Conpes - DNP Departamento Nacional de Planeación

Transcripción

Documento
Conpes
3172
Consejo Nacional de Política Económica y Social
República de Colombia
Departamento Nacional de Planeación
LINEAS DE ACCIÓN PARA FORTALECER LA POLÍTICA DEL
ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO
Vicepresidencia de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de Defensa
Ministerio de Justicia
Red de Solidaridad Social
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC)
Procuraduría General de la Nación
Defensoría del Pueblo
Fiscalía General de la Nación
DNP: DJS
Versión aprobada
Bogotá, D.C., 15 de julio de 2002
TABLA DE CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN......................................................................................... 2
II. DIAGNOSTICO ........................................................................................... 3
A. Situación de derechos humanos y del DIH en cifras ............................................ 4
B. Ejecución de la política ................................................................................ 7
III. CONSOLIDACIÓN DE LA POLITICA............................................................10
1. Prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH ....................11
2. Seguridad de los Defensores de Derechos Humanos y personas amenazadas .............14
2.1 Programa de protección de testigos de la Fiscalía ................................................14
2.2. Programa de Protección de Testigos y Personas Amenazadas del Ministerio del Interior y
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ...............................................16
2.3. Programa de Protección de Reinsertados del DAS.............................................18
2.4. Programa de protección a congresistas amenazados ............................................19
3. Atención a la población desplazada por la violencia .............................................19
4. Medidas particulares de impulso al Derecho Internacional Humanitario. .................21
4.1. Desvinculación de los niños del Conflicto .........................................................21
4.2. Minas antipersonal .....................................................................................23
4.2.1. Programa de prevención de accidentes y atención integral de víctimas de minas
antipersonal-MAP..........................................................................................23
4.2.2. Programa de desminado.............................................................................25
5. Impulso a la administración de justicia .............................................................26
5.1. Lucha contra la impunidad...........................................................................26
5.1.1. Área de Casos del Programa Presidencial de Derechos Humanos ..........................26
5.1.2. Comité Especial de Impulso de Investigaciones por violaciones de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario....................................................27
5.1.3. Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación ...............29
5.1.4. Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos y
Procuraduría Delegada Preventiva para los Derechos Humanos y Asuntos Etnicos .............30
5.1.5. Defensoría Pública ...................................................................................33
5.2. Política penitenciaria y carcelaria..................................................................34
6. Cumplimiento de compromisos del Gobierno Nacional frente a organismos o agencias
internacionales ...................................................................................................35
7. Lucha contra los grupos armados al margen de la Ley .........................................36
8. Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos ..................................................38
9. Fortalecimiento Institucional ..........................................................................40
1
I.
INTRODUCCIÓN
El gobierno nacional en 1998 diseñó la “Política de promoción, respeto y garantía de los
derechos humanos1 y de aplicación del derecho internacional humanitario2 ”. El objetivo
primordial de esta política es mejorar la situación de derechos humanos del país a través de las
siguientes acciones: prevención de violaciones de derechos humanos y DIH, seguridad de los
defensores de derechos humanos, atención a la población desplazada por la violencia, impulso al
Derecho Internacional Humanitario, impulso a la administración de justicia, cumplimiento de
compromisos del Gobierno Nacional frente a organismos o agencias internacionales, lucha contra
los grupos armados al margen de la ley, elaboración del Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario y finalmente, fortalecimiento institucional.
Los principales logros de la política han sido: en primer lugar, el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y al DIH por parte de la Fuerza Pública y la consecuente
reducción en el número de denuncias y quejas contra sus miembros, el desarrollo de la reforma a
la Justicia Penal Militar y al régimen disciplinario de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, y el fortalecimiento del programa de capacitación para la Fuerza Pública.
Adicionalmente, el gobierno mejoró los programas de protección a defensores de los
derechos humanos, líderes sindicales y sociales y periodistas, aumentó la cobertura y la calidad en
la atención integral a la población desplazada e inició el Programa de prevención de accidentes
por minas antipersonal y atención a víctimas, en cumplimiento de lo establecido en la Convención
de Ottawa3. Finalmente, se expidieron medidas legislativas para enfrentar las violaciones de los
1
Los derechos humanos en forma general podrían entenderse como reivindicaciones de unos bienes primarios
considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época histórica las demandas de libertad
y dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema
normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad internaciona.l Generalmente se clasifican por
generaciones: primera generación (derecho a la vida, la integridad y la libertad), segunda generación (derechos
económicos y sociales) y tercera generación (derecho al desarrollo, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la libre
autodeterminación, el derecho a la paz y el derecho al patrimonio común de la humanidad). Papacchini, Angelo. Etica
y Derechos Humanos, USAID, Ministerio de Justicia e Instituto Luis Carlos Galán, Julio de 1998. P.20.
2
Derecho Internacional Humanitario, conjunto de normas internacionales de origen convencional, destinado a ser
aplicado en los conflictos armados, bien sean internacionales o no internacionales, que tiene como fin limitar a las
partes en el uso de métodos y medios de guerra. El fin fundamental es proteger a las personas y a los bienes afectados o
que puedan ser afectados por el conflicto. Vargas Castaño, Alfredo. Derechos Humanos Justicia. Instituto Luis Carlos
Galán-ICBF.
3
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y
sobre su destrucción (1997).
2
derechos humanos e infracciones al DIH y para atender recomendaciones de la comunidad
internacional.
No obstante estos logros, aún persisten algunas carencias institucionales y presupuestales
que deben ser superadas en el corto y mediano plazo para lograr la consolidación de la política.
Por este motivo, este documento presenta a consideración del CONPES unas acciones
urgentes para superar los obstáculos en la ejecución de la política y para desarrollar alternativas
que permitan consolidar las principales estrategias.
A pesar de que este documento se limita a la revisión de las líneas prioritarias de acción
de la política de derechos humanos del actual gobierno, las cuales se enmarcan en la protección de
los derechos a la vida, a la integridad y la libertad, no desconoce la importancia de implementar
un modelo de seguimiento, evaluación y monitoreo tanto de las políticas relacionadas con los
derechos civiles y políticos, como con aquellas que se vinculan con los derechos económicos,
sociales y culturales, y con los derechos colectivos y del ambiente.
II.
DIAGNOSTICO
El conflicto armado interno que ha vivido Colombia en los últimos cuarenta años ha sido
catalogado como el factor fundamental que ha impedido la garantía de los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el país.
Sin embargo, la realidad de la violencia colombiana es mucho más compleja. Existen
varios tipos de conflictos, que se entremezclan y alimentan la guerra: los que tienen que ver con
la convivencia ciudadana o también conocido como violencia urbana, los relacionados con el
crimen organizado, los asociados con el narcotráfico y finalmente, el conflicto armado de
naturaleza política e ideológica, que ha sido el más visible y por supuesto el más analizado.
Un primer acercamiento al comportamiento de los principales delitos relacionados con las
infracciones a los derechos humanos y al (DIH), muestra que durante el periodo 1995-2001 se
presentó un aumento de las infracciones al derecho internacional humanitario, determinado
fundamentalmente por la degradación del conflicto armado por parte de los grupos armados al
3
margen de la ley, particularmente en su accionar contra la población civil.4. Datos que hacen más
compleja la evaluación misma de los esfuerzos realizados por el Estado para lograr la garantía y
el respeto de los derechos fundamentales.
A. Situación de derechos humanos y del DIH en cifras
Civiles asesinados por la subversión y las autodefensas
En 1999, el número de civiles asesinados por la subversión y las autodefensas se
incrementó en 888 personas, en comparación con 1998, mientras que en el 2000, este incremento
fue de 434 personas. En el 2001, se logra romper con la tendencia creciente en el número de
casos. Para este último año, el 51% de los casos se atribuyen a la subversión y el 49% restante a
las autodefensas.
Gráfico No. 1
Masacres
Al comparar 1998 y 2000, el número de víctimas por masacres se incrementó en 726
personas. En el 2001 se logra romper con la tendencia creciente; sin embargo, el número de
víctimas sigue siendo alto. Para el último año, en el 58% de los casos no se tiene certeza del
4
A pesar de que no existe igualdad de criterios y procedimientos para el registro de las cifras, la mayoría de las fuentes
oficiales y privadas coinciden en este aumento.
