informe nacional para la implementacion de la unc

Transcripción

Autoridad Nacional del Ambiente
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÒN (UNCCD)
INFORME NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE
LA UNCCD.
Panamá, Abril 2002.
Informe de Implementación de la Convención sobre la Desertificación.
INDICE
PÀG.
I.
Resumen
1
II.
Introducción
9
III.
Las Estrategias y Prioridades Establecidas Dentro del
Contexto de los Planes y/o Políticas de Desarrollo Sustentable
11
Medidas Institucionales Adoptadas Para Implementar
la Convención
16
Proceso de Consultas en Apoyo a la Preparación e
Implementación de los Programas de Acción Nacional y de
Acuerdos de Asociación con Países Desarrollados Partes y
Otras Entidades
22
Medidas Adoptadas o Planeadas en el Contexto de los
Programas de Acción Nacional, Incluyendo Medidas Para
Promover el Medio Ambiente Económico, Conservar los
Recursos Naturales, Promover la Organización Institucional,
Incrementar el Conocimiento sobre Desertificación y su
Control Para las Labores de Seguimiento y Evaluación
De la Desertificación y la Sequía
25
IV.
V.
VI.
VII. Contribuciones Financieras de los Presupuestos Nacionales
Para Apoyar la Implementación, así Como la Asistencia
Financiera y la Cooperación Técnica, Incluyendo su Afluencia.
Procesos para Identificar sus Requerimientos, Áreas de
Financiamiento y Establecimiento de Prioridades
38
VIII. Revisión de los Puntos de Referencia e Indicadores Utilizados
Para Medir los Progresos y la Evaluación de los Mismos
39
RESUMEN
La Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación En Los Países
Afectados Por Sequía Grave o Desertificación en Particular África, se estableció formalmente
el día 17 de Junio de 1994, en Paris, Francia. Su objetivo principal, es luchar contra la
desertificación y mitigar los efectos de la sequía, en los países afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en África, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los
niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación internacionales, en el marco de un
enfoque integrado, acorde con el Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible
en las zonas afectadas.
La República de Panamá, acoge esta convención, mediante su aprobación en todas sus partes
por la Asamblea Legislativa, a través de la Ley No. 9 de 3 de Enero de 1996 y Depósito de
Ratificación el 4 de Abril de 1996.
Como Organismo de Coordinación Nacional y/o Punto Focal ante la Convención de Naciones
Unidas sobre Desertificación y Sequía (UNCCD), se escogió a la Autoridad Nacional del
Ambiente (ANAM), quien tiene la responsabilidad de la elaboración de los primeros Informes
Nacionales de la Convención, con datos e información sobre las comunicaciones y/o medidas
adoptadas para la implementación de la Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la
Desertificación (UNCCD)
El presente informe, es el resultado de diversos procesos de consulta y participación ciudadana,
donde se recogen los aportes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como
grupos de productores y otras organizaciones; quienes motivados por la problemática nacional
existente en materia de desertificación y sequía, atendieron la convocatoria realizada por el
Organismo de Coordinación Nacional (ANAM) para participar en los eventos de consulta.
Existe en nuestro país un sector territorial en el cual los registros de precipitaciones anuales no
sobrepasan los 1,000 mm de lluvia, donde los periodos de sequía durante la estación seca se
extienden hasta por siete (7) meses. Esta zona se conoce como el “ARCO SECO”, que incluye
áreas de las Provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Recientemente, como
resultado de los cambios climáticos registrados en algunas zonas del país, se han anexado a este
llamado ARCO SECO, algunas zonas de la Provincia de Panamá en el sector Oeste y Este
(Distritos de Chame, Capira y Tortí en el Distrito de Chepo)
La extensión territorial del ARCO SECO, sobrepasa las 240,000 hectáreas, donde se incluyen
algunas ciudades importantes del interior del país, donde las actividades agrícolas y pecuarias,
constituyen el eje motor de la economía local, la cual se ve constantemente amenazada por los
efectos de las sequías prolongadas y degradación de suelos.
El proceso de degradación ambiental en estas zonas, se registra principalmente a nivel de
degradación de suelos y deterioro de las principales cuencas hidrográficas de la región. Las
prácticas inadecuadas de manejo y uso de los suelos, que incluyen la tala de bosques, quema de
la vegetación, el sobre pastoreo intensivo y la selección y establecimiento inadecuado de
cultivos en suelos no aptos para la actividad; han provocado y siguen provocando una
degradación y deterioro bien marcado de los suelos, donde los procesos erosivos son cada día
más pronunciados, reflejándose en una pérdida de la capacidad productiva de los suelos e
incremento de las tasas de sedimentación en los ríos y quebradas.
Por otro lado, los bajos niveles de precipitación registrados en estas áreas del país, afectadas
por los problemas de sequía extrema, están causando una baja significativa en los caudales de
los principales ríos de la región y de igual forma, efectos negativos en las áreas de pastoreo
utilizadas en la ganadería y la disponibilidad de agua para su uso en actividades agropecuarias,
industriales y domésticas.
Todo esto, ha provocado una explotación intensiva e incontrolada de los recursos de aguas
subterráneas, de los cuales se desconoce hasta la fecha su disponibilidad y tasas de extracción.
Se hace notorio en nuestro país, durante los últimos años, la incidencia de fenómenos naturales
como inundaciones originadas por los desbordamientos de ríos y quebradas, periodos
prolongados de sequía; lo cual origina pérdidas millonarias en el sector agropecuario, así como
pérdidas de vidas humanas, como resultado de una progresiva pérdida de las capacidades de
regulación hídrica de las principales cuencas hidrográficas del país, tales como: la cuenca del
Canal, Río Bayano, Río La Villa, Río Santa María, Río Chiriquì Viejo, Pacora, Caimito, entre
otros; donde se verifica la pérdida constante de capas de suelo, afectando en forma significativa
su fertilidad y capacidad productiva.
Esta situación se presenta en casi toda la Vertiente del Pacífico, con mayor intensidad en las
tierras altas de la Provincia de Chiriquì (Cerro Punta y Volcán), donde las pérdidas de suelo
supera tasas de 200 ton/ha/año; afectando también el oriente chiricano, Norte de la Provincia de
Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Cuenca del Río Bayano y el Occidente
de la Provincia de Darièn. En la vertiente del Caribe, se advierte un creciente proceso de
degradación de los suelos, en la Costa Arriba y Costa Abajo de la Provincia de Colón.
Podemos decir, que en términos generales, todo este proceso continuo de degradación
ambiental, ha conducido a un estado avanzado de degradación del 27% de los suelos de nuestro
país, concentrándose en las regiones del ARCO SECO, como resultado de su fragilidad, un
desproporcionado impacto ambiental, definido como un creciente proceso de desertificación,
caracterizado por las prolongadas sequías que ocasionan pérdidas millonarias en la actividad
agropecuaria, industrial y doméstica de sus comunidades.
Ante toda esta panorámica, se hace notoria la falta de una legislación especial en materia de
manejo, uso y conservación de suelos y la aplicación de las normas establecidas en la
legislación vigente que regulan el uso y manejo del agua y la protección de las cuencas
hidrográficas, lo cual incide directamente en los procesos de degradación de suelos y cuencas.
La protección ambiental en Panamá, se fundamenta en normativas dispersas, agravada por una
debilidad en sus instituciones y una marcada falta de coordinación interinstitucional, falta de
recursos humanos y financieros; lo que ha limitado una adecuada aplicación de las políticas
ambientales existentes, orientadas a resolver los principales problemas básicos del país,
asociados a los sistemas ecológicos.
Como respuesta a la necesidad de organizar y consolidar una política ambiental y una sistema
de gestión eficaz para enfrentar los problemas ambientales del país, el 1 de julio de 1998 el
Estado promulgó la Ley General de Ambiente. Esta ley define los principios básicos de la
política ambiental y al mismo tiempo crea la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Con
la nueva ley, la ANAM asume todas las responsabilidades y funciones que tenía hasta ese
momento el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), el cual
desaparece al surgir la nueva institución.
La ANAM da prioridad al proceso de reglamentación y regulación, focalizando su esfuerzo en
los instrumentos de gestión ambiental más sensibles para el cumplimiento de la política
ambiental, privilegiando las áreas en que existe un mayor avance, o que son de relevancia
estratégica para el desarrollo armónico de la gestión ambiental. En este sentido, ha identificado
tres áreas para iniciar el proceso de reglamentación:
a) El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental;
b) El procedimiento para dictar normas de calidad ambiental y límites máximos
permisibles; y
c) Los mecanismos formales de participación ciudadana.
Dentro de estas tres áreas, se ha adelantado la preparación de los proyectos de reglamento y el
proceso de consulta a través de talleres y reuniones con los diferentes sectores de la sociedad.
Mediante el Decreto No. 59 de 16 de Marzo de 2000, se reglamenta el Proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental; el Decreto Ejecutivo No. 57 de 16 de Marzo de 2000, reglamenta la
Conformación y Funcionamiento de las Comisiones Consultivas Ambientales, como organismo
de consulta participativa a nivel ciudadano en las políticas y problemas ambientales a nivel
regional y nacional. Por otro lado, el Decreto Ejecutivo No. 58 de 16 de Marzo de 2000,
Reglamenta las Normas de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles.
La Ley General del Ambiente recogió e integró la legislación ambiental que se encontraba
dispersa en diferentes ministerios, autoridades e instituciones. Sin embargo, se reconoce que
existen ciertos vacíos legales, dualidad de funciones y conflictos de competencia, que limitan la
plena aplicación de la Ley en algunos sectores claves de la gestión ambiental, los que a su vez
concentran las mayores preocupaciones ambientales de la sociedad panameña, según se
desprende de la Estrategia Nacional del Ambiente.
Buena parte de los conflictos de competencia podrían resolverse mediante el fortalecimiento de
la coordinación institucional, en el marco del Sistema Interinstitucional del Ambiente o de la
Red de Unidades Ambientales Sectoriales. Sin embargo, para el mediano plazo será necesario
una mayor integración de la política ambiental con las políticas sectoriales y el desarrollo de
instrumentos en los que se determinen los roles y funciones de las instituciones, así como el
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación.
Entre algunas de las actividades desarrolladas para implementar la Convención de Naciones
Unidas sobre Desertificación y Sequía, está la realización de talleres de consulta regionales,
en áreas críticas del país como lo son, las Tierras Altas de Chiriquì y el ARCO SECO del país
en las provincias centrales y talleres realizados a nivel Nacional en la ciudad de Panamá. En
estos eventos se contó con la participación de representantes de Instituciones Gubernamentales,
no Gubernamentales, autoridades locales, empresa privada, agricultores independientes y otros
representantes de la sociedad civil.
Estos talleres de consulta, fueron realizados en dos etapas; la primera, previa a la elaboración
del Informe Nacional sobre la Implementación de la UNCCD en nuestro país, que sirvió de
insumo para la elaboración del Informe Nacional sobre el tema, presentado ante la Secretaría de
la Convención de Lucha Contra La Desertificación, en Abril del año 2000; la segunda etapa,
que corresponde a los talleres de actualización realizados durante el año 2002, para recoger
información que nos permitiera actualizar el Informe Nacional, presentado en el año 2000.
Cabe resaltar que muchos de los instrumentos identificados en los talleres de consulta
realizados durante el año 2000, que se deben abordar para hacerle frente a los problemas de
desertificación (degradación de los suelos) y sequía en nuestro país, son comunes a los que se
presentaron durante las sesiones de trabajo en los talleres realizados en el año 2002, entre ellos
se destacan en orden de prioridad, los siguientes:
x
x
x
x
x
x
x
x
Coordinación Interinstitucional y Fortalecimiento de las Instituciones.
Concientizaciòn y Educación Ambiental.
Marco Legal.
Financiamiento e Inversiones Urgentes.
Ataque a la Pobreza En el Àrea Rural.
Participación Ciudadana.
Estudios e Investigaciones Científicas Especìficas.
Integrar un Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible, Acorde al Proceso de Crecimiento
Económico.
