Salta-El-Narcopoder - Escuela Superior de Policia

Salta-El-Narcopoder - Escuela Superior de Policia

Del título y algunas particularidades
Este libro podría haber llevado el título de alguno de los otros capítulos que lo
integran o, una frase que sintetizara la corrupción, sin antecedentes, de nuestra
provincia, después de más de 11 años de administración de Juan Romero. Pero el
narcotráfico es una de las caras más perversas que puede mostrar el poder que, por
otra parte, asegura la impunidad al manejar a su antojo la administración de
“justicia”. Sólo aquel, que ha conocido un centro de rehabilitación, que ha visto el
sufrimiento interminable de aquellas familias que tienen entre sus miembros a una
persona adicta (generalmente un joven) o que ha conocido amigos o allegados de
un chico muerto por una sobredosis, sabe lo que es asomarse al umbral del infierno.
Según la licenciada Patricia Suárez, durante el decenio gobernado por
Romero, el alcoholismo aumentó el 45% en los jóvenes de entre 13 y 25 años. Los
adictos a la marihuana y a la cocaína se inician a los 13 o 14 años y basta recorrer
los barrios periféricos una mañana cualquiera para ver chicos de 6 años en adelante
inhalando pegamento o fumando un paco, para evadirse de una realidad que los
atropella diariamente. Es tal la devastación que producen las drogas que, creo
firmemente que el narcotráfico debiera ser considerado
un delito de lesa
humanidad. El Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional define que se
entenderá por crimen de lesa humanidad acciones que se lleven adelante “como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque”. Tampoco tengo dudas de que aquel que trafica con
estupefacientes no tiene límites para cometer actos de corrupción, lo que se
demostrará palmariamente a lo largo de estas páginas.
Tengo la pretensión también, que en este libro quede plasmada la definición
más o menos completa del funcionamiento de un feudo. Sin instituciones
republicanas, sin garantías constitucionales y todas las ventajas para los que
administran el poder.
Permítaseme una pequeña reflexión: no hay placer en escribir esto,
solamente impotencia y desazón.
1
CAPÍTULO I
2
El narcopoder
Uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la
historia, sino al servicio de quienes la padecen.
Albert Camus.
Cuando pensaba que ya nada ocurriría, un zumbido creciente se fue
imponiendo a la sinfonía campesina. Esperaba la llegada de ese avión, pero aún así
le sonó como un violín que tocaba una nota falsa en medio de la noche de Palo a
Pique. Dejó el caballo a unos cincuenta metros de la pista marcada con lámparas y
mecheros, pero a medida que se acercaba se dio cuenta de que le era muy difícil
escabullir sus casi dos metros de estatura en los matorrales achaparrados que la
circundaban. Mientras esperaba el aterrizaje, Carlos Reintmeister recordó su llegada
a Salta treinta y cinco años atrás, era un médico enviado por la ONU a una zona
desfavorable. Joaquín V. González no se parecía en nada a su Austria natal pero
rápidamente supo que ése era su lugar, allí lo necesitaban. Atendía a criollos,
aborígenes y a cualquiera que lo solicitara. También allí encontró mujer y tuvo hijos y
hasta pensó que el Justicialismo era el único partido político que se acordaba de los
pobres, por eso se afilió, pero no tardó en desilusionarse.
En 1983, Roberto Romero había asumido la Gobernación tres años atrás y
todo parecía empeorar. Carlos estaba cansado de no poder dar respuestas a los
más necesitados y lo que más lo angustiaba era ver chicos desnutridos que, incluso,
morían por causas evitables. Finalmente la avioneta encaró la pista desde el norte,
rebotó blandamente y se detuvo en el extremo opuesto. Se agazapó como pudo,
pero pronto advirtió que los individuos se sentían completamente impunes. El piloto y
su acompañante saltaron a tierra y se saludaban a los gritos con otros dos sujetos
que los esperaban en una camioneta. Bajaron varios bultos y los acomodaron,
Carlos escuchó como un sonsonete que hablaba de “la merca”. Cuando recién se
enteró de que en ese lugar ubicado a ciento veinte kilómetros de Apolinario Saravia
ocurrían estos vuelos, pensó ingenuamente que quizá se trataba de algún
organismo al que podía pedir ayuda, hasta podía ser que le proveyeran
medicamentos, pero los mismos paisanos se ocuparon de informarle que lo que
traían era cocaína de Bolivia y que no se metiera en líos porque esa gente tenía
cobertura oficial.
Ya en su casa, Reintmeister reflexionaba sobre el camino a seguir. No
confiaba en la policía provincial, había visto demasiado cómo se ensañaba con el
pobrerío que se volvía extrañamente manso ante cualquier forma de poder. De
pronto, se acordó de aquel joven oficial de ejército que llegó a su consultorio
solicitando atención médica para un soldado que se había accidentado cuando
intentaba cambiar una cubierta de su vehículo. En algún lugar había guardado su
dirección y estaba destinado en Salta Capital. No se equivocó. El militar actuó rápida
y eficazmente, pero sus órdenes fueron que destruyera la pista y regresara a la
ciudad. Carlos, en realidad, esperaba que emboscaran y detuvieran a los
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delincuentes, pero entendió que tal situación estaba fuera de las posibilidades de
aquel oficial.
El médico no se arrepentía de su actuación, estaba seguro de haber hecho lo
correcto y, por otra parte, no se asustaba fácilmente. Más de una vez sus ciento
cinco kilos de peso bien distribuidos lo habían hecho zafar de situaciones
complicadas, pero ahora se enfrentaba a una novedad que no había calculado,
después de todo él era el médico del pueblo y la gente lo respetaba, incluso los
policías le demostraban su afecto porque atendía a sus familias y el “gringo” era
churo y amable al decir de los uniformados. Sin embargo, algo había cambiado.
Algunos efectivos de la comisaría lo hostilizaban casi permanentemente. Sus hijos,
según nos relató en FM Noticias, le pedían por favor que no reaccionara ante los
agravios, le suplicaban: “papá por favor no le contestés, vos estás solito”.
Una tarde, entrado el verano, venía por la calle polvorienta escuchando
ensimismado el sonido imposible de los coyuyos, y al dar vuelta la esquina se
encontró de frente con los cuatro policías. Carlos sabía que esto podía ocurrir y se
había preparado mentalmente, calzó al primero en la cara y lo vio caer, los otros tres
se avalanzaron y pudo agarrar a otro del cuello mientras, los dos restantes, lo
golpeaban con ferocidad. Finalmente lo redujeron y lo llevaron a la Ciudad de Metán
bajo el cargo de resistencia a la autoridad. El gringo estuvo dos días detenido y tuvo
tiempo para meditar en todo lo ocurrido. Seguía convencido de haber obrado bien y
no pensaba dar el brazo a torcer. Como todos en Salta, él había oído hablar de
Roberto Romero como un poderoso narcotraficante, ¿y si la pista que él logró que
destruyeran era de Romero?. Lo primero que haría al salir era ir a ver al Gobernador.
Cuando la secretaria le aunció que un tal doctor Reintmeister solicitaba una
audiencia, “Don Roberto” no dudó un instante. Aunque no alcanzaba a comprender
cuáles eran los motivos que llevaban a ese doctorcito a meterse en su feudo de
manera tan imprudente. Sabía que Reintmeister se había afiliado al PJ, quizá
pretendía negociar para aliviar su situación, pero no se la iba a hacer fácil, aunque
finalmente su experiencia le decía como siempre que lo mejor era convencer,
amenazar o comprar antes que crear un conflicto. Dejó que pasara un tiempo antes
de irrumpir en la sala donde esperaba el médico. Romero tenía la costumbre de
imponer fuertemente su presencia cuando debía enfrentar a alguien que le había
causado problemas. Tenían que entender que él en Salta hacía y deshacía y por
otra parte creía tener todavía aquel porte que lo había llevado, en sus años de
pobreza, a integrar un grupo de luchadores que, al mejor estilo Karadagian,
presentaba su show en Salta. Pero Carlos, para desilusión del mandatario, no
pareció reparar en nada de esto. Apenas lo vio comenzó a reclamarle por las
carencias de la gente, que en todo el Departamento faltaban medicinas, que cómo
era posible que murieran niños que podían ser curados y, luego, mirándolo fijamente
le enrostró con su castellano desenhebrado: “vos me hacés perseguir por la policía
porque te rompí una pista que usabas para el narcotráfico”. Romero estaba
desencajado y no sabía cómo reaccionar ante la catarata de imputaciones, pero se
tranquilizó cuando vio que la custodia ingresaba al salón traída por su secretaria.
Hizo un ademán para que retiraran al austriaco que le seguía gritando “analfabeto,
sinvergüenza, vos matás gente”.
Carlos hacía tiempo para volver a las Lajitas. Eran las cuatro y media de la
mañana y estaba cansado de deambular, en media hora partiría en ómnibus desde
la terminal, faltaban dos cuadras para llegar y la calle sofocaba oscuridad. Nunca
supo cuántos tipos lo atacaron, sólo sintió la sangre que le mojaba la camisa, le
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habían clavado el extremo roto de una botella que le dejó una cicatriz terrible desde
la ceja izquierda hasta la mitad de la mejilla.
Poco tiempo después del relato que nos dejara en FM Noticias, el diario El
Tribuno publicaba una nota totalmente falsa imputando a Reintmeister, todo en
potencial, de presuntos delitos como “resistencia a la autoridad” o que no tenía título
de doctor en medicina - afirmación desmentida por Carlos con documentación en
mano. La primera acusación no era nada más que el resultado del acoso
permanente al que era sometido por parte de efectivos policiales de la provincia.
Libros y opiniones
De ningún referente político de la Argentina se ha hablado y se ha escrito
tanto como de Roberto Romero en relación con el narcotráfico. Un libro de
sorprendente circulación, multiplicado hasta el cansancio por distintos dispositivos de
reproducción, fue Mama Coca del investigador Anthony Henman; en él se le
imputaba al ex gobernador uno de los delitos más repulsivos. En l985 las revistas
españolas Interview y Cambio 16 también lo involucraban en el tráfico de
estupefacientes. En febrero de 2007 la revista Le Monde con la firma de Carlos
Gabetta publica el artículo “Narcotráfico versus Democracia” haciendo referencia a
investigaciones de Rafael Saralegui y Raúl Kollman. Otro tanto ocurre con
publicaciones como Cocaína, dólares y política, de Eduardo de Miguel y Gabriel
Pasquini; Blanca y Radiante, mafias, poder y narcotráfico en la Argentina, de los
mismos autores; El otro, de Hernán López Echagüe; Días extraños, primeras
crónicas de Nimrod, de Jorge Winter; Don Alfredo, de Miguel Bonasso; Argentinos II,
de Jorge Lanata; La Larga Sombra de Yabrán1 de Christian Eduardo Saenz en
coautoría con Franco Caviglia. Mencionaremos otras publicaciones en los siguientes
capítulos.
Dos de los autores mencionados presentan una situación parecida. López
Echagüe en una extensa nota que le hiciéramos en FM Noticias dijo estar exiliado en
Uruguay debido a la persecución y agresiones sufridas de enviados de Duhalde; a
su vez Jorge Winter había trabajado como periodista en El Tribuno, el diario de
Romero, y cuando denunció al coordinador de prensa del Gobierno, Alfredo Petrón,
por los presuntos delitos de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario
público, sintió, por distintas situaciones que le tocó vivir, que su integridad física
corría peligro. Él sabía que ahora era un paria, incluso su mujer lo dejó, tenía claro
que debía que tomar distancia rápidamente, había convivido mucho tiempo con el
poder romerista y no ignoraba las consecuencias de haber enfrentado a uno de los
funcionarios preferidos de Júcaro. También entrevistamos telefónicamente a Winter
desde algún lugar de Nueva Inglaterra, detectamos algunos de sus temores e
insistió que su libro Días extraños, primeras crónicas de Nimrod era ficción, aunque
curiosamente el protagonista es un periodista (David Winfeld), que investiga casos
de narcotráfico en el centro oeste sudamericano enfrentándose a narcos, políticos,
jueces corruptos y empresarios inescrupulosos. También muchos de los personajes
1
En este libro el periodista Christian Sanz profundiza en el proyecto de la Ley de correos que
presentaran en la Cámara Alta de la Nación los senadores Juan Carlos Romero y Eduardo Vaca. Ésta
parecía hecha a la medida de Yabrán, con la posibilidad de que los vehículos pudieran transportar
estupefacientes y ni siquiera la policía tuviera poder sobre ellos, sin mediar una orden judicial.
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tienen nombres parecidos a los funcionarios del Gobierno, por ejemplo, el vocero de
Romero de apellido Palópoli en el libro es Pedópoli. El final de la publicación de
Winter es sangriento y de algún modo coincide con la última parte del relato que
hiciera el Dr. Carlos Reintmeister en nuestro programa radial “Código Investigación”:
Comenzaron las despedidas, con intercambio de comentarios. Dormirían
algunas horas y cerca del mediodía, comenzarían sus reportajes. Un hombre
de piel oscura se aproximó a la mesa. Sonreía mientras preguntaba: “-¿Señor
Winfeld? -¿Sí?. Los comensales guardaron silencio. Identificado David, el
desconocido disparó sobre él dos veces. Una bala penetró el pecho de
Winfeld, debajo de la clavícula, la otra el hombro izquierdo. “-Saludos de
Salta”, dijo el agresor. Tres segundos después había desaparecido. Los
periodistas se abalanzaron sobre el herido. “¡Llamen una ambulancia!”,
gritaban. El viento soplaba con fuerza; movía los nubarrones negros,
nuevamente comenzaba a llover. Había comenzado otro día extraño.
Sobreactuación
Los 714 km. de frontera que Argentina tiene con Bolivia son imposibles de
vigilar por cualquier fuerza de seguridad. Gendarmería no es una excepción.
El crecimiento del tráfico de estupefacientes fue de progresión geométrica,
pero aún así no hubiera podido prosperar de manera tan extraordinaria sin la
cobertura política que tuvo. No tiene explicación la falta de radarización que ayude a
controlar una frontera tan caliente, más aún si se conoce que, sólo en Salta, hay
decenas de pistas de aterrizaje que burlan la vigilancia de cualquier organismo de
seguridad.
Por eso, muchos salteños achicaron los ojos como rendijas cuando se
enteraron de que el gobernador Juan Carlos Romero, acompañado del entonces
gobernador Julio Miranda de Tucumán, se había reunido el 8 de marzo de 2001 con
el embajador norteamericano James Walsh “para pedirle una suerte de Plan
Colombia para la región”. El salteño después de esa reunión dijo que el diplomático
se había comprometido a evaluar la creación de un programa de cooperación para el
control del narcotráfico en la frontera con Bolivia, versión que fue contundentemente
desmentida por Walsh al día siguiente.
En realidad, se trataba de una sobreactuación de Romero que terminó dando
un paso en falso. Júcaro necesitaba desesperadamente despegarse del estigma de
narcotraficante que lo perseguía implacablemente. Pero los dichos del gobernador
tienen una lectura bastante más compleja porque, descontando que la posibilidad
debía tener la aprobación del Congreso Nacional, lo cierto es que Romero estaba
ofreciendo una cabecera de playa a EE.UU., cosa que lograría 4 años después el
Imperio, pero en Paraguay.
El mandatario ya había sido cómplice en la entrega de los activos argentinos
cuando presidía la Comisión de Hacienda del Senado. Le importaba poco la
instalación norteamericana en el norte y sabía que al Imperio le podía interesar
monitorear a la conflictiva Bolivia, en donde ya se incubaba una temida y creciente
rebelión. El otro análisis tiene que ver con que la DEA había investigado
profundamente a su padre y nadie sabía a quién más estaba observando. Se
especulaba con el rumor de que Romero se habría convertido en un rehén de la
Agencia Antinarcóticos.
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En diciembre de 2006 y en medio de un escándalo que comprometía al
gobierno de Romero con el narcotráfico y el crimen de una productora del norte
provincial, llegó a Salta el nuevo embajador norteamericano, Earl Anthony Wayne,
quien destacó el control sobre el narcotráfico efectuado por el gobierno de Salta, y
dejó el ridículo regalo de 6 perros entrenados para detectar narcóticos. Fue un claro
mensaje para el gobierno de Kirchner.
Más de una vez el diario El Tribuno había intentado desmentir distintas
versiones que comprometían al sujeto feudal, pero lo único que había logrado era
situarlo con más firmeza todavía en esa comprometida vidriera.
Vox Populi
De hecho muchos actores de la vida pública argentina continuaron abonando
la especie.
El cura Jesús Olmedo vivía al ritmo de las terribles carencias que sufrían sus
amados quiaqueños. No podía soportar la diatriba brutal y resentida que Romero
expresaba para con los piqueteros, resultado de la política entreguista y corrupta
que Menem y el propio gobernador2 habían diseñado para la Argentina bajo el rótulo
engañoso de neoliberal. El mandatario provincial se había permitido llamar a estos
desocupados “delincuentes” y el sacerdote le replicó “narcotraficante”.
El inefable secretario personal de Romero, Angel Torres, de quien nos
ocuparemos más adelante, fue el encargado de presionar a Olmedo para que se
retractara, pero no pudo alcanzar su objetivo y volvió con el rabo entre las piernas.
Nadie se explica cómo un sujeto que es abogado y que, según sus obsecuentes,
posee un master y otros estudios avanzados, pueda haberse rodeado de asesores
cuyas limitaciones son tan evidentes. Lo cierto es que a esa fauna le adjudican la
decisión de Romero de iniciarle una querella por injurias y calumnias al sacerdote.
Mientras la causa se meneaba en la Justicia Salteña todo iba bien por razones
obvias, pero el abogado Fernando Chamorro logró que la misma se trasladara a un
Juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, porque la supuesta injuria había sido
proferida en una emisora de la Capital. Esto obligó al descalificador de desocupados
a dejar vencer los términos de la acción judicial ante el temor del estrépito que podía
causar, ya que tenía claro que el Padre Olmedo era querido y reconocido en todo el
País por su enorme trabajo pastoral a favor de los más necesitados.
También la Dra. Elisa Carrió aludió al tema durante una entrevista que le
concediera a la periodista Paula Poma en la Capital Jujeña:
E.C. -(...) Por lo menos la relación de Romero con Brito (el Presidente del
Banco Macro Bansud), es indisimulable y con Puerta también. Hay que ver
por dónde baja y por dónde llega a Ciudad del Este, hay que darse cuenta de
que no sólo son Bancos, sino que es otro circuito... Romero tiene poder
político, poder económico y un poder clave en el noroeste que tiene que ver
con otras actividades.
P.P. -¿Qué actividades?
E.C. -Se están investigando, es obvio, hay mucho que hacer en el norte, tanto
en el nordeste como en el noroeste, sobre todo en materia de narcotráfico.
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Juan Carlos Romero fue presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores de la
Nación.
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El confortable gallinero romerista, de repente, como pocas veces, se alborotó
cuando trascendieron los dichos de la monja Marta Pelloni en el Programa de Mirtha
Legrand quien celebraba la huída de la fórmula Menem-Romero para evitar el arribo
del narcotráfico al poder.
Las periodistas María O’Donnell y Silvina Walgner también relacionaron a
Romero con el tráfico de drogas y aludieron a una investigación de la DEA a la vez
que pusieron en duda que la Justicia investigara el caso. Del mismo modo y también
en el programa “Día D” que conducía Jorge Lanata, Andrés Klipphan realizaba un
informe de la enorme cantidad de cocaína que pasaba por la frontera salteñoboliviana y mientras se expresaba, en una pantalla detrás suyo se veía la imagen de
Juan Carlos Romero.
Klipphan mantuvo un diálogo con nosotros en nuestra radio mientras estaba
investigando datos del caso que la prensa dio en llamar “El doble crímen de la
Dársena” en donde se interrelaciona al poder de Santiago del Estero con el de Salta:
AK- Sí, el informe surge porque el Juez de la causa, que investiga el doble
crimen, en Santiago del Estero, les pidió a todos los organismos de
inteligencia del estado, que por favor le eleven todos los antecedentes que
tuvieran sobre el narcotráfico en Santiago del Estero. Entonces hay un
informe muy completo, elevado desde un organismo que depende de
Presidencia de la Nación, donde concretamente dice que la primera entrada
de la droga al país, es a través de la ruta 9, y que algunos de los principales
centros de distribución son Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Esa droga que está estimada entre 150 y 200 toneladas por año-, y que el grueso
ingresa desde Bolivia, termina en Europa, saliendo desde pequeños puertos
de la Provincia de Buenos Aires (...) Que sin la complicidad del poder político
de esas provincias, del Poder Judicial -que muchas veces plancha las
causas- y del encubrimiento policial, esto no se podría hacer. Porque
imaginate que 200 toneladas de droga por año..., y además es clave el
informe donde dice que en estas zonas, por año se incautan sólo 13
toneladas, es decir, menos del 10% de la totalidad de la droga que ingresa...
sin complicidad política es imposible.
Claro que el momento más duro que sufrió el Gobernador fue cuando el
Periodista Nelson Castro en su programa de TN y con motivo de transitar Romero su
campaña a la Vicepresidencia, le espetó sin miramientos: “un teleespectador dice
que Ud. está involucrado en el narcotráfico”. Júcaro se quedó helado y sólo
balbuceó algunas incoherencias. En aquel momento el programa se completaba con
un panel de ciudadanos que terminó aplastando al entrevistado que una vez más
mostró sus limitaciones para desenvolverse en un medio de comunicación.
Para cualquier persona normal, la acusación de un delito aberrante, tiene que
ser devastadora y, en mayor medida, si los acusadores son referentes intachables.
Pero a Romero lo cortan aún en lugares donde la virtud huyó probablemente para
siempre, si no veamos un fragmento de lo publicado por el Diario Página 12 el día 6
de octubre de 2004 con motivo de discutirse la posibilidad de que los delitos
referidos al narcotráfico no queden exclusivamente bajo responsabilidad de los
Juzgados Federales:
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Arslanián redondeó ayer su posición en una reunión que mantuvo con varios
senadores, incluidos Pichetto, el radical sanluiseño Jorge Agúndez y con la
Presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la salteña Sonia
Escudero. Algunos senadores socarrones bromeaban con esa investidura
señalando que el gobierno del peronista Juan Carlos Romero no es percibido
precisamente como la vanguardia de la lucha contra el narcotráfico.
Resultan también inquietantes los datos que provee el Diario Crónica los días
31 de ayo y 1º de junio de 2001; en el primero publica:
Al mismo tiempo el primer mandatario salteño no puede disimular su
incomodidad porque hay agentes de la DEA por toda la provincia y se siente
muy vigilado. Eso que no sabe que se esperan 1000 más de la policía
americana para los próximos días y en uno de los lugares que se hospedarán
es en el Hotel Salta...
La segunda publicación refiere
El gobernador de Salta Juan Carlos Romero, quién habría festejado sus
primeros mil millones de dólares en la carrera de Fórmula Uno en Brasil... . El
dato de color: Está dando vueltas una foto que los inmortaliza abrazados al
narco colombiano Escobar Gaviria y a Juan Carlos Romero...
El triste y célebre Pablo Escobar Gaviria, quien fuera la cabeza del Cartel de
Medellín, tenía un hobby que es el mismo que tiene J.C. Romero, coleccionar autos
antiguos, claro que Juan no consiguió todavía una pieza como la que atesoraba
Pablo, un viejo Ford que había sido perforado a balazos por la banda del gangster
John Dillinger.
Consultora Salta
Nadie ignora que Internet es una fuente inagotable de información de
todo tipo: desde Marx hasta la pornografía; desde la Teoría Social hasta el
Enterteinment; desde la información científica a la alcahuetería pública. Si
alguien se molesta al verse involucrado por alguna información digital, se
puede detectar el origen de la misma. Tal es el caso de Romero que, además,
cuenta con recursos ilimitados.
Sin embargo, circula por la red, por lo menos desde el año 2001 y sin que
nadie haya desmentido los informes, un correo con el título de Consultora Salta. Es
llamativo constatar cómo en los temas referidos a la Justicia y, en especial a la
Justicia Federal, obtiene información muy precisa, adelantándose a veces en días a
los otros medios de la Provincia. Circulan especulaciones de que respondería a
algún “Servicio”.
Al promediar el año 2002, Consultora Salta publicaba lo siguiente:
A fines de Julio 2002, Carlos Menem aterrizaba en Salta, con su avioneta
privada en la pista de tierra perteneciente a la empresa Agropecuaria Río
Bermejo S.A., sus directores son Jorge Horacio Brito y Delfín Ezequiel
Carballo, los mismos que son los directores y principales accionistas del
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entonces Grupo Macro S.A., hoy Macro Bansud S.A. En la finca se reunieron,
en forma secreta, Carlos Saúl Menem y Juan Carlos Romero, el encuentro
había durado un poco más de 4 horas y sirvió para concretar una alianza
política para presentarse en las pasadas elecciones del Domingo 27 de Abril
2003.
Lo cierto es que Menem y muchísimo menos Alberto Kohan, jamás se
imaginaron la fuente inagotable de problemas que significaba haberle
entregado la candidatura a la vicepresidencia a J.C. Romero, cosa que al
poco tiempo comenzaron a comprender de la peor forma posible. Dos meses
y medio después, las recriminaciones a Menem sobre la familia Romero, eran
casi a diario, el mundo menemista aceptaba a la figura de Romero, pero no a
su familia.
Veamos qué publicaba Consultora Salta el Domingo 17 noviembre 2002, es
decir un año atrás:
Durante esta semana pudimos acceder a mayor información, relativa a que el
comando de campaña menemista, no se encuentra del todo cómodo con la
conformación de la fórmula presidencial. Además de los motivos
estrictamente políticos, debido a que se encuentran convencidos que Romero
no agrega el caudal de votos necesarios ni tampoco controla al resto de los
gobernadores norteños, se debe agregar que se recibieron “objeciones”
directas, no con respecto a la propia figura del gobernador, pero si en cambio
a la “familia del gobernador”.
El hecho que más perturbó a los dirigentes menemistas, es el “llamado de
atención” realizado extraoficialmente por parte The Americas Society, relativo
a que la familia de Romero, traerá importantes problemas y de ninguna
manera se condice con lo que se espera de la familia de un vicepresidente.
Ahora sabemos que la cancelación de la disertación que debía realizar
Romero, en The America Society, fue objetada no por un director/ directora,
tal como nos habían informado, sino que fueron varios los directores/
directoras de esa institución los que expresaron sus reservas, y entre las
diversas razones surgía la de una familia problemática”. Las autoridades de
ésta institución, presentaron diversas razones, entre ellas, que el hermano del
Gobernador, Roberto Eduardo Romero (alias Tito), director del diario El
Tribuno, empresa de bandera de la familia Romero, realizó varios viajes a
Cuba, bajo la supuesta excusa de: “razones médicas”. Al mismo tiempo,
Alejandra Rafuls, quien manejaba la cuenta de Romero, se encontraba en
problemas para recomponer la imagen del caudillo salteño, quién más allá de
su supuesta preparación intelectual, comenzaba a exhibir falta de carisma y
dificultades para ejercer un liderazgo natural. Pero queremos detenernos en
2 quejas realizadas sobre el Gobernador Romero, por un lado la The
Americas Society y por otro la embajada de USA en la Argentina, ambas
fueron realizadas ante el propio Menem y se referían a la adicción a la
cocaína del hermano de un futuro vicepresidente de la Nación y a los
continuos viajes a Cuba con el fin de realizar tratamientos por su terrible
adicción. Debemos aclarar que durante las charlas le fueron presentadas a
Menem, las pruebas necesarias. Pero las recriminaciones llegaban a niveles
intolerables, cuando días después, al menos 3 organismos de seguridad de
diferentes países latinoamericanos, planteaban la sospecha, lo cierto es que
nunca existió una confirmación, relacionada a una supuesta relación amorosa
de tipo homosexual con un oficial de inteligencia cubana. Quién se hacía
pasar como médico en la clínica en donde se alojaba Romero (Tito) y que
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habría entablado dicha relación con el objeto de poder “influir” sobre el
hermano de quién sería el próximo vicepresidente de la Argentina.
En su envío correspondiente al 29 de marzo de 2005, Consultora Salta
publicaba lo siguiente:
Pese a las graves denuncias sobre tránsito de drogas por la provincia, la
justicia no ha realizado ninguna investigación.
Por nuestra provincia
ingresaría el 70% de cocaína que luego se dirige a Santiago del Estero.
El pasado Domingo 13 de marzo de 2005, El Diario Río Negro de la Ciudad
de General Roca (Provincia de Río Negro), explicaba los motivos de la visita del
embajador de USA, Lino Gutiérrez a nuestra provincia:
No resultó casual que, inmediatamente al estallido del escándalo SW, El
embajador Norteamericano Lino Gutiérrez manifestara delante del
Gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, honda preocupación por la gran
cantidad de cocaína y heroína que van a Europa y USA desde nuestro país.
Por supuesto, la versión oficial conocida a través de El Tribuno daba razones
totalmente distintas de la visita. Consultora Salta da información vital para entender
cómo funciona un circuito ilegal pero perfectamente aceitado que incluye la inacción
de los Jueces en Santiago del Estero, y de cómo los efectivos policiales, que tratan
de hacer su trabajo y no aceptan sobornos, son rápidamente desplazados de la
fuerza. También explica el movimiento de los narcotraficantes por caminos
prácticamente desconocidos y sin controles:
En pleno Chaco Salteño, donde las provincias de Santiago del Estero y
Chaco se funden, existe una pequeñísima localidad, un caserío llamado
Colombia. Está ubicado dentro de una telaraña de caminos vecinales,
muchas veces intransitables, abiertos en el monte por las exploraciones
petroleras que varias décadas atrás realizó el personal de YPF. Colombia
está donde desemboca la picada Nº 8. A sus costados están los caseríos,
más pequeños todavía, de El Indio y La Salvación. El norte es territorio de
una reserva Toba, San José. Las picadas que unen todos esos puntos
integran la zona más cerrada de un importante camino de la droga que llega a
los principales centros urbanos argentinos, atravesando de norte a sur la
provincia de Santiago del Estero, según las conclusiones de una investigación
reservada. Esta ruta alternativa esquiva todos los controles de Gendarmería
apostados sobre la ruta nacional 34 que baja desde Salvador Mazza,
incluyendo el último puesto ubicado en Trancas, Tucumán, que cuenta con
exhaustivos controles antinarcóticos, en los que también colabora la División
de Toxicomanía y Narcotráfico (DITONAR) de la policía tucumana. Allí,
señaló a este diario una autoridad de la División, hay perros adiestrados y
personal especializado que cuenta con reactivos para realizar narcotest, tres
cosas que no existen en los controles policiales santiagueños, santafesinos y
cordobeses. En Salta no es desconocida la ruta de Morillo. El diario El
Tribuno ha llegado a hablar de informaciones que mencionan “los nuevos
caminos de la droga” en los que aparece la vieja estación ferroviaria y la
localidad de Alto de la Sierra. En esa ruta esquiva aparece como fundamental
el control policial santiagueño de Palo Negro, que depende de la comisaría
instalada en la Ciudad de Selva y es “paso obligatorio del 70% de la droga
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que ingresa al país”, según se afirma en la denuncia que pide investigar la
Secretaría Diocesana del Obispado de Santiago del Estero.
En otro segmento de la investigación, el periodista de Consultora Salta indaga
a un ex oficial de inteligencia de la policía -dado de baja por investigar y denunciarque explica:
Los cargamentos de los cuales supimos, ingresan en camionetas cuatro por
cuatro y luego de pasar Morillo siguen caminos de tierra paralelos al río
Teuco, entre Chaco y Formosa. Desde ahí hasta Santiago del Estero el
tránsito se hace por las picadas abiertas en el monte hace más de 20 años
por YPF. Son muchas. Todavía se ven las columnas de hierro de las
perforaciones, que fracasaron y fueron tapadas con cemento. La picada de
Olmos o Nº 8 baja hasta Colombia, desde donde los traficantes siguen por la
Nº 1 hacia Monte Quemado. Nunca hacen exactamente el mismo camino, ni
el mismo día de la semana ni a la misma hora. Lo que resulta difícil de
entender es que en el plano periodístico surja tanta información que sin
embargo pareciera encriptada para los jueces, droga bajando
fundamentalmente de Bolivia que luego se distribuye por todo el país y que
también se reenvía a EE.UU. y Europa.
Los Jueces Federales de Salta
Los Jueces Federales de Salta tampoco se caracterizaron por su lucha
encendida contra el narcotráfico, jamás lograron una investigación que llevara a la
detención de algún pez gordo de este tráfico aberrante. Por todo lo expuesto, queda
claro que esta provincia es, sin duda, la región más vulnerable y que, si bien posee
fuerzas de seguridad, las mismas, en muchos casos, se sienten atadas de pies y
manos en caso que pueda quedar involucrado un referente político o cercano a ese
sector. Y aquí conviene rescatar un pasaje del libro Cocaína, Dólares y Política de E.
De Miguel y G. Pasquini, que se expresa en ese sentido:
Hasta entonces, el único caso grande que se había registrado era la caída de
la avioneta que comprometió a Roberto Romero en Salta. Una posible
explicación de por qué el radicalismo no avanzó demasiado sobre el caso la
sugiere la prensa española. Basándose en un informe reservado del Partido
Justicialista - que llevaría la firma del luego senador Horacio Bravo- afirma
que un hijo del entonces ministro del interior, Antonio Tróccoli, fue detenido
en Salta con cocaína encima, y que habría sido Romero quién lo salvó de las
consecuencias, a cambio de diversos beneficios.
Durante muchos años se desempeñó como único Juez Federal de Salta,
Ricardo Lona, quien, como luego veremos y según una investigación del periodista
Rafael Saralegui, amenazó de muerte a un agente de la DEA, Gregory Phillips. Este
magistrado renunció cuando estaba a punto de ser destituido por presunta
complicidad en la masacre de Palomitas. Los Consejeros encargados de la
acusación fueron la diputada del ARI, Marcela Rodríguez y el abogado Beinusz
Szmukler. En su presentación la legisladora aseguró:
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No respetó ni hizo respetar los derechos humanos, incluso demostró un
absoluto desprecio por ellos, y tampoco actuó como custodio de la
Constitución Nacional. No le pedimos que sacrificara su vida en defensa de
los derechos y garantías, le reclamamos sí, la actitud mínima que debe tener
un juez de la Nación y Ricardo Lona no la ha tenido, como quedó demostrado
en este debate.
Entre las acusaciones, Rodríguez y Szmukler, relataron los hechos ocurridos
durante el traslado de Salta a Córdoba, en la dictadura militar, de doce presos
políticos que estaban bajo su responsabilidad y que fueron masacrados en la
localidad de Palomitas. Así llegó el ocaso para este camarista salteño sobre el que
pesaban otros cargos. Sin embargo, mientras fue el único Juez Federal de la
provincia, ostentaba un poder mayor que el de los gobernadores.
Para entonces, y ya en democracia, se habían creado los Juzgados Federales
Nº 1 a cargo del Dr. Abel Cornejo, Nº 2 a cargo del Dr. Miguel Antonio Medina y,
más cerca en el tiempo, el Juzgado Federal de Orán que responde al Dr. Raúl Juan
Reynoso. Todos ellos tuvieron participación en el caso de los agentes federales
salteños que volcaron en un tramo de la ruta 34 que pasa por Jujuy y que, por esa
razón, la causa se radicó en el Juzgado Federal de esa provincia conducido por el
Dr. Mariano Wenceslao Cardozo. La actuación de los Jueces Salteños fue extraña y
contradictoria, y todo indica que, pasado el escándalo, se volverá a la laxitud
habitual sin que pase nada. Cuando se encajan las piezas del rompecabezas de
este suceso que conmocionó al país, se puede advertir allí el por qué de la absoluta
impunidad con que se mueve el narcotráfico y la intricada trama de intereses de la
cual algunos Jueces no son ajenos.
El Domingo 8 de mayo de 2005, promediando la mañana, una camioneta Ford
Courrier en la que viajaban cuatro efectivos de la delegación Salta de la Policía
Federal volcó en la ruta 34, cerca del cruce de Las Cañadas. Otros automovilistas
que transitaban la ruta vieron azorados como un “ladrillo” que había quedado en
medio del asfalto despedía un polvillo blanco que flotaba tenuemente en el viento, se
trataba de uno de los ll6 paquetes de cocaína que contenían ll9 kilos de la droga.
Quien se encontraba a cargo del transporte era el sub-comisario Daniel Ferreyra pieza clave del relato. Dos Jueces Federales de Salta y uno de Jujuy se disputaban
la causa, ellos son: Abel Cornejo del Juzgado Nº 1 de Salta, Raúl Reynoso a cargo
del recientemente creado Juzgado de Orán y Mariano Wenceslao Cardozo de Jujuy.
Finalmente la Cámara Federal de Salta decidió la competencia a favor del
magistrado jujeño por una cuestión de territorialidad.
El Juez de Orán, Raúl Reynoso, asegura que la droga encontrada en el
accidente es producto de un procedimiento realizado por esos efectivos de la
Federal en Salvador Mazza, localidad salteña fronteriza con Bolivia. El secuestro le
fue comunicado por el sub-comisario Ferreyra a las 0,20 hs. del mismo domingo
pero, en realidad, todo el suceso había ocurrido el sábado anterior a las 22hs.
Piense el lector lo que se puede hacer durante más de 2 horas con un
cargamento de esa envergadura, dados los antecedentes del oficial a cargo: ¿cómo
discernir si se trataba de 500 o 1000 kilos? ¿La operación fue un mero canje o
estuvo mediatizada por dinero?. Las posibilidades y conjeturas son tantas como las
irregularidades que surgen de todo el proceso.
Siguiendo con el magistrado oranense, él afirma, entonces, que el
procedimiento realmente ocurrió y que también fue informado el fiscal federal de la
misma jurisdicción, José Bruno:
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(...)En nuestros celulares personales recibimos las correspondientes llamadas
de quién se presenta como el Sub-comisario Ferreyra, quién habría estado a
cargo de ese operativo, en ese llamado telefónico, el efectivo policial, me
menciona que había gente sospechosa, sin decir la cantidad de personas
que, a la voz de alto se evaden; uno de los policías federales hace un disparo
al aire, pero se escapan dejando los bultos tirados, que después resultan ser
los 116 paquetes o ladrillos de cocaína que, con el pesaje preliminar dio los
119 kilos de cocaína. Eso es lo que me informa el sub-comisario Ferreyra y
10 minutos mas tarde, se lo informa también al fiscal federal de Orán, José
Bruno.
Interrogado por este periodista sobre la demora de 2 horas y 20 minutos entre
el procedimiento y la comunicación Reynoso afirmó:
Cuando hay indicios o elementos de investigación, la Policía Federal o
cualquier fuerza de seguridad auxiliar debe avisar antes del operativo, pero
también en muchos otros casos -la mayoría- no se puede comunicar antes
porque se está cometiendo el delito en ese momento, esta última situación
obliga el Código Procesal de la Nación, dar inmediato conocimiento al Juez y
al Fiscal Federal, que es lo que sucedió en este caso con los policías
federales.
Estos comentarios del magistrado ya son contradictorios, porque más de 2
horas después del hecho no tiene nada que ver con “inmediatamente”, luego el Juez
explicó: “la orden fue clara, que tanto el sumario de prevención como la droga
secuestrada tendría que ser trasladada a la Ciudad de Orán”. Como dijimos la
camioneta volcó el domingo a la mañana y la comunicación al Juez se produjo a las
0.20 hs., éste ordenó su traslado a Orán adonde debería haber llegado como mucho
a las 3.00hs, pero pese a que habían transcurrido más de 10 horas, Reynoso no
hizo nada hasta que todo se descubrió por un hecho fortuito. A su vez el Juez Abel
Cornejo hacía declaraciones al programa “Arriba Argentinos” de Canal 13 “Si no
volcaban, nadie se enteraba, evidentemente es un procedimiento totalmente
anómalo”. También precisó que en los libros de guardia de la Delegación Salta de la
Federal: “no se detectó constancia de que haya habido procedimiento alguno” y se
preguntó por qué intervenía un Juez de Orán si la droga estaba siendo trasladada a
la capital salteña. Lo cierto es que nadie sabe adónde llevaban la cocaína los
policías involucrados, no obstante el Juez Reynoso aseveraba que si bien
desconocía por qué la droga era trasladada a Salta, los efectivos de la federal
“actuaron dentro de la legalidad”, afirmación que a esas alturas resultaba muy
audaz.