4
responsable, a las Autodefensas se les atribuye el 27% de los homicidios por masacres y a la
subversión el 15%.
Gráfico No. 2
Gráfico No. 3
Secuestros
Entre 1997 y 1998 el número de secuestros registrados aumentó en aproximadamente en
1.368 casos. De 1998 al 2001 la tendencia se ha mantenido constante y el número de secuestrados
al finalizar al 2001 era de 3.041. En el 2000 fue el año donde se presentaron más secuestros:
3706 casos. El principal responsable de estos actos sigue siendo la subversión (64% de los casos
registrados).
5
Gráfico No. 4
Gráfico No. 5
Ataques a poblaciones
Entre 1997 y 1999 el número de ataques a poblaciones aumentó en 64 casos. Sin
embargo, a partir de 1999 se observa una tendencia decreciente en el número de ataques. El
principal responsable de estos, sigue siendo la subversión.
6
Gráfico No. 6
B. Ejecución de la política
En 1987 se crea la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, encargada de
atender los asuntos de política relacionados con los derechos humanos y el DIH. A partir de
entonces, la política en este tema estuvo orientada a la difusión y promoción de los derechos
humanos a nivel local, al diseño e implementación de la red de protección de derechos humanos y
del sistema de información para el gobierno en los casos de demanda a nivel internacional.
Además, en el tema de desplazados se creó el Fondo Especial para la Atención de Víctimas de la
Violencia. Finalmente, se fortaleció e instauró la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de
la Policía.
En 1994 se incluye el tema de los Derechos Humanos y el DIH en el Plan de Desarrollo
“El Salto Social 1994-1998”, además, se expidió el documento Una nueva política por la vida:
Derechos humanos. Desde entonces, se lograron importantes resultados en el desarrollo de la
normativa internacional. Se ratificó el Protocolo II de Ginebra, con lo cual el gobierno progresó
en el diseño de una estrategia para el respeto y promoción del DIH, se crearon las oficinas de
derechos humanos en las guarniciones militares y de policía, se conformaron las Unidades de
Derechos Humanos de la Fiscalía además, se facilitó el acceso de los funcionarios judiciales y del
Ministerio Público a los sitios y regiones donde fuese necesaria su presencia. Finalmente, y en el
7
aspecto institucional, se crearon los comités sectoriales para el seguimiento y ejecución de la
política y la Comisión Mixta 1532.
Dando continuidad a estas acciones, el gobierno del Presidente Andrés Pastrana expidió
en septiembre de 1999 la Política de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y de
aplicación del derecho internacional humanitario. Se designó como coordinador del tema al
Vicepresidente de la República, apoyado por el Programa Presidencial de Promoción, Respeto y
Garantía de los Derechos Humanos y de aplicación del DIH, que reemplazaría a la Consejería de
Derechos Humanos5.
La definición de dicha política fue producto de una labor de concertación
interinstitucional, en la que se buscó asegurar el compromiso de las distintas entidades estatales
responsables de la promoción y protección de los derechos humanos y el DIH.
De esta manera, se creó mediante el Decreto 321 del 25 de febrero del 2000, la Comisión
Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario,
como instancia de orientación, impulso y coordinación de la política. Para apoyar su labor, se
instaló un Comité Técnico, conformado por delegados de las entidades del Gobierno y del Estado
con responsabilidades en la materia6.
Finalmente, con el fin de evaluar e identificar los avances y obstáculos de la política, se
creó en la Vicepresidencia de la República un Observatorio de Derechos Humanos, como un
centro de análisis de la situación humanitaria y de seguimiento a la gestión estatal.
Para el desarrollo de la política, el actual gobierno ha invertido durante el período 1999–
2002: 804.846 millones de pesos de 2002, de los cuáles el 58% corresponden a gastos de
funcionamiento y el 42% a gastos de inversión7.
5
Decreto 127 de enero de 2001.
Vicepresidencia de la República, Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y del Derecho, Defensa
Nacional, Trabajo y Seguridad Social, Oficina Alto Comisionado para la Paz, Fiscalía General de la Nación,
Procuraduría General y Defensoría del Pueblo.
7
Fuente: entidades y Ley de Presupuesto 2002. Cálculos DJS-DNP.
6
8
Gráfico No. 7
Gastos del Estado colombiano en Derechos Humanos y DIH
1999-2002
165.609,4
233.557,6
89.598,9
76.010,5
100.000
116.826,1
116.731,4
150.000
109.537,1
59.875,9
169.413,0
200.000
154.174,7
82.092,1
236.266,8
250.000
50.000
0
1999
2000
funcionamiento
2001
inversion
2002
TOTAL
Durante la ejecución de la política, se han detectado algunos problemas, como la falta de
coordinación, evaluación institucional, dispersión de acciones e inadecuada asignación de
recursos, que afectan el sector.
En primer lugar, existe un divorcio entre la formulación de política y los proyectos de
inversión. Esta deficiencia en la planeación sectorial se ha visto reflejada en la ausencia de
9
proyectos estructurados sobre el tema y en una inadecuada distribución
de recursos en las
entidades estatales.
Derechos humanos
Bogotá, D.C., noviembre 20 de 2001
Deficiencias en
la planeación
sectorial
No hay metas
cuantificadas
Debilitamiento
del sector
Diagnóstico
Incumplimiento de
los compromisos
Inadecuada
asignación de
recursos
Proyectos
insuficientes
En segundo lugar, existen numerosos espacios de coordinación institucional que producen
una dispersión de acciones y dificultan la asignación eficiente de recursos. Esta situación además,
dificulta la evaluación de los resultados en materia de derechos humanos.
III.
CONSOLIDACIÓN DE LA POLITICA
La política del Estado colombiano en materia de derechos humanos y DIH, centra la
atención en las siguientes áreas prioritarias:
1. Prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH
2. Seguridad de los defensores de derechos humanos
3. Atención a la población desplazada por la violencia
4. Medidas particulares de impulso al Derecho Internacional Humanitario
5. Impulso a la administración de justicia
internacionales
7. Lucha contra los grupos armados al margen de la ley
8. Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
9. Fortalecimiento Institucional
10
Durante los últimos tres años, estas estrategias han tenido avances, pero también,
obstáculos para su ejecución. En esta sección se realizará un balance los principales resultados de
la política en estas áreas, y se señalarán acciones para fortalecerlas.
1. Prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH
El objetivo de las acciones de prevención de violaciones a los derechos humanos y al DIH
es informar y hacer consciente a la sociedad sobre sus derechos y sobre las amenazas y daños que
pueden sufrir a causa del conflicto armado, y evitar que esas violaciones ocurran.
Logros:
El Ministerio del Interior contribuyó con el fortalecimiento de la promoción y divulgación
de los derechos humanos y el DIH en 16 Departamentos y 150 Municipios del país. Se logró
apropiar el tema de DH en el 50% del territorio nacional, beneficiando directamente a una
población de 20.000 personas. Para esta tarea, se invirtió durante el período 1998 - 2002
$1.472.8 millones.
Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo implementó, en coordinación con la Presidencia
de la República, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de
Defensa, la Procuraduría General de la Nación y la Red de Solidaridad Social, el Sistema de
Alertas Tempranas (SAT) para la prevención de violaciones de derechos humanos que afectan
grupos poblacionales (masacres, asesinatos múltiples y desplazamientos). Entre marzo de 2001 y
marzo de 2002 se han invertido $591.1 millones (recursos USAID), representados en honorarios,
viáticos, seminarios, adecuación de oficinas y adquisición de equipos.
Por su parte, el Ministerio de Defensa fortaleció la promoción y difusión del respeto a los
derechos humanos y DIH, mediante la realización de proyectos educativos dirigidos al personal
militar y civil de la Fuerza Pública colombiana. Así mismo, buscando mejorar los modelos
pedagógicos y los contenidos temáticos, el Ministerio de Defensa ha realizado convenios para la
capacitación con centros educativos nacionales e internacionales.
