la obligación de los Estados es también positiva, para organizar el
aparato institucional de modo que todos puedan acceder a esos recursos, removiendo los
obstáculos normativos y de otra índole que impidan o limiten la posibilidad de acceso a
la justicia, es patente entonces que México debe ajustar su legislación para garantizar
plenamente aquel derecho fundamental, sin menoscabar los derechos de defensa de las
partes que intervienen en los procedimientos y así respetar el debido proceso.
En esa corriente se inscriben la reforma constitucional de 2008 en relación con el
procedimiento oral adversarial en materia penal, y la efectuada al Código de Comercio
en 2011-2012, para regular el juicio oral mercantil. De ahí que sea necesario analizar, si
al llevar a cabo la segunda de esas reformas el Estado mexicano cumple con los
estándares interamericanos a cuyo respeto está obligado, o bien, si en realidad debió
abordarse una reforma integral, que estableciera un procedimiento de ejecución de
sentencia especial, a fin de dotar al juzgador de facultades para intervenir de oficio y así
velar por que las sentencias dictadas en el juicio oral mercantil realmente se ejecuten, y
con ello garantizar el acceso a la justicia que incluye el procedimiento de ejecución, ya
que incluso el artículo 17 constitucional establece en su párrafo quinto, que las leyes
federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la plena
ejecución de las resoluciones de los tribunales.
Para ello, deben tenerse en consideración los obstáculos procedimentales y materiales
que enfrenta la parte que pretende ejecutar una sentencia, a fin de establecer si al
-4-
incorporar el juicio oral mercantil al Código de Comercio, el legislador debió
implementar una etapa de ejecución de sentencia especial, en la cual se dotara al juez de
facultades para impulsarla oficiosamente y se eliminaran al máximo los obstáculos
procesales, y así lograr un acceso efectivo a la justicia, puesto que la ejecución forma
parte del juicio, como lo ha reconocido la Corte IDH; además, mientras no se ejecute
una sentencia que es cosa juzgada y constituye la verdad legal, no puede considerarse
que ha habido pleno acceso a la justicia.
-5-
CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO DEL JUICIO ORAL MERCANTIL
1. Principios que rigen al juicio oral mercantil
Los principios procesales deben entenderse como aquellos rasgos o peculiaridades
esenciales del desenvolvimiento de todo proceso (Gómez Lara, 2008:292). En el juicio
oral mercantil imperan los de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción,
continuidad y concentración, por disposición expresa del artículo 1390 Bis 2 del Código
de Comercio2.
El principio de oralidad
Se refiere a la forma verbal en que debe desarrollarse el debate, a diferencia del sistema
tradicional escrito. Al efecto, el Código de Comercio incorpora la audiencia preliminar,
la de juicio y la de continuación de ésta. En ellas se desarrollan en forma oral los actos
concernientes a la depuración del procedimiento, excepciones procesales, desahogo de
pruebas, alegatos y lectura de los puntos resolutivos de la sentencia. Este principio es
fundamental para que, a su vez, operen otros principios rectores. Para conservar el
contenido de lo expresado oralmente en las audiencias referidas, se video graba la
imagen y audio, lo que permite conservar su contenido, y al juez le brinda contacto
directo con las partes y con las pruebas, al desahogarlas y dictar su resolución. La forma
en que las partes formulan sus interrogantes, la firmeza de las respuestas, el silencio y la
expresión corporal de quienes intervienen, son elementos ausentes en la trascripción de
los actos y ahora están a la vista del juez al dictar su resolución, como si en ese momento
ocurrieran.
En aras de resaltar la importancia del principio de oralidad, citando a Duce y Pérez
Perdomo, Carbonell y Ochoa (2009:18) sostienen:
2
Artículo 1390 Bis 2. En el juicio oral mercantil se observarán especialmente los principios de oralidad,
publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración.
-6-
“…la confección del expediente se ha vuelto la tarea central de los órganos judiciales,
demeritando la búsqueda de la verdad, que con frecuencia se encuentra extraviada dentro de los
cientos o acaso miles de fojas ilegibles que integran los expedientes judiciales”.
Los propios autores sostienen que el proceso oral frente al escrito tiene las ventajas de
permitir a las partes que verifiquen la autenticidad de las pruebas, que controlen su
formación y desahogo, que exista una identificación física del juzgador durante todo el
proceso, y que las partes puedan dialogar frente al juez y con el juez, entre otras.
(Carbonell y Ochoa, 2009:119)
Para que la operación de este sistema de juicio oral sea funcional, es necesario que los
tribunales cuenten con sistemas electrónicos adecuados para la grabación de imagen y
sonido y además es indispensable que los sujetos que intervengan en las audiencias sean
suficientemente instruidos sobre la operación de este sistema, para su uso adecuado. En
las grabaciones se debe tener cuidado en el uso del micrófono, hablar fuerte y claro para
que la grabación pueda ser escuchada con claridad, en tanto que las cámaras para la
grabación de imágenes deben ser utilizadas correctamente, a fin de que la imagen de las
personas que intervengan en las audiencias y de los documentos que se exhiban puedan
ser apreciadas con claridad posteriormente.
El principio de publicidad
Implica que todos los actos dentro del juicio son públicos. Cualquier persona interesada
puede asistir a la sala de audiencias y presenciar el desarrollo de las actuaciones
procesales.
La publicidad actúa en beneficio de la recta impartición de justicia, inhibe la corrupción,
mantiene a las partes en estado de mayor igualdad y convoca a una mejor rendición de
cuentas. Este principio es aceptado en muchos países y supone un elemento central de
lucha contra la corrupción y la ineficacia que se desarrollan en escenarios opacos y
alejados de la mirada pública. Al respecto, Ferrajoli (2004:616) sostiene que la
publicidad “asegura el control tanto externo como interno, de la actividad judicial”, con
lo cual destaca la participación de la opinión pública y de las partes.
-7-
El referido principio encuentra sustento en el artículo 103 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1948, y se refiere al carácter público de las actuaciones relativas a los
procedimientos seguidos ante los tribunales, para que no sean ocultas o secretas; deben
estar abiertas al conocimiento directo de la ciudadanía en general y garantizar el control
interno y externo de la actividad judicial, al quedar expuesta a la vista de todos, aunque
ello no implica que tales actuaciones puedan ser difundidas públicamente. Ciertamente,
quien tenga interés en el desarrollo de un proceso puede asistir a todas las audiencias,
pero no puede al amparo de este principio, pretender el acceso al expediente del tribunal,
ni tiene derecho a grabar y difundir la grabación del proceso.
La publicidad de los juicios era una idea que ya estaba presente en el pensamiento de la
ilustración. Jeremy Bentham y Beccaria, citados por Carbonell y Ochoa (2009:121)
sostuvieron respectivamente, que “Cuanto más secretos han sido los tribunales más
odiosos han resultado”; y “el escudo más seguro de la tiranía es el secreto”. Sobre la
publicidad procesal, Fix-Zamudio (2007:216) apunta que es:
“aquella fase del procedimiento en la que están presentes y participan activamente tanto el juez o
tribunal como las partes y las personas interesadas, pero además, cuando los actos del
procedimiento pueden ser observados directa y públicamente por el público en general, con
algunas limitaciones, por medios de comunicación”.
Por su parte, Perfecto Andrés Ibáñez (2004:64-65) considera que la publicidad se opone
al secreto de las actuaciones judiciales y busca darles un grado de transparencia que
haga posible su control por quienes son parte o están directamente interesados
(publicidad interna) y por quienes, como ciudadanos, tienen un genérico y objetivo
interés en que el proceso se desarrolle por cauces legales (publicidad externa).
El principio de igualdad
Implica que las partes en el proceso deben ser tratadas con igualdad y tener idénticas
oportunidades para la defensa de sus intereses. Este principio está previsto en la parte
3
Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
-8-
general de Código de Comercio, en su artículo 1080, fracción I.4
Devis Echandía, citado por Camargo Nassar (2011:3-4) considera que del principio de
igualdad se deducen dos consecuencias: 1. La de que en el curso del proceso las partes
gozan de iguales oportunidades para su defensa, que es una aplicación del postulado que
consagra la igualdad de los ciudadanos ante la ley, base de la organización de los
Estados modernos, y 2. Que no son aceptables los procedimientos privilegiados en
relación con raza, fortuna o nacimiento de las partes.
El principio de inmediación
Este indica que el juez debe estar presente en la audiencia y dicha presencia debe ser
física y no remota, además que debe ser continua; por tanto, si el juez se ausenta o no
acude a la audiencia, todo lo actuado será nulo de pleno derecho.
Este principio implica, sostiene Carbonell (2013:140), que los jueces tendrán un
conocimiento más cercano del caso y no podrán emitir sus fallos con la única guía de un
frío expediente y del proyecto que les prepare algún secretario. Dicho principio
encuentra sustento en la fracción II del apartado A del artículo 20 constitucional, que si
bien se refiere a la materia penal, es aplicable a cualquier juzgamiento. Tal dispositivo
señala: “II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar
en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse
de manera lógica y libre”.
Este principio requiere de profundos cambios en la organización tradicional del trabajo
judicial. Al respecto, García Ramírez (2010:124) refiere que los jueces deben contar con
el tiempo y la preparación necesaria para conducir una audiencia. Lo mismo debe
decirse de los demás involucrados en la citada diligencia, quienes deben tener cierto
4
Artículo 1080. Las audiencias en todos los procedimientos se llevarán a cabo observando las siguientes
reglas:
(REFORMADA, D.O.F. 9 DE JUNIO DE 2011)
I. Siempre serán públicas, manteniendo la igualdad entre las partes, sin hacer concesiones a una de ellas
sin que se haga lo mismo con la otra, evitando disgresiones y reprimiendo con energía las promociones de
las partes que tiendan a suspender o retardar el procedimiento, el cual debe ser continuado, y en
consecuencia resolverán en la misma cualquier cuestión o incidente que pudieran interrumpirla;
-9-
grado de compromiso, profesionalismo y preparación, porque el éxito de las audiencias
no puede depender solamente del juez.
El principio de inmediación requiere que se cuente con la infraestructura que permita la
comodidad y dignidad debidas, para el desarrollo de los correspondientes actos rituales,
la presencia física de las partes y del público que quiera observarlos. Con la
inmediación, consecuencia directa de la oralidad, se tiende a erradicar la situación que
impera en el sistema tradicional, en que “las audiencias y otras actuaciones judiciales
son dirigidas por secretarios judiciales en el mejor de los casos, o por simples
mecanógrafos en el peor” (Carbonell y Ochoa, 2009:120).
La denominación de este principio es sinónimo de cercanía o proximidad, y junto con el
de oralidad es base fundamental en el procedimiento oral. Pretende la comunicación
íntima y directa del juez con las partes y de éstas entre sí, para que puedan percibir
directamente el desarrollo del proceso, eliminando la barrera que representa la simple
lectura de un expediente escrito, que a la distancia no es fiel reflejo de los hechos
históricos desarrollados durante el debate.
El principio de contradicción
Este significa que todo lo que se aporte al juicio puede ser objeto de refutación y que las
partes tendrán a su disposición los mismos elementos para demostrar que les asiste la
razón, sin que una parte tenga la posibilidad de aportar pruebas de mayor valor o de más
peso que la otra. García Ramírez (2010:121-122) sostiene que la contradicción implica,
en esencia, que “la igualdad de las partes en el proceso y la consideración que ambas
merecen en aras de la justicia, obliga a dar a cada una oportunidades iguales para
esgrimir sus pretensiones, probar sus afirmaciones y exponer sus razones”.
Este principio, también llamado de bilateralidad, es una de las formalidades esenciales
del procedimiento. Implica que en todo proceso, ambas partes deben tener oportunidad
de exponer sus argumentos, ofrecer y desahogar pruebas, formular alegatos, oponerse a
las pretensiones de la contraria y de impugnar las resoluciones judiciales. Impone al juez
la obligación de conceder el derecho de réplica a la parte a la que pueda causar perjuicio
- 10 -
una resolución, comunicando a la contraria, toda petición o pretensión formulada por
una de las partes en el proceso, para que pueda prestar su consentimiento o formular su
oposición.
La fracción VI del apartado A del artículo 20 constitucional señala, que “Ningún
juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin
que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción,
salvo las excepciones que establece esta Constitución”. Este principio tiende a terminar
con la práctica del “alegato de oreja” (Carbonell, 2013:135), el cual se ejerce en privado
por las partes (o por una de ellas) sobre el juzgador, quien debe evitar en la medida de lo
posible el contacto con los litigantes fuera de los supuestos previstos legalmente.
Ferrajoli afirma:
“en un sistema penal de tipo cognoscitivo, todos los actos en que se expresa el principio de
contradicción –imputaciones, absoluciones, testimonios, confesiones, denuncias del complicado,
reconocimientos, careos, requisitorias, alegatos defensivos, impugnaciones, excepciones etcéteraequivale a momentos de un conflicto entre verdades judiciales contrapuestas: es decir, entre
aserciones que anuncian o sostienen hipótesis acusatorias y aserciones que las contradicen,
confutando con ello no solo su verdad, sino también la validez de los preceptos en que se apoya”.
(Ferrajoli, 2004:543)
La efectiva realización del principio de contradicción requiere también de ciertas
habilidades discursivas y analíticas por parte de los participantes en las audiencias del
juicio oral. Al efecto, será esencial la capacitación correspondiente.
El principio de continuidad
Consiste en que las actuaciones judiciales no deben ser interrumpidas y agotarse todos
los temas a examinar una vez que han dado comienzo (Carbonell, 2013:139). Este
principio resulta indispensable para realizar en la práctica el principio de concentración.
Así, ambos principios guardan una estrecha relación y se puede afirmar que uno es
condición necesaria para que exista el otro.
El Código de Comercio reconoce este principio en su artículo 1390 Bis 38, que establece
que la audiencia de juicio no se suspenderá ni se diferirá en ningún caso por falta de
preparación o desahogo de las pruebas admitidas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor;
- 11 -
así como en el diverso 1390 Bis 40, que establece que los incidentes que no tengan
tramitación especial sólo podrán promoverse oralmente en las audiencias y éstas no se
suspenderán.
El principio de concentración
Éste supone que la mayoría de los actos procesales se van a realizar en una sola
audiencia (idealmente) o en un número muy reducido de actuaciones procesales, lo que
va a permitir que el proceso se abrevie lo más posible. Sobre este principio, Fix
Zamudio apunta:
“significa, en esencia que el procedimiento no debe fragmentarse en diversas etapas preclusivas,
lejanas en el tiempo unas de otras y con constantes impugnaciones de numerosos actos
procesales y de intermedios, como ocurre con el proceso predominante o exclusivamente escrito,
el que se prologa excesivamente en el tiempo… En las fases orales del proceso debe predominar
la reunión o condensación del procedimiento en una o varias audiencias orales, en las cuales las
partes, en presencia y orientación del juez o tribunal presenten o desahoguen sus medios de
convicción y formulen verbalmente sus alegatos finales, si es posible en la audiencia final se
dicten lo puntos resolutivos del fallo respectivo”. (Fix Zamudio, 2007:217).
La cercanía temporal de las actuaciones o incluso el desahogo de todas ellas en una
única audiencia abona para el acortamiento de la duración del proceso (Carbonell,
2013:139) y permite darle una secuencia lógica que no se interrumpe.
