El fin de las casualidades del 11-M

El fin de las casualidades del 11-M
Sábado, 28 de agosto de 2004. Año XV. Número: 5.376.
OPINION
TRIBUNA LIBRE
El fin de las casualidades del 11-M
JAIME IGNACIO DEL BURGO
Entre la avalancha de información enviada a la Comisión de Investigación del
11-M, un auto del juez Del Olmo, de 19 de julio de 2004, pasó inadvertido o, al
menos, en mi grupo parlamentario no se le prestó la atención debida. Y sin
embargo, como ponía de manifiesto EL MUNDO el 23 de agosto, había en él
una información de excepcional importancia.
En la página 27 del auto se puede leer el siguiente párrafo: «Con relación a las
intervenciones telefónicas de UDYCO-MADRID (autorizadas por los Juzgados de
Instrucción que estaban conociendo de las citadas investigaciones), cabe
recordar que no sólo se intervino, en lo que afecta a esta investigación, el
teléfono de Rafá Zouhier, sino que se estaba produciendo la intervención de
teléfonos de otros presuntos implicados, o que en los citados teléfonos
intervenían o eran mencionados».
Tras hacer este recordatorio (expresión en mi opinión inadecuada, pues es la
primera vez que se hace referencia a la intervención telefónica de los
implicados en los atentados realizadas con anterioridad al 11-M), el juez se
refiere a las conversaciones mantenidas los días 17, 26, 28 y 29 de febrero
entre el terrorista muerto en la acción de Leganés, Jamal Ahmidan, alias El
Chino, y Otman el Gnaoui, actualmente en prisión por su participación en los
atentados. Asimismo, se hace referencia en el auto a otra conversación
mantenida el 26 de febrero de 2004 entre El Chino y el confidente policial
Suárez Trashorras, vendedor de la dinamita a los terroristas.
Del auto judicial se desprende que, en función de las mencionadas escuchas
telefónicas ordenadas primero por un Juzgado de Parla y continuadas después
por otro de Alcalá de Henares en el marco de unas investigaciones sobre un
supuesto delito de narcotráfico, la unidad especializada en la lucha contra el
tráfico de drogas y el crimen organizado de la Jefatura Superior de Policía de
Madrid (UDYCO-MADRID) conoció cómo El Chino se concertaba con Otman el
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Gnaoui para falsificar su pasaporte (conversación del 17 de febrero de 2003) y
cómo ordenaba a su interlocutor que acudiera a Burgos el 29 de febrero en una
«furgoneta» junto con otros miembros de la Célula de Morata de Tajuña para
encontrarse con los dos vehículos en los que El Chino trasladaba la dinamita
facilitada por Suárez Trashorras.
Del auto se infiere que la UDYCO grabó la conversación mantenida entre
Suárez Trashorras y El Chino, el 26 de febrero, en la que acordaron que el
traslado de los explosivos tendría lugar los días 28 y 29 de febrero. Asimismo,
de las conversaciones grabadas parece desprenderse que Suárez Trashorras y
los marroquíes se habían concertado para realizar otras actividades delictivas
como la creación de una red dedicada a la sustracción de vehículos a motor y la
obtención de documentación falsa. Y así, uno de los vehículos utilizados para el
traslado de los explosivos, un Toyota Corolla, que había sido sustraído en
Madrid en el mes de septiembre de 2003 -se supone que por los futuros
terroristas- se hallaba en poder de Suárez Trashorras desde finales del pasado
año.
El Grupo Socialista sí se percató del contenido del auto del juez Del Olmo, pues
lo utilizó para descalificar a quienes, según su portavoz, tratábamos de
sembrar dudas sobre el comportamiento de los cuerpos policiales, lo que
contrastaba con las referencias reiteradas del juez a la «profesionalidad y
rigor» del Cuerpo Nacional de Policía, determinantes para la rápida
desarticulación de la célula terrorista autora material de la masacre. Sin
embargo, de la lectura sosegada del auto se desprende que esta frase
laudatoria del juez instructor no se refiere a los hechos anteriores al 11-M, sino
a las investigaciones policiales realizadas para descubrir a los terroristas a
partir de la obtención de los elementos objetivos constituidos por la aparición
en la estación de Alcalá de Henares de la furgoneta utilizada y, sobre todo, por
la del artefacto explosivo encontrado en la comisaría de Vallecas en la
madrugada del día 12 de marzo.
Una buena parte de los trabajos de la Comisión del 11-M se centró en
determinar si el Gobierno del Partido Popular había pecado de imprevisión ante
la amenaza del terrorismo islamista y si los cuerpos de seguridad poseían los
recursos materiales y humanos necesarios para hacerle frente. Los
comparecientes, en su inmensa mayoría, señalaron que los responsables de la
seguridad estaban en situación de alerta permanente, aunque ningún servicio
de Inteligencia -propio o ajeno- hubiera advertido ningún movimiento de Al
Qaeda para atentar en España, y destacaron el gran número de terroristas
islamistas detenidos en nuestro país. Pero ese debate tiene escaso sentido si se
tiene en cuenta que ninguna célula de la banda de Bin Laden se introdujo
clandestinamente en España para perpetrar los atentados burlando la alerta
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policial, sino que los cuerpos de seguridad tenían controlados a todos cuantos
participaron en la planificación y ejecución de la masacre con anterioridad al 11M.