11
Hasta la fecha 119.349 miembros de la Fuerza Pública han sido capacitados en esta
materia. Se destaca también el incremento de las oficinas de Derechos Humanos de la Fuerza
Pública, que pasaron de 150 en 1998 a 231 en el 2001, periodo durante el cual las quejas
recibidas en la Procuraduría por presunta violación de derechos humanos disminuyeron de 1680 a
502.
Bases para el Plan de Acción:
Se evidencia dispersión de responsabilidades, falta de coordinación de los sistemas de información
y escasa descentralización de la política de derechos humanos, lo que ha determinado fallas en los
mecanismos de operación en el marco de un enfoque preventivo y vinculante en materia de
violaciones de derechos humanos y DIH.
La centralización de la política ha dificultado las gestiones a nivel territorial. Las autoridades
locales no tienen claridad sobre sus competencias en materia de DH y DIH. A pesar de que se ha
avanzado en la elaboración de planes de contingencia para la atención al desplazamiento a nivel
local, estos no incluyen estrategias de prevención.
Adicionalmente, el Ministerio del Interior, a pesar de los esfuerzos y notables avances que
se han registrado, dada la complejidad de la situación actual, no cuenta con los recursos
necesarios, ni los mecanismos adecuados para coordinar la respuesta oportuna de las alertas
remitidas por la Defensoría del Pueblo (Directiva Presidencial 006/28/01). En tal sentido carece
de una Central de Emergencias que opere las 24 horas y que posea un sistema de registro de
alertas, protocolos definidos, niveles de comunicación institucionalizados, entre otros.
La respuesta interinstitucional a nivel de Comisiones y misiones humanitarias que trabajan
en terreno, tiene limitaciones en el apoyo logístico. Existe una débil relación y coordinación de
estas comisiones con las autoridades departamentales y municipales; además, no se ha dado un
seguimiento a los compromisos adquiridos por las entidades que lo conforman.
12
Plan de Acción:
Acción
Evaluación de las acciones del Estado en
materia de prevención y promoción
(recomendaciones para superar los obstáculos
actuales).
Fortalecimiento descentralización del tema
de derechos humanos y DIH:
- Impulsar la apropiación del tema de los
derechos humanos a nivel local y regional, con
el diseño e implementación de estrategias
(metas y recursos)
- Capacitación autoridades locales
relacionadas con la materia (alcaldes,
gobernadores, secretarios de gobiernos,
consejeros paz y demás funcionarios) para la
inclusión de actividades relacionadas con el
sector, en los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial.
- Cofinanciación de proyectos de derechos
humanos que hagan parte del plan de trabajo
municipal o departamental.
Capacitación a los Comités Locales de
Desplazamiento para que incluyan en sus
planes de contingencia el tema de prevención
Definir y concertar junto con entidades del
orden nacional y regional las funciones,
integrantes y recursos de las comisiones
humanitarias y comisiones
interinstitucionales de derechos humanos que
actúan a nivel regional.
Producto
Documento de
evaluación
Responsable
Institucional
Ministerio del
Interior
Documento con
Ministerio del
estrategias, metas y Interior
recursos
Fecha
Octubre
2002
Actividades
Permanentes
El documento se
someterá para la
aprobación del
Consejo
Nacional para la
Prevención de
Violaciones
Masivas de
Derechos
Humanos
Talleres de
Capacitación
Proyectos
Financiados a nivel
regional
Talleres de
Capacitación
Documento con
funciones,
integrantes y
recursos
Comisiones
Humanitarias e
Interinstitucionales
Creación de una Central de Emergencia para Central de
el fortalecimiento de la capacidad de respuesta emergencia
a las alertas tempranas
Conformar el Consejo Nacional para la
Consejo Nacional
Prevención de Violaciones Masivas de
para la Prevención
Derechos Humanos, encargado de la
de Violaciones
dirección político-estratégica del sistema
DDHHs
nacional de prevención.
funcionando
Promover la conformación de la Comisión
Interinstitucional Nacional y los Comités
Departamentales para la operativización de la
política.
Consolidar los procesos de registro,
Sistema de
canalización de información, diseño de
Información
alertas y promoción de la respuesta estatal.. Operando
13
Ministerio del
Interior y la Red
de Solidaridad
Ministerio del
Interior
Actividad
Permanente
Ministerio del
Interior
Marzo 2003
Diciembre 2002
Defensoría del
Diciembre 2002
Pueblo,
con el apoyo de:
Presidencia de la
República,
Vicepresidencia
de la República,
Ministerio del
Interior,
Ministerio de
Defensa,
Actividad
Procuraduría
Permanente
General de la
Nación,
Acción
Fortalecer la elaboración y actualización de
informes y diagnósticos regionales de las
dinámicas del conflicto armado y sus
repercusiones frente a las violaciones masivas
de los derechos humanos
Diseñar y ejecutar una estrategia pedagógica
dirigida a las comunidades para generar
procesos de apropiación de los derechos
humanos como fundamento de una respuesta
civil, para prevenir y disuadir las amenazas y
agresiones de los diferentes actores armados
ilegales
Garantizar el compromiso técnico y
operativo de las defensorías regionales y
seccionales a fin de canalizar toda la
información relacionada con la prevención de
las violaciones masivas de los derechos
humanos.
Fortalecer los programas de promoción,
difusión y respeto a los derechos humanos y
al DIH, al interior del Ministerio de
Defensa.
Producto
Estudios sobre
dinámica del
conflicto
Estrategia
pedagógica para
comunidades
Responsable
Institucional
Nación,
Alto
Comisionado de
Paz,
Red de
Solidaridad.
Fecha
Actividad
Permanente
Defensoría del
Pueblo
Actividad
Permanente
Ministerio de
Defensa
Actividad
Permanente
2. Seguridad de los Defensores de Derechos Humanos y personas amenazadas
El Estado deberá brindar protección a los defensores de derechos humanos, sindicalistas,
promotores de causas indígenas y activistas sociales y/o políticos que vienen siendo objeto de
persecución y amenaza, al igual que los testigos, jueces e intervinientes del proceso penal.
2.1 Programa de protección de testigos de la Fiscalía
En 1992 se creó el Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la
Nación. Este Programa garantiza la protección de las personas que contribuyan con la justicia8.
8
El Programa tiene jurisdicción nacional con una sede a nivel central ubicada en la ciudad de Bogotá y cuatro (4)
regionales situadas en las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla y Cúcuta.
14
Logros:
Entre 1999-2001 se recibieron 1.754 solicitudes de protección, de las cuales fueron
seleccionados 454 casos. Con estos se brindó protección a 1.595 personas, mediante la inversión
de $2.535 millones. Además, se adelantaron procesos de reubicación de personas amenazadas.
Es necesario desarrollar un manual de procedimientos administrativos, mejorar la
capacitación del personal, recuperar el nivel tecnológico en equipos de seguridad y
comunicaciones, y disminuir la sobrecarga de labores en el área de investigaciones y seguridad,
para fortalecer la capacidad operativa de la oficina y por ende, mejorar la atención de las
solicitudes de protección consideradas como prioritarias.
Plan de Acción:
La Fiscalía General de la Nación realizará las siguientes acciones:
- Ajustar el Manual de Procedimientos Administrativo actual, teniendo en cuenta las necesidades
de la Oficina de Protección.
- Reformar la Resolución 2700, que rige al Programa de Protección, a fin de actualizar
competencias y acciones a seguir, teniendo en cuenta las modificaciones que se realicen a la Ley
418, durante la presente vigencia. Posteriormente, elaborar una nueva cartilla informativa del
programa.
- Diseñar un programa de capacitación para los funcionarios del programa, que podrá ser
financiado con recursos de cooperación internacional.
El Ministerio de Hacienda conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación estudiarán
la posibilidad de incrementar los recursos para el Programa de Protección, manejados a través del
rubro de Gastos Reservados
15
2.2. Programa de Protección de Testigos y Personas Amenazadas del Ministerio del Interior y
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
El Ministerio del Interior tiene a su cargo en colaboración con el DAS, tres programas de
protección a testigos y personas amenazadas que se encuentran en situación de riesgo contra su
vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia política o
ideológica o con el conflicto armado interno.