Durante el desarrollo de los talleres de consulta para la actualización del Informe Nacional
sobre Desertificación, se discutió ampliamente la problemática existente en nuestro país, con
respecto el problema de desertificación (degradación de los suelos) y sequía; el cual año tras
año se acentúa cada vez más, principalmente en las tierras altas de Chiriquì y en el sector del
ARCO SECO, el cual se ha ampliado hacia ciertas áreas de la provincia de Panamá. Fueron
importantes los aportes realizados por los representantes de diferentes instituciones
gubernamentales, quienes vienen trabajando desde algunos años para mejorar esta situación,
pero en forma aislada, en desconocimiento de muchas normas legales vigentes; lo que en
algunos casos es contrario a la política ambiental nacional, pudiendo llegar a agravar la
situación si no se toma el rumbo correcto. Por su parte, los miembros de las Organizaciones no
Gubernamentales y la sociedad civil, coincidieron en que si a nivel de las instituciones de
gobierno no es posible llegar a acuerdos significativos y a plantearse una estrategia de trabajo
coordinado interinstitucionalmente, es muy difícil llevar y/o ejecutar acciones concretas como
alternativa para enfrentar los problemas de desertificación y sequía en nuestro país.
Como resultado del intercambio propiciado en los talleres de consulta, surgieron
recomendaciones específicas que permitieron ampliar aquellas recogidas en el primer informe,
relacionadas con acciones que deben ejecutarse dentro de cada tema o componente del
Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (degradación de suelos) y la
Sequía.
x Coordinación Interinstitucional y Fortalecimiento de las instituciones.
En el primer informe nacional elaborado en base a la consulta realizada durante los años
1999 y 2000, se sugiere entre otras cosas que los actores relevantes como lo son las
comunidades, organizaciones gubernamentales, ONG’S, gobiernos locales,
organizaciones donantes; coordinen y colaboren para el desarrollo de los programas y
los implementen, con la creación de una comisión de coordinación y seguimiento, que
facilite observar avances, problemas y resultados, con base al Plan de Acción.
En esta nueva ronda de consulta pública, la coordinación interinstitucional surge como
eje central de todas las acciones que se puedan desarrollar con miras a enfrentar los
problemas de desertificación y sequía. De igual forma se sugiere la creación de comités
regionales de lucha contra la desertificación y sequía y la creación a nivel institucional
de direcciones, departamentos y/u oficinas de desertificación y sequía, fortalecidas con
sus respectivas partidas presupuestarias y personal, para realizar una labor eficiente.
x Concientizaciòn y Educación Ambiental.
Se resalta la importancia de poner en práctica e implementar un Plan de Educación
Ambiental formal e informal, a nivel de educación primaria, secundaria y universitaria,
con los diversos, sectores de la sociedad, incorporando el tema de lucha contra la
desertificación a proyectos en ejecución.
De igual forma se hace necesaria la incorporación del sector privado, como cofinanciador de algunas iniciativas de educación ambiental en las comunidades con
problemas marcados de desertificación (degradación de suelo) y sequía.
x Marco Legal
Como resultado de la consulta nacional de las acciones legales que se deben abordar,
resalta lo relativo
a la identificación de vacíos, definición de competencias
institucionales y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes en la República de
Panamá, sancionando pública y ejemplarmente las violaciones de las leyes ambientales.
De igual forma se resalta el desarrollo de una capacitación y actualización permanente
de las autoridades y gobiernos locales de modo que conozcan las leyes ambientales y las
hagan cumplir, supeditando el poder económico al cumplimiento de las leyes.
Se hace necesaria también la implementación de una Ley General Sobre Uso de Suelos y
crear mediante la Ley General de Ambiente, un Comité de Cuencas Hidrográficas.
Por otro lado, se presentó información sobre una nueva normativa legal establecida para
la protección y conservación de algunos recursos naturales y para enfrentar los
problemas de sequía extrema, que existe en algunas instituciones gubernamentales como
el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Comercio e
Industrias (MICI).
x Financiamiento e Inversiones Urgentes
Como acciones específicas del Programa de Acción en este renglón, reviste singular
importancia el formular propuestas de proyectos que permitan identificar las áreas
críticas con esta problemática en nuestro país y las acciones necesarias para su
disminución.
En este sentido, se sugieren programas en particular con mujeres de zonas rurales, las
cuales desempeñan múltiples tareas en el hogar, la agricultura y la ganadería y presentan
numerosos obstáculos para obtener créditos u otras formas de financiamiento.
Dentro de las acciones desarrolladas a nivel institucional por la ANAM, resaltan la
elaboración de dos (2) propuestas de proyectos relacionadas al problema de la sequía, las
cuales fueron presentadas ante la Secretaría de la UNCCD en el año 2001.
x Ataque de Pobreza En el Área Rural
Como marco de acción de las tareas que se requieren hacer para atacar la pobreza, se
debe partir de la visión de formular programas y planes integrales, que consideren la
capacitación de las poblaciones afectadas en métodos de desarrollo sostenibles, ya que el
problema de desertificación no se puede resolver solamente aplicando medidas técnicas.
Es muy importante incorporar dentro de las políticas y estrategias nacionales de
desarrollo, el programa de acción de lucha contra la desertificación(degradación del
suelo) y la sequía. En este sentido se considera importante aprovechar los efectos
sinérgicos de otras convenciones, como la de cambio climático y biodiversidad, lo cual
permitiría aumentar la cobertura y la eficacia de las medidas emprendidas.
Dentro de este componente, destacan las acciones liderizadas por el Estado Panameño, a
través del actual gobierno, para combatir la pobreza en el sector rural afectado por los
problemas de desertificación (degradación de suelos) y sequía, donde se incluyen los
Proyectos de Pobreza Rural y Recursos Naturales (MIDA – ANAM), Proyecto Triple C,
que incluye las provincias de Coclé, Colón y Panamá, Proyecto de Desarrollo Rural
Sostenible del Darièn, Plan Panamá Rural, entre otros; enfocados al combate de la
pobreza, la conservación de los recursos naturales y el establecimiento de sistemas de
producción agrícola y pecuaria sostenibles.
x Participación Ciudadana
Como aspecto medular se sugiere la adopción de un sistema de gestión ambiental
moderno y participativo, donde se garantice la participación de la población civil, en la
lucha contra la desertificación( degradación de suelos) y la sequía.
El establecimiento de los comités regionales de lucha contra la desertificación y sequía,
debe servir como ventana de participación ciudadana a nivel local y externo, buscando
mayor presencia, notoriedad y aportes en la problemática ambiental regional y nacional.
x Estudios e Investigaciones Científicas Específicas
Como un mandato legal, es importante la implementación del Título IV, Capítulo VII,
de la Ley No. 41, General de Ambiente, relativo al programa de Investigación Científica
y Tecnológica, el cual no se cumple, que indica en los artículos 51 y 52 lo siguiente:
Artículo 51: El estado fomentará los programas de investigación científica y tecnológica
aplicada en el área ambiental, tanto del ámbito público como privado, para tener
mayores elementos de juicio en la toma de decisiones en la gestión ambiental nacional.
Artículo 52: La Autoridad Nacional del Ambiente coadyuvará en la elaboración y
ejecución del programa permanente de investigación científica y tecnológica, orientado
a atender los aspectos de la gestión ambiental y los recursos naturales.
Se hace necesaria la incorporación efectiva de otras instituciones como el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias de Panamá, (IDIAP), la Universidad de Panamá, el
MIDA, ONG’S y otras instancias investigativas; para que dediquen esfuerzos y recursos
económicos en trabajos de investigación relacionados a los problemas de desertificación
y sequía.
x Integrar un Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible, Acorde al Proceso de
Crecimiento Económico.
Como política general del Estado y reconociendo que el ataque a los problemas de
desertificación y degradación del medio ambiente, es un ataque directo al problema de la
pobreza, es imprescindible incorporar dentro de las políticas y estrategias nacionales de
desarrollo y del gobierno, el Programa de Acción de Lucha Contra la Desertificación
(degradación del suelo) y La Sequía.
Para apoyar la implementación de la Convención, considerando el tema de
desertificación, propiamente no se manejan presupuestos, ni contribuciones financieras.
Sin embargo dentro del Plan Ambiental Nacional que ejecuta la ANAM, con
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), existe un componente de
Ordenamiento Ambiental a ejecutarse en tres años, que pudiera considerarse como una
acción relacionada al tema de desertificación.
Por mandato de la Ley General de Ambiente, le corresponde a la Autoridad Nacional del
Ambiente (ANAM), elaborar al término de cada periodo de gobierno, un Informe del
Estado del Ambiente para el país. Este Informe puede considerarse como mecanismo
del Estado para mantener un
Panamá.
Seguimiento y Evaluación del Medio Ambiente en
Está propuesto el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Ambiental,
creado en la Ley No. 41, el cual tiene por objeto recopilar, sistematizar y distribuir
información ambiental del Estado entre los organismos y dependencias públicas y
privadas, se fortalece la capacidad del país, para recoger, analizar y procesar
información y poder producir indicadores de impacto.
La pobreza se encuentra ampliamente extendida en el país, afectando al 37% de la
población panameña, de ella un 27% de esa población vive en pobreza extrema. Varios
estudios han revelado que la pobreza extrema está concentrada en 24 distritos (un tercio
del total de distritos que componen el país), distribuìdos en la Costa Atlántica, las áreas
indígenas de Chiriquì, Bocas del Toro, Veraguas y Darièn.
En Panamá, la velocidad de crecimiento real de la producción del país, medida por el
Producto Interno Bruto ha descendido en cada década después de la de 1960. En los
años 90 el ritmo de crecimiento también ha descendido. Para el último periodo, el PIB,
decreció a un 2.2% . Consecuentemente, los problemas sociales se han incrementado.
Panamá necesita de un crecimiento vigoroso para poder enfrentar las necesidades
crecientes de la población y para incrementar su ingreso per-capita.
En el contexto Latinoamericano, Panamá, es uno de los países que mayores recursos
destinan a la educación. La importancia que el Estado concede a este instrumento de
promoción social se aprecia a través del gasto en educación, que en promedio ha
representado el 4.9% del PIB y el 10% del gasto público. No obstante, el sistema aún
padece síntomas de inequidad, baja calidad e ineficiencia; lo que incide negativamente
en la lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginalidad social. La inequidad del
sistema se refleja en las bajas tasas de coberturas que se observan en el país en la
educación preescolar y media, en especial en las áreas rurales, urbanas marginadas e
indígenas.
II.
INTRODUCCIÓN
Nuestra República (Panamá), se encuentra ubicada en el extremo sur del istmo
centroamericano, en el Hemisferio Norte. Sus límites son los siguientes: al Norte con el Mar
Caribe; al Sur con el Océano Pacífico, al Este con la República de Colombia; al Oeste con la
República de Costa Rica. La Extensión Territorial del istmo de Panamá, abarca unos 75,517
km², con una población promedio de 2,839,177 habitantes, de acuerdo al último censo del año
2000, con predominio de tierras bajas y colinas, con menos de 700 metros de altura
(aproximadamente el 70% del territorio nacional) La Costa Pacífica, posee una extensión de
1,700.6 Km. y su costa en el Caribe tiene una longitud de 1,287.7 Km.
El sistema de gobierno existente en la República de Panamá, es de gobierno unitario,
republicano, democrático y representativo. Su división político – administrativa incluye 9
provincias, 75 distritos, 5 comarcas y 593 corregimientos.
Nuestra región presenta cinto tipos de climas bien caracterizados. El clima tropical muy
húmedo, tropical húmedo y tropical seco, que predominan en las tierras bajas; por otro lado, en
las tierras altas encontramos el clima templado húmedo y el templado muy húmedo. Las
estaciones climáticas están bien definidas: La estación seca o verano, que se extiende desde
finales del mes de diciembre hasta el mes de abril y la estación lluviosa o invierno que se
extiende desde el mes de mayo hasta mediados del mes de diciembre.
Panamá tiene uno de los problemas de erosión y deterioro de suelos más severos de América
Latina, influenciado por el paulatino, acumulativo y creciente proceso de degradación que
sufren casi todas las cuencas, suelos y aguas, situación que se evidencia en las críticas
condiciones de vida de más de 150,000familias campesinas cuyo sustento depende de la
precaria producción de cultivos de subsistencia, en terrenos de laderas con severas limitantes,
desprovistos de los más elementales sistemas de conservación, en la ocupación del 20% del
territorio nacional en actividades de ganadería extensiva y en las técnicas destructivas de
construcción de infraestructuras públicas y privadas.
Formación de Cárcavas. Arco Seco Provincia de Los Santos.
Formación de Cárcavas. Arco Seco, Provincia de Los Santos.
Como saldo, tenemos la degradación
de más de 2 millones de hectáreas de
suelos en las provincias centrales
equivalentes al 27% de la superficie
total del país; el monumental
arrastre de sedimentos hacia los ríos,
con valor estimado de 429,000
toneladas anuales en Ipetì – Bayano,
y los crecientes procesos de
aterramiento y saturación de casi
todas las quebradas y ríos de la
vertiente del Pacífico, con los
consiguientes perjuicios
a los
equipos de las potabilizadoras e
hidroeléctricas, sistemas de riego y drenaje, la saturación, contaminación y agotamiento de las
aguas de acueductos que suplen las comunidades rurales, con repercusiones sobre el ecosistema
marino.