Nos detenemos un momento en el Sub-comisario Daniel Ferreyra. Este sujeto
era el tercero en jerarquía en la delegación de la Federal en Salta y hacía más de un
año estaba siendo investigado por el Juez Federal Nº 2 de Salta, Miguel Antonio
Medina, por su relación con narcotraficantes bolivianos. También el Juez Abel
Cornejo afirmó que había ordenado la intervención de las líneas telefónicas con las
que se comunicaba Ferreyra. Las preguntas que debemos hacernos, dado que el
Juez Medina no quiso o no pudo contestar, es ¿de qué manera se controlaba a un
individuo con tales antecedentes? Es claro que la propia fuerza federal no debía
vigilar al oficial, ¿quién hacía este trabajo entonces? ¿cómo era posible que el
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subcomisario estuviera realizando un procedimiento en la zona más caliente del
país? ¿era normal que se desplazara con total impunidad por la ruta 34 y que
hubiera burlado todos los controles de gendarmería? Para colmo trascendió que la
camioneta en la que llevaban la cocaína no estaba autorizada a circular porque era
parte de un secuestro del Juzgado Federal Nº 2 a cargo del Dr. Miguel Antonio
Medina. Como se verá son muchas más las preguntas sin respuestas. Algunos
medios se preguntaban si era normal que estos supuestos narcopolicías fueran
defendidos por abogados pagados por la Policía Federal, cuya cúpula insistía en
que sus uniformados habían actuado correctamente, lo que de alguna manera
dejaba mal parado al Ministerio del Interior. Incluso en los días posteriores al suceso
se vio en Salta al supermetalizado y mediático abogado Fernando Burlando y se lo
relacionó con el caso.
A poco de avanzar en el tema se fueron sucediendo las controversias. El Juez
Jujeño puntualizó en un escrito que “personal de la Policía Federal no llevó a cabo
ningún procedimiento. Que sólo fueron hacia Salvador Mazza para buscar droga y
trasladarla al interior del país”; también sostuvo que “el resultado del narcotest que
tenían los federales no coincide con los ladrillos en cuestión y además la envoltura
de estos paquetes no registra incisión alguna”, y luego cuestionó a su par de Orán
duramente: “No existe prueba sobre que el Juez y el Fiscal de Orán estuvieran
enterados. No existen constancias de la fecha y la hora de tales comunicaciones, y
si las hubieron” para rematar a continuación: “Es evidente que el Juzgado de Orán
no puede reclamar competencia para investigar este gravísimo suceso” y estima que
los allanamientos ordenados por su colega en las casas de los imputados, son
“medidas tardías e irrelevantes”. Sorprendentemente, tanto el Juez de Jujuy como el
Fiscal Federal de Salta, Ricardo Toranzos, llegaron a decir que Reynoso había sido
presionado por los jefes de la Federal para que confirmara que el procedimiento era
legal lo que, sin lugar a dudas, transfiere la sospecha a los altos mandos de la
fuerza, con el agravante de que un Juez Federal pueda ser sometido a esa voluntad.
La opinión pública salteña, consternada por los datos que fluían
permanentemente, seguía atenta estos increíbles episodios. El diario del
gobernador, que siempre había abierto el paraguas, dio a conocer declaraciones del
Fiscal Federal Toranzos, quien aventuró la posibilidad de que la droga pudiera haber
servido para ser “plantada”. Consultado por nuestra emisora (FM Noticias), el
funcionario dijo que ése no era un término usado por él, pero no negó la esencia de
la información. Si este ejercicio de futurología del fiscal resultara cierto: ¿a quién se
le puede plantar un cargamento de esas dimensiones?, ¿a un ministro, a un juez, a
un jefe de estado provincial? Aquí también las posibilidades son muchas pero el
funcionario Judicial no lo aclaró.
La droga transportada por los federales tiene un precio en Salta de casi dos
millones de pesos que alcanza los casi tres millones de euros, una vez emplazada
en la Unión Europea. Es claro que el sub-comisario Ferreyra y su tropa no tenían
ninguna posibilidad de semejante erogación, entonces: ¿quiénes eran los sponsors?
Era notable la actitud de los jefes de la federal en Salta, Díaz y Osler, por encubrir el
operativo y más extraño el saber que, apenas pasado el escándalo, el Ministro
Aníbal Fernández ascendió al primero de los nombrados.
Subiendo en la escala de mandos encontramos que el Jefe de la Policía
Federal, Néstor Vallecas y el comisario mayor Juan Mazzaferri, director de
Delegaciones de esa fuerza, también justificaban la operación calificándola de
“exitosa”. Todas estas manifestaciones obligaron al Juez Cardozo a la réplica: “Es
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palpable que la superioridad de la Policía Federal Argentina, lamentablemente ha
involucrado a la propia institución en el respaldo irrestricto al procedimiento
cuestionado y al personal investigado”.
El primer día de diciembre de 2005 el Juez Federal de Jujuy, Mariano
Wenceslao Cardozo, procesó y dictó prisión preventiva contra el Comisario Carlos
Alberto Díaz y el sub-comisario Edmundo José Cayetano Osler imputándoles el
delito de “partícipes necesarios de transporte de estupefacientes agravado”.
Inacción
En más de tres décadas la Justicia Federal no logró ninguna investigación
que pudiera contribuir a cortar, aunque sea mínimamente, el terrible colador de
estupefacientes que es la frontera con Bolivia. Los dos cargamentos más grandes se
descubrieron por ambos accidentes: el primero cuando un avión Piper Azteca, que
llevaba en su bodega soldada un cargamento de 220 kg. de cocaína, se estrelló
contra el Cerro Morro, al oeste de San Antonio de los Cobres; el segundo, 18 años
después, con el caso de “los federales”. Esta causa mostró como ninguna otra que la
Argentina está a merced del narcotráfico.
Mientras el periodismo indagaba y buscaba elementos que explicaran la
situación, el Juez Raúl Reynoso de Orán empezó a sentirse acorralado. Los
magistrados de Salta y Jujuy, Cornejo y Cardozo lo habían dejado expuesto, y otro
tanto habían hecho los fiscales federales de ambas provincias. Por su parte,
Toranzos había manifestado en el diario El Tribuno con crudeza: “Reynoso no
ordenó ningún procedimiento antidrogas, si no que además fue presionado por
oficiales de la Policía Federal para que falte a la verdad”. Entonces, el magistrado de
Orán explotó e hizo declaraciones gravísimas en el semanario Intrusos de la Ciudad
de Orán, “..años atrás se perdieron 14 kg. de cocaína de los juzgados de Cornejo y
Cardozo...”. El magistrado salteño reaccionó rápidamente pidiendo la intervención de
la fiscalía para que convoque en forma urgente a Reynoso, también requirió a la
Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Aeronáutica, Policía de la
Provincia de Salta y de Jujuy, que informen si desde l993 a la fecha, tanto su
juzgado como el de Cardozo registraban la pérdida de 14 kg. de cocaína. Confirmó
que el operativo en cuestión se había realizado en 1997 y habían procesados, entre
ellos un sub-oficial de la Gendarmería, e informó, finalmente, que la causa ya había
sido elevada a juicio en el Tribunal Oral Federal. Pese a los esfuerzos de Cornejo, el
deterioro de la ya desvencijada imagen de la Justicia Federal se había concretado.
Como hemos visto, algunos magistrados salteños y santiagueños no eran
precisamente el mejor ejemplo de cómo combatir el narcotráfico, y se debe tener en
cuenta que la relación de Romero con el extinguido régimen de los Juárez era muy
fluida y, curiosamente, el salteño fue el único mandatario del PJ en asistir a la
ceremonia de asunción del radical Gerardo Zamora. En realidad, el verdadero poder
en Santiago del Estero sigue pasando por el Juarismo y el empresariado cómplice.
Coincidencias
El Gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, había manifestado en público y
privado lo molesto que le resultaba la presencia de la Delegación de la Policía
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Federal en la Provincia. Este desvarío institucional encontró eco en, por los menos,
dos funcionarios que lo expresaron abiertamente: uno fue precisamente el Juez
Federal Abel Cornejo que aduciendo lo sucedido con el caso de los narcopolicías
solicitó que retiraran de su juzgado la custodia de la Policía Federal y la cambiaran
por la de Gendarmería: “(...) es porque como Juez y por los empleados que trabajan
en el lugar, necesitan trabajar con máxima seguridad”, y agrega a continuación,
“Como voy a confiar en la Policía Federal, si se hace un transporte de ll9 kilos de
cocaína y no se avisó absolutamente nada a nadie, por eso tengo una desconfianza
absoluta”.En realidad el argumento del magistrado era pueril, es como afirmar que
los miembros de la Gendarmería nunca hubieran cometido un ilícito, cuando todo
mundo sabe que justamente el contrabando es uno de los delitos que, cíclicamente,
se detecta en esa fuerza. La otra persona, que coincidía con los deseos del
gobernador, era la senadora Sonia Escudero, presidenta de la Comisión de
Seguridad y Narcotráfico del Senado de la Nación.
Transa
Eran las 10:30 hs. de una mañana soleada y agradable de aquel 3 de abril de
2002, y estábamos con mi compañero de trabajo, “Chacho” Azurmendi completando
los detalles y la organización de las notas que luego daríamos a conocer en nuestro
programa radial que en aquel entonces se titulaba “Usted opina”. En ese momento
un periodista de la emisora nos avisa que un abogado, Agustín Tuysuz, quería
hablar con nosotros. Si bien yo no conocía al letrado sabía de él y mucho más en los
últimos tiempos porque un periodista del Diario El Tribuno, Antonio “El Tano” Oieni,
había comenzado una investigación muy profunda sobre la usura y los estragos que
ella estaba causando en una población pauperizada y desinformada como la
salteña, y acusaba a los Tuysuz (padre e hijo) de ser los responsables de una
organización que había dejado en la calle a mucha gente.
El abogado ingresó a la oficina con el rostro crispado y preguntó con
prepotencia: “¿cuánto hay que pagar para estar en el programa?”. Le contesté:
“nada”, que no cobrábamos las notas pero que si bien podía expresarse, nosotros
podíamos preguntarle lo que nos pareciera y que además nuestro programa tenía
dos líneas telefónicas abiertas para los oyentes que opinaban con absoluta libertad.
Con Chacho pensábamos que el sujeto había ido con la intención de negar los datos
que proporcionaba Oieni o a buscar algún descargo de algo que en verdad era
conocido por todo Salta.
El programa comenzó, con la compañía de nuestro columnista el ingeniero
José María Cavallieri, especialista en temas de corrupción referidos a la obra
pública. Abierta la tranquera para que Tuysuz pudiera expresarse, en medio de su
ira, éste sorprendió a todos al asegurar que el desaparecido político y empresario
Roberto Romero fue un narcotraficante, y señaló que el motivo de la campaña
montada contra él y su padre era el resentimiento porque:
(...) mi padre en la década del 60 fue oficial auditor de gendarmería en Salta.
En esa época hubo muchos problemas en la política e incluso se removió un
gobernador por el tema de la cocaína, del tráfico de drogas. De eso mi padre
fue testigo. Ha estado en las investigaciones y conoce absolutamente todo.
Y el padre de Romero estaba involucrado. Mal o bien que les pese o les
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guste a los Romero, ésa es la verdad. Mi padre conoce el tema del
narcotráfico en Salta en la década del 60.
A estas alturas Tuysuz era una catarata de palabras difícil de parar, y
continuó, esta vez, dirigiéndose al director del diario El Tribuno y al gobernador: “A
vos te digo, Roberto, y a tu hermano, tu padre estuvo metido en el tráfico de drogas,
sé que corro peligro y que puedo recibir un atentado porque esta gente es mafiosa y
muy mala”, y aseguró que se sentía indefenso pero siguió abundando, “Mi padre
conocía como llevaban y traían en una camioneta rural la droga y El Tribuno”, y
volvió a dirigirse al gobernador Juan Carlos Romero con estas palabras:
Gobernador Romero, su padre estuvo vinculado con el narcotráfico. Mi padre
era oficial auditor de gendarmería y sabe que ustedes pasaban cocaína. Les
guste o no. ¡La mancha que llevan ustedes!, y vos no podés ser Presidente
de la Nación. Te lo digo: vos no podés ser presidente porque vos también
sabés lo de la droga, esto era vox pópuli, pero yo creía que no había que
ventilarlo para no hacer daño a la descendencia. No quería hacer yo un
escándalo, pero ellos se han atrevido a lanzar esta campaña. Hay una
diferencia: esto que digo es verdad. Que yo soy usurero lo van a tener que
probar. Yo puedo probar que Romero estuvo involucrado en acusaciones y
traslado de drogas.
En ese momento los teléfonos de FM Noticias ardían, algunos confirmaban
haber sufrido en carne propia los rigores de la usura ejecutada por los Tuysuz, en
tanto que muchos decían creer lo que relataba el abogado pero que eso no restaba
a su condición de usurero.
El largo monólogo del prestamista fue tomado incluso por otros medios e
incluído por mí en uno de los trabajos compilados en MP3 y que titulamos “8 años de
corrupción en el feudo de Romero parte 2”.
Pero ahora veremos cómo se manejan los hermanos Romero en su afán de
desmentir lo indesmentible. Dos meses después, el 2 de junio del mismo año,
ignoramos si por presión o amenazas, Agustín Tuysuz publicaba su retractación en
el diario del gobernador:
En un programa radial de FM Noticias (88.1), conducido por Sergio Poma y
retransmitido sin mi autorización, vertí apreciaciones calumniosas respecto
del Gobernador de la Provincia, Dr. Juan Carlos Romero, y su difunto padre.
Me retracto de lo dicho y hago constar que las imputaciones por mí
efectuadas son enteramente falsas. Las formulé en un estado de exaltación
emocional; y mi estado de ánimo fue aprovechado por el conductor del
programa, Sergio Poma, quién, en alguna medida, me indujo a extenderme
en las expresiones injuriosas de las que ahora me retracto. Considero que
tales dichos no pueden haber rozado la hombría de bien y rectitud del Dr.
Juan Carlos Romero ni de ningún miembro de su familia, de la cual tengo un
alto concepto.
Sugestivamente el diario El Tribuno nunca más volvió a relacionar a los
Tuysuz con la usura. Sin embargo el prestamista había olvidado que, dos días
después de su larga perorata en mi programa, había solicitado una reunión con la
Comisión Directiva del Colegio de Abogados, que presidía en aquel entonces el Dr.
Daniel Tort. Fue acompañado por su padre y otro individuo, dio una clase magistral
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de Romerismo y narcotráfico, e ilustró su exposición con planos y escritos. Yo ya no
estaba allí “para aprovecharme de su estado de ánimo”.
Simplemente, Tuysuz, había llegado a un oscuro acuerdo con los Romero.
Indicios concordantes
“Don Roberto” había sido elegido Gobernador en l983 y hacia l986 había
logrado consolidar su poder económico y político: controlaba el único diario de la
provincia, el único canal de televisión que operaba entonces y de algún modo
también la única radio. Yo estaba particularmente interesado en investigar el tema
del narcotráfico, advertía que el flagelo crecía sin cesar, sin embargo había tenido
que realizar un muestreo con la cámara del Canal II para el programa “Café con
Canela” y casi el 100% de la gente consultada opinaba que el tráfico de drogas era
casi nulo y los adictos también. Veinte años después, esa percepción había
cambiado radicalmente.
En aquellos primeros años del Gobierno un informante me había pasado el
dato de la detención en la frontera de una secretaria del Gobernador o de una mujer
que trabajaba con él, y que transportaba 1 kg. de cocaína. Traté de constatar la
especie en la Delegación Salta de la Policía Federal, cuyos jefe y subjefe eran el
comisario Eduardo Caamiña y el sub-comisario Benito Liaci, quienes confirmaron el
procedimiento pero se negaron a darme el nombre de la persona involucrada. Salí
inmediatamente para Canal 11 y al llegar me esperaba el gerente del medio, quien
me sugirió que no diera a conocer la información. Un desgaste inútil porque yo no
había podido confirmar completamente el trascendido; pero sirve para mostrar cómo
en estos feudos difícilmente dejan cabos sueltos. Claro que ahora no ocurre lo
mismo, porque con la multiplicidad de medios de comunicación y, sobre todo, desde
la aparición de Internet, el panorama se ha visto modificado para Juan Carlos
Romero.
Como dato extra y también para graficar lo difícil que puede ser la vida en
Salta diré que el destino de aquellos Jefes Federales fue tremendo. A un hijo de l7
años de Caamiña lo asesinaron de dos tiros y lo dejaron tirado en una laguna del
barrio 20 de Junio. Sus padres después de la tragedia empezaron a trabajar en la
recuperación de chicos con adicciones. Liaci todavía pasa sus días en la cárcel de
Villa Las Rosas por haber asesinado a su amante, Patricia Caprini. La “clausura” dio
inesperados frutos: se convirtió en pastor anglicano.
Son muchas las informaciones que involucran a gente relacionada con el
poder que fueron detenidas y rápidamente dejadas en libertad, sin dejar rastros ni
prontuarios. Los más resonantes quizás señalaban a una conocida locutoraperiodista porteña y a un individuo que desempeñó, casi desde el comienzo de la
administración de Júcaro, funciones de relevancia.
Festejando con todo
Claro, los tentáculos del pulpo a veces no eran suficientes para detener tanto
desmadre.
El 2 de diciembre de 1997, a las 8:00 hs de la mañana, efectivos de
Gendarmería sección Ledesma interceptaron en la ruta nacional Nº 34 a la altura del
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Río Zora, una camioneta Trafic patente BIA 118 conducida por su dueño Fernando
Atenor Pedraza (DNI 8.117.780), concejal electo por Hipólito Yrigoyen, Salta. Éste
trasladaba de Orán a la Legislatura de Salta a 15 personas (empleados municipales
y dirigentes barriales de Orán), quienes habían sido reclutados para aplaudir a los
convencionales electos: Eliseo Barberá (Intendente de Orán), y Beatriz Daher
(Secretaria de Obras Públicas). Junto a ellos viajaba el señor Eduardo Augusto,
quien en su equipaje llevaba una carpeta tapa dura de color negro con hojas escritas
y 2 paquetes envueltos en cinta engomada, que una vez pesados arrojó la cantidad
de 1.900 gramos de clorhidrato de cocaína.
Lo insólito del procedimiento es que los gendarmes sólo revisaron uno de los
vehículos y a esa persona. También hay que hacer notar que el procedimiento se
realizó en la ruta 34, pero en territorio jujeño, teniendo en cuenta que el origen y las
personas del contingente eran salteños. ¿Acaso Gendarmería quiso evitar la
intervención de los Jueces Federales de Salta? Las restantes personas por
indicación del Juez continuaron su viaje a Salta. Augusto quedó detenido
incomunicado y puesto a disposición del Juez Federal de Jujuy Mariano Wenceslao
Cardozo. La pregunta del millón es ¿a quién estaba destinado el envío? El
comentario es que la droga estaría destinada a un miembro del Poder Legislativo
Salteño (no revelado en el juicio). Augusto cumplió su condena en el Servicio
Penitenciario de Jujuy y ya está en libertad nuevamente en Orán.
Política, crímen y cocaína
Mientras escribía este trabajo, aconteció un episodio que se originó en una
investigación que yo había iniciado en noviembre de 2005, y tuvo todos los
ingredientes imaginables de un trhiller vertiginoso: diputado corrupto, amparado por
el propio Juan Romero; narcos relacionados con el legislador y se sospecha que con
el propio gobernador; una combativa productora brutalmente asesinada; un sicario
contratado en Bolivia para matar a alguno de los denunciantes; un Juez Federal; una
Diputada Nacional; dos abogados (representaban a la víctima); varios periodistas
amenazados de muerte.
La historia
En la emblemática localidad de Salvador Mazza3, operaba un referente del
Romerismo: José Ernesto Aparicio. El 5 de febrero de 1986, a las 3 de la mañana,
fue detenido por efectivos de Gendarmería Nacional en el paraje “El Chorro” (el
nombre es correcto)- localidad de Salvador Mazza, a unos 200 metros de la frontera
con Bolivia- en un vehículo de su propiedad patente N° A056982. Transportaba
efectores químicos para la producción de cocaína (84 litros de acetona y 84 litros de
éter sulfúrico). El sujeto iba acompañado de otros individuos que lograron escapar a
Bolivia, amparados por la espesura del monte.
En 1991, registraba antecedentes por infracción a la Ley de contrabando
22415. Su concubina, Antonia Beatriz Juárez, protagonizó el 22 de febrero de 2002,
3
Según un informe de Gendarmería, en esta población de 20.000 personas, entre un 7% y un 9%
tiene antecedentes por narcotráfico.
20
un hecho raro porque Gendarmería la detuvo cuando intentaba pasar 1 kg. de
cocaína de Argentina a Bolivia; llevaba entre sus pertenencias una cédula de
identidad de Ernesto J. Aparicio, como una suerte de salvoconducto. Se deduce que
la mujer, o más bien Aparicio, habría sido estafado y regresaba a Bolivia con el
estupefaciente que había comprado, porque no tenía la pureza que le habían
asegurado.
Aparicio se desempeñó como concejal en Salvador Mazza, fue asesor del
intendente Carlos Alberto Cazón y mantenía excelentes relaciones con el poder
político de Salta. A pesar de estos antecedentes el reciclado contrabandista fue
electo diputado en 2003 por el Departamento San Martín. En noviembre de 2005 se
autoproponía como candidato a presidir la Cámara de Diputados de la Provincia; fue
allí cuando decidimos realizarle una entrevista en la radio. El legislador pensó que la
nota tenía referencia con su candidatura, pero se encontró con este prontuario al
que había que agregarle que había sido inquilino en la cárcel de Villa Las Rosas.
Aparicio comenzó negando todo hasta que por último reconoció que había sido
detenido en años anteriores pero, por un supuesto, contrabando de pilas y chicle,
elementos muy difíciles de aspirar.
Comprobamos en la Dirección General de Inmuebles que el legislador tenía
36 catastros a su nombre en la localidad de Salvador Mazza, y no estamos hablando
de un empresario o de un profesional prestigioso, simplemente es un político
“exitoso” más.
El 1º de diciembre de 2005 realizamos una transmisión en duplex con FM
Pocitos. El periodista Roberto Belmont confirmó todos los datos y agregó una
información que sorprendió a nuestra audiencia: Aparicio está sospechado de ser el
autor intelectual de tres crímenes. El periodista afirmó haber hablado con la viuda
de una de las víctimas y manifestó también su temor por amenazas recibidas “No
temo por mí, pero sí por mi mujer y mis ocho hijos. Ahora no tengo miedo, ahora
estoy aterrorizado. Si algo me pasa a mí o a mi familia usted siga investigando”.
En abril de 2006 reuní estos elementos y envié una nota al presidente de la
Cámara de Diputados, Santiago Godoy, y a los presidentes de cada bloque, como
así también al Procurador de la Provincia en la que solicitaba que se investigue la
conducta de este legislador para determinar si estaba habilitado moralmente para
ocupar una banca. El Fiscal Federal Ricardo Toranzos tomó esta denuncia radial
como “notitia criminis” y, por supuesto, le enviamos todos los antecedentes.
Extraoficialmente supe que el funcionario judicial había confirmado la mayoría de los
datos suministrados, e incluso había logrado profundizar la investigación que
comprometía seriamente al diputado.
Por algún extraño motivo Aparicio gozaba de la protección del gobernador
Romero, tan es así que al ingresar a la página Web.de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Salta, uno puede ver una fotografía del legislador con distintos
antecedentes entre los que se destaca el de “asesor” del Gobernador.
Cuando la vida no vale nada
En Julio de 2006 se presentaron en nuestra emisora Liliana Ledesma junto a
Sergio Rojas, pobladores de Salvador Mazza, y representantes de los pequeños
productores de Madrejones, para denunciar al diputado Aparicio por haber cortado
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caminos vecinales con tranqueras, lo que los obligaba a llevar su ganado por
territorio boliviano.
El 5 de septiembre reiteran la visita y son entrevistados por las periodistas
Marta César y Paula Poma en sus respectivos programas. En ese momento, la
mujer hizo un pedido público de protección, cargado de dramatismo: aseguraba que
había sido amenazada por Aparicio y lo hacía responsable de su seguridad y la de
su familia. En esos reportajes Liliana relaciona a Aparicio con el narcotráfico y dice
sospechar que el crimen de su marido, Gili Villa Gómez, acribillado de once balazos,
fue ordenado por el diputado, por una deuda del “negocio de drogas”.
El 21 de septiembre de 2006 Liliana Ledesma fue emboscada en una
pasarela que comunica los barrios YPF y Villa Las Rosas, donde ella vivía. Le
asestaron 7 puñaladas, una de ellas le cortaba la boca de arriba hacia abajo, como
un mensaje mafioso. La mujer que la llevó hasta ese lugar está hoy detenida, se
llama María Gabriela Aparicio, hermana del Diputado y numerosos testigos dicen
que uno de los dos asesinos es el concubino de la “hermana” conocido como “Ani”
Tárraga y el otro es “Lino” Moreno.
Quién nos protege
Aunque parezca mentira, días después accedimos a escuchas telefónicas
realizadas por gendarmería, en donde se advierte con claridad que Liliana Ledesma
era seguida paso a paso por los presuntos narcos y se referían a ella con un
vocabulario obsceno y agresivo. Ante esto cabe la pregunta ¿Por qué no se dispuso
alguna forma de protección para esta mujer?:
Al estar intervenido el teléfono de Delfín Castedo, se registró una
conversación de su hermano Ula:
Ula: -Y nosotro tenemo do virtude bien grande, que podemo andá enfierrado
donde nosotro queramo, otra de la virtude que, tiran muy bien le he dicho, mi
hermano tira muy bien le he dicho, pero bueno, ya veremo como viene la
mano...
Ula: -Yo sé por donde pasa el petiso (Jesús, hermano de Liliana Ledesma), a
qué hora, yo sé que a la siete de la mañana sale, sale la otra conchudota,
sale por tal lado. Yo sé a que hora sale Pichi (otro hermano de Liliana
Ledesma), yo sé por donde anda...
Ula: -Le voy a decir una cosita muy cierta ¿Ud. cree que die mil peso pueden
contra die millones de dólares?, un capital tan chiquitito. ¡ Ah! eso quería
saber. A nosotro tiempo y plata nos sobra. Así de cortita, ellos quieren
bronca, van a tene bronca, a no llorá despué, a no llorá.
Ula: -Nosotro no amenazamo ni decimo, esta chota chupapija no sé quien se
cree, le digo, ta acostumbrada a boconeá, a decí y eso. La tengo estudiada
punto por punto, por donde anda, qué es lo que hace, a qué hora abre su
negocio, por dónde va. Él otro (Jesús), cuado está sacando animal ¿viste?,
por donde van yo lo sé muy bien, lo sabemo todo, y un montón de cosa má.
Acabamos de leer en un lenguaje rústico, obsceno y lamentable la manera de
expresarse de uno de los Castedo. El diario El Tribuno “informa” que lograron
contactar vía telefónica a Reinaldo Delfín Castedo. Veremos cómo este periódico lo
presenta como un “productor agrícola” que se expresa, casi, como un profesor
22
universitario. Tiempo después, para que no queden dudas, el periodista Facundo
Pastor del canal América también contactó al prófugo para una entrevista. Allí se
constató que el sujeto es el mismo ignorante que se escucha en las conversaciones
grabadas por Gendarmería. Pongo a disposición la supuesta nota realizada al
delincuente por el diario del gobernador Romero:
Salta, 05 de diciembre de 2006
Delfín Castedo habló por teléfono con El Tribuno, desde "algún lugar" de
Salta.
''Yo no tuve nada que ver con el crimen de Liliana Ledesma''
El productor agrícola desde la clandestinidad dijo que la imputación que pesa
sobre él y su hermano "es política". "No soy jefe de un cartel de narcotráfico y
las acusaciones son infundadas. Le pido al juez que haga justicia".
El productor agropecuario Delfín Reynaldo Castedo, quien junto a su
hermano Raúl "Ula", posee un pedido de captura por el crimen de Liliana
Ledesma, cuyo cuerpo apuñalado fue encontrado el 21 de septiembre pasado
en Salvador Mazza, habló ayer por teléfono "desde algún lugar de Salta" con
un periodista de este medio y aseguró que no tiene nada que ver con el
asesinato y que "esta persecución se debe a una maniobra política".
La conversación se efectuó a través de uno de los celulares que manejan sus
abogados.
El juez de Instrucción de Tartagal, Nelso Aramayo, ordenó el 3 de noviembre
pasado la detención de los Castedo al considerar que "atento al estado de la
causa y surgiendo del análisis de las pruebas incorporadas" hay elementos
que "indican la posible participación".
En la misma disposición, el magistrado les imputó a los hermanos "la
comisión del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el
concurso premeditado de dos o más personas".
Luego del asesinato de Ledesma la policía detuvo a María Gabriela Aparicio
(39), hermana del ex diputado por el departamento San Martín, Ernesto José
Aparicio, quien el siete de noviembre pasado renunció a su banca y anunció
que se someterá a lo que determine la justicia, debido a las acusaciones
realizadas en su contra por parte de los familiares de la víctima y sectores
políticos vinculados a la izquierda y al kirchnerismo porteño.
La mujer fue muerta de una manera muy propia de la mafia: tras acuchillarla
siete veces, le cortaron los labios, lo que en el lenguaje hampón es
interpretado como una acusación post mortem del soplonaje.
La Brigada de Investigaciones detuvo el 1 de noviembre en el Chaco Salteño
a Aníbal Ceferino Tárraga (a) "Any", concubino de Gabriela Aparicio y a Lino
Abdemar Moreno, quienes se encuentran acusados de ser los autores
materiales del asesinato de la mujer.
Declaraciones
“Esta es una maniobra política encabezada principalmente por el diputado
(Claudio) Del Plá con la que se busca perjudicarnos. La prueba de ello es que
a Ernesto Aparicio ya lo voltearon", dijo Delfín Castedo.
El productor, que posee una finca en la zona de Ipaguazú, en el límite con
Bolivia, destacó que se siente mal por tener que estar oculto junto a su
hermano y dijo que no se presenta ante la justicia porque no tiene "las
garantías necesarias".
23
Reconoció que había un conflicto con la familia Ledesma y otras de la zona
por un camino vecinal porque "es utilizado para cometer narcotráfico y el robo
de ganado".
Dijo que no es el jefe de un cartel de la droga, al desmentir una nota
publicada por el diario Il Giornale de Milán, Italia. "No tengo salidas del país y
todo eso es invento de un abogado de Buenos Aires, porque puedo
demostrar que no tengo antecedentes".
"Quiero que se sepa toda la verdad. No hay pruebas en nuestra contra y le
pido al juez que no se deje influenciar", destacó Castedo, quien aclaró que no
conoce a Tárraga y Moreno.
"Hemos solicitado la nulidad"
Los abogados defensores de los hermanos Castedo, Sebastián Martín García
y Gustavo Alberto Semorile, dijeron que solicitaron la nulidad de la resolución
del juez Nelso Aramayo en la que resolvió imputar a los finqueros en la causa
en la que se investiga el crimen de Liliana Ledesma.
"Resulta indiscutible que la resolución carece de toda motivación", dijeron los
letrados, quienes destacaron que la acusación surge a raíz de escuchas
telefónicas ordenadas por el juzgado Federal 1 del juez Abel Cornejo, en la
causa 563/03 por infracción a la ley de estupefacientes en la que Delfín
Castedo es investigado y en las que "no hay ninguna manifestación
relacionada a Liliana Ledesma".
"Además, los hermanos de la víctima, Eugenio y Jesús Ledesma,
denunciaron en Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que el
concejal Ochoa de Salvador Mazza y el chofer de la ambulancia del hospital,
Juan Moreno, dijeron haber visto y escuchado a "Ula" Castedo cuando
supuestamente le ofrecía dólares a Tárraga y Moreno para asesinar a
Ledesma, pero cuando ambos fueron citados a declarar, negaron esa
situación", informaron García y Semorile.
"Los Castedo no se presentan ante la Justicia porque es una estrategia de la
defensa; sus órdenes de detención carecen de fundamento. Además van a
quedar detenidos injustamente en una causa que no es excarcelable",
dijeron.
Aclararon que "los Castedo son productores agropecuarios, nunca fueron
procesados por narcotráfico. Se dice de todo de ellos, pero no hay pruebas
en su contra", remarcaron.
"No tengo nada que ocultar, soy un productor que da trabajo a 200 personas
en los desmontes y a otras 40 en la finca", dijo Delfín Castedo en la
comunicación telefónica con El Tribuno. Aclaró que las armas secuestradas
en su finca son de ellos y de sus empleados, pero que "están registradas y no
son un arsenal"4.
Días después el Bloque del Partido Obrero pidió finalmente, sobre tablas,
que se conforme una comisión investigadora que analice los datos de Ernesto José
Aparicio. El PJ, PRS, UCR y Frente Para la Victoria se opusieron.
A pesar de que en todo el país existen antecedentes de personas que fueron
expulsadas (el “Gordo” Luque) o que no pudieron ingresar a las instituciones por
estar inhabilitados moralmente (Patti y Bussi)- en Salta ocurrió algo similar casi al
4
Fuente: http://eltribunosalta.com.ar/edicion-salta/salta/20061205_220020.php
24
principio de la democracia con el diputado Mártires Quintana-, en este caso la
corporación funcionaba.
Cuando el caso explotó en la prensa nacional, destacándose una durísima
nota escrita por Horacio Verbitsky en Página 12 y una investigación realizada por
Rafael Saralegui en el Diario Perfil, Romero volvió a sentir el mismo ardor que había
experimentado cada vez que quedaba atrapado por alguna denuncia de corrupción
que lo tocaba de cerca.
Mientras la Legislatura seguía amparando al “narco”, con el argumento de que
la justicia debía resolver el caso, los periodistas del Nuevo Diario y FM Noticias
seguían suministrando información cada vez más comprometida para Aparicio. Las
principales radios de todo el país y Canal 13 indagaban. Comienzan a surgir las
figuras de Delfín y Ula Castedo, presuntos socios de Aparicio, pero para otros los
verdaderos dueños del negocio, siendo el diputado un testaferro de éstos.
Entre ciertas notas pintorescas que parecen ser comunes a cierta fauna
política, surge el hecho que, siendo Aparicio Presidente de la Comisión de Medio
Ambiente de la Cámara de Diputados, había desmontado, sin la autorización de la
Secretaría correspondiente, algo más de 1.000 hectáreas en el Departamento Gral.
San Martín, ya jaqueado por el desborde de los ríos y los cambios climáticos,
producto de la acción devastadora de la deforestación descontrolada, impulsada -contra todo lo esperado-, por funcionarios como éste, que tenía la obligación de
controlarla.
Tal como ocurriera con Yabrán, algunos periodistas salteños apuntaron con
un potente reflector a los Castedo y Aparicio. Se manejan datos de inteligencia de la
Gendarmería Nacional, en el sentido de que las actividades de narcotráfico de estos
delincuentes se remontan cuando menos a principios de la década de los 90. Un
periodista de FM Noticias descubre en Internet una información del diario italiano Il
Giornale. it que bajo el título de “Milano e Ibiza capolinea della cocaína vip”
menciona “Al buscado jefe Reinaldo Delfín Castedo”, como uno de los narcos que
había logrado llevar a Ibiza 1.600 kilos de cocaína. De ninguna manera estos
mafiosos tenían la logística y los contactos para llevar esa cantidad de droga a
Europa. Detrás de ellos se esconde un poder que hasta por herencia reunía los
requisitos necesarios. También en esa nota se explica que esta droga en España se
vendía a 22 mil euros el kilo y se revendía en Italia a 34 mil.
Un juez distraído
El magistrado que instruye la causa es Nelso Aramayo con Juzgado en la
Ciudad de Tartagal. Curiosamente y con estos datos a la mano, citó al diputado
Aparicio para una “reunión informativa”. Posteriormente hizo lo propio con los
hermanos Castedo y, no obstante tener en su poder un informe que le enviara el
Juez Federal Abel Cornejo con investigaciones de la Gendarmería, el magistrado se
limitó a una reunión que yo más bien califico de “avisatiba”, porque dos días después
y sin que se haya producido ningún hecho nuevo, el magistrado se vio obligado a
ordenar la detención de los Castedo, claro que ante tantas dilaciones, éstos ya se
habían fugado.
Recordemos los antecedentes que sindican a Aparicio como narcotraficante y
también que Liliana Ledesma lo había denunciado como tal advirtiendo en FM
Noticias que “si me pasa algo a mí o a mi familia el responsable es Aparicio...”. Días
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después asesinan a Liliana una hermana de Aparicio y un cuñado del ex legislador y
nada de esto sirvió para que Aramayo lo cite a una indagatoria. ¿Qué cosas sabe
Aparicio?, ¿qué personaje tiene el sufuciente poder para influir en legisladores y
jueces?.
La amenaza
El 1 de noviembre de 2006 llega al correo electrónico de FM Noticias una
amenaza para cuatro periodistas de la emisora, para el Juez Federal Abel Cornejo
(“lo tenemos en la mira”) y para el abogado de la Red de Derechos Humanos y
representante de la familia Ledesma, Daniel Tort. En el mail se advertía que la
“cortaran con el Gordo Aparicio”, y como ejemplo de la seriedad de la misma citaban
el crimen de Liliana Ledesma. Se hizo la denuncia en la Fiscalía Federal y el
Juzgado determinó una custodia para los dos medios que habían investigado el
caso.
La primera consecuencia de la amenaza fue la interrupción del viaje que al
día siguiente iban a emprender los abogados Daniel Tort y Pedro García Castiella
para solicitar al Juez Aramayo el pedido de desafuero del Diputado Ernesto José
Aparicio. Esta gestión de los abogados se pospuso para el lunes siguiente y
debieron ser acompañados por cuatro custodios de Gendarmería. Terminados los
trámites, ese mediodía en la Ciudad de Tartagal, los colegiados y los custodios
decidieron detenerse en un bodegón de la cercana ciudad de Mosconi para
almorzar. Allí, en el lapso de 40 minutos que demoraron en servirles la comida,
pedido fueron apareciendo de a uno tres individuos que se sentaron en una mesa
cercana. Finalmente se presentó el “gordo” Aparicio acompañado de dos mujeres y
se ubicó al lado de los tres sujetos.
Uno de los gendarmes advirtió que uno de los individuos “era muy pesado y
peligroso” y recomendó la salida inmediata del local para emprender el regreso a
Salta. Este incidente fue denunciado en los medios y los abogados dijeron no creer
en casualidades, para ellos había sido un claro intento de intimidación.
Soltando la mano del asesor
El gobernador Romero se sentía sofocado por la prensa nacional que, en
muchos casos, lo relacionaba directamente con Aparicio, y hacía por lo menos una
semana había dado la orden al Presidente de la Cámara de Diputados y legisladores
cercanos que obligaran a renunciar al “gordo”. El trámite no fue nada sencillo.
Aparicio resistía y contraofertaba un pedido de licencia. El martes 7 de noviembre la
sesión de la Cámara debía empezar a las 18 hs., pero recién a las 23 hs. el bloque
oficialista ingresó al recinto con la renuncia en mano. El asesor de Romero se había
quedado sin fueros y el gobernador creía que con esta maniobra desactivaba el
escándalo mayúsculo que había producido el crimen de Liliana Ledesma. Una vez
más su atrofiado olfato político lo llevó a un error. La prensa nacional y el escaso
periodismo independiente salteño continuaron indagando en medio de la maraña.
Mientras escribo estas páginas, el desenlace de la intriga es tan incierto como un
final de bandera verde, para emplear una metáfora del turf.