Logros:
Los Programas en funcionamiento son:
1. Protección a testigos y personas amenazadas.9
2. Protección integral para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y
del Partido Comunista Colombiano10
3. Protección a periodistas y comunicadores sociales11.
El número de beneficiarios de estos programas se incrementó notablemente entre 1998 y
2001, pasando de 62 a 2.344. El Ministerio del Interior entregó 161 esquemas móviles de
protección12, 1.465 medios de comunicación, 3.696 ayudas humanitarias y dio blindaje para 198
sedes y residencias. Adicionalmente, se capacitaron
578 personas en autoprotección. En
resumen, se protegió el 92% de las 3.719 solicitudes recibidas, mediante la inversión de $18.925
millones de pesos de 2001.
El DAS apoyó el programa de Protección integral para dirigentes, miembros y
sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano con $13.998 millones.
Con estos recursos se protegió a 145 líderes sindicales y defensores de derechos humanos y a 24
miembros del Partido Comunista Colombiano, con 289 y 28 escoltas respectivamente.
9
Art.81, Ley 418 de 1997 y Decreto 372 de 1996.
Decreto 978 de 2000.
11
Decreto 1592 de 2000.
12
Carros y Guardespaldas
10
16
La restricción en la selección de la población objeto de los programas y la poca definición
de competencias institucionales en materia de protección, ha venido debilitando la respuesta que
da el Estado a las personas amenazadas.
Por otro lado, el Ministerio del Interior y el DAS no poseen un manual de procedimientos
que regule en forma armónica las diferentes medidas de seguridad. Además, se debe reconocer
que la escasez de recursos ha impedido ampliar la cobertura del programa a otras personas
amenazadas. De otra parte, las demandas de este programa han sobrepasado la capacidad
financiera e institucional del Estado.
Finalmente, la falta de compromiso de los destinatarios del servicio para la
racionalización de los recursos, dificulta la priorización y ejecución de los mismos.
Plan de Acción:
El Ministerio del Interior entregará a la Comisión Intersectorial, en octubre de 2002, una
evaluación jurídica, política, administrativa, financiera y operativa del Programa, que permita
racionalizar los recursos del presupuesto nacional y ampliar la cobertura de estos programas para
sectores que hoy no son objeto de protección. Entre ellos, funcionarios gubernamentales y
estatales que trabajan en el campo de los derechos humanos.
El Ministerio del Interior y el DAS evaluarán antes de septiembre de 2002, los criterios
técnicos para determinar el riesgo de las personas amenazadas y propondrán recomendaciones
para fortalecerlos y/o modificarlos. Además, establecerán un cronograma de medidas urgentes.
El Ministerio del Interior, con colaboración de la USAID (Agencia para el Desarrollo
Internacional), implementará un sistema de información que permita efectuar seguimiento a los
diferentes casos de protección.
17
2.3. Programa del DAS para la Protección de Población Reinsertada
El Programa de Protección de Reinsertados fue creado en 1992 con el objetivo de
proteger a las personas que se acogieron a las garantías ofrecidas por el gobierno nacional y
depusieron sus armas (M-19, EPL, Quintín Lame, PRT, entre otros).
Logros:
Durante 1999 y 2001 se protegieron 81 personas con 170 escoltas y 13 detectives, para
ello se ejecutaron $6.657 millones.
No existe un manual de procedimientos que regule en forma armónica las diferentes
medidas de seguridad. Además, la escasez de recursos impide ejecutar oportunamente los
esquemas de protección. Finalmente, la falta de compromiso y la escasa racionalización de
recursos de algunos beneficiarios de la protección13, dificulta la priorización y ejecución de los
mismos.
Plan de Acción:
El DAS entregará a la Comisión Intersectorial, en octubre de 2002, una evaluación del
Programa que permita racionalizar los recursos del presupuesto nacional y diseñará estrategias
para la identificación oportuna y la priorización de necesidades de protección. Además, elaborará
un manual de procedimiento que regule las diferentes medidas de seguridad, para ser aprobado en
las instancias competentes del Ministerio del Interior.
13
Un número considerable de personas protegidas se desplazan frecuentemente a otras regiones del país diferentes a su
lugar de vivienda y en muchos casos fuera del país, sin que exista para ello alguna consideración sobre los recursos que
se invierten: viáticos, tiquetes y alojamiento del equipo de seguridad
18
2.4. Programa de protección a congresistas amenazados
Por los altos índices de inseguridad en el país, el gobierno nacional destinó recursos para
proteger a los congresistas, especialmente a aquellos que cumplen cargos directivos o los que
requieren desplazarse a zonas de violencia.
Logros:
Para dar protección a 105 congresistas amenazados, se adquirieron durante el año 2001
equipos de seguridad por un valor de $21.000 millones.
Se debe desarrollar un programa que señale responsables institucionales de la protección.
Además, se debe elaborar un diagnóstico preciso sobre riesgos y amenazas y acciones a
desarrollar, que sea concertado con los organismos de seguridad del Estado.
Plan de Acción:
El Ministerio del Interior y el DAS realizarán, antes de agosto de 2002, un diagnóstico de
la situación, propondrán recomendaciones y acciones para la protección y la prevención.
El Ministerio de Hacienda, conjuntamente con el Congreso de la República y los
organismos de seguridad del Estado, estudiarán la posibilidad de incrementar los recursos para
este Programa.
3. Atención a la población desplazada por la violencia
El desplazamiento forzado es una de las más graves manifestaciones de la degradación del
conflicto armado interno, motivo por el cual, desde 1995 el gobierno ha dado especial prioridad a
esta problemática, mediante la creación del Sistema Nacional de Atención a la Población
Desplazada por la Violencia y la expedición del Plan de Acción para la prevención y atención del
desplazamiento.
19
Logros:
El 10 de noviembre de 1999 se aprobó el documento CONPES 3057 “Plan de acción
para la prevención y atención del desplazamiento forzado”. El Plan fue reconocido nacional e
internacionalmente como un avance institucional sin precedentes por su integralidad en la atención
del problema y por la inclusión de un esquema institucional abierto a la ejecución de diferentes
actores.
El 25 de mayo de 2001, se aprobó
el Documento CONPES 3115 que propuso un
mecanismo de distribución presupuestal sectorial, y recomendó el ajuste de los mecanismos y
procedimientos que faciliten el acceso de la población desplazada a los programas de las
instituciones que hacen parte de Sistema de Atención Integral a la Población Desplazada.
Además, se consolidó el sistema nacional de información de población desplazada lo que
ha permitido contar con información más cualificada para el diseño e implementación de políticas.
En el marco de esas recomendaciones, entre 1999-2001 se han invertido $163.480
millones. La mayor inversión se hizo en el 2001, $87.456 millones, lo que representa un
incremento del 42.1% con respecto al año anterior.
Pese a que la inversión entre 1999-2001 se ha quintuplicado14, y a que los esquemas de
coordinación interinstitucional para la atención del desplazamiento se han fortalecido, el aumento
en la magnitud del fenómeno del desplazamiento ha desbordado la capacidad del Estado para
brindar una atención óptima a la población. De otra parte, se deben adelantar mecanismos y
procedimientos que garanticen la respuesta inmediata del Estado para prevenir hechos que causan
desplazamientos.
14
La inversión pública pasó de $18.745 millones en 1999 a $87.456 millones en el 2001.
20
Plan de Acción:
Es indispensable fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas como mecanismo de
prevención de desplazamientos.
Así mismo, establecer mecanismos de seguimiento frente a los avisos emanados por el
SAT y presentar reportes periódicos sobre las respuestas y sobre el monitoreo realizado a las
zonas que presentan mayores riesgos de desplazamiento.
Continuar con la adopción del esquema de distribución de recursos y las asignaciones
propuestas en el documento Conpes 3115. Es decir, con base en las partidas presupuestales
identificadas para dar cumplimiento a las acciones de prevención y protección, atención
humanitaria de emergencia, reasentamiento (retorno, reubicación y estabilización socioeconómica)
y atención psicosocial que adelantan las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de
Atención a la Población Desplazada.