Este principio tiene especial relevancia en el juicio oral, ya que con él se pretende que el
mayor número de actos procesales se realicen en el menor número de audiencias, con el
objeto de dar continuidad al proceso, y evitar la dispersión de los actos en etapas
distantes (Camargo Nassar, 2011:7). Así, se evita que la distancia entre la celebración de
un acto procesal y otro prolongue innecesariamente el proceso y represente la necesidad
de llevar a cabo otros actos procesales, como notificaciones, publicaciones, vistas,
citaciones y actuaciones que, a la distancia, separan al juez del conocimiento de los
hechos relevantes del debate, generando que la actividad jurisdiccional se distraiga en
cuestiones de trámite y se generen expedientes voluminosos, desarticulados, que
impidan la estructuración de un proceso ordenado.
Gómez Lara (2004:64) afirma que la concentración es una de las características que
permiten que un proceso pueda ser calificado de oral; asimismo, que la concentración de
- 12 -
actuaciones entraña una aplicación del principio de economía procesal, en virtud del cual
puede realizarse el mayor número de actos procesales en el más corto tiempo posible. El
Código de Comercio establece en sus artículos 1390 Bis 32 y 1390 Bis 38, la
celebración únicamente de dos audiencias, en las que deben desahogarse las etapas del
proceso relativas a la depuración, conciliación y/o mediación, excepciones, desahogo de
pruebas, alegatos y sentencia.
2. Procedimiento del juicio oral mercantil
El procedimiento del juicio oral es sumamente sencillo, ya que se limita a los actos
escritos consistentes en la demanda y su admisión, la contestación a la demanda y
reconvención en su caso, contestación a la reconvención de existir ésta, y desahogo de la
vista dada con el escrito de contestación a la demanda o a la reconvención. Después de
ese desahogo o de que transcurra el plazo para hacerlo, se procede al señalamiento de
una audiencia preliminar dentro de los diez días siguientes (artículo 1390 Bis 20 del
Código de Comercio).
Después tiene lugar la fase oral, que inicia con la celebración de la audiencia preliminar,
regulada en el Código de Comercio, en sus artículos 1390 Bis 32 a 1390 Bis 37, de los
cuales se desprende, en esencia:
Su objeto es: a) la depuración del procedimiento; b) la conciliación y/o mediación de las
partes por conducto del juez; c) la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos;
d) la fijación de acuerdos probatorios; e) la calificación sobre la admisibilidad de las
pruebas, y f) la citación para audiencia de juicio (artículo 1390 Bis 32)5.
5
Artículo 1390 Bis 32. La audiencia preliminar tiene por objeto:
I. La depuración del procedimiento;
II. La conciliación y/o mediación de las partes por conducto del juez;
III. La fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos;
IV. La fijación de acuerdos probatorios;
V. La calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, y
VI. La citación para audiencia de juicio.
- 13 -
Se lleva a cabo con o sin asistencia de las partes, pero al ausente sin causa justificada, se
le debe imponer multa de $2,159.03 a $5,397.57, según el monto actualizado en 2014
(artículo 1390 Bis 33)6.
El juez examina la legitimación procesal y procede, en su caso, a resolver las
excepciones procesales para depurar el procedimiento, salvo la incompetencia, que debe
ser tramitada conforme a la parte general del código –inhibitoria o declinatoria– (artículo
1390 Bis 34, en relación con el 1114)7.
Si no se oponen excepciones procesales o las opuestas se declaran improcedentes, el
juez procede a la conciliación de las partes y al efecto les debe proponer soluciones. Si
éstas llegan a un convenio, el juez lo aprueba de plano si procede y lo eleva a la
categoría de cosa juzgada. En caso de desacuerdo, el juez prosigue con la audiencia, sin
que puedan invocar las partes, las manifestaciones vertidas en las propuestas de
conciliación y/o mediación (artículo 1390 Bis 35)8.
Después, las partes pueden solicitar al juez la fijación de acuerdos sobre hechos no
controvertidos (artículo 1390 Bis 36)9, en tanto que dicho juzgador puede proponer a las
partes que realicen acuerdos probatorios respecto de las pruebas ofrecidas, para
determinar cuáles son innecesarias. Si no llegan a acuerdo probatorio alguno, el juez
6
Artículo 1390 Bis 33. La audiencia preliminar se llevará a cabo con o sin la asistencia de las partes. A
quien no acuda sin justa causa calificada por el juez se le impondrá una sanción, que no podrá ser inferior
a $2,159.03 (Dos mil ciento cincuenta y nueve pesos 03/100 M.N., ni superior a $5,397.57 (Cinco mil
trescientos noventa y siete pesos 57/100 M.N.), monto que se actualizará en los términos del artículo 1253
fracción VI de este Código.
7
Artículo 1390 Bis 34. El juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y procederá,
en su caso, a resolver las excepciones procesales con el fin de depurar el procedimiento; salvo las
cuestiones de incompetencia, que se tramitarán conforme a la parte general de este Código.
8
Artículo 1390 Bis 35. En caso de que resulten improcedentes las excepciones procesales, o si no se
opone alguna, el juez procurará la conciliación entre las partes, haciéndoles saber los beneficios de llegar a
un convenio proponiéndoles soluciones. Si los interesados llegan a un convenio, el juez lo aprobará de
plano si procede legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada. En caso de desacuerdo, el juez
proseguirá con la audiencia.
Las partes no podrán invocar, en ninguna etapa procesal, antecedente alguno relacionado con la
proposición, discusión, aceptación, ni rechazo de las propuestas de conciliación y/o mediación.
9
Artículo 1390 Bis 36. Durante la audiencia, las partes podrán solicitar conjuntamente al juez la fijación
de acuerdos sobre hechos no controvertidos.
- 14 -
provee sobre la admisión o no de las pruebas, y sobre su preparación y desahogo en la
audiencia de juicio, quedando a cargo de las partes su oportuna preparación, con el
apercibimiento de declararlas desiertas. Únicamente se admiten las pruebas permitidas
por la ley, referidas a los puntos cuestionados y que cumplan los requisitos legales. Sólo
cuando lo estime necesario, en auxilio del oferente, el juez expide los oficios o
citaciones y nombra al perito tercero en discordia, dejando a disposición del oferente los
oficios y citaciones respectivas; finalmente, fija fecha para la celebración de la audiencia
de juicio, entre diez y cuarenta días posteriores (artículo 1390 Bis 37)10.
Audiencia de juicio
Esta audiencia se encuentra regulada en el artículo 1390 Bis 38 del ordenamiento
mercantil citado, el cual dispone que se procede al desahogo de las pruebas que estén
preparadas en el orden que el juez estime pertinente, quien cuenta con amplias
facultades como rector del procedimiento, y dejará de recibir las que no estén
preparadas, haciendo efectivo el apercibimiento efectuado al oferente; sin que la
audiencia pueda suspenderse o diferirse por falta de preparación o desahogo de las
pruebas admitidas, salvo en casos expresamente determinados por la ley, por caso
fortuito o de fuerza mayor. Se concede el uso de la palabra, por una vez, a cada parte
para formular sus alegatos, y se declara visto el asunto, citando a las partes para la
continuación de la audiencia, dentro de los 10 días siguientes (artículo 1390 Bis 38)11.
10
Artículo 1390 Bis 37. El juez podrá formular proposiciones a las partes para que realicen acuerdos
probatorios respecto de aquellas pruebas ofrecidas a efecto de determinar cuáles resultan innecesarias.
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo probatorio, el juez procederá a la calificación sobre la
admisibilidad de las pruebas, así como la forma en que deberán prepararse para su desahogo en la
audiencia de juicio, quedando a cargo de las partes su oportuna preparación, bajo el apercibimiento que de
no hacerlo se declararán desiertas de oficio las mismas por causas imputables al oferente. Las pruebas que
ofrezcan las partes sólo deberán recibirse cuando estén permitidas por la ley y se refieran a los puntos
cuestionados y se cumplan con los demás requisitos que se señalan en este Título.
La preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo que deberán presentar a los testigos,
peritos y demás, pruebas que les hayan sido admitidas; y sólo de estimarlo necesario, el juez, en auxilio
del oferente, expedirá los oficios o citaciones y realizará el nombramiento del perito tercero en discordia,
en el entendido de que serán puestos a disposición de la parte oferente los oficios y citaciones respectivas,
a afecto de que preparen sus pruebas y éstas se desahoguen en la audiencia de juicio.
En el mismo proveído, el juez fijará fecha para la celebración de la audiencia de juicio, misma que deberá
celebrarse dentro del lapso de diez a cuarenta días.
11
Artículo 1390 Bis 38. Abierta la audiencia se procederá al desahogo de las pruebas que se encuentren
debidamente preparadas en el orden que el juez estime pertinente. Al efecto, contará con las más amplias
- 15 -
En la continuación de dicha audiencia se dicta la sentencia y, al efecto, el juez expone,
oralmente y de forma breve, los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su
sentencia y da lectura a sus puntos resolutivos; hecho lo cual, queda a disposición de las
partes copia de la sentencia emitida. Si nadie acude a la audiencia, se dispensa la lectura
de los puntos resolutivos (artículo 1390 Bis 39)12. Consideramos que en ese caso,
también debe omitirse la exposición breve de los fundamentos de hecho y de derecho
que sustentan la sentencia, pues no tendría sentido, por una parte, dispensar la lectura de
los puntos resolutivos y, por otra, exponer oralmente los fundamentos mencionados, si
no hay asistentes a quienes el juez deba dirigirse.
3. Pruebas admisibles y su desahogo
En el título del juicio oral mercantil, no hay disposición alguna que establezca qué
pruebas pueden ofrecerse; por tanto, debe acudirse a las reglas contenidas en las
disposiciones generales del Código de Comercio, relativas a los juicios mercantiles, en
cuyo artículo 120513 establece que es admisible como prueba, cualquier elemento que
pueda producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos
o dudosos.
facultades como rector del procedimiento; dejando de recibir las que no se encuentren preparadas y
haciendo efectivo el apercibimiento realizado al oferente; por lo que la audiencia no se suspenderá ni
diferirá en ningún caso por falta de preparación o desahogo de las pruebas admitidas, salvo en aquellos
casos expresamente determinados en este Título, por caso fortuito o de fuerza mayor.
En la audiencia sólo se concederá el uso de la palabra, por una vez, a cada una de las partes para formular
sus alegatos.
Enseguida, se declarara el asunto visto y citará las partes para la continuación de la audiencia dentro del
término de diez días siguientes, en la que se dictará la sentencia correspondiente.
12
Artículo 1390 Bis 39. El juez expondrá oralmente y de forma breve, los fundamentos de hecho y de
derecho que motivaron su sentencia y leerá únicamente los puntos resolutivos. Acto seguido quedará a
disposición de las partes copia de la sentencia que se pronuncie, por escrito.
En caso de que en la fecha y hora fijada para esta audiencia no asistiere al juzgado persona alguna, se
dispensará la lectura de la misma.
13
Artículo 1205. Son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir
convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia
serán tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, documentos públicos o
privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles, cintas cinematográficas, de videos, de sonido,
mensajes de datos, reconstrucciones de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que sirva para
averiguar la verdad.
- 16 -
De modo que en el juicio tramitado en la vía oral mercantil, como en cualquiera otra
prevista en el Código de Comercio, el juez puede hacer uso de cualquier instrumento
que sirva para averiguar la verdad, con la única limitación prevista en los diversos
preceptos 1198 y 1203 del propio ordenamiento mercantil, contenidos también en su
parte general, en el sentido de que no se admitirán pruebas contrarias a la moral o al
derecho, que se hayan ofrecido extemporáneamente, sobre hechos no controvertidos o
ajenos a la litis; sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles.
No obstante esa amplitud probatoria, el ordenamiento mercantil citado establece reglas
para el ofrecimiento de las pruebas, específicamente en su artículo 1390 Bis 1314, en el
cual dispone que las partes deben ofrecer sus pruebas en los escritos de demanda,
contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista de éstas,
expresando con claridad el hecho o hechos que tratan de demostrar con ellas, así como
las razones por las que consideran que demostrarán sus afirmaciones, proporcionando el
nombre, apellidos y domicilio de los testigos que hubieren mencionado, así como los de
sus peritos, y la clase de pericial de que se trate con el cuestionario a resolver,
exhibiendo las documentales que tengan en su poder o el escrito sellado con el que
hayan solicitado las que no obren en su poder.
Dado que, como se vio, en el juicio oral es admisible cualquier tipo de prueba, siempre
que no sea contraria a la moral o al derecho, o no se refiera a hechos no controvertidos,
a continuación analizaremos las pruebas que con más frecuencia se allegan a los
procedimientos civiles y mercantiles, como mero marco de referencia, puesto que no
son exclusivas del juicio oral mercantil.
14
Art. 1390 Bis 13. En los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y
desahogo de vista de éstas, las partes ofrecerán sus pruebas expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos
que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente considera que demostrarán sus
afirmaciones, proporcionando el nombre, apellidos y domicilio de los testigos que hubieren mencionado en los
escritos señalados al principio de este párrafo, así como los de sus peritos, y la clase de pericial de que se trate con el
cuestionario a resolver, que deberán rendir durante el juicio, exhibiendo las documentales que tengan en su poder o el
escrito sellado mediante el cual hayan solicitado los documentos que no tuvieren en su poder en los términos del
artículo 1061 de este Código.
El juez no admitirá pruebas que sean contrarias al derecho o la moral; que se hayan ofrecido extemporáneamente,
salvo que se tratare de pruebas supervenientes, en términos del artículo 1390 bis 49; que se refieran a hechos no
controvertidos o ajenos a la litis, o bien sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles.
Si las partes incumplen los requisitos anteriores, el juez desechará las pruebas.
- 17 -
Confesional
En sus artículos 1211 a 1213, el Código de Comercio establece que podrá ser judicial o
extrajudicial. La primera es aquella que se realiza ante juez competente al contestar la
demanda o absolver posiciones, mientras que la extrajudicial es la efectuada ante juez
incompetente.
Ahora bien, Becerra Bautista (1974:102) afirma que confesión judicial es el
reconocimiento de hechos propios que produce efectos jurídicos en contra de quien
siendo capaz lo hace libre y formalmente en juicio.
La confesión no sólo se debe de entender como un medio de prueba, sino también como
un acto procesal llevado a cabo en cualquier momento del proceso o fuera de él, como
en la demanda, contestación a ella, y como acto prejudicial. Enrique M. Falcón
(2003:647) la define como “la declaración judicial o extrajudicial mediante la cual una
parte, capaz de obligarse…, en prejuicio propio, reconoce total o parcialmente la verdad
de un hecho que se refiere a ella…”. Así, en la demanda y su contestación, las partes
pueden hacer manifestaciones que constituyen confesiones.
Para Guasp, citado por Enrique E. Tarigo (1994:42), la prueba confesional es como
“…una declaración de conocimiento, emanada de una de las partes, y dotada de una
específica significación probatoria”.
Sobre la eficacia probatoria de la confesional, ilustra la tesis I.8o.C.122 C, de rubro:
“PRUEBA CONFESIONAL. SU EFICACIA PROBATORIA.”15, conforme a la
cual, la confesional tiene eficacia probatoria no sólo en contra del absolvente, cuando
15
Novena Época. Registro: 198987. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Abril de 1997. Materia(s): Civil. Tesis:
I.8o.C.122 C. Página: 270.
PRUEBA CONFESIONAL. SU EFICACIA PROBATORIA. La prueba confesional sólo tiene eficacia
probatoria en contra de la parte absolvente, cuando la misma acepta un hecho que le perjudica; y en contra
de la parte oferente, cuando ésta al articular posiciones realiza afirmaciones que perjudican a sus propios
intereses.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
- 18 -
acepta un hecho que le perjudica, sino también contra el oferente, cuando éste al
articular posiciones realiza afirmaciones que perjudican a sus propios intereses.
