Brasil: Cerca de 20 mil campesinas y campesinos están siendo

Brasil: Cerca de 20 mil campesinas y campesinos están siendo

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Campaña Global por la Reforma Agraria
RED DE EMERGENCIA
0514BRA (CRA0507)
11.07.05
Brasil: Cerca de 20 mil campesinas y campesinos están siendo desalojados en Pará
Más de 4.732 familias de las regiones sur y sureste del estado de Pará están siendo amenazas de desalojo. Hasta el
momento 140 familias ya fueron expulsadas de sus casas. Se calcula que un total de 20 mil personas pueden ser
expulsadas de sus tierras en los municipios de Marabá, Rondon do Pará, São João Araguaia, Itupiranga,
Paraupebas, Curionópolis, Abel Figueiredo, Eldorado de Carajás, Canaã de Carajás, Tucuruí y Breu Branco.
Frente a esta situación de violencia, impunidad y consecuente violación de los derechos humanos, las
entidades del Forum Nacional de Reforma Agraria decidieron hacer una campaña nacional e internacional.
Es muy importante presionar las autoridades brasileñas para que tomen medidas urgentes para respetar,
proteger y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales y de sus líderes y realizar la
reforma agraria en Brasil. Por favor, envíe lo más pronto posible esta carta al Juez Titular de la Vara
Agraria de Marabá Líbio Araújo Moura con copias para el Gobernador del Estado de Pará Simão Jatene.
Informe también a la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de Marabá.
Antecedentes
Las regiones sur y sureste del estado de Pará tienen un historial de violencia contra campesinos y de impunidad hacia los
hacendados y terratenientes, que violan los derechos humanos de trabajadores rurales. Según los datos del cuaderno de
conflictos en el campo en Brasil de 2004 de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en 2004 fueron asesinados 15
trabajadores rurales en el estado de Pará, otros 16 sufrieron tentativas de asesinato, 98 fueron amenazados de muerte. La
impunidad de los crímenes es algo alarmante, pues según la CPT hoy son 27 mandantes y pistoleros con prisiones preventivas
decretadas y no capturados por la policía. En 2005, la situación de inseguridad y terror continúa: ya fueron registrados nueve
asesinatos en el estado de Pará, incluyendo el de la Hermana Dorothy Stang.
En septiembre del año pasado, la Judicatura del Pará realizó muchas medidas de reintegración de posesión. Los desalojos no se
concretizaron después de denuncia de las entidades e intermediación de la Defensoría Agraria Nacional. Según las
organizaciones, las decisiones judiciales son fruto de varias reuniones de bastidores realizadas entre la cúpula del gobierno del
Estado Simão Jatene y forman parte de una operación "limpieza" para una fiesta de terratenientes que será realizada en Marabá
el mes de julio de 2005. En el inicio de junio tuvo inicio la operación de desalojo y 40 áreas deben ser alvo de la acción de la
Policía Militar. Según informaciones del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin-Tierra (MST), cerca de 20 mil
trabajadores rurales sin tierra, entre adultos, ancianos y niños están siendo expulsos de áreas ocupadas en el sureste de Pará.
Entre las tierras ocupadas están haciendas consideradas improductivas o con un proceso de desapropiación en marcha,
conforme denunciaron la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la Federación de Trabajadores agrícolas de Pará (FETAGRI) y
el MST. La realización de una operación de desalojo, además de colocar en riesgo la integridad física de las familias,
incluyendo a mujeres y niños, también significa una amenaza al derecho a la alimentación de estas personas, pues ellas viven
estas tierras y serán expulsas sin ofrecérseles alguna alternativa de donde irán a vivir y adquirir alimento para su sustento.
El día lunes 6 de junio de 2005, la policía expulsó violentamente a 140 familias que hace 7 años ocupan las haciendas Boa
Sorte y Boa Vista, en el municipio de Marabá. Estas haciendas son tierras de Estado, que comprenden aproximadamente 6 mil
hectáreas, apropiadas ilegalmente por el hacendado Valdemar Camilo. Durante el desalojo forzado en la hacienda Buena
Suerte, ocupada por las familias hace 7 años, la policía conjuntamente con sicarios de la hacienda, practicó varias formas de
violencia contra los trabajadores. En el episodio los campesinos Sávio Sousa Silva, José Adriano Silva, Robson de la Cruz y
Edmilson José de Oliveira, fueron agredidos a patadas por los policías y amenazados de muerte. La policía ni siquiera permitió
que las familias tuvieran tiempo de sacar sus pertenencias de las casas, así como los alimentos de la última cosecha.