4. Medidas particulares de impulso al Derecho Internacional Humanitario
4.1. Desvinculación de los niños del Conflicto
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, 6.000 menores de 18 años hacen parte de los
grupos armados en Colombia. Esta situación obligó al gobierno nacional a darle prioridad al tema
de la desvinculación de los menores del conflicto armado, teniendo en cuenta que la niñez, por su
condición especialmente vulnerable, debe ser protegida de los efectos de la guerra que alteran su
desarrollo y bienestar.
Logros:
Al reconocer a los niños y jóvenes como víctimas de la confrontación armada en el país,
el gobierno ha trabajado en su atención integral. La ley 418 de 1997, ordena atender a los
menores víctimas de la violencia en su condición de inimputables y de vulnerables, sin importar el
grupo al que pertenezcan o su situación (entrega o captura).
21
Esta ley reconoce beneficios
jurídicos a los menores vinculados a organizaciones armadas al margen de la ley que se presenten
voluntariamente a las autoridades y demuestran voluntad de reincorporarse a la vida civil.
En cuanto a la adecuación institucional, el Grupo de Atención a Víctimas de la Violencia
del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), y de manera esporádica, la Dirección Nacional de
Reinserción del Ministerio del Interior, se encargan de crear las condiciones favorables que le
permitan al menor desvinculado prepararse para una vida independiente en sociedad.
El ICBF, ha atendido desde 1998, 655 menores. Entre 1998 y febrero de 2002 invirtió
$4.314 millones en la atención de niños desvinculados, bajo tres modalidades: hogares
transitorios, centros de atención especializada y casas juveniles.
La Dirección Nacional de Reinserción atiende actualmente 137 niños desvinculados a
través de 36 hogares de apoyo, bajo el cuidado de tutores, donde se les brinda atención en salud,
educación media y vocacional, así como ayuda psicológica.
Tanto el ICBF como el Ministerio del Interior atienden niños y jóvenes sin que existan
responsabilidades claras, esto se debe a la ausencia de coordinación institucional en la ejecución
de acciones y fijación de políticas frente al menor desvinculado.
La legislación actual en este tema, y los beneficios que fueron establecidos a través de
acuerdos de paz, no tuvieron en cuenta la condición particular de los menores.
Plan de Acción:
El gobierno elaborará un documento CONPES para la atención de los menores
desvinculados del conflicto armado.
22
4.2. Minas antipersonal
El 3 de septiembre de 1997, el Estado colombiano suscribió la Convención de Ottawa
“sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción”. Esta Convención entró en vigor el 1 de marzo del año 2001.
El país quedó comprometido a destruir todas las existencias de minas antipersonal antes del 1 de
marzo del 2005 y las minas sembradas en los próximos 10 años.
4.2.1. Programa de prevención de accidentes y atención integral de víctimas de minas
antipersonal-MAP
Este programa se encuentra a cargo de la Vicepresidencia de la República, su objetivo es
diseñar y poner en marcha el Observatorio de la Discapacidad por Minas Antipersonal15 y
establecer un sistema de atención integral a los supervivientes de MAP en 160 municipios, a
través de la integración educativa, laboral, la rehabilitación y accesibilidad a los sitios de interés
público.
Logros:
Creación de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas
Antipersonal y los Comités Técnicos para “Prevención y Atención a Víctimas”, “Señalización,
mapeo y Desminado” 16.
Durante el 2001, se asignaron recursos por $987 millones de pesos, con lo cual se
desarrolló la etapa piloto del programa en 16 municipios de los departamentos de Antioquia,
Bolívar y Santander. Además, se ha logrado cooperación con organismos internacionales y otras
instituciones estatales:
15
El Observatorio de la Discapacidad Generada por Minas Antipersonal, es un instrumento técnico que permite
recopilar, sistematizar y actualizar la información, para focalizar y contribuir a la toma de decisiones de política en esta
materia.
16
Decreto 2113 de 2001. La Comisión está conformada por el Vicepresidente de la República, Ministro de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, Ministro del Interior y el Departamento Nacional de Planeación.
23
-
Organización Internacional de Migraciones “OIM” Programa de fortalecimiento de la
paz, para fortalecer el Programa en el área de sistemas y geo-referenciación
-
Acuerdo de Cooperación Internacional con el Centro Internacional de Desminado
Humanitario de Ginebra, Organización de Estados Americanos “OEA” y Naciones
Unidas, con la donación del Sistema de Gestión de Información de Acción contra Minas
“IMSMA” y asistencia técnica para su aplicación.
-
Acuerdo de cooperación entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Programa
Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y
Aplicación del Derecho Internacional Humanitario para la Georreferenciación de
accidentes e incidentes por minas antipersonal.
-
Cooperación y asistencia técnica entre la Dirección General para la Reinserción del
Ministerio del Interior, el Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y Garantía
de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Campaña Colombiana contra Minas
y la Asociación Scouts de Colombia, para la realización de talleres de sensibilización,
información y capacitación para identificar áreas de peligro.
-
Registro histórico de accidentes e incidentes por minas antipersonal/UXO 1990 – 2001.
La situación de conflicto armado ha dificultado la obtención de la información sobre zonas
minadas y víctimas y ha obstaculizado la implementación de medidas de prevención. Las acciones
de rehabilitación integral de las víctimas son limitadas, con excepción de algunos programas
desarrollados en los grandes centros urbanos.
Plan de Acción:
La Vicepresidencia de la República se encargará de:
-
Fortalecer financiera y técnicamente el equipo del Programa prevención de accidentes por
minas antipersonal y atención a las víctimas.
-
Convocar las reuniones periódicas de la Comisión Nacional de Acción contra las MAP.
24
-
Impulsar el diseño, concertación y adopción del Plan de Acción contra MAP, antes de
enero de 2003
-
Diseñar una propuesta técnica y financiera, para el estudio del Departamento Nacional de
Planeación y el Ministerio de Hacienda, a fin de crear el Fondo Nacional de Acción
contra las Minas Antipersonal, que facilite la canalización de recursos nacionales e
internacionales y el acceso oportuno de las víctimas y sus familias a proyectos de
desarrollo social y económico.
-
Junto con el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, determinar la viabilidad de crear Misiones Humanitarias
Nacionales como instancias de verificación de hechos y formulación de recomendaciones.
El Comité Técnico para “Prevención y Atención a Víctimas” elaborará antes de diciembre
de 2002 el Plan de Acción contra MAP. Este Plan deberá ser sometido a la aprobación de la
Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas en enero de 2003.
4.2.2. Programa de desminado
Logros:
El Ministerio de Defensa Nacional, ha realizado tareas de desminado en función de las
operaciones militares. El Comando del Ejército reporta que entre 1999-2001, se desactivaron 210
campos minados, fueron decomisadas 1.261 MAP en allanamientos y operativos militares.
La gerencia de la Industria Militar - INDUMIL para dar cumplimiento a lo establecido en
la Convención de Ottawa, el 2 de julio de 1999, destruyó las 2.542 minas almacenadas en las
fábricas de armas. El material restante necesario para producir minas terrestres se destruyó el 11
de noviembre del mismo año. También desde mediados del 2000, se inició la destrucción de los
inventarios de MAP de las Fuerzas Armadas.
25
La capacidad financiera e institucional del Estado y la persistencia del conflicto armado,
dificultan el cumplimiento de los artículos 4° y 5°17 de la Convención de Ottawa.
Plan de Acción:
El Comité Técnico para “Señalización, Mapeo y Desminado”
elaborará antes de
diciembre de 2002 el Plan de Acción contra MAP. Este Plan deberá ser sometido a la aprobación
de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas en enero de 2003.
5. Impulso a la administración de justicia
Conscientes de la gravedad de las violaciones de los derechos humanos y de las
infracciones al DIH, el gobierno creó el Comité especial de impulso a investigaciones de
violación de derechos humanos y se comprometió a fortalecer la rama judicial y los mecanismos
de seguimiento y control ya existentes.
5.1. Lucha contra la impunidad
5.1.1. Área de Casos del Programa Presidencial de Derechos Humanos
El Área de Casos del Programa Presidencial de Derechos Humanos, tiene como objetivo
primordial disminuir los niveles de impunidad, mediante el impulso a la administración de la
justicia.