La degradación de las cuencas hidrográficas también se torna palpable, en el sutil y perspicaz
proceso de desertificación que opera en el ARCO SECO del país, en la forma de explotación
de los recursos de aguas subterráneas, de los cuales se desconoce su disponibilidad y tasas de
extracción.
Así mismo la proliferación de peligrosos eventos de desbordamientos e inundaciones en la
temporada lluviosa como los ocurridos en la ciudad capital y cabeceras de provincias, con
pérdidas de vidas humanas, millones de balboas en daño materiales y a la agricultura; y la
paulatina destrucción de las capacidades de regulación hídrica de vitales cuencas hidrográficas;
tales como, la del Canal, los Ríos Bayano, La Villa, Santa María, Caimito, Pacora y Chiriquì
Viejo, reportándose la pérdida de una lámina de 3 centímetros de suelos de magnífica fertilidad
en las tierras altas de Chiriquì.
Todos estos procesos destructivos se ven agravados por
la aplicación de precarios sistemas de producción
agropecuaria y la construcción de obras de
infraestructura física, carentes de medidas, prácticas y
obras de conservación de suelos y aguas, agravados por
un intrincado marco legal – interinstitucional de gestión
ambiental, la falta de compresión e interés público
acerca de los temas ambientales y la carencia de un
enfoque de planificación basado en las cuencas
hidrográficas como base territorial de apoyo al estilo de
desarrollo sostenible; todo ello, impacta negativamente
las frágiles partes altas de las cuencas, la escasa tierra
agrícola disponible, llanuras y los centros poblados del
país, ocasionado una grave erosión del patrimonio
natural de todos los panameños y limitando las
opciones de bienestar, crecimiento y desarrollo a las
jóvenes y futuras generaciones.
Degradación de la Cuenca Alta del
Río Chiriquí Viejo, Tierras Altas
Desde el punto de vista de la conceptualizaciòn y definición estricta de lo que debe contener la
política ambiental, hasta el momento los instrumentos aplicados para cumplir la acción de
orientación del quehacer público en el ámbito ambiental, no han reunidos las características
explicitas de una política ambiental.
Todos estos esfuerzos que se han
mencionado aquí, se refieren
principalmente a acciones aisladas
de políticas de índole legal,
institucional, social, instrumentos
económicos, participación pública,
flujo de capital, financiar procesos
de producción, nuevas tecnologías
educación e información ambiental.
Sistemas de Producción Que Aceleran los Procesos de
Sistemas de producción que aceleran los procesos de
degradación del suelos
La organización y consolidación de
la gestión del ambiente en Panamá,
sólo serán posibles con políticas públicas integrales, tendientes a un desarrollo humano
sostenible que propicie un equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, el aprovechamiento
de los recursos naturales y la conservación del ambiente.
En esta dirección apuntan muchos de los acuerdos internacionales y regionales aprobados por
el gobierno panameño, así como la estrategia Nacional del Ambiente promulgada en mayo
1999.
Panamá ha ratificado desde 1963 a la fecha, 21 Convenios o Protocolos Globales, relacionados
a temas ambientales y 10 Convenios regionales desde 1954, entre algunos de estos se pueden
mencionar los siguientes:
x
x
x
x
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
Convención sobre la Biodiversidad Biológica
Convenio para el Establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical.
Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
III. LAS ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES ESTABLECIDAS DENTRO DEL
CONTEXTO DE LOS PLANES Y/O POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
Políticas Ambientales
La Protección Ambiental Nacional, se ha basado en normativas dispersas, además de existir
una debilidad institucional, por la falta de claridad de competencia administrativa y a la
escasez de recursos humanos y financieros. Estas limitaciones no han posibilitado una
adecuada aplicación de las políticas ambientales existentes a fin de resolver los problemas
básicos del país asociados a los sistemas ecológicos.
Las principales acciones desarrolladas en nuestro país recientemente, con el fin de disminuir y
controlar las pérdidas, deterioro y degradación del ambiente, las podemos resumir de la
siguiente forma:
Esfuerzo reciente de carácter general
Como respuesta a la necesidad de organizar y consolidar una política ambiental y
x
un sistema de gestión eficaz, para enfrentar los problemas ambientales del país, el 1 de
julio de 1998 el Estado promulgó la Ley No. 41 General de Ambiente. Esta ley define
los principios básicos de la política ambiental y al mismo tiempo crea la Autoridad
Nacional del Ambiente (ANAM). Con la nueva ley, la ANAM asume todas las
responsabilidades y funciones que tenía hasta ese momento el Instituto Nacional de
Recursos Naturales Renovables (INRENARE), el cual desparece al surgir la nueva
institución.
La Ley General de Ambiente, desarrolla capítulos concernientes a las políticas del
Estado para la conservación, protección, uso sostenible, recuperación y administración
de la Diversidad Biológica, Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal del Estado, Uso de
Suelos, Calidad del Aire, Recursos Hídricos, Recursos Hidrobiològicos, Recursos
Energéticos, Recursos Minerales, Recursos Marino - Costeros y Humedales.
Además, promueve el establecimiento del Ordenamiento Ambiental del territorio
nacional, los procesos de evaluación de impacto ambiental, las normas de calidad
ambiental, la información y educación ambiental, el programa de investigación
científica y tecnológica, otro sobre desastres y emergencias ambientales, así como una
contabilidad ambiental nacional.
Según la Ley General de Ambiente de 1998, “el uso de los suelos deberá ser compatible
con su vocación y aptitud ecológica de acuerdo con los programas de ordenamiento
ecológico del territorio. Los usos productivos del suelo evitarán prácticas que
favorezcan la erosión, degradación o modificación de las características topográficas,
con efectos ecológicos y ambientales adversos, además la Ley estipula que la realización
de actividades públicas o privadas que por sí misma puedan provocar degradación
severa de los suelos, estarán sujetas a sanciones e incluirá acciones equivalentes de
recuperación, las cuales serán reglamentadas por la Autoridad Nacional del Ambiente.
En la actualidad, la Autoridad Nacional del Ambiente realiza los estudios de apoyo al
proceso de reglamentación de esta Ley.
Por su parte, en la lucha contra la erosión, la sedimentación y otros procesos de deterioro
o agotamiento del recurso tierra, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) creó
en 1997 la Dirección Nacional de Desarrollo Rural, dentro del marco orientador de la
política agropecuaria, con el propósito de orientar, promover y apoyar iniciativas de
pequeños productores individuales y asociados del área rural. Este Ministerio desarrolla
el programa de modernización de los servicios agropecuarios y de la Dirección
Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria.
x La Ley de Estudio de Impacto Ambiental (del 30 de diciembre de 1994), estableció la
obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental para todo proyecto de desarrollo
que pueda afectar el medio ambiente. Desde 1995 a la fecha, la ANAM, en coordinación
con la Red de Unidades Ambientales Sectoriales, ha evaluado más de 1,000 estudios de
impacto ambiental relacionados con proyectos: urbanísticos, mineros, turísticos,
acuícola, agrícolas, energéticos, forestales, comerciales, industriales, carreteros,
construcciones diversas, portuarios, acueductos y alcantarillados, desechos tóxicos e
hidrocarburos.
Actualmente todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, se encuentra
reglamentado a través del Decreto Ejecutivo No. 59 de 16 de marzo de 2000, el cual
establece las disposiciones por las cuales se regirá el proceso de evaluación de impacto
ambiental, de acuerdo a lo previsto en la Ley No. 41 de 1 de Julio de 1998, General de
Ambiente de la República de Panamá.
x La Autoridad Nacional del Ambiente, en colaboración con el sector público y la
sociedad civil, formuló la Estrategia Nacional del Ambiente (ENA), la cual presentó
ante el Consejo Nacional del Ambiente para su análisis y consideración. La ENA
contiene las medidas, estrategias y acciones adecuadas que deben atender el sector
público, privado y la población en general, para la conservación, uso, manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales y ambientales del país.
La Estrategia Nacional del Ambiente de Panamá, fue aprobada mediante Resolución de
Gabinete No. 36 de 31 de mayo de 1999.
La Estrategia Nacional del Ambiente plantea las acciones siguientes:
12345-
La incorporación de la dimensión ambiental en el proceso de crecimiento
económico, propiciando el desarrollo sostenible.
La protección y mejoramiento de la calidad ambiental atendiendo cursos de aguas,
manejo de residuos sólidos, calidad del aire, y el control del ruido y vibraciones.
La protección, recuperación y uso sostenible de los recursos naturales y diversidad
biológica.
El desarrollo y promoción de la cultura, la educación ambiental y participación
ciudadana.
El fortalecimiento de la capacidad institucional pública y privada.
Cuando la Estrategia enfoca la protección del ambiente en territorios prioritarios,
enfatiza en el ARCO SECO costanero, tierras degradadas y tierras altas de Chiriquì.
Para alcanzar el mejoramiento en el próximo quinquenio es necesario realizar las
siguientes acciones:
¾Controlar y reducir la degradación de las tierras en el arco seco, impulsando las
prácticas de agroforesterìa y reforestación.
¾Fortalecer las actividades de protección, conservación y manejo de las cuencas
hidrográficas, suelos, aguas superficiales y subterráneas en el arco seco.
¾Fomentar e incrementar la recuperación de los suelos degradados de la vertiente
del pacífico, desde las provincias de Coclé hasta el oriente Chiricano y la
Comarca Ngobe – Bugle con programas de reforestación y agroforesterìa.
¾Racionalizar el uso de agroquímicos por parte de los productores de las tierras
altas de Chiriquì en sus cultivos agrícolas.
¾Promover la conservación, el manejo y recuperación de los suelos de las tierras
altas de Chiriquì, especialmente en las laderas utilizadas en la producción
hortícola, conforme a los estudios y recomendaciones emanadas de las misiones
francesas, alemana y china, entre otras.
x Por otro lado, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario MIDA, como parte de su
estrategia para enfrentar y minimizar los efectos de la sequía en la producción nacional,
está implementando el Programa Operación Sequía 2002, el cual tiene como objetivo
principal coordinar y ejecutar de manera conjunta con entidades gubernamentales, el
sector privado, organizaciones de productores; actividades, proyectos, obras de
infraestructura y servicios de apoyo, con miras a minimizar los efectos de la sequía en la
producción nacional.
Este programa, se ubica en el ARCO SECO de la República de Panamá y áreas
tradicionalmente susceptibles a ser afectadas por la sequía. El mismo pretende brindar
atención a 8,000 agroempresarios; de los cuales 6,000 corresponden a la Península de
Azuero (Provincias de Herrera y Los Santos) y 2,000 en las otras provincias y distritos
que forman parte del ARCO SECO.
Como estrategia establecida por el MIDA dentro de este programa, se encuentra el
PLAN AGUA, con el cual se procura captar y/o cosechar toda el agua posible de las
lluvias que se presenten en esta región y almacenarlas en represas, minipresas y
abrevaderos.
Por otro lado y paralelo al Programa Sequía 2002, el MIDA desarrolla el Proyecto de
Riego Para el ARCO SECO, cuya estrategia se fundamenta en la perforación de pozos y
extracción de agua subterránea, para suplir las necesidades de proyectos agrícolas para la
agroexportaciòn, (sin saber la demanda y capacidad de agua subterránea existentes
Ambas iniciativas suponen una inversión de aproximadamente 21 millones de dólares
para un período de dos (2) años.
Áreas críticas
Arco Seco del País:
La región del ARCO SECO del país, comprende el territorio de las llanuras y colinas costeras
de las provincias de Los Santos, Herrera, Coclè y una pequeña parte en la provincia de Panamá,
desde Punta Chame en la provincia de Panamá, hasta Pausilipo en Santa Ana, provincia de Los
Santos, con una superficie aproximada de 2,420,70 km². Aquí viven aproximadamente 206,000
personas.
Recientemente también se incluyen algunos territorios de los Distritos de Capira y Chepo en la
Provincia de Panamá.
Esta región tiene un clima Tropical de Sabana, con precipitaciones promedios anuales de 975
milímetros, distribuidos en forma irregular, caracterizados por fuertes y cortos aguaceros.
Las temperaturas máximas alcanzan los 42º C durante la estación seca, que se extiende del mes
de diciembre hasta mayo.