Cabe precisar que la prueba confesional sólo puede ser ofrecida por las partes y a cargo
de su contrario, esto es, no es factible ofrecer la confesional a cargo del colitigante, en
casos de litisconsorcio.
A diferencia de lo que ocurre en otros procedimientos, en que la prueba confesional
puede ofrecerse en tres momentos (en la demanda y contestación, durante el periodo de
ofrecimiento de pruebas, y 10 días antes de la audiencia de ley), en el juicio oral
mercantil, como se vio, la única oportunidad de ofrecer las pruebas tiene lugar en los
escritos iniciales y de desahogo, esto es, en la demanda, contestación a la demanda o a
la reconvención, y en el desahogo de la vista dada con dicha contestación, según lo
dispuesto en el artículo 1390 Bis 13 del Código de Comercio.
Demetrio Sodi, citado por Arellano García (2001:260) señala que la confesión era
llamada antiguamente probatis probatisima, por ser considerada en su tiempo como la
más eficaz y selecta de todas las pruebas, y que las leyes de partida la denominaban
cognoscencia, concibiéndola como “el conocimiento claro y explícito de los hechos
alegados por el contrario o del derecho del mismo, verificado por uno de los litigantes
ante el juez o tribunal competente, en la forma prevista por la ley”
Acorde a lo dispuesto en los artículos 1215 a 1217 del Código de Comercio, el
absolvente de la confesional está obligado a declarar bajo protesta de decir verdad, de
manera personal, cuando así lo exija el oferente, o por conducto de procurador con
poder especial para absolverlas, quien deberá conocer los hechos controvertidos propios
de su mandante y no podrá manifestar desconocerlos ni negarse a contestar, ya que de lo
contrario será declarado confeso de la posiciones calificadas de legales y, tratándose de
personas morales, la absolución se realizará por apoderado o representante con
facultades para ello.
Si el que debe absolver posiciones no estuviere en el lugar del juicio, el juez librará
exhorto acompañando cerrado y sellado el pliego de posiciones previamente calificadas
- 19 -
(artículo 1219 del Código de Comercio). Esta regla general constituye, en nuestra
opinión, una de las excepciones a la disposición acerca de que la audiencia de juicio no
se diferirá por falta de preparación de las pruebas, pues en este caso
necesariamente tendrá que diferirse dicha audiencia, dado que en ésta se
desahogan las pruebas.
Cabe especificar, por último, que la regla contenida en el artículo 1224, segundo
párrafo, del Código de Comercio16, acerca de que debe citarse personalmente al que
deba absolver posiciones, con dos días de anticipación, no tiene aplicación en el juicio
oral mercantil, en virtud de que, por una parte, el artículo 1390 Bis 10 del ordenamiento
citado establece, que en el juicio oral sólo se notificará personalmente el emplazamiento
y, por otra, el diverso precepto 1390 Bis 22 de la propia legislación dispone que las
determinaciones adoptadas en las audiencias, se tendrán por notificadas sin formalidad
alguna, a quienes estén presentes o debieron estarlo, lo cual implica que la citación para
la confesional se hace necesariamente en la audiencia preliminar, esté o no presente la
parte a cargo de quien se haya admitido la confesional.
Prueba documental
Moreno Cora, citado por Castrillón y Luna (2012:250) sostiene que los antiguos
prácticos españoles dividían a los documentos considerándolos como elementos
probatorios en tres clases: públicos, que eran los otorgados ante notarios con las
formalidades de ley; los auténticos, que eran los autorizados con el sello de una persona
o corporación que tenía facultad de extenderlos, y los privados, que no eran otorgados
ante escribano ni aparecían autorizados por ningún funcionario o autoridad. Puede
afirmarse válidamente, que documento, en sentido amplio, es la representación gráfica
en la que se hacen constar circunstancias diversas, que se derivan de la expresión de la
voluntad de sus otorgantes.
16
Artículo 1224.
(…) La notificación personal al que deba absolver posiciones se practicará, por lo menos con dos días de
anticipación al señalado para la audiencia, sin contar el día en que se verifique la diligencia de
notificación, el día siguiente hábil en que surta efectos la misma ni el señalado para recibir la declaración.
- 20 -
Para Chiovenda (Tomo III, 1989:265), en sentido amplio, documento es toda
representación material destinada e idónea para reproducir una determinada
manifestación del pensamiento.
A fin de diferenciar los documentos públicos de los privados, Moreno Cora, citado por
Castrillón y Luna (2012:251) sostiene que el público es otorgado ante un funcionario
instituido por la ley para dar fe de determinados actos y se encuentra además revestido
de todas las formalidades que la ley exige para su validez, mientras que el documento
privado sólo mediante su reconocimiento podrá adquirir el carácter de autenticidad de
que antes carecía.
El artículo 1237 del Código de Comercio establece que son instrumentos públicos los
que están reputados como tales en las leyes comunes, además de las pólizas de contratos
mercantiles celebrados con intervención de corredor y autorizados por éste, conforme a
lo dispuesto en el propio código.
En complemento a ello, debe acudirse al artículo 129 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, el cual dispone:
“Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los
límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos
por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.
La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos,
firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes”.
Por su parte, el numeral 1238 del Código de Comercio establece que documento privado
es cualquiera otro no comprendido en lo que dispone el artículo 1237 anterior.
Como se ve, el Código de Comercio no define al documento privado y sólo lo identifica
con un criterio de exclusión respecto del documento público. El documento privado
puede adquirir valor probatorio pleno, si se perfecciona en juicio, mediante el
reconocimiento expreso del contrario o a través de su reconocimiento tácito, que deriva
- 21 -
del hecho de que no lo objete en su oportunidad, según dispone el artículo 124117 del
Código de Comercio.
Prueba pericial
Constituye un medio que hace necesaria la participación en juicio de personas auxiliares
de la administración de justicia que poseen conocimientos especiales en alguna ciencia,
arte o técnica, a fin de examinar los objetos o documentos que son materia de litigio y
que expresan ante el órgano judicial el resultado de su análisis mediante el dictamen que
presenten.
Ovalle Favela (2008:164) sostiene que el dictamen pericial es juicio emitido por
personas que cuentan con una preparación especializada en alguna ciencia, técnica, o
arte, con el objeto de esclarecer alguno o algunos de los hechos materia de la
controversia.
Para Chiovenda (Tomo III, 1989:257), los peritos son personas llamadas a exponer al
juez no sólo las observaciones de sus sentidos y sus impresiones personales sobre los
hechos observados sino también las inducciones que deban sacarse objetivamente de los
hechos observados y de aquellos que les den por existentes, lo cual exige que los peritos
posean conocimientos teóricos o prácticos o aptitudes en ramas especiales, tales que no
tengan necesariamente que ser poseídos por cualquier persona culta.
De acuerdo con el artículo 1252, tercer párrafo, del Código de Comercio, solamente es
admisible la prueba pericial cuando se requieran conocimientos especiales mas no
generales que la ley presume necesarios en los jueces, por lo que se desecharán las que
se ofrezcan para ese tipo de conocimientos o que se encuentren acreditados en autos con
otras pruebas.
17
Artículo 1241. Los documentos privados y la correspondencia procedentes de uno de los interesados,
presentados en juicio por vía de prueba y no objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y
surtirán sus efectos como si hubieren sido reconocidos expresamente. Puede exigirse el reconocimiento
expreso si el que los presenta así lo pidiere; con este objeto se manifestarán los originales a quien deba
reconocerlos y se le dejará ver todo el documento, no sólo la firma.
- 22 -
Prueba testimonial
Ésta constituye un medio idóneo muy utilizado para probar hechos que han sido
apreciados por los sentidos de terceros ajenos al juicio, quienes están obligados a
declarar, cuando así lo solicite cualquiera de las partes, en relación con los
acontecimientos materia de controversia, que hayan escuchado o presenciado. En el
diccionario de Escriche, se define al testigo como “La persona fidedigna que puede
manifestar la verdad o falsedad de los hechos controvertidos” (Escriche, 1998:682).
Chiovenda (Tomo III, 1989:243) sostiene que testigo es una persona, distinta de los
sujetos procesales, a quien se llama a exponer al juez las observaciones propias de
hechos ocurridos de importancia para el proceso. Por su parte, Becerra Bautista
(1974:111) refiere que testigo es la persona ajena a las partes que declara en juicio sobre
hechos relacionados con la controversia, conocidos a través de sus sentidos.
En materia de prueba testimonial, los artículos 1261 a 1273 del Código de Comercio
establecen diversas reglas, entre las que destacan las siguientes, aplicables al juicio oral
mercantil:
Todos los que tengan conocimiento de los hechos que se deben de probar en juicio están
obligados a declarar como testigos; las partes deben presentar a sus testigos, pero
cuando estuvieren imposibilitados para hacerlo, deben manifestarlo bajo protesta de
decir verdad y pedir que los cite el juzgado, el cual lo hace con apercibimiento de
arresto hasta por 36 horas o multa hasta de 15 días de salario mínimo, aplicable al
testigo que no asista sin causa justificada o se niegue a declarar.
En el desahogo de la testimonial, las partes formulan las preguntas verbalmente,
debiendo tener relación directa con los puntos controvertidos y sin ser contrarias al
derecho o a la moral; en términos claros y precisos; interrogando el promovente de la
prueba y después los demás litigantes; el juez podrá hacer las preguntas que estime
convenientes relativas a los hechos controvertidos, conducentes a la investigación de la
verdad; cuando un testigo deje de contestar o incurra en contradicción, las partes pueden
pedir al juez que le exija las aclaraciones oportunas; si el testigo no sabe el idioma,
- 23 -
rendirá su declaración por medio de intérprete nombrado por el juez; los testigos serán
protestados y examinados en presencia judicial, haciéndose constar sus datos generales
así como su relación con las partes y la existencia o no de su interés en el pleito, además
que están obligados a dar la razón de su dicho. Sobre hechos probados por confesión
judicial no podrá quien los haya confesado rendir prueba de testigos.
Presunciones
El Código de Comercio las regula en sus artículos 1277 a 1286. En el primero de tales
preceptos, define a la presunción como la consecuencia que la ley o el juez deducen de
un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama
legal, y la segunda humana, en tanto que en los dispositivos 1278 y 1279 del
ordenamiento invocado establece, que hay presunción legal: “I. Cuando la ley la
establece expresamente; II. Cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la
ley”, y que existe presunción humana “cuando de un hecho debidamente probado se
deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél”.
El numeral 1280 del código en cita dispone, que el que tiene a su favor una presunción
legal, sólo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción.
En ese sentido, la presunción es la inferencia que la ley o el juez hacen de un hecho
conocido y probado, para acreditar otro litigioso.
Sobre su raíz etimológica, Gómez Lara (1998:167) afirma que deriva de la proposición
latina prae y del verbo summo, y significa tomar anticipadamente las cosas. Agrega que
en tal sentido, la presunción jurídica debe entenderse como la inferencia o conclusión
que se tiene acerca de las cosas o de los hechos aún antes de que éstos se demuestren o
aparezcan por sí mismos, de modo que la prueba presuncional no es sino un método
reconstructivo de inferencia o de deducción de los hechos materia de la controversia.
Becerra Bautista sostiene que la definición legal de presunción entendida como la
consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la
verdad de otro desconocido, legal y humana, respectivamente, fue tomada del Código
- 24 -
Civil Francés, el cual señala en su artículo 1349, que es “un juicio hecho por la ley o por
el hombre acerca de la verdad de una cosa mediante la consecuencia deducida por otra”
(Becerra Bautista, 1974:149).
Prueba superveniente
La prueba superveniente es la que llega al proceso fuera de los tiempos regulados por el
código adjetivo para su exhibición, pero únicamente puede tener esa calidad, la que es
posterior a las fechas de ofrecimiento de pruebas o aquella que siendo anterior, se
desconocía su existencia, lo cual debe manifestarse bajo protesta de decir verdad, o las
que no haya sido posible obtener previamente, por causas no imputables al oferente.
En esos términos sustanciales la prevé expresamente el Código de Comercio, en su título
especial relativo al juicio oral mercantil, en su artículo 1390 Bis 4918,
También serán pruebas supervenientes las que se ofrezcan con la finalidad de probar un
hecho posterior a las etapas de demanda y contestación; así, el hecho superveniente
abarca tanto la acción como la excepción, por lo cual ambas partes pueden estar en
aptitud de ofrecer pruebas para acreditar el hecho posterior.
Valoración de las pruebas
Cuando el asunto litigioso se encuentra en estado de sentencia, la labor judicial debe
poner especial atención en el análisis de las pruebas llevadas a su conocimiento por las
partes en relación con los hechos controvertidos, a fin de establecer, de acuerdo con las
reglas en materia de apreciación probatoria contenidas en la ley procesal, el valor
18
Artículo 1390 Bis 49. Después de la demanda y contestación, reconvención y contestación a la
reconvención en su caso, no se admitirán al actor ni al demandado, respectivamente, otros documentos que
los que se hallen en alguno de los casos siguientes:
I. Ser de fecha posterior a dichos escritos;
II. Los anteriores respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la parte que los presente no
haber tenido antes conocimiento de su existencia;
III. Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte
interesada.
Cuando alguna de las partes tenga conocimiento de una prueba documental superveniente, deberá
ofrecerla hasta antes de que se declare visto el asunto y el juez, oyendo previamente a la parte contraria en
la misma audiencia, resolverá lo conducente
- 25 -
jurídico que todas y en su conjunto tienen, para determinar si los hechos materia de la
controversia fueron o no suficientemente probados y a partir de ello, emitir su fallo.
En opinión de Alcalá-Zamora y Castillo (1992:107) la apreciación de las pruebas puede
obedecer a tres criterios fundamentales: o bien se encuentra prefijada por el legislador, y
entonces estamos ante el principio de prueba legal o tasada, o bien se encomienda sin
cortapisa alguna a la convicción del juez mediante el principio de la prueba libre, o bien
se atribuye al juzgador, pero con la obligación de razonar y justificar la valoración
efectuada, sobre el principio de sana crítica que, como regla general, se reputa superior
a los dos anteriores, aunque éstos puedan o deban ser preferidos en casos especiales
como la valoración tasada respecto de documentos.
El Código de Comercio prevé un sistema de valoración mixto, ya que si bien deja en
algunos casos el valor de las pruebas a la libre apreciación del juez, establece un valor
tasado para algunos medios de convicción, pues dispone que producen prueba plena la
confesión judicial hecha por persona capaz de obligarse; con pleno conocimiento y sin
coacción ni violencia; sobre hecho propio y concerniente al negocio, y conforme a las
prescripciones legales (artículo 1287), la documental pública (artículo 1292), las
actuaciones judiciales (artículo 1294), el documento que un litigante presente, el cual
prueba plenamente en su contra, aunque el colitigante no lo reconozca (artículo 1298), el
reconocimiento o inspección judicial, si se practicó en objetos que no requieran
conocimientos especiales o científicos (artículo 1299), los avalúos (artículo 1300), un
testigo que ambas partes –mayores de edad– convienen en pasar por su dicho (artículo
1304) y las presunciones legales que no admitan prueba en su contra (artículo 1305, en
relación con el 1281).
4. Alegatos y sentencia
Alegatos
Como se dijo al analizar la audiencia de juicio y su continuación, el artículo 1390 Bis 38
del Código de Comercio establece, en su segundo párrafo, que después del desahogo de
las pruebas, el juez debe conceder el uso de la palabra, por una vez, a cada una de las
- 26 -
partes para formular sus alegatos. Se trata de un derecho que las partes pueden decidir
ejercer o no; máxime que existen criterios de jurisprudencia19, en el sentido de que, por
regla general, no existe obligación legal del juzgador, de examinar los alegatos, dado
que éstos no forman parte de la litis. Si bien se trata de criterios referentes al juicio de
amparo, por analogía son aplicables a la materia mercantil, al versar sobre una cuestión
procesal común.