17
Art. 4 ...”Cada Estado parte se compromete a destruir o asegurar la destrucción de todas las existencias de minas
antipersonal que le pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en
un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado parte”. Art. 5... “Cada
Estado parte se compromete a destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas
minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de diez años, a partir de la
entrada en vigor de esta Convención para este Estado parte”.
26
Logros:
Se han impulsado cerca de 1.500 casos, a través de diferentes tipos de gestión: gestiones
administrativas en el interior del Gobierno, acompañamientos en el terreno y/o misiones
humanitarias, transmisión de alertas sobre amenazas, solicitudes de protección y promoción de
soluciones amistosas ante el Sistema Interamericano.
La degradación del conflicto armado interno ha incrementado el número de hechos de
violencia política, situación que desborda los recursos disponibles tanto humanos, técnicos y
presupuestales del Área de Casos y de las entidades involucradas en la lucha contra la impunidad.
Plan de Acción:
El Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH presentará, para la consideración
de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos, dos proyectos destinados a consolidar el
sistema único de información sobre el estado de los casos de violaciones a los derechos humanos
y de infracciones al DIH, y para consolidar la respuesta del Estado en la lucha contra la
impunidad.
El Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, asignarán los
recursos para la implementación de estos proyectos. El Programa Presidencial de Derechos
Humanos y DIH gestionará recursos para ampliar y fortalecer la capacidad de gestión del Área de
Casos, incluida su labor de secretaría técnica del Comité Especial de Casos.
5.1.2. Comité Especial de Impulso de Investigaciones por violaciones de los Derechos Humanos y
del Derecho Internacional Humanitario
El Comité Especial de Impulso está presidido por el Vicepresidente y hacen parte el
Procurador General de la Nación y el Fiscal General, asisten como invitados permanentes el
Defensor del Pueblo y el Director de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los
derechos humanos.
27
Logros:
El Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH en la actualidad impulsa 138
casos y se encuentra trabajando en la definición consensuada de los criterios para la selección de
nuevos casos por impulsar. Para ello se diseñó una matriz de seguimiento a estos casos y se
actualizó la información sobre procesos penales y disciplinarios.
Es necesaria una priorización de casos dentro del Comité Especial de Casos. A la fecha
existen casos urgentes que no han sido estudiados y otros que no ameritan su análisis inmediato.
Por otro lado, los recursos apropiados son insuficientes para garantizar el apoyo logístico y
técnico a las medidas de impulso definidas en el interior del Comité.
El Consejo Superior de la Judicatura no es miembro del Comité y su participación es
fundamental frente a temas como la colisión de competencias en casos de violaciones a los
derechos humanos y el impulso y seguimiento de casos que se encuentran en la etapa de
juzgamiento. Además, la Justicia Penal Militar no hace parte del Comité, lo cual dificulta el
impulso y seguimiento de los casos radicados en esa jurisdicción.
Se deben impulsar los procesos que se encuentran en la jurisdicción contenciosa
administrativa, así como acciones para la protección de los derechos de las víctimas.
28
Plan de Acción:
La Vicepresidencia de la República evaluará la gestión realizada por el Comité Especial
de Casos, para diseñar estrategias de priorización. Además, estudiará la posibilidad de invitar
permanentemente al Consejo Superior de la Judicatura a las sesiones del Comité Especial de
Casos.
El Comité Especial de Casos definirá mecanismos para la implementación de las
recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Colombia en el tema de impunidad. El Comité iniciará el impulso y seguimiento a
120 nuevos casos, entre los cuales se encuentran casos remitidos por las comisiones regionales de
Valle, Cauca y Arauca. Se incluirán, asimismo, las peticiones individuales, medidas y solicitudes
de información en trámite ante los órganos del sistema interamericano de protección (Comisión y
Corte Interamericanas).
5.1.3. Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación
Esta Unidad se encuentra adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalías18, se encarga de
actuar sobre las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.
Logros:
La Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía entre 1998 y el 2002 ha
dictado 970 medidas de aseguramiento, 662 acusaciones, emitido 1.214 órdenes de captura y
asignado 787 investigaciones.
La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ha
puesto en marcha 11 sub-unidades de apoyo de la Unidad Nacional en todo el territorio nacional,
con el fin de atender en forma más rápida las más graves violaciones a los derechos humanos y
DIH, que ocurran en el país. Por otra parte, se tiene proyectado el desplazamiento de Comisiones
de Fiscales de la Unidad a las regiones más afectadas por dichas violaciones.
18
Resolución 1932 del 25 de agosto de 1995.
29
El presupuesto asignado es limitado, frente a la capacidad logística que se requiere para
adelantar investigaciones rápidas y eficaces. El número de investigadores de derechos humanos
del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) no es igual al número de Fiscales adscritos a la
Unidad, es decir, los Fiscales no cuentan con el apoyo permanente de un investigador del CTI.
Por otro lado, el aumento de la delincuencia hace que se inicien investigaciones que
desbordan la capacidad de la Fiscalía y congestionan los despachos judiciales, lo que disminuye
la rapidez y efectividad en el manejo de las mismas.
Finalmente, la Fiscalía no dispone de un esquema que garantice la seguridad a los Fiscales
adscritos a la Unidad Nacional. Carece de los vehículos, el personal y armamento suficientes para
la implementación del esquema adecuado.
Plan de Acción:
El Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación estudiarán posibles
escenarios para identificar fuentes de recursos que atiendan la problemática de las Unidades de
Derechos Humanos de la Fiscalía.
5.1.4. Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos y
Procuraduría Delegada Preventiva para los Derechos Humanos y Asuntos Etnicos
La Procuraduría Delegada Disciplinaria se encarga de las investigaciones disciplinarias
contra funcionarios públicos que cometan faltas graves que violen los derechos humanos y el
DIH. La Procuraduría Delegada Preventiva, propone la política preventiva y conceptúa sobre la
normatividad aplicable en los casos de violación de los DH y de DIH. Además, atiende las quejas
en la materia e impulsa investigaciones.
30
Logros:
La Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los DH, durante los últimos
cuatro años, inició 2.024 investigaciones, a partir de las denuncias radicadas por la ciudadanía, o
de oficio, relacionadas con los siguientes temas: violación al DIH, torturas, desaparición forzada,
masacres, homicidios, amenazas, homicidios múltiples, lesiones personales, retención ilegal,
abuso de autoridad y allanamiento ilegal. Adicionalmente dio trámite aproximadamente a 4.500
expedientes, de los cuales se evacuaron 600 en promedio cada año.
Se destaca el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales que ha permitido
mejorar aspectos propios del proceso, brindando celeridad a la acción y disminuyendo las
prescripciones. Además, para el ejercicio de los apoderados de oficio se han celebrado convenios
con diferentes universidades. De otra parte la Delegada Preventiva, además de los asuntos étnicos
ha ampliado su cobertura al tema de la protección y garantía de los derechos humanos.
El sistema de gestión de la Procuraduría General de la Nación (PGN) es precario.
Además, la ausencia de estadísticas y datos no permite un registro confiable de las actuaciones
desarrolladas. A pesar de que se ha avanzado en el tema de coordinación interinstitucional, las
relaciones siguen siendo débiles, sobre todo en la coordinación de acciones en materia preventiva,
que se explica en buena medida por la ausencia de una política preventiva.
El atraso tecnológico de la PGN dificulta la conexión con otros organismos del Estado y
la comunidad, impidiendo una reacción oportuna ante los hechos violatorios. La protección del
personal que tiene que desplazarse por todo el país, presenta serias debilidades, entre otras causas
por el poco presupuesto disponible para esta necesidad.
Plan de Acción:
La Procuraduría General de la Nación, a través de su programa de Modernización
Institucional, se encargará del:
31
-Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales: establecimiento de mecanismos de
comunicación y coordinación en temas de DH y corrupción, proyecto piloto de 50 casos para la
investigación conjunta, sistema de coordinación interinstitucional con los organismos de seguridad
y la Policía Nacional para lograr una reacción inmediata.
-Fortalecimiento de la función preventiva: mapas de riesgos y sistema de alarmas sobre las fallas
en la función pública, sistemas de advertencia y prevención de las conductas que afectan los DH,
pedagogía preventiva, sistema de información para la gestión preventiva.
