Los hondureños abrieron una ruta para recuperar la seguridad, y
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Los hondureños abrieron una ruta para recuperar la seguridad, y
Los hondureños abrieron una ruta para recuperar la seguridad, y deben profundizarla. El fracaso no es opción. Tegucigalpa M.D.C. 22 de mayo, 2013. En la segunda visita que realiza la Comisión Multinacional Independiente, cuya misión es apoyar y evaluar el proceso de reforma de la seguridad pública en Honduras, y luego de reunirse con diferentes sectores, señala que si bien ha habido avances, sin embargo es evidente que todavía hay mucho por hacer. A continuación se detallan algunas conclusiones producto de esta visita: 1. En los últimos cuatro meses, Honduras ha emprendido una serie de cambios positivos en algunas de sus instituciones de seguridad y justicia. Esos cambios demuestran que el país tiene el potencial humano de enfrentar la violencia y la impunidad, y deberán traducirse en el corto plazo en un alivio de la inseguridad ciudadana. En particular, los avances que apreciamos son resultado del esfuerzo de una ciudadanía activa, agrupada principalmente en torno a la Alianza por la Paz y la Justicia -que es ya un referente de coraje y capacidad de propuesta en Latinoamérica- y de autoridades receptivas que han dado gestos de voluntad política para rescatar las instituciones. 2. Valoramos especialmente el compromiso de los integrantes de la Comisión Interventora del Ministerio Público de depurar y dignificar esa institución, y proponer guías de trabajo encaminadas a convertir a la fiscalía en el eje de la lucha contra la impunidad. Confiamos en que la Comisión Interventora será capaz de presentar en el más breve plazo algunas denuncias emblemáticas en materia de crimen organizado y corrupción. Exhortamos a la Comisión a presentar a la brevedad al Congreso su informe y recomendaciones a fin de que éste tome las medidas legales que correspondan y elija con la urgencia que la situación demanda, al Fiscal General idóneo. Dicha elección debe ser transparente y orientada a la búsqueda de un fiscal caracterizado por su liderazgo ético, capacidad profesional, independencia política y el coraje necesario para dirigir una verdadera y exitosa cruzada contra el crimen en los próximos años. Hacemos un llamado a la sociedad civil para diseñar una estrategia de incidencia de elección del nuevo fiscal que privilegie sus méritos. 3. Observamos que el nuevo Ministro de Seguridad ha iniciado algunas medidas adecuadas para poner orden en la institución policial. El censo de policías y las pruebas de confianza a 150 mandos policiales, durante el primer mes de su gestión, son pasos en la dirección correcta. Es fundamental profundizar la depuración de las fuerzas policiales con investigaciones patrimoniales fiables de los mandos, basados en el trabajo de la Unidad de Información Financiera de la Comisión de Bancos y Seguros, que incluya el Registro de Propiedad, la evaluación de las declaraciones juradas que administra el Tribunal de Cuentas y patrones de consumo. Producto de ella deberá adoptarse las medidas administrativas y, cuando sea el caso, presentar denuncia penal contra los malos elementos que conspiran contra la seguridad de los hondureños. Exhortamos al señor Ministro a mantener informada a la opinión pública respecto a las decisiones de su despacho. La transparencia y rendición de cuentas de las disposiciones ministeriales son condición sine qua non para que la población empiece a recuperar la confianza en sus autoridades. 4. Vemos con esperanza el estatuto que crea el Instituto de Evaluación de Confianza, una entidad de alta capacidad técnica e independiente, encargada de realizar las evaluaciones de confianza de todos los operadores de justicia: policías, fiscales y jueces. Su resultado debe ser que los hondureños cuenten con instituciones confiables y eficientes. Por eso exhortamos al Congreso Nacional a debatir, aprobar y dotar de los recursos necesarios a esta institución para que comience a funcionar con la celeridad que la emergencia de inseguridad lo demanda. 5. Lo hecho durante este año para la recuperación de la seguridad y reconstrucción de algunas instituciones es incipiente y se enfrentan grandes desafíos. Por eso instamos a las autoridades a profundizar los cambios, nombrando a los titulares del MP y la DIECP, aprobando el Instituto de Evaluación de Confianza, depurando y reformando todo el sistema de seguridad y justicia. La publicidad y transparencia de estas decisiones garantizarán su legitimidad y recuperación de la confianza pública. 6. Se requiere que la comunidad de países amigos refuerce su compromiso de responsabilidad compartida con la seguridad y el bienestar de Honduras. 7. Las próximas elecciones de nuevas autoridades de Gobierno deben ser una oportunidad de debate público serio que enriquezca las propuestas y permita la adopción de compromisos de Estado por parte de los candidatos. El encuentro entre democracia y seguridad redundará en bienestar y libertad para todos los hondureños. El pueblo hondureño quiere un plan para reducir los asesinatos y controlar el crimen organizado. No se puede fallar en el intento.