Se caracteriza por tener topografía de irregular a casi plana, con suelos que clasifican en las
categorías clase II y III en las áreas planas a casi planas y clase VI y VII en las áreas de colinas
bajas y estribaciones montañosas. Estos suelos poseen bajo contenido de materia orgánica,
detectándose un desequilibrio en algunos nutrientes y reacción con tendencia a la acidez; los
mismos varían de moderada a baja capacidad de producción.
El problema principal de la zona de estudio, es la degradación ambiental, la cual ha sido
inducida por el mal uso de los
recursos naturales. Esto trae como
consecuencia la pérdida de la
capacidad productiva del suelo y la
degradación de los mismos por
causas antopogènicas y fenómenos
naturales como lo son: la agricultura
de subsistencia migratoria con
prácticas agrícolas y pecuarias
insustentables (tala y quema).
Problemas de Malas Prácticas Agrícolas de Uso Frecuente en
Región.
la Región.
Todos estos factores han ocasionado inundaciones, por el incremento de las escorrentías
superficiales, erosión hídrica, eólica y baja calidad de vida de los pobladores. Es un ambiente
semiárido, en el que se ha entronizado un proceso de desertificación, en el cual la sequía
estacionaria se agudiza más en la región, incrementando los niveles de pobreza, desnutrición y
el desempleo.
Tierras Altas de Chiriquì
Las Tierras Altas de la provincia de Chiriquì, comprenden una superficie trabajada de 955.40
Km², con una población de aproximadamente 23,500 habitantes, diseminados en los
Corregimientos de Cerro Punta, Boquete y Renacimiento.
Estas tierras son únicas, que conjugan el clima templado húmedo de altura, con precipitación
promedio anual de 2,029.9 milímetros, poseen suelos profundos y fértiles derivados de la
actividad volcánica reciente. Estas características han permitido el desarrollo de una agricultura
próspera de importancia nacional, basada en el cultivo de hortalizas, papas, café y flores, sin
menospreciar otras actividades como las exportaciones lecheras.
Estos suelos en general carecen de medidas de protección y conservación, al ser arados y
expuestos al impacto de las gotas de lluvia y las aguas de escorrentías, que arrastran grandes
cantidades de suelo fértil. Se ha calculado según estudios recientes, que la erosión puede llegar
a arrastrar hasta 200 toneladas de suelo por hectárea / año, lo que representa un desgaste de una
lámina de 30 milímetros de suelo, alcanzando cifras muy por encima de los niveles permisibles,
comparadas con otras áreas críticas de América Latina.
Actualmente, la situación de degradación de los suelos en las tierras altas de Chiriquì ha
alcanzado niveles alarmantes, ya que se insiste en la utilización de prácticas inadecuadas de
cultivo, en un mal manejo del recurso suelo y agua, lo cual ha llevado al encarecimiento de las
actividades productivas y a una destrucción progresiva de la poca vegetación boscosa que aún
permanece, principalmente en las áreas protegidas.
Son notorias la falta de concientizaciòn
de la población y el poco esfuerzo que se
realiza a nivel de instituciones de
gobierno y privadas, para frenar esta
situación.
Avance de la Frontera Agrícola Dentro de un Area Protegida
(EL PILA)
IV. MEDIDAS INSTITUCIONALES TOMADAS PARA IMPLEMENTAR LA
CONVENCIÓN.
Dentro de las medidas institucionales desarrolladas por la ANAM, otras instituciones
gubernamentales y ONG’S, para implementar la Convención, están las siguientes:
x Primer Foro Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía, realizado el 28, 29
y 30 de octubre de 1997 por el INRENARE, hoy ANAM, como una actividad de
sensibilización, a través del Departamento de Evaluación de Tierras y Conservación de
Suelos, de la Dirección Nacional de Cuencas Hidrográficas. Este evento fue financiado
por la Secretaría Ejecutiva de la Convención de Lucha Contra la Desertificación y la
Sequía y en el mismo se debatieron los procesos de degradación de los recursos
naturales y su relación con los problemas de desertificación y falta de agua.
En el evento participaron funcionarios de instituciones públicas, organizaciones no
gubernamentales y autoridades del país. Los expositores analizaron el problema de
desertificación y la sequía y sus secuelas en la degradación del medio ambiente del país.
El objetivo principal del foro fue definir y desarrollar estrategias y prioridades en el
marco de los planes y políticas nacionales de desarrollo sostenible, a efectos de luchar
contra la desertificación y mitigar los estragos de la sequía en el país, además de
promover la sensibilización y facilitar la participación de los diversos sectores, en los
esfuerzos para combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía y crear un
ambiente propicio para el establecimiento de políticas y programas de acción a mediano
y largo plazo.
El resultado de este foro sirvió como aporte importante ha ser considerado dentro de las
estrategias y prioridades en los planes y políticas nacionales para la elaboración de la
Estrategia Nacional del Ambiente de la República de Panamá, alcanzándose más del
85% de los objetivos trazados en el foro.
x Del 16 al 23 de febrero 2000, se realizó la Consultoría de la Ingeniera María Nery
Urquiza Rodríguez, de nacionalidad Cubana, la cual tuvo por objetivo la orientación
para la aplicación de la guía para la elaboración del Informe Nacional, sobre
desertificación. Dentro de esta visita, el 17 de febrero se organizó un taller para la
presentación de la información disponible, en el cual se abordaron los temas:
a- Características Climáticas de Panamá.
b- Avance del Informe sobre el Proceso de Desertificación en el ARCO SECO
del país.
La consultora ofreció una detallada explicación sobre los elementos básicos que
respaldan y sustentan la elaboración de los Informes Nacionales, como responsabilidad
de los gobiernos de los países partes de la Convención; además, explicó los objetivos y
procedimientos que deben ser observados en la elaboración del Informe Nacional, según
lo acordado en la reunión de consultores celebrada en la sede de PNUMA y la Unidad de
Coordinación Regional (UCR), en la Ciudad de México. Se hizo énfasis en la
característica que debe tener el informe en cuanto a su objetividad, reflejo de la realidad
del país; la flexibilidad de la guía para abarcar los aspectos generales y específicos del
país, fundamentalmente aquellos que no poseen el PAN elaborado, como es el caso de
Panamá y la necesidad de que estos reflejen todas las acciones que se han llevado a
cabo. Se insistió en la calidad y puntualidad de la entrega del Informe Nacional tanto a la
Secretaria de la Convención como a la Unidad de Coordinación Regional.
x El 22 de febrero de 2000 aprovechando el movimiento generado alrededor del tema, se
celebró un Taller de Sensibilización con directivos de la Autoridad Nacional del
Ambiente, instituciones vinculadas al tema y medios de difusión masiva. Se redactó nota
de prensa sobre el tema y se ofrecieron entrevistas para diversos medios de
comunicación, de modo de contribuir a la sensibilización pública y acercamiento de los
pobladores a los principios y acciones que animan la Convención. Se observó un
creciente interés de las autoridades nacionales respecto al tema de la desertificación y la
sequía, así como un correcto enfoque de las sinergias que deben existir entre las
convenciones ambientales.
x Realización de 2 talleres de consulta Regionales, en áreas críticas del país como lo son
las Tierras Altas de Chiriquì (22 y 23 de marzo de 2,000) y el ARCO SECO, provincias
centrales (28 y 29 de marzo de 2,000). Un tercer taller se realizó a nivel en la ciudad de
Panamá el 31 de marzo de 2,000.
Con el propósito de actualizar la
información recogida en los
talleres realizados en el año
2,000, se celebraron dos (2)
talleres adicionales de consulta
ciudadana
en
las
áreas
consideradas como críticas en
nuestro país: Tierras Altas de
Chiriquì, en la localidad de Cerro
Punta, el 5 de Abril de 2002 y en
la Villa de Los Santos, el 12 de
Abril de 2002.
Estos
talleres
fueron
muy concurridos y permitieron
recoger información valiosa con
relación al estado actual de nuestro país, en cuanto a los problemas de desertificación
(degradación de suelos) y sequía; donde también se sentaron las bases para emprender
acciones conjuntas en torno a la problemática existente y de igual forma se conoció el
trabajo que están realizando otras instituciones y organizaciones.
Jornada de Trabajo en Taller de Consulta Regional
La Villa, Provincia de Los Santos
x Se han hecho esfuerzos iniciales, entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA) y la ANAM, en materia de planificación del uso del suelo, basada en los
estudios de capacidad agrológica, proyectándose la confección de una zonificación agro
ecológica para los cultivos agrícolas.
x Como acciones colaterales, dentro del marco legal, se han promulgado las siguientes
leyes: Ley No. 35 de 22 de septiembre de 1966, sobre el Uso de Las Aguas; Ley No. 24
de 23 de noviembre de 1992, Sobre Incentivos a la Reforestación; Ley No 1 de 3 de
febrero de 1994, por la cual se establece la Legislación Forestal de La República de
Panamá; Ley No. 10 de 24 de Junio de 1992, sobre Educación Ambiental, como una
Estrategia Nacional para Conservar y Desarrollar los Recursos Naturales y Preservar el
Ambiente; Ley No. 24 de 7 de Junio de 1995, por la cual se establece la Legislación de
Vida Silvestre en la República de Panamá; Ley No 41 General de Ambiente de La
República de Panamá.
De igual manera, se han reglamentado algunos procesos y normas establecidas, mediante
la emisión de los siguientes decretos ejecutivos:
-
Decreto Ejecutivo No. 59 de 16 de Marzo de 2000, mediante el cual se establece
el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
Decreto Ejecutivo No. 57 de 16 de Marzo de 2000; el cual reglamenta la
Conformación y Funcionamiento de las Comisiones Consultivas Ambientales.
Decreto Ejecutivo No. 58 de 16 de Marzo de 2000, el cual reglamenta las Normas
de Calidad Ambiental y Límites Permisibles.
Por otro lado, la emisión de algunas Resoluciones Normativas, han permitido mejorar la
gestión que realiza la ANAM, en el marco de lo que establece la Ley:
- Resolución No. 0145-00 de 18 de Mayo de 2000, por la cual se crea el Comité
Asesor Operativo como el Organismo Responsable de Establecer y Ejecutar el
Proyecto Piloto de Monitoreo de la Calidad del Agua en Una Cuenca y Sus
Principales Usos.
- Resolución No. AG 0301-2000, del 12 de octubre de 2000, por la cual se crea el
Comité Operativo de Calidad Ambiental, como Organismo Asesor de la ANAM.
- Resolución No. AG-040 de 14 de Febrero de 2001, por la cual se crea el
Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC).
Actualmente, se encuentra en el proceso de debates en la Asamblea Legislativa, el
Anteproyecto de Ley No. 57, por el cual se pretende establecer El Régimen
Administrativo Especial para el Manejo, Protección y Conservación de las Cuencas
Hidrográficas de la República de Panamá, materia esta que ya está establecida en la
legislación ambiental vigente y es competencia de la ANAM, a través del Servicio
Nacional de Administración de Recursos Hídricos.
Por otro lado, la ANAM ha participado en una serie de eventos a nivel internacional
dentro del marco de lo que establece la UNCCD.
-
-
VI Reunión Regional de los países de América Latina y del Caribe sobre la
Convención de Naciones Unidas, de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía,
San Salvador 16-21 octubre de 2000.
Reunión Intersesional de la UNCCD, para la Presentación de Reportes
Nacionales de América Latina ante el Grupo de Trabajo Ad-Hoc, celebrada en
Bonn, Alemania, 2-6 de Abril de 2001.
Como parte de todo este esfuerzo realizado por la ANAM, como Organismo de
Coordinación Nacional (OCN), se elaboraron dos (2) propuestas de proyectos, en la
búsqueda de alternativas en la lucha contra la desertificación y sequía, la cuales a la
fecha no han obtenido el financiamiento necesario
¾Zonificación de Áreas Afectadas por la Sequía en Centroamérica.
¾Diagnóstico Físico de las Áreas Azotadas por la Sequía en Centroamérica.
Como parte del esfuerzo realizado por otras instituciones gubernamentales y ONG’S, en
su lucha contra los problemas de desertificación y sequía tenemos las siguientes
acciones concretas.
x A nivel del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), se está ejecutando el
Programa Operación Sequía 2002, conocido como PLAN AGUA, dirigido a
comunidades ubicadas dentro del ARCO SECO; el cual coordina y ejecuta con
entidades gubernamentales, el sector privado y los productores; actividades, proyectos,
obras de infraestructura y servicios de apoyo, con el propósito de minimizar los efectos
de la sequía en la producción nacional.
El programa está dirigido a unas 8,000 agro-empresarios, con un aporte inicial del
gobierno de $ 100,000, destacándose hasta la fecha la construcción de 5 represas, 14
minipresas y 871 abrevaderos; las cuales se han establecido con el propósito de captar y
almacenar la mayor cantidad de agua de lluvia en esta región.