26
Contratando un asesino
En esos días febriles se sucedían declaraciones de los distintos bloques
políticos y de referentes cercanos al gobernador. Pero una de las más sorprendentes
estuvo a cargo del Secretario de Seguridad de la Provincia, Gustavo Ferraris quien
afirmó que el crimen de Liliana Ledesma era un hecho policial más, de los tantos que
se producen en una zona caliente como Salvador Mazza. Ferraris seguramente
pensó que estaba desempeñando su función en Bangladesh y no en nuestra
provincia.
Paralelamente, un contacto de FM Noticias advertía que se había contratado
a un sicario boliviano, Kali Smith, que podría haber estado en el bodegón donde
almorzaron abogados y custodios, para marcar a los primeros. Este dato fue
confirmado por dos fuentes confiables. Un miembro de una fuerza de seguridad
explicó que el asesino había sido visto mientras conducía un Peugeot 206 rojo en la
localidad de San Pedro de Jujuy, distante a 100 kilómetros de la Ciudad de Salta,
pero seguramente al darse cuenta que era seguido se esfumó.
Otro elemento para sumar temor, es que este asesino es uno de los
sospechosos del crimen de dos gendarmes, Leocadio Salto y Adrián Reynoso
ocurrido en el paraje El Chorro el 18 de septiembre de 1998.
Durmiendo con el enemigo
Hacía una semana que dos periodistas de nuestra emisora tenían la
información que los hermanos Castedo estaban en algún lugar de Salta Capital.
Habíamos convenido en investigar todos los contactos posibles para tratar de
descubrir su paradero.
La mañana se presentaba calurosa, yo iba camino a la emisora en una
camioneta Partner. Venía escuchando la radio y me sobresalté al escuchar a mi hija
Paula (también periodista) que transmitía en directo mientras se dirigía a un domicilio
en donde presuntamente se encontraban los prófugos. Mientras Paula subía agitada
las escaleras para acceder a la casa, otro hijo mío que la acompañaba vio aparecer
de la nada a dos individuos que se identificaron como efectivos de la brigada de
investigaciones. Los policías afirmaron que vigilaban el lugar desde hacían varios
días atrás. Paula imprudentemente había tocado el timbre de la vivienda y al no
responder nadie, se puso a revisar un depósito de basura. Allí encontró los típicos
recipientes de comidas para llevar, pañales de uso reciente (luego supimos que
Delfín Castedo tiene por lo menos un bebé), y cajas que habían contenido camisas
nuevas, también advirtió que las plantas y flores de la propiedad estaban bien
cuidadas, hasta parecían haber sido regadas pocas horas atrás.
Salta es una ciudad de casi 700.000 habitantes, y esta propiedad alquilada
para los Castedo se encuentra a sólo 20 metros de nuestra emisora ubicada en la
calle O’Higgins 16 que se corta en esa esquina en intersección con la Avenida
Uruguay. Sobre esta última vía al 1110 habitaban los prófugos, con la particularidad
que, desde esa vivienda enclavada en el faldeo de un cerro, se ve con claridad
quiénes ingresan o salen de la radio y hasta se domina un patio y un jardín interior
de la misma.
27
Si la policía vigilaba desde tiempo atrás el lugar, ¿por qué no se detuvo a los
delincuentes, que tenían pedido de captura?, ¿de qué lugar del poder se ordenó que
se los dejara escapar?.
La Justicia Federal y Provincial habían decidido que FM Noticias tuviera
custodia de ambas fuerzas. Ninguno de los efectivos de los distintos turnos tenía
idea de lo que pasaba. Es más, los miembros de la policía provincial que se
quedaban toda la noche, no tenían chalecos antibalas.
La pregunta que me hago es ¿si así cuidan a sus propios efectivos, que
queda para el ciudadano común?.
Prensa complaciente
Nueve días después del crimen de Liliana Ledesma y en un desvergonzado
intento por disimular la responsabilidad del diputado Ernesto Aparicio, el Diario El
Tribuno publicó una nota en donde el legislador pudo decir lo que quiso sin que
hubiera una sola repregunta. El título afirmaba: “Conmoción por el asesinato de una
vendedora de huevos” y luego en distintos segmentos Aparicio, con un lenguaje que
no es propio de sus conocidas limitaciones verbales, explicaba:
La verdad es que en torno de este caso no tengo nada que decir. Me enteré
por terceras personas de que mi hermana se encontraba alojada en
dependencias de la Comisaría 42 de Tartagal a raíz de su supuesta
responsabilidad en este lamentable suceso. Pero ¿qué tengo que decir o qué
tengo que ver en esto?, se preguntó el parlamentario al comentar las
versiones que han hecho correr los familiares de la occisa, al respecto,
precisó “Hace mucho que no tengo relaciones con María Gabriela. Ella
abandonó a toda su familia, incluyendo a María Paola, su gemela, y a dos
pequeños hijos de seis y 15 años que están con nuestra madre y se fue a
vivir con un sujeto al tristemente célebre Sector 5 de nuestra ciudad. No sé
porque esta gente se ha dedicado a mencionarme”... “Todas estas cosas que
están diciendo esta gente carecen de asidero. Nos quieren vincular a
nosotros con un hecho del que somos totalmente ajenos. Mejor que busquen
por otro lado porque nadie debe olvidarse que Liliana Ledesma, que en paz
descanse, no era una mujer de prontuario cristalino: había estado presa en
Santa Cruz de la Sierra (capital del departamento oriental boliviano
homónimo) tras habérsele descubierto un cargamento de 50 kilogramos de
cocaína. De la misma manera, a su marido, que conocí personalmente y que
pertenece a una familia tradicional de Bolivia pese a que estaba involucrado
en decenas de hechos reñidos con la ley, yo personalmente llevé su cadáver
hasta el otro lado de la frontera para que le dieran cristiana sepultura.
Toda la nota es de una ruindad increíble buscando librar de responsabilidad al
“Gordo” Aparicio.
Cuando detuvieron a Gabriela, extrañamente no le requisaron su celular, del
que había logrado borrar casi todos los números agendados. Uno de los pocos que
quedaron registrados es el que corresponde a su hermano Ernesto con quien se
comunicó desde su celda, (“hace mucho que no tengo relaciones...”).
28
El Juez Reynoso no nos defraudó
Ya comentamos la actuación que le cupo a este magistrado en el caso de los
federales que transportaban droga. También se vio obligado a pedir la detención de
Aparicio por los presuntos delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero
proveniente de esa actividad. El legislador se dio a la fuga, pasó a la clandestinidad
durante un tiempo y posteriormente se entregó a la “justicia”. El 17 de abril de 2007,
Reynoso decidió liberar al acusado dictándole la falta de mérito pero manteniendo el
procesamiento. La medida fue apelada por el fiscal José Luis Bruno quién consideró
que la medida fue apresurada dado que no habían llegado numerosos datos
solicitados por el juzgado.
Nuevamente en libertad Aparicio concedió una nota a la radio de Romero, AM
840, y le dedicó un abrazo de oso al vicegobernador Wayar: “Quiero al compañero
Wayar con toda mi alma, pero no voy a concurrir a su cumpleaños para no opacar su
figura...”, no habrá ido a la fiesta pero lo dejó bien pegado en un medio de
comunicación oficial. En el mismo reportaje, mintió diciendo que había sido absuelto,
cuando en realidad pende sobe él el procesamiento por delitos graves. Reynoso tal
vez se esté arrepintiendo de su decisión o, quizá, no tuvo otra opción.
Mensajes cruzados
Poco después de la expulsión de Aparicio de la Cámara de Diputados, éste
dijo en un semanario local, que había sido invitado a la fastuosa fiesta que se realizó
en Finca Las Costas, con motivo del casamiento de la hija de Juan Romero, pero
que decidió no concurrir para no perjudicar la imagen del gobernador. Aquí el
mensaje debe leerse así: “ojo que todos saben que vos y yo somos amigos, en
cualquier momento prendo el ventilador”.
Posteriormente El Tribuno informaba que el Juez Reynoso había librado
órdenes de detención y allanamientos por un exhorto recibido por un Juez Federal
de la Provincia de Buenos Aires. Me extrañó que la información fuera tan incompleta
ya que no mencionaban de qué lugar preciso vino el exhorto ni el nombre del
magistrado correspondiente. Le hice una nota a Reynoso quien dijo que la
información era errónea, ya que las medidas fueron dictadas por él y no por un juez
de otro lugar. Aquí el mensaje de Romero para Aparicio era: “está actuando la
justicia de otra jurisdicción y en tal caso no puedo ayudarte”. Si se está atento se
pueden atar los cabos aparentemente sin conexión, pero el común de la gente,
dedicada a sus temas no tiene por qué advertirlo, para eso está el periodismo.
Las cárceles están llenas de ladrones de bicicletas, de mulas que trasladan
pequeñas cantidades de droga, incluso con peligro para sus vidas, por las cápsulas
con cocaína que tragan y de gente que está detenida a la espera de ser juzgada.
Aparicio está libre.
El diputado chapeador
En 1988, un oficial de gendarmería me comentaba amargamente que el
entonces diputado del PJ Antonio Navarro, se daba el lujo de patear la barrera
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instalada por la fuerza de frontera sin que ningún efectivo pudiera revisar sus
pertenencias. Esta situación se prolongó durante un tiempo hasta que alguien le
retiró la protección que tenía. No obstante, el sujeto fue advertido con el tiempo
suficiente para que pudiera huir a Bolivia. Navarro regresó a la Argentina cuando la
causa prescribió -aunque algunos abogados y jueces opinan que cuando un
imputado se fuga la causa sigue vigente-. Con el tiempo el ex legislador logró
reinsertarse sospechosamente en el ámbito político: en 2003, siendo Intendente de
Salvador Mazza Carlos Cazón, fue nombrado Secretario de Gobierno y Obras
Públicas del Municipio, luego fue electo concejal, y hasta se dio el lujo de golpear
salvajemente a un ciudadano, que ante esta situación le enrostraba su pasado de
narcotraficante en los medios radiales de la Localidad.
En diciembre de 2006, Romero ordenó la intervención del Concejo
Deliberante de Salvador Mazza. La situación allí se había tornado muy oscura. Los
ediles habían destituído al Intendente Francisco Ibañez, quién tenía más de 40
denuncias y estaba procesado por los delitos de abuso deshonesto y administración
fraudulenta. Sin embargo, Romero apuntaba al cuerpo legislativo, porque temía que
el caso del ex diputado y actual narco-consejal explotara en la prensa nacional, y lo
dejaran pegado tal como ocurrió con Aparicio.
Ciao, ciao Sara Ranch
A mediados de 1997 y según una fuente confiable, la policía de la provincia
acompañada por un agente de la DEA, ingresó a la finca La Paz, que otros
denominan “Sara Ranch”, la que se extiende 400 ha. sobre la ruta l6 (muy poco
transitada), y pasa por Joaquín V. González, a 36 kilómetros entre Gaona y
Quebrachal. Esas tierras pertenecen o pertenecían a un italiano, Donato Genovese,
quien al enterarse que lo investigaban, abandonó sus posesiones, dejando
maquinarias agrícolas y otros implementos de gran valor, que luego fueron
rematados por deudas laborales y de distinta índole. Como no podía ser de otra
manera, la policía encontró allí una pista de aterrizaje y un hangar, donde se halló
“documentación muy comprometedora para un personaje del poder salteño”.
Logo
Si se buscan los motivos para entender el sorprendente éxito del narcotráfico,
tenemos que poner en primer lugar el amparo político y judicial del que gozan los
peces gordos y que ya resulta indisimulable. Pero debe contemplarse la existencia
de otros factores que ayudan a la zona liberada.
Muchos salteños que residen en el Departamento San Martín se preguntan
¿Por qué las camionetas de empresas que prestan servicios a las grandes empresas
petroleras -autorizadas a llevar el logo de las mismas en la puerta- parecen tener
libre paso desde Santa Cruz (Bolivia) hasta el territorio argentino? ¿Desde qué lugar
viene la orden para que esto ocurra? ¿Cuál es el beneficio en una frontera cribada
por el narcotráfico, que vehículos de gran porte gocen de este privilegio?
Probablemente estas preguntas nunca serán respondidas.
30
Cubriendo con lona
El dato que damos a conocer a continuación es un informe confidencial -al
cual pudimos acceder-, enviado por el que fuera entonces Jefe del Escuadrón Salta
de La Policía Aeronáutica Nacional, Capitán Alejandro Flores Bas, al Juez Federal
Ricardo Lona. El detalle del mismo es muy extenso pero citaremos los puntos
esenciales:
El día 3 de abril de 1992, aproximadamente a las 17:00 hs., la Torre de
Control de este Aeropuerto, teniendo el despegue de Orán, a las 16:10 hs.,
de una aeronave marca Cessna 210 B, matrícula LV-HJT, con destino a
Salta, y no habiendo establecido contacto la misma, el operador de torre,
siendo ya la hora estimativa de aterrizaje, inició una serie de llamados a la
aeronave, sin obtener respuesta de la misma; en ese momento se encontraba
en el aire el avión de YPF (Twin Other matrícula LV-JMM), quién efectuó un
llamado al LV-HJT, y estableció contacto, informando que ésta no recibía a la
Torre de Salta. A las l7:45, la aeronave se comunica con la Torre de Control,
no dando su nivel de vuelo (debía haberlo informado) y acusa su posición al
Este del Aeropuerto, a una distancia de aproximadamente 28km, arribando
finalmente a las 17:53 hs.
Este hecho hace suponer que la aeronave en cuestión, efectuó un aterrizaje
clandestino, no sólo por el tiempo de más que emplea en su vuelo, sino
también porque, de haber tenido un problema en su equipo de
comunicaciones, no podría haber establecido contacto con el avión que
estaba en el aire -una aeronave en tierra no puede establecer contacto con
Torre, pero sí con otra aeronave en vuelo-. Además, resulta sospechoso que,
si venía de Orán, hiciera su ingreso por el Este. Todo esto provoca la
inmediata intervención del personal de La Policía Aeronáutica Nacional, quien
se interioriza de lo sucedido, y se pone en contacto con los tres ocupantes del
avión, los que agregan que no tenían previsto el traslado a la ciudad, ni hotel
donde parar. Transcurridos unos minutos ingresa al Aeropuerto un automóvil
marca Mercedes Benz, de color gris oscuro sin chapa patente, cuyo
conductor, el señor Sergio Adolfo Castilla, trasladó a la ciudad a las tres
personas que arribaron.
Posteriormente, ante la sospecha que podrían encontrarse incursos en
alguna infracción a las Leyes 23.737 ó 22.415, se estableció contacto con La
Delegación Salta de la Policía Federal Argentina y el Juzgado Federal de
Salta, a los fines de la iniciación de la prevención correspondiente.
El día 4 de abril, aproximadamente a las 8:00 hs, y luego de haber solicitado
autorización al propietario del avión, se efectuó un registro a la aeronave,
tripulación y pasajeros. Para esto se contó con una excesiva colaboración de
aquellos, quienes por su propia voluntad, hasta destornillaron las tapas de
inspección del avión, para observar el interior de su fuselaje. Como no se
detectara ninguna anormalidad, despegaron aproximadamente a las 9:30 hs.
con destino a Mar del Plata, con escala previa en Rosario de Santa Fe.
De las averiguaciones practicadas surge:
1º) La aeronave fue recientemente adquirida, reacondicionada y reequipada
por el señor Sergio Doallo, según los libros de “Registro de propietarios de
aeronaves” del Aeropuerto de Mar del Plata y de Salta.
2º) Entre su nuevo equipamiento, se pudo detectar la existencia de un
“navegador satelital”, un equipo portátil con el cual se puede volar de un lugar
a otro con sólo indicar las coordenadas, guiándolo hasta el destino con
mucha precisión (el margen de error no supera los 100 mts.), además de
31
brindar todo tipo de información, como distancias, velocidad, posicionamiento
mediante GPS, información meteorológica, etc. con exactitud y en forma
instantánea (ideal para operar en pistas clandestinas).
3º) En este Aeropuerto se presentó como propietario de la aeronave el señor
Hugo Enrique Doallo, no coincidiendo esto con lo expresado en párrafo 1º.
4º) A su arribo a Salta, fueron recibidos por el señor Sergio Rodolfo Castilla,
cuyos antecedentes obran en la Delegación Salta de la Policía Federal
Argentina.
5º) De los movimientos de la aeronave se pudo determinar:
a) El día 27 de marzo de 1992 a las 17:06 hs. arribó a Mar del Plata,
procedente del aeródromo San Justo (no controlado), figurando como
piloto y propietario el señor Luis Labala, Licencia de piloto privado Nº
44.471.
b) Posteriormente, despega de Mar del Plata “Sin registrarse la salida del
mismo” (debería estar registrado, ya que es un aeródromo controlado).
c) El día 2 de abril de 1992, aterriza en este aeropuerto a las 16:45 hs.,
procedente de Mar del Plata, según registro de “Plan de vuelo”,
despegando posteriormente con destino a Orán a las 17:50 hs.
d) El día 3 de abril de 1992 a las l6:10 hs despega de Orán con destino a
Salta, arribando a las l7:54 hs. con la demora en cuestión, motivo del
presente informe.
e) El día 4 de abril de 1992 a las 9:30 hs aproximadamente, despega de
Salta con destino a Rosario de Santa Fe, posterior Rafaela, estimando
aterrizar ese día a las 12:00 hs. (este último aeródromo no es
controlado).
f) El día 5 de abril de 1992 a las 18:50 hs. aterriza en el aeropuerto de
Mar del Plata, procedente del Club de Planeadores de esa ciudad (no
existiendo en este último ningún tipo de control).
6º) El automóvil Mercedes Benz de color gris, sin chapa patente fue
observado en dos oportunidades, posterior al hecho, conducido por un
ciudadano Boliviano, cuyo nombre sería Robinson Likin, según información
proporcionada a esta Jefatura. (lo que el informe no dice es que Likin fue
senador por el PJ en la Legislatura Salteña y también uno de los legisladores
a los que recurrió Cantarero para que nombraran un Juez a la medida de
Roberto Romero).
Finalmente, cabe agregar, que el señor Hugo Enrique Doallo, quien dice ser
el propietario de la aeronave, le expresó al suscripto, que se dedica a la venta
de frutas y verduras en el mercado de Mar del Plata, que compra en la ciudad
de Orán, la que se transporta en los camiones del señor Sergio Rodolfo
Castilla, y que el avión lo compró para su traslado desde Mar del Plata a Orán
cuando deba efectuar la compra de mercaderías, razón por la cual, se
extremarán las medidas para controlar de cerca los movimientos de estas
personas.
Una vez más el Juez Federal Ricardo Lona se lavó las manos. No investigó
nada, es más, tomó la misma actitud que tuvo con la causa referida al avión que se
estrelló en l987 al oeste de San Antonio de los Cobres con 220 kilos de cocaína,
avión que había permanecido en el aeropuerto salteño durante más de cuatro horas.
En el sumario no se instruyeron diligencias destinadas a establecer si la aeronave
fue cargada con la cocaína en el aeropuerto de la capital provincial, pese a que el
informe de la Junta acreditaba que había decolado con un sobrepeso que equivalía
a la cantidad de cocaína encontrada en el terreno y en el destrozado fuselaje. Quizá
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el excamarista estaba muy ocupado en el Haras que poseía cuidando sus caballos
de pura sangre.
Cuidado, radar vigila
Durante cuatro años funcionó un control de tránsito en la ruta 34 a la altura de
la Ciudad de Metán. El servicio había sido tercerizado por la Municipalidad y
consistía en multar el exceso de velocidad. El personal se apostaba en la ruta con
las conocidas pistolas que medían la velocidad de los vehículos que ingresaban a la
zona.
Más allá de las protestas de los viajeros que en muchos casos aducían que la
Municipalidad no podía tener jurisdicción sobre una ruta nacional, el control se
llevaba a cabo normalmente sin interferencias del Poder Ejecutivo Provincial.
Todo cambió cuando a finales del año 2000, una empresa privada, CIMA
S.R.L., con la autorización del intendente Mario Cuenca, instaló un puesto de control
en Cobos, a 35 kilómetros de la Ciudad de Salta. Esta casilla tenía radares
robotizados de última generación que manejaban automáticamente una torta de 800
fotografías, que luego de ser tomadas, se enviaban por bolsín a un centro de
procesamiento en Buenos Aires, donde se evaluaban las infracciones.
El puesto duró muy poco. El diligente Secretario de Seguridad Daniel Nallar
se encargó personalmente, acompañado de personal policial, de levantar de prepo
las instalaciones.
El 23 de enero de 2001, la abogada Liliana Mazzone, apoderada de la fallida
empresa decía enfáticamente en FM Noticias: “Nallar distorsiona todo, y por
supuesto lo hace a través de un medio como El Tribuno, que se presta a una
campaña difamante...” Y, a continuación, añadía: “La preocupación del Secretario de
Seguridad, es justamente este sistema de última tecnología y de última generación,
que se utiliza en las grandes capitales del mundo”. Un representante de una fábrica
de helicópteros, que tiene contactos con miembros de la Embajada de Estados
Unidos dijo que el control fotográfico había disgustado a un jefe de Romero.
Anticipando la noticia
En el programa de noticias “Informe Central” que conduce Rolando Graña por
América 24, se informó la noche del 7 de febrero de 2006, que un operativo de la
DEA había fracasado.
Allí advirtió que cuatro miembros de la Oficina Antinarcóticos, una funcionaria
judicial y un comandante de la policía peruana viajaron en un avión King Air,
matrícula norteamericana N350D, transportando 160 kgs. de cocaína para concretar
un operativo. La aeronave partió de Tacna (Perú), realizó una escala técnica en
Salta -que según el diario La Nación del día 10 de febrero no estaba prevista- y voló
hasta el Aeropuerto de San Fernando. Allí se cargó la droga en un Mercedez Benz y
en un Chevrolet Meriva de una banda de narcotraficantes, en un procedimiento
delictivo denominado “entrega vigilada”, para traladarla a una zona de Congreso y
de allí desapareció. Este operativo estaba bajo el control de la Gendarmería
Nacional.
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Como al pasar, Graña y Pastor comentaron que en la página Web del diario
El Tribuno se dio a conocer la información horas antes de que concluyera el
operativo. Este dato, que pasó desapercibido para los conductores del programa,
tiene, sin embargo, una gran significación para muchos salteños informados. El
periodista Gustavo Carabajal del diario La Nación informa sobre el fallido operativo
en el que participaron efectivos antidrogas de tres países: EE.UU., Perú y Argentina.
Textualmente escribe:
Si bien no se detallaron cuáles fueron las fallas de seguridad que provocaron
el fracaso del operativo, hubo un episodio que no pasó inadvertido para los
investigadores. Se trató de un inesperado cambio de planes que provocó el
retraso en el avión que había partido desde Tacna, Perú, y que obligó a los
pilotos a realizar una escala en Salta. Allí los funcionarios peruanos y los
agentes de la DEA pasaron una noche en la capital provincial, mientras que el
cargamento y la aeronave fueron custodiados por las autoridades argentinas
que habían sido avisadas por un oficio judicial de que el cargamento estaba
destinado a una entrega controlada de droga, según consta en la causa que
se instruye en los tribunales federales porteños.
El peaje
El ex titular de la DEA en La Argentina, Abel Reynoso, había asegurado en un
reportaje realizado por la revista Noticias que los popes del negocio de la droga
cobran “peaje” a cambio de garantizar que no habrá interferencias, y se aseguran
así la máxima protección desde los sectores políticos y económicos: “los
narcotraficantes argentinos no tocan la droga, pero hacen grandes negocios con
ella. Al no involucrarse directamente en la producción y comercialización, no llaman
la atención”.
“Una pesquisa une Puerto Madero con Salta”
Con este título el periodista Rafael Saralegui encabeza una nota en el diario
Perfil refiriéndose a un caso que completaré con datos que revelan una relación
continua de funcionarios y allegados de Juan Romero con narcotraficantes. Es de
destacar que dicha investigación fue publicada por el periódico porteño en enero de
2007, lo que confirma que la ecuación política-narcotráfico, en nuestra provincia
sigue vigente:
Una banda de narcotraficantes desbaratada a fines del año pasado, cuando
fueron secuestrados 244 kilos de cocaína, tenía contactos con un importante
funcionario de Juan Carlos Romero. El nexo sería uno de los miembros de la
organización, muerto en un accidente en Chile, en septiembre de 2006.
La investigación de la banda internacional de narcotraficantes que tenía su
jefatura en un departamento en Puerto Madero, podría extenderse hasta un
alto funcionario del Gobierno de Salta, dijeron a Perfil fuentes del caso. El
funcionario, hombre de confianza del Gobernador justicialista Juan Carlos
Romero, habría tenido vínculos cercanos con uno de los miembros de la
34
banda, fallecido en un accidente ocurrido en septiembre de 2006, cuando
viajaba en uno de los camiones de la organización.
Los dos supuestos capos de la banda desbaratada son el colombiano Luis
Alberto Salazar Estrada, el ocupante del piso en Puerto Madero, y el peruano
Samuel Fernando Sales Cohen, apodado “El Químico” y vinculado con los
carteles mexicanos de Tijuana y Guadalajara, por lo que tenía una orden de
captura internacional desde 2005.
Sales Cohen fue arrestado el 31 de diciembre, cuando se le secuestraron 244
kilos de cocaína, que estaban ocultos en un baúl de un Peugeot 306 y en un
depósito subterráneo en Berazategui con capacidad para guardar hasta 2.000
kilos de droga.
Bajo el nombre falso de Evaristo Frías, Sales Cohen creó una empresa
fantasma, Palavich S.A., supuestamente dedicada a la importación y
exportación de diversos tipos de mercaderías, por lo que tenía varios
camiones utilizados para el transporte, en los que venía oculta la cocaína.
Según la investigación realizada por la Policía Federal, la SIDE y la Aduana,
en septiembre de 2006 la banda intentó ingresar en un camión Volvo un
importante cargamento de cocaína.
Cuando el camión circulaba por una ruta de Chile, cerca de la frontera con la
Argentina, casi en el límite con Jujuy, el rodado se desbarranca, se incendia y
mueren sus dos ocupantes. El camión estaba a nombre de su conductor,
Silvano “El Burro” Morales, un salteño con antecedentes por robo en su
provincia natal y en La Rioja.
El propietario del camión sería el peruano Sales Cohen, quién lo habría
radicado en Salta y lo habría puesto a nombre de Morales, dijeron las fuentes
consultadas. Debido a sus antecedentes, personal de Gendarmería Nacional
revisó el camión en varias oportunidades ante la sospecha de que sería parte
de algo raro, pero sin encontrar nada.
Un funcionario y un abogado
Morales era apenas un chofer, un elemento menor en la estructura de la
banda. Lo que llamó la atención de los investigadores es que cada vez que el
camión era sometido a una inspección, Morales sacaba a relucir sus
contactos con un importante funcionario del Gobierno de Romero, del área de
Seguridad. También exhibía la tarjeta de un estudio jurídico de un conocido
abogado salteño, que llevó varias causas del gobernador, y para el cual
habría hecho algunos trabajos.
Otro hombre cercano al Gobernador, el ex diputado provincial Ernesto
Aparicio, tuvo que renunciar finalmente a su banca el año pasado, luego de
que la productora Liliana Ledesma denunciara en un reportaje que si algo le
pasaba sería responsabilidad del legislador. Ledesma había dicho que
Aparicio había cerrado caminos vecinales para crear una zona liberada para
el narcotráfico en la frontera con Bolivia. Algo le pasó: fue apuñalada el 21 de
septiembre en una pasarela de Salvador Mazza.
Hasta aquí entonces la nota publicada el 14 de enero. Los datos que tengo
para completar la información son los siguientes: El funcionario al que hace
referencia Saralegui y con el que chapeaba Morales es el propio Secretario de
Seguridad de la Provincia, Gustavo Ferraris. Silvano fue protagonista de asaltos a
mano armada en la Rioja y Salta y esto no fue un impedimento para que Ferraris le
encargara una misión singular. Al Secretario le habían robado dinero y pertenencias
en su domicilio, y también una motocicleta de alta cilindrada. Silvano fue el
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encargado de rescatarla de algún aguantadero en Bolivia. El letredo que defendió al
delincuente por los delitos cometidos fue el abogado Alberto Raimundo “El Negro”
Sosa. El funcionario y el letrado aparecerán más adelante en este relato.
El diario El Tribuno da la versión que el camión siniestrado llevaba una carga
de más de 1.000 cajas de shampoo. Claro que esta información no explica la
explosión y el incendio del Volvo. Hay quienes dicen que en realidad transportaba
algún efector químico, posiblemente éter etílico.
Ferraris suena en estos días como posible candidato a ocupar el cargo de
Procurador General de la Provincia, jefe del Ministerio Público y encargado de
custodiar la Constitución y las leyes. El Secretario de Seguridad es un asiduo
visitante del estudio del “Negro” Sosa. “Salta está mejor” reza una publicidad del
Gobierno Romeriano.
Entrevistando al Gobernador
La enorme cantidad de información que aparecía relacionando a Roberto
Romero con el narcotráfico en apariencia no le hacía mella. En 1988 durante la
emisión de un programa de televisión que conducíamos con el periodista Julio
Rodríguez de la Vega, (Rovega), quién era también corresponsal del diario La
Nación, decidí preguntarle a Romero lo que nunca nadie le había preguntado: “¿Por
qué a Ud. se lo relaciona con el narcotráfico?”. A Rovega se le congelaron sus ojos
azules y “Don Roberto” se tomó unos segundos para contestar. Adujo que todo era
una conspiración de origen político para desacreditarlo. En esos momentos era
diputado nacional y había confiado la gobernación a su delfín, Hernán Cornejo, que
al poco tiempo y sin poder soportar las presiones del romerismo, decidió abrirse con
un equipo propio lo que le granjeó la enemistad y el odio de los ad-láteres de “Don
Roberto”.
En aquella entrevista le consulté por varias de las publicaciones incluyendo
las revistas españolas Interview y Cambio l6. Él se aferró a la teoría conspirativa y
mientras se tomaba con los dedos la piel de la otra mano nos dijo “no hay problema,
tengo piel de elefante”, para confiar, a continuación, que una sola vez se había
tentado con agarrar un revólver y buscar a un empresario, Florencio Elías, que lo
había involucrado con el tráfico de drogas.
Mientras mucha gente en Salta no salía de su asombro mirando aquel
programa de televisión, el hijo del diputado, Roberto Eduardo “Tito” Romero quién
luego sería el director del diario El Tribuno y en ese momento se encontraba en el
piso, se agarraba la cabeza casi con desesperación.
Años después del fallecimiento del Jefe del Clan Romero, López Echagüe
describía en su libro El Otro el funcionamiento de lo que él llamaba “La liga del
interior”: cómo el “negro” Bujía, como una suerte de coordinador, visitaba los feudos
de Saadi y Romero y cómo se expresaba de éste último:
De Salta lo que más le gustaba era la finca San Alejo, de los Romero. El Jefe
(Duhalde), solía mandarlo allí a entregar paquetes y regresar con otros,
enormes a menudo. Los buenos viejos tiempos, es cierto, pero ya no estaba
para esos trotes. Con ese tipo en Ezeiza (Ibrahim), en cambio... El hombre
indicado en el momento y lugar indicado. Especialmente después del revuelo
36
que se había armado a partir de 1984 con las denuncias que había hecho un
tal Anthony Henman en su libro Mamá Coca.
El diario El Tribuno, de los Romero, tuvo que salir al cruce de las supuestas
revelaciones con una primera plana a página entera. Importa aquí reproducir un
segmento interesante de este libro:
Es, no obstante, de la vecina argentina de donde han provenido las más
asombrosas revelaciones de implicaciones a alto nivel en el negocio de la
cocaína, indudablemente, no con respecto a los actuales gobernantes
militares, altamente paranoicos y ultra reservados, sino con relación a
personajes que predominaron en el último período de la presidencia de Isabel
Perón. La historia fue revelada por el servicio de informaciones del ejército
en las vísperas del golpe de 1976 e incluía a una serie de prominentes figuras
del ala derechista del movimiento peronista, entre los que figuraban el
ignominioso ministro de Bienestar Social, López Rega; el ministro de
Relaciones Exteriores, Alberto Vignes, y una corte de figuras secundarias
como el ministro Raúl Lastiri, el senador Cornejo Linares, el director del diario
El Tribuno, Roberto Romero, y el comandante de la “intervención” militar en la
administración provincial de Córdoba, Coronel Raúl Lacabanne.
La incursión de la Policía Federal viene de lejos
El trabajo de Henmann adelanta con notable precisión lo que luego ocurriría
en territorio salteño con respecto a las sospechas que involucran a sectores de
mando de la fuerza con el narcotráfico:
Operando una serie de bien equipados laboratorios de cocaína cerca de
Salta, en la frontera con Bolivia, estas figuras controlaban una red de gran
alcance que utilizaba la policía federal para la distribución interna en el país y
la cobertura del servicio diplomático para la consolidación de una ruta segura
para las exportaciones. En una trama igualmente laberíntica de intriga y
corrupción, la autoridad federal era empleada para silenciar la problemática e
inquisitiva legislatura provincial de Salta, se atemorizaba a los miembros de la
judicatura local con ataques con ametralladora y eventualmente una facción
de las Fuerzas Armadas fue tentada a tomar parte en la acción. No sería, en
efecto, injusto sugerir que la caída de López Rega y de Isabel Perón haya
sido ocasionada, entre otras cosas, por el mismo tipo de toma militar del
negocio de la cocaína que se ha demostrado en otros países con acceso a la
cosecha andina de coca.
El golpe
Probablemente los dichos del ex-titular de la DEA en la Argentina, Abel
Reynoso, sean ciertos, en el sentido de que si el narcotráfico logró introducirse en el
sistema económico argentino y controla una parte del espectro político, la última
trinchera con posibilidades de combate sea la prensa.
El periodista Rafael Saralegui vino varias veces a Salta y pudimos establecer
con él intercambio de información que hasta hoy continúa. Sus investigaciones
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fueron publicadas por el diario La Nación y molestaron a Juan Carlos Romero que
salió al cruce con una solicitada que sólo contribuyó a potenciar las notas del
periodista, entre las que daba cuenta de la diferencia abrumadora que había entre lo
incautado por la Gendarmería (700 kgs. de cocaína) en el año 2000 y lo incautado
por la policía de la provincia de Salta (4 kgs.) del mismo año.
Saralegui continuó indagando y, el 24 de marzo de 2003, publicó una nota
explosiva en la desaparecida revista TXT, que tuvo un efecto devastador en el arco
político menemista. El colega tuvo la deferencia de enviarme por mail, dos días
antes de su publicación, el escrito original con correcciones a mano y tachaduras, lo
que resultó muy importante para que muchos salteños pudieran conocer la
información, porque aquel primer número desapareció misteriosamente de los
kioscos de casi toda la provincia. El colgadito rezaba “Según la DEA, el padre de
Romero era narco”, en tanto el título expresaba “Una herencia muy pesada” para
ampliar a continuación: “La agencia antidrogas de Estados Unidos considera que, en
vida, Roberto Romero fue jefe de una poderosa organización dedicada al tráfico de
cocaína a gran escala. La justicia federal argentina lo supo, pero no hizo nada. El
compañero de fórmula de Carlos Menem recibió un legado millonario y un imperio
político- empresarial”.
Allí se terminaron todas las especulaciones, ya no se trataba solamente de la
investigación de algunos periodistas afiebrados, ni de conspiraciones políticas:
ahora, los ríos de tinta escritos sobre el tema habían encontrado una confirmación
contundente. Por otra parte ¿qué interés podría tener la DEA en involucrar a un
oscuro gobernante de una provincia periférica en semejante delito? La oficina
antinarcóticos a pedido de Saralegui desclasificó los 14 documentos referidos a las
actividades de Roberto Romero cumpliendo con la Ley de información pública
(FOIA) de Estados Unidos. Un dato no menor es que los archivos se dan a conocer
cuando la persona ha fallecido, en cambio estando viva es necesaria su
autorización, cosa que Juan Carlos Romero no quiso firmar dejando latente la
sospecha sobre su propio archivo.
Del trabajo del periodista se desprenden situaciones de una enorme gravedad
institucional. Un agente encubierto de la Agencia, que nosotros pudimos averiguar
se llama Gregory Phillips, llevó el resultado de su investigación al único Juez Federal
que en aquel entonces operaba en Salta, Ricardo Lona, que según la nota amenazó
al agente: “tiene 24 horas para abandonar la provincia, si quiere salir con vida”.
La DEA comenzó sus pesquisas en marzo de 1986, más de dos años
después de haber asumido “Don Roberto” la gobernación, y entre sus objetivos se
puntualizaba: “establecer la fuente de abastecimiento para Romero, el lugar de
cualquier laboratorio clandestino que sea utilizado por su organización, y la
incautación/destrucción de esos laboratorios”, agregando, “se tratará de identificar
plenamente los activos de Romero y otros, sus rutas de tráfico así como los clientes
a los que él y su organización actualmente satisfacen dentro del tráfico de cocaína”.
La DEA puso en marcha al menos dos operaciones para investigar la supuesta
organización que comandaba Roberto Romero. La primera fue denominada
“Operación Duende”, y la segunda, que al menos permaneció activa hasta 1991, fue
bautizada “Operación Tango”. Otro dato de singular importancia logrado por la
investigación es que se habría usado una sociedad del estado creada por Romero,
Promociones de Exportaciones S.A. (PROESA), para enviar cientos de kilos de
cocaína a Europa y Estados Unidos y cuyo primer presidente fuera el vapuleado ex
senador Marcelo Emilio Cantarero.
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Todos los datos provistos por la revista TXT fueron confirmados a FM Noticias
por un agente de la DEA que operaba en Bolivia, a quién llamaremos José López. El
mismo afirmó que el organismo también investigaba a Roberto Romero: “Por
proveedor de los recursos para hacer la cocaína, de todos los productos que se
utilizan, porque en Bolivia no se consiguen”. Recién en Noviembre de 2005 se
inauguró la Delegación Salta del Registro Nacional de Precursores Químicos
(SEDRONAR).
Saralegui intentó sin éxito contactarse con Juan Carlos Romero y con el Juez
Federal Ricardo Lona, pero los obsecuentes del gobernador respondían por él, y
decían: “si su padre fuera alcohólico, usted no tendría por qué serlo”, lo que de
alguna manera confirmaba las presunciones. A esas alturas Juan Carlos Romero
pedía a gritos a sus colaboradores que no lo defiendan más.
La sombra ominosa del narcotráfico había sobrevolado persistentemente
sobre el menemismo en general, por eso no llamó la atención, cuando las presiones,
sobre todo de Alberto Kohan, lograron que el embajador norteamericano relevara de
sus funciones al titular de la DEA en la Argentina, Abel Reynoso. Este funcionario
de la Agencia Antinarcóticos más poderosa del mundo es de origen argentino, y
quizá por ello se involucró más que sus antecesores en una lucha frontal contra
estos delincuentes. Denunció las increíbles facilidades del sistema financiero de
nuestro país para lavar dinero de ese origen, como así también la impunidad
prestada por Gobernadores, ministros y funcionarios de menor jerarquía, quienes
convierten las fronteras en verdaderas esponjas que absorben incesantemente
drogas, armas y todo lo que en países organizados se controla verdaderamente.
Saralegui se comunicó con Reynoso vía e-mail y le preguntó sobre las
sospechas que vinculaban al Gobernador Juan Carlos Romero con el narcotráfico, el
agente respondió “Si camina como un pato, tiene pico de pato, nada como un pato y
tiene las plumas de un pato, entonces debe ser un pato”.
En una nota que le hicimos a Rafael después de la publicación de su
investigación en TXT, nos preguntábamos sobre la deuda que tiene la Justicia
Federal con la ciudadanía ante un flagelo que azota a todos los niveles de la
sociedad pero que se ensaña con los más vulnerables. Hace mucho tiempo que la
Argentina dejó de ser un país de tránsito de estupefacientes para convertirse en el
más alto consumidor bulímico de Latinoamérica. También la justicia nos debe una
explicación puntual sobre casos como el del Gobernador de Salta porque la
pregunta cae de madura ¿si la fortuna de Romero tiene como origen, aunque sea
como herencia, el tráfico de drogas, es lícito que las cosas sigan así?, o, por el
contrario ¿cabe una minuciosa investigación, teniendo en cuenta que no sólo se
trata de dinero, sino que el delito tiene que ver con la desintegración individual y
familiar y con la muerte?.