Denuncias hechas por representantes de los movimientos sociales de Parauapebas, muestran que están siendo cometidas
diversas violaciones de los derechos de los trabajadores. La casa del agricultor Raimundo Castro fue quemada por la policía
con 10 sacas de arroz. La trabajadora rural Maria de los Reyes estaba sola en casa cuando los policías llegaron, dieron pocas
horas de plazo para que ella sacara las cosas de casa y las llevara para la carretera. Al no conseguirlo, los policías prendieron
fuego a la casa que tenía 12 sacos de arroz y otras pertenencias más.
Nuevos desalojos ocurrieron en el Municipio de Marabá, con el desalojo de las 100 familias que ocupan la hacienda Globo (ya
con informe de improductividad), 48 familias que ocupan la hacienda Remanso (tierras del Estado ocupadas hace 7 años), 90
familias que ocupan la hacienda Estrela da Manhã y 80 familias que ocupan la hacienda Tibiriçá (ya con informe de
improductividad).
El pedido de la Red de Emergencia
Frente a los hechos presentados, queda explícita la violación de los Derechos Humanos en el Estado de Pará y se hace
necesario y urgente que el Estado Brasileño adopte medidas urgentes y permanentes para cesar los desalojos que están
ocurriendo en ese estado. Brasil es Estado Parte del Pacto Internacional de los Derechos Humanos, y por lo tanto, está obligado
a respetar y proteger la población de su acceso a la tierra. Según la ONU, los desalojos forzosos son prima facie incompatibles
con los requisitos del PIDESC (OG 7, §1) y en ningún caso deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda
o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Además, el Comité de DESC de la ONU dispone que cuando los
afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor
medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según
proceda (OG 7, §16).
Fin de la línea de emergencia:
Direcciones:
LÍBIO ARAÚJO MOURA
Juez Titular da Vara Agraria de Marabá
Forum Juiz José Elias Monteiro López,
Rua Transamazônica, s/n
CEP 68502-290 Bairro Amapá - Marabá
- PA
FAX: +55-94- 3324-3224
22.08.2005
Copias para:
SIMÃO JATENE
Gabinete do Gobernador do Estado do Pará Palacio do Despacho
Rodovia Augusto Montenegro, Km 09 - Cep
66823-010 - Belém - Pará
Fax.: +55-91 3248-0133
E-Mail: redaçã[email protected]
Comissão Pastoral da
Terra (CPT)
Sub-secretaria de Marabá
Trav. 13 de maio, 208
Marabá- Brasil
Fax:+55-913211324
Traducción:
Estimado Juez,
Estoy muy preocupado con las violaciones de derechos humanos cometidos contra las familias campesinas en el sur y sureste del estado de
Pará. Estoy recibiendo informaciones de que más de 20.000 campesinos y campesinas serán desalojados de las tierras en que viven y
trabajan. El día lunes 6 de junio de 2005, la policía inició la expulsión violenta de 140 familias que hace 7 años ocupan las haciendas Boa
Sorte y Boa Vista, en el municipio de Marabá. Estas haciendas son tierras del Estado, que comprenden aproximadamente 6 mil hectáreas,
apropiadas ilegalmente por el hacendado Valdemar Camilo. Durante el desalojo forzado en la hacienda Boa Sorte, ocupada por las familias hace 7
años, la policía conjuntamente con sicarios de la hacienda, cometió actos de violencia contra los trabajadores. En el episodio los campesinos Sávio Sousa
Silva, José Adriano Silva, Robson de la Cruz y Edmilson José de Oliveira, fueron agredidos a patadas por los policías y amenazados de muerte. La policía ni
siquiera permitió que las familias tuvieran tiempo para retirar sus pertenencias de las casas, así como los alimentos de la última cosecha. Nuevos desalojos
ocurrieron en el Municipio de Marabá, con el desalojo de las 100 familias que ocupan la hacienda Globo (ya con informe de improductividad), 48 familias que
ocupan la hacienda Remanso (tierras del Estado ocupadas hace 7 años), 90 familias que ocupan la hacienda Estrela da Manhã y 80 familias que ocupan la
hacienda Tibiriçá (ya con informe improductividad).
Me tomo la libertad de escribirle a Usted ya que el Brasil es Estado Parte de diversos Pactos Internacionales de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y, de esta forma, asumió compromisos en el ámbito del derecho internacional de proteger y respetar los derechos a la tierra y a la
alimentación de los pueblos, en especial de las familias campesinas. Según la ONU, los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del
PIDESC (OG 7, §1) y en ningún caso deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos.
El Comité de DESC de la ONU además dispone que cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las
medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según
proceda (OG 7, §16). Además, “la obligación de proteger requiere que medidas sean tomadas por el Estado para asegurar que empresas o individuos no priven
a otros individuos de su acceso a la alimentación adecuada”. O sea, los desalojos y la expulsión de las familias violan el derecho la alimentación de éstas, pues
están siendo expulsas sin ofrecérseles alguna alternativa de dónde irán a vivir y adquirir alimento para su sustento.