MAPA No. 1
AREAS PROPENSAS A SER AFECTADAS POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS
ADVERSOS.
FUENTE: OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE GANADERIA – MIDA
Como
acciones complementarias de este programa, también se contempla la
construcción de pozos profundos y la distribución de agua en tanques cisternas.
Dentro de algunas acciones inmediatas para enfrentar los problemas de sequía en la
región, se plantea la declaración del ARCO SECO como zona de emergencia nacional,
gestionar recursos por la suma de un millón de dólares para acciones concretas, solicitar
la activación y trámite inmediato en los bancos de los préstamos de contingencia a bajos
intereses y plazos adecuados, solicitar a la ANAM la suspensión temporal de la
aplicación de Leyes y/o Decretos, sobre concesiones de agua que puedan afectar la
implementación del programa y la conformación de un comité de sequía en el ámbito de
las Direcciones del MIDA.
Paralelo a este Programa Operación Sequía 2002, el MIDA está desarrollado el Proyecto
de Riego para el ARCO SECO, el cual tiene un costo aproximado de 20 millones 366
mil dólares, financiado con fondos del Banco Leumi de Israel 85% y el Banco Nacional
de Panamá 15%.
Este proyecto se desarrolla principalmente en las provincias de Los Santos y Herrera,
con una cobertura de 2,637.16 Has, distribuìdas entre 503 parcelas de producción, de las
cuales 142 son abastecidas utilizando como fuente de agua ríos próximos a las parcelas y
381 son abastecidas a través de agua extraída de pozos profundos construìdos.
Por otro lado, el MIDA está ejecutando en forma conjunta con la ANAM, el Proyecto
Pobreza Rural y Recursos Naturales, el cual tiene un financiamiento de 39 millones de
dólares, para invertir en 62 Corregimientos distribuìdos en las Provincias de Veraguas
(42), Los Santos (10) y Herrera (10); donde se plantea canalizar recursos de inversión y
asistencia técnica para reducir los niveles de pobreza en áreas marginadas y degradadas
desde el punto de vista ambiental, promoviendo la sostenibilidad en el uso y
conservación de los recursos naturales. Este proyecto se inició en el año 1997 y el
mismo debe concluir a finales del año 2002.
Dentro del marco legal que fortalece la gestión para la implementación de UNCCD, el
MIDA promovió la aprobación de la Ley No. 24 de 4 de junio de 2001, por la cual se
adoptan medidas para apoyar a los productores agropecuarios afectados por las
condiciones climatològicas adversas y otras contingencias. A través de esta Ley, se crea
el Fondo Especial para Créditos de Contingencias (FECC), para conceder préstamos
agropecuarios, por conducto del Banco de Desarrollo Agropecuario o del Banco
Nacional de Panamá.
Otras acciones paralelas desarrolladas, incluyen la promulgación de la Resolución
Ejecutiva No. 1 de 12 de Enero de 2000, donde se establece “Área de Reserva Minera”
Las Zonas Que Comprenden Los Cauces de los Ríos Chagres, La Villa, Pacora, Santa
María y Mamonì, considerando entre otros aspectos que estos ríos forman parte del
sistema de abastecimiento de agua potable y regadíos bajo condiciones climáticas
difíciles y al nivel de degradación presente en su estructura y el nivel de agotamiento de
sus minerales, por lo cual requieren protección ambiental y recuperación adecuada.
Son importantes también los proyectos ejecutados por diferentes ONG’S, con la
participación de productores, donde se incluyen proyectos agroforestales en el área del
ARCO SECO y de conservación de suelos, en Tierras Altas de Chiriquì, con
componentes de educación ambiental; a través del financiamiento con fondos
provenientes del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO), que administra la
Fundaciòn NATURA.
También son importante los esfuerzos que se realiza a través de otras instituciones como
la Universidad de Panamá, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá, La
Universidad Tecnológica, Ministerio de Educación, ONG’S y Organizaciones de
Productores; quienes a través de sus actividades de educación ambiental, promueven la
protección y conservación de los recursos naturales y el uso de sistemas adecuados de
producción agropecuaria sostenible.
V.
PROCESO DE CONSULTAS EN APOYO A LA PREPARACION E
IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ACCION NACIONAL Y DE LOS
ACUERDOS DE ASOCIACIÓN CON LOS PAISES DESARROLLADOS PARTES Y
OTRAS ENTIDADES.
El siguiente cuadro, presenta un resumen de los convenios, convenciones, protocolos globales,
como los acuerdos ambientales Regionales ratificados por Panamá.
CONVENIOS, CONVENCIONES Y
PROTOCOLOS GLOBALES
1.
Convenio internacional para prevenir la
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos.
Promulgación
12/05/1954
Ratificación en
Panamá
25/09/1963
2. Convenio internacional sobre responsabilidades
civiles por daños causados por la contaminación de las
aguas del mar por hidrocarburos.
29/11/1969
07/01/1976
3. Convenio internacional relativo a la intervención en
alta mar en caso de accidentes que causen una
contaminación por hidrocarburos.
29/11/1969
07/01/1976
4.
Tratado sobre prohibición de emplear armas
nucleares y otras armas de destrucción en masa en los
fondos marinos y oceánicos y su subsuelo.
11/01/1971
20/03/1974
5. Convención relativa a los humedales de importancia
internacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas (Ramsar)
02/02/1971
26/11/1974
6. Convención sobre la prohibición del desarrollo, la
producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y toxinas y sobre su
destrucción.
10/02/1972
26/11/1978
7. Convención para la protección del patrimonio
mundial, Cultural y natural.
16/11/1972
03/03/1975
8. Convenio sobre la prevención de la contaminación
29/12/1972
31/07/1975
del mar por vertimiento de desechos y otras materias.
9. Convención sobre el comercio internacional de
especies amenazadas de fauna y flora silvestres
(CITES)
03/03/1973
17/08/1978
10.
la
02/11/1973
02/10/1983
11. Protocolo relativo al convenio internacional para
prevenir la contaminación por los buques.
12. Convención sobre la conservación de las especies
migratorias de animales silvestres (CMS)
07/02/1978
20/02/1985
23/06/1979
17/02/1989
13. Convención de las Naciones Unidas sobre el
derecho del mar.
10/12/1982
01/03/1996
14. Convención internacional sobre maderas tropicales
15. Convenio de Viena para la protección de la capa de
ozono
18/11/1983
22/03/1985
03/02/1989
13/02/1989
16. Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono.
16/09/1987
03/03/1989
17.
Convenio de Basilea sobre control de los
movimientos de los desechos peligrosos y su
eliminación.
22/03/1989
22/02/1991
18. Convención marco de las Naciones Unidas sobre
cambio climático.
09/05/1992
23/05/1995
19. Convención sobre la diversidad biológica.
05/06/1992
17/01/1995
20. Convención de las Naciones Unidas de lucha contra
la desertificación en los países afectados por la sequía
grave o desertificación, en particular en África.
17/06/1994
04/04/1996
21. Protocolo de Kioto sobre la Convención marco de
las Naciones Unidas sobre cambio climático.
11/12/1997
05/03/1999
22. Convenio de Rótterdam para la aplicación del
procedimiento del consentimiento fundamentado previo
a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos
objetos de comercio internacional.
10/09/1998
18/08/2000
Convenio internacional para prevenir
contaminación marina por los buques.
23. Protocolo de Cartagena de bioseguridad de la
biotecnología del convenio de la diversidad biológica.
29/01/2000
28/12/2001
ACUERDOS AMBIENTALES REGIONALES RATIFICADOS POR PANAMÁ
CONVENIOS REGIONALES
Promulgación
1. Convenio para el establecimiento de una comisión
interamericana del atún tropical.
03/03/1950
Ratificación
Aceptación
20/04/1954
2. Convenio para la protección y el desarrollo del
medio marino de la región del Gran Caribe.
11/01/1986
07/10/1987
3. Convenio para la protección del medio marino y la
zona costera del Pacífico Sud-oriental.
19/05/1986
23/07/1976
4. Protocolo para la protección del Pacífico Sudoriental contra la contaminación radiactiva.
21/09/1989
27/03/1991
5.
Protocolo para la conservación y administración
de las áreas marinas y costeras del Pacífico Sudoriental.
21/09/1989
22/03/1991
6. Convenio para la conservación de la biodiversidad y
protección de áreas silvestres prioritarias en América
Central.
05/06/1992
26/05/1995
7. Convenio regional sobre cambio climático
29/10/1993
06/05/1995
8. Convenio regional para el manejo y conservación de
los ecosistemas naturales, forestales y el desarrollo de
plantaciones forestales.
9.
Convenio constitutivo de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y su
protocolo (CCAD).
29/10/1993
28/06/1995
12/12/1989
10/09/1996
10.
Acuerdo
regional
sobre
transfronterizos de desechos peligrosos.
11/12/1992
22/06/1995
movimiento
VI.
MEDIDAS ADOPTADAS O PLANEADAS EN EL CONTEXTO DE LOS
PROGRAMAS DE ACCION NACIONAL, INCLUYENDO MEDIDAS
P ARA
PROMOVER EL MEDIO AMBIENTE ECONOMICO, CONSERVAR LOS
RECURSOS NATURALES, PROMOVER LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL,
INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DESERTIFICACIÒN Y SU
CONTROL PARA LAS LABORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
DESERTIFICACION Y SEQUIA.
La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) como Punto Focal de Panamá ante la
Convención, realizó cinco consultas a lo largo del país para conocer de los diversos sectores,
las medidas que se deben adoptar en el contexto del Programa de Acción Nacional. En este
sentido y conociendo la problemática de degradación de los suelos y de los recursos naturales,
priorizò en dos regiones específicas; a saber:
x Tierras Altas de la provincia de Chiriquì, donde existen los mejores suelos agrícolas del
país, con graves problemas de degradación. Consulta realizada en el corregimiento de
Cerro Punta. (año 2000 y 2002)
Taller de Consulta en el Arco Seco. La Villa,
Provincia de Los Santos
xArco seco, provincias centrales,
donde los procesos de desertificación
se han entronizado sensiblemente. Se
abordó la problemática de cuatro (4)
provincias del país como lo son
Herrera, Los Santos, Coclé y
Veraguas. Consultas realizadas en las
ciudades de Chitré, Provincia de
Herrera(año 2000) y en La Villa de
Los Santos, Provincia de Los Santos
(año 2002).
Otra consulta se realizó en la ciudad de Panamá con una visión nacional, donde al igual
que las consultas regionales, participaron entidades gubernamentales representativas de
diversos sectores, organizaciones no gubernamentales (ONG’S), agricultores
independientes y representantes de la población civil.
Los temas identificados en los Talleres de consulta que se deben de abordar para hacerle frente
a los problemas de desertificación y sequía son los siguientes:
x
x
x
x
x
Coordinación Interinstitucional y Fortalecimiento de las Instituciones
Concientización y Educación Ambiental
Marco Legal
Financiamiento e Inversiones Urgentes
Ataque a la Pobreza en el Área Rural
x
x
x
Participación Ciudadana
Estudios e Investigaciones Científicas Específicas
Integrar un Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible, Acorde al Proceso de Crecimiento
Económico
De igual forma en los talleres de consultas se hicieron recomendaciones específicas de las
acciones que deben ejecutarse por cada tema o componente del Programa de Acción Nacional
de Lucha Contra la Desertificación y Sequía, los cuales pasamos a detallar:
x Coordinación Interinstitucional y Fortalecimiento de las Instituciones.
En el primer Informe Nacional elaborado en base a las consultas realizadas durante los
años 1999 y 2000, se sugiere entre otras cosas que los actores relevantes como lo son las
comunidades, organizaciones gubernamentales, ONG’S, gobiernos locales,
organizaciones donantes; coordinen y colaboren para el desarrollo de los programas y
los implementen con la creación de una comisión de coordinación y seguimiento que
facilite observar avances, problemas y resultados, con base al Plan de Acción.
En esta nueva ronda de consulta pública, la coordinación interinstitucional surge como
eje central de todas las acciones que se puedan desarrollar con miras a enfrentar los
problemas de desertificación y sequía. Es evidente que actualmente la falta de
coordinación de funcionarios a todos los niveles, en las diferentes instituciones del
gobierno, para el desarrollo de diferentes actividades, donde se involucre también a la
sociedad civil y ONG’S, está propiciando una desorganización y pérdidas de recursos
económicos y naturales en nuestro país. Un ejemplo reciente, lo constituye la política
gubernamental de perforación de pozos en el Arco Seco del país, como medida de
contingencia para enfrentar los problemas de sequía existentes en la región, la cual es
ejecutada con la mejor voluntad por los funcionarios del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario - MIDA; y por otro lado la Autoridad Nacional del Ambiente – ANAM,
a través del Servicio Nacional de Administración de Recursos Hídricos no participa de
este programa y no tiene información sobre el número de perforaciones, las tasas de
extracción, la disponibilidad de los recursos, entre algunos elementos de importancia,
con relación al manejo, uso y explotación de este recurso.