Ahora bien, los alegatos son los razonamientos jurídicos (doctrinales, normativos y
jurisprudenciales) emitidos a manera de conclusión por las partes (Castrillón y Luna,
2012:272), previamente a la emisión de la sentencia, los cuales tienden a convencer al
juez sobre la asistencia del derecho que pretenden haber demostrado, con base en los
elementos de convicción aportados, y que por la adecuación de los hechos alegados a la
hipótesis normativa, la resolución que habrá de dictar el órgano jurisdiccional, debe ser
favorable a sus intereses.
Ovalle Favela (2008:181) sostiene que los alegatos son las argumentaciones que
expresan las partes, una vez realizadas las fases expositivas y probatorias, para tratar de
demostrar al juzgador que las pruebas practicadas han confirmado los hechos afirmados
y que son aplicables los fundamentos de derecho aducidos por cada una de ellas, con la
finalidad de que aquél estime fundadas sus respectivas pretensiones y excepciones, al
pronunciar la sentencia definitiva.
A su vez, Couture refiere que aquéllos son “el escrito de conclusión que el actor y el
demandado presentan, luego de producida la prueba de lo principal, en el cual exponen
las razones de hecho y de derecho que abonan a sus respectivas conclusiones (Couture,
1976:98).
Sentencia
19
Octava Época. Registro: 205449. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 27/94. Página: 14.
Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27.
ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.
- 27 -
Como también se vio previamente, el artículo 1390 Bis 38, último párrafo, del Código
de Comercio, dispone que una vez que se dio oportunidad a las partes que formularan
sus alegatos, se declara visto el asunto, citando a las partes para la continuación de la
audiencia, dentro de los diez días siguientes; en tanto que el precepto 1390 bis 39 del
propio ordenamiento preceptúa, que en la referida continuación de audiencia se debe
dictar la sentencia, respecto de la cual el juez sólo da lectura a sus puntos resolutivos y
expone oralmente y de forma breve, los fundamentos de hecho y de derecho que
motivaron ese fallo, en el entendido de que tal lectura (lógicamente también la
exposición breve de los fundamentos de hecho y de derecho) se dispensa si ninguna
persona acude.
De manera que en el juicio oral mercantil, como en cualquier otro procedimiento, la
sentencia se dicta por escrito, y en la continuación de audiencia de juicio únicamente se
exponen de manera oral y textualmente, los resolutivos del fallo, además de una breve
explicación de sus fundamentos sustanciales.
Ahora bien, Couture, citado por Ovalle Favela, distingue dos significados de la palabra
sentencia: como acto jurídico procesal y como documento. En el primer caso la
sentencia es el acto procesal “que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el
cual deciden la causa o punto sometido a su conocimiento”. A su vez, como documento,
“la sentencia es la pieza escrita, emanada del tribunal, que contiene el texto de la
decisión emitida” (Ovalle Favela, 2008:188)
Es definida en el diccionario de Escriche (1998:634) como “La decisión legítima del
juez sobre la causa controvertida en su tribunal”.
Para Chiovenda (Tomo I, 1989:432), la sentencia es la forma más completa de
pronunciamiento del juez, que con base en un completo conocimiento de causa, acoge o
rechaza la demanda, afirmando o negando la existencia de la voluntad concreta de la
ley, que si impone al demandado una prestación dispuesta para la ejecución, es de
condena, que declara el derecho y prepara la ejecución forzosa; que si realiza uno de los
derechos potestativos que requieren para su actuación de la intervención del juez, es
- 28 -
constitutiva, y si se limita a declarar pura y simplemente la voluntad de la ley, es de
mera declaración.
La sentencia produce efectos de cosa juzgada, porque el mismo litigio ya no puede ser
materia de un juicio posterior, ni puede desconocerse lo que el juez determinó en esa
resolución, ni puede disminuirse el bien reconocido en dicho fallo. Por regla general, la
sentencia adquiere esa categoría de cosa juzgada, cuando se eleva a la calidad de la
verdad legal, lo que tiene lugar cuando ya es inmodificable, ya sea porque haya sido
materia del recurso de apelación o haya precluido el derecho de los interesados a hacer
valer ese medio de impugnación; sin embargo, en el juicio oral mercantil la sentencia,
una vez dictada, adquiere calidad de cosa juzgada y constituye la verdad legal sobre el
litigio que haya dirimido, en virtud de que, por disposición expresa del artículo 1390
Bis, segundo párrafo, del Código de Comercio, contra las resoluciones pronunciadas en
el referido juicio oral no procede recurso ordinario alguno.
En cuanto al contenido de la sentencia, según lo dispone el artículo 1077 del Código de
Comercio, aquélla debe ser clara, precisa y congruente con la demanda y la
contestación, así como con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el
pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos
litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hayan sido varios, se hará el
pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.
Esa disposición es acorde al principio dispositivo que rige en materia mercantil en
general, conforme al cual la ley hace depender el ejercicio del derecho subjetivo de
poner en marcha la actividad de los tribunales, de la voluntad de las partes. Ugo Rocco,
citado por Castrillón y Luna (2012:278), sostiene que el juez debe juzgar sólo acerca de
lo que se le ha demandado. Así, al juzgador le está prohibido fallar sobre algo no
demandado o de adjudicar más de lo que se pidió.
Finalmente, Chiovenda (Tomo III, 1989:60) afirma que el juez no puede nunca
modificar la causa petendi, esto es, sustituir el hecho constitutivo hecho valer por la
parte, por un hecho constitutivo diferente, de modo tal que haga diferente la demanda;
- 29 -
en cambio, deberá apreciar de oficio, la falta de afirmación de un hecho constitutivo del
derecho.
En ese sentido, el juez puede y debe analizar de oficio los elementos constitutivos de la
acción20, a pesar de que no se hayan opuesto excepciones orientadas a destruirla, pero
en cambio no puede variar los hechos aducidos en la demanda.
20
Al respecto, orienta la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo
IV, página 9, con número de registro 912948, de rubro y texto:
ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA. La improcedencia de la acción, por
falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de
orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción.
Así como la tesis de la propia Tercera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta
Época, Tomo CXXVIII, página 385, de rubro siguiente: ACCIÓN EN MATERIA MERCANTIL,
ESTUDIO DE OFICIO DE LA.
- 30 -
CAPÍTULO II
PROTECCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA
Y SUS ESTÁNDARES INTERAMERICANOS
1. Artículos 8 y 25 de la CADH
El derecho de acceso a la justicia se encuentra protegido, básicamente, en los artículos
8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que regulan
las garantías judiciales y la protección judicial.
Al respecto, debe tenerse en consideración, en principio, que la Corte IDH ha
establecido que, conforme al artículo 1.1 de la CADH, los Estados están obligados a
respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. La responsabilidad
internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de
éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención (caso Cantoral
Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, 2007:párr.79).
En cuanto al deber de respeto, la Corte IDH ha sostenido que la primera obligación
asumida por los Estados Partes, en los términos del citado precepto, es la de “respetar los
derechos y libertades” reconocidos en la Convención. Así, en la protección de los
derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al
ejercicio del poder estatal (caso González y Otras <Campo Algodonero> Vs. México,
2009:párr.235).
Sobre la obligación de garantía, la propia Corte IDH ha establecido que puede ser
cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba
garantizar y de las particulares necesidades de protección (caso de la “Masacre de
Mapiripán” Vs. Colombia, 2005, párrs.111 y 113, y caso Perozo Vs. Venezuela, 2009,
párr.298).
Esta obligación de garantía implica el deber de los Estados, de organizar todo el aparato
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el
ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el
- 31 -
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (caso Velásquez Rodríguez Vs.
Honduras, 1988:párr.166). Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber
jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de
investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido
dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles
las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación (caso
Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, 1988:párr.174).
Ahora bien, dentro de las garantías judiciales que deben observarse en la substanciación
de todo proceso para la determinación de derechos y obligaciones, previstas en la
CADH, su artículo 8.121 señala específicamente su obligatoriedad, dentro de un plazo
razonable establecido para evitar dilaciones indebidas que se traduzcan en privación o
denegación de justicia.
En relación con ello, el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda persona tiene derecho a que se le
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial.
Además, el numeral 25.122 de la CADH establece, en lo conducente, que toda persona
21
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
22
Para mejor referencia, se reproduce en su integridad el precepto citado:
Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los
derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.
- 32 -
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la propia Convención; en tanto
que el artículo 25.2.c) de la misma Convención prevé que los Estados se comprometen a
garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se
haya estimado procedente el recurso.
Por su parte, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, y que
toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, entre otras
cuestiones, para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
Para efectos del presente trabajo, debemos examinar los criterios que la Corte IDH ha
sentado, en torno al “plazo razonable” a que se refiere el artículo 8.1 invocado, pues
precisamente ese concepto es el que, en el sistema interamericano, da sustento a la
prontitud en la impartición de justicia, que ha inspirado las reformas que dieron origen al
juicio oral mercantil, como procedimiento abreviado y de naturaleza sumaria, con el cual
se pretende dar acceso a la justicia, dentro de un plazo breve. A partir del examen al
concepto apuntado, podremos determinar si con la introducción del juicio oral mercantil,
el legislador mexicano logró garantizar el acceso a la justicia dentro de un plazo
razonable o si, por el contrario, existen situaciones fácticas que requieren de rediseño
legislativo o de la aplicación de un método interpretativo, para obtener ese propósito de
manera integral.
2. Análisis de la sentencia de la Corte IDH en el caso Furlán y Familiares Vs
Argentina
El 31 de agosto de 2012, la Corte IDH dictó sentencia en el caso Furlán y Familiares Vs.
Argentina23,
en
la
cual,
por
unanimidad,
23
consideró
al
Estado
argentino
Corte IDH (2012) Caso Furlán y Familiares Vs. Argentina. Sentencia de 31 de agosto (Fondo,
Reparaciones y Costas). Disponible en <www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_246_esp.pdf>
- 33 -
internacionalmente responsable por la violación de diversos derechos en perjuicio de
Sebastián Furlán y sus familiares. Este asunto derivó de un litigio sobre daños y
perjuicios contra el Estado, por un accidente que produjo la discapacidad de Sebastián
Furlán y que se prolongó por más de diez años.
Aun cuando para efectos de este estudio sólo es relevante el criterio atinente al plazo
razonable, resulta pertinente enunciar algunos aspectos particulares del caso, que
incidieron en el criterio adoptado por la Corte IDH en esa sentencia, la cual tuvo en
cuenta el modelo social para abordar la discapacidad, que no se define exclusivamente
por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se
interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las
personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva.
Además, estableció que las autoridades judiciales a cargo del proceso civil por daños y
perjuicios y del cobro de la indemnización a la cual se condenó al Estado, excedieron el
plazo razonable, pues no actuaron con la debida diligencia y el deber de celeridad que
exigía la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba Sebastián Furlán; asimismo,
que no se respetó su derecho a ser oído, y tampoco intervino el “asesor de menores e
incapaces”; garantía establecida en el derecho interno para este tipo de casos. Todo lo
anterior implicó la vulneración del derecho a las garantías judiciales.
Asimismo, la Corte IDH indicó que la ejecución de la sentencia que otorgó una
indemnización a Sebastián Furlán no fue efectiva y generó su desprotección judicial,
porque las autoridades administrativas no tuvieron en consideración que, al aplicarse la
modalidad de pago establecida en una ley de consolidación de deudas de 1991, se
disminuyó en forma excesiva el monto de la indemnización que aquél recibió para una
adecuada rehabilitación y mejores condiciones de vida, teniendo en cuenta su situación
de vulnerabilidad.
La Corte IDH tuvo en cuenta que Sebastián Furlán era un niño al momento del accidente
y luego un adulto con discapacidad. Por ello, utilizó el corpus iuris internacional de
[Acceso el 10 de septiembre de 2013].
- 34 -
protección de los niños, así como el modelo social para el abordaje de la discapacidad,
que surge de los estándares internacionales sobre protección y garantía de los derechos
de personas con discapacidad. Así, sostuvo que es obligación de los Estados propender
por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de
condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad y que el
debido acceso a la justicia juega un rol fundamental para enfrentar dichas formas de
discriminación.
Al analizar el plazo razonable del proceso, la Corte IDH concluyó que la autoridad
judicial no procuró en forma diligente que los plazos procesales se cumplieran,
incumplió su deber de tomar medidas tendentes a evitar la paralización del proceso y, no
obstante que se trataba de un asunto relacionado con una indemnización por incapacidad
física de un menor de edad, no hizo uso de sus facultades ordenatorias e instructorias,
advirtiendo de este modo que las actuaciones del Estado como parte demandada,
involucraron importantes niveles de pasividad, inactividad y falta de debida diligencia,
que generaron la dilación de la resolución del proceso judicial; asimismo, con relación a
la afectación jurídica del interesado e impactos en su integridad personal, consideró que
en casos de personas vulnerables, como lo es una con discapacidad, es imperante tomar
las medidas pertinentes, como la priorización en la atención y resolución del
procedimiento por parte de las autoridades a cargo, con el fin de evitar retrasos en la
tramitación de los procesos, de manera que se garantice su pronta resolución y
ejecución. La Corte IDH consideró que tal situación implica una obligación reforzada de
respeto y garantía de sus derechos.
Además, estimó suficientemente probado que la prolongación del proceso incidió de
manera relevante y cierta en la situación jurídica de la presunta víctima, y su efecto tuvo
un carácter irreversible, pues al retrasarse la indemnización que necesitaba, tampoco
pudo recibir los tratamientos que hubieran podido brindarle una mejor calidad de vida.
Cabe destacar que la Corte fijó como estándar, al analizar si existe una violación a la
CADH, que es necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y las
garantías judiciales se apliquen, teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad que
- 35 -
pueda afrontar una persona, especialmente cuando se trate de menores de edad o
personas con discapacidad, con el fin de que se les garantice un trato preferencial
respecto a la duración de los procesos judiciales y en el marco de los procesos en que se
disponga el pago de indemnizaciones ordenadas judicialmente.
En conclusión, la Corte IDH determinó que el Estado argentino era responsable por la
vulneración del artículo 8.1, en relación con los diversos 19 y 1.1 de la CADH, por
haber excedido el plazo razonable en perjuicio de Sebastián Furlán, además de otros
derechos fundamentales en perjuicio de sus padres y hermanos.
3. Plazo razonable. Criterios
La Corte IDH, basándose en criterios del Tribunal Europeo de DDHH, al evaluar el
plazo razonable en un caso concreto, ha considerado que deben tenerse en cuenta
elementos distintos al mero factor cronológico; es decir, si bien el lapso de un
determinado proceso es usualmente determinado por las legislaciones propias de cada
país, no siempre es posible para las autoridades judiciales cumplir con dichos plazos
legalmente establecidos. En ese sentido, Viteri Custodio (2013:3) afirma:
“el plazo razonable de duración del proceso no es un lapso en sentido abstracto, que deba ser
medido en años, meses, semanas, días u horas. Más bien se trata de una pauta interpretativa
abierta, que permite evaluar dicha razonabilidad, caso por caso, en función al análisis global del
proceso penal, de su contexto y características propias, así como de una serie de elementos
establecidos por la jurisprudencia internacional… por tanto,… lo importante no es la celeridad en
sí misma, sino la correcta administración de justicia, dentro de un marco donde el proceso se
desarrolle sin anomalías injustificadas o arbitrarias”.