-Fortalecimiento del sistema de gestión: programa de descentralización, revisión de
las
competencias de la PGN, reingeniería de procesos.
-Mejoramiento del servicio y de la imagen de la PGN: caracterización de la demanda real de los
servicios, sistema nacional de atención al público, divulgación e información a la ciudadanía sobre
el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales.
Para el desarrollo de las acciones anteriormente mencionadas, es necesario cumplir con
los requerimientos técnicos exigidos por el BID para iniciar el desembolso de los recursos de
crédito. Además, la PGN deberá dar prioridad a este tema durante la ejecución de los recursos de
contrapartida del proyecto de Modernización.
De otra parte, con recursos de cooperación técnica internacional se espera realizar los
siguientes proyectos: sistema nacional de información sobre casos de violación de los DH y DIH;
formación y capacitación en DH y DIH; conceptualización de la prevención en DH en asocio con
la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DH; agilización del proceso disciplinario en
materia de DH; capacitación a personeros municipales en DH y DIH; diseño de una política
pública en materia de DH; diagnóstico de la atención de desplazados de la PGN; análisis del PGN
y de las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada como
base para el control; proyectos en asuntos penitenciarios y carcelarios; por último, formación y
capacitación en asuntos étnicos.
32
5.1.5. Defensoría Pública
Logros:
La Ley 270/96 – Estatutaria de la Administración de Justicia – dispuso que cada
municipio del país debería contar al menos con un defensor público. De otra parte, el Decreto
1542/97, reglamentario de la Ley 65/93, que desarrolla los beneficios judiciales y administrativos
a que tiene derecho la población reclusa condenada, estableció que debe contarse con un defensor
público por cada 50 personas condenadas en los centros penitenciarios o carcelarios.
El servicio de defensores públicos se presta en 783 de los 1097 municipios del país, esto
debido a que cada defensor público del programa municipios atiende como mínimo dos o tres
municipios simultáneamente, lo que significa una cobertura del 71.37%.
En 314 municipios del país no se presta el servicio de defensores públicos. Para completar
la cobertura que obliga la ley, la Defensoría del Pueblo no cuenta con funcionarios de planta, ni
con los recursos necesarios para la contratación de los 217 defensores faltantes.
En cuanto al programa de beneficios judiciales y administrativos, sólo se cuenta con 211
defensores públicos. Según las estadísticas del INPEC19 se requieren 535 defensores públicos para
atender un total de 29.322 población condenada.
Plan de Acción:
El Ministerio de Hacienda estudiará posibles escenarios para identificar fuentes de
recursos para atender la problemática del número de defensores públicos a corto, mediano y largo
plazo que serán puestos a consideración del próximo gobierno.
19
Datos a septiembre de 2001
33
5.2. Política penitenciaria y carcelaria
Logros:
El Instituto Penitenciario y Carcelario –INPEC– creó el Grupo de Trabajo en Derechos
Humanos y DIH20 el cual tiene como función primordial definir políticas y criterios y acciones
encaminadas a sensibilizar a los funcionarios del INPEC en todo lo relacionado con el respeto y la
defensa de los derechos humanos.
La creación del Fondo de Infraestructura Carcelaria –FIC– a través del Decreto 1890 de
1999 y la ejecución del plan de ampliación de infraestructura penitenciaria y carcelaria (Conpes
3086/00), han mejorado las condiciones de la población reclusa. Según los datos del INPEC,
entre mayo de 1998 y diciembre de 2001, el número de cupos se incrementó en 8.582, pasando de
31.993 a 42.575. Se cubrió, por tanto, el déficit identificado en el momento de la notificación del
fallo de tutela T-153/98 (8.622) y se crearon 960 cupos adicionales. Los niveles de hacinamiento
pasaron de 33.8% en agosto de 1998 a 15.8% en diciembre de 2001. Finalmente, el INPEC ha
avanzado significativamente en la separación de la población sindicada y condenada.
La situación del conflicto en los centros de reclusión y la falta de coordinación entre las
entidades que deben intervenir en el Sistema Penitenciario y Carcelario, han dificultado la labor
del INPEC. Por otro lado, el Grupo de Derechos Humanos no cuenta con recursos para su
funcionamiento.
Plan de Acción:
El Ministerio de Justicia, el INPEC, el Ministerio de Hacienda y el Departamento
Nacional de Planeación estudiarán la viabilidad de asignar los recursos que sean necesarios para
que el Grupo de Derechos Humanos del INPEC pueda cumplir con sus funciones y metas.
20
Resolución No.02972 del 12 de septiembre de 2001.
34
internacionales
La comunidad internacional y los organismos internacionales encargados de promover y
proteger los derechos humanos, entre ellas la ONU y la OEA, han formulado recomendaciones
frente a los casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos21
Actualmente, se han presentado más de cien casos ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos,
treinta aproximadamente con recomendaciones. El gobierno ha suscrito
compromisos de solución amistosa en los casos Caloto, Uvos, Villatina, Trujillo, Unión
Patriótica, entre otros.
Logros:
En virtud de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
el gobierno suscribió actos de entendimiento en relación con los casos de Trujillo, Caloto, Los
Uvos y Villatina y elaboró un plan de inversión social. Para la vigencia 1999 se ejecutaron $2.611
millones y para el 2002 se apropiaron $200 millones en el presupuesto del Departamento
Administrativo de la Presidencia.
Los incumplimientos parciales en que ha incurrido el país en esta materia obedecen en
gran parte a que las gestiones que deben adelantarse, tanto en el exterior como internamente, han
sido cubiertas económicamente, de manera improvisada y desordenada.
21
Organo principal y autónomo de la OEA, tiene como funciones promover el ejercicio de los derechos humanos y
defenderlos frente a todos los gobiernos de los Estados miembros de la OEA.
35
Plan de Acción:
Se constituirá un rubro en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores o en
Vicepresidencia que permita dar cumplimiento a los acuerdos a que se comprometa el Gobierno
Nacional, sin perjuicio de la responsabilidad que a cada entidad del Estado corresponda al
momento de su ejecución.
Particularmente, este rubro buscará atender las gestiones derivadas de procesos de
solución amistosa y, eventualmente, de acciones urgentes en materia de medidas cautelares o
provisionales en el marco del sistema interamericano de protección.
Adicionalmente, es prioritario que el Comité Técnico Intersectorial adelante una tarea
concertada en la atención de las peticiones que se tramitan ante los organismos internacionales, de
manera que la posición del Gobierno, tanto en las fases de admisibilidad como de fondo, así como
frente a propuestas de solución amistosa, refleje el consenso y compromiso del Estado en su
conjunto. Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores la coordinación de las gestiones en
esta materia en el marco del Comité Técnico Intersectorial.
7. Lucha contra los grupos armados al margen de la Ley
Logros:
Los avances en la lucha contra los grupos al margen de la Ley se miden por los resultados
operacionales de la Fuerza Pública y por la gestión de los organismos de justicia en la sanción de
las violaciones de derechos humanos y DIH cometidas por estos grupos22.
El incremento en los resultados operacionales de las Fuerzas Armadas está reflejados en
las siguientes cifras: El número de miembros de las autodefensas capturados por la Fuerza Pública
en el 2001 fue de 992, 321 en el 2000 y 100 en 1997. Durante el 2001 fueron dados de baja en
combate 116 miembros y 93 en el 2000. Entre 1997 y 2001 se dieron de baja a 282 miembros de
autodefensas en enfrentamientos con la Fuerza Pública.
22
La evaluación de la gestión relacionada con los órganos de justicia, se desarrollará en la estrategia de Impulso a la
Administración de Justicia.
36
En el caso de los grupos guerrilleros, en el 2001 fueron capturados 1.766 guerrilleros, lo
que significa 210 capturas más que en el año anterior y 549 más que en el año 1998. Entre 1995 y
2001 la Fuerza Pública ha capturado 10.127 guerrilleros.
También se registró un aumento en el número de guerrilleros abatidos en combate con la
Fuerza Pública. Para 2001 fueron 1.028 guerrilleros, 58 más que el año anterior, cuando fueron
dados de baja 970 guerrilleros. Entre 1995 y 2001 han caído en combate con la Fuerza Pública
5.698 guerrilleros.