Ante esta situación, es de vital importancia, estrechar los lazos y abrir un canal de
comunicación efectivo y eficiente, entre todas las instituciones y/o instancias civiles que
estén relacionadas y/o trabajando para enfrentar y atender de la mejor manera los
problemas de desertificación y sequía en nuestro país.
También se sugiere, como producto de la consulta pública, el establecimiento o creación
de comités regionales de lucha contra la desertificación y sequía, donde pueden estar
representadas las diferentes instituciones gubernamentales a nivel regional, las ONG’ S,
la sociedad civil y los gobiernos locales; con la responsabilidad de poder contribuir con
propuestas de proyectos, movilización de recursos y seguimiento a todas las actividades
que a nivel regional se determinen y/o identifiquen, para hacerle frente a estos
problemas.
De igual manera, se plantea la necesidad de establecer a nivel institucional, direcciones,
departamentos u oficinas de desertificación (degradación de suelos) y sequía,
fortaleciendo los presupuestos institucionales con las partidas presupuestarias y el
personal necesarios para poder desarrollar el trabajo encomendado.
x Concientización y Educación Ambiental
Considerado como un mandato de Estado, plasmado en la Ley General de Ambiente, la
Educación Ambiental es considerada como un elemento de mucha importancia dentro
del Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía. En
este sentido, dentro de las acciones que se sugieren hacer, resalta el hecho de la
necesidad de concientizar a los principales involucrados en la problemática, a todos los
niveles, incluyendo a los propios funcionarios de las instituciones relacionadas. Se
plantea la necesidad de poner en práctica e implementar un Plan de Educación
Ambiental formal e informal, a nivel de educación primaria, secundaria y universitaria,
con los diversos sectores de la sociedad, incorporando el tema de lucha con la
desertificación en proyectos en ejecución.
De igual manera, se hace necesaria la incorporación del sector privado, como cofinanciador de algunas iniciativas de educación ambiental en las comunidades con
problemas marcados de desertificación y sequía (Ejm. Campañas publicitarias,
programas radiales, confección de afiches, plegables, etc.
Algunos avances logrados en este aspecto, lo representan, el reciente convenio firmado
entre la ANAM y el Ministerio de Educación, para la utilización en los programas de
educación primaria de guías didácticas sobre el medio ambiente y la conservación de los
recursos naturales. Este programa de guías didácticas, se encuentra en ejecución y en sus
primeras etapas se ha logrado capacitar a un aproximado de 2,300 educadores, en el
manejo de las guías y ya se encuentran en el proceso de distribución de este material en
las diferentes escuelas del país.
Por otro lado, también hay que resaltar los programas de educación ambiental ejecutados
por diferentes ONG’S que trabajan en áreas críticas con problemas de degradación de
suelos y sequía, tales como FUNDICCEP, AMIPILA, GORACE, ADEMIPP,
FUNDESCAP, ODECA, Fundación NATURA, entre otras; los cuales están brindando
resultados positivos en materia de concientización y cambio de actitud entre los
productores en sus diferentes regiones.
Agricultores en la Regiòn del Arco Seco, Participando en Programas de
Reforestación.
x Marco Legal
La ANAM como punto focal de la Convención para Panamá, legalmente se convierte en
el Órgano de Coordinación Nacional (O.C.N.) en coordinación y colaboración con las
siguientes instituciones y organizaciones:
-
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) – Unidad Ambiental.
Ministerio de Vivienda – MIVI - Unidad Ambiental.
Ministerio de Obras Públicas – MOP- Unidad Ambiental
Ministerio de Comercio e Industrias – MICI- Unidad Ambiental
Ministerio de Salud – MINSA-Unidad Ambiental
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF – Unidad Ambiental
Banco de Desarrollo Agropecuario – BDA.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá – IDIAP
Instituto de Seguro Agropecuarios – ISA
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales – IDAAN
Autoridad de la Región Interoceánica – ARI
Universidad Nacional de Panamá – UNP
Universidad Tecnológica de Panamá – UTP
Ente Regulador de los Servicios Públicos - ERSP
Fondo de Inversión Social - FIS
Fundación NATURA
Fundación PANAMA
Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta
FUNDICCEP
Organización para el Desarrollo Sostenible de la Comunidad y Conservación
del Ambiente ODECA
Asociación de Pequeños y Medianos Productores
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.
Como resultado de la consulta nacional de las acciones legales que se deben abordar,
resalta lo relativo a la identificación de vacíos, definición de competencias
institucionales y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes en la República de
Panamá, sancionando pública y ejemplarmente las violaciones de las leyes ambientales.
De igual forma se resalta el desarrollo de una capacitación y actualización permanente
de las autoridades y gobiernos locales, de modo que conozcan las leyes ambientales y
las hagan cumplir, supeditando el poder económico al cumplimiento de las leyes.
En el contexto mencionado, la legislación ambiental resulta un elemento clave
identificado como aspecto que amerita una rápida respuesta, dentro del marco legal. El
Plan Ambiental Nacional de la ANAM, con el financiamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), ha ido avanzando en un proceso de normatividad, tendiente a ir
dictando y revisando las normas jurídicas vigentes que regulan el medio ambiente, con
la finalidad de superar vacíos y contradicciones, regular más adecuadamente algunas
materias y principalmente sentar las bases jurídicas fundamentales para implementar en
forma adecuada las políticas ambientales.
El paso inicial más relevante en este sentido, lo constituye la Ley No. 41, General de
Ambiente de la República de Panamá, promulgada recientemente (julio de 1998).
Fundamentalmente esta Ley constituye el estatuto jurídico que define el carácter y
contenido de las políticas ambientales, fijando las prerrogativas, atribuciones y límites
de la gestión ambiental, regulando además los elementos orgánicos, funcionales y
procedimientos de la institucionalidad ambiental.
Las materias que por expresa mención de la Ley deben ser reglamentadas son:
x Mecanismos de Consulta Públicas para temas ambientales relevantes.
x Instalación y funcionamiento del Consejo Nacional del Ambiente.
x Instalación y funcionamiento de la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente y
Comisiones Consultivas Provinciales, Comarcales y Distritales.
x Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.
x Proceso de Formulación de Normas de Calidad Ambiental.
x Proceso de control del cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental a través
de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental.
x Mecanismos de seguimiento y control de la calidad ambiental, dentro del Sistema
Interinstitucional del Ambiente.
x Contenido del Informe del Estado del Medio Ambiente.
x Procedimiento para celebrar contratos de manejo y disposición de sustancias
peligrosas.
x Procedimientos de Concesiones de Áreas Protegidas.
x Fijación de tarifas por uso de servicios ambientales en Áreas Protegidas.
Además de los reglamentos expresamente señalados en la Ley No. 41, se considera
necesario desarrollar otros que contribuyan a facilitar la aplicación de la Ley. Ellos
están relacionados con los siguientes aspectos relevantes:
x
x
x
x
x
x
x
x
Planes de prevención y descontaminación
Auditorias ambientales
Planes de adecuación y manejo ambiental (PAMAS)
Declaratorias de desastres y planes de contingencia
Competencias residuos sólidos domiciliarios industriales y hospitalarios
Sistema Interinstitucional del Ambiente
Daños ecológicos y costos de limpieza, mitigación y concesiones
Sanciones
Dentro de los procesos de reglamentación, mucho se ha avanzado, lográndose hasta la
fecha reglamentar entre otros aspectos:
-
Conformación y Funcionamiento de las Comisiones Consultivas Ambientales:
Decreto Ejecutivo No. 57 de 16 de marzo de 2000.
Normas de Calidad y Límites Máximos Permisibles: Decreto Ejecutivo No 58
de 16 de Marzo de 2000.
Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental: Decreto Ejecutivo No. 59 de
16 de Marzo de 2000.
Por otro lado, se han establecido formalmente Comisiones Consultivas en seis (6)
provincias y siete (7) distritos, de la República y se adelanta la reglamentación de
algunos otros aspectos señalados en la legislación ambiental vigente.
Como resultado de la consulta pública realizada, surge como una necesidad reglamentar
mediante una legislación el uso, manejo y conservación del suelo; de igual forma
desarrollar un sistema de ordenamiento territorial o zonificación, que nos permita
establecer un sistema local de clasificación del suelo, considerando diversos factores
físicos, químicos, etc.
Es importante señalar también, la discusión que se adelanta en la Asamblea Legislativa
para su aprobación o rechazo, del Anteproyecto de Ley No. 57, por el cual se establece
el Régimen Administrativo Especial para el Manejo, Protección y Conservación de las
Cuencas Hidrográficas de la República de Panamá, aspectos éstos que están
desarrollados en la legislación ambiental vigente y que son competencia de la ANAM, a
través del Servicio Nacional de Administración de Recursos Hídricos, lo que refleja una
vez más la falta de coordinación interinstitucional que en nada fortalece la gestión
ambiental a nivel nacional.
Dentro de lo que respecta al marco legal, es importante analizar también el grado de
compatibilidad de competencia a nivel institucional.
La Ley General de Ambiente recogió e integró la legislación ambiental que se
encontraba dispersa en diferentes ministerios, autoridades e instituciones. Sin embargo,
se reconoce que existen ciertos vacíos legales, dualidad de funciones y conflictos de
competencia que limitan la plena aplicación de la Ley en algunos sectores claves de la
gestión ambiental, los que a su vez concentran las mayores preocupaciones ambientales
de la sociedad panameña, según se desprende de la Estrategia Nacional del Ambiente.
Buena parte de los conflictos de competencia podrían resolverse mediante el
fortalecimiento de la coordinación institucional, en el marco del Sistema
Interinstitucional del Ambiente o de la Red de Unidades Sectoriales. Sin embargo, para
el mediano plazo será necesario una mayor integración de la política ambiental con las
políticas sectoriales y el desarrollo de instrumentos en los que se determine los roles y
funciones de instituciones, así como el fortalecimiento de los mecanismos de
coordinación.
x Financiamiento e Inversiones Urgentes
Por existir una estrecha relación entre la desertificación y los graves problemas sociales,
tales como la pobreza, la falta de seguridad alimentaría y el estado de salud de la
población, se agudizan las pérdidas macro económicas, lo cual obliga a cualquier
programa de acción contra la desertificación a disponer de suficiente recursos
económicos y fuentes de financiamiento para realizar inversiones urgentes en los
sectores pobres que más lo necesitan.
Como acciones específicas del programa de acción en este renglón, reviste singular
importancia la de formular propuestas de proyectos que permitan identificar las áreas
críticas con esta problemática en nuestro país y las acciones necesarias para su
disminución.
En este sentido, se recomiendan programas en particular con mujeres de zonas rurales,
las cuales desempeñan múltiples tareas en el hogar, la agricultura y la ganadería y
presentan numerosos obstáculos para obtener créditos u otras formas de apoyo.
Como mecanismos sugeridos para lograr las inversiones necesarias están:
x La creación de un impuesto ambiental aplicado a las industrias, empresas más
contaminantes (refinerías, fábricas de cemento, tenerías, empresas mineras, etc.)
x La implementación en forma general del pago por los servicios ambientales
utilizados.
x Búsqueda de fondos a través de canje de deuda por naturaleza.
x Implementación de la pausa ecológica, de modo que todos los sectores de la
economía aporten recursos económicos para contribuir a resolver la problemática.
x Promover un mayor aporte de sectores económicos exitosos del país, como lo
son, el Centro Bancario, Zona Libre de Colón y otros.
x Promover el establecimiento de carteras crediticias con intereses blandos, en
proyectos con actividades que propicien la conservación de los suelos y el uso
adecuado del agua.
x Incentivar la incorporación a nivel institucional y gubernamental de los recursos
financieros necesarios para implementar y desarrollar actividades en la lucha
contra la desertificación y sequía.
x Proponer iniciativas de proyectos viables técnica, económica y ambientalmente.
x Se hace necesaria una mayor difusión del problema, como mecanismo de
concientizaciòn y sensibilización, en la búsqueda de recursos en fuentes locales y
externas de financiamiento.