La Corte IDH ha desarrollado, a través de su jurisprudencia, cuatro elementos para
determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal
del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la
situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Los tres primeros establecidos
en el caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua (1997:párr. 77), y el último agregado en el caso
Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia (2008:párr. 49).
a) Complejidad del asunto
- 36 -
Viteri Custodio (2013:3) sostiene que ésta se determina por una serie de factores de iure
y de facto del caso concreto y que:
“…en el proceso penal, aunque no exhaustivamente, dichos factores pueden estar referidos: a)
[a]l establecimiento y esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser simples o complejos;
b) [a]l análisis jurídico de los hechos acerca de los cuales se ha producido el proceso penal; c) [a]
la prueba de los hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente prolongada o de complicada
actuación; d) [a] la pluralidad de agraviados o inculpados; entre otros factores”.
b) Actividad procesal del interesado
A decir de la propia Viteri Custodio (2013:4), este criterio está orientado a determinar si
la conducta o actividad procesal de las partes en el proceso ha sido incompatible con las
normas legales o ha tenido por objeto obstruir o dificultar el correcto desarrollo de la
administración de justicia. En este orden, la referida Viteri Custodio (2013:4) sostiene:
“…algunas de las conductas que podrían evidenciar una conducta obstruccionista son: las
relacionadas con la colaboración del procesado en el esclarecimiento de los hechos; la
presentación de documentos falsos; las constantes y premeditadas faltas a la verdad que desvían
el adecuado curso de las investigaciones; el entorpecimiento en la actividad probatoria; la
manipulación de testigos; la interposición de recursos que, desde su origen y de manera
manifiesta, se encontraban condenados a la desestimación, etc.
Es importante diferenciar el uso regular de los medios procesales al alcance de las partes y el
derecho del investigado a guardar silencio a lo largo del proceso, del uso abusivo e innecesario de
los instrumentos que la ley pone a disposición, bajo la forma de recursos o de otras figuras que
alejan el momento de la resolución de fondo. Mientras que las dos primeras conductas son
totalmente legítimas y constituyen derechos del investigado (o de las partes), la segunda (sic)
implica una conducta de mala fe dirigida a obstaculizar la celeridad del proceso…”.
c) Conducta de las autoridades judiciales
La multicitada Viteri Custodio (2013:4-5) sostiene que este criterio está encaminado a
evaluar la conducta procesal de las autoridades judiciales, que con su comportamiento
intervienen en el proceso e influyen en su desarrollo, sus “tiempos y movimientos”.
Conforme a este criterio, agrega la propia autora (Viteri Custodio, 2013:5), no estaría
justificada la excesiva dilación del plazo originada por las conductas propias de la falta
de diligencia y profesionalismo de las autoridades a cargo de un determinado proceso.
Así lo ha entendido el TEDH, al establecer que los repetitivos cambios de juez, la
tardanza en la presentación de un peritaje o en la realización de una diligencia en general
- 37 -
genera responsabilidad estatal al momento de analizar la razonabilidad del plazo del
proceso penal.
d) Afectación generada en la situación jurídica del interesado
Este último criterio, a decir de Viteri Custodio (2013:5-6) fue introducido por la Corte
IDH en el caso Valle Jaramillo y otros Vs Colombia, ampliando los criterios clásicos
empleados por el TEDH. Este elemento establece que, para determinar la razonabilidad
del plazo, se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del
procedimiento en la situación jurídica de la personas involucradas en él (sus deberes y
derechos), debiendo considerar, entre otros elementos, la materia objeto de controversia.
En el referido caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, la Corte IDH (2008:párr. 155)
estableció que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica
del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de
que el caso se resuelva en un tiempo breve.
En opinión de la multicitada Viteri Custodio (2013:6) la afectación referida debe ser
actual, no meramente posible o probable, eventual o remota, y que algunas situaciones
especiales, en donde el interesado podría ver afectada su situación jurídica en razón de la
excesiva prolongación del plazo del proceso son, por ejemplo, cuando el carácter de la
decisión sobre el objeto del juicio es irreversible, cuando se trata de personas de
avanzada edad o que sufren graves enfermedades, entre otras.
4. Ejecución de sentencia, como parte del juicio e instrumento para hacer efectivo
el acceso a la justicia. Su análisis por la Corte IDH
Ahora bien, la Corte IDH ha reconocido, entre otros, en el caso Furlán y Familiares Vs.
Argentina (2012:párr.149), que la falta de ejecución de las sentencias tiene “vinculación
directa con la tutela judicial efectiva para la ejecución de los fallos internos”, a la luz del
artículo 25 de la CADH, y que el análisis de la etapa de ejecución de las sentencias
puede también abordarse para contabilizar el término de duración de un proceso, para
determinar su incidencia en la prolongación del plazo razonable de un proceso (caso
- 38 -
Mejía Idrovo Vs. Ecuador, párr. 84, y caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú, párr. 138,
entre otros; citados en Furlán y Familiares Vs. Argentina).
Lo anterior se nutre con el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
sostenido en el caso Robins Vs. Reino Unido (1997:párrs. 28 y 29), en el sentido de que
todas las etapas de los procedimientos para determinar derechos y obligaciones civiles,
sin excluir etapas subsiguientes a la sentencia de fondo, deben resolverse en un plazo
razonable.
Asimismo, la Corte IDH, citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en el documento denominado “El acceso a la justicia como garantía de los derechos
económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema
interamericano de derechos humanos” (2007:párr. 40 y 339) ha entendido que la demora
en la ejecución de la sentencia no puede ser tal que conlleve una mayor afectación de los
derechos protegidos en la decisión y, en consecuencia, desvirtúe el derecho a la
protección judicial efectiva.
Lo expresado evidencia que la ejecución de las sentencias debe ser también efectuada
dentro del plazo razonable a que se refieren los criterios de la Corte IDH, lo cual implica
que cuando el legislador establece un procedimiento que permita abreviar la tramitación
de un determinado juicio, debe necesariamente ocuparse del procedimiento de ejecución,
pues en la medida en que una sentencia no se ejecute, por cuestiones jurídicas o fácticas,
se torna en un mero documento declarativo, que carece de eficacia.
- 39 -
CAPÍTULO III
EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL Y SU
APLICACIÓN AL JUICIO ORAL MERCANTIL
1. Ejecución de sentencia en materia mercantil
Por regla general, el proceso no se agota con la sentencia, sino que continúa con su
ejecución, porque no puede haber auténtica impartición de justicia si las sentencias no se
ejecutan, pues de nada serviría una sentencia en la que se condena a una de las partes a
cumplir una obligación, si no se ejecuta.
Normalmente se requiere de la realización de actos en cumplimiento de la sentencia. Si
ésta fuere solamente declarativa o constitutiva, no precisa de actos posteriores, aunque
algunas veces se requiere cierta actividad de carácter administrativo, como una
inscripción o anotación; en cambio, en las sentencias de condena es necesaria la
realización de actos procesales que busquen su cumplimento, el cual puede darse de
manera voluntaria por el condenado, pero si éste no acata la decisión del juez, entonces
será necesario aplicar las facultades que el órgano jurisdiccional tiene, para ejecutar aun
por la fuerza sus determinaciones.
Para Carnelutti (1997:32), “cuando no se trata ya de pretensión discutida, sino de
pretensión insatisfecha, para que se alcancen entonces los fines del orden jurídico es
necesaria la efectuación del mandato, no la formación”; de tal manera que cuando la
ejecución de la condena se produce contra el obligado, ello supone el empleo de la
fuerza con tal fin. Luego, es patente que la acción como derecho público subjetivo y de
carácter personal, no se agota con su ejercicio, sino que implica la obtención de una
sentencia y, en su caso, su ejecución forzosa.
Al respecto, Couture (2003:362 y 363) afirma: “la jurisdicción abarca tanto el
conocimiento como la ejecución”, y agrega: “el concepto de ejecución es unitario, en
nuestro concepto, en el sentido de la actividad jurisdiccional se desenvuelve,
indistintamente, en actos de conocimiento y actos materiales de realización”.
- 40 -
Por tanto, la ejecución de una sentencia es exigible solamente a petición de parte, dado
que en el proceso mercantil impera el principio dispositivo. Tal petición se hará
solamente en caso de que el condenado y el obligado a su cumplimiento no hayan
pagado, negándose expresa o tácitamente, de tal manera que sólo puede haber ejecución
forzosa en los casos en que no pueda obtenerse sino mediante la intervención del Estado
para suplir la inactividad del deudor (Alsina, 2002:583).
Becerra Bautista (1998:334) afirma que “se trata de un fenómeno complementario,
puesto que la ejecución hace posible la actualización del derecho objetivo declarado en
la sentencia”; en tanto que Carnelutti, citado por Fernández, distingue diversos tipos de
cumplimiento, dependiendo de la naturaleza de la acción ejercida y al respecto sostiene:
“La función de la ejecución es bien distinta para los derechos de obligación que para los reales:
frente a éstos, se trata de eliminar un estado de hecho contrario al derecho; frente a aquellos, de
obtener por medio del órgano ejecutivo, no el sacrificio del interés, sino la comprensión o la
transferencia del derecho real (absoluto) del deudor, que constituye el contenido de su obligación.
En ese sentido la naturaleza de la obligación repercutirá, entonces, en el tipo de actos que deban
realizarse para obtener la ejecución de la sentencia; si se condena al cumplimiento de una
obligación de hacer y el condenado se abstiene de ello, habrá que analizar si esos actos son
susceptibles o no de ser realizados por otra persona, caso en el cual el vencedor podrá pedir que se
realicen por un tercero a costa del condenado o bien, si el juez puede hacerlo en rebeldía del
obligado. Si la resolución condenara al demandado que se abstenga de la realización del acto y en
caso de incumplimiento, responderá por los posibles daños y perjuicios; ahora bien, la sentencia
puede condenar a la entrega de una cosa, ya sea mueble o inmueble, supuesto por el cual el juez
podrá aplicar las medidas de apremio que se autorizan, a fin de lograr el cumplimiento.
Por otra parte, en las sentencias en las que se condena a una suma de dinero, en las que su
cumplimiento forzoso se obtendrá mediante el embargo de bienes y después, el remate de los
mismos para con el producto de su venta hacer el pago al acreedor y, de existir algún remanente,
entregarlo al deudor” (Fernández Fernández, 2013:204 y 205).
Por tanto, con el cumplimiento, ya sea voluntario o forzoso, de las obligaciones
contenidas en la sentencia o en los convenios, se incluye en forma natural el
procedimiento judicial; de tal manera que existen dos vías para la ejecución de las
sentencias, la ejecutiva y la de apremio, siendo más utilizada esta última, dado que la
ejecutiva, al tramitarse conforme al juicio ordinario, provoca la existencia de dos juicios,
el primero para resolver la procedencia de la acción y el segundo para la ejecución de la
sentencia; en cambio, cuando se intenta la vía de apremio, no habrá una sentencia sobre
otra sentencia (Bucio Estrada, 2013:51).
- 41 -
Los presupuestos jurídicos para dar inicio a las vías de apremio o la ejecutiva, son: 1)
que la sentencia haya causado estado; 2) que el contrato de transacción o convenio haya
sido aprobado por el juez o tribunal y haya sido elevado a la categoría de sentencia
ejecutoriada; y 3) que el laudo o convenio arbitral haya sido dictado o aprobado por
quien esté facultado para ello, aclarando que algunos códigos adjetivos de los Estados
establecen la homologación como requisito, antes de proceder a la ejecución (Bucio
Estrada, 2013:54).
Así, para dar inicio a la ejecución de sentencia, los códigos adjetivos de las entidades del
país establecen los requisitos y la forma para una demanda, así como para los incidentes,
pero no son aplicables para la ejecución de sentencia en la vía de apremio. La demanda
principal e incidental tiene requisitos innecesarios para dar inicio a la ejecución de
sentencia, como la obligación de expresar los hechos en que se funda la acción y sus
pruebas para acreditarlos; luego, para la ejecución será suficiente con un escrito del
litigante vencedor en el que se contenga: i) el derecho que tiene a su favor; ii) la
mención de la sentencia o convenio que ha causado estado; iii) referencia de que el
deudor no ha cumplido con su obligación en forma voluntaria; iv) la solicitud de
cumplimiento de la obligación mediante la ejecución, consistente, por ejemplo, en que se
ponga al acreedor en posesión del inmueble, o se dicte auto de ejecución con efectos de
mandamiento en forma. Si bien para iniciar la ejecución no existe formalidad alguna,
para oponerse a la ejecución sí la hay.
1.1. Incidentes de liquidación
Mediante la vía incidental, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1349 del Código de
Comercio, se hacen valer cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación
inmediata con el negocio principal, en tanto que el precepto 1348 del propio
ordenamiento dispone que, si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo
favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación.
Cabe precisar que entre los incidentes que el ejecutante puede promover, se encuentran:
i) el de liquidación de intereses, ii) liquidación de gastos y costas, iii) liquidación de lo
- 42 -
condenado, cuando sea una cantidad ilíquida o cuando se deba descontar de la condena,
algún concepto señalado en la sentencia que la reduzca, como puede ser algún pago a
capital, iv) liquidación de los daños y perjuicios.
A su vez, el ejecutado puede también promover los incidentes siguientes: i) de oposición
al avalúo, ii) de oposición a la ejecución, iii) para hacer valer una excepción, iv) de
impugnación del monto de la ejecución, cuando se despacha ejecución en su contra,
tratándose de liquidación de cuentas.
De acuerdo al precepto 1348 citado, los incidentes de liquidación, en ejecución de
sentencia, constan de un escrito de cada parte y se tramitan por cuerda separada, según
dispone el artículo 1350 del propio ordenamiento. Con el escrito de la parte ejecutante se
da vista por 3 días a la condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez debe fallar
dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Aunque el numeral citado en
primer término establece también que esa resolución será apelable en el efecto
devolutivo, debe tenerse en consideración que en el juicio oral mercantil no proceden los
recursos ordinarios.
Si existieren pruebas, consideramos que resultan aplicables los artículos 1353 y 1354 del
Código de Comercio, relativos a los incidentes en general, los cuales disponen que las
partes deben proponerlas con sus respectivos escritos, fijando los puntos sobre las que
versen. De ser procedentes las pruebas ofrecidas, se admitirán señalando fecha para su
desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro de ocho días, mandando
preparar las que así lo ameriten. En dicha audiencia se recibirán las pruebas y luego los
alegatos que podrán ser verbales, citando para dictar la resolución interlocutoria relativa.
Si el fallo incidental establece en cantidad líquida el monto de la condena relativa, ello
puede dar lugar a que se pida la ejecución, a través de un auto que decrete el
requerimiento y embargo de bienes, después éstos pueden ser sujetos a remate y, una vez
aprobada esa venta judicial forzosa y adjudicados los bienes rematados, si se trata de
inmueble, puede ordenarse la desocupación y entrega al adjudicatario. Ante la falta de
cumplimiento voluntario a tal determinación, puede decretarse el lanzamiento forzoso,
para entregar la posesión al referido adjudicatario.
- 43 -
En cuanto a los gastos y costas originados en la ejecución de sentencia, corren a cargo de
la parte que haya sido condenada; los gastos son aquellos que se erogan durante la
ejecución, tales como honorarios de peritos, pago de edictos, pago de mudanza, entre
otros, mientras que las costas constituyen la retribución que la parte vencedora debe
obtener, por los honorarios de abogados que haya tenido que verse obligado a pagar,
para defender un derecho legítimo que el obligado no cumplió voluntariamente.