Frente a estos hechos, le solicitamos que sean tomadas medidas urgentes, que son necesarias para evitar el aumento de los conflictos y la violación de los
derechos humanos:
1) Su intervención urgente para que sean suspendidas las operaciones de desalojos forzosos;
2) La revisión de las decisiones judiciales, en función de la improductividad y robo de las tierras;
3) La solicitud formal de este juicio para que el Estado de Pará proporcione refugio a las familias ya desalojadas;
4) La inmediata instalación de procedimiento de investigación para evaluar los abusos cometidos por la Policía Militar en las operaciones de desalojo forzosos
ya realizadas.
Por favor, manténgame informado de las medidas que fueran tomadas.
Atentamente
C/c: Gobernador del Estado de Pará Simão Jatene
LÍBIO ARAÚJO MOURA
Juiz Titular da Vara Agrária de Marabá
Fórum Juiz José Elias Monteiro Lopes,
Rua Transamazônica, s/n
CEP 68502-290 Bairro Amapá - Marabá – PA
FAX: +55-94- 3324-3224
Excelentíssimo Juiz,
Estou muito preocupado com as violações de direitos humanos praticados contra as famílias camponesas no sul e
sudeste do estado do Pará. Estou recebendo informações de que mais de 20.000 camponeses e camponesas serão
despejadas das terras em que vivem e trabalham. No dia 06 de junho de 2005, segunda-feira, a polícia iniciou a
expulsão violenta de 140 famílias que há 07 anos ocupam as fazendas Boa Sorte e Boa Vista, no município de
Marabá. Estas fazendas são terras da União, que compreendem aproximadamente 6 mil hectares, apropriadas
ilegalmente pelo fazendeiro Valdemar Camilo. Durante o despejo forçado na fazenda Boa Sorte, ocupada pelas
famílias há 07 anos, a polícia, agindo com capangas da fazenda, praticou várias formas de violência contra os
trabalhadores. No episódio, os lavradores Sávio Sousa Silva, José Adriano Silva, Robson da Cruz e Edmilson José
de Oliveira, foram agredidos a chutes e pontapés pelos policiais e ameaçados de morte. A polícia sequer permitiu
que as famílias tivessem tempo de retirarem seus pertences das casas, bem como os alimentos colhidos na última
safra. Nos últimos dias, novos despejos ocorreram no Município de Marabá, com o despejo das 100 famílias que
ocupam a fazenda Balão (já com laudo de improdutividade), 48 famílias que ocupam a fazenda Remanso (terras da
União ocupadas há 07 anos), 90 famílias que ocupam a fazenda Estrela da Manhã e 80 famílias que ocupam a
fazenda Tibiriçá (já com laudo improdutividade).
Tomo a liberdade de escrever a Vossa Excelência, pois o Brasil é Estado Parte de diversos Pactos Internacionais
de Direitos Humanos (PIDESC) da Organização das Nações Unidas (ONU) e, desta forma, assumiu compromissos
no âmbito do direito internacional de proteger e respeitar os direitos à terra e à alimentação da população, em
especial das famílias camponesas. Segundo a ONU, os despejos forçados são incompatíveis com os requisitos do
PIDESC (CG 7, §1) e em circunstância alguma deveriam ser efetuados quando pessoas ficarem sem moradia ou
expostos à outras violações de direitos humanos. Além disso, a ONU dispõe, que se os afetados por despejos não
possuírem recursos, o Estado deverá adotar todas as medidas possíveis para que se proporcione aos mesmos outra
moradia, reassentamento ou acesso à terras produtivas (cf. CG 7, §16). Ou seja, os despejos e a expulsão das
famílias viola o direito a alimentação destas, pois estão sendo expulsas sem que as autoridades apresentem qualquer
alternativa de onde irão morar e adquirir alimento para seu sustento.
Diante destes fatos, vimos requerer a Vossa Excelência que sejam tomadas as providências urgentes e necessárias
para evitar o acirramento dos conflitos e a continuação da violação dos direitos humanos:
1)
A intervenção urgente de Vossa Excelência para que sejam suspensas as operações de
despejo;
2)
A revisão das liminares, em função da improdutividade e grilagem das terras;
3)
A solicitação formal deste juízo para que o Estado do Pará providencie abrigo para as
famílias já desalojadas;
4)
A imediata instalação de procedimento investigatório para apurar os abusos cometidos pela
Policia Militar nas operações de despejo já realizadas.
Por favor, mantenha-me informado das medidas que forem tomadas.
Respeitosamente
C/c: Governador do Estado do Pará Simão Jatene