Conviene tener presente que el atentado no fue obra de la organización
terrorista de Al Qaeda sino de un grupo de delincuentes comunes, la mayor
parte de origen marroquí y con la participación de algún argelino vinculados a
la organización terrorista GIA (que, por cierto, ha mantenido siempre
excelentes relaciones con ETA), que de la noche a la mañana decidieron
convertirse al islamismo radical y sumarse a la Yihad para dar su merecido a
los cruzados españoles, acreedores al castigo de Alá por sus pecados próximos
(Afganistán e Irak) y remotos (la expulsión de los musulmanes de Al Andalus
hace 500 años).
Como ya recordé con cierta ironía, en todo este asunto las casualidades se
multiplican por doquier (EL MUNDO, 11 de julio). ¿Que quien vendió los
explosivos era un confidente de la policía de Avilés y quien medió en la compra
de los mismos lo era de la Guardia Civil? No importa, pura casualidad. ¿Que se
levantó la vigilancia policial a El Tunecino (otro de los terroristas muerto en
Leganés) unos días antes del 11-M? Pura casualidad. ¿Que el vehículo utilizado
por ETA en el atentado de diciembre de 2002 en Santander había sido robado
en las inmediaciones del garaje donde Suárez Trashorras tenía su cuartel
general en Avilés? Pura casualidad. ¿Que el confidente Suárez Trashorras había
sido denunciado por el confidente Zouhier por traficar con dinamita a gran
escala? Cierto, pero la mala suerte quiso que del «vasto y extenso operativo
policial» organizado -según el informe emitido por el director general de la
Guardia Civil- no saliera nada. ¿Que bastaba con haberse asomado a la mina
donde trabajó Suárez Trashorras para descubrir la falta de control de los
explosivos, tal y como hizo después del 11-M la Guardia Civil, bajo las órdenes
del juez Del Olmo? Pues sí, pero la mala suerte quiso que la investigación
llevada a cabo en su día no diera resultado. ¿Que la denuncia formulada por
Suárez Trashorras al jefe de estupefacientes de la Comisaría de Avilés sobre la
actividad de tráfico de drogas de El Chino y demás moritos cayera en saco
roto? Nada tiene de extraño, pues podía tratarse de las fantasías de un
personaje esquizofrénico.
Pero todo lo anterior palidece ante los últimos datos aportados en el auto del
juez Del Olmo. Resulta que, bastante tiempo antes del 11-M los propios
terroristas de la célula de Morata del Tajuña eran objeto de una investigación
judicial, hasta el punto de que sus conversaciones telefónicas estaban siendo
intervenidas por la policía. Sí, entiéndase bien, ¡los propios terroristas!
Sea por mala suerte, por una serie inexplicable de casualidades, por
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negligencia de algunos, como fruto de una conspiración o, simplemente, porque
los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la luz, ese grupo de
delincuentes de medio pelo fue capaz de organizar con precisión matemática un
espantoso y criminal atentado que logró cambiar el curso de la Historia de
España o, si la expresión resulta algo grandilocuente, provocó -tal vez ése era
su principal objetivo- el cambio de Gobierno en nuestro país. Para más inri y
por una cruel paradoja, el atentado tuvo como efecto inmediato el castigo
electoral del gobernante europeo que más se había distinguido en la lucha
contra el terrorismo de cualquier signo.
Es posible que el auto del juez Del Olmo suponga el fin de las casualidades. Ya
sé que nada de lo relatado en él inquietará a una Comisión parlamentaria
obsesionada por medir en décimas de segundo el tiempo transcurrido entre la
información transmitida a la cúpula del Ministerio de Interior por los
responsables policiales y las comparecencias públicas del ministro Acebes, pues
lo único que importa es tratar de demostrar que el Gobierno de Aznar mintió
para justificar así la respuesta antidemocrática del día 13 de marzo. Tampoco
podemos esperar nada del actual equipo del Ministerio del Interior, cuyo
secretario de Estado de Seguridad acaba de declarar que probablemente nunca
se logre saber quién organizó los atentados del 11-M.
Quizás el último bastión de la verdad sea el juez Del Olmo. Al menos su auto
de 19 de julio ha puesto al descubierto hechos cuya gravedad exige una
rigurosa investigación. La Justicia tiene los medios coercitivos necesarios para
poder llevarla a cabo hasta sus últimas consecuencias. Es posible que, cuando
se levante el secreto del sumario nos encontremos con la grata sorpresa de que
por abajo, al menos, se ha investigado a fondo. De no ser así, puedo asegurar
que, por respeto a la memoria de las víctimas, a la dignidad de los cuerpos
policiales y al derecho del pueblo español a conocer la verdad, algunos no
cejaremos en el empeño de conocer la verdad.
Jaime Ignacio del Burgo es diputado de UPN-PP y miembro de la
Comisión de Investigación del 11-M.
© Mundinteractivos, S.A.
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