La creciente degradación del conflicto colombiano dificulta la capacidad de acción de las
fuerzas legítimas del Estado. Esto se refleja, entre otros aspectos, en el reclutamiento forzoso por
grupos armados ilegales y la permanente infracción a las normas del Derecho Internacional
Humanitario por parte de estos grupos, quienes acuden al uso indiscriminado de armas no
convencionales y utilizan a la población civil para impedir la acción de la Fuerza Pública.
Plan de Acción:
Es necesario fortalecer la acción preventiva y garantizar la actuación oportuna de la
Fuerza Pública ante las alertas sobre incursiones inminentes y preparativos que indiquen la llegada
de grupos al margen de la ley a una zona o el reclutamiento de nuevos integrantes.
El Ministerio de Defensa consolidará el Centro de coordinación de lucha contra los
grupos al margen de la Ley23 mediante la creación de una estructura técnica de apoyo. Esta debe
centralizar esfuerzos y mantener comunicación y mecanismos de acción frente al trabajo del
Comité de evaluación de riesgos, el Sistema de alertas tempranas, los Comités departamentales y
municipales para la prevención del desplazamiento forzado y los organismos de investigación en
la realización de capturas.
23 El Centro de coordinación de lucha contra los grupos autodefensa fue creado mediante el Decreto 324 del 25 de
febrero de 2000, para articular la gestión de inteligencia de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía, la
Procuraduría, el Ministerio del Interior y del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
37
La Policía Nacional, con el apoyo del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(FONSECON), desarrollará el Plan de Seguridad Rural, para la construcción de estaciones de
policía en los municipios en que no existan.
El Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad
Ciudadana, diseñarán campañas y programas para comprometer a los alcaldes en la protección de
los derechos humanos como componente esencial de sus planes de seguridad, a efectos de
determinar acciones locales concretas, coordinadas por las autoridades civil, policial y militar.
El Ministerio de Defensa reportará trimestralmente a la Comisión Intersectorial las
acciones adelantadas por el Centro de coordinación de lucha contra los grupos al margen de la
ley.
8. Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos
La gravedad y magnitud de la problemática de derechos humanos y DIH del país, así
como los compromisos internacionales adquiridos en este campo, hacen necesario la definición de
un Plan Nacional de Acción que contenga acuerdos interinstitucionales y consensos sociales en el
establecimiento de áreas prioritarias de atención y que oriente las acciones del Estado en el corto,
mediano y largo plazo.
Logros:
El Gobierno Nacional ha trabajado en el diseño de un Plan Nacional de Acción de
Derechos Humanos y Derecho Internacional, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en
la Conferencia de Viena de 1993.
Entre las acciones más importantes se puede señalar: la elaboración de un diagnóstico
sobre las posibilidades y las dificultades para realizar la concertación del Plan y la inclusión en el
proceso de diseño, de delegados de embajadas, entidades de gobierno y organizaciones nacionales
e internacionales de derechos humanos y el diseño de una metodología para adelantar el proceso
de concertación y los criterios de articulación de éste con el Plan de Desarrollo.
38
Las demoras en las tareas de coordinación requeridas para la definición y establecimiento
de la dimensión e implicaciones de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, y las dificultades de tipo administrativo, han retrasado la elaboración y
concertación del Plan.
Por otro lado, se han presentado tropiezos en la definición del peso específico del
Derecho Internacional Humanitario en el conjunto del Plan, en tanto los lineamientos establecidos
en la Conferencia de Viena de Derechos Humanos de 1993 están referidos solo a los derechos
humanos, mientras que la situación del país exige contemplar programas, acciones y medidas para
la aplicación de las normas humanitarias.
Plan de Acción:
El Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, entregará a la Comisión
Intersectorial, en septiembre de 2002, un esquema del Plan Nacional de Acción, una propuesta
metodológica para adelantar el proceso de concertación del mismo y unos criterios de articulación
del Plan Nacional de Acción con el Plan Nacional de Desarrollo. La versión final y concertada
del Plan será entregada en abril de 2003.
El Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, asignarán los
recursos para la realización de las fases posteriores del proceso de formulación, expedición y
divulgación del Plan, así como de la capacitación de los funcionarios encargados de su aplicación.
El Programa Presidencial dará prioridad a la información de este proceso durante el
empalme con la nueva administración, en procura de atender a las recomendaciones
internacionales relativas a la necesidad de establecer un mecanismo de carácter estatal y de largo
plazo para la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario.
39
Una vez se ejecute el Plan de Acción, las entidades responsables de su ejecución
presentarán semestralmente una evaluación de los principales resultados, a la Comisión
Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario,
quien realizará recomendaciones sobre las acciones a seguir.
9. Fortalecimiento Institucional
Logros:
Con la convicción de que la promoción y defensa de los derechos humanos son
prioritarios, el gobierno nacional señaló los lineamientos de una política integral, bajo la
coordinación e impulso del Vicepresidente de la República.
Se creó la Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario y su Grupo Técnico.Finalmente, con el fin de evaluar e identificar los
avances y obstáculos de la política, se creó en la Vicepresidencia de la República un Observatorio
de Derechos Humanos.
Deficiencia en la planeación sectorial que se refleja en la ausencia de proyectos
estructurados sobre el tema y en una inadecuada distribución de recursos. Existen numerosos
espacios de coordinación institucional que producen una dispersión de acciones. Esta situación
además, dificulta la evaluación de los resultados en materia de derechos humanos.
Plan de Acción:
El Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH entregará en agosto de 2002, para
la evaluación del Grupo Técnico de la Comisión Intersectorial, un diagnóstico de las diferentes
instancias de coordinación, que contenga recomendaciones para su mejoramiento.
40
Las instituciones del Estado responsables de la ejecución de la política de Derechos
Humanos y DIH, incluirán en sus planes estratégicos y en los planes de acción, las estrategias a
su cargo. Además, elaborarán proyectos de inversión relacionados con dichos programas y
presentarán informes semestrales sobre las gestiones adelantadas a la Comisión Intersectorial
Permanente para los Derechos Humanos y el DIH.
La Defensoría del Pueblo diseñará e implementará un modelo de seguimiento y evaluación
de las políticas públicas que inciden en los derechos humanos, tanto las relacionadas con los
derechos civiles y políticos, como aquellas que vinculan los derechos económicos, sociales y
culturales, colectivos y del ambiente. La puesta en marcha de este modelo tiene como finalidad
promover la efectividad de los derechos humanos desde una perspectiva integral.
Los resultados del modelo de seguimientos serán presentados semestralmente a la
Comisión Intersectorial y ellos servirán de insumo para la evaluación que adelante la
Vicepresidencia de la República.
La Vicepresidencia de la República, en tanto preside la Comisión Intersectorial
Permanente para los Derechos Humanos y DIH, se encargará de la coordinación de la política y
para tal fin realizará con el apoyo del Grupo técnico de la Comisión, documentos de evaluación
semestrales que incluirán un diagnóstico de la ejecución de la política y de la gestión institucional,
y recomendaciones para superar los obstáculos. Para la elaboración de estos documentos, se
tendrá en cuenta los informes semestrales que elaboren las entidades responsables del tema y los
resultados del modelo de información que adopte la Defensoría del Pueblo.
El Grupo Técnico de la Comisión Intersectorial, elaborará con la colaboración del
Departamento Nacional de Planeación, un plan indicativo que será incluido en el Sistema
Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública (SINERGIA). Este plan indicativo
será sometido a consideración de la Comisión Intersectorial.
La Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el DIH incluirá
explícitamente el tema financiero y de proyectos en la agenda de discusión, además, incorporará a
su reglamento operativo, las responsabilidades señaladas en este documento CONPES.
41
V. RECOMENDACIONES
El Departamento Nacional de Planeación
y la Comisión Intersectorial de Derechos
Humanos y DIH, recomiendan al CONPES:
1. Adoptar las estrategias y esquema institucional presentado en este documento.
2. Solicitar a la Vicepresidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), Red de Solidaridad, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación,
Fiscalía General de la Nación, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda,
desarrollar las estrategias señaladas en este documento.
42

Conpes - DNP Departamento Nacional de Planeación

Transcripción

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