Para tener derecho al cobro de costas se requiere que el litigante haya sido asesorado y
representado por un abogado, con título expedido por autoridad competente. Los
conceptos de gastos y costas se consideran sinónimos, por lo cual, basta que se haga
referencia a uno de ellos para que se entiendan comprendidos ambos.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
(CPCDF), el cobro de las costas se cuantifica de dos formas, a saber: 1) en negocios de
cuantía determinada, con base en un porcentaje del valor de lo reclamado, y 2) en casos
de cuantía indeterminada, conforme a cada actuación judicial, de acuerdo al arancel
previsto en aquel ordenamiento. Además, en asuntos en que exista segunda instancia y
en ella se condene en costas, se aumenta dos por ciento a lo señalado en primera
instancia.
El proceso de ejecución se inicia bajo los dos supuestos siguientes: i) el ejercicio de un
derecho consignado en una resolución jurisdiccional o administrativa, y ii) con el
ejercicio de la acción derivada de un documento suficientemente formal para generar la
certeza de la obligación consignada en él. El primero procede con una resolución
judicial o administrativa y se ejerce mediante solicitud al juez competente, quien
procede a dictar las medidas conducentes para el cumplimiento y ejecución de la
obligación. En tanto que el segundo se inicia con una demanda, con todos los requisitos
legales, ante juez competente y en la que se reclame en cumplimiento de una obligación.
Se puede afirmar que el proceso de ejecución engloba a la vía de apremio o ejecución
forzosa, y mediante dicha ejecución se cumple con el mandato contenido en el artículo
17 constitucional, consistente en que nadie puede hacerse justicia por propia mano, en
- 44 -
función de lo cual es la autoridad quien tiene el poder de ejercer coacción para el
cumplimiento de las obligaciones. De ahí que ejecutar implique invadir la esfera jurídica
de los particulares, en su persona o en sus bienes, en alguna de las formas siguientes:
introducirse a los domicilios y negocios en contra de la voluntad de sus poseedores o
propietarios, romper cerraduras, detener personas, entre otros. Con lo anterior, el Estado
garantiza el derecho de acceso a la justicia, para ejecutar una sentencia o convenio,
transacción o laudo.
La sentencia constituye un acto jurídico individualizado, y el órgano jurisdiccional
tendrá la potestad de influir en la esfera jurídica de los sujetos referidos en ella, mediante
actos que pueden cambiar su situación jurídica, lo cual sucede cuando el juez resuelva
una excepción o defensa que modifique la obligación consignada en la sentencia, o
cuando se presente un tercero a excluir los derechos de los sujetos que intervienen en la
ejecución o de los bienes objeto de ésta.
La ejecución se limita a los sujetos ejecutante y ejecutado, vinculados por una
obligación de hacer o de dar, observándose aquí dos fases: 1) la falta de cumplimiento
de la obligación en forma voluntaria, por parte del ejecutado, en la que se podrán
establecer mecanismos para conminarlo al cumplimiento voluntario, y 2) la ejecución
forzosa, consistente en establecer los mecanismos jurídico procesales para asegurar el
cumplimiento del objeto último del proceso de ejecución, y en caso de que esto sea
imposible, establecer los mecanismos sustitutos para que no quede frustrada la ejecución
forzosa (Bucio Estrada, 2013:39 y 40).
Las formas de ejecución dependerán de la obligación a cumplir, así como de la materia
de la ejecución, es decir, dependerán de si se trata de una obligación de dar, de hacer o
de no hacer, o bien, de una obligación civil, mercantil, laboral o administrativa. Así, por
ejemplo: a) si la obligación consiste en dar una cantidad de dinero o una cosa fungible,
la ejecución es directa si el ejecutado en forma voluntaria cumple con la obligación; de
no ser así, será indirecta, mediante el embargo de bienes diversos para proceder después
a su venta; b) en las obligaciones de dar cosa cierta, la ejecución es directa empleando la
coacción, por ejemplo, para dar la posesión al ejecutante; c) en las obligaciones de hacer,
- 45 -
hay ejecuciones directas cuando la obligación es realizada por el ejecutado-deudor e
indirectas cuando la obligación es ejecutada por un tercero, y en caso de no ser posible el
cumplimiento de la obligación, se optará por el resarcimiento de los daños y prejuicios,
y d) en obligaciones de no hacer, la ejecución es directa mediante la destrucción de lo
hecho (Bucio Estrada, 2013:41).
1.2 Vía de ejecución y remate de bienes
Los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio disponen que debe ejecutar la
sentencia el juez que la dictó en primera instancia o el designado en el compromiso en
caso de procedimiento convencional, y que cuando se pida la ejecución de sentencia o
convenio, si no hay bienes embargados, se procederá al embargo.
Chiovenda (2013:156) llama ejecución forzosa procesal al conjunto de actos
ejecutados por el órgano jurisdiccional, tendientes a cumplir con la voluntad concreta de
la ley.
Antes de utilizar la fuerza pública para ejecutar una sentencia, se apremia al obligado a
su cumplimiento voluntario. Apremiar es definido por Eduardo Pallares (2013:56) como
el acto judicial por medio del cual el juez constriñe a alguna de la partes para que ejecute
algo o se abstenga de hacerlo; según Cervantes, citado por Pallares (2013:56), la palabra
apremio procede del verbo latino premer, oprimir o apretar, que significa compeler al
litigante a practicar algún acto; de no cumplirse con lo ordenado por el juez dentro del
plazo concedido, se procede al cumplimiento forzoso y entonces se hace uso de la fuerza
pública.
Por otro lado, la coacción es la fuerza o violencia que se ejerce sobre una persona para
inducirla al cumplimiento de una orden. En ejecución de sentencia, puede consistir en la
desocupación de un inmueble mediante el lanzamiento forzoso, incluso, si fuera
necesario, con uso de la fuerza pública.
En tal virtud, la vía de ejecución o de apremio, regulada en los artículos 500 a 603 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPCDF), que resultan
- 46 -
aplicables supletoriamente al Código de Comercio, en lo que no lo contradigan, tiene por
característica el cumplimiento forzoso de la obligación que da inicio con la orden de
embargo de bienes para garantizar el pago. Ésta constituye el medio para el
cumplimiento forzoso de las sentencias.
En ese sentido, la parte que tiene a su favor un derecho consignado en la sentencia
ejecutoria es quien inicia la vía de apremio, y dado que no existe prohibición legal en
contrario, consideramos que toda persona que sea parte en la relación jurídica procesal
se encuentra legitimada para iniciar la vía de apremio; luego, incluso el deudor está
legitimado para iniciar la vía de apremio, o el tercero llamado a juicio o la persona
incorporada a él por cualquier medio.
Aunque parece contrario a los intereses del deudor solicitar la vía apremio, no es así,
como se observa en los siguientes casos: 1) cuando en la sentencia o convenio existan
obligaciones recíprocas para las partes, ya sea que así se haya decretado o se haya
acordado entre ellas; 2) cuando las partes pactan proceder al remate en subasta pública
para el caso de incumplimiento de la obligación de pago, y pactan también que la
diferencia entre el valor del inmueble y el adeudo, cuando el primero sea superior al
segundo, se deba entregar al deudor, y 3) cuando comparece a la ejecución un diverso
acreedor o tercero, pues aunque no es parte en el juicio puede impulsar la ejecución de
sentencia (Bucio Estrada, 2013:58 y 59).
Finalmente, deben analizarse las excepciones oponibles en la vía de ejecución o
apremio. Al respecto, es preciso considerar que las excepciones constituyen el derecho
de contradicción que tiene el demandado y se dividen en perentorias y dilatorias. Las
primeras tienden a destruir la acción intentada y las segundas a retardarla o posponerla.
Las excepciones que el ejecutado puede oponer, son las previstas en el artículo 139724
24
Artículo 1397. Si se tratare de sentencia, no se admitirá más excepción que la de pago si la ejecución se
pide dentro de ciento ochenta días; si ha pasado ese término, pero no más de un año, se admitirán además
las de transacción, compensación y compromiso en árbitros; y transcurrido más de un año, serán
admisibles también la de novación, comprendiéndose en ésta la espera, la quita, el pacto de no pedir y
cualquier otro arreglo que modifique la obligación, y la de falsedad del instrumento, siempre que la
ejecución no se pida en virtud de ejecutoria, convenio [o] juicio constante en autos. Todas estas
excepciones, sin comprender la de falsedad, deberán ser posteriores [a] la sentencia, convenio [o] juicio, y
constar por instrumento público, por documento judicialmente reconocido [o] por confesión judicial.
- 47 -
del Código de Comercio, aplicable en la vía de ejecución, por disposición del precepto
1347 del propio ordenamiento.
En cuanto al remate, regulado en el artículo 1411 del Código de Comercio, se encuentra
antecedido por un embargo trabado en el propio procedimiento de ejecución, pues en el
juicio oral mercantil no existe embargo precautorio decretado al inicio del juicio, como
sí ocurre en el juicio ejecutivo, en el cual la ejecución iniciará con el procedimiento de
remate de los bienes previamente embargados.
El embargo de bienes es el medio por el cual se ejecuta una sentencia en la que se
condena al pago de una cantidad líquida, es decir, perfectamente determinada y precisa,
de manera que de existir condena que aún no se haya liquidado, será necesario tramitar
el incidente de liquidación, a fin de obtener una resolución interlocutoria en la que se
cuantifique o liquide el adeudo. Roland Arazi (1999:188) sostiene que “la liquidación es
un cálculo tendiente a concretar, a la fecha de su práctica, los valores que surgen de la
sentencia, siendo su finalidad obtener una suma líquida y determinada, susceptible de
ejecución”.
El embargo es definido por Ovalle Favela (2003:291) como la afectación decretada por
una autoridad competente sobre un bien o conjunto de bienes de propiedad privada, la
cual tiene por objeto asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de
condena que se plantea o planteará en juicio (embargo preventivo, provisional o
cautelar), o bien satisfacer directamente una pretensión ejecutiva (embargo definitivo,
ejecutivo o apremiativo).
Hugo Alsina (2002:593) manifiesta en términos semejantes, que “el embargo es la
afectación de un bien del deudor para pagar el crédito en ejecución […] Su objeto es la
individualización y la indisponibilidad del bien afectado, mediante las cuales se asegura
que con el importe obtenido por la realización judicial del mismo se satisfará el interés
del acreedor”.
- 48 -
En cuanto a la concepción del embargo, se trata de una afectación sobre los bienes del
deudor. La discusión se ha dado respecto a la naturaleza jurídica de esa afectación, en
cuanto a si se le considera como un gravamen de carácter real o personal o con una
característica propia. Becerra Bautista (1998:325) afirma que “se trata de un gravamen
real, temporal, oponible a terceros del que es titular únicamente el órgano jurisdiccional,
sujeto a las contingencias del proceso en el cual, tanto el ejecutante cómo el ejecutado y
el mismo depositario, deben cumplir las cargas, obligaciones y derechos respectivos”.
Para Alsina, el embargo no implica desapropiar al deudor de sus bienes, ya que éstos
continúan siendo suyos hasta en tanto se proceda al remate; tampoco se constituye un
derecho real ni una hipoteca judicial, ya que no se da al acreedor ningún poder sobre la
cosa embargada. Su efecto, concluye Alsina (2002:593) “consiste en poner la cosa a
disposición del juez que ordenó el embargo, sin cuyo conocimiento no puede dársele
otro destino o someterlo a una afectación diferente”.
Como se dijo, la ejecución de una sentencia, mediante el embargo de bienes, inicia con
la solicitud del ejecutante y el auto de ejecución que dicte el juez, ordenando que el
actuario se constituya en el domicilio del deudor para requerirlo de pago y, en caso de no
hacerlo, se proceda al embargo de bienes. La diligencia de embargo es practicada por el
actuario o ejecutor del juzgado, quien debe constituirse en el domicilio del ejecutado en
compañía del ejecutante, debiendo cerciorarse de que es el domicilio del deudor, a quien
de no encontrar a la primera búsqueda, le dejará citatorio para que espere entre las seis y
las setenta y dos horas siguientes y, en caso de no esperar el interesado, la diligencia
podrá entenderse con sus familiares, empleados o domésticos, o con cualquier persona
que viva en el domicilio. El ejecutado tiene derecho a señalar los bienes para su embargo
y, si no lo hace, el derecho pasará al ejecutante, quien podrá designarlos siguiendo el
orden previsto en el artículo 1395 del Código de Comercio; por último, debe designar
depositario.
Una vez realizado el embargo, si se trata de inmuebles, debe solicitarse su inscripción en
el Registro Público de la Propiedad, a fin de que surta efectos contra terceros y se
produzcan las consecuencias precisadas en el artículo 1395, penúltimo párrafo, del
Código de Comercio, en el sentido de que cualquier transmisión de derechos no afecta la
- 49 -
prerrogativa del ejecutante a que se remate el bien embargado, así como la necesaria
autorización judicial para transmitir el uso o posesión del bien por parte del propietario
ejecutado (Fernández Fernández, 2013:209).
En cuanto al remate, se entiende como una venta en pública almoneda, respecto de los
bienes que fueron previamente embargados. Becerra Bautista (1998:370-373) describe
las tres teorías existentes acerca de la naturaleza del remate, en los términos siguientes:
1) en la teoría contractualista, el remate es una venta judicial en la que el órgano
jurisdiccional actúa en representación del vendedor, de manera que es un contrato, en el
que hay voluntad de las partes, sólo que la voluntad del vendedor es ejercida por el
Estado; 2) la teoría publicista niega que el remate se realice en virtud de un contrato, y
considera que emana del poder del órgano jurisdiccional para prescindir de la voluntad
del vendedor. El remate se realiza por el encuentro de la voluntad del órgano
jurisdiccional y del adquirente, de manera que se trata de un contrato de derecho
público; 3) en la teoría ecléctica se dice que no hay un contrato de compraventa ni visto
a la luz del derecho privado, ni como contrato de derecho público, sino que lo
verdaderamente importante es que en el remate se producen efectos en el patrimonio del
deudor, pues es suyo el bien rematado, pero no surge relación jurídica alguna entre el
adquirente y el deudor y tampoco con el órgano jurisdiccional, aunque sí surgen
relaciones jurídicas procesales durante el procedimiento de remate, en el que intervienen
los postores y las partes.
Los procesalistas modernos se inclinan hacia la llamada teoría ecléctica, partiendo del
hecho de que el remate no es un contrato de compraventa, sino una venta procesal. Así,
Couture afirma que “la venta judicial, el acto ejecutivo por excelencia, es un acto
jurídico de derecho público, emanado de la jurisdicción... [y que] sólo el cometido y
función propios de la jurisdicción pueden explicar este fenómeno jurídico”.
Para Roland Arazi, “al no ser el propietario quien vende, ni haber consentimiento, mal
puede hablarse de compraventa en la enajenación forzosa. En cuanto al adquirente, es un
oferente que expresa su aceptación a la adquisición del bien rematado”. Alsina, citando a
Pugliatti, afirma que “el Estado vende para hacer efectiva la realización del derecho y
- 50 -
ejerce una función propia que la ley le confiere, no es representante del acreedor ni del
deudor, y en la base de la venta coactiva hay un interés público que se actúa por medio
de la realización de un interés privado”.
Finalmente, Ovalle Favela (2003:299) opina que: La enajenación de bienes mediante
remate judicial tampoco implica una operación de compraventa, pues no se encuentra
regida por las reglas de la libertad contractual, ni por el derecho privado en general. Se
trata de un procedimiento judicial regulado por normas de derecho público, en el cual la
enajenación de los bienes embargados es el medio para lograr la satisfacción de la
condena decretada en una sentencia. Por estas razones, también resulta inadecuado
denominar venta judicial a la enajenación realizada mediante remate judicial.