En el marco de las acciones realizadas, podemos señalar, los aportes estatales logrados a
través del Programa Sequía 2002, El Proyecto de Riego para el Arco Seco, el Proyecto
Pobreza Rural y Recursos Naturales, el Proyecto del Corredor Biológico
Mesoamericano, el Proyecto Triple C, el Plan Panamá Rural, los aportes del Fideicomiso
Ecológico de Panamá y algunas partidas presupuestarias a nivel institucional
gubernamental y de ONG’S; los cuales, sin estar entrelazadas directamente con una
estrategia o Plan Nacional de Lucha Contra Los Problemas de Desertificación y Sequía,
han contribuìdo indirectamente a la implementación de políticas ambientales y sistemas
de producción conservacionistas, promoviendo la concientizaciòn y educación a
diferentes niveles, para atender y resolver la problemática ambiental existente, de lucha
contra la desertificación y sequía. Es necesario entonces, una mejor coordinación e
integración a nivel interinstitucional, involucrando a organismos no gubernamentales y
la sociedad civil; para canalizar todos los recursos posibles disponibles, hacia una misma
dirección, en acciones concretas, definidas, regionales, de lucha contra los problemas de
desertificación y sequía en nuestro país.
x Ataque a la Pobreza en el Área Rural
Como marco de acción de las tareas que se requieren hacer para atacar la pobreza, se
debe de partir de la visión de formular planes y programas integrales, que consideren la
capacitación de las poblaciones afectadas en métodos de desarrollo sostenible, ya que el
problema de desertificación no se puede resolver solamente aplicando medidas técnicas.
Es muy importante incorporar dentro de la política y estrategias nacionales de desarrollo,
el programa de acción de lucha contra la desertificación y la sequía. En este sentido se
considera importante aprovechar los efectos sinérgicos de otras convenciones como la de
cambio climático y biodiversidad, lo cual permitiría aumentar la cobertura y eficacia de
las medidas emprendidas.
Como aspecto importante dentro de este tema, se debe mejorar la coordinación de los
proyectos que se ejecutan dentro de una provincia o región, de modo que las acciones
que se ejecuten en el campo medio ambiental y de los recursos naturales, sean del
conocimiento de todos los sectores involucrados en esta problemática, maximizando de
esta manera el rendimiento del recurso económico y humano.
Se sugiere fomentar la inversión sustentable de la empresa privada en las áreas
afectadas, mediante incentivos fiscales, lo cual contribuirá a la recuperación de las áreas
afectadas a través de programas específicos.
La aplicación de planes y programas económicos descentralizados de las estructuras
administrativas con poder de decisión, permitiría el desarrollo de proyectos de
autogestión sostenibles en las mismas comunidades afectadas, lo cual garantizaría la
permanencia del productor en su predio, brindando alternativas en función de las
realidades sociales, culturales y económicas de cada región.
Se requiere dinamizar el proceso de reconversión, mediante el financiamiento a través de
préstamos blandos de nuevos productos más competitivos en el mercado.
Actualmente, el gobierno adelanta la ejecución de algunas iniciativas de proyectos a
nivel regional, orientadas a enfrentar y reducir los efectos de la pobreza en el sector
rural, resultante en muchos casos de la degradación de los suelos, problemas de sequía,
escasez de alimentos y falta de oportunidades entre otros factores.
Estas iniciativas gubernamentales se concentran en los proyectos: Pobreza Rural y
Recursos Naturales el cual desarrolla actividades específicas, tendientes a mitigar los
problemas de desertificación y sequía; como serían, los programas de capacitación,
crédito agrícola sostenible, agroforesterìa, biodiversidad, etc.
Actividades similares se desarrollan en los Proyectos Triple C, que abarca las provincias
de Coclè, Colón y Panamá; el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible del Darièn; el
Plan Panamá Rural que ejecuta el MIDA a nivel nacional; el Proyecto del Corredor
Biológico Mesoamericano; todos los cuales tienen entre sus objetivos y metas, reducir
los niveles de pobreza en las diferentes áreas rurales de nuestro país, los cuales guardan
una relación directa con los problemas de degradación de suelos y sequía, ya que
generalmente en las áreas mas degradadas de nuestro país, es donde se concentra los
mayores bolsones de pobreza.
Existen también algunas iniciativas de organismos no gubernamentales y la sociedad
civil, que están orientadas al establecimiento y financiamiento de granjas sostenibles y
huertos comunitarios, en lugares de extrema pobreza; sin embargo es necesaria una
revisión y/o reorientación de este trabajo, ya que los resultados alcanzados hasta el
momento no son los esperados.
x Participación Ciudadana
Como aspecto medular se sugiere la adopción de un sistema de gestión ambiental
moderno y participativo, donde se garantice la participación de la población civil, en la
lucha, contra la degradación de suelos, la desertificación y la sequía.
La participación de las comunidades involucradas desde el inicio en la planificación de
los programas y proyectos que promueven las instituciones gubernamentales u
organizaciones no gubernamentales, es fundamental para el éxito de los mismos.
Se sugiere establecer programas de participación popular, donde se organicen grupos
campesinos, ofreciéndoles capacitación en temas medio ambientales y de adopción de
nuevas prácticas de cultivos y tecnologías más amigables con el medio. Estos
agricultores capacitados, posteriormente se convertirán en capacitadotes para poder
implementar proyectos pilotos de desarrollo sostenible. Como una de las acciones
prioritarias, se recomienda la creación de grupos de acción de protección ambiental en
cada región o provincia, para que se encarguen de apoyar los aspectos de educación
ambiental a nivel de las comunidades y el desarrollo de sistemas de ayuda y auto ayuda
para las comunidades establecidas en zonas de alto riesgo, propensas a desertificación y
sequías. En este sentido es fundamental poder brindar conocimientos, habilidades y
destrezas a las comunidades en organización, liderazgo y formulación de proyectos entre
otras.
Dentro de las iniciativas promovidas por la ANAM, se ha logrado establecer mediante
Decreto Ejecutivo No. 57 de 16 de marzo de 2000, la Conformación y Funcionamiento
de las Comisiones Consultivas Ambientales; las cuales operan a nivel Provincial,
Distrital y Comarcal.
Actualmente ya se han establecido formalmente seis comisiones provinciales y siete
distritales, como parte del proceso de consulta y participación ciudadana.
Por otro lado, la participación activa de ONG’S, asociaciones de productores,
autoridades locales, la empresa privada y otros sectores que conforman la sociedad civil,
en los procesos de consulta realizados y convocados por la ANAM, para abordar la
problemática de desertificación y sequía en nuestro país (talleres de consulta ciudadana),
son muestras del nuevo enfoque participativo que se está promoviendo en la gestión
ambiental, para realizar una labor más efectiva y eficiente.
Dentro de las recomendaciones surgidas en el marco de las consultas realizadas, está el
establecimiento de Comités Regionales de Lucha Contra La Desertificación y Sequía,
que sirvan como ventana de participación ciudadana a nivel local y externo, en busca de
mayor presencia, notoriedad y aportes en la problemática ambiental regional y nacional.
En estos comités deben estar representados todos los sectores de la sociedad a nivel
regional, al igual que las instituciones gubernamentales, participando en la identificación
de la problemática local existente, alternativas de solución y canalizando recursos para el
desarrollo de las acciones necesarias.
x Estudios e Investigaciones Científicas
Como un mandato legal, es importante la implementación del Título IV, Capítulo VII,
de la Ley No 41, General de Ambiente, relativo al programa de investigación científica
y tecnológica que indica en los Artículos 51 y 52 lo siguiente:
Artículo 51: El Estado fomentará los programas de investigación científica y
tecnológica aplicada en el área ambiental, tanto del ámbito público, como privado; para
tener mayores elementos de juicio en la toma de decisiones en la gestión
ambiental nacional.
Artículo 52: La Autoridad Nacional del Ambiente coadyuvará en la elaboración y
ejecución del programa permanente de investigación científica y tecnológica, orientado a
atender los aspectos de la gestión ambiental y los recursos naturales.
Se sugiere adicional poder avanzar en los siguientes aspectos:
-
-
-
-
-
-
-
Desarrollo o adaptación a las condiciones del país, mediante un sistema de
clasificación de la capacidad agrológica de los suelos.
La formación de cuadros técnicos especializados en teledetección y uso de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) para evaluar la sensibilidad
potencial de los suelos a la erosión para promover la aplicación y desarrollo
de una agricultura sostenible.
Inventariar el uso actual de la tierra en las áreas críticas.
Promover programas de monitoreo ambiental en las cuencas de interés
nacional e impulsar proyectos de reforestación con fines de protección y de
educación ambiental en áreas críticas, con la participación activa de las
comunidades ya establecidas en ellas.
Mejorar sustancialmente la capacidad de los laboratorios de suelos del IDIAP,
Universidad de Panamá y ANAM y promover la colaboración recíproca e
intercambio de información.
Realizar trabajos de investigación que contribuyan a promover métodos de
conservación de suelos y recuperación de áreas desérticas o en proceso de
desertificación.
Promover con las universidades (tesis de grado) y con los Institutos de
Investigación, mayor cantidad de investigaciones en el área ecológica, ya que
poco se investiga en este campo. Hay que considerar dentro de este campo
investigativo el uso y evaluación de los conocimientos tradicionales y
vernaculares, cónsonos con la realidad ambiental del lugar.
Promover internacionalmente a Panamá, como laboratorio natural, con
potencialidades de investigación para la comunidad científica, facilitando el
intercambio de resultados.
Promover la realización de estudios hidrológicos de las aguas subterráneas,
con prioridad en el Arco Seco de Panamá.
-
-
Gestionar estudios de calidad del agua, en las principales cuencas del país,
tomando en cuenta su uso actual y futuro para consumo humano, agrícola e
industrial.
Establecer líneas de investigación prioritarias a nivel de institutos y
universidades, con relación a niveles mínimos de consumo requeridos en los
principales cultivos agrícolas y actividades pecuarias e industriales.
Dentro de las actividades desarrolladas por la ANAM, relacionadas al desarrollo de
nuevas investigaciones, destacan la elaboración de dos (2) propuestas de proyectos
relacionados a los problemas de sequía a nivel regional; los cuales fueron presentados
durante el año 2001 a la Secretaría de la Convención.
-
Zonificación de Áreas Afectadas por la Sequía en Centroamérica, Mediante la
Utilización de Índices de Sequía.
Diagnóstico Físico de las Áreas Azotadas por la Sequía en Centroamérica.
Ambas propuestas permitirán tener una evaluación con mayores detalles, de las zonas
afectadas pro sequía a nivel centroamericano y de los factores que inciden en ellas.
De igual forma, se adelantan los trabajos y estudios de una consultaría financiada por el
Gobierno de Panamá y Fondos del BID sobre Determinación de Los Niveles de Calidad
del Agua en La Cuenca del Río La Villa , en las Provincias de Los Santos y Herrera.
x Integrar un Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible, Acorde al Proceso de
Crecimiento Económico.
Como política general del Estado y reconociendo que el ataque a los problemas de
desertificación y degradación del medio ambiente, constituyen un ataque directo al
problema de la pobreza, es imprescindible incorporar dentro de las políticas y estrategias
nacionales de desarrollo y del gobierno, el Programa de Acción de Lucha Contra la
Desertificación (degradación de suelos) y la sequía.
Se sugieren como medidas planteadas, las políticas para el desarrollo sostenible, los
principios y lineamientos de la política nacional del ambiente, contenidas en la Ley
General de Ambiente, las cuales incluyen los siguientes aspectos.
a.
b.
c.
Dotar a la población como deber del Estado, de un ambiente saludable y adecuado
para la vida y el desarrollo sostenible.
Definir las acciones gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito local,
regional y nacional, que garanticen la eficiente y efectiva coordinación
intersectorial, para la protección, conservación y restauración de la calidad
ambiental.
Incorporar la dimensión ambiental en las decisiones, acciones y estrategias
económicas sociales y culturales del Estado, así como integrar la política nacional
del ambiente, al conjunto de políticas públicas del Estado.
d.
e.
f.
g.
h.
Estimular y promover comportamientos ambientales sostenibles y el uso de
tecnologías limpias, así como apoyar la conformación de un mercado de reciclaje y
reutilización de bienes, como medios para reducir los niveles de acumulación de
desechos y contaminantes del ambiente.
Dar prioridad y favorecer los instrumentos y mecanismos de promoción, estímulo e
incentivos, en los procesos de conversión de los sistemas productivos, hacia estilos
compatibles con los principios consagrados en la Ley General de Ambiente.