El 27 de mayo de 1988, la DEA consideró que había reunido los elementos
suficientes para poner cierre a la investigación dejando constancia que: “Este caso
ha sido entregado a la justicia federal argentina para que se pronuncie a través de
un fallo”, y agrega: “Todas las pistas de la investigación han sido rastreadas. La
evidencia obtenida en esta cuestión por parte de las autoridades argentinas ha sido
determinada de acuerdo con sus leyes”.
Mucho tiempo tendrá que pasar para que la gente vuelva a creer en la
administración de la Justicia, porque hasta aquí se ve como un apéndice putrefacto
del poder político.
39
Acuerdo tácito: entidades crediticias y hampones
Por cierto, los carteles de Medellín y Cali fueron momentáneamente
diezmados, del mismo modo que hubo bajas considerables en la mafia italiana. No
obstante, cuando los imperios se derrumban, los vínculos de compadrazgo y las
solidaridades clánicas se regeneran y, como el ave fénix, renacen fortalecidas en
medio de las cenizas: las mismas bandas –ahora confederadas- se reciclan en
organizaciones de estructuras móviles, más ágiles, más operativas, más dúctiles, en
suma, dotadas de una singular aptitud de adaptación a la versatilidad de un mercado
con efectos “mariposa”, “tequila” y los súbitos cambios de rumbo en los flujos
migratorios de los norcodólares. Las bandas confederadas no pueden prescindir de
un capo-mafia que oriente las estrategias y fije los contactos: los ex-productores
independientes, ahora agremiados, trabajan conforme a un régimen operativo
centralizado con una cabeza visible que facilita el trato con los eventuales
mayoristas del tráfico: la aleatoria comercialización al menudeo ha llegado a su fin.
Por lo visto, no cabe duda de que éste es el objetivo inconfesado de las llamadas
brigadas anti-estupefacientes en sus maniobras cooperativas con el entramado del
poder.
La supuesta represión los atomiza, pero la diseminación selvática los protege
de la vigilancia. El narconomadismo desterritorializado opera con estrategias
guerrilleras: la dispersión les mengua su fuerza ofensiva pero les ensancha el
dominio territorial.
Como hacen notar Koutouzis y Labrousse en Atlas Mundial de la droga, los
950.000 millones de dólares anuales del blanqueo de dinero, son depositados en
las entidades crediticias occidentales que a su vez retornan, en calidad de
préstamos, a los países pobres ¿podría el nuevo orden narcocapitalista sobrevivir
sin ese flujo financiero que, nadie ignora, de preferencia recala en los paraísos
fiscales de las Islas Caimán agremiados a los Dragones del Sudeste Asiático?
Dada la magnitud de esta vileza programada, fácil es advertir que Al Capone
no es nada al lado de Romero y Menem, estos gangsters custodiados por un cuadro
administrativo formado por una pandilla de hampones.
40
CAPÍTULO II
41
Crímenes no resueltos y accidentes sospechosos
Inodoro Pereyra: - El año 2000 nos encontrará unidos o
separados Mendieta.
Mendieta: -No se juegue así en sus declaraciones
Inodoro, la historia lo juzgará.
Inodoro Pereyra: -Tengo el mejor de los abogados
defensores Mendieta, el olvido.
Fontanarrosa
Canillita 1
Le pregunto al lector -aún considerando las últimas décadas turbulentas que
nos han tocado vivir- ¿cuánta gente conoció que haya sido asesinada?.
Seguramente la mayoría contestará que ninguna, o probablemente una o dos.
Bueno, los hermanos Juan Carlos y Tito Romero superan largamente el promedio.
Los memoriosos se remontan al año 1969, cuando llegó a la provincia el
Secretario General del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Tucumán,
Gerardo Augusto Barrionuevo. Había sido invitado por sus colegas salteños porque
aquí no había un gremio que los represente. El diario El Tribuno no cumplía con lo
que se conocía como el laudo Evita que obligaba a los propietarios de medios
gráficos a pagar a los trabajadores el 50% del precio de tapa. Barrionuevo había
declarado públicamente que si fuera necesario litigaría contra Romero.
La noche del 28 de Julio de ese año, el canillita había salido a tomar unas
copas con su amigo Argañaraz, que firmaba las notas policiales de El Tribuno con el
seudónimo de “Oscar Comellas”. Se los vio salir a la madrugada del bar Cirito. A la
mañana Barrionuevo fue encontrado asesinado de un balazo en la nuca hacia el
final de la calle Ituzaingó, poco poblada en aquellos años y ubicada en la zona
conocida como el Bajo Chico.
El desaparecido Diario El Intransigente, que competía duramente con El
Tribuno de los Romero, informó que Barrionuevo había sido torturado previo a su
ejecución y que, en la morgue, habían encontrado en sus bolsillos sus credenciales,
dos anillos de oro, uno de compromiso, una medalla, una cadena del mismo metal y
la suma de 108 pesos. Esta versión contrastaba notablemente con la que daba a
conocer el matutino romerista, que entre otros datos, aseguraba que al canillita se lo
había visto en distintos lugares cuasi marginales de la noche salteña, como El
Molino Rojo o el Quince Catorce, preguntando por una misteriosa mujer
presuntamente llamada Elsa. También según el periódico se lo vio acompañado por
un sujeto gordo, de cabello lacio, enfundado en un traje que le quedaba grande.
Algunos testigos decían que, en algún momento de la noche, lo habían visto
acompañado por sujetos de mal vivir. Lo que llama la atención es que si éstos eran
los asesinos, no hubieran tocado sus pertenencias. En los días posteriores al crimen,
El Tribuno informaba de tantas pistas, que algún mal pensado podía creer que se
trataba de maniobras distractivas.
42
Cuando lo mataron Gerardo Augusto Barrionuevo tenía 26 años.
En esa época no existían los teléfonos celulares ni se habían privatizado las
compañías telefónicas, sólo funcionaba la vieja CAT con supervisores y empleados
que con auriculares a veces escuchaban las comunicaciones. Uno de ellos que aún
vive, Marcos Vera, asegura haber declarado ante el Juez de la causa, que oyó una
conversación en donde Emilio M. Cantarero le pedía instrucciones a Roberto
Romero quien le habría respondido: “Ustedes saben lo que tienen que hacer”.
Canillita 2
Cíclicamente, los canillitas entraban en conflicto con los propietarios del diario
El Tribuno, que no sólo no cumplían con los convenios, sino también intentaban
manipular a la dirigencia sindical.
Para 1971, ya se había organizado el gremio en Salta y uno de sus referentes
más combativos era José “Cacho” Cabrera quien trabajaba también como regante
de AGAS en el turno noche, controlando la zona de Estación Alvarado.
En una noche fría de junio, Cacho circulaba con su motocarga (en donde solía
llevar los diarios y revistas), por un camino de tierra ubicado entre La Rural y el
predio de Radio Nacional, se dirigía hacia la vieja ruta que llevaba a la localidad de
Campo Quijano. De la nada apareció una camioneta que lo embistió causando su
muerte. El vehículo y su chofer nunca fueron encontrados.
Doctor Miguel Ragone
El 11 de marzo de 1976 Ragone se dirigía al Hospital San Bernardo en donde
trabajaba. Acababa de mirar su reloj que marcaba un poco más de la 08.00 hs. No
podía dejar de pensar en la advertencia que la noche anterior le había hecho su
amigo Damián Mendoza. No creía probable que pudiera haber un complot para
asesinarlo, aunque no desconocía que la Triple A, organización criminal que
respondía a López Rega, estaba regando de sangre el país. De pronto un chevy y
un falcon chocaron y encerraron su vehículo -algunos dicen que también un Fiat
participó del operativo-. Varios tipos a cara descubierta lo atacaron violentamente y
le dispararon dentro de su propio automóvil. El comerciante Santiago Arredes, al
escuchar el chirrido de las cubiertas, salió de su local ubicado en la esquina de
Apolinario Saravia y Del Milagro, un disparo de uno de los secuestradores le
atravesó el corazón. Casi al mismo tiempo la señora Margarita Martínez de Leal,
encargada de las oficinas de la empresa Betella, que también había salido al
escuchar la conmoción, recibió un impacto que la hirió gravemente.
Los delincuentes creyeron ver a otra mujer y la buscaron desesperadamente
para no dejar testigos vivos, pero la estudiante de secundaria logró esconderse en
un jardín y hoy es un testigo de identidad reservada.
La señora de Leal, herida pero con vida, fue llevada a la morgue y acostada al
lado del cadáver de Arredes, posiblemente para que se desangrara o sufriera una
conmoción al despertarse. Quienes la trasladaron nunca fueron interrogados.
Damián Mendoza, íntimo amigo del mandatario, lo había ido a ver la noche
anterior al suceso. Relató en FM Noticias que llegó al domicilio de Ragone alrededor
de las 23 hs., lo recibió el hijo que hacía poco tiempo había completado sus estudios
43
de medicina, quién le dijo que su padre se había retirado a descansar. Ante la
insistencia de Damián, el joven llamó a Ragone que bajó las escaleras con un
pijamas a rayas rojas, negras y amarillas. Los amigos se reunieron en la cocina y
allí, Mendoza, en presencia de Miguel hijo, le aseguró que no sabía cuándo pero que
intentarían asesinarlo. Le suplicó que se fuera de la Provincia y puso a disposición
del ex gobernador su camioneta Ford. Todo fue inútil, tiempo atrás el médico había
sido advertido en el mismo sentido por Juan Carlos Villamayor, quien fuera Director
de Prensa durante su mandato.
Mendoza vivía a una cuadra y media de su amigo lo que le permitió llegar
rápidamente al lugar del suceso. Informó que ya estaban allí el coronel Carlos
Alberto Mulhall, quien se golpeaba la bota derecha con una fusta; el periodista Julio
César Rodríguez De La Vega y el Juez Federal Ricardo Lona al que acusó de no
haber investigado el crimen. Confirma lo que hasta aquí no era más que una
conjetura al relatar que cuando llega a la escena, Ragone hijo lo abraza y le dice “Si
te hubiéramos hecho caso, mi padre estaría vivo, vos sabés quienes lo mataron”.
Ante esas afirmaciones Lona le pregunta qué información tenía; Mendoza contesta
“Yo no sé más que usted”. El magistrado le dijo que lo citaría en su juzgado para
indagarlo, pero esto nunca ocurrió. Reflexiona Damián que era imposible que
Mulhall, Lona y Rovega hubieran llegado al lugar del hecho antes que él: “Tuve la
sensación que fueron a cerciorarse de que el crimen se había consumado”.
Recuerda el comerciante que Roberto Romero tenía “apetencia” por el Banco
Provincia y el Banco de Préstamos: “En realidad, Ragone me había ofrecido a mí el
manejo de esas Instituciones, pero yo tenía que ocuparme de mis negocios. Nadie
en Salta desconocía el enfrentamiento de Romero con Ragone”.
Finalmente Mendoza afirmó “No estoy con mi familia porque temo por ellos,
recién estoy recuperando mi realidad después del shok que sufrí”. “Todavía me
siento con fuerzas y no quiero esta impunidad, quiero que salga a la luz todo lo que
se pueda”.
El amigo de Ragone fue secuestrado y torturado por alguna fuerza de
seguridad el 19 de noviembre de 1976. Tras la advertencia al ex gobernador perdió
su fortuna y su estabilidad emocional.
Ragone había ganado de manera rotunda las elecciones del 11 de marzo de
1973 como candidato del justicialismo y, casi de inmediato, se granjeó la enemistad
de miembros de su partido que rápidamente mostraron sus ambiciones desmedidas.
Este gobernador que se había ganado el título de “médico del pueblo” era
reconocido por virtudes que en el ámbito de la política, hoy son muy difíciles de
encontrar: Principista, con una honestidad largamente probada. Aunque fuera legal,
consideraba inmoral el uso de fondos para gastos reservados. Manejaba su propio
automóvil y pagaba la nafta de su bolsillo. Se rehusaba a utilizar el avión de la
provincia y viajaba por Aerolíneas Argentinas. La Casa de Gobierno era un lugar
abierto para el más humilde y el más encumbrado y pobre del funcionario o
empleado que tratara mal a un ciudadano. Era un hombre transparente pero dotado
de un cierto candor para la política. No sabía de operaciones de ninguna clase,
odiaba las intrigas y las especulaciones y algunos creen que pagó caro por su
extrema frontalidad. El ingeniero Jesús Pérez, que fuera Secretario General de la
Gobernación y Ministro de Economía durante su mandato, nos da algunas pistas
en su libro El Terco Miguel:
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Con seguridad que la primera medida revolucionaria del Gobierno Popular del
doctor Ragone fue sentida en lo hondo por quienes durante 18 años habían
sojuzgado y perseguido a los peronistas combatientes. Los principales jefes
policiales sindicados como represores fueron trasladados, primero a una
unidad policial fronteriza, sobre La Cordillera de los Andes; luego procesados
y encarcelados por violación a los derechos humanos consagrados por la
Constitución (...) Se permitió al público visitar La Central de Policía y el
gobernador en persona quiso conocer aquel lúgubre local, que el pueblo
denominaba “la piojera”, donde tantos peronistas habíamos dado con
nuestros huesos en la época de la Resistencia.
Se pusieron en venta las modernas y sofisticadas armas policiales destinadas
a sofocar manifestaciones, los camiones hidrantes fueron destinados a
apagar incendios y los carros de asalto a prestar servicio como vehículos de
transporte para el personal policial que debía acudir a cumplir con sus
habituales tareas de trabajo; los uniformes azules de la Guardia de Infantería,
que distinguía a los represores, fueron igualmente suprimidos.
Luego Pérez bajo el título “Esto no le perdonaron a Ragone” escribe:
El escritor Eduardo Galeano, al destacar los hechos notables ocurridos en
distintas épocas y lugares del mundo se refirió así: “Como en un cuadro del
venezolano Vargas, en la provincia argentina de Salta, los autos patrulleros
de la policía fueron pintados de amarillo y naranja. En vez de sirena llevaban
música y en vez de presos llevaban niños; los patrulleros andaban llenos de
niños que iban y venían desde los ranchos lejanos a las escuelas de la
ciudad. Las celdas de castigo y las cámaras de tortura fueron demolidas.
Desapareció la policía de los partidos de fútbol y de las manifestaciones
obreras. Salieron en libertad los torturados y marcharon presos los
torturadores, oficiales especializados en romper huesos a martillazos... “
Esta pintura naif que traza Galeano duró lo que dura un suspiro. La Argentina
estaba jaqueada por la violencia. La gente miraba asustada cómo grupos sin
identificación pasaban raudamente en vehículos mostrando sus armas, nadie sabía
si eran fuerzas de seguridad, parapoliciales o algún sector de las patotas sindicales.
Si bien esto ocurría principalmente en la ciudad de Buenos Aires, también en las
provincias el aire se volvía irrespirable.
Los propios “compañeros” de Ragone que no podían concretar sus negocios
o ambiciones políticas eran los encargados de denostar su gobierno ante los
jerarcas de la administración de Isabel Perón. Lo tildaban de zurdo y montonero
buscando abiertamente la intervención de la provincia. Así las cosas la presidenta de
la nación llega a Salta en la segunda quincena de octubre de 1974 para concurrir a
la celebración del séptimo Congreso Eucarístico. Este nefasto personaje que nos
legara Juan Perón ninguneó permanentemente a Ragone, incluso cuando se
encontraron en el palco oficial. La suerte estaba echada y el 23 de noviembre de ese
mismo año el gobierno central intervino la provincia. Pero ¿quiénes operaban en
contra del gobernador?, ¿quiénes por distintos motivos odiaban a Ragone? Los
dedos índices de ex funcionarios, amigos y hasta ciudadanos comunes de la época
apuntan a dos personajes: el teniente coronel Miguel Gentil subjefe de la Guarnición
Ejército Salta y luego nombrado Jefe de Policía por la intervención a cargo de
Alejandro Mosquera, y Roberto Romero.
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El primero era un represor nato y uno de los ejemplos de la síntesis que
significó pasar de la banda criminal de la Triple A y mimetizarse con el paisaje de la
dictadura de 1976. El segundo está suficentemente descripto en este trabajo,
dispuesto a todo para alcanzar casi exclusivamente poder económico. Los
memoriosos recuerdan que Ragone, de pocas pulgas con algunos personajes, había
echado dos veces a Romero, la primera de su casa y la segunda de la Casa de
Gobierno, pero no era esto lo que disgustaba a Don Roberto, sino el freno que el ex
gobernador había puesto a sus ambiciones. Pero veamos algunos ejemplos, como la
declaración testimonial que prestara ante el Juzgado Federal N°1, en diciembre de
2004 el dirigente peronista José Paulino Aramayo, quien fuera electo diputado
provincial cuando Ragone accedió a la gobernación:
Señala que muchos dirigentes fueron perseguidos y encarcelados. Que el
pueblo manifestó su disconformidad con la llamada “Revolución Libertadora”
y ante ello se ven obligados a convocar a elecciones, pero en forma previa
ordenan el remate de los bienes que habían secuestrado a los opositores,
entre ellos el diario El Tribuno que había sido fundado como un periódico que
apoyaba al peronismo. Si bien la subasta fracasó por falta de postores, hubo
una oferta de los Sres. Biella y Decavi quienes ofertaron – según cree– la
suma de $ 600.000 en documentos y se posesionaron de la empresa. Con
posterioridad surge como hombre de confianza de Biella, Roberto Romero,
quién manejaba el periódico. Al cabo de un tiempo, el gobierno de Frondizi
promocionó una serie de créditos para la construcción de hoteles y
aprovechando tal circunstancia construyeron el actual edificio del diario en el
Hotel Victoria Plaza. Para esa época, Biella y Decavi habían perdido la
mayoría de las acciones de las empresas ante una serie de acreedores. Que
se sucedieron los distintos gobiernos militares y en el año 1972 se volvió a
conformar el partido peronista. Que el diario El Tribuno no criticaba en lo más
mínimo al gobierno militar, esto el deponente lo atribuye a que Romero había
formado parte del gobierno de Frondizi. Que para esa época el pueblo
buscaba desesperadamente un cambio y ante el fracaso de los gobiernos
militares se ven obligados a convocar a elecciones nacionales. A pesar de
que se trataba de una etapa convulsionada políticamente, Romero en ningún
momento publicó nada en relación a la represión que sufrían la gente del
partido. Que estas personas que se llamaban peronistas eran simples
oportunistas que se aprovechaban de las circunstancias....
Que las elecciones nacionales las ganó Cámpora y en la provincia el
gobernador electo fue Ragone, por amplia mayoría. Que ya en el poder
comenzó su campaña de lucha para restituir sus derechos al pueblo. Al
comenzar las sesiones de la Cámara de Diputados pudo percibir que había
numerosas personas que se encontraban embarcadas en llevar al partido
peronista a una lucha interna, favoreciendo a organizaciones de derecha que
respondían a la tendencia verticalista de Lopez Rega tal como la “Triple A”.
Que Roberto Romero había solicitado a Ragone la administración y el manejo
de distintas entidades como el Banco Provincia, Ministerio de Economía y la
Dirección de Arquitectura y Vivienda de la Provincia, siendo rechazada su
propuesta. A partir de allí surgió una honda división e inquina por parte de
Romero en contra de Ragone quién era un gobernante honesto y probo. El
bloque político se dividió en dos, entre los que apoyaban a Romero y los que
apoyaban a Ragone. Recuerda que se realizó una reunión en el bar de los
Tribunales, en la que el deponente le exigió a los otros diputados que debía
ponerse un freno a las ambiciones de poder de Romero y lograr la restitución
del diario El Tribuno al patrimonio provincial, pero su propuesta no tuvo apoyo
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por parte de otros legisladores. Con posterioridad en el año 1974 tuvo una
entrevista con Ragone y él le solicitó que propulsara un proyecto -junto con la
diputada Elisa López- para la restitución de los bienes entre los que se
encontraba el diario El Tribuno, habiendo sido aprobado en primera instancia
por la Cámara y al ir a comisión no prosperó, toda vez que fue repudiado por
distintas entidades, entre ellas la Sociedad Rural, ADEPA de Miami, algunos
grupos militares, etc. La lucha siguió adelante y ante la oposición de Ragone
de otorgarle poder a Romero se hizo patente su oposición al gobierno elegido
por el pueblo. Que el odio de Romero hizo fracasar la propuesta de formar la
Confederación General Económica. A nivel nacional era evidente la influencia
de Lopez Rega en el gobierno de Perón quién parecía que se encontraba
como “embrujado” y aceptaba las propuestas perversas de Lopez Rega. En
ese contexto se produce la toma de la casa de gobierno a raíz del homicidio
de Rucci, en virtud de que se le imputaba a Ragone que era montonero y
militante de izquierda. Que el dicente desea aclarar que el deponente si era
montonero pero “Montonero”, porque era del montón del pueblo. Preguntado
para que diga quienes participaban de la toma de la casa de gobierno.
Contesta que intervenía gente de la CGT oficialista. Dijo que cuando
ingresaron a la casa de gobierno en apoyo de Ragone, hallaron gente de la
CGT de Salta. Refirió que Ragone estaba en el interior de la casa de gobierno
posicionado como un hombre fuerte como era, a pesar de tener la casa de
gobierno tomada, “estaba al pie del cañon”.
Finalmente rescato dos párrafos muy significativos en la exposición de
Aramayo:
En Salta López Rega contaba con la simpatía de miembros del senado
provincial, el gremialismo local y la policía, aunque no puede asegurar- a nivel
local – quiénes eran las personas que exigían a Ragone el cambio de las
carteras de ministros, aunque cree que Trovato, Guil y otros funcionarios
policiales de la Provincia estaban muy vinculados con el gobierno nacional.
Que el deponente tiene su convicción que la gente a que el Dr. Ragone
sancionó oportunamente en la policía, participó en su secuestro, toda vez que
se encontraban imbuídos de resentimiento y se manejaban con metodología
propia de la represión.
La conspiración
Por el crimen de Ragone solamente están detenidos el General Benjamín
Menéndez, quién era Jefe del 3° Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, el
Coronel Carlos Alberto Mulhall y el Teniente Coronel Miguel Gentil.
Todos sindican a la “Triple A” como la organización impulsora del crimen, pero
hubo cómplices políticos de la Provincia y los asesinos eran miembros de una policía
que actuaba con absoluta certeza de su impunidad. Mendoza refiere que el doctor
Jorge Albrecht, quien reside en la calle Del Milagro, a metros de donde ocurriera el
secuestro y probable homicidio, identificó al por entonces jefe de Seguridad de la
Policía, Joaquín Guil, como uno de los participantes del operativo. Este sujeto está
procesado en la causa pero solamente como encubridor.
En agosto de 2006 el Nuevo Diario publica declaraciones del ex subcomisario
Víctor Hugo Vilte:
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El declarante también dijo que el oficial Julio Ugarriza mató al comerciante
Santiago Arredes y que el policía Rosendo “mudo” Silva hirió a Margarita
Martínez de Leal. Al parecer, Vilte, pretendía cobrar una recompensa por
estos datos, pero fuentes vinculadas a la causa informaron que el fiscal
federal Guillermo Snopeck solicitó al Juez Federal Miguel Medina que lo
indague en calidad de imputado.
Vilte hizo estas revelaciones en una declaración realizada, según el acta, el
16 de mayo de 2006, por ante la Jefatura de Gabinete de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación (a cargo de Luis Hipólito Alen) y del doctor Pedro Guillen
(secretario de Derechos Humanos de Salta). El periódico completa la información
con una síntesis del relato de Vilte:
Para cuando ocurrieron estos hechos, el 11 de marzo de 1976, era oficial
ayudante, trabajaba en Orán y fue convocado junto al oficial Gustavo Rivetti
por Ugarriza, quien le dijo que el 11 de marzo harían un “procedimiento”. El
día del secuestro salieron tres móviles de la Central de Policía de Salta: un
Torino manejado por el suboficial Néstor Campero con el que iban Rivetti y
Vilte; un Falcon en el que iban el “Sordo Gudiño”, el “Bigotudo” Pastrana, el
“Loco” Monasterio y Silva; en otro Falcon iban Ugarriza, el “Corcho” Reynoso,
el “Gallego” Perelló, Misael Sánchez y Miguel Angel Nieva. Los que iban en
este último auto chocaron al vehículo de Ragone; Perelló golpeó al médico
con la culata y lo metieron en el Falcon. Silva hirió a Martínez de Leal y
Ugarriza mató a Arredes, que había intentado ayudar al secuestrado. En el
trayecto Ragone fue trasladado a un camión, en ese momento aparecieron
Guil y el “Sapo” Toranzos y allí se escuchó un disparo y luego llevaron el
cuerpo y lo arrojaron al Dique Cabra Corral. En cuanto a su responsabilidad
Vilte dijo que no sabía para qué había sido convocado, que nunca bajó del
auto y que recién se enteró que la víctima era Ragone después de ocurridos
los hechos.
Esta causa fue reabierta por el Juez Federal Abel Cornejo en agosto de 2004,
a partir de la denuncia interpuesta por Víctor Hugo Elías y el ex funcionario de
Ragone, Juan Carlos Villamayor. Cornejo se inhibe en enero de 2005 por enemistad
manifiesta con el ex juez Ricardo Lona. El expediente pasa entonces al juzgado de
Miguel Medina, en donde se frena bruscamente, cabe recordar que Medina fue Juez
de Instrucción en Metán durante la dictadura. Muy amigo y socio del estudio del
abogado con legajo en la Conadep, Alberto Raimundo “El negro Sosa”, que a su vez
fue jefe de legales de la Policía de Salta durante el Gobierno de Isabel Martínez, de
allí su estrecha relación con Joaquín Guil. El “Gallego” Perelló está nombrado en la
Secretaría de Seguridad durante el gobierno de Juan Carlos Romero. Todos buenos
muchachos.
Graciela Kuhne y Thelma Edwards
Graciela Kuhne y Thelma Edwards desaparecieron el 4 de septiembre de
l986. Vivían en un departamento ubicado en el séptimo piso de la Avenida Reyes
Católicos l522. El Renault 12 de la segunda se lo encontró abandonado a la tarde de
ese día.
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Graciela trabajaba en el INTA y manejaba cantidades importantes de
efectores químicos, básicamente éter, que se utiliza para la elaboración de la pasta
base de cocaína. En realidad y ante la carencia de industria química en Bolivia,
muchas veces se detectaron contrabandos de acetona, ácido sulfúrico, éter etílico
hacia el país vecino, canjeándose a veces estas substancias por estupefacientes. A
su vez Thelma, era profesora de inglés y había prestado servicios de traductora
para Roberto Romero.
Cinco años después, el 21 de septiembre de 1991, el diario Página 12
publicaba una nota con el título “Un trabajito por encargo”. La misma daba cuenta de
las declaraciones de un ex agente de la SIDE, Juan Carlos Juncos, ante el Juzgado
Federal de Resistencia, mientras se encontraba preso en la cárcel de la Capital
Chaqueña. La versión del declarante -cuya existencia fue reconocida a este diario
por el Juez Giménez- sostiene que fueron Luque y el propio Romero quienes le
pidieron que secuestrase a las dos mujeres y que para ello pagaron 30.000 dólares.
Según el mismo testimonio, en el operativo habrían actuado otros dos agentes de
inteligencia, Horacio Andrés Bertolo y César Balbuena. Recuerdo al lector que Angel
Luque fue aquel ex diputado nacional que dijo que podía hacer desaparecer un
cadáver en 24 horas y su hijo fue a la cárcel por el crimen de María Soledad
Morales. También esta situación tiene relación con aquel dato que diera a conocer
López Echagüe respecto a lo que él denominó como “La Liga del Interior”.
Siguiendo con el relato del ex agente, las mujeres fueron llevadas
encapuchadas en el Renault 12 de Edwards, y a las pocas cuadras fueron
trasbordadas a un Renault 18 en el que se movían los secuestradores. El único
rastro que encontró la policía después de la desaparición fue el R-12 con manchas
de sangre. El testimonio de Juncos concluye relatando que una vez que llegó a
Catamarca, entregó las víctimas a Luque y al ex entonces jefe de la policía de esa
provincia, Miguel Angel Ferreyra. Las mujeres fueron llevadas a la villa El Rodeo,
donde, asegura Juncos, “su rastro desapareció”.
Según Página/12, el hermano de Graciela Kuhne, que investigó largamente el
crimen, estuvo en Catamarca y en Salta y habría llegado a la conclusión de que su
hermana habría firmado pedidos de compra por excesiva cantidad de éter, muy
superior a la que utilizaba habitualmente para analizar pesticidas. Afirma el Diario
Página 12 que se trataba de Eduardo Kuhne. Yo había investigado
periodísticamente el tema y en l987 me entrevisté con este hombre en su lugar de
residencia, Venado Tuerto, y allí se identificó como Osvaldo Kuhne. Conocí a una
persona apesumbrada, casi torturada, porque no le habían permitido esclarecer
puntos que hasta ese entonces permanecían inconexos.
En 1986 el Gobernador de Salta era Roberto Romero, y había puesto a cargo
de la jefatura de la policía de la provincia a un abogado-empresario, Edmundo Pieve,
quien luego, y ya en el gobierno de Juan Carlos Romero, ocuparía el sillón del
Ministerio de Gobierno. La periodista salteña Marta César investigó a Pieve quien se
benefició con distintos negocios desde el estado, mientras ocupaba un lugar de
privilegio. Osvaldo Kuhne acusó a Pieve, cuando era jefe de policía, de haberle
cerrado todos los caminos en la investigación que llevaba adelante por el crimen de
su hermana.
La causa en el Chaco, por las declaraciones del ex agente de la SIDE, estaba
a cargo del Juez Giménez, y en Salta investigaba el Juez Álvaro Corredera, quien
tiempo después moriría en un accidente de tránsito en la ruta cuando venía de
Catamarca hacia su provincia de origen. El 12 de enero de l988, 16 meses después
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de la desaparición de las mujeres, el recordado periodista Enrique Sdrech entrevistó
a la familia de Graciela Ingrid Khune para el Diario Clarín, llegando a la siguiente
conclusión: “Es evidente que los autores de esta monstruosidad contaron con un
gran poder, y asismismo con grandes vinculaciones”.
Luis “el Gordo” Plaza
Era un personaje singular del periodismo salteño, inquieto e interesado,
particularmente, en producciones televisivas. Se desempeñaba en el único Canal
que operaba en la provincia en aquellos años. Había montado en la zona de
Limache un estudio con buenas instalaciones: cámaras, switcher y tecnología de
última generación. Era famoso también por sus furcios y dislates. En una
oportunidad estaba grabando para su programa la carrera de Fórmula 1 que estaba
a punto de iniciarse en Mónaco, y en vez de decir, en tanto mostraba a los
espectadores, “se encuentran aquí los miembros del jet-set internacional”, dijo “están
aquí los best seller...”, lo que después de todo no estaba tan lejos de la realidad.
El caso es, que una mañana muchos salteños se desayunaron con la noticia
de la muerte del “Gordo”. Corrían versiones que lo hacían caer del escenario de su
“Estudio A”, fracturándose la columna vertebral, pero lo cierto es que el dato más
firme decía que lo molieron a golpes llegando al hospital con el hígado destrozado.
A Plaza lo ubican en dos lugares peligrosos: el primero, momentos antes del
decolage del avión que había partido del Paraguay y había realizado un aterrizaje
clandestino en Anta, permaneciendo cuatro horas en el aeropuerto provincial; y el
segundo, fue uno de los primeros en llegar a la escena, cuando la misma aeronave
que se dirigía a Antofagasta (Chile), se estrella al oeste de San Antonio de los
Cobres al no poder superar la cordillera por el sobrepeso de 220 kilos de cocaína.
Tiempo después un hermano de Plaza de nombre Eduardo, adquirió una
importante finca en el paraje de Hickman, muy cercano a la frontera. Tiene pista de
aterrizaje y helipuerto. Romero suele recalar allí y es recibido como un visitante
ilustre.
Roberto Romero
Según la crónica de esos días, el ex gobernador de Salta Roberto Romero,
padre del entonces senador Juan Carlos Romero, murió atropellado por un automóvil
en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Ocurrió el 15 de febrero de l992 y el
estupor fue la primera sensación de una gran parte del pueblo salteño: Es como si
Romero que ya tenía 65 años no pudiera morir. Inmediatamente después
comenzaron las especulaciones respecto a un posible crimen. No faltó quien opinara
que, en realidad, fue un “accidente” simulado, para sacar al dirigente de la línea de
fuego.
“Don Roberto” había perdido las elecciones en octubre de l991, cuatro meses
antes de su muerte, frente al capitán de navío Roberto Augusto Ulloa, y la pérdida
del poder se veía como una situación muy complicada para el empresario. El diario
Clarín consignaba en un párrafo: “Dueño de una de las mayores fortunas del
noroeste argentino, Romero había protagonizado un polémico retorno al justicialismo
salteño en 1983, en la etapa previa a la reinstitucionalización democrática...”.
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El publicista Mario Peña, que hace las veces de periodista, viajó a Río para
“investigar” el accidente. Por aquellos días todavía gozaba de cierta credibilidad y las
malas lenguas afirman que, en realidad, fue enviado por la familia Romero, para
confirmar a su regreso, que efectivamente Don Roberto había fallecido atropellado
por un vehículo en la playa de Tijuca. Este trabajo del publicista, lo único que logró
es incentivar la sospecha.
El ex gobernador había hecho todo lo posible para imponerse en las
elecciones de 1991, pero la mayoría de los intendentes del PJ le jugaron en contra,
impulsados por el entonces gobernador Hernán Cornejo. En un operativo
desesperado contrató al periodista Bernardo Neustadt para que oficiara de
moderador en un programa de Canal 11 de Salta entre los candidatos a gobernador,
que eran varios. Especulaba que el marino, invitado a participar junto a la estrella
periodística de aquellos años, no se iba a resistir, pero Ulloa, que daba por seguro
que era el ganador, no concurrió a la cita.
Conozco los pormenores del caso, porque el gerente de la emisora televisiva,
Fernando Lecuona de Prat, me había encargado recibir a Neustadt en las
instalaciones. Todo resultó como en una comedia de enredos: el periodista porteño
había sido recibido en el aeropuerto por el dirigente romerista Daniel Isa y otro sujeto
de apellido Molina, enviados por Don Roberto. En vez de llevarlo directamente al
Canal, lo trasladaron a la finca San Alejo de los Romero, lo que le hizo presumir a
Neustadt que lo estaban secuestrando. Con dos horas de demora, llegó a la emisora
y después de un corto saludo me pidió un teléfono para hablar en privado. El único
lugar que yo tenía a mano era la oficina de una ejecutiva, Emilce Cebrián, que en
realidad tenía tabiques muy finos. Fue así que, sin proponérmelo, pude oir la dura
reprimenda que le daba a su productora Clara Mariño, responsabilizándola por el
susto que había pasado.
Neustadt había consentido en que yo le hiciera una nota para mi programa, y
quizá, llevado por su estado de ánimo, tuvo algunas respuestas desafortunadas. Se
molestó cuando le dije que posiblemente era el único periodista con acceso directo a
Menem mediante su Movicom. Pero lo que más lo violentó, fue cuando le dije que él
había sido el principal impulsor de las privatizaciones y que en aquel momento,
cientos de trabajadores eran despedidos de Altos Hornos Zapla. Me contestó que
esos obreros iban a ser indemnizados y que, si estaba tan preocupado por esos
despidos, los pagara yo, que él estaba harto de pagar con sus impuestos a
empresas ineficientes del estado.
Todos sabemos cómo terminó esta novela.
Esta anécdota muestra que gente que venía a Salta, aunque fuera famosa,
tenía algunos temores y, además, que los Romero podían eventualmente contratar
lo más caro que hubiera en plaza para lograr sus objetivos.
El velorio de Roberto Romero se hizo en las instalaciones del diario El
Tribuno. Más de mil personas acudieron a despedir al ex gobernador. Yo estuve allí.
Contadora Blanca Tapia Gómez
Esta mujer era una profesional que trabajaba como personal de carrera en el
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Salta. Si bien yo no era amigo de ella, la
conocía y solía comentarme sobre irregularidades detectadas por ese organismo en
donde se desempeñaban como miembros algunos referentes de la oposición.
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Era asidua concurrente a los dos casinos que, en aquel entonces,
funcionaban en la provincia y, como soy amigo del ex propietario de uno de ellos
(Casino de las Nubes), a veces concidíamos en el lugar.
Me revelaba, sin aportar documentación, datos que eran parte del trabajo que
desempeñaba. El organismo funcionaba bien sobre todo cuando investigaba los
numerosos ilícitos que se detectaban en los municipios del interior de la provincia.
Por aquel entonces, no sin sorpresa, me preguntaba si esta señora hablaría de esos
temas con cualquiera o lo hacía conmigo porque sabía que yo era periodista.
En la madrugada del 13 de abril de 1997 la mataron a quemarropa de un tiro
en la espalda. La información provista por el diario El Tribuno revela que:
Por la fuente policial, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada de
ayer cuando Blanca Tapia Gómez, de profesión contadora pública nacional,
luego de estacionar su automóvil Renault 19 en una playa del complejo
habitacional, se aprestaba a ingresar al departamento “4” ubicado en la planta
baja del bloque “D”, del barrio Libertador -San Martín y Olavarría-.
En ese instante, y sin que la profesional pudiera percatarse, una persona
salió sopresivamente de la oscuridad y sin darle tiempo a nada,
amenazándola de muerte, le puso en la espalda un arma de fuego al tiempo
que le exigía la entrega de su cartera. Como presuntamente la víctima se
negó, el criminal disparó el arma y el proyectil le interesó el corazón cayendo
exánime en el piso.
El suceso fue denunciado por un vecino, quién alertó a la policía sobre la
escucha de un disparo y que ‘ había una mujer tendida en el suelo’. De
inmediato un patrullero llegó hasta el lugar encontrando el cuerpo de una
mujer con una herida en la espalda producida por un arma de fuego.
“Acechaba a su víctima”
Según los investigadores, el asesino estuvo merodeando por la zona a la
espera de que la mujer retornara a su vivienda. Pasada las cinco de la
mañana de ayer, Tapia Gómez arribó al lugar, estacionó su vehículo y cuando
estaba a punto de abrir la puerta de acceso a su vivienda, fue sorprendida por
el homicida que salió de la oscuridad armado con un revólver, cuyo calibre
aún no pudo ser precisado.
Siempre por la investigación, el criminal a continuación amenazó a su víctima
con la intención de asaltarla, tras lo cual le puso el arma en la espalda, y en
cuestión de segundos la asesinó friamente de un solo disparo. Según el
informe del médico forense, el tiro le perforó el corazón produciéndole la
muerte en forma casi instantánea.
Conmoción en el vecindario
“Sentimos el disparo y al asomarnos a la ventana para ver qué era lo que
sucedía, vimos a un hombre caminar en dirección a la calle San Juan”, dijeron
algunos de los vecinos de la víctima. “No sabíamos que había pasado,
pensábamos que era una pelea entre patotas. Luego cuando salimos nos
dimos cuenta de que habían matado a una mujer”, agregaron. Una vecina
identificó a la víctima como Blanca Tapia Gómez, separada, de 43 años,
contadora pública nacional, quien vivía junto a su hijo Nicolás de ocho años,
más sus ancianos padres. Frente al domicilio, el Renault 19 –con el motor
aún caliente al llegar la patrulla policial-, el que curiosamente no fue
saqueado por el homicida, era el mudo testigo del trágico hecho.
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De acuerdo a la versión de vecinos que habían salido a ver lo que había
sucedido, luego de escuchar el disparo, la mujer gritó pidiendo auxilio antes
de ser ultimada. “Papá, papá”, habría dicho antes de escucharse el disparo
fatal.
A dos cuadras del lugar en que fue asesinada la profesional Blanca Tapia
Gómez, cuya familia es oriunda de la localidad de Aguaray, la policía
encontró un pequeño monedero de color rojo. Aparentemente, dicha prenda
pertenecería a la víctima y habría sido arrojada por el asesino, luego de
comprobar que no había dinero en su interior.
Como resultante de los primeros pasos de la investigación, la policía pudo
establecer que Tapia Gómez era habitué a un casino ubicado en el radio
céntrico, y que precisamente en la noche que fue asesinada regresaba de
ese local de juego donde estuvo acompañada por dos amigas, cuyas
identidades aún se mantienen en reserva.
Por esta vía también se supo que la víctima había desistido de seguir jugando
debido a que perdió todo el dinero que poseía en ese instante. En
contrapartida, sus compañeras de juego habían tenido una buena fortuna.
Ahora bien, a partir de esta información se cree que el asesino, actuando en
complicidad con otras personas que se encontraban también en el local,
habría visto a Tapia Gómez festejar junto a sus dos amigas cuando una de
ellas había logrado ganar un premio de 3.000 pesos en una de las mesas de
juego. Y observó además que la víctima –por pedido expreso de la ganadora,
fue a cobrar las fichas en una de las cajas del casino.
Este detalle, para la policía es fundamental ya que evidenciaría que el
asesino no actuó solo, sino en complicidad con otras personas, y que la
noche del crimen siguió a la mujer hasta su vivienda- creyendo que tenía el
dinero-, y allí la ultimó luego de comprobar que en realidad no tenía un solo
peso y además habría sido identificado.
“Rastrillaje”
Luego de que un vecino aportara detalles sobre el asesino de la contadora
Blanca Tapia Gómez, personal de la Brigada de Investigaciones inició un
intenso rastrillaje de la zona Oeste de la ciudad, donde ayer a la madrugada
la mujer fue asesinada.
Como primera medida los móviles policiales patrullaron la zona delimitada
entre las calles Olavarría, San Luis y la Rioja, extendiéndose luego al barrio
Santa Lucía. Posteriormente la búsqueda, de la que participó un equipo
periodístico de El Tribuno, se trasladó hasta la avenida Usandivaras y calle La
Rioja. En ambos casos los procedimientos no arrojaron resultados positivos.
De todas formas, se tienen algunos datos del homicida aportados por algunos
testigos, que vieron a una persona alejarse del lugar del crimen con destino a
la calle San Juan. Dicha persona, de mediana estatura, vestía campera
combinada con colores bordó y negro, pantalón negro, calzaba botas y tenía
el pelo corto.
La investigación del hecho se encuentra a cargo del juez Abel Fleming.
15 de abril
Al día siguiente El Tribuno tituló: “Sospechan que el asesino no habría
actuado solo”.
53
La policía continúa intensificando la búsqueda del asesino de la contadora
Blanca Tapia Gómez, ultimada de un balazo en el corazón el domingo a la
madrugada en el acceso a su vivienda en el barrio Libertador, en la zona
Oeste de la Ciudad. A partir de los datos aportados en los barrios Santa
Victoria, Los Sauces, Villa Primavera, Santa Lucía, Solís Pizarro y otros.
La investigación policial está centrada en la hipótesis que la contadora Tapia
Gómez –empleada del Tribunal de Cuentas de la Provincia- fue asaltada “por
error”. Esa noche la mujer se encontraba en el Casino Central ubicado en la
calle Mitre, entre General Güemes y Santiago del Estero, junto a dos amigas.
Los investigadores estiman que la profesional habría sido vista por el
homicida cuando cobraba una suma de tres mil pesos que había ganado una
de sus acompañantes.
Luego de abandonar la sala de juego, la contadora trasladó en su vehículo a
las dos amigas hasta sus respectivos domicilios y recién se dirigió al suyo.
Eran las 5.30 de la mañana.
La policía aún no pudo precisar si el matador actuó solo o con la ayuda de
otros sujetos. Es posible que el sujeto tenía conocimiento que la contadora
era una habitué del casino y conocía su domicilio. La acción del asaltante se
vio facilitada por la oscuridad reinante en el acceso al edificio, donde la
contadora Tapia Gómez vivía junto a sus ancianos padres y un hijo de ocho
años de edad.
“Hipótesis”
Otras de las hipótesis que se manejan es que el asesino pudo haber sido un
conocido de la profesional y por eso la encañonó por la espalda, para evitar
que la víctima le viera el rostro. Se cree que en una reacción natural la
contadora habría intentado darse vuelta, cuando el sujeto le exigió que le
entregara la cartera, y en esas circunstancias recibió el balazo que le interesó
el corazón, produciéndole la muerte en el acto.
También es probable que se haya producido un forcejeo y que el homicida
arrojó al piso a la víctima, y cuando ésta llamó a sus padres decidió
ejecutarla.
A los vecinos de la calle San Juan al 2300 les llamó la atención la tranquilidad
con que el asesino se alejó del lugar luego de disparar contra la contadora
Tapia Gómez. “Nosotros escuchamos el disparo y vimos a una persona salir a
paso lento en dirección a la calle Olavarría, como si nada hubiera pasado”,
expresó un vecino consultado esa madrugada por El Tribuno.
¿Una Banda?
Los policías presumen que en esta última calle lo aguardaba un vehículo con
alguna persona que hacía de “campana”. En virtud de ello los investigadores
no descartan la posibilidad que la muerte de la profesional sea obra de una
banda delictiva que se dedica a asaltar a clientes del casino.
Meses atrás otra mujer fue víctima de un asalto, minutos después de haber
salido del casino con una suma importante de dinero. Esa oportunidad la
víctima no opuso resistencia y ante la decidida actitud de los delincuentes les
entregó la cartera.
En la jornada de ayer la policía centró la investigación en el Casino Central,
donde la contadora Tapia Gómez estuvo jugando la noche en que fue
asesinada.
54
16 de abril
La información continuó por los mismos carriles con un título que a la postre
resultaría erróneo: “Tendrían identificado al presunto homicida”:
El asesinato de la contadora Blanca Tapia Gómez podría quedar esclarecido
en los próximos días si la policía logra reunir elementos de prueba de las
pesquisas que está realizando. Trascendió que la fuerza de seguridad ya
tendría identificada a una persona sospechosa del asesinato de la
profesional, ocurrido en la madrugada del domingo en el acceso a su
domicilio en la calle San Juan al 2300.
Pero en la nota no se aportaba nada nuevo. La única novedad era una
entrevista al titular del Casino Central, José Jiménez, que no dijo nada significativo.
Claro que el crimen había despertado cierta intriga y el diario, en esos días, se
vendía mejor.
En los 14 días que siguieron al crimen El Tribuno se llamó a silencio. La
sección “Policiales” atrapaba la atención de los lectores, por un lado, con la
investigación del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas ocurrida en enero de ese
año, tema al que en principio el diario no le dio importancia y, por otro, con los
pormenores de la detención del autor material del crimen del Doctor Miguel de
Escalada, Armando Urueña. Homicidio que analizaré posteriormente.
30 de abril
Sorprendentemente y después de todo lo publicado, el diario de Romero
tituló: “Sospechan que el móvil del homicidio no sería el robo”.
Ahora el matutino informaba que “continúa la búsqueda del matador” y que
“(...) en los últimos días trascendió que la mujer pudo haber sido víctima de un
`crimen por encargo´”, para ampliar a continuación:
En la madrugada del 13 del corriente Blanca Tapia Gómez llegaba a su
vivienda del barrio El Libertador cuando fue sorprendida por un individuo que
la encañonó con un revólver por la espalda y, sin mediar palabra, le
descerrajó un disparo que le perforó el corazón, provocándole la muerte en el
acto. Alertados por el estampido, los vecinos alcanzaron a ver a un sujeto que
huyó por la calle San Juan en dirección a Olavarría.
Minutos después observaron que el cadáver de la contadora se encontraba
tendido en el piso frente a la puerta del edificio, donde la profesional vivía
junto a su hijo de ocho años de edad. Pese a que la policía llegó al escenario
del crimen en cuestión de minutos, no pudo atrapar al homicida.
La hipótesis del robo tomó fuerza al conocerse que la noche de su muerte la
contadora había sido vista cobrando un premio de tres mil pesos en el Casino
Central, ubicado en calle Mitre al 400. Sin embargo, dos amigas que
acompañaban a la profesional aclararon que la mujer no tenía dinero al salir
de la sala de juego, ya que la suma que cobró había sido ganada por una de
ellas.
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“Nuevos Detalles”
Al efectuar un estudio más minucioso de los detalles que rodearon el crimen
de la contadora, los investigadores sostienen ahora que es posible que el
móvil del crimen haya sido otro. Asimismo, se pudo saber que el homicida no
le robó a la contadora las joyas que llevaba puesta, las que tenían un valor
superior a los 10 mil dólares.
Estos detalles dieron lugar a que la policía inicie una investigación sobre la
tarea profesional que desarrollaba la contadora los días previos a su muerte,
en busca de algún indicio que los lleve a esclarecer este crimen.
Desenlace
Si rebobinamos, veremos que los días 14, 15 y 16 el diario oficial insiste en la
hipótesis del crimen para robar. El asesino no se lleva el auto de la víctima y recién
dieciocho días después informa que la mujer llevaba, en ese momento, joyas por
valor de más de 10 mil dólares. Dieciocho días después del crimen se puede decir
“Al efectuar un estudio más minucioso...” ¿No había acaso un equipo periodístico
investigando? ¿La policía o los padres de la víctima no les informaron de ese
pequeño detalle?. Toda la secuencia informativa recuerda a la del crimen del canillita
Barrionuevo.
Por supuesto, el homicidio nunca fue esclarecido. Poco tiempo después, Juan
Romero desactivó el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que le resultaba muy
incómodo, y lo reemplazó por la inocua Auditoría General de la Provincia, presidida
por un romerista y secundada por integrantes que dicen ser de la oposición política.
Este nuevo organismo no tiene posibilidad sancionatoria y remite sus
“investigaciones” al Ministro de Gobierno, casi una reunión de amigos.
Monseñor Gerardo Eusebio Sueldo
Fue director de la Junta Catequística Regional de las diez jurisdicciones
eclesiásticas del NOA, miembro de la junta Catequística Central en representación
de la región por varios períodos, profesor de Liturgia en el Seminario Mayor de
Córdoba y en el Centro de Estudios Superiores Eclesiásticos para religiosos dirigido
por los padres claretianos en Córdoba.
El 30 de abril de 1982 fue designado Obispo de San Ramón de la Nueva Orán
en Salta. Desde ese lugar se convirtió en un crítico permanente de la gestión de
Roberto Romero, fustigando a la administración por su insensibilidad frente a los
problemas sociales.
El 15 de mayo de 1993 fue trasladado a Santiago del Estero como Obispo
Coadjutor y tomó posesión de su oficio en esta sede el 31 de octubre de l993. Fiel y
comprometido con su pueblo, advirtió que el gobierno de esa provincia a cargo de
Carlos Juárez era una réplica de lo que ocurría en Salta y también allí fue la voz de
los humildes. Fue uno de los referentes más odiado por los Juárez y objeto de
espionaje permanente por parte de Musa Azar.
56
El 4 de septiembre de 1998 el Obispo muere en un supuesto accidente
automovilístico a las 5:30 en la localidad santiagueña de San Marcos, a 3 kilómetros
del aeropuerto de la capital provincial. Un caballo se atravesó en la Ruta Nacional N°
9, provocando el vuelco del vehículo. Acompañaban a Sueldo los padres Ramírez y
Trejo, quienes fueron internados en el sanatorio San Francisco.
La Secretaría del Obispado de Santiago del Estero a cargo de Marta
Fourcade afirmó que el gobernador justicialista Carlos Juárez, no asistió a la
Catedral, ni se comunicó con miembros del Obispado.
Nadie en Santiago del Estero cree que esto fue un accidente. Circularon
rumores acerca de una camioneta oscura que se encontraba sobre la banquina 1
kilómetro antes del lugar del vuelco. La sospecha es que el “accidente” fue
provocado.
Casualmente Monseñor Gerardo Sueldo regresaba desde Salta donde había
asistido a la asunción de Monseñor Mario Antonio Cargnello como Arzobispo
Coadjutor.
“En el nombre de la rosa”
En junio de 1999, el semanario Cuarto Poder titula así el siguiente informe:
El desfalco denunciado esta semana que habrían realizado tres empleados
de la Unidad Central Administrativa, cobrando 38 cheques mellizos por un
monto de $70.000, comenzó a descubrirse en realidad a principio de año.
Según información oficial, la maniobra fue descubierta al asumir la nueva
titular de esa dependencia del Gobierno provincial, reemplazando a la
contadora Carmen Rosa Barrios, quien falleció en enero de este año,
supuestamente en un accidente automovilístico en la ruta a Cafayate.
De acuerdo a la información suministrada por la Secretaria General de la
Gobernación, Sonia Escudero, la responsabilidad jerárquica, ya sea por
negligencia o complicidad, culminaría justamente en la funcionaria fallecida.
Los cheques duplicados correspondían a pagos realizados por la difusión de
la publicidad oficial en diferentes radios del medio y su emisión, cobro e
imputación, se realizaba a través de una cadena de complicidades entre los
empleados infieles.
Esta semana se confirmó que hay dos personas detenidas, mientras que el
tercero restante se encontraría prófugo.
Eduardo Trapalla, ex representante de los excedentes provinciales, manifestó
que justamente uno de los implicados, sería un ex empleado contratado a
través de un Plan Trabajar, quien se habría declarado inocente de la
maniobra en la que fue involucrado.
La investigación, al margen del sumario administrativo correspondiente, se
encuentra en manos de la justicia y hasta ahora, según trascendió, los
implicados se habrían defendido manifestando que operaban cumpliendo
órdenes de otras personas a quienes aún no habrían identificado.
La madeja comenzó a desenredarse, según confió Escudero a este
semanario, al asumir la nueva titular de la Unidad Central Administrativa. “La
contadora -relató- recibió para firmar un cheque por el pago de la publicación
de una esquela en El Tribuno por $1500, cuando generalmente por ese rubro
se pagan $70. A partir de allí inició una investigación en los balances
administrativos donde se comprobó la doble imputación de los 38 cheques”.
57
“-¿ La contadora Barrios también podría haber sospechado?
-Bueno, eso es lo que estamos tratando de deducir, porque lamentablemente
ya falleció”.
La imputación de los gastos de publicidad son autorizados inicialmente por la
Secretaría General de la Gobernación y luego siguen un recorrido por
distintos estamentos que culminan en la emisión del cheque correspondiente
en la Unidad Central Administrativa.
Según la información oficial, quienes realizaron la maniobra imputaban un
doble pago al mismo medio. Uno de los cheques llevaba el agregado y/o en el
casillero de la persona o empresa beneficiaria, lo cual facilitaba agregar el
nombre de quien podría cobrar el monto en el Banco de Salta.
La maniobra se habría realizado durante 8 meses y según manifestó
Escudero, se habría podido llevar adelante a raíz de la falta de
informatización del área administrativa y la precariedad de los asientos
contables.
Restom Abraham
Fue Presidente de la Corte de Justicia de Salta al comienzo de la democracia
durante el gobierno de Roberto Romero y no fue la excepción en cuanto a la
dependencia manifiesta con respecto al poder político. Se comentaba que acudía
semanalmente a la casona del gobernador en la calle Deán Funes y entraba por la
puerta de servicio. Su nombre es citado reiteradamente en unas grabaciones que
escandalizaron a los salteños, y en donde Cantarero protagonizó uno de los ataques
más brutales al sistema republicano, presionando a distintos senadores para que
nombraran a un Juez que le facilitara las cosas al grupo Romero. Restom era un
obstáculo para el poder y más de una vez afirmó que, en el caso de “las famosas
cintas”, a la que haremos referencia en un capítulo posterior, él había terminado
siendo el chivo expiatorio.
El sábado 3 de diciembre de 1999 a las 21:45 se recibió una llamada de una
mujer en el centro de operaciones policiales informando que había ocurrido un
hecho delictivo. Los agentes se desplazaron a un edificio ubicado en la Avenida
Belgrano 940 y, en el tercer piso departamento “C”, encuentraron el cuerpo sin vida
de un hombre, que luego es identificado como el Dr. Restom Abraham de 69 años.
Se constata que la cerradura de la vivienda no fue violentada y el abogado estaba
amordazado y maniatado de pies y manos con cinta de embalar, que le provocó
asfixia por sofocación y derivó en un paro cardiorespiratorio.
Los peritos afirman que la víctima fue golpeada antes de ser amordazada, ya
que mostraba una contusión en el pómulo derecho. Asimismo, el comisario inspector
Florencio Mejías, a cargo de la investigación, destacó que no hay razones de peso
para decir que el móvil del hecho fue un robo: “por cuanto no hay certeza de que
haya sido despojado de dinero”.
Posteriormente la versión judicial –en un primer momento la instrucción
estuvo a cargo del Juez Abel Fleming y luego lo sucedió el Juez Pablo Farah-, indica
que sí podría tratarse de un robo e imputa a Jorge Marcelo Almaraz como el
presunto homicida y partícipe necesaria a una joven mujer, Claudia Cecilia Palomo,
pareja de Almaraz, con quien tenía un hijo. Se sabía que Abraham, que estaba
separado y vivía solo, disfrutaba de la compañía de chicas muy jóvenes, y Claudia lo
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acompañaba con alguna frecuencia al Casino de las Nubes. Lo último que se supo
de Almaraz es que trabajaba como mozo en algún lugar de Miami.
Claudia, a su regreso de los Estados Unidos, fue detenida el 11 de diciembre
de 2003. En la primera audiencia del Juicio Oral se declaró inocente, y justificó su
retorno a la Provincia para aclarar su situación, pues sabía que estaba imputada en
el delito. Resulta un tanto extraño comprender que la persona detenida es
precisamente aquella que avisó a la policía del crimen que se había cometido, más
aún si tenemos en cuenta que la joven tenía una limitada instrucción y veinte años
de edad.
Mucha gente en Salta conocía que Abraham se había convertido en un
prestamista, y ésta era una de las razones por las que concurría con frecuencia a los
casinos. Pero este dato no pareció ser importante para la investigación
Es llamativo recordar el tratamiento que el Diario El Tribuno le dio al Juicio
Oral y cómo intentó influir en el Tribunal integrado por Alberto Fleming (presidente),
Carlos Pucheta y Angel Longarte de la Cámara III del crimen. El 25 de noviembre de
2005, el diario de Romero, publica la única nota referida al tema no teñida de
parcialidad y cuyo título principal fue “Los asesinos vieron cómo la víctima iba
muriendo”. Se deja constancia allí, de acuerdo a la opinión de los peritos, que el
crimen habría sido perpetrado por profesionales. Los médicos Rodolfo Savio Navarro
y Rogelio Lamas Godas tuvieron expresiones como éstas: “recuerdo que me llamó la
atención que tenía cintas de embalar que le cubrían la cara y le aprisionaban los
miembros. También hallamos la dentadura postiza de la víctima, en el piso, cubierta
por el cadáver”. El cuerpo “no presentaba evidencias de lucha”. Las cintas “estaban
prolijamente dispuestas y ajustadas”. Sobre las lesiones que presentaba, la principal
era en el sector del ojo derecho, además de escoriaciones en la nariz y un
hematoma en la cara interna del labio superior. En el ojo derecho tenía una lesión
traumática, además presentaba una fractura en el pómulo y un golpe en la nuca. La
nota abunda en otros datos pero van perfilando que el crimen no fue cometido por
improvisados. Llamó la atención “el ciclo de envolvimiento de la cara y los
miembros”. “El cuerpo estaba en el piso y tuvieron que levantar la cabeza para
hacerlo y es muy difícil que lo pudiera hacer una sola persona con tanta prolijidad”.
“Cubrieron las fosas nasales y la boca, que fueron obstruidos por las perfectas
vueltas que le dieron con la cinta y él estaba respirando en ese momento”.
Sobre el homicidio Savio Navarro dijo que:
En 12 años de médico legal jamás he visto un asesinato tan ordenado. Los
que hicieron esto estaban muy tranquilos, viendo el proceso de muerte. Lo
vieron morirse y se fueron cuando lo concretaron, ésta no fue una cuestión
ocasional.
Al día siguiente, la información que publica El Tribuno es totalmente
tendenciosa y apunta a marcarle la cancha al Tribunal para que condene a la pareja.
El título principal del día 26 de noviembre fue: “Un comisario acusó a Palomo y a su
amante” y luego un subtítulo ampliaba: “Sin eufemismos, el ex jefe de la brigada de
investigaciones Raúl Rodríguez aseveró que ellos lo mataron”. La nota se extiende
con supuestas precisiones del jefe policial de difícil confirmación, pero no menciona
en ningún momento que el comisario Rodríguez fuera separado del caso por el Juez
de Instrucción Pablo Farah por dudosos procedimientos, no obstante para el
matutino romeriano fue un “testimonio lapidario”.
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El día 28 de noviembre titularon: “La única acusada está seriamente
comprometida”: “después de una semana de audiencias, el caso entra hoy en su
etapa final. La sentencia se podría conocer mañana. Hoy, el tribunal escuchará a los
últimos testigos, mientras que mañana será el turno de los alegatos y la sentencia”.
Nada de esto era cierto, porque los alegatos y la sentencia se produjeron recién el 7
de diciembre. Pero por alguna desconocida razón, o quizá no tanto, el diario del
gobernador seguía presionando descaradamente a los jueces.
El día 29 de noviembre el título afirmaba “Palomo volvió a declarar e insistió
en que es inocente” para completar: “A pedido de la fiscal ayer la acusada aclaró
algunas dudas y afirmó que no oculta nada ni encubre a nadie”, “El testimonio de
dos investigadores, en tanto, volvió a dejar a la joven imputada en el ojo de la
tormenta”.
El día 30 de noviembre el periódico se toma un respiro en los encabezados
pero informa que el abogado de la familia Abraham, René Gomez, anticipó que en
los alegatos del juicio pedirá que Cecilia Palomo sea condenada como responsable
del asesinato.
El 2 de diciembre el diario afirma:
“Presentarán un lapidario testimonio contra Palomo”. El Tribunal escuchará
hoy a Mario Paz, quien en 1999 era jefe de la Brigada y demostrará que la
acusada miente. El policía no dijo nada nuevo y defraudó a los muchachos de
El Tribuno, porque ante la pregunta del Juez Longarte de cuál era su
conclusión, Paz respondió-que no podía llegar a ninguna.
El 7 de diciembre el título rezaba: “Día D para Palomo, la joven imputada de
asesinar al ex Juez” y como subtítulo: “La mujer, de 27 años y novia del ex
presidente de la Corte de Justicia provincial, enfrenta un complicado pronóstico”,
para afirmar después sin ningún pudor “Hoy la fiscal Herrera de Gudiño pedirá para
la acusada una dura condena, convencida de que sí participó del homicidio”.
El 8 de diciembre el matutino oficial no tuvo más remedio que titular:
“Absolvieron a Cecilia Palomo por el crimen del ex juez Restom Abraham La fiscal
Graciela Herrera de Gudiño solicitó la absolución de Palomo por el beneficio de la
duda”.
Al día siguiente el medio oficial le bajaba el pulgar a los tres comisarios que
en notas anteriores ensalzaba. El poder de Juan Carlos Romero había sufrido un
serio desgaste en las elecciones del 23 de octubre de 2005, y ésta es la razón por la
cual el diario no se atrevió a descalificar al Tribunal y a la Fiscal.
Mientras el matutino de Romero producía esta secuencia plagada de
subjetividades, en FM Noticias afirmábamos días antes y aún a pocos minutos de la
sentencia, que no había una sola prueba concreta en contra de Cecilia Palomo. Pero
lo que hay que preguntarse es qué llevó al poder provincial a ensañarse de esta
manera con la joven acusada. Preocupa también la pretensión, muchas veces
lograda, del mayor valor que en Salta parece tener la opinión publicada por sobre la
opinión pública, como así también la desembozada presión que ejercen sobre las
instituciones para lograr sus propósitos.
Esto me recuerda una nota que hicieran en la desaparecida revista Somos,
referida a Roberto Romero, y en la que el fallecido ex gobernador había dicho con
respecto a su propio diario “Si tengo una ametralladora, no es para guardarla en el
ropero”. Esa manera de pensar y de actuar no ha cambiado con su descendencia.
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Otro crimen que conmocionó a los salteños puede quedar impune, pero por lo
menos no encontraron dos perejiles, como en el caso del asesinato del Padre
Martearena, para que carguen con la culpa.
El cura Ernesto Martearena
El Romerismo supo formar cuadros que no necesariamente pasaban por los
referentes políticos del partido: el padre Martearena era uno de ellos. Había
impulsado una ONG que recibía fondos de la provincia, a veces de la Nación y
también de algunas fundaciones extranjeras. El sacerdote movía una cantidad
importante de dinero, y mucha gente lo veía con cierta regularidad cobrando
cheques en el Banco Macro. También es cierto que realizaba una obra ponderable a
favor de los niños y jóvenes más pobres de la Provincia.
Un estremecimiento sacudió a Salta al anochecer del domingo 8 de octubre
de 2001, cuando corrió la noticia del crimen del cura, ocurrido durante la madrugada
del mismo día.
A la mañana siguiente fuimos a ver con mi colega Chacho Azurmendi a
Monseñor Dante Bernacki, cuya parroquia se encuentra a dos cuadras de la
Emisora. Nos recibió en una sala contigua a la Iglesia, y nos encontramos con un
hombre visiblemente nervioso y asustado. Fue muy poco lo que el prelado nos pudo
informar, pero su estado anímico nos llamó poderosamente la atención. Sabíamos
que la cúpula de la Iglesia Salteña no veía con buenos ojos la actividad políticosocial que desarrollaba el cura, y el contacto permanente que tenía con las
principales figuras del Gobierno de Juan Carlos Romero.
Pocos días antes del suceso había trascendido una fuerte discusión que
Martearena habría tenido en Finca Las Costas, residencia del Gobernador, con el
Secretario Personal de Romero, Angel Torres.
Sorprendentemente, en la homilía del domingo anterior al crimen, el sacerdote
expresó que estaba analizando la posibilidad de dar a conocer a sus feligreses,
información que podría perjudicar al gobierno, e incluso hacerlo caer.
El Gobierno temía que el caso se convirtiera en el certificado de defunción
que significó el crimen de María Soledad Morales para el Gobierno de los Saadi.
Desde el principio los movimientos fueron torpes y apresurados y necesitaban
con urgencia la aparición de culpables, lo fueran o no. El jefe del operativo fue el ex
secretario de seguridad Sergio Nazario, de la máxima confianza de Juan Romero, y
denunciado por haber violado, torturado y robado a víctimas en el centro de
detención El Olimpo. El juez a cargo de la causa fue Aldo Rogelio Saravia, que luego
de la instrucción fue premiado con un ascenso a Procurador General de la Provincia.
Martearena fue encontrado en su cama en el primer piso, con dieciocho
puñaladas y parte del pecho y la mitad de su cara incinerada con algún acelerante.
Nosotros accedimos a un video de la autopsia en donde se ve la mitad del rostro
cadavérico consumido por el fuego. Saravia ordenó la detención de unas doce
personas, y al tercer día del asesinato tenía apuntados a quiénes, según él, eran los
responsables: Javier Alanís y Santos Castillo; el primero de origen jujeño e hijo de un
médico de esa provincia, y el segundo oriundo de Santa Victoria Oeste, un joven
retraído carente de la más mínima instrucción. Ambos habían sido acogidos y
protegidos por el sacerdote en alguno de los ocho hogares que tenía la ONG.
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En Salta no hay policía científica ni nada que se le parezca, pero al momento
de torturar son expertos y después de una sesión hay gente dispuesta a confesar
que mató al ex presidente John Kennedy.
Tuve oportunidad de entrevistar a Javier Alanís en la cárcel de Villa Las
Rosas un mes después del suceso. Me dijo que él y Castillo habían entrado la noche
del crimen con la intención de robar al cura:
Cuando yo lo encontré, estaba tirado en el piso. Lo tapamos con manteles
que había ahí, en la parroquia, para no llegar a ver la imagen ensangrentada
y el charco de sangre que tenía a su alrededor, pero de ahí en mas no lo
tocamos, ni en ningún momento lo movilizamos, ni nada.
Alanís se refiere a un estrecho pasillo de la planta baja donde, según el Juez,
habrían asesinado al sacerdote. Santiago Pedroza, abogado de uno de los
presuntos asesinos, informa que el pasillo tiene un metro y medio y que no hay
sangre en las paredes, pero sí hay sangre de la víctima en el piso. Si se considera el
ancho del pasillo y la cantidad de puñaladas que recibió el sacerdote ¿cómo es
posible no encontrar en las paredes ni una sola gota de sangre? Esto sirve para
abonar la teoría que Martearena fue llevado allí después de que lo mataron en otro
lugar.
En la misma nota Alanís me relata que efectivos de la brigada (eran cuatro) lo
trajeron desde Jujuy pegándole durante todo el viaje y después en la sede policial,
“me taparon la cara, me golpearon y me picanearon”. Luego añade que relató esta
situación al Juez Aldo Saravia quién “...no le dio mucha importancia a lo que me
había pasado y me habían hecho”. Mientras el imputado declaraba ante el Juez,
escuchó una voz y la reconoció como perteneciente a una persona que se
encontraba en la brigada en el momento en que era torturado: se trataba de Gustavo
Vilar Rey, Secretario del Juzgado de Aldo Rogelio Saravia, quien luego, a modo de
farsa, fue nombrado Fiscal de Asuntos Policiales y Penitenciarios, cuyo
protagonismo consiste en ocuparse de que los efectivos no incurran en excesos o
apremios ilegales.
Una de las primeras declaraciones públicas del Secretario de Seguridad
Daniel Nallar -un funcionario todoterreno que ahora (octubre de 2005) se
desempeña como Presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos-,
publicada en el Diario El Tribuno, afirmaba que “el trabajo” era obra de profesionales.
Esta afirmación que luego sería aparentemente desvirtuada por la investigación
judicial, podía ser tomada como una aseveración sin importancia, y más aún si se
tiene en cuenta el antecedente que el funcionario había hecho público en FM
Noticias, al poco tiempo de asumir, que no tenía ningún estudio que ameritara su
nombramiento en un área tan específica. Pero luego, una nueva declaración sí
sorprendió a los que seguían el caso: dijo a la prensa, mientras la causa estaba en
la etapa de instrucción, que el crimen estaba resuelto y cerrado.
Le pregunté al Juez Saravia sobre esta aseveración y el magistrado expresó:
Yo no voy a polemizar con ningún funcionario, consulte con algún
procesalista, como el Dr. Augusto Diez, o el Juez Federal Miguel Medina,
para que ellos le den alguna explicación del por qué de esta actitud del Dr.
Daniel Nallar, teniendo en cuenta que este funcionario también es abogado.
62
La conclusión de la investigación sostenía básicamente que los imputados
habían entrado a robar a la vivienda de Martearena, el presbítero los habría
sorprendido y entonces lo asesinaron a puñaladas. Reproduzco un diálogo que
mantuve con el Juez Saravia:
S. P. -¿No es llamativo que los ladrones no hayan tocado nada en la
habitación?
A.S. -No me llama la atención que los ladrones no hayan tocado nada arriba,
en la habitación, porque ellos iban con la idea de robarle al Padre lo que
tuviera encima, allí abajo. Se trasladaron hasta arriba, arrastraron el cadáver
hasta la habitación del Padre, pero con la idea de hacer desaparecer huellas,
quemándolo completamente.
S. P. -¿Qué usaron para quemar al sacerdote?
A. S. -Es posible que hayan usado alguna loción o aceite que se suele usar
en las misas o para comer. Ellos dicen que han usado estos materiales, esto
es creíble. También había una botella de whisky que al parecer, era nueva,
pero al momento de encontrarla estaba vacía. También había velas. Con todo
esto se pudo haber quemado al sacerdote.
Luego de estas increíbles precisiones que recuerdan a la serie C.S.I., Saravia
añadió:
Yo no me puedo guiar por mis sensaciones ni por mi apreciación. Yo espero
las revelaciones de las ciencias auxiliares, con la ayuda de psiquiatras para
saber cuáles son las verdaderas personalidades de los detenidos. Castillo
tenía antecedentes por robo al supermercado Disco, pero no puedo hacer
ninguna apreciación hasta que no tenga datos científicos directos.
Sorprendente la afirmación de que no puede hacer “apreciaciones”. Es
estremecedor comprender que de funcionarios como Nallar o Saravia a veces
depende la libertad de la gente.
Pero así como el Juez supone tantas cosas, nosotros podemos también hacer
un ejercicio de imaginación: Alanís y Castillo, que no tienen antecedentes de
asesinos, entran a la casa del sacerdote y son sorprendidos por éste. Allí toman la
decisión de apuñalarlo repetidamente en un pasillo sin que en las paredes aparezca
una gota de sangre. El mayor de los jóvenes tenía veintiún años y el otro diecinueve.
Le sutraen la billetera y quizá alguna otra pertenencia y, luego, en lugar de huir
despavoridos, se toman todo el tiempo necesario para arrastrar el cadáver al piso
superior, buscan algún combustible (el Juez dio múltiples posibilidades: loción,
aceite, whisky, velas y, por qué no, agua bendita que hace milagros) y lo incineran a
medias, pues piromaníacos chapuceros, no logran enteramente su propósito. Los
asesinos habían ido con la idea de robar pero matan. Se quedan horas pero no
tocan un equipo de música, no revisan una biblioteca que quedó intacta, ni se
interesan por objetos de valor que estaban a la vista. Se constató que en las piletas
de la iglesia no se encontraron restos orgánicos ni de sangre, motivo por el cual, los
imputados, tras cometer semejante crimen, tendrían que haber salido con las manos
y el cuerpo manchados de sangre a la calle, para después dirigirse a la terminal de
ómnibus, lo que resulta absolutamente no creíble. Nadie parece haber reparado en
que los dos imputados en sus relatos tienen lagunas, espacios en blanco. Es como
si los hubieran llevado drogados a la escena del crimen para que se hicieran cargo
del mismo.
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En la nota realizada al Juez, éste habla de un dato suministrado por el
Colegio de Abogados, que él no lo explica pero se trata de lo siguiente: Dos
abogados acompañados de tres personas muy jóvenes se entrevistan con el
entonces Presidente de la Institución, Dr. Daniel Tort, y le solicitan que la identidad
de los testigos sea mantenida en reserva. A la reunión asiste, en calidad de
escribana, la señora Josefina Uriburu, que labra el acta correspondiente. Los
muchachos cuentan que en la madrugada del crimen vieron salir de la parroquia a
un individuo al que conocen como “Guillermito”, enfundado en una campera inflada
en la que parecía ocultar algo. Les llamó la atención la vestimenta porque a esa
hora, 2 o 3 de la mañana, hacía un calor agobiante. Tort le informa al Juez, y a pesar
de la presión del magistrado no da a conocer la identidad de los testigos. De alguna
manera, Saravia accede al dato de la escribana y hace allanar su despacho por
efectivos de la brigada. Nadie sabe qué produjo esa investigación.
Habían asesinado a un miembro de la Iglesia, y más allá de las diferencias, la
Institución debía actuar en algún sentido. El día jueves posterior al crimen, hubo una
reunión del presbisterio encabezada por el Arzobispo Mario Cargnello. En ella se
decidió adoptar un perfil bajo y las pocas declaraciones públicas que hubieran
quedarían a cargo del Arzobispo. No pasó más de media hora que Romero estaba
informado de todo lo que allí ocurrió.
En las horas y días siguientes al asesinato, se multiplicaron las
especulaciones y, a pesar del secreto del sumario, trascendieron datos que sólo
gente del poder pudo haber suministrado. Una periodista muy ligada al Romerismo,
Mónica Petrocelli, mostró en su programa de televisión un video perteneciente al
Banco Galicia, que dejaba entrever una figura borrosa -presuntamente Javier Alanísintentando sacar dinero de un cajero automático con una tarjeta supuestamente
sustraída a Ernesto Martearena.
El nerviosismo había calado hondo en muchos funcionarios, era necesario no
dilatar la causa, poco importaba que los dos imputados hubieran sido torturados, que
hubieran otras líneas de investigación, que el abogado de Alanís denunciara
amenazas y roturas intencionales a su automóvil e, incluso, se habían olvidado las
insólitas opiniones de Nallar, el que, 45 días después del crimen, renunciaría para
asumir como titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Castillo y Alanís estaban condenados mucho antes del Juicio Oral, y algunos
memoriosos recuerdan que desde seis días antes del crimen distintos funcionarios,
entre ellos el ministro de gobierno Antonio Restom, el secretario de Seguridad Daniel
Nallar, la senadora Sonia Escudero y el Gobernador Juan Romero, venían
advirtiendo sobre una campaña sucia que se estaba por desatar en contra del
Gobierno. El día 5 de octubre la agencia de noticias local DDN subtituló: “Nadie sabe
de qué se están cubriendo”.
Las nueve audiencias comenzaron en la última semana de Julio de 2003. El
Tribunal integrado por los jueces Abel Fleming, Susana Sálico de Martínez y Alberto
Fleming condenó a Javier Alfredo Alanís Colautti y a Santos Marcelo Castillo a la
pena de prisión perpetua. Todo el proceso fue un mero trámite con prohibiciones
para la prensa en un intento inútil por ocultar la irregularidad en que se desenvolvió
el juicio.
Las dos personas que habían cenado la noche anterior al asesinato con
Martearena: el sacerdote Abel Balbi (con pésimos antecedentes en la iglesia de
Joaquín V. González) y el ex Juez Héctor Yarade, habían salido del país, el primero
a California y el segundo a Italia. No obstante, antes de viajar, Balbi declaró en el
64
Semanario Cuarto Poder que, a la tarde siguiente al crimen, fue a la vivienda de
Martearena y como nadie contestaba a sus llamados decidió, con un colaborador de
la víctima, romper una cadena de seguridad de la puerta. Se intrudujo en la casa en
donde, según su relato, vio manteles manchados con sangre, pero no percibió olor
a quemado. Si bien aseguró no haber estado en el piso superior está claro que
irrumpió en ese domicilio sin haber llamado antes a la policía.
Yarade, por su parte, estuvo en una audiencia y dio una pista nueva
relacionada con el enfrentamiento que la víctima mantenía con la cúpula de la Iglesia
salteña. Nada de esto se investigó.
El Tribunal consideró como una prueba importante el hecho de haber
encontrado colillas de cigarrillos de la marca Marlboro, que eran de la preferencia de
Alanís. Sin embargo, no se realizó una prueba de ADN con la saliva que pudiera
haber quedado en el faso. ¿Solamente Alanís consume esa marca?, ¡¡Maravilloso!!
La mitad de los consumidores argentinos fuma Marlboro.
Recordando los dichos del Juez de Instrucción Aldo Saravia, comparémoslos
con las también vacilantes afirmaciones de los dos peritos médicos, Lomas Goda y
Osvaldo Torres. Ambos conjeturaron que las sábanas y prendas de vestir que
cubrían el cuerpo del sacerdote fueron rociadas con gasoil, aunque luego no
pudieron determinarlo categóricamente. También explicaron que el padre recibió
dieciocho heridas de arma blanca y que una de ellas perforó el pulmón, motivo por el
cual presentaba sangre en su interior al momento de practicarle la autopsia. Lo que
no pudieron es precisar si se utilizó una sola arma blanca, ni el ancho ni el largo de
la hoja, ni la profundidad de las heridas, debido a las quemaduras que presentaba el
sacerdote en su cuerpo. Asimismo, manifestaron que las formas de las heridas no
era común y no pudieron demostrar si al cura lo atacaron de atrás o de adelante
para matarlo.
También declaró la bioquímica de la Policía, Liliana Dib, quien dijo que de las
muestras de sangre extraídas del sacerdote es difícil determinar el factor, es decir, si
es negativo o positivo. Sostuvo que en la mancha de sangre que rodeaba al
sacerdote, se encontraron cinco tipos de cabellos distintos que no coinciden con los
de los imputados, indicando finalmente que no se le practicó a la víctima un estudio
de ADN, por lo que se desconoce el tipo de sangre.
El Arzobispo de Salta, Mario Cargnello, aquel prelado que se enfrentó con la
hermana Pelloni cuando ejercía su sacerdocio en la Catamarca de los Saadi, y que
no se caracteriza por tutelar a los más necesitados, sorpresivamente afirmó: “Este
horrendo crimen es expresión del poder del mal, que no sólo se gesta en corazones
individuales sino que se organiza y actúa en estructuras de pecado, de injusticia, de
corrupción y de dominio en la sociedad”. La frase no estaba dirigida a dos
marginales.
Mucha gente sintió que la obligaban a masticar vidrio y que la impunidad
podía ser asfixiante. El poder de Romero había superado un nuevo escollo.
Miguel de Escalada
El abogado Miguel de Escalada fue encontrado asesinado de tres balazos de
una pistola calibre 11.25mm, dentro de su propio automóvil, el 13 de junio de 1993, a
poco más de 100 metros de la Seccional novena de la policía de la provincia de
Salta y con signos de haber sido golpeado antes de su ejecución.
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En l998, La Cámara Primera en lo Criminal de Salta, condenó al poderoso
empresario del transporte, Pedro Julio Marcilese, a la pena de reclusión perpetua por
haber sido el responsable intelectual del crimen, como así también a la pareja
integrada por Armando Urueña y Mónica Nucciarelli, como autores materiales del
hecho. Tanto Marcilese como De Escalada eran amigos de los hermanos Juan
Carlos y Roberto Eduardo “Tito” Romero. El caso tuvo ribetes novelescos, como los
otros que aquí se relatan, y el denominador común es una pobre actuación de la
Justicia de Instrucción que tuvo a su alcance pistas importantes que nunca fueron
investigadas.
Aparecen en esta causa nombres que se reiteran con inquietante continuidad
en la vida pública salteña:
El hoy Juez Federal Miguel Antonio Medina -en aquel entonces apoderado del
Partido Justicialista y abogado-, encargado de ciertas cobranzas del delincuente
Pedro Julio Marcilese, quien trabajaba junto al abogado Alberto Raymundo Sosa
para el mismo sujeto.
El fiscal de cámara Ricardo Anuch, encargado de la acusación, quien
después de haber adelantado a la prensa que pediría la máxima pena para los
imputados, pidió su absolución. Este hecho causó una verdadera conmoción que
terminó con su renuncia para luego ser nombrado por la ultramenemista y
superromerista diputada Lelia Chaya en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Anuch nunca fue investigado por ese insólito viraje de 180º.
La instrucción de la causa fue realizada por el Juez Abel Fleming. Más tarde,
como camarista, integraría el Tribunal que condenó a los supuestos asesinos del
cura Martearena y es al momento de escribir este trabajo, Presidente del Colegio de
Magistrados. El funcionario secuestró de una caja fuerte de Marcilese cintas
magnetofónicas de las que se desprendían la posible comisión de graves delitos que
tampoco merecieron una razonable y necesaria profundización, mas bien se intentó
que esas grabaciones no afectaran a individuos del poder que podían quedar
comprometidos.
El defensor de Marcilese fue el abogado René Gómez, quien durante el
gobierno de Roberto Romero se desempeñó como Jefe de Policía y Procurador
General de la Provincia. Su estudio está en la calle Balcarce al lado del que tiene
Alberto “El negro” Sosa.
El hoy Fiscal de Estado Rodolfo Urtubey -en aquel entonces Presidente de la
Corte de Justicia de Salta- le recomendó a la atribulada viuda de Escalada, Soledad
Quinteros, que se olvidara del tema “que diera vuelta la página”. Indignada la mujer
le dijo que lo quería a un millón de kilómetros de la causa. No se indagagaron a
personas que figuraban en una agenda secuestrada a Marcilese al lado de cuyos
nombres aparecían importantes cifras de dinero –entre ellos a Urtubey. Por otra
parte debemos tener en cuenta que ex Juez Federal Ricardo Lona se beneficiaba en
su relación con el empresario.
Aparece mencionado durante el juicio, el ex Ministro del Interior Julio Mera
Figueroa, a quien Marcilese le había bancado una campaña para enfrentar a Juan
Carlos Romero por la candidatura a gobernador del P.J.
Miguel de Escalada también había sido abogado de Marcilese, pero había
comentado a su mujer y a su secretaria que no lo iba a seguir atendiendo porque
había visto manejos turbios de los cuales quería permanecer alejado. La víctima, dos
días después del asesinato, tenía que testimoniar en contra de Marcilese, en una
causa en la que fuera denunciado por el comerciante Julio Gallo, por estafa y
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extorsión, al pretender cobrar dos veces la prenda de un equipo completo: camión y
acoplado Scania.
Además de los mencionados Marcilese, Urueña y Nucciarelli, el tribunal
condenó a Angel “Angelino” Russo y a José Roberto Leirman, ex policía encargado
de planificar el crimen, quien se mantuvo prófugo hasta el año 2003.
El 26 de agosto de l998 le hice una entrevista a Tito Romero con motivo de
haber declarado ante El Tribunal en calidad de testigo:
S.P. - Las inferencias que hace la gente es que primero, vos sos un hombre
público.
T.R. - Pero fui en mi calidad de ex amigo de Miguel De Escalada, ex, tengo
que decirlo, porque alguien lo mató.
S.P. -Está bien, pero todo el mundo sabe que también fuiste amigo de
Marcilese.
T.R. - También fui amigo del señor Marcilese. Eso no quiere decir que si uno
es amigo de una persona, y esa persona mata a otra, y los dos son tus
amigos, vos tenés que protegerlo al otro.
La respuesta encerraba un concepto insano del poder, porque en el caso de
que De Escalada no hubiera sido su amigo, cómo pensaba “proteger” a Marcilese.
Además en ese momento Tito sabía que el empresario también quería asesinarlo.
La cantidad de protagonistas, muchos de ellos personajes de la vida pública
salteña, mezclados con sicarios, marginales y narcotraficantes podrían formar parte
de una novela policial lograda por un autor de frondosa imaginación.
Si bien, en este caso, parece acreditada la autoría intelectual y material de la
muerte de De Escalada, lo cierto es que lo que se desprende de la desgrabación de
dos microcassetes encontrados en una caja de seguridad de Marcilese y de las
escuchas telefónicas ordenadas por la justicia después del crimen, extrañamente no
parecieron importantes para quienes debían investigar. El punto más grave que
surge allí es la planificación, ordenada por Marcilese, para eliminar a Roberto
Eduardo “Tito” Romero. Éste no era un tema que pudiera tratarse con ligereza,
porque entre los antecedentes que apuntaban a Pedro Julio estaban los crímenes de
un matarife tucumano, Julio Chávez y el del empresario del transporte Farid
Macaione. El empresario usaba para el trabajo sucio al sicario Roberto Leirman, a
quien se escucha en una grabación del 27 de mayo de l995, conversando y dando
instrucciones a un tal Angel Veinte. En ese diálogo analizan las posibles rutas de
escape y las armas que usarían y de cómo Veinte identificaría a “Tito” Romero, pero
vale como dato ofrecer un pequeño fragmento de la conversación:
Leirman: -Sí, pero ahí ustedes no van a estar con un solo fierro... .
Veinte:-Van a estar con un corto y un largo...
Leirman: -Yo llevo la nueve, a la nueve con silenciador y el Fal...al Fal lo
vamos a tener ahí a un costado, encanutado en medio de los yuyos, cuando
venga el gil, ahí tatatata.
Marcilese tenía amistad y hacía negocios con el fallecido ex gobernador
Roberto Romero. Es conocido el incidente de l99l en donde camiones de Marcilese,
que traían contrabando, fueron interceptados por la policía de la provincia en una
ruta cercana a Campo Quijano. La situación fue solucionada por Romero por cuanto
la denuncia fue radicada en el Juzgado Federal a cargo del Dr. Ricardo Lona: nunca
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más se supo de aquel contrabando. Al morir “Don Roberto” en l992, la relación
amistosa continuó con su hijo “Tito”, pero con el tiempo algo se quebró y Marcilese lo
quería muerto. Lo paradójico es que tanto Angel Russo como el criminal Armando
Urueña declararon que a Leirman se lo había presentado “Don Roberto” como
alguien que trabajaba para su campaña en 1983.
En otra grabación “Angelino” Russo y Angel Veinte dialogan sobre un
cargamento de 500 kilogramos de cocaína, envueltos en paquetes de papel aluminio
de 5 kilos cada uno. Esto motivó la actuación de oficio de un fiscal solicitando una
copia certificada de la desgrabación con destino al Juzgado Federal Nº 2 a cargo del
Juez Miguel Antonio Medina. Se desconoce a qué conclusiones arribó aquella
investigación.
La oscura trama tiene otros referentes que aparecen en las cintas en
situaciones muy comprometidas pero que no fueron indagados ni detenidos. A
Miguel De Escalada le tendió una celada Mónica Nuciarelli, una hermosa mujer,
quien lo llevó a un hotel alojamiento en donde fue asesinado por Armando Urueña y
luego transportado y abandonado dentro de su propio automóvil cerca de la terminal
de ómnibus. Nadie entiende en Salta por qué Mónica y Armando tienen un trato
preferencial en la cárcel de Villa las Rosas, en donde comparten una celda vip y
hasta hacen vida de pareja.
Soledad Quinteros luchó denodadamente para que se hiciera justicia. Se
enfrentó, incluso, al Presidente de la Corte de aquel momento. Cuando Miguel murió,
su mujer tenía 31 años y estaba en el quinto mes de embarazo de su cuarto hijo.
Gladys Mota
El escándalo de los sobornos en el Senado que estalla en el año 2000, luego
de una nota firmada por Joaquín Morales Solá, toma nuevo impulso cuando el
arrepentido Mario Pontaquarto confía datos a la periodista María Fernanda Villosio.
Una referente clave en la denuncia de Pontaquarto era la ex secretaria de
Fernando De Santibañes, Gladys Mota. Pese a los esfuerzos de esta mujer por
negar los dichos del arrepentido, desde la propia SIDE desmienten su afirmación
que en el organismo había otra mujer con el mismo nombre. Mota era una
complicación para todo el entramado de los involucrados en los sobornos. El 22 de
abril de 2003 la mujer señalada como la encargada de entregar el dinero al
arrepentido, sufrió un accidente cuando paseaba con su marido, Martín Lanusse, por
la localidad de Iruya (Salta).
Pese a que distintos periodistas solicitaron una investigación del supuesto
accidente, nada se hizo al respecto. Se debe tener en cuenta que el matrimonio
viajaba en un vehículo nuevo. En el siniestro muere Lanusse y Mota queda
cuadripléjica. Que se sepa no hubo más declaraciones de la mujer.
Gestor asesinado y mutilado
En diciembre de 2005, la agencia Télam informaba:
Un gestor de trámites automotor y organizador de eventos que estaba
desaparecido desde la madrugada del lunes último fue encontrado asesinado
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a puñaladas y con ambas piernas mutiladas en el baúl de su auto, en el
partido bonaerense de Moreno.
La víctima fue identificada por la policía como Arnoldo Benvenuto, de 54
años, quién vivía junto a su familia en el barrio porteño de Liniers y
desapareció tras llevar a uno de sus hijos a una fiesta en Villa Devoto.
El hallazgo se produjo a raíz de un llamado de un vecino que al ver el bulto
dentro de un auto y sentir el olor a putrefacción se dio cuenta de que se
trataba de un cadáver.
Un bicipolicía inspeccionó el Peugeot 205 que estaba estacionado desde la
noche anterior y al abrir el baúl halló el cuerpo acostado boca arriba, tapado
por una mediasombra y sin sus piernas.
Según las pericias forenses, el hombre fue asesinado y mutilado en otro lugar
unas 48 horas antes del hallazgo y luego cargado en el auto.
Tenía tres puñaladas -dos en el hemitórax izquierdo y una en la región lumbar
derecha-, y no presentaba signos de defensa. "O fue atacado por sorpresa o
pudo estar sedado, algo que lo determinarán los estudios histopatológicos. Lo
que sí tenemos claro es que no perdió el conocimiento producto de una paliza
porque no tenía ni un solo golpe", explicó un investigador.
Según los forenses, la mutilación de las piernas se produjo luego del crimen y
con la aparente finalidad de lograr que entrara con facilidad en el baúl o de
enviar un mensaje mafioso. El corte se produjo justo arriba de las rodillas y
con un elemento aserrado que podría ser una sierra de carnicero.
El gestor asesinado había sido contratado en distintas oportunidades por el
director del Diario El Tribuno, Roberto Eduardo "Tito" Romero y, en ocasiones,
también hacía las veces de chofer para el empresario.
“En Salta no hay crímenes impunes”
En noviembre de 2006, se trató en la Cámara de Diputados de la Nación una
cuestión de privilegio planteada por la Diputada Nacional Nora César. Ella había sido
amenazada, a través de un correo electrónico –recibido en FM Noticias- por haber
denunciado el brutal crimen de la pequeña productora Liliana Ledesma, quien había
acusado al renunciado diputado y asesor de Juan Carlos Romero, Ernesto José
Aparicio, de haberla amenazado de muerte y de ser un narcotraficante. El
multifuncionario y ahora diputado nacional por el romerismo, Osvaldo Salum,
tratando desesperadamente de evitar salpicaduras para su jefe, intentó
estúpidamente, evitar el debate, pronunciando la célebre frase:
“En Salta no hay crímenes impunes”.
A él le dedicamos este capítulo para refrescarle la memoria.
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CAPÍTULO III
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Operadores y cómplices
Aspirar al entendimiento intelectual y no al
presentimiento visceral de los sucesos y las situaciones
Camilo José Cela
Marcelo Emilio “Gallego” Cantarero
Cuando estalla el escándalo por las coimas en el Senado, la gran mayoría del
pueblo salteño tenía la plena seguridad de la responsabilidad que en el caso tenía
Cantarero. Si en el orden nacional las encuestas señalaban que un 80% de la
población creía que el suceso había existido, en Salta más del 90% opinaba que el
hijo “adoptivo” de Roberto Romero era uno de los principales involucrados. En una
larga conversación que mantuve con el periodista Jorge Urien Berry del Diario La
Nación, publicada en parte el 26 de noviembre de 2000, le explicaba que era difícil
saber después de la muerte de Don Roberto, quién era el Jefe de la Organización:
Juan Carlos o El Gallego. Era una manera de hacer comprender a los lectores del
diario, la importancia fundamental que el ex senador tenía en el entramado de los
negocios sucios que se sucedieron desde el principio de esta incuestionable
asociación ilícita. Emilio se había convertido desde hacía mucho tiempo en el
cerebro y manipulador financiero del Grupo Romero.
No nos explayaremos demasiado tiempo en este tema que ha sido
ampliamente difundido por la prensa nacional, sólo diré que fuimos consultados por
numerosos medios de todo el país y, a su vez, entrevistamos en nuestra emisora a
los principales protagonistas del caso: María Fernanda Villosio, Mario Pontaquarto y
la senadora Silvia Sapag -que había denunciado a Cantarero por sobornos en torno
a la renegociación de contratos petroleros (una prórroga a favor de YPF- Repsol por
valor de 12 mil millones de dólares y en la que involucraba también a los
gobernadores Juan Carlos Romero y Jorge Sobisch).
Hicimos una transmisión directa desde Comodoro Py cuando Cantarero fue a
prestar declaración. Hablamos con El Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral y, entre
otros, con los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado. A este último funcionario
le entregué en mano una copia de números telefónicos a los que se había
comunicado Cantarero durante esos días calientes. A partir de esto la justicia
determinó que un amigo del ex senador, Domingo Avellaneda, a su vez ex diputado
provincial salteño y ex director del Banco Nación, había realizado: “Un sospechoso
viaje a Nueva York, una de las plazas financieras más grandes del mundo” ( Claríndomingo ll de enero de 2004). En esa misma nota del diario Clarín, se da cuenta de
las declaraciones juradas de Cantarero y Avellaneda correspondientes al año l999:
en la primera se mencionan bienes por valor de unos tres millones de dólares:
•
•
una casa en Salta valuada en 20 mil pesos dólares
un chalet construído sobre un cerro salteño valuado en 800 mil
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•
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•
•
•
•
una casa en Villa Allende, Córdoba, valuada en 80 mil
un departamento en Callao 1983 (El mismo donde se habrían pagado las
coimas), valuado en 200 mil
Otros dos inmuebles en Córdoba, 230 mil
Finca La Candelaria, Salta, 999 mil
un Mazda 94 (15 mil), Un BMW (31 mil), un Renault 19 (13 mil), un Peugeot
406 (25 mil) y una Mitsubishi Montero (48 mil)
acciones, dinero en efectivo y otros valores por 272 mil y deudas hipotecarias
por 323 mil.
Actualmente, Cantarero también figura como accionista de la Inmobiliaria
Altos Tres Cerritos.
Con respecto a Domingo Avellaneda figuran los siguientes bienes:
•
•
•
Inmuebles por 190 mil pesos-dólares
Una finca de 269 hectáreas en Salta, valuada en 60 mil pesos
Una Isuzu de 27 mil y un Honda CRV de 28 mil.
El amigo de Cantarero “puso en marcha” o participa de seis empresas.
Trialco Sur, Camerún, Maquiwan, Agencia de Turismo Humboldt, Grupo Comercial
del Sur y Buaisa.
Podemos asegurar que los datos suministrados por el diario, basados en la
declaración jurada de Cantarero, están minimizados y que, la cifra estimativa de tres
millones de dólares, debe multiplicarse varias veces.
El fiscal Paulo Starc que investiga al ex senador por enriquecimiento ilícito
pidió al Colegio de Escribanos de Salta que le suministrara la lista de propiedades
que figuran a nombre de su mujer, de sus hijas y al suyo. Sólo los catastros
correspondientes a lo conocido por el apelativo “Valle Escondido”, tienen una
valuación cercana a los 10 millones de dólares. La Institución envió el siguiente
informe:
Catastros
140.205
45.986
21.051
21.064
21.114
47.198
132.666
71.927
45.986
98.565
98.566
104.950
80.552
140.139
140.140
Salta Capital
Salta Capital
Tartagal
Tartagal
Tartagal
Salta Capital
Salta Capital
Salta Capital
Salta Capital
Salta Capital
María Adriana Cantarero
Emilio Marcelo Cantarero
Emilio Marcelo Cantarero
Emilio Marcelo Cantarero
Emilio Marcelo Cantarero
María Paola Cantarero
María Soledad Cantarero
Purificación Cantarero (Hna)
María del Huerto Eleti (Mujer)
María del Huerto Eleti (Mujer)
Salta Capital
Salta Capital
Salta Capital
Salta Capital
Emilio Marcelo Cantarero
Emilio Marcelo Cantarero
Altos de Tres Cerritos
Altos de Tres Cerritos
72
140.176
80.744
80.745
80.746
140.138
21.122
Salta Capital
Salta Capital
Salta Capital
Salta Capital
Salta Capital
Tartagal
Altos de Tres Cerritos
Altos de Tres Cerritos
Cantarero y Señora
Cantarero y Señora
Cantarero y Señora
Marcelo Emilio Cantarero
Lejos habían quedado los días en que María del Huerto “Maruja” Cantarero,
montada en el asiento trasero de la motito del periodista Juan Carlos Guiñez, partía
rumbo a la casa del prestamista Juan José Palomo a pedir unos pesos.
Ni República ni Democracia
Las corruptelas cometidas por Cantarero tienen por denominador común el
hacerse de dinero sin importar cómo.
Siendo Ministro de Economía de Roberto Romero, fue el inspirador del bono
salteño, dinero espúreo, que luego imitarían otras provincias. De hecho, se
recuerda la amansadora que soportó Erman González, -por aquel entonces, un
desconocido funcionario provincial de La Rioja, que había venido para saber cómo
funcionaba este fantástico instrumento-. Como era de preveer, el bono salteño
devino rápidamente en un mercado negro manejado por delincuentes que
respondían al poder. De alguna manera, el falso circulante había sustituído al
genuino, y los comerciantes que tenían que pagar sus obligaciones en efectivo,
padres y parientes que debían enviar dinero a sus hijos y, en general, casi toda la
población, caían en manos de especuladores que, sin parpadear, llegaban a
descontar hasta el 20% de esos papeles para entregar el efectivo. El Gallego
concretaba negociados con la obra pública, con licitaciones truchas y, como
dijimos, fue el Presidente de Proesa, una sociedad del estado que según la DEA se
utilizaba para enviar cientos de kilos de cocaína a Europa y Estados Unidos.
Pero el suceso más escandaloso en lo institucional y que trituraba el principio
republicano de la división de poderes estaba por llegar.
El 21 de Julio de l988, el entonces presidente del Colegio de Abogados de la
Provincia de Salta, Ricardo Reimundín, entregó al Gobernador Hernán Cornejo una
cinta grabada en donde, de manera inconfundible, se escuchaba a Cantarero, a la
sazón diputado provincial, hablando con el Presidente de la Corte de Justicia, Luis
Adolfo Saravia. Éste le pedía insistentemente que le manden “aquello” que -luego
se supo a través de la misma grabación- era dinero que el legislador le ordenaba a
su hermana “Puri” le fuera enviado al cortesano, pero en bonos. El Dr. Reimundín
recibió el cassete anónimamente pero se cree que la grabación fue ordenada por el
empresario Federico Méndez, quien fuera socio de Romero en una mesa de dinero
y que denunciaba haber sido estafado en una cifra millonaria. Dicho sea de paso,
hasta hoy, algunas personas le reclaman a Juan Carlos Romero que les devuelva
el dinero que quedó atrapado en esa cueva financiera.
La cinta en cuestión es vomitiva, sobretodo el diálogo con Saravia, que
habiendo pertenecido al Holding como abogado, había llegado a la Presidencia de
la Corte, impulsado por el propio Roberto Romero. También se menciona al “Turco”
(Restom Abraham), quien luego sería asesinado y que, en ese entonces, era juez
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del máximo tribunal. Federico Méndez, asegura a quien lo quiera escuchar, que el
crimen de Abraham está relacionado con esta trama que aquí relatamos, y afirmó la
noche del 28 de setiembre de 2000 en el programa “Fuego Cruzado” conducido por
Marcelo Longobardi, que Restom estaba arrepentido de haber participado en la
maniobra para nombrar un magistrado. Son patéticos los diálogos de Cantarero con
los senadores Estrada y Machuca, pues los presiona para que acuerden el
nombramiento del abogado Sergio David como Juez, porque presuntamente sería
funcional a los intereses del Grupo Horizontes. Y aunque al lector le cueste creer,
no sólo obtuvo su nombramiento, sino que, hasta hoy, sigue a cargo del Juzgado
de 1º Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación.
Transcribiremos a continuación distintos fragmentos de la desgrabación de la
cinta magnetofónica, para mostrar el grado de impunidad con que se manejaban
estos personajes:
Dialogan el diputado provincial Marcelo Emilio Cantarero y el Presidente de la
Corte Luis Adolfo Saravia:
MEC: -Yo le dije, mirá esta mañana estuve reunido con Romero y le dije que
no me lo elimine al Turco (Restom Abraham), porque amén que los abogados
utilizan un léxico que yo no los entiendo, yo estoy patinando, entonces me ha
autorizado, lo fui a ver al Turco, le conté las cosas a medias, porque vos
sabés que el Turco este es , Dios mío. Y por ejemplo no le conté que estuve
con el chango David, me entendés Luis Adolfo?, sí le dije que estuve contigo,
pero no que estuvo esta chica, ¿cómo se llama?
LAS: Sí, no le tiene simpatía.
MEC: No le tiene simpatía, me entendés?, Entonces Restom dice que lo
presentemos en Gutiérrez, que pasaría a Cabrera, lo recusarían, no sé el
término que se utiliza, y pasaríamos a la Marinaro.
LAS: Lo que te quería decir Emilio, es que te acuerdes en todo de la Circular
1050.
MEC: Sí
LAS: Cerrame la puerta Pilar. Bueno, bueno los Jueces se cansaron de
autorizar Medidas Cautelares, y ahí está toda la jurisprudencia que he citado
yo.
MEC: Claro, ahora yo le dije a la chica (Jueza Montalbetti), porque ella me
dijo que no conocía, bueno yo te puedo traer la demanda, no eso no es ético,
me dice, entonces según Restom, que eso significa, como él tiene mucha
experiencia en estas cosas medio raras, que eso significa que esta Chica no
está predispuesta a ayudar, ahora ella me dijo, mirá, el juicio yo me
comprometo demorártelo todo lo que vos quieras.
LAS: Cómo, al contrario, qué estúpida, hay que sacarlo rápido.
MEC: No, quiero serte justo, ella no comparte la lesión, porque ella dice que
acá no hay, este... ¿cómo es cuándo uno no conoce algo? ¿es inexperiencia?
LAS: No, hay necesidad.
MEC: Inexperiencia.
LAS: Perdoname Emilio, éstos son los jueces que ustedes han designado,
son muy pobres, mirá Emilio el artículo 954 dice: Necesidad, ligereza o
inexperiencia.
MEC: Ajá
LAS: Nosotros hemos dicho que la Firma está en un estado de necesidad, no
de inexperiencia, no me digás si está o no está.
74
Los dos personajes siguen hablando de la necesidad de buscar la forma de
desactivar la demanda interpuesta por el empresario Federico Méndez y rematan
este tramo del diálogo de la siguiente manera:
LAS: No, yo voy a conservar mi Carpeta, lo que yo te quiero señalar a vos,
que es todo una demanda bien hecha.
MEC: Claro, eso no lo dudo, pero esta chica no sé si es que se lava las
manos, pero la verdad me dolió, vos sabes el arreglo que hice con el marido
(se refiere al también Juez Fernando Marinaro), me entendés, y el marido
estaba presente, ahora es capaz que ella no obedece a los mandos naturales
¿sabés no?
Reproducimos ahora parte del diálogo de Cantarero con el entonces Senador
Arnaldo (Lalo) Estrada:
MEC: Lalo
AE: ¿Qué decís galleguito?
MEC: ¿Cómo te va?
AE: Bien.
MEC: Mirá Lalo, Roberto (Romero) se está haciendo un chequeo en el
Sanatorio Güemes, me pidió que te llamara por un pedido para Segunda
Nominación de Sergio David.
AE: Sí, sí,sí
MEC: Cómo anda eso Lalito
AE: Bueno, para mañana venían los pedidos, ya está el norte.
MEC: No, ya está, acabo de verificarlo, Lalo.
AE: Pero no dijeron nada acá, que venía eso.
MEC: Recién acabo de cortar con Marcelo (Oliver, Secretario de la Cámara) y
ya está el pedido.
AE: Entonces no hay problema.
MEC: ¿Por qué no me ayudás Lalito, y lo pedís para que se formalice?
AE: ¿Pero sabés cuál es el problema?
MEC: Sí Lalo.
AE: De que mañana es la reunión de Cámara, y eso previamente tiene que
ser tratado en reunión del Bloque, y ayer estuvo el Ministro.
MEC: Ajá.
AE: El chango Pieve, y él quedó en veremos, no armó todavía el cuadro.
MEC: Pero me dijo Hernán (El Gobernador), que almorzó con ustedes ayer.
AE: Pero no lo armó, no dijo nada en la reunión, estuvo en el almuerzo y
nombró nada del tema ése, hoy vino a la tarde Pieve.
MEC: Ajá.
AE: Pero él se llevó un borrador, y lo iba a armar.
MEC: Escuchame Lalito, olvidate del Ejecutivo, te hablo en nombre de
Roberto, sacámelo, Lalo.
AE: Espero que venga.
MEC: Pero ya está y me dijo Marcelo que ya está en su despacho, el
despacho de Presidencia.
AE: Nosotros hemos estado reunidos hace una hora acá, pero no hubo nada
MEC: Pero hablé al 221244 con Marcelo y me hizo esperar un minuto y me
dijo que ya está acá el pedido.
AE: Pero qué, ¿viene únicamente de él?
MEC: Eso yo no lo sé.
AE: Yo hablo con los demás de la Comisión.
75
MEC: ¿No querés que yo hable con nadie en nombre de Roberto, o hablo
contigo nomás Lalito?
AE: Bueno, mirá, sería conveniente que podrías hablar ya sea con Machuca y
con Liquín (ambos también senadores del PJ).
MEC: Bueno ¿cómo hago para encontrarlo a uno o al otro?
AE: Bueno están acá, si querés te los llamo.
Cantarero habla con Machuca en términos parecidos. Todos estos Personajes
se fueron reciclando, así Estrada fue Diputado Nacional y después Diputado
Provincial e hizo negocios sobrefacturados con el Estado Provincial (contratos de
desmalezamiento de escuelas). Machuca fue posteriormente concejal y hasta
Secretario de Derechos Humanos de la Provincia.
En otro segmento de la grabación El Presidente de la Corte de Justicia
dialoga con la secretaria de Cantarero:
LAS: Hola Nilda
N: ¿Cómo le va Doctor?
LAS: Bien, todavía por acá
N: Mire, estuvo viniendo el lunes y martes, pienso que sí va a venir.
LAS: ¿Por qué no lo ubica y le dice que no se olvide de mi pedido?
N: Bueno
LAS: Porque mire que yo mañana a la tarde me voy a Buenos Aires.
N: Ah, bueno, cómo no Doctor.
LAS: Búsquemelo, porque este Emilio por ahí se me va.
N: Quédese tranquilo
Ahora Cantarero conversa con su secretaria Nilda y su hermana Purificación
(Puri):
N: ¿Qué tal Contador (Cantarero)? Buen día.
MEC: ¿Alguna novedad?
N: Sí, el Dr. Saravia, que no se olvide de su encargo, que él viaja mañana a
Buenos Aires
MEC: Bueno
N: Que lo trate de ubicar, es lo único que tengo.
MEC: ¿La Puri está?
N: Sí, sí está, un segundo Contador.
MEC: Puri, mandale la plata al loco (Saravia)
Puri: Te cobré las letras.
MEC: ¿Sí? ¿qué te han dado?
P: Cuatro mil, me han dado un montón de papeluchos y cuatro mil
setecientos, esperate la cosa es más difícil, hay cuatro mil setecientos
cuarenta
MEC: Bueno, guardámelo.
P: Todo en bono ¿no?
MEC: Claro, pero tratá de conseguir en efectivo.
P: Bueno
MEC: Es que hoy me tengo que ir a Bolivia, por eso te pido.
P: Bueno ¿cuánto necesitás? para tratar de juntarte
MEC: El viernes a la mañana saldré
P: Para el loco ¿cuánto?
MEC: No sé ¿cuánto le dimos el mes pasado?
P: Me tengo que fijar.
76
MEC: Yo creo que eran cuatro.
P: Yo creo que también.
MEC: ¿Por qué no le hacés un paquete?
P: ¿También en bonos?
MEC: Sí...
La grabación es mucho más extensa y, como dijimos, escucharla es
simplemente repugnante. En distintos segmentos dialoga con Tito Romero, con
empleados del Holding Horizontes. Se manifiestan en referencia a distintas mujeres la Jueza Montalbetti con un marcado desprecio-. Mientras habla, Cantarero
carraspea, escupe, putea y hace chistes que recuerdan mucho el estilo del cómico
Jorge Corona.
Hay que recordar que mientras se daba esta situación, el Gobernador era
Hernán Cornejo, quien había terminado enfrentado con Roberto Romero. No
obstante, esta cinta deja claro, por dónde pasaba y sigue pasando el poder desde
1983 hasta el 2005, y aún podemos afirmar que desde una década anterior.
Sergio Nazario
El lector, sobretodo si es salteño, puede poner los nombres de la lista que
damos a conocer en el Capítulo “Operadores y Cómplices”, en el lugar que crea
más conveniente. En realidad, algunos pensarán que deben estar en primer lugar
los que colaboraron para que Juan Carlos Romero se enriqueciera
extraordinariamente; otros juzgarán que aquellos que lo acompañaron en la
construcción de un tejido político que lo ha mantenido durante estos once años en
la cima del poder provincial y que, incluso, ayudaron a que el sujeto pudiera
catapultarse a la candidatura de Presidente de la Nación y luego a la de
Vicepresidente, acompañando a quien Aliverti llama cariñosamente “la rata”. Pero
hay una categoría de operador que, por su calaña, su procedencia y su poder
destructivo en la provincia, no debe ser soslayado.
Sergio Raúl Nazario o comandante “Estévez” formaba parte de un “Grupo de
Tareas” (Patota) del centro clandestino de detención conocido como “El Olimpo”.
Juan Carlos Romero lo usó para burlarse macabramente del pueblo salteño
cuando, a los pocos días de asumir su primera gestión en diciembre de 1995, lo
nombró cínicamente en el cargo creado para él de: “Secretario de Protección a la
Comunidad”. Si bien el ex gendarme dice que mantiene una amistad de larga data
con Júcaro, lo cierto es que, como otros represores, Nazario había encontrado
lugar en una de las madrigueras de Yabrán, y de allí, por la estrecha relación que
Romero tenía con “Don Alfredo”, fue absorvido por el Grupo Horizontes para pasar
a desempeñarse como jefe de seguridad del diario El Tribuno.
Después del primer delirio, Romero nombró al represor, Secretario de
Seguridad de la Provincia de Salta, cargo que no existía y que, en realidad, sirvió
para disfrazar a un organismo creado a fin de reprimir cualquier intento de reclamo
social, espiar a dirigentes políticos y sindicales de la oposición y a los pocos
periodistas y medios que no se le arrodillaban. Cualquier similitud con el régimen de
los Juárez en Santiago del Estero no es mera coincidencia, como también los
modos de conducir una oficina de estas características muestran un paralelismo en
77
los procedimientos llevados a cabo por Sergio Nazario en Salta, y Musa Azar en
Santiago del Estero.
A poco de asumir el torturador, empezaron los problemas para Júcaro.
Primero fue reconocido por un ex gendarme, Omar Torres, que había prestado
servicios como efectivo raso en El Olimpo y en Campo de Mayo. Fue testigo en el
Juicio a Las Juntas y denunció cómo operaban en los centros de detención y fuera
de ellos. El 28 de Julio de 2000 realizó estas declaraciones en FM Noticias:
Se formaban grupos de las distintas fuerzas, y salían a delinquir
alevosamente (...) Se juntaban cinco o seis policías de alto grado y asaltaban
los bancos (...) Había gente que no estaba de acuerdo, pero se tenía que
callar para que no los mataran (...) Muchos militares desaparecieron de esa
forma.
En esa misma nota Torres confirmó la participación de Nazario autodenominado Comandante Estévez- en los centros de detención ilegales:
Él participaba de las sesiones de tortura y visitaba las guardias, porque
estábamos todas las fuerzas mezcladas (...) Los guardias veíamos cómo
entraba a torturar gente, y hay personas que no aguantaban la tortura y
morían.
Luego, en un tono más pausado, Omar afirmó “Estoy seguro de que algo me
va a ocurrir, pero va a estar bien identificado de qué lado viene”. El ex-gendarme
tenía razones fundadas para preocuparse. Actualmente trabaja en el sector de
maestranza de la Justicia Federal, pero también es electricista y hace trabajos para
el Diario El Tribuno. En ese lugar, se cruzó con Nazario y un empleado del diario le
dijo que era el jefe de seguridad de la empresa.
Una mañana mientras trabajaba en una de las oficinas, decidió bajar una
palanca para anular la electricidad en ese sector y tomó la precaución de advertir
con una nota pegada con adhesivo para evitar riesgos. Torres estaba concentrado
en su tarea cuando, de pronto, una fuerte descarga lo arrojó de espaldas contra un
escritorio ubicado a dos metros de donde estaba. Tardó unos diez minutos en
recuperarse y todavía tambaleante fue hasta el panel eléctrico. La nota había
desaparecido y la palanca estaba conectada.
En aquella intervención radial Omar remató: “No puede ser que un asesino y
ladrón como Sergio Nazario esté ocupando un cargo en un gobierno
constitucional”.
El criminal continuó en sus funciones hasta junio de 1997. Romero no sabía
cómo hacer frente a los reclamos de distintas organizaciones de Derechos
Humanos. Más aún, un ex senador del PJ, Julio Aguirre, también lo había
identificado como uno de los sujetos que lo había torturado en El Olimpo. Aguirre
siguió al represor durante nueve meses para asegurarse de que se trataba del
mismo individuo, no quería incurrir en una falsa denuncia. A la vez le resultaba
increíble que tuviera un cargo de relevancia en un gobierno constitucional. El ex
senador era un hombre de edad avanzada y tenía los ojos llenos de lágrimas
cuando volvió a revivir los sufrimientos terribles: “(...) la tortura más cruel consistía
en mojar el catre de celda y picanear sobre el piso”. Atado a la cama, el torturado
se retorcía de dolor hasta perder la conciencia. Pero la pesadilla que nunca olvidará
supera en horror al propio sufrimiento físico:
78
Ellos llevaban chicas, debían ser criaturas adolescentes o púberes.
Escuchábamos como gemían, como lloraban ahogadamente porque les
tapaban la boca. Eran sometidas por varios de los represores que estaban
allí. Luego un golpe, un grito ahogado y el silencio. Las mataban, les
quebraban la columna y las colocaban en un tambor.
Durante muchos años Aguirre, católico practicante, estuvo alejado del
sacramento de la Eucaristía: “Los sacerdotes me decían que tenía que perdonarexplica-. Pero yo puedo perdonar lo que me hicieron a mí, no lo que le hicieron a
esas criaturas”. (Cuarto Poder 27-5-2000).
En realidad, a Júcaro no le era tan fácil soltarle la mano a Nazario, porque
sabía demasiado de los manejos turbios que caracterizaban a su gobierno. Un
dato de inquietante relevancia es que el ex gendarme acompañaba a Romero quien
transportaba valijas en el avión de la provincia con destino a Antofagasta. Estos
vuelos no quedaban registrados en el libro de la Dirección de Aviación Civil.
El represor siguió manejando los hilos de la Secretaría de Seguridad y se
dejaba ver a plena luz del día con ese impune desparpajo propio de los verdugos a
sueldo. Aparece fotografiado en distintos semanarios, manejando la “seguridad” en
los actos en los que participa el Gobernador Romero. No olvidemos: se lo vio
controlando a efectivos policiales que concurrieron al lugar donde apareció el
cuerpo acuchillado del padre Martearena.
Un periodista de la Agencia de Noticias D.D.N., en setiembre de 2000,
encontró en una puerta de la Casa de Gobierno una faja con los nombres de
distintos funcionarios entre los que figuraba el del represor con el cargo de Asesor
de Seguridad.
También se constató que al delincuente, todos los salteños, no sólo le
pagábamos su salario, sino también gastos de telefonía celular que ascendían a
miles de pesos.
Los principales funcionarios de Romero, fundamentalmente Sonia Escudero,
que en aquel entonces era Secretaria General de la Gobernación, negaban
enfáticamente que Nazario ocupara algún lugar en la administración pública e,
incluso, no tuvo ningún empacho en mentir ante un requerimiento de la Legislatura.
La impunidad del individuo era la misma que gozaba durante los años de la
dictadura y el gobierno cometía los delitos de peculado y malversación de fondos
públicos con la complicidad de los poderes que debían controlarlo.
El malsano poder de Romero exhibía entre otras defecciones, dos que
aparecían con obstinada recurrencia: El cinismo y la insensibilidad.
En agosto de 2000, el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia,
Fausto Ponciano Machuca -aquel senador que fuera presionado por Cantarero-,
tenía que llevar adelante la organización de un Simposio de Derechos Humanos, y
había invitado como figura principal a la Presidenta de las Abuelas de Plaza de
Mayo, Estela Carlotto. En FM Noticias nos pusimos en contacto con Estela durante
la emisión del programa “Usted Opina”. Le informamos de quién manejaba la
“Seguridad” y de cómo Romero reprimía brutalmente cualquier atisbo de reclamo
social. La carismática dirigente envió un telegrama rechazando la invitación.
La influencia de Nazario en el Gobierno continúa hasta estos días y se hace
notar, con ostentación, no sólo en el accionar brutal de la policía conducida por él a
través de funcionarios que dan sucesivamente la cara en la Secretaría de
Seguridad, sino también en el aprovechamiento prebendario a favor de su familia.
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Nuestra emisora dio a conocer durante 2004 distintos decretos que otorgan
subsidios a su hija Karina, propietaria de un gimnasio llamado “Monkey GYM”. Al
parecer, esta ocupación no le quita tiempo para otras actividades: trabaja en la
Policía de la Provincia, en la Secretaría de Deportes, en el Cenard de la ciudad de
Buenos Aires y hasta cubre cautro horas cátedra en la Escuela de Villa Palacios.
Pero creo que es preciso volver al torturador. Las Resoluciones Nº 125, 137 y
211 entre otras, de las Secretarías General de la Gobernación y de Seguridad que
otorgaban pasajes aéreos y viáticos a distintos funcionarios, entre ellos a Ramón
Alberto Sánchez (Jefe de Movilidad de la Secretaría de Seguridad), habrían sido
transferidos al “Comandante Estévez”. Los profesionales del tormento físico
carecen de los pruritos básicos que impidan extender sus tentáculos a otros
ámbitos.
Amparando al torturador
Un sonoro cachetazo sorprendió a Juan Romero, cuando el 12 de agosto de
2002 el Juez Federal Claudio Bonadío ordenó la detención de Nazario imputado
por presuntos secuestros, tormentos y homicidios de una veintena de ex
integrantes de la agrupación guerrillera Montoneros, durante la última dictadura.
Desde ese momento, el ex comandante de gendarmería se convirtió en el hombre
invisible. Nadie en el gobierno lo había visto. Sabíamos que ocupaba un despacho
en el Grand Bourg (Casa de Gobierno), a escasos metros de la Secretaría de
Derechos Humanos, pero en esos días la guardia policial ya no registraba su
ingreso. Buscamos infructuosamente al represor. De su casa, gente que no se pudo
identificar, había retirado sus dos vehículos.
El martes 14 de agosto, cuatro periodistas llegamos hasta el casco de la
Finca San Alejo (que menciona López Echagüe en su libro El Otro), pero personal
del servicio doméstico nos informó que allí no había nadie. El jueves 15
entrevistamos al Ministro de Gobierno, Osvaldo Salum, quien recitó el cassette
oficial según el cual Nazario no ocupaba cargo alguno desde junio de 1997 y,
además, refirió que él nunca lo había visto. Cuando le aseguramos que 45 días
antes el ex militar no sólo estuvo en el Grand Bourg durante una recepción
realizada por una visita de Duhalde sino que, además, se ocupó de registrar qué
periodistas entraban, el Ministro trató de zafar diciendo que cualquiera podía asistir
a una reunión en la Casa de Gobierno.
En realidad la orden de detención contra Nazario se había librado el viernes 9
de Agosto, pero la información explotó el lunes siguiente, lo que permitió la fuga del
esbirro. Los medios adictos al gobierno provincial especulaban con que el represor
ya hubiera traspuesto la frontera argentina.
El periodista de la Agencia DyN, Néstor Espósito, se expresaba así en
nuestra emisora:
La noticia nos sorprendió esta mañana a quienes habitualmente hacemos
información de la justicia, porque en esta misma causa, que tiene 22 años por
hechos ocurridos en 1980, ya a comienzos de Julio pasado, el juez Claudio
Bonadío, había ordenado más de 40 detenciones, entre ellas las de Galtieri,
Suárez Mason y Cristino Nicolaides, entre otros, es decir personajes muy
importantes y vinculados a lo que fue la represión durante la última dictadura,
y ahora la causa parecía haber ingresado en una meseta... y nos
80
encontramos con la orden de detención de Sergio Nazario. Por lo que
sabemos-que no es mucho- porque la causa se maneja con sigilo, debido a la
gravedad de los delitos. Lo que está pasando es que empiezan a aparecer
nuevos datos, después de las detenciones ya producidas y las indagatorias a
las que se sometieron. En el caso concreto de Nazario, su nombre aparece
vinculado a este episodio ocurrido en 1980 con un grupo de montoneros que
formaban la célula T.E.I., dirigida desde el exterior por Roberto Cirilo Perdía, y
había sido,-como ocurría en aquel entonces-, fraguado un enfrentamiento en
el cual fueron secuestrados, torturados y luego asesinados unos veinte
militantes.
En Salta, el periodista Maximiliano Rodríguez escribía al respecto:
La noticia de la semana fue la orden de detención en contra del ex Secretario
de Seguridad de la actual gestión provincial, y posterior asesor personal del
gobernador en materia de (in) seguridad, Sergio Nazario, la cual fue dictada
por el Juez Federal Claudio Bonadío, quien investiga la desaparición de
Lucila Révora y Carlos Fassano, ocurridas en 1978, cuando el amigo de
“Juan” no era más que “un miserable torturador”, tal como lo calificara el
periodista David Cejas días atrás. Bonadío ordenó su detención por haber
participado en las desapariciones de Révora y Fassano. Ambos fueron
secuestrados en octubre de 1978 en un operativo militar que motivó una
pelea interna entre los represores que terminó con un insólito sumario que fue
encargado a uno de los detenidos de El Olimpo, escribía esta semana Página
12. El operativo en el que participó Nazario fue llevado adelante por un grupo
de tareas, compuesto por miembros de policía federal, ejército, servicio
penintenciario y gendarmería, el 11 de octubre de 1978 en Belén 335, del
barrio porteño de Flores.
La mujer estaba embarazada de ocho meses y fue secuestrada, mientras que
Fassano terminó fusilado en el acto. El operativo del secuestro duró más de
una hora e incluyó hasta un helicóptero y el uso de granadas. El botín eran
U$S 150.000 que se debían encontrar dentro de la casa, según le habían
arrancado a punta de torturas a otro detenido. El lanzamiento de las granadas
se produjo por una disputa entre los miembros del clan, por el dinero... En el
hecho murió el principal de policía Federico Corvinos y resultaron heridos el
capitán de ejército Enrique del Pinto y Juan Carlos Centeno del servicio
penintenciario. Posteriormente los represores montaron un juicio interno para
dilucidar quién se había quedado con el dinero, para ello encargaron el caso
a un detenido-desaparecido de El Olimpo que era abogado. En ese momento,
como ocurriría luego, tanto Nazario como sus secuaces quedaron impunes.
Ese 11 de octubre el ex asesor de Romero llamó a la escuela de gendarmería
para pedir un “lugar en la parrilla, ya que tenía un asado”. La solicitud era
para incinerar el cuerpo de Fassano.
En la Salta feudal casi todo se da como lo refleja Discépolo en el tango
Cambalache. En esos días presidía la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados la hermana del Gobernador, Silvia Romero, quien hizo
declaraciones a distintos medios, afirmando, primero, que no conocía a Nazario:
Yo puedo ser hermana del gobernador, pero no por eso quiere decir que yo
tengo toda la obligación de saber sobre toda la gente que está trabajando ahí.
Creo que volver a Nazario no tiene sentido, pero de todas formas somos
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personas que ya tenemos un tiempo en vivir en democracia. Entonces no
podemos decir que antes uno no podía trabajar en algo (sic).
Después acepta haberlo conocido y, finalmente, adscribe a la teoría del medio
demonio:
Si uno ha sido militar está crucificado, pero resulta que los extremistas no
están crucificados y resulta que son quienes mataron a un montón de gente
también, no están crucificados para nada, están todos libres y toda la
sociedad los ven como dioses. Para mí fueron personas que mataron a
mucha gente. Ese es un tema del pasado del cual no me interesa ocuparme.
¿Entonces por qué rehuir las preguntas sobre el presente?
Angel Oscar Mariano Torres
Cuando el ex funcionario de Gobierno Jaime Solá fue separado de su cargo,
descubrió tarde el poder que Angelito había acumulado durante la gestión de
Romero. Atribulado recordaba que Angelito era el encargado de servir el café en el
lujoso despacho de Júcaro, cuando éste era senador nacional. Torres es empleado
de planta permanente de la Cámara Alta y había trabajado para otro ex senador de
Salta, Francisco “Pancho” Villada.
Cuando Romero accede a la gobernación en 1995 lleva al atildado ex servidor
de cafés como secretario personal con un jugoso salario e, insólitamente, le otorga
una suma mensual extra en carácter de gastos reservados. No encontramos esta
arbitrariedad “salarial” en otras administraciones provinciales consultadas.
En diciembre de 2004, el militante del PJ Adrián Zigarán, envió una carta al
presidente del Senado de la Nación Daniel Scioli donde le exponía el siguiente
caso:
Dentro del cuerpo de empleados permanentes del Senado de la Nación, y
gracias a la aplicación de normas oportunamente acordadas para tener
acceso a la información, Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 25.152 (1999),
pude detectar que el señor Angel Oscar Mariano Torres, legajo Nº 11.357,
sigue siendo empleado permanente del cuerpo. Y digo sigue, porque el señor
Torres, desde diciembre de 1995 al día de la fecha, se viene desempeñando
en altos cargos dentro del Poder Ejecutivo de Salta, empezando como
Secretario Privado del Gobernador hasta Comisionado del Gobernador en la
Capital Federal, con rango de ministro, cargo con el que se desempeña al día
de la fecha.
Quisiera hacerle notar, que repasando rápidamente el Estatuto y Escalafón
para el personal del Congreso de la Nación, sancionado en noviembre 22 de
1995. Promulgado parcialmente en diciembre 15 de 1995. Publicado en
Boletín Oficial Nº 29.992 del 26 de septiembre de 2002, Ley 24.600 (B.Q.
l8/12/95), no pude encontrar ningún justificativo que permita que este señor,
se encuentre hace más de 9 años de licencia sin goce de sueldo (quisiera
creer). Teniendo en cuenta que al Gobernador Romero le quedan 3 años más
de mandato, el señor Angel Torres, pasará a estar 12 años de licencia.Permítaseme por lo menos opinar, que esta situación es llamativamente
irregular o injustificable.
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Retomando el tema del Estatuto y Escalafón del personal del Congreso, muy
por el contrario de encontrar algún artículo que avale la situación antes
descripta, dí con una cantidad de artículos que este señor estaría violando y
que darían lugar a su cesantía o exoneración.
Zigarán enumera aquí el articulado a que hace referencia y a modo de
ejemplo citaremos solamente lo siguiente:
e) El presente régimen de incompatibilidades es complementado por las
previsiones de la Ley de Etica Pública Nº 25.188.
Art.46º- El empleado legislativo que se encuentre en situación de
incompatibilidad deberá optar por uno de los cargos dentro de los cinco (5)
días hábiles de ser notificado, bajo apercibimiento de ser declarado cesante.
Por algún motivo que tiene que ver más con el psicoanálisis, Júcaro odiaba
casi todo aquello que tuviera que ver con el militante del Peronismo. Su padre
Roberto, había sido comunista, después radical, y como lo expresara a muchos de
sus amigos se había hecho peronista “porque el negocio estaba allí”. Pero, sin
embargo, se nutría de los viejos referentes del partido. Su hijo Juan Carlos, en
cambio, y desde la dirección del diario no dudaba en denostar todo aquello que
tuviera olor a peronista y si era negro y pobre, con mayor razón.
Es así que Angel Torres fue el encargado de introducir al gobierno a
muchachos jóvenes, profesionales, preferentemente blancos pero supinos
ignorantes en materia ideológica. A esta cría, que ignoraba el abc de la actividad
política, pero que luego demostraron un fino olfato para generar negocios desde el
poder, la prensa los empezó a llamar “Golden Boys”. El Jefe natural de los Golden
es Angel Torres, quien luego supo organizar un poder basado en el ascendiente
que tenía sobre Júcaro y que le permitía trapear a más de un ministro, intendentes
de la provincia y también a miembros de los otros poderes.
“El Secretario” cultivaba un perfil bajo en lo que respecta a la población,
procuraba que su telaraña se tejiera incesantemente desde la oscuridad para la
crítica de los contados medios independientes salteños.
El monje negro al estrellato
En los primeros días de agosto de 2003, Angel Torres salta a la fama de la
peor manera.
La señora Débora Krupelis, que se desempeñaba en su Secretaría desde
hacía 8 años y que había obtenido su cargo por concurso, lo denunció por supuesta
privación de la libertad, acoso sexual, tentativa de violación, intimidación y
amenazas de muerte.
La entrevista que le realizáramos a esta señora, acompañada por su marido
Carlos Vargas de larga militancia en el PJ, fue extensa y complicada. La mujer tuvo
que levantarse tres veces y salir del estudio para ir al baño en medio de arcadas,
mientras recordaba el incidente que le había tocado vivir. Su estado psíquico era
realmente deplorable y le costaba expresarse con claridad. La damnificada radicó la
denuncia ante la fiscal Emma Puente del Juzgado de Tercera Nominación. Refiere
que Angel Torres, el día 29 de Julio a hs. 17:45 la llama a su celular (155-018153) y
la cita para una reunión de trabajo a la que concurrirían otros empleados. Débora
83
llega a la hora prevista (21 hs.) al departamento situado en el 6º piso “B” del edificio
ubicado en Avenida Belgrano 1790. Como supuestamente la entrevista iba a ser
corta, la mujer va acompañada de una amiga que la espera en una confitería de las
inmediaciones. Al ingresar advierte que allí están solamente ella y Torres. Casi
inmediatamente el Secretario de Romero insinúa sus intenciones y Débora en una
posición de absoluta inferioridad intenta rechazarlo; pero el funcionario insiste
advirtiéndole que si quería tener éxito, debía ser más complaciente. La empleada
trata de abrir la puerta y comienza un forcejeo con el supuesto agresor -el relato es
más extenso- pero finalmente logra salir del departamento y se reúne con su amiga
para analizar los pasos a seguir. Las dos temen enfrentarse con Torres porque
saben del poder que detenta pero deciden, en ese momento, llamar al marido de la
víctima para contarle lo sucedido.
Al día siguiente, Carlos Vargas se comunica con Angel Torres y es insultado y
amenazado por el funcionario. Desde ese momento, denuncia persecución,
vigilancia permanente y ofrecimiento de dinero por parte de distintos referentes del
gobierno.
Según Vargas, en los días siguientes, habla con el vocero de Romero,
Fernando Palópoli; también con Cristian Wagner, quien alternativamente lo
amenaza y le ofrece trabajo. Salvo el contacto telefónico, Vargas no logra reunirse
con Torres para pedirle explicaciones.
El 14 de agosto la pareja decide hacer la denuncia en la Fiscalía Penal y,
según relatan, y por poco no son interceptados por individuos que se encontraban
en un automóvil en la puerta del Juzgado. En los días posteriores siguen las
amenazas. Vargas afirma que el propio Torres lo llama a su celular y lo increpa
brutalmente instándolo a que retire la denuncia. Carlos en su denuncia explica que
las amenazas, que incluyen a un hijo menor de la pareja, se realizan desde los
siguientes números telefónicos: 011154486998 y 156058563.
En el interín, un hijo adolescente de la víctima encuentra casualmente al
Gobernador que había concurrido a una escuela, y le enrostra lo ocurrido con su
madre.
La familia aterrorizada deja constancia que un vehículo Renault 19 Break, de
color gris patente RLY 883, que circula a veces con tres y, otras, con cuatro
personas del sexo masculino, aparecen constantemente en lugares en donde ellos
están.
Angel Torres había solicitado al Secretario General de la Gobernación, Javier
David (sobrino de aquel Juez nombrado por presiones de Cantarero), que traslade a
la señora Krupelis a otra dependencia. Pero finalmente la mujer es despedida a
principios del año 2004. Posteriormente, y ante el estado depresivo de Krupelis,
toman la decisión con su marido de viajar a Buenos Aires.
En algún momento Débora desaparece sin dejar rastros, es como si nunca
hubiera existido.
El 12 de diciembre de 2005, el periodista de F.M. Noticias, Oscar Correa
intenta consultar a la fiscal Emma Puente sobre el estado de la causa. La funcionaria
contesta que la misma está archivada pero luego, presa de un inexplicable
nerviosismo al pensar que el movilero transmitía en directo, le arrebata su teléfono
celular.
Son pocos los funcionarios provinciales que no temen las represalias del
poder.
84
Salvo a la familia de Débora Krupelis que realizó las denuncias pertinentes y a
este medio de comunicación, a nadie parece importarle en Salta. Con mi colega
Chacho Azurmendi intentamos hablar con la amiga de la desaparecida mantenemos su nombre en reserva-, pero todo fue inútil.
Probablemente sea un ejemplo más del terror que reina en la Provincia.
El negociador
Como sabemos, el delito de cohecho es muy difícil de probar y, a veces,
también el de negociaciones incompatibles con la función pública, que contempla
una pena de 2 a 6 años de prisión. En mayo de 2003 recibimos, en forma anónima,
una grabación en donde Angel Torres trata de influir sobre el ex intendente Juan
Carlos Villamayor (diciembre de l995 a junio de l966), para que le abone a la
empresa Predios de Carlos Visuara una supuesta deuda de un millón doscientos mil
pesos. También aquí las voces son inconfundibles y vamos a citar fragmentos, que
confirman nuestra presunción, sin sacarlos de contexto.
AT: -Lo que quería decirte es que... yo hablé con la otra parte...
JCV: -Sí
AT: -Y es mantener un estatu quo absoluto, hasta después de la reunión que
yo tenga con vos.
JCV: -Ajá
AT: -Eh.
JCV: -Pero…¿Están de internación estos?
AT: -Mmmm
JCV: -¿Están de chaleco de fuerza?.
AT: -No, no, no. Yo te voy a decir mañana cual es la pretensión.
JCV: -Ajá.
AT: -Pero les exigí que no hagan absolutamente nada, hasta que yo me
reúna con vos.
JCV: -Claro, claro.
AT: -Te pido a vos lo mismo, un pacto de caballeros...
JCV: -O sea, yo vidrio no como, estate tranquilo, pero yo a los locos creo que
hay que cargarlos en un celular, ponerles chaleco de fuerza y llevarlos a
donde corresponde ¿no?.
AT: -Correcto.
JCV: -Y después cuando se le pase el momento de violencia, de locura...
este... así exacerbada se lo lleva. En Salta a Villa Las Rosas y en Buenos
Aires a Devoto.
AT: -Ja ja ja...
JCV: -Che Angelito
AT: Sí
JCV: -Mañana venís, le decís a mi secretaria que no te haga esperar.
AT: -Listo
JCV: -Un abrazo
AT: Chau
Al día siguiente:
85
JCV: -¡Qué dice don Angelito!
AT: -Primero, a Predios (la empresa), lo va a entregar, en lo que puede ser un
regalo,... él se retira definitivamente de la Municipalidad.
JCV: -Sí.
AT: -No tiene, ni quiere tener ningún vínculo con el futuro de la municipalidad.
Los obreros... me dijo, en un lapso de 60 días, se dedica a otro negocio en
Buenos Aires. Me ha dicho que hay una pérdida de dinero que él no pretende
seguir perdiéndolo, etc, etc, que no tiene vínculo con medio ambiente, que se
retira definitivamente, que lo único que él quiere es cobrar su dinero.
Siguen conversando sobre distintos problemas que, supuestamente, tiene la
empresa de Visuara e incluso la ingerencia en el tema del Gremio municipal (UTM),
y luego vuelven a la negociación:
JCV: -Incluso ¿dónde empieza el enojo, la suceptibilización de Visuara y mía,
y que él la persigue?. Por eso él se anticipa en este disloque. Cuando me
dice un día: mirá, si vos no me pagás lo consolidado, yo me voy a Romero.
Esa es la verdad de por qué él está con Romero. Y bueno, y arreglo con
Romero, arreglo con Romero. Y le digo ¿Romero me va a descontar de la
coparticipación a mí?. Y así es, me dice, porque el decreto dice que está
consolidado en cabeza de poder. Sí perfecto, pero no la voluntad omnímoda,
ni el antojo del gobernador...
AT: -Claro
JCV: -De disponer de las prioridades de la municipalidad y de los pagos. No
creo que la cosa sea así. Si vos querés hacela, porque estás facultado, esa
es una decisión tuya le digo, pero tu relación conmigo se afecta. Dice bueno,
pero entonces yo voy a hablar con Tito (Romero), y me quiso correr. Si ya lo
hicieron 15 días con el tema de la basura otra vez, y yo no sé quién ganó en
esto, algunos abogados, y bueno y medio me enojé y de ahí empezamos
mal... Y después me avispan a mí, que él contrataba un monto para seguros
con la municipalidad cuatrimestral de cien mil pesos, cuando en plaza se
consigue de quince a veinte mil pesos, toda la diferencia se la comía él. La
Municipalidad le venía pagando, era otro de los negocios que tenía con
Montoya (ex -intendente), con Sivila (ex -miembro del Tribunal de Cuentas
Municipal), que ese tipo era operador de él. Entonces cuando yo me entero
de eso, digo, vamos a seguir pagando el seguro, pero vamos a reformular el
contrato, éste no más, no va más así. Eso equivale cada 8 meses a una
Caterpillar, que la municipalidad la necesita, todas esas cosas vino afectando
la relación.
AT: -Claro, a medida que vos fuiste observando...
JCV: -Claro. O sea el pingüe negocio, la paponia pasó, él no lo entiende,
entonces estaba dispuesto a armonizar todos los criterios, incluso tiene la
posibilidad de presentarse, de competir en la licitación, todo.
AT:-Ahora no quiere saber nada.
JCV: -Pero éste quería el prepo, la imposición y recurrió a lo que vos sabés.
¿Qué opinás vos Angelito?, ¿qué hacemos?.
AT: -Creo que vos podés conseguir una forma de pago, o acá tendría que
funcionar uno tuyo y uno de él, que comiencen a discutir cómo es el pago.
JCV: Sí, pero el planteo fue, o me pagan en 24 horas el millón doscientos, me
respetan Predio y me dejan insertarme en medio ambiente.
AT: -No, no,no, eso él lo negó terminantemente.
86
Torres se explaya sobre los supuestos problemas de Visuara y Villamayor lo
interrumpe:
JCV: Me chapeó con Romero, me chapeó con Cantarero”(...) “Y bueno, si vos
Angel querés hacer de amable componedor, si él se está manejando a través
de Sivila, pero Sivila ha sido cómplice de él en la extorsión.
AT: -Yo lo que creo es que necesitamos un técnico en materia de números.
Esto es una muestra del lugar que ocupaba el “Secretario” en los trámites
ilegales. Hay que considerar que esta conversación tuvo lugar casi al comienzo de la
Gestión Romero, podemos imaginar lo que hizo este individuo, en materia de
“negocios”, en los diez años posteriores.
Ayudando al espía
El 4 de septiembre de l999, el periodista Miguel Brizuela escribía en el
semanario Cuarto Poder:
(..) En el Nº 300 de este semanario se informaba sobre una insólita
adquisición del Gobierno de la Provincia. En las Tiendas Latinas de Miami se
adquirieron equipos para la escucha telefónica a un costo de U$S 180.000.
Los artefactos funcionan con el mismo sistema que el programa de rastreo de
llamadas Excalibur. Cada uno de ellos cuesta U$S 35.000 y consta de una
valija y una PC portátil. El inspirador: Sergio Nazario, que dejó la titularidad de
la Secretaría de Seguridad tras el escándalo desatado a nivel nacional,
cuando La Nación informó que la seguridad de los salteños estaba en manos
de un ex represor del Proceso.
El comprador de los equipos en Miami fue Angel Torres, a quien poco parecía
importarle que las escuchas realizadas sin orden judicial son ilegales.
Gilberto Enrique Oviedo y Luis Siegrist
Oviedo ocupó los cargos de Ministro de la Producción y el Empleo, Ministro
Coordinador y Ministro de Gobierno sucesivamente y ha sido señalado como el más
aplicado “cajero” de Romero durante su primera gestión (1995-l999).
Siegrist fue Secretario de Obras Públicas, pero todo apunta a que era en
realidad un testaferro del gobernador y de Oviedo.
A medida que el lector avance en este libro, advertirá el por qué de esta
yunta.
Ambos fueron denunciados por mí a causa de negociaciones incompatibles
con la función pública:
Artículo 265 del Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos
a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario público
que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare
en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo”.
87
Esta denuncia, junto a otras situaciones, motivó que el poder destituyera, de
manera absolutamente arbitraria, al ex Juez Roberto Elio Gareca.
En junio de 2000, entrevisté al entonces superministro Oviedo. En esa nota el
sujeto reconoció su calidad de accionista en la empresa Dinarco S.A., y manifestó
que había dejado de administrar su empresa en 1991, cuando fue designado como
Director del Ente Nacional Regulador del Gas. Surge de las actas de la sociedad,
que Oviedo desempeñó el cargo de Presidente y Representante Legal de la
empresa Dinarco S.A. hasta el 25 de junio de 1999 y habría dado continuidad a su
actividad empresarial por intermedio de terceros, parientes o allegados, de manera
paralela a su ejercicio funcional. Luego confesó impunemente su delito:
Bueno, sí, yo tengo acciones, por supuesto. Pero yo no administro. Imagínese
que de esta manera, si yo me tengo que inhibir de hacer mi actividad
empresarial o comercial por el hecho de que soy un funcionario público,
entonces no podría dedicarme a esta función, se lo digo con toda sinceridad,
con ese criterio, ningún empresario podría tener una función pública5.
A partir de 1999, fue designado como presidente su cuñado, Roberto Vilariño.
Éste es acompañado en la vicepresidencia por Paola Teresita Ferranti de Oviedo
(esposa del ex ministro) y como primer vocal el Ingeniero Ernesto Claudio Mondada.
La empresa no tuvo giro comercial de significación en los diecisiete años
anteriores al ingreso de Gilberto Oviedo a la función pública, cobrando su actividad
repentino incremento a partir de 1996, cuando el empresario pasa a desempeñarse
como Ministro de la Producción y el Empleo. Durante los años 1998 y 1999 el Estado
Provincial le adjudica obras a Dinarco S.A. por un monto de $ 14.156.211,60
conforme al siguiente detalle:
Proyecto
726
733
193
710
731
493
494
Obra
150 Viviendas Orán
Adicional 1
Adicional 2
120 Viviendas Orán Gremio Azúcar
Adicional 1 (23 viviendas)
Infraestructura B° San Carlos
Adicional
60 Viviendas Pichanal
120 Viviendas Orán
Construcción de Albergues Estudiantiles
Monto Contratado
$2.685.807,81
$299.318,31
$505.761,66
$2.125,46
$636.751,30
$301.231,17
$42.550,13
$1.096.904,97
$2.410.186,41
$3.984.788,53
El ex Secretario de Obras Públicas, Luis Siegrist, presidió el directorio de la
empresa constructora Conciel S.A., desde el 12 de diciembre de 1996, según se
desprende del Acta de Directorio Nº 561 de la sociedad mencionada. Desde esa
fecha, también figura su esposa María Elena Galoppe.
El denunciado renunció a la presidencia de Conciel S.A. el 2 de junio de 1997
según acta Nº 577, aunque su cónyuge continúa integrando el directorio de la
misma.
También aquí el estado benefactor y cómplice adjudicó obras por casi veinte
millones de pesos:
5
Declaraciones de Oviedo en FM Noticias.
88
Proyecto
302
867
868
868
898
501
494
495
820
208
127
Obra
Suministro E. A Finca Las Costas
Idem
Remodelación y Amp. Hospital
Geriátrico de Salta
Adicional Idem
Amp. Hospital Tartagal
Planta Potabilizadora Embarcación
Const. Edif. Escolar Riv. B. Sur
Const. Edificio Escuela La Unión
Amp. Ref. Esc. Nº 11 Juan C. Dávalos
Adicional 1 amp. Esc 4005
Electrificación Zona Los Lapachos 1ºEtapa
Const.2º Etapa Col. Sec. Nº 5050 Vaqueros
Monto contrato
$ 253.200,00
$ 49.888,05
$ 180.463,22
$ 42.787,83
$ 2. 061.333,59
$ 4.467.911,36
$ 445.744,47
$ 449.522,43
$ 154.746,90
$ 22.664,74
$ 243.613,00
$ 559.257,88
EDESA-CONCIEL
Convenio 1
Convenio 7 Interc. Cafayate
$ 5. 400.000,00
$ 3. 500.000,00
UTE ARA S.A. - CONCIEL S.A.
1128
525
Const. Unidad Carcelaria Nº 5 Cerco $ 1.205.334,72
Perimetral y S.U.M.
Adicional 1
$ 328.717,38
Adicional 2
$ 240.423,30
Fui patrocinado en esta denuncia por el abogado Carlos Humberto Saravia, y
citaré sólo algunos fragmentos de la precisa presentación del profesional:
El ilícito nombrado conmina punitivamente al funcionario que asume un
interés de parte, en el contrato, negociación u operación en el cual intervenga
en razón de su cargo (primera parte de la norma citada), yuxtapuesto al
interés administrativo. Ese interés de parte indebido (pues se afecta tanto a la
administración pública como a terceros) puede darse en miras al provecho de
la gente desleal, o bien apuntar al beneficio de un tercero.
Los contratos involucrados pertenecen a la competencia funcional de los
denunciados, en tanto integraron los niveles decisorios o de fijación de
legalidad, respecto de la actividad administrativa en cuestión y precisamente
tal extremo permite tener por configurado el tipo penal que se imputa
mediante la presente denuncia.
Nuestro Código Penal en su art. 77 define al funcionario o empleado público
como aquella persona que participa en el ejercicio de la función pública o,
dicho de otro modo, que tiene la facultad exclusiva o en colaboración con
otras, de formación o ejecutar la voluntad estatal para realizar un fin público,
por delegación permanente o accidental del estado. Tal concepto, por lo
tanto, abarca la actividad desplegada por los encartados, quienes al
desempeñarse como Ministro de la Producción y el Empleo, y Secretario de
Obras Públicas, respectivamente, ejecutan por delegación permanente la
voluntad estatal para perfeccionar contratos de obra pública.
89
Por otra parte, es aceptado en doctrina que el indebido interés de parte puede
manifestarse en cualquier etapa de la operación, desde las tratativas previas,
hasta su conclusión total. En el presente caso, se torna evidente y fácil
detectar la introducción de un interés indebido en las contrataciones dado que
la actuación de los denunciados en las mismas se ubica en los extremos de la
actuación administrativa que terminó favoreciendo a Dinarco S.A. y a Conciel
S.A., es decir en el control y aprobación de los procesos licitatorios y la firma
de los contratos respectivos. En consecuencia, se impone apreciar con mayor
rigor la actuación de los funcionarios con desdoblado interés y en posición en
que la gestión pudiera influir.
La avaricia y el convencimiento de la absoluta impunidad de la que goza,
llevaron a Oviedo a concretar un negocio aún más sucio. Siendo Ministro de
Gobierno en mayo de 2000, debió intervenir como mediador en un corte sobre la
Ruta Nacional 50 provocado por más de ochocientos desocupados. Logró desactivar
el piquete ofreciendo puestos de trabajo que eran nada más que temporales, pero
con el agravante que mucha de esa gente terminó trabajando en la construcción de
120 viviendas que le habían adjudicado a su empresa (DINARCO), y los ingresos
que percibieron provenían de planes trabajar. Es decir, los argentinos terminamos
pagando los salarios que debía abonar el impresentable Super Ministro.
Del mismo modo, Romero no tuvo empacho en difundir el 16 de marzo de
2000 y en el diario de su propiedad, la construcción ilegal de 53 albergues
estudiantiles, promocionando la obra como un éxito de su gestión de gobierno.
El Triángulo de las Bermudas
Con fecha 15 de junio de 2001, el ex diputado provincial, Luciano Leavy
García, también denunció a Oviedo y Siegrist por Negociaciones incompatibles con
la Función Pública e Incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos
265 y 248 del C.P.). En este caso el ex legislador había descubierto una maniobra
mediante la cual los denunciados hacían uso y abuso de fondos energéticos
nacionales. Estos fondos (F.D.I.), debían ser administrados por la Provincia, pero el
entonces Ministro Gilberto Oviedo desviaba los mismos a través de resoluciones, a
favor de la empresa privada de energía EDESA, para que ésta en una irregular
triangulación los adjudique “curiosamente a la empresa Conciel”.
Leavy García, que también es ingeniero, realizó una presentación muy
detallada en el Juzgado de Instrucción Formal de 2ª Nominación, a cargo del Dr.
Esteban Dubois, quien se inhibe el 26 de julio de 2001. La causa pasa al Juzgado de
Instrucción de 4ª Nominación, a cargo del Dr. Roberto Elio Gareca el 3 de diciembre
del mismo año.
El ingeniero aseguró que la concentración de estos fondos perjudicó a
localidades del interior salteño carentes de los mismos para obras de desarrollo
eléctrico. También señaló que lo grave de toda esta trama, es que el inspector de la
obra y el que tenía a cargo los otorgamientos adicionales -certificaciones de obra,
mediciones, etc.- era el ex Secretario de Obras Públicas Luis Siegrist a su vez
Director de Conciel.
90
El viejo truco
La Fiscal Penal María Inés Loyola promovió acción penal en contra de Oviedo
y Siegrist por el delito de Negociaciones Incompatibles con la Función Pública
basándose en la denuncia del periodista Sergio Enrique Poma. Por su parte, el
Fiscal Penal Justo Alberto Vaca promovió acción penal por el delito de
Incumplimiento de los deberes de funcionario público en contra del Ingeniero
Gilberto Oviedo por la denuncia del ex diputado Luciano Leavy García.
El juez Roberto Gareca había avanzado rápidamente en su investigación: el
26 de diciembre prestó declaración indagatoria Oviedo y el 27 del mismo mes
Siegrist. A la fecha declararon 28 testigos y estaban citados otros treinta. La causa
ya tenía 5 cuerpos de 200 fojas cada uno y trabajaban 3 peritos contables,
designados por la Corte de Justicia de Salta, sobre la documentación obrante en el
Ministerio de la Producción y el Empleo, Secretaría de Obras Públicas, Instituto
Provincial de Desarrollo Urbano y la Vivienda, Dinarco S.A., Conciel S.A., Ente
Regulador de los Servicios Públicos y EDESA S.A.
De acuerdo al ritmo de la investigación, se estimaba que la instrucción de la
causa podía finalizar en los últimos días del año 2002.
Gareca fue destituido antes de terminar su trabajo. El expediente pasó a
manos del Juez José María Alvarado Solá que, sin sonrojarse, sobreseyó a los ex
funcionarios corruptos. Los fiscales Vaca y Albarracín apelaron por la figura más leve
(Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público) y la impunidad quedó
garantizada. Gilberto Oviedo sigue facturando al pueblo salteño con su empresa
DINARCO y también en su cargo de “Comisionado del Gobernador de la Provincia,
para que asista o represente a éste en las relaciones de la Provincia con los órganos
del Gobierno Federal, y con organismos tales como el Consejo Federal de
Inversiones y la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos”
(Decreto Nº 1570 del l6/8/01). El “Coimisionado” muestra sin rubor los bienes mal
habidos y sabe que, difícilmente, aparecerá un miembro de la justicia que se atreva
a indagar sobre su larga y maloliente carrera.
Dinarco S.A. había quedado muy expuesta, por eso eligieron a la empresa
Conciel S.A. para acaparar los fondos energéticos. El ingeniero Renato Abalos,
integrante de la Cámara Salteña de Energía, aseguró en junio de 2000, que la
entidad trabajaba en una denuncia sobre distintas irregularidades manejadas desde
el gobierno de Romero y citó algunos ejemplos:
Cuando quise adquirir los pliegos para la iluminación de la ruta a San Lorenzo
(localidad residencial y turística muy cercana a Salta), la obra ya se estaba
ejecutando sin licitación, también, de la misma manera, adjudicaron en forma
directa a Conciel S.A. la electrificación de la Línea Troncal Grande desde
Guachipas a Cafayate, obra calculada en casi 10 millones de dólares.
Para graficar la voracidad con que actuaban estos truhanes citaremos la
Resolución Nº 334 de fecha 4 de septiembre de 1998 firmada por Gilberto Oviedo.
En los considerandos hacen gala de su “sensibilidad social” y aluden a los
problemas del cólera, la hepatitis y la falta de trabajo de “esta zona”, el Ministro de la
Producción y el Empleo resuelve:
91
Artículo 1º: “Ratifíquese el Acta Acuerdo suscripta entre el Ministerio de la
Producción y el Empleo y la empresa Conciel S.A., en todos sus términos, la
forma parte (sic) de la presente Resolución como Anexo 1º.”
Artículo 2º: “El gasto que demande la presente obra, está previsto en la
partida número 1216 correspondiente al plan de obras públicas del presente
ejercicio, por $ 3.497.520”.
Nunca pudimos conseguir la mencionada Acta Acuerdo, y más aún si
consideramos que la misma es un documento público. Sin embargo supimos que los
estudios encargados para determinar el costo original de esta Planta Potabilizadora
alcanzaban los U$S 600.000, es decir, multiplicaron el monto por seis.
Pero la historia no termina allí, porque por solicitud de los diputados de la
UCR, Farizano y Fernández, se cita a la Ministra de Hacienda Alicia Asti a una
reunión “informativa”. Allí se descubre que el monto de la obra había aumentado
misteriosamente en $ l94.000 en sólo 17 días posteriores a la Resolución Nº334 y,
además, le agregaron el IVA, con un incremeto final de $970.000. También surgió la
novedad que a la empresa Conciel S.A. le habían adelantado el 30% ($1.340.363)
sin haber puesto un ladrillo. Un dato que sirve para medir la millonaria estafa, es
que también se había proyectado una planta similar para la ciudad de Metán con un
presupuesto de $850.000 iva incluído. Para ponerle el moño, la planta fue
abandonada a medio construir sin tener a quien reclamar, porque Conciel S.A.
estaba en convocatoria y era una cáscara vacía.
El cólera, la hepatitis y la falta de trabajo, argumentos que esgrimía Oviedo
para su construcción, fueron una vez más una muestra del interminable cinismo de
la Administración Romero.
La obra fue adjudicada otra vez en el año 2004, con el agravante que el
pueblo de Embarcación tiene serios problemas por la carencia de agua, como así
también todo el Departamento San Martín.
Al mejor estilo Menem, Romero soportó la presión de las denuncias en la
justicia y el embate periodístico propuesto por F.M. Noticias y la Agencia de Noticias
DDN. Finalmente eyectó de sus cargos a los funcionarios, sin embargo nombró a
Oviedo como asesor.
A mediados de 2001, la AFIP consiguió que la Justicia Federal allanara las
oficinas de Conciel S.A., pero la misma ya había sido vaciada. Aún así encontraron
U$S 10.000.000 en facturas truchas para intentar justificar una parte de su
desmesurado crecimiento económico. El testaferro Luis Siegrist viajó a Brasil
esperando que se aquietaran las aguas. Hoy está nuevamente en Salta disfrutando
con sus socios de una total impunidad.
Alfredo Nallib Yabrán
Romero tuvo y tiene relación con algunos de los personajes más oscuros de
la década de los 90. Las maniobras y negociados se sucedieron sin solución de
continuidad y, en algunos casos, le explotaron en la cara al Gobernador cuando
estos individuos adquirieron notoriedad al quedar expuestos por la prensa nacional.
Ante la enorme presión que ejercían los medios nacionales, sobre todo a raíz
del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, unos pocos periodistas salteños
comenzaron a indagar tratando de establecer si los tentáculos del empresario
92
telepostal habían logrado alguna presa en la Provincia. El semanario Ámbito Salteño
informaba en junio de 1997 que Yabrán había estado en Salta, interesado en la
privatización del Banco de Préstamos.
Cuando Romero no había invertido todavía cifras millonarias en aeronaves
para la provincia se desplazaba en los aviones de la empresa Lanolec que
pertenecía a “Don Alfredo”. En un corto lapso de tiempo, dos aeronaves que
transportaban correo de Oca sufrieron accidentes que nunca fueron investigados.
En lo particular, indagué una licitación amañada para realizar un relevamiento
catastral en nuestra Provincia. De la misma participaron las empresas Oca, Skycab y
Andreani y también compró los pliegos el Correo Argentino. La empresa estatal se
retiró de la compulsa en forma extraña, si se tiene en cuenta que al haber
presentado la cotización más baja ($1.750.000) tenía todas las posiblidades a favor.