2. Actos procesales en la ejecución, que se erigen en obstáculos injustificados para
el acceso a la justicia, específicamente el caso de los edictos
En preparación del remate, deben valuarse los bienes embargados, conforme a lo
dispuesto en el artículo 1410 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado
en el DOF el 10 de enero de 2014, que dispone que cada parte exhibirá su avalúo y si los
valores ahí determinados no coinciden, se tomará como base para el remate el promedio
de ambos avalúos, siempre que no exista diferencia mayor al 20 por ciento entre ellos. Si
la discrepancia fuera superior, el Juez podrá ordenar que se practique un tercer avalúo.
Antes de procederse al avalúo de los bienes, conforme a los artículos 566 y 567 del
CPCDF, de aplicación supletoria al Código de Comercio, es necesario recabar
certificado de libertad de gravámenes del Registro Público de la Propiedad, a efecto de
que, de existir otros acreedores, se les notifique el procedimiento de remate para que
estén en posibilidad de comparecer a deducir sus derechos e intervenir en el avalúo de
los bienes a rematar.
De acuerdo al artículo 1412 Bis del Código de Comercio, cuando la cantidad líquida a la
que se condenó a pagar al ejecutado, resulte mayor al valor de los bienes obtenido
conforme al procedimiento previsto y, además, del certificado de libertad de gravámenes
- 51 -
no resultaren otros acreedores, el ejecutante está en aptitud de solicitar la adjudicación
directa de los bienes al valor del avalúo, esto es, sin necesidad de proceder a su remate.
De resultar el valor de los bienes mayor al adeudo o de existir otros acreedores, o bien, si
el ejecutante no opta por la adjudicación directa, entonces se convocarán postores,
señalándose día y hora para que tenga verificativo la diligencia de remate en el local del
juzgado. El Código de Comercio sólo precisa en su artículo 1411, recién reformado por
decreto publicado en el DOF el 10 de enero de 2014, que se anunciará la venta en forma
legal, por medio de edictos que deben publicarse dos veces en un periódico de
circulación amplia de la entidad federativa en donde se ventile el juicio, mediando entre
ambas publicaciones, tres días tratándose de bienes muebles y nueve días si fueren
raíces, y entre la última publicación y el remate debe existir un lapso no menor a cinco
días; de manera que en lo no previsto en ese dispositivo, es necesario acudir al sistema
de supletoriedad previsto en el propio código mercantil, en primer lugar el Código
Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) y posteriormente el código procesal civil
local.
Se ha discutido si los días en los que deben realizarse las publicaciones, deben ser
hábiles o si pueden efectuarse en días inhábiles. Este punto ha sido estudiado por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ha concluido que la
publicación de edictos en el periódico (Tesis 1a./J. 17/2004)25 no puede ser considerada
como una actuación judicial, por lo que puede realizarse en días inhábiles sin que se
viole con ello el procedimiento previsto para la preparación del remate.
El primer intento por vender el bien se conoce como primera almoneda, para la cual
debe determinarse el valor mínimo en el que se podrá adquirir el bien, es decir, la
postura legal, la cual, conforme al artículo 1412, primer párrafo, del Código de
25
Novena Época. Registro: 181734. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 17/2004. Página:
335.
EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS PERIÓDICOS NO ES
UNA ACTUACIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO
FEDERAL).
- 52 -
Comercio, reformado por decreto publicado en el DOF el 10 de enero de 2014,
corresponde a la cantidad que cubra las dos terceras partes del precio fijado por las
partes, o al establecido mediante el procedimiento previsto en el artículo 1410 de ese
propio ordenamiento, con tal de que sea suficiente para pagar el importe de lo
sentenciado.
En términos del artículo 574 del CPCDF, de aplicación supletoria al Código de
Comercio, las personas que quieran comparecer como postores deben exhibir como
garantía, billete de depósito por la cantidad equivalente al diez por ciento del valor de
avalúo, la cual les será devuelta de no resultar adjudicatarios o se hará efectiva en caso
de serlo y renunciar después en forma expresa o tácita.
Una vez llevado a cabo el remate, debe ser revisado por el juez, a efecto de aprobarlo o
desaprobarlo, según sea procedente. Aprobado el remate, el juez y el adjudicatario, sin
más trámite, otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público, según
prescribe el artículo 1412 Bis 1 del Código de Comercio, adicionado en reforma de 13
de junio de 2003, y deberá dársele posesión del bien adjudicado, como lo señala el
artículo 581 del CPCDF, de aplicación supletoria al de Comercio.
Si no se presentare postor alguno a la primera almoneda, el ejecutante podrá pedir la
adjudicación de los bienes en las dos terceras partes del valor del avalúo, conforme al
párrafo cuarto del artículo 1412 del Código de Comercio, adicionado mediante el
decreto publicado en el DOF el 10 de enero de 2014, o solicitar que se lleve a cabo una
segunda almoneda, para la cual, conforme al párrafo segundo del citado artículo 1412,
adicionado mediante el citado decreto publicado el 10 de enero de 2014, deberá
efectuarse una sola publicación de edictos, disminuyendo en diez por ciento el precio
fijado para la primera almoneda. Si hay postores en la segunda se seguirá el
procedimiento citado para la primera y, de no haberlos, nuevamente el acreedor podrá
solicitar la adjudicación de los bienes por las dos terceras partes del precio base fijado en
esa almoneda para el remate, o citarse para una tercera almoneda.
La tercera almoneda y las posteriores se prepararán conforme a las reglas expuestas para
la segunda, deduciendo cada vez un diez por ciento del precio que haya servido de base
- 53 -
en la anterior (párrafo tercero del art. 1412, adicionado en decreto publicado el 10 de
enero de 2014).
La sentencia definitiva no es el último acto dentro del proceso, pues con ella se inicia
una serie de actos que se erigen en obstáculos procesales y materiales, los cuales tiene
que enfrentar el ejecutante, entre los cuales destacan los peritajes que se tienen que
emplear para el avalúo de los bienes a rematar, o el pago de edictos para convocar
postores al remate. Consideramos que con tales exigencias se infringe el derecho de
acceso a la justicia, previsto en el artículo 25 de la CADH.
Al respecto, la juez Cecilia Medina Quiroga, en su voto parcialmente disidente, emitido
en el caso 19 Comerciantes Vs. Colombia (Corte IDH, 2004:párr. 1 y 3), afirma que “el
artículo 25 consagra el derecho del individuo a que sus derechos humanos sean
protegidos en el ámbito nacional, de una manera sencilla, rápida y efectiva” y que “[s]i
se analiza el artículo 25 con los parámetros del artículo 8 -por ejemplo, el plazo
razonable- se desvirtúa el sentido del primero, que requiere no un plazo razonable que
puede fácilmente superar un año en términos del artículo 8, sino rapidez, es decir,
probablemente su resolución en términos de días”.
En la actualidad, el procedimiento para la ejecución forzosa de las sentencias es el
mismo para los juicios mercantiles. Se carece entonces de trámite especial para la
ejecución de sentencia en el juicio oral mercantil, que resulte acorde con la prontitud con
que el legislador diseñó dicho procedimiento abreviado.
La práctica demuestra que la ejecución de las sentencias se dificulta, principalmente por
la exigencia legal al ejecutado, de pagar los edictos en periódicos de circulación masiva,
para convocar postores al remate de un bien, a fin de que dicha parte obtenga el pago del
monto de la condena. El costo de tales publicaciones resulta excesivo, sobre todo si se
toma en cuenta que, en juicios de cuantía menor como los tramitados en la vía oral
mercantil, el monto de la condena en ocasiones es reducido como para tener que sufragar
el precio de tales publicaciones.
- 54 -
Consideramos que en esta segunda década del siglo XXI, en que impera el uso de la
tecnología y los medios de comunicación masivos al alcance de todos, es inadmisible
que se sigan utilizando métodos anacrónicos como la publicación de edictos para
convocar postores, cuyo costo representa un gasto excesivo para la parte vencedora en el
juicio oral mercantil, para quien prácticamente queda condicionado su derecho a hacer
efectiva la condena decretada a su favor, a la realización de aquella erogación
desproporcionada.
3. Interpretación conforme del artículo 1411 del Código de Comercio, aplicado al
juicio oral mercantil, con los artículos 8.1 y 25 de la CADH, así como el 17, párrafo
segundo, de la CPEUM.
Como se vio en el capítulo precedente, el procedimiento de ejecución que actualmente
tiene lugar en el juicio oral mercantil, no atiende a los estándares internacionales de
acceso a la justicia, específicamente los desarrollados por la Corte IDH respecto al plazo
razonable, porque le impiden al vencedor en el juicio, obtener dentro de lapso breve el
monto de la condena decretada a su favor, pues lejos de constituir un procedimiento ágil,
en él se establecen obstáculos injustificados, de orden procesal y económico, que elevan
el costo de ese tipo de asuntos, que al ser de cuantía menor, su ejecución amerita ser
expedita y con menor carga económica para el vencedor, a efecto de que se respete el
referido plazo razonable.
Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de la CPEUM, después de su
reforma de 10 de junio de 2011, se debe ejercer un control de convencionalidad ex
officio, a fin de determinar si el artículo el 1411 del Código de Comercio, que rige el
procedimiento de remate en el juicio oral mercantil, contraviene o no el derecho
fundamental de acceso a la justicia del vencedor en el juicio, contenido en los artículos
8.1 y 25.1 de la CADH, en la que el Estado Mexicano es parte, y 17, párrafo segundo, de
la CPEUM.
A partir de la citada reforma constitucional, motivada por la sentencia condenatoria
emitida por la Corte IDH en el caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos, se
- 55 -
elevaron a rango constitucional los derechos humanos protegidos por la Constitución y
los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, lo que implica la
creación de un bloque de constitucionalidad integrado por la ley fundamental y los
referidos
instrumentos
supranacionales;
asimismo,
se
incorporaron
diversas
herramientas para garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de los
operadores jurídicos: interpretación conforme, principio pro persona, y principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; además, se impuso
como obligación del Estado la prevención, investigación, sanción y reparación de
violaciones a los derechos humanos.
En cumplimiento de la referida sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) admitió expresamente que todos los jueces del país se encuentran constreñidos a
ejercer, dentro de sus respectivas competencias, el control de convencionalidad y el
control difuso de constitucionalidad, según determinó en el expediente varios 912/2010.
Sobre el particular, orienta la jurisprudencia 18/2012 de la Primera Sala de la SCJN, de
rubro: “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD
(REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).”26
Acorde a ello, el primer paso a seguir en el control de constitucionalidad y
convencionalidad, ex officio, en materia de derechos humanos, según se reseña en la
tesis P. LXIX/2011(9a.) del Pleno de la SCJN, de rubro: “PASOS A SEGUIR EN EL
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.”27, es la interpretación conforme en
sentido amplio, que implica que los jueces del país, al igual que las demás autoridades
del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico conforme a los DDHH
establecidos en la CPEUM y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano
sea parte, favoreciendo a las personas la protección más amplia.
26
Décima Época. Registro: 2002264. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1. Materia(s): Constitucional, Común.
Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.). Página: 420.
27
Décima Época. Registro: 160525. Instancia: Pleno. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: P.
LXIX/2011(9a.). Página: 552
- 56 -
Así, la interpretación conforme constituye la técnica hermenéutica por medio de la cual
los derechos y libertades constitucionales son armonizados con los valores, principios y
normas contenidos en los Tratados Internacionales sobre DDHH signados por los
Estados, así como con los criterios de los tribunales internacionales (y en ocasiones los
provenientes de otras fuentes internacionales), para logar su mayor eficacia y protección.
En este caso, consideramos que se debe realizar una interpretación conforme en sentido
amplio, del artículo 1411 del Código de Comercio, con los postulados de la CADH y de
la CPEUM que enseguida se precisarán.
Como también ya se analizó en este trabajo, el derecho de acceso a la justicia se
encuentra protegido, básicamente, en los artículos 8.1 y 25 de la CADH, que regulan las
garantías judiciales y la protección judicial, que los Estados están obligados a respetar y
garantizar, conforme al artículo 1.1 de la CADH. El artículo 8.1 citado señala la
obligatoriedad de las garantías judiciales, en la substanciación de todo proceso para la
determinación de derechos y obligaciones, dentro de un plazo razonable establecido para
evitar dilaciones indebidas que se traduzcan en privación o denegación de justicia.
Por su parte, el numeral 25.1de la CADH consagra el derecho de cualquier persona a una
garantía judicial específica, destinada a protegerla de manera efectiva, frente a la
violación de sus derechos humanos reconocidos en ese instrumento internacional, en la
Constitución o en ley. Tal precepto establece también como obligaciones a cargo del
Estado, las siguientes: a) la creación de un recurso, esencialmente de naturaleza judicial;
b) que el recurso respectivo sea efectivo; c) que la víctima de la violación a derechos
fundamentales pueda interponerlo; d) que la autoridad competente sea quien decida
sobre los derechos de la persona que interponga el recurso correspondiente; e) que se
desarrollen las posibilidades de recurso judicial, y f) que se garantice el cumplimiento de
la decisión dictada a partir de la interposición del recurso respectivo.
El recurso judicial efectivo tiene como finalidad primordial, la no consumación de un
daño al derecho de que se trate y la perspectiva de un remedio suficiente en relación con
la violación denunciada.
- 57 -
Por su parte, la Corte IDH a través de casos contenciosos y opiniones consultivas, ha
interpretado el artículo 25 mencionado, como ocurrió al fallar los casos Castañeda
Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos (2008:párrs. 78, 79, 100 y 106), Radilla Pacheco
Vs. Estados Unidos Mexicanos (2009:párrs. 295 y 296) y “Niños de la Calle” (Villagrán
Morales y otros) vs. Guatemala (1999:párrs. 234, 235 y 237). De acuerdo a tales
criterios, no basta con que un recurso se encuentre previsto por la Constitución o la ley,
o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere además, que sea adecuado y
eficaz para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos, y
para adoptar las medidas necesarias que permitan restablecer el derecho vulnerado, es
decir, la eficacia del recurso judicial se encuentra referida a que en caso de ser advertida
una violación, el recurso debe ser útil para restituir al interesado en el goce de su
derecho y repararlo.
Ello coincide con el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17, párrafo
segundo, de la CPEUM, que establece el derecho que cualquier persona tiene para que
se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos
y términos que fijen las leyes correspondientes. Tal derecho implica, en primer término,
el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado pueda ser parte en un proceso
judicial, dando con ello inicio a la función de los órganos jurisdiccionales y, en un
segundo momento, el derecho que tiene el justiciable a obtener una sentencia sobre el
fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, pues es obligación de aquéllos
resolver los conflictos planteados por las partes de manera integral y completa, sin
obstáculos o dilaciones innecesarias.
En consecuencia, de la interpretación sistemática de los artículos 8.1 y 25 de la CADH,
así como el 17 de la CPEUM, deriva que el derecho de acceso a la justicia tiene las
siguientes premisas: a) constituye un derecho incorporado en la esfera jurídica de todo
gobernado para que en los plazos previstos en la normatividad aplicable, pueda acceder
a tribunales independientes e imparciales a plantear su pretensión o defenderse de la
demanda en su contra; b) debe garantizar al gobernado el acceso ante la autoridad
jurisdiccional competente, a fin de resolver una cuestión concreta prevista en el sistema
- 58 -
legal, es decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá
plena seguridad de recibirla por los órganos jurisdiccionales permanentemente
estatuidos, con antelación al conflicto, sin más condición que las formalidades
necesarias, razonables y proporcionales; c) deben implementarse los mecanismos
necesarios y eficaces para desarrollar la posibilidad del recurso judicial que permita
cristalizar la prerrogativa de defensa; y, d) los juzgadores deben desarrollar la
posibilidad del recurso judicial, eliminando formalismos que representen obstáculos para
ello.