Incluir, dentro de las condiciones de otorgamiento a particulares de derechos sobre
recursos naturales, la obligación de compensar ecológicamente por los recursos
naturales utilizados y fijar para estos fines el valor económico de dicho recurso,
que incorpore su costo social y de conservación.
Promover mecanismos de solución de controversias, tales como la mediación,
arbitraje, conciliación y audiencias públicas.
Destinar los recursos necesarios para asegurar la viabilidad económica de la
política nacional del ambiente.
FORMULACIÒN DEL PROGRAMADE ACCION NACIONAL DE LUCHA CONTRA
LA DESERTIFICACIÒN (DEGRADACIÓN DE SUELOS) Y SEQUÌA.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(6 MESES)
1
2
3
ACTIVIDADES A EJECUTAR
FORMULACIÒN DEL PLAN DE ACCIÒN
NACIO NAL
1.
Coordinación
Interinstitucional
y
Fortalecimiento de las Instituciones.
2. Concientizaciòn y Educación Ambiental.
3. Marco Legal
4. Financiamiento e Inversiones Urgentes.
5. Ataque a la Pobreza en el Área Rural.
6. Participación Ciudadana
7. Estudios e Investigaciones Científicas
Específicas.
8. Integrar un Nuevo Modelo de Desarrollo
Sostenible Acorde al Proceso de Crecimiento
Económico.
4
5
6
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
MONTO APROXIMADO U.S.D.
Formulación de Perfil de Plan de Acción Nacional de Lucha
Contra la Desertificación (Degradación de Suelos) y Sequía
1. Consultor
5,000
2. Materiales y Equipos de Oficina
2,500
3. Gastos operativos para personal nacional
(Movilización, viáticos)
5,000
4. Talleres de Consulta
(Facilitación y Apoyo)
5,000
5. Impresivos
2,500
Total
20,000
VII. CONTRIBUCIONES FINANCIERAS DE LOS PRESUPUESTOS NACIONALES
PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION, ASI COMO LA ASISTENCIA
FINANCIERA Y LA COOPERACIÓN TECNICA, INCLUYENDO SU AFLUENCIA.
PROCESOS PARA IDENTIFICAR SUS REQUERIMIENTOS, AREAS DE
FINANCIAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES.
Para apoyar la implementación de la convención, considerando el tema de desertificación,
propiamente no se manejan presupuestos, ni contribuciones financieras.
Sin embargo dentro del Plan Ambiental Nacional que ejecuta la ANAM, con financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) existe un componente de Ordenamiento
Ambiental a ejecutarse en tres años que pudiera considerarse como una acción relacionada al
tema de desertificación. Los subcomponentes considerados dentro del mismo son:
x
x
x
x
Análisis y discusión del Ordenamiento Ambiental
Instalación y Desarrollo del Departamento de Ordenamiento Ambiental
Estudio del Plan de Ordenamiento por Temas Ambientales Sensibles
Estudio del Plan de Acción Ambiental de Bocas del Toro
En el campo forestal, las actividades de reforestación generalmente se llevan a cabo con los
recursos propios de los reforestadores. Siendo la reforestación una actividad nueva y a largo
plazo; la banca no ha abierto carteras de crèdito especiales para la reforestaciòn y en el caso de
los prèstamos otorgados para establecer plantaciones forestales, las modalidades de èstos, no se
ajustan a las características de la actividad. Los productos provenientes de plantaciones
forestales, específicamente de los raleos han resultado difíciles de comercializar debido a varios
factores.
Finalmente, aunque la política de créditos agropecuarios no se ha orientado explícitamente a
financiar actividades que implican la deforestación, si ha promovido actividades que para su
desarrollo y ampliación, requieren de la conversión de bosques en áreas con uso distinto al
forestal y de protección.
En respuesta a este conjunto de condiciones negativas para el desarrollo de la actividad forestal,
actualmente se encuentra en su etapa en ejecución el proyecto denominado Diseño y Estrategia
de la Política Forestal y Formulación del Programa Forestal, financiado en un 81% por la
Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT). El mismo está dirigido a fortalecer
la capacidad de planificación de la Administración Nacional Forestal.
Es importante dinamizar los mecanismos de cooperación internacional, a través de las
convenciones, acuerdos de cooperación internacional, convenios, etc., suscritos por nuestro
país, como estrategias para la captación y canalización de recursos económicos, que lleguen a
fortalecer los presupuestos institucionales, específicamente en lo que respecta al desarrollo
concreto de acciones de lucha contra la desertificación y sequía.
Durante los dos (2) últimos años, nuestra economía ha registrado bajas significativas, que han
afectado las recaudaciones e inversiones a nivel estatal y privado, teniendo que realizar algunos
ajustes estructurales, que le permitan una pronta reactivación económica y alcanzar los niveles
necesarios para su estabilización.
Esta situación ha tenido sus efectos en los presupuestos nacionales a nivel de las diferentes
instituciones gubernamentales, de los cuales la ANAM no ha escapado, afectando
significativamente algunos programas, proyectos y actividades que no se han podido
implementar en forma efectiva.
VIII. REVISIÓN DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA E INDICADORES
UTILIZADOS PARA MEDIR LOS PROGRESOS Y LA EVALUACIÓN DE LOS
MISMOS.
Por mandato de la Ley No. 41, General de Ambiente del 1 de julio de 1998, le corresponde a la
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), elaborar al término de cada periodo de gobierno,
un Informe del Estado del Ambiente para el país. Este Informe Ambiental puede considerarse
como el mecanismo del Estado de seguimiento y evaluación del medio ambiente en Panamá.
Mediante la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Información Ambiental, creado
en la Ley No. 41, el cual tiene por objeto recopilar, sistematizar y distribuir información
ambiental del Estado, entre los organismos y dependencias públicas y privadas, se fortalece la
capacidad del país, para recoger, analizar y procesar información y poder producir indicadores
de impacto.
La desigualdad en Panamá, medida por el coeficiente de Gini, se mantiene aproximadamente
cerca de un 60%. Se espera que el nuevo enfoque estratégico frente a la pobreza, que incluye
políticas y programas hacia los pobres, logre cambiar significativamente este compartimiento,
promoviendo mayor bienestar a la población.
Existe una estrecha relación entre la ubicación de las áreas concedidas para la explotación
minera y las áreas de extrema pobreza (en su mayoría áreas indígenas). Los daños y
consecuencias sobre esta población podrían ser irreparables.
A lo interno de su población, Panamá presenta profundas desigualdades sociales, no obstante,
ocupa la posición 47 entre los países del mundo según el índice de desarrollo humano (IDH).
Por otro lado, los estudios realizados colocan al país en el tercer lugar en América Latina, como
país de peor distribución de sus ingresos.
El desempleo alcanza el 17% de la fuerza laboral a nivel nacional, agravándose la situación en
las áreas rurales, donde se agrega una muy pobre calidad del empleo y bajo poder de compra,
hecho que fomenta la migración del campo hacia las zonas urbanas, especialmente de la ciudad
de Panamá.
El fenómeno de la pobreza, ampliamente extendido en el país, afecta al 37% de la población
panameña y un 27% de esa población vive en estado de pobreza extrema. Varios estudios han
revelado que la pobreza extrema está concentrada en 24 distritos (un tercio del total de distritos
que componen el país), distribuìdos en la Costa Atlántica, las áreas indígenas de Chiriquì,
Bocas del Toro, Veraguas y Darièn.
En Panamá, la velocidad de crecimiento real de la producción del país, medida por el Producto
Interno Bruto ha descendido en cada década después de 1960. En los años 90 el ritmo de
crecimiento también ha descendido. El PIB, creció en un 2.2% en el último periodo, lo que
significa un decrecimiento con relación al periodo anterior, agravándose, los problemas
sociales que no han podido mitigarse a pesar de dichos crecimientos. Panamá necesita de un
crecimiento vigoroso para poder enfrentar las necesidades crecientes de la población y para
incrementar su ingreso per-capita.
En el contexto Latinoamericano, Panamá, es uno de los países que mayores recursos destinan a
la educación. La importancia que el Estado concede a este instrumento de promoción social se
aprecia a través del gasto en educación que, en promedio, ha representado el 4.9% del PIB y el
10% del gasto público. No obstante, el sistema aún padece síntomas de inequidad, baja calidad
e ineficiencia, lo que incide negativamente en la lucha contra la pobreza, el desempleo y la
marginalidad social. La inequidad del sistema se refleja en las bajas tasas de coberturas que se
observan en el país en la educación preescolar y media, en especial en las áreas rurales, urbanas
marginadas e indígenas.
La importancia que el Estado dedica a la salud se traduce en la buena calidad de los
indicadores que se registran en el país, que es comparable con los alcanzados en los países con
mayor grado de desarrollo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, el sistema
nacional de salud aún presenta para con la población marginada de difícil acceso, calidad
limitada para la atención de la demanda, por lo cual se dificulta disminuir los desequilibrios
regionales y de poblaciones que todavía persisten en el país. Los desequilibrios del sistema, se
reflejan cuando alrededor del 27% de la población no tiene acceso al agua potable, sobre todo
en el área rural y de difícil acceso.
Mucho de los problemas sociales y ambientales existentes, se derivan de los modelos
económicos implantados o que se han tratado de implementar en el país. La política actual de
reformas a la administración pública, prevé la necesidad de protección del medio ambiente,
según lo siguiente. “La integración de Panamá a los mercados mundiales, hace impostergable la
necesidad de contar con normas legales que protejan el medio ambiente y le permitan al país el
manejo sostenible de los mismos”
En la actualidad se han realizado esfuerzos en la medición de algunos indicadores; sin
embargo, se espera en el futuro contar con la suficiente investigación científica que nos
permita medir los siguientes indicadores:
x Indicadores generales: físicos, químicos, biológicos y socioeconómicos.
x Indicadores específicos para monitorear el suelo, agua, clima, vegetación y atmósfera..
Para medir el estado del suelo, se aplicarán indicadores específicos, que determinarán los
problemas del suelo, como la deforestación, salinidad, la magnitud del movimiento de la tierra,
la erosión, la baja fertilidad, la compactación y la contaminación.
Después del diagnóstico y la verificación de los resultados, se procederá con la aplicación de
las medidas necesarias para contrarrestar la erosión; promover el uso de fertilizantes
orgánicos; mantener un mercado estable para los productos producidos; implementar
programas de viveros forestales, frutales y ornamentales, para fomentar la reforestación
comercial en forma ordenada con métodos y especies que se adapten al ecosistema.
Implementar planes de manejo y ordenamiento con fines de protección en las cuencas
abastecedoras de potabilizadoras, plantas hidroeléctricas, sistemas de riego, drenajes y otras
obras hidráulicas establecidas; construcción de infraestructura de captación y regulación de
aguas; promoción y construcción de obras hidráulicas para lograr un uso sostenido del recurso
agua; ejecutar programas de conservación de suelos con barreras de contención y cortinas
rompevientos en zonas críticas; realización de proyectos agrosilvopastoriles como proceso de
integración de áreas dedicadas exclusivamente a la producción ganadera; todas estas medidas
se aplicarán con el objetivo de realizar un uso y manejo adecuado de los suelos y el agua.
Los indicadores socioeconómicos globales de beneficio para las comunidades afectadas, se
medirán por el incremento de los rendimientos agrícolas, incremento de la cobertura forestal
y/o boscosa, incremento de la fauna silvestre, incremento del salario mínimo, disminución de la
taza de migración, disminución de la taza de mortalidad, disminución del desempleo,
disminución de la taza de desnutrición y el analfabetismo.
Los indicadores físicos, químicos y biológicos estarán dirigidos a evaluar los siguientes
aspectos:
x Disminución de la densidad de cárcavas y zanjones por hectáreas (%)
x
x
x
Disminución de la pérdida del horizonte superficial (%)
Incremento en el contenido de materia orgánica en los suelos (%)
Mejoramiento en los índices de fertilidad (pH, acidez cambiable, capacidad de
intercambio catiònico, contenido de nitrógeno, fósforo y potasio)
x Incrementos de microorganismos del suelo y aumento de la capacidad de los suelos para
producir alimentos.
Dentro de este esquema y fortalecidos con todos los aportes obtenidos a través de los procesos
de consulta pública, esperamos encuadrar la elaboración de nuestro Plan de Acción Nacional,
con el apoyo y participación coordinada de todas aquellas instituciones gubernamentales,
ONG’S, empresa privada, productores, autoridades y demás representantes de la sociedad civil,
que respondieron a la convocatoria y llamado realizado por la Autoridad Nacional del
Ambiente de Panamá, para llevar a cabo acciones concretas de lucha contra los problemas de
desertificación y sequía a nivel nacional.

informe nacional para la implementacion de la unc

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