Finalmente el relevamiento le fue adjudicado a Oca en una cifra muy superior ($
2.542.000).
Entrevisté al funcionario jefe del Correo Argentino en Salta, ingeniero Darío
Benítez, para que explique el por qué del corrimiento de la empresa del Estado, pero
esta persona se negó a suministrar información, aduciendo que debía solicitar
autorización a las Autoridades del Correo Argentino Central.
Después de 15 días de haber consultado a Benítez, llegó a nuestra Agencia la
dudosa explicación dada a conocer desde Buenos Aires. Confirmaban la compra de
los pliegos correspondiente a la licitación Nº 2/96 de fecha 28/11/96, pero que
finalmente habían desistido de presentarse a la misma. Las razones expuestas eran
que se requería un importante desarrollo de sistemas, equipos y software adecuado
para su realización, elementos que la Sucursal Salta no tenía en ese momento. Lo
único que quedaba claro era la tenebrosa influencia que Yabrán tenía en muchas
áreas del Estado Nacional.
Profundizando en la averiguación, llegué a un operador de Yabrán que, según
datos de fuente confiable, fue el encargado del armado de la licitación trucha. Se
trataba del ingeniero Juan Carlos Gamalero L.E. 8.502.747, nombrado por Romero
en el cargo de Asesor en Logística de Recaudación del Gobierno Provincial para la
Administración Pública Centralizada y Organismos Autárquicos, con una
remuneración equivalente a la de Director General y Accesorios, según el Boletín
Oficial Nº 14.885 del 18 de marzo de l996.
El tema ya era noticia nacional y Página 12 publicó una entrevista realizada a
Gamalero:
- ¿Usted tiene vinculación con los correos privados?
- No, no tengo ninguna ni con Oca, ni con ningún correo privado. Pero a mí
me conocen mucho en el mundo postal. Y yo los conozco mucho a ellos.
Especialmente a las cámaras empresarias.
- ¿ Y de dónde ese conocimiento?
- Yo fui asesor del Banco Mundial en logística de la distribución. Por eso la
Dirección General Impositiva me contrató desde el 93 al 95, mientras
estaba (Ricardo) Cossio. La DGI es uno de los principales impositores
postales. Y fuimos nosotros quienes abrimos el juego a cincuenta PYMES
postales, desbaratando el monopolio que tenían Oca y Ocasa. Porque yo, le
aclaro, no tengo nada que ver con Ocasa, como dijo algún medio.
- ¿Por qué lo contrató Romero? ¿Usted lo conocía?
- ...Por mi experiencia. Yo entiendo de logística, que tiene algo que ver con la
recaudación. Y en Salta fui asesor en el tema de recaudación.
93
- Insisto: ¿Usted lo conocía a Romero?.
- Me contrataron por mi experiencia... No. No lo conozco.
Los negociados, para ser completos, deben exprimir al Estado y a los
trabajadores. Es así que la Provincia se hizo cargo de la profusa publicidad, sobre
todo en los medios pertenecientes al Gobernador. En el programa radial salteño
“Las barbas en remojo” que conducía el periodista Hector Alí, se informó que los $
1.300, prometidos por Oca para quienes realizaran el trabajo de campo, quedaron
reducidos a sólo $ 400. Los operarios tenían que desarrollar el muestreo entre las 8
y las 17 horas equipados con una campera de nylon para su identificación y la
empresa ya estaba convocando a más trabajadores para concretar las mismas
tareas en el interior provincial.
El entonces diputado nacional Ricardo Gómez Diez nos solicitó los resultados
de nuestra investigación, que fueron analizados con el ex diputado del Frepaso
Darío Alessandro. Este referente logró la utilización del sistema excalibur que
detectó más de 50 llamados desde la empresa Yabito a los domicilios de Romero en
Buenos Aires y Salta.
En el diario La Nación, Júcaro calificó como “chiste” la propuesta de
Alessandro de exigirle explicaciones en el Congreso ante la Comisión Antimafia, por
sus contactos telefónicos con Alfredo Yabrán, que se habían producido poco antes
de la sospechada licitación por el relevamiento catastral.
Este relevamiento fue un negociado que le costó a los salteños más de dos
millones y medio de pesos. Permanece arrumbado en la Dirección de Inmuebles,
nunca fue utilizado y ya es obsoleto.
Con su blanca palidez
La relación Romero-Yabrán es anterior al momento en que el primero
asumiera la Gobernación en Salta. En el libro Senado S.A. del periodista
parlamentario Orlando Juan Rígoli se marca uno de los puntos de esta oscura
asociación:
Más que una privatización, lo del Correo fue una pelea lisa y llana: hubo
presiones sutiles y también desvergonzadas, se actuó con guante blanco y
con “manopla”, se compraron funcionarios y se alquilaron gremialistas. Las
versiones sobre la existencia de legisladores “a sueldo” eran moneda
corriente en los pasillos del Congreso, en las audiencias públicas y en las
comisiones. Hubo diputados pasados a retiro por intentar cobrar favores más
allá aun de las ya corruptas reglas del juego -como el caso de Eduardo Varela
Cid-, oferta y demanda de influencias, acusaciones cruzadas e incluso
agresiones físicas a quienes interferían. El Buenos Aires de los 90 recordaba
al Chicago de la década del 30.
La primera intentona para instalar el tema en el Legislativo fue del senador
Juan Carlos Romero, actual gobernador de Salta, quien trató de sacar un
dictamen favorable a la privatización del servicio y al no tener éxito, presentó
a posteriori un proyecto de ley acompañado por el senador porteño por el
justicialismo Eduardo Vaca. El tema no era menor: se trataba de pasar a
manos privadas al ente estatal más antiguo: el Correo que había nacido con
la Revolución de 1810.
94
El dato suministrado por Rígoli era conocido en la Provincia y tuvo
derivaciones, así vemos, una vez más, la catadura de Juan Romero.
El periodista del canal de cable (2) Santa Clara de Asís, Marco Díaz Muñoz,
realizó en aquellos días una entrevista al dirigente gremial de Correos Julio
Reifenberg. Este mencionó con preocupación que en aquel proyecto de ley
confeccionado a medida de Yabrán, había un artículo que ordenaba que los
vehículos que transportaban el correo no podían ser revisados ni por la policía, con
todas las conjeturas que uno pueda hacer sobre la claridad de esta imposición.
Las consecuencias no se hicieron esperar: El romerismo presionó a los
propietarios del medio que echaron sin miramientos al cronista: Reifenberg fue
querellado por Júcaro y condenado rápidamente por el desvergonzado Juez
Correccional Marcelo Torres Galvez a seis meses de prisión en suspenso y a pagar
la suma de $ l0.000. El abogado del gobernador, Alberto Raymundo “el negro” Sosa
cobró sus honorarios llevándose los muebles de Reifenberg en un camión hasta que
un abogado medió para que pudiera pagar mensualmente. Como corresponde a un
dirigente de trabajadores, Julio es un hombre de escasos recursos económicos.
Jorge Horacio Brito
Referentes del radicalismo salteño aseguran que el verdadero poder que se
esconde detrás de la figura de Brito está manejado por el inhasible Enrique “Coti”
Nosiglia. Esta especulación tiene sentido si nos atenemos a lo informado en febrero
de 2002 por la revista Noticias:
El Banco Macro nació a fines de los años 70 como una mesa de dinero
cordobesa llamada Macro Cía. Financiera S.A. (...) El rodrigazo permitió
despegar con una significativa diferencia a los propietarios de la entonces
financiera Macro y de la consultora Econométrica: José María Dagnino
Pastore, Mario Brodersohn, Alieto Guadagni y Alfredo Concepción (...) Recién
en 1987 el Banco Central lo autoriza a operar como banco comercial bajo el
nombre de Banco Macro S.A.. Los primeros buenos negocios los realizó
durante el apogeo de la coordinadora del radicalismo en los 80’. Por ejemplo,
cuando dos días antes del anuncio del Plan Primavera hecho por el gobierno
de Raúl Alfonsín el Macro había comprado unos 3 millones de dólares justo
antes del disparo de la divisa. El fiscal Ricardo Molinas investigó el caso,
pero nunca pudo probar que la entidad hubiese recibido información
privilegiada de sus “contactos en el gobierno”. Cabe recordar que en aquellos
días se conocía al Banco Macro como “El Banco de la Coordinadora”.
Luego de informar sobre la díficil situación financiera que atravesaba la
entidad en 1994 la revista afirma:
El camino que lo llevó a ser un importante banco del norte del país es, al
menos, sospechoso. La caída de depósitos lo había desahuciado, pero con la
compra de los bancos provinciales de Misiones, Salta y Jujuy se recuperó
rápidamente.
95
También Horacio Verbitsky en su columna de Página 12, relacionó el
crecimiento del Macro con la compra de los Bancos de las Provincias que no
casualmente son fronterizas con las zonas más calientes del narcotráfico. A los
nombres ya citados se pueden agregar los de Menem, Yoma, Colombo, Moneta, De
Santibañez, Puerta, Romero, etc. que tienen o han tenido relación con la entidad
bancaria. Esto confirma que, en estos estratos, no hay ni política ni ideología
diferente, sólo prima la transversalidad de la mafia y la corrupción.
El Banco Provincial como botín
Conviene recordar que
la institución fue víctima de operaciones
inescrupulosas, en particular, durante el Gobierno de Roberto Romero (l983-l987).
Así, terminada esa gestión y habiendo accedido al Gobierno Hernán Cornejo, El
Banco Central dispuso el cierre del Banco Provincial de Salta en enero de 1988. El
Licenciado en economía Roberto Guzmán lo explica en su libro Saqueo Asegurado:
Esta medida había sido dispuesta por el BCRA ante el estado de insolvencia
de la entidad que había llegado a su límite por la utilización descontrolada del
endeudamiento generado por el sistema de bonos y su onerosa carga de
intereses y costos operativos, como también por el manejo irresponsable de
la cartera de crédito en provecho de sectores privilegiados (...) Al nuevo
gobierno no le quedó mas remedio que suspender la convertibilidad inmediata
del bono (creado por Cantarero). En su reemplazo, creó un régimen de
tenencia forzosa con canjes diferidos, sujetos a prioridades y cupos, de
acuerdo a quienes fueran los tenedores y en función de las disponibilidades
financieras. Las características de arbitrariedad y discrecionalidad del
mecanismo, así como el despropósito de manejar las cuentas de depósitos
en bonos como si fuera un sistema bancario, no tardaron en generar una
secuela incontrolable de especulación y un nuevo auge del endeudamiento y
de generalización de la corrupción.
Lo cierto es que el Banco Provincial fue manejado por la familia Romero a su
antojo y, sólamente un jefe departamental, Alberto Cruz, se atrevió a investigar las
múltiples irregularidades. En uno de los informes indicaba:
El incremento grosero en las calificaciones de crédito a las sociedades Juan
Carlos y Roberto E. Romero, así como las del Ministro de Economía de esa
época Emilio Marcelo Cantarero, que sin considerar que el Banco es un ente
autárquico de su dependencia, obtiene varios préstamos...
También sostiene que al ser designado Roberto (Tito) Eduardo Romero como
Director Ejecutivo, otorgó autorizaciones de cheques en descubierto a firmas que se
encontraban en Gestión y Mora...
Luego trataban de emprolijar estas cuentas otorgándoles créditos en línea
ordinaria. A mi entender estos otorgamientos de créditos por parte de un
Director son violatorios al Estatuto del Banco..., los daños ocasionados son
de responsabilidad personal de Directores actuantes, Presidentes,
Funcionarios que acataron órdenes improcedentes; pero es dable reconocer
la impotencia de éstos últimos en un sistema donde el Director (hijo del
96
Gobernador), el Gobernador, con Cámaras complacientes por mayoritarias,
los jueces y el Tribunal de Cuentas designado por él, muy pocos podían
atreverse a no obedecer. Es oportuno mencionar que el Director del Banco
Jorge Nelson Montoya, pasó después a integrar el Tribunal de Cuentas y se
lo puede encontrar hoy en el Balance de Cuentas de Pérdidas.
Montoya tuvo un crecimiento patrimonial difícil de explicar. Sin embargo, no
olvidemos que fue uno de los liquidadores del residual del ex Banco Provincial de
Salta, una vez que las acciones de éste fueron vendidas a Jorge Brito.
Las irregularidades comprometían seriamente al propio partido de Romero “...
en los sobregiros de la Cuenta Corriente del Consejo Provincial del Partido
Justicialista se han soslayado las más elementales normas de control interno...”
Con fecha 13 de julio de 1987 se aceptaban las renuncias de Nogueira,
Alderete, Ovando, Vilas y Gonza, en tanto asumían Mariano Solá como presidente y
como directores Ricardo Rovira, Julio de la Cuesta, Erico Schneider, Gustavo Klix
Cornejo y Juan Carlos Ocampo. Sorprendentemente en Acta Nº 1460 del 20-7-87 se
incluye lo siguiente:
Acta Declaración Nuevo Directorio: El Directorio del Banco Provincial de
Salta, deja constancia que está exento de toda responsabilidad administrativa
y/o patrimonial y/o penal por el accionar de administraciones precedentes y/o
por el cumplimiento de decisiones anteriores adoptadas, las que serán
determinadas y avaladas por las auditorías que practique en la Institución el
BCRA en su carácter de ente fiscalizador de las entidades financieras.
Es de hacer notar que el nuevo presidente había participado, en su carácter
de gerente general, en la mayoría de las reuniones de los directorios
anteriores y no constaban opiniones desfavorables, ni denuncias que
pudieran causar responsabilidades administrativas, patrimoniales y/o penales
por el accionar de administraciones precedentes, etc. Por lo tanto, la
naturaleza y contenido de la declaración era por demás sugestiva, inusual y
hasta sospechosa.
Roberto Guzmán incluye en su libro lo que titula Testimonios del Banco
Central:
Es sumamente ilustrativo para comprender cómo se vació al Banco Provincial
de Salta la referencia a las falencias señaladas en los memorandums del
Banco Central de la República Argentina, entre los que se pueden mencionar:
Memorandum Nº 2, sobre incremento de descubierto de la cuenta corriente
del Consejo Provincial Justicialista. El 16-09-87 la presidencia del Banco
autorizó, según se nos informa a las 22 horas un cheque Nº 8726/9 del
Consejo Provincial Justicialista por A 150.000 que incrementó el descubierto
a la suma de A 319.540,57, sin acuerdo. Firmado: Mario A. Yampolsky
(veedor)
Memorandum Nº 6, sobre Créditos al Gobierno Provincial. La Ley Orgánica
del Banco Provincial de Salta Nº 3122, en su Art. 50 Inc. 2, dispone que el
Banco podrá conceder préstamos directos al Gobierno de la Provincia de
Salta, hasta un 25% del capital y reserva. Teniendo en cuenta que el
mencionado límite en la actualidad se encuentra totalmente desfasado, se
indica deberán arbitrar las medidas conducentes a fin de encuadrar a la
brevedad el crédito del Gobierno. (29-09-87). Firmado: Mario A. Yampolsky.
97
Memorandum Nº 10: El 15-10-87 el saldo deudor de la cuenta corriente
8762/9 Consejo Provincial del Partido Justicialista se incrementó en A
130.000 al ser debitado un cheque por Delpra S.R.L. (Agencia de publicidad
preferida por el Gobierno). Con este movimiento la cuenta arroja un saldo ( A
478.310,47). El cheque de referencia no ha sido autorizado por funcionarios
de línea y la operación es ignorada por Gerentes y Directores de la Entidad,
con lo que cabe suponer que se han soslayado las más elementales normas
de control interno. Por otra parte nuestro Memorandum Nº 2 indica que todo
valor que supere los 25.000 (australes) sobre cuentas que no cuenten con
fondos suficientes ni acuerdo, debe ser consultado a esta Veeduría. Salta, 2010-87. Firmado: Mario A. Yampolsky.
Memorandum Nº 16: Respecto a las refinanciaciones solicitadas por los
clientes Horizontes S.A., La Población de Ortega S.A. y la Suc. Abel Michel
Torino S.A. (todas del grupo Romero), esta veeduría considera: 1) Se debería
dejar sin efecto las resoluciones de directorio Ns. 870-316 y 87-372, por ser
incumplidas por parte de los deudores. 2) Actualizar las deudas al día de la
refinanciación tomando como saldos básicos lo determinado por el
Departamento de Préstamos especiales el 11-06-87 y ratificado por informe
de la Gerencia General del 01-10-87. 3) Previo a la refinanciación de la deuda
deberá obtenerse como mínimo un pago a cuenta del 10% del total de cada
una de ellas. 4) Independientemente de la subsistencia del gravamen
hipotecario ya constituído a favor del Banco por La Población de Ortega S.A.,
deberán constituir garantías reales sobre bienes pertenecientes a Horizontes
S.A. 5) Corresponde desestimar la constitución de cualquier otro tipo de
garantías debido a que el nivel de deuda al que se ha arribado resulta de
significación y por otra parte los distintos intentos de refinanciación de los
deudores, refuerzo de garantía y/o esperas aprobadas oportunamente no
fueron en la práctica cumplimentadas. Salta, 11-11-87. Firmado: Mario A.
Yampolsky.
Memorandum Nº 23: Sobre la cartera morosa, se recomienda la necesidad de
encarar inmediatas medidas ya sea en el orden judicial o extrajudicial, entre
otros: Marcilese, Pedro; Uldry, Edmundo; Nort Diesel S.A.; Atahualpa S.A.;
Sollazo S.A.; Caminos S.A.. Por los deudores Issa S.A.; La Población de
Ortega S.A.; Horizontes S.A. y Sucesiones Michel Torino S.A., de no haberse
concretado las garantías en trámite de instrumentación por la refinanciación
otorgada deberá proceder a declarar incumplidas las condiciones estipuladas
en los respectivos acuerdos e iniciar de inmediato acciones judiciales
tendientes al recupero de las acreencias. Salta, 07-03-88. Firmado: Mario A.
Yampolsky.
Memorandum Nº 42: Es importante destacar que respecto a los deudores
Horizontes S.A., La Población de Ortega S.A. y Sucesión Abel Michel Torino
S.A., ante la falta de concreción de las refinanciaciones, se indicaba la
constitución de previsiones.
Atento a que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles para la recepción
de la respuesta por parte de este Banco Central, se le indica que deberán
informar dentro de las 48 horas las medidas adoptadas. Salta 06-05-88.
Firmado: Mario A. Yampolsky.
Memorandum Nº 72: La falta de contestación en tiempo y forma a los
requerimientos efectuados (Memorandos Ns. 23, 32 y 42) evidencian serias
falencias en el desenvolvimiento de esa entidad. Tal es el caso de las firmas
La Población de Ortega S.A., Horizontes S.A. y Suc. Abel Michel Torino S.A.,
que durante el último año han sido objeto de refinanciaciones incumplidas,
tratativas no formalizadas sobre su inclusión en el régimen de capitalización
de la deuda externa y actualmente con solicitud de acogimiento al nuevo plan
98
de refinanciaciones, Ley Nº 6528/88. Salta, 29-12-88. Firmado Oscar
Monsech - Veedor.
El informe del funcionario puntualizaba que a pesar de las observaciones de
la Veeduría y sus recomendaciones, el Banco tomaba decisiones como las
siguientes:
• Acta Nº 1500 del l0 de Marzo de 1989: se pasa a pérdida un reducido grupo
de clientes con el fundamento de que se trataba de deudores incobrables.
Sin embargo, eran clientes con hipotecas sobre sus valiosas propiedades
rurales y otros bienes registrables, que el banco les levanta con el
argumento de que se trataba de deudores incobrables, lo que entiendo es
más que sospechoso.
• Acta Nº 1503 del 27 de abril de 1989: Con la presidencia de Arturo Aguilar y
su directorio, incluída la presencia del gerente general Mariano Solá, se le
acuerda a Horizontes S.A. -englobándose inclusive obligaciones de un
tercero, Armando Troyano- el pago cancelatorio de sus deudas, mediante la
dación en pago de los inmuebles de Zuviría esquina España, efectuándose
condonaciones de importancia y aceptándose tasaciones. Esto no se
concreta y motiva luego, el 24 de enero de 1990, un nuevo acuerdo.
• Acta Nº 1506 del 18 de julio de 1989: Se concede regulación de deuda a la
firma Modesto y Manzur Chibán S.A., entre cuyos propietarios estaba el
director del Banco Marcelo Chibán.
• Acta Nº 1517 del 17 de octubre de 1989: Se concede acuerdo de regulación
de deudas a la firma vinculada al presidente Marcelo Chibán, Super
Cavanna S.R.L., bajo la presidencia del Director, dejándose expresa
constancia que el presidente se abstuvo de intervenir.
• Acta Nº 1522 del 24 de diciembre de 1989: Se pasa a pérdidas gran
cantidad de cuentas, entre las cuales figuraban créditos otorgados
deficientemente y por funcionarios sin facultades, sin instruir las
actuaciones sumariales, ni pasarse luego las acciones al Honorable
Tribunal de Cuentas. En esta reunión participa, además del directorio, el
gerente general Mariano Solá.
• Acta Nº 1524 del 24 de enero de 1990: Se concreta el arreglo de deudas de
Horizontes S.A. y firmas vinculadas a ellas (grupo perteneciente a la flia.
Romero), con la aceptación de entrega del inmueble de Zuviría y España,
con opinión favorable del gerente general, con condonación de intereses
punitorios y nueva tasación del inmueble; al resultar un remanente, se
aplica a cuenta de la deuda del cliente Pedro Julio Marcilese (luego
encarcelado por ser el autor intelectual del crimen del Dr. Miguel De
Escalada), quién disfruta durante la gestión de Roberto Romero de
generosos otorgamientos de créditos.
• Acta Nº 1536 del 10 de agosto de 1990: Se acuerda arreglo de deuda a la
firma Pedro Julio Marcilese, con dación en pago de las fincas El Cocal
(Rivadavia Banda Sur y Carreta Quebrada en el mismo Departamento,
ambos inmuebles de propiedad de Imbaste S.A.).
• Acta Nº 1538: Se aprueba nueva planilla de deuda por la cuenta de Pedro
Julio Marcilese y se establece un nuevo valor para los inmuebles recibidos
en dación.
• Acta Nº 1544: Con la declaración de que no participa al abordarse el tema
el presidente Marcelo Chibán, se trata la presentación conjunta de Super
Cavanna S.R.L. y Transporte Macaione Hnos., por lo que esta última
empresa asume la deuda de la primera, con garantía de uno de los
99
miembros de la sociedad con una fuerte quita de los intereses punitorios
(100%). Esta deuda está actualmente impaga (22 de julio de 1993) y se
encuentra bajo sumario.
• Acta Nº 1549 del 28 de diciembre de 1990: Se le otrga crédito a Macaione
Hnos., para cancelar saldo deudor en cuentas corrientes.
• Acta Nº 1549 del 28 de diciembre de 1990: Se ordena pasar a pérdida gran
cantidad de acreencias por incobrables, sin ordenar sumarios ni detectar los
responsables por mal otorgamiento de crédito; en este paquete figuran el ex
Director Darío Fonseca, el Comando Electoral Justicialista, Daniel Jesús
Isa, A. Casabella Espelta, entre otros.
Indiferencia de la Justicia
Con estos antecedentes el interventor del Banco, Tadeo García, presentó ocho
denuncias penales en las que se ponía en conocimiento de la autoridad judicial un
cúmulo de graves irregularidades:
1. Descubiertos incobrables: Se otorgaron créditos a diversos clientes
mediante autorización para girar en descubierto en sus respectivas cuentas
corrientes. Tales créditos resultaron incobrables y fueron pasados a Gestión y
Mora y, finalmente, a Pérdidas y Ganancias. Las autorizaciones habrían sido
firmadas por el entonces director ejecutivo Roberto Eduardo Romero,
designado el 26 de febrero de 1985.
A modo de ejemplo y requiriendo una exhaustiva auditoría para individualizar
los casos en que se actuó de la manera reseñada, se consigna la situación de
la firma Líder S.R.L., titular de la cuenta Nº 9066/5 que, de la forma descripta,
recibió autorización del director Roberto E. Romero para girar en descubierto.
Luego, en fecha 11/10/85, según Acta Nº 1387, el Directorio le otorgó otro
crédito, esta vez a sola firma y por mayor monto, para regularizar la facilidad
ya concedida, obligación que tampoco fue cumplida. La Comisión de Asuntos
Legales del Directorio debió formular el debido pedido de quiebra de la firma;
el que se concedió según Resolución Nº 10.762 del 2 de octubre de 1986,
figurando a la fecha de la denuncia en el Balance del Banco como una
pérdida. Asimismo, también habría recibido préstamos mediante este tipo de
operación la firma Distribuidora Rivadavia S.R.L. cuyo cheque Nº 2.237.909
fue autorizado en descubierto por el director Romero
2. Refinanciaciones poco claras: Al refinanciarse la deuda de la firma
Horizontes SACIFI, vinculada a los directores Roberto E. Romero y Roberto
Adán Galli, se habrían transgredido prescripciones fundamentales del
Estatuto del Banco Provincial de Salta (Ley Nº 3132). En efecto, dicha
operación fue aprobada en reunión de Directorio del 17 de octubre de 1985,
sugún Acta Nº1388, sin observar el quórum mínimo requerido por el Estatuto
en su artículo 28 para ese tipo de resoluciones, por cuanto al retirarse el
director vinculado, la reunión quedó sin dicho quorum. En la citada
refinanciación, la empresa fue beneficiada con una quita, sin que previamente
se hubieran hecho efectivas las garantías y fianzas que respaldaban el
crédito originario, contrariando de este modo la expresa prohibición del
artículo 51, inciso 9 de la citada ley estatutaria.
3. Créditos con privilegios: En el año 1984, según Acta de Directorio Nº 1347
del 12/12/84, se concedió un crédito al entonces Ministro de Economía de la
100
Provincia de Salta, Emilio Marcelo Cantarero y señora- Cuenta 641/8 a 360
días de plazo, violando el artículo 51, inciso 3 del Estatuto que prohibe que
los créditos excedan los 180 días de plazo, sin estar comprendido en las
excepciones del artículo 47, ni tratarse tampoco de un arreglo de deuda
anterior. A sólo cuatro meses de su otorgamiento, el mencionado crédito fue
refinanciado con condonación del 30% del monto adeudado, según Acta Nº
1367 del 10 de mayo de 1985. Posteriormente, el 15 de mayo de 1985, se
acordó el acogimiento de la firma al plan de regularización, extendiéndole el
plazo de amortización a cuatro años, en dieciseis cuotas trimestrales. Aparte
de ello, con fechas 11 de julio de 1985 y 11 de octubre de 1985, por Actas Nº
1374 y 1387, los nombrados accedieron a nuevos créditos.
4. Más privilegios: También en 1984, se concedió un crédito a los clientes
Juan Carlos Romero y Roberto Eduardo Romero-Cuenta Nº 6972/0 por pesos
argentinos nueve millones, según Acta de Directorio Nº 1347 de fecha 12 de
diciembre de 1984, violando nuevamente el artículo 51, inciso 6 del Estatuto
del Banco, que establece la prohibición de que se otorguen créditos a
personas o firmas que no hayan satisfecho cumplidamente sus obligaciones
anteriores, constando en la misma resolución que los beneficiarios mantenían
obligaciones anteriores vencidas. Con posterioridad la Cuenta 6972/0 quedó
a nombre de Juan Carlos Romero solamente, pero manteniendo el carácter
de firma vinculada según las definiciones del Banco Central, otorgándosele
por Acta Nº 1373 del 5 de julio de 1985 una regularización de deuda con
condonación y garantía prendaria. Más tarde, por Acta Nº 1389 del 14 de
octubre de 1985, se autorizó el reemplazo de la garantía prendaria por una
hipoteca en cuarto grado sobre la propiedad rural perteneciente a la
Población de Ortega S.A. del Departamento Metán, cuya tasación no cubría
ni siquiera la hipoteca en primer grado. Ello implicaría por los menos una
violación al artículo 23 del Estatuto, que establece las condiciones en que
debe operar el Banco con clientes vinculados a sus directores.
5. Créditos sin garantías sólidas: Se cuestiona el otorgamiento de créditos y
posteriores renovaciones a favor de las empresas Horizontes SACIFI, La
Población de Ortega S.A., Roberto Eduardo Romero-Cuenta Nº 2124/1-,
Rafael Sarmiento y/o Silvia Romero de Sarmiento-Cuenta Nº 9185/9- y H.
Romero de Juri -Cuenta Nº 9507/3- todas ellas vinculadas al entonces
director, Roberto Eduardo Romero, en condiciones más favorables que las
que se acuerdan al resto de la clientela. Este acto de probable arbitrariedad
violentaría lo establecido por el artículo 23 del Estatuto del Banco, lo que
fuera reiteradamente observado por la Veeduría del Banco Central de la
República Argentina. El perjuicio económico ocasionado al ente bancario se
acentuó por la imposibilidad de disponer de los montos prestados
correspondientes a las deudas de Horizontes S.A. y Rafael Sarmiento y/o
Silvia Romero de Sarmiento, ya que para cobrar tales acreencias se vió
obligado a tomar de Roberto Romero y señora y de Celim Balut y señora, un
bien ubicado en Zuviría esquina España (Acta Nº 1524), que por su valor de
recepción no pudo, a la fecha de la denuncia ser enajenado, como lo
prescribe el artículo 51, punto I del Estatuto. Con la operatoria descripta se
violó asimismo la prohibición del artículo 51, inciso 9del Estatuto, por cuanto
al momento de la cancelación con un bien de terceros se acordaron quitas a
los deudores, sin que previamente se efectivizaran las garantías y fianzas
establecidas en los créditos originales.
101
6. Ventajas para el partido oficialista: El crédito y la condonación de
intereses otorgados al Partido Justicialista -Distrito Salta-, cuenta Nº 8726/9,
violaban asimismo el artículo 44 de la Carta Orgánica, por tratarse de un ente
jurídico cuya actividad no estaba contemplada entre las apoyables, y con el
agravante de que el beneficiario fue un partido político al que estaba
vinculado el Directorio por la militancia de sus miembros en el mismo.
Este crédito por la morosidad en su pago, generó intereses punitorios durante
los meses de abril, mayo y junio de 1985, los que posteriormente, por Acta de
Directorio Nº 1374 del 11 de julio de 1085, se resolvió condonar y reintegrar al
beneficiario, en violación al artículo 23 del Estatuto, que exige igualdad de
trato para con las personas vinculadas al Directorio respecto del que se
brinda al resto de la clientela.
La situación descripta está agravada por el incumplimiento a lo prescripto por
el artículo 24 del Estatuto, que obliga a los directores vinculados a no
participar en la consideración del tema de que se trata. Dicha Acta de
Directorio fue suscripta por el presidente Adán Galli, y por los directores
Roberto Eduardo Romero, Jorge Nelson Montoya, Luis Gerardo Marocco y
Raúl Gustavo Racioppi.
Este capítulo del libro de Roberto Guzmán, incluye dos puntos más: “Pérdidas
muy especiales” y “Trato preferencial”, que abundan sobre las irregularidades
registradas en el ex Banco Provincial de Salta, para finalmente dar cuenta bajo el
subtítulo “Jueces dependientes del Poder”, la imposibilidad que existe en esta
Provincia para aplicar la Ley a los Romero y a la pandilla que los secunda. Era de tal
magnitud la impunidad, que dos individuos que operaban para “Tito” Romero,
vendían en una confitería de “La City” (centro financiero de la capital salteña),
carpetas listas para solicitar créditos preacordados que nunca serían devueltos.
Así las cosas, el terreno había quedado preparado para la privatización de la
entidad bancaria. Es allí donde aparece la figura de Jorge Horacio Brito.
La prensa local y nacional dan cuenta de una cantidad de datos que explican
el crecimiento inusitado del entonces Banco Macro, hoy Macro-Bansud, y los
manejos arbitrarios que, en cualquier país organizado, resultarían absurdos y
corruptos.
El Grupo Brito y sus ocultos sponsors compran casi en la misma fecha los
paquetes accionarios del Banco Provincial de Misiones y del Banco Provincial del
Salta. En esta segunda operación invierten la rídicula suma de $ 60.000 y otros
cuarenta mil en títulos devaluados de la deuda provincial. Sorprendió a algunos
cuando el periodista salteño Miguel Brizuela detectó que el fiador liso y llano de la
operación fue el Banco República de Moneta.
Otra institución bancaria operaba en la Provincia, el ex Banco del Noroeste
Coop. Ltdo. que, en sus comienzos, se había transformado en un verdadero motor
de la producción salteña. Esto merecería un capítulo aparte para ejemplificar cómo
se puede vaciar una empresa que contaba con el apoyo del empresariado y del
pueblo salteño. También ese banco fue absorvido mediante migajas por el Macro,
apoderándose, de este modo, del esfuerzo y el trabajo de muchos años de miles de
coprovincianos.
Juan Carlos Romero aportó lo suyo como si fuera un socio más, lo capitalizó
con $ 4.000.000 del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Le concedió la
administración de todos los fondos provinciales: coparticipación federal y regalías
hidrocarburíferas, como también el cobro de los servicios de las empresas
102
privatizadas y las tasas municipales. Convertía, así, a más de sesenta mil
trabajadores del Estado en clientes cautivos, al menos de los cajeros automáticos.
La tabla de lavar
En febrero de 2002 la revista Noticias publicaba lo siguiente:
Durante el Gobierno de Menem, el Banco Macro fue uno de los conductos por
los cuales fluyeron fondos oficiales hacia las empresas del ex cuñado
presidencial Emir Yoma. Por ejemplo durante la crisis del “tequila” en 1995 el
Macro recibió redescuentos por 29 millones de pesos y otros 20 millones de
una línea de crédito de Comercio Exterior, que casi en su totalidad fue
otorgada a la curtiembre de Emir Yoma, que para entonces ya debía más de
cien millones a los bancos oficiales. De los acreedores de Yoma el único que
tuvo la “suerte” de cobrar su deuda es Banco Macro.
Esta vinculación entre el Banco Macro y las empresas del Grupo Yoma remite
a la estrecha relación entre el presidente de la entidad bancaria, Jorge Brito, y el ex
cuñado y dueño de una curtiembre riojana, Emir Yoma. La misma comienza cuando
un Director del Banco Central llamado Saúl Martínez le abre las puertas a Brito al
entorno presidencial. Del análisis de las agendas de la Secretaria de Emir Yoma y
Lourdes Di Natale, se observa el fluído contacto que ambos mantenían. De estas
mismas agendas se desprenden los preparativos para un viaje de ambos en agosto
de 1996, y las citas con altos funcionarios. También es representativo de esta
relación el hecho que en las oficinas de Emir se guardara un curriculum personal de
Jorge Brito. Esa amistad le habría facilitado la obtención de los bancos provinciales.
Además de ser el único acreedor de los Yoma que cobra sus deudas, el
Macro recibió el último cuatrimestre de 1995 y el primer semestre de l996 diversas
transferencias de fondos provenientes del MTB Bank a favor de Yoma S.A. por
cuenta de Elthan Trading en concepto de aporte de capital, que corresponden a
parte de los 36 millones que Emir no puede explicar por qué recibió y que se
sospecha serían coimas por distintos negocios como la venta ilegal de armas, el
contrabando de oro, etc. Cabe destacar que, como el mismo Banco Macro lo
reconoció, Emir Yoma realizaba operaciones con el City de Nueva York a través de
una cuenta del Banco.
Es importante resaltar que en un expediente elaborado por un equipo del
Banco Central sobre el Banco República, se detalla cómo el Macro y el Banco de
Moneta se prestaban asistencia recíproca por 8.5 millones de dólares, con lo que
habrían intentado evadir las regulaciones que prohíben préstamos elevados a
empresas vinculadas. Otro dato a destacar es el hecho de que Laith Pharaon
reconoció en la declaración testimonial que es cliente del Banco Macro.
Embestidas y alguna marcha atrás
Elisa Carrió, el mendocino Ricardo Gutiérrez, Graciela Ocaña y Mario Caffiero
fueron algunos de los referentes que cargaron sobre Brito y su corte. Desde la
Comisión de Lavado, según la revista Veintitrés del 22 de mayo de 2003, se acusó al
103
Macro de girar al exterior millones de dólares “de origen oscuro” a través de los
bancos República, Federal Bank y American Exchange-de Raúl Moneta-. El dinero
era girado desde el Banco Macro y Macro Valores, cuyo titular era Chrystian
Colombo, entonces Jefe de Gabinete de Fernando De La Rúa. La Comisión dice
que gran parte de esos movimientos fue triangulada a través de la off-shore Mega
Securities, vinculada al Macro.
Pero la embestida, que entonces parecía letal para el grupo Brito, procedió
del propio Presidente Néstor Kirchner, a poco de asumir su gestión.:
Se torna insoslayable señalar que resulta de una ingenuidad política y de un
reduccionismo inaceptable no advertir que el eventual retiro de la fórmula por
parte del ex Presidente, del proceso de ballottage, es absolutamente
funcional a los intereses del grupo y sectores del poder económico que se
beneficiaron con privilegios durante la década pasada. (Hotel Intercontinental,
martes 13 de mayo).
El día Jueves 15 de mayo, el Presidente Néstor Kirchner -mirando a la
cámara- en el programa “Almorzando con Mirtha Legrand”, de América 2 afirmaba:
-Los banqueros en la Argentina -no todos, hay banqueros muy buenos, no
quiero generalizar-...Yo lo que digo, ellos saben, están mirando a la cámara,
que yo conozco al grupito que ha operado en las provincias, que se ha
movido, que ha hecho operaciones que no corresponden.
-¿Quiénes son?
-Bueno, yo lo estoy diciendo por acá porque ellos saben quiénes son, ¿ no es
cierto?. Yo los conozco eh... Operaban cuando estábamos por firmar los
pactos fiscales de las provincias, como algunos de ellos manejaban bancos
que fueron privatizados para tomar determinaciones políticas. Yo le voy a
hablar con claridad a la Argentina. Si ellos se ponen a trabajar y a ayudar a la
Argentina, bárbaro; ahora si vuelven a tratar que la especulación financiera
esté por arriba del trabajo de los argentinos, Mirtha, se lo voy a venir a decir
acá...
-Hay un grupito de banqueros que ha operado en las privatizaciones de
bancos provinciales, en los pactos fiscales y en los problemas finales del
doctor De La Rúa.
-¿ Se refiere a Jorge Brito, presidente de ADEBA y del Banco Macro?
- No lo voy a desmentir.
Después de semejantes acusaciones muy pocos pensaban que podría
componerse esa relación, pero el bueno de Brito ofreció un préstamo de 400
millones de dólares, y parece que muy pocos resisten ese bombazo y Kirchner no
está entre ellos, además se parece bastante a la cifra justa para lavar cualquier
prontuario, por lo menos en la Argentina.
Truchiman
Para no pecar de falta de objetividad, vamos a reproducir declaraciones de
Brito en una F.M. salteña el día 16 de septiembre de 2003:
104
El Macro Bansud en este momento tiene 144 sucursales, 2840 empleados, y
hace cinco años atrás teníamos unas 70 sucursales que se han duplicado. El
Banco Macro es el esfuerzo de un grupo de empresarios nacionales, que
vienen reinvirtiendo las utilidades que pueda tener un banco, y esto es
importante, porque muchos empresarios a los que les va mal un año, dicen
que es un año desastroso, pero en el mundo no se miden años, sino ciclos,
por eso podríamos haber tenido años malos como Banco, pero el haber
invertido nos permitió pasar la crisis.
Después pretende explicar la prescindencia de Júcaro en los negocios del
Banco:
El Macro cotiza en Bolsa, Romero puede alguna vez haber comprado alguna
acción y que yo no lo sepa, pero hay muchos accionistas porque el Banco
cotiza en Bolsa. Hay más de 5000 accionistas. Pero la tenencia mayoritaria,
de más del 78% está sindicada en cuatro personas, y no está Romero entre
esas cuatro y eso es público.
Luego de estas declaraciones le ofrecieron a Brito que dirija la sección chistes
del diario El Tribuno.
A mediados de 2005, la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados, le
otorgó al Macro Bansud una prórroga para seguir manejando todos