En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis III.4o. (III Región) 6 K (10a.), de rubro:
“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE
DERECHO
HUMANO
LOS
JUZGADORES
DEBEN
DESARROLLAR
LA
POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL.”.28
Ahora, en este trabajo se ha analizado que el juicio oral mercantil, de reciente
incorporación al Código de Comercio, mediante decreto publicado el 27 de enero de
2011, privilegia la prontitud en el acceso a la justicia perseguida con su regulación; sin
embargo, al no haberse incorporado un procedimiento de ejecución especial para el
juicio oral, éste debe tramitarse conforme a las reglas que para la ejecución de sentencias
rigen en cualquier juicio mercantil, las cuales no corresponden a la naturaleza
concentrada y de pronta resolución del referido juicio, pues ordenan la realización de
actos procesales que se erigen en obstáculos injustificados para la ejecución del fallo.
En efecto, conforme a esas normas, el vencedor debe efectuar gastos excesivos que
incrementan el costo del juicio oral mercantil –de cuantía menor– en detrimento de la
razonabilidad del plazo de resolución de la controversia y de la prontitud del acceso a la
justicia, en perjuicio de los ciudadanos que acuden a este procedimiento y de la sociedad
en general, que se encuentra interesada en que las sentencias que constituyen cosa
juzgada y son la verdad legal, se ejecuten de manera expedita, dado que la sentencia sólo
sirve al vencedor cuando recibe materialmente el monto de la condena.
28
Décima Época. Registro: 2000479. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2. Materia(s):
Constitucional. Tesis: III.4o.(III Región) 6 K (10a.). Página: 1481.
- 59 -
En ese sentido, armonizando el contenido de los artículos 8.1 y 25 de la CADH, así
como el 17 de la CPEUM, se concluye que el Estado mexicano está obligado a
garantizar el acceso a la justicia en un plazo razonable, eliminando los obstáculos de
toda índole, que dificulten tanto la pronta resolución del conflicto como la rápida
ejecución de la sentencia.
Ahora bien, en el procedimiento de remate de bienes, como parte de la etapa de
ejecución de sentencia, el artículo 141129 del Código de Comercio, reformado
mediante decreto publicado en el DOF el 10 de enero de 2014, establece la
obligatoriedad de anunciar la venta judicial por medio de edictos, que deben publicarse
dos veces en un periódico de circulación amplia de la entidad federativa donde se ventile
el juicio.
En los juicios orales mercantiles, tal dispositivo no debe interpretarse gramaticalmente,
sino de conformidad con lo establecido en los artículos 8.1 y 25 de la CADH, así como
el 17 de la CPEUM, para concluir que la venta judicial forzosa de bienes debe publicarse
a través del portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), si el juicio se
tramita en un juzgado federal, o del Tribunal Superior de Justicia de la entidad en que se
sustancie el juicio, si éste se siguió en un órgano jurisdiccional del fuero común; ello,
por medio de un “link” que se dé a conocer desde el auto admisorio de la demanda,
comunicando a las partes que, en caso de que en ese juicio se lleguen a rematar bienes,
la convocatoria de postores se hará por el referido medio informático.
Lo anterior, porque al resultar un método antiguo la publicación de edictos para
convocar postores, cuyo costo representa un gasto excesivo para el ejecutante,
consideramos que un método coherente con esa prontitud con que fue diseñado el juicio
oral mercantil, en aras de efectivizar el derecho fundamental de acceso a la justicia, es la
29
Artículo 1411. Presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de
aquel, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes por medio de edictos que se publicarán dos
veces en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio. Entre la
primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de tres días si fuesen muebles, y nueve días si
fuesen raíces. Asimismo, entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de cinco días.
- 60 -
utilización de los medios masivos de comunicación actuales, los que tienen un bajo o
nulo costo, como es el caso de Internet, que incluso es de penetración masiva, mucho
mayor a los periódicos de circulación local o nacional.
La interpretación conforme efectuada es acorde a lo establecido en el artículo 1°
constitucional, pues armoniza el contenido del precepto legal mencionado con los
derechos establecidos en los preceptos de la CADH y de la CPEUM mencionados, para
hacerlo coherente con tales ordenamientos y así permitir al vencedor en un juicio,
ejecutar de manera más sencilla y sin incurrir en altos costos, el fallo dictado a su favor,
pues como hemos afirmado, mientras no se ejecute una sentencia que es cosa juzgada y
constituye la verdad legal, no puede considerarse que se ha hecho efectivo el derecho de
acceso a la justicia.
En efecto, consideramos que, acorde a la instrumentación dada al juicio oral mercantil,
el procedimiento de ejecución de las sentencias en él pronunciadas debe ser también
ágil, a fin de que se logre la intención que el legislador tuvo al regular dicho juicio en el
Código de Comercio, y con ello se cumpla con los estándares interamericanos del acceso
a la justica, pues como se ha dicho, la CoIDH ha establecido el criterio reiterado, acerca
de que el procedimiento de ejecución es parte integrante del juicio, y que éste en su
integridad debe concluirse en un plazo razonable.
Con la interpretación propuesta, se logrará que el procedimiento de que se trata sea un
auténtico instrumento para hacer efectivo el acceso a la justicia en la materia mercantil,
y de esa manera evitar que las sentencias que se dicten en ese juicio sean meras
declaraciones cuya ejecución sea nugatoria por la existencia de algunos obstáculos
injustificados que impiden el acceso efectivo a la jurisdicción, pues mientras la condena
obtenida no se vea materializada, para el particular que acudió a someter su controversia
ante un tribunal previa y formalmente establecido por el Estado, no habrá auténtico
acceso a la justicia.
- 61 -
CONCLUSIONES
1. Con independencia de las causas que hayan motivado su inclusión en el Código
de Comercio, el juicio oral mercantil se instrumentó para agilizar las
controversias de cuantía menor en materia mercantil, dotándolo de un
procedimiento sencillo y desprovisto de recursos ordinarios, el cual satisface los
estándares interamericanos del derecho de acceso a la justicia.
2. Acorde a ese propósito, el procedimiento de ejecución de sentencia para el juicio
oral debe ser también de fácil acceso y estar desprovisto de obstáculos de índole
procesal y económica, en aras de la razonabilidad del plazo de resolución de la
controversia, que incluye el período de ejecución, para procurar que en un lapso
breve se ejecuten las sentencias dictadas en dicho juicio, y de esa manera no se
desvirtúe el derecho a la protección judicial efectiva, garantizándose así la
prontitud del acceso a la justicia, en beneficio de los justiciables y de la sociedad
en general, que está interesada en que las sentencias firmes se ejecuten de
manera expedita y no queden como una mera declaración.
3. Actualmente, la ejecución de sentencia en el juicio oral mercantil no cumple con
los estándares interamericanos del derecho fundamental de acceso a la justicia,
porque entre otros obstáculos, el más trascendente es el contenido en el artículo
1411 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el DOF el 10
de enero de 2014, el cual regula el remate de bienes para que con su producto se
pague el monto de la condena y, al efecto, establece la obligación de anunciar la
venta judicial para convocar postores, a través de la publicación de edictos en un
periódico de circulación amplia en la entidad federativa donde se ventile el
juicio; situación que eleva los costos de ese tipo de asuntos de cuantía menor y
dificulta la pronta ejecución del fallo.
4. En el juicio oral mercantil, tal dispositivo no debe interpretarse gramaticalmente,
sino de conformidad con lo establecido en los artículos 8.1 y 25 de la CADH, así
- 62 -
como el 17 de la CPEUM, para concluir que la venta judicial forzosa de bienes
debe publicarse a través del portal de Internet del Consejo de la Judicatura
Federal (CJF), si el juicio se tramita en un juzgado federal, o del Tribunal
Superior de Justicia de la entidad en que se sustancie el juicio, si éste se sigue en
un órgano jurisdiccional del fuero común; ello, por medio de un “link” que se dé
a conocer desde el auto admisorio de la demanda, comunicando a las partes que,
en caso de que en ese juicio se lleguen a rematar bienes, la convocatoria de
postores se hará por el referido medio informático.
Lo anterior, porque la publicación de edictos para convocar postores es un
método antiguo, cuyo costo representa un gasto excesivo para el ejecutante, a
diferencia de los medios masivos de comunicación actuales, como el Internet, el
cual tiene un bajo o nulo costo, e incluso es de penetración masiva, mucho mayor
a los periódicos de circulación local o nacional, por lo que su utilización
constituye un método coherente con la prontitud con que fue diseñado el juicio
oral mercantil, en aras de efectivizar el derecho fundamental de acceso a la
justicia.
5. Con la interpretación propuesta, se logrará que el juicio oral mercantil sea un
auténtico instrumento para hacer efectivo el acceso a la justicia, y de esa manera
evitar que las sentencias que se dicten en ese procedimiento sean meras
declaraciones cuya ejecución resulte nugatoria por la existencia de algunos
obstáculos injustificados que impiden el acceso efectivo a la jurisdicción, pues
mientras la condena obtenida no se vea materializada, para el particular que
acudió a someter su controversia ante un tribunal previa y formalmente
establecido por el Estado, no habrá auténtico acceso a la justicia.
- 63 -
Bibliografía
Alcalá-Zamora y Castillo, N. (1992) Estudios de teoría general e historia del proceso
(1945-1972). Sin ed. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
Serie G Estudios doctrinales, núm. 8, tomo II.
Andrés Ibáñez, P. (2004) Proceso penal: ¿qué clase de publicidad y para qué?, en Jueces
para la democracia, número 51, Madrid, noviembre de 2004.
Arellano García, C. (2001) Derecho procesal civil. 8ª. Edición, México: Porrúa.
Becerra Bautista, J. (1974) El proceso civil en México. 4ª. Edición. México: Porrúa.
Camargo Nassar, I.J. Principios que rigen el procedimiento oral. Consejo de Notarios del
Estado
de
Chihuahua.
En
http://www.notariosdelestadodechihuahua.org.mx/files/ar_pdf_43.pdf. [Acceso el
17 de agosto de 2013].
Carbonell, M. (2009) Los juicios orales en México. 5ª Edición. México: Porrúa.
___________ y Ochoa Reza, E. (2009) ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales? 4ª
Edición. México: Porrúa.
Castrillón y Luna, V.M. (2012) Derecho procesal mercantil. 8ª. Edición. México:
Porrúa.
Chiovenda, G. (1989) Instituciones de derecho procesal civil, tomos I y III. Sin ed.
México: Cárdenas Editor y Distribuidor.
Couture, E.J. (1976) Vocabulario jurídico, con especial referencia al derecho procesal
positivo vigente uruguayo. Sin ed. Argentina: Depalma.
Escriche, J. (1998) Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense.
Sin ed. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Instituto de
Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, LV Legislatura del Congreso del estado
de Guerrero y Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa.
Falcón, E. M. (2003) Derecho procesal civil, comercial, concursal, laboral y
administrativo Tomo I, Sin ed. Buenos Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni
Ferrajoli, L. (2004) Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. 6ª Edición. Madrid:
Trotta.
Fix Zamudio, H. (2007) Aproximación al estudio de la oralidad procesal, en especial en
materia penal. Estudios jurídicos en homenaje a Cipriano Gómez Lara, México:
Porrúa, UNAM.
- 64 -
García Ramírez, S. (2010) La reforma penal constitucional (2007-2008), 4ª Edición.
México: Porrúa.
Gómez Lara, C. (1998) Derecho procesal civil. 6ª. Edición. México: Oxford University
Press.
______________ (2008) Teoría general del proceso. 7ª. Reimpresión. México: Oxford
University Press.
______________ (2004) Teoría general del proceso, Banco de preguntas. Sin ed.
México: Oxford University Press.
Ovalle Favela, J. (2008) Derecho procesal civil. 8ª. Reimpresión. México: Oxford
University Press.
Tarigo, E. (1994). Lecciones de derecho procesal, tomo II, 1ª. Edición. Uruguay:
Fundación de Cultura Universitaria.
Viteri Custodio, D.D. (2013) El derecho al plazo razonable en el proceso penal: el
desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del
Tribunal Constitucional peruano. En Revista del Instituto de Estudios Penales Número 8, 1 de febrero de 2013, Argentina. Disponible en
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=65336&print=2
y
en
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/6E1AF1F197B5442B05257
A880019DF6B/$FILE/104300574-El-Plazo-Razonable.pdf. [Acceso el 30 de
septiembre de 2013].
Casos e instrumentos internacionales
Comisión Interamericana de derechos Humanos (2007) El acceso a la justicia como
garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los
estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos. Sin ed.
OEA.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José, Costa Rica, 722 de noviembre de 1969. En <http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm> [Acceso el 9 de
septiembre de 2013].
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004) Caso 19 Comerciantes Vs.
Colombia. Sentencia de 5 de julio (Fondo, Reparaciones y Costas). Voto
parcialmente disidente de la Jueza Cecilia Medina Quiroga. Disponible en
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_109_esp.doc [Acceso el 15
de septiembre de 2013].
- 65 -
_________________ (2007) Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú.
Sentencia de 10 de julio (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
Disponible
en
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_167_esp.pdf> [Acceso el
10 de septiembre de 2013].
_________________ (2003) Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Sentencia de 28 de
febrero
(Fondo,
Reparaciones
y
Costas).
En
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_98_esp.pdf> [Acceso el
11 de septiembre de 2013].
_________________ (2012) Caso Furlán y Familiares Vs. Argentina. Sentencia de 31 de
agosto
(Fondo,
Reparaciones
y
Costas).
Disponible
en
<www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_246_esp.pdf> [Acceso el 10 de
septiembre de 2013].
_________________ (1997) Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Sentencia de 29 de
enero
(Fondo,
Reparaciones
y
Costas).
Consultable
en
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_30_esp.pdf> [Acceso el
19 de septiembre de 2013].
_________________ (2009) Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs.
México. Sentencia de 16 de noviembre (Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones
y
Costas).
Disponible
en
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf> [Acceso el
19 de septiembre de 2013].
_________________ (2005) Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia.
Sentencia de 15 de septiembre (Fondo, Reparaciones y Costas). Disponible en
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf> [Acceso el
27 de septiembre de 2013].
_________________ (2011) Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Sentencia de 5 de julio
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Disponible en
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_228_esp.pdf> [Acceso el
13 de septiembre de 2013].
_________________ (2009) Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 28 de
enero (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Disponible en
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_195_esp.pdf> [Acceso el
24 de septiembre de 2013].
_________________ (2008) Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Sentencia de
27 de noviembre (Fondo, Reparaciones y Costas). Consultable en
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_192_esp.pdf> [Acceso el
19 de septiembre de 2013].
- 66 -
_________________ (1988) Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29
de
julio
(Fondo).
Disponible
en
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf> [Acceso el
25 de septiembre de 2013].
Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos.
Consultable
http://www.un.org/es/documents/udhr/ [Acceso 10 de agosto de 2013].
en
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Consultado en
<http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm> [Acceso el 28 de septiembre de
2013].
Legislación
Código de Comercio, publicado en el DOF el 13 de diciembre de 1889. Consultable en
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3.pdf> [Acceso 30 de abril de
2014].
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en el DOF el 26 de
mayo
de
1928.
Consultable
en
<http://www.aldf.gob.mx/archivoba978854091c6cc27ca1e67d746049a6.pdf> [Acceso 22 de febrero de 2014].
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF el 5 de
febrero
de
1917.
Consultable
en
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf> [Acceso 12 de agosto de
2013].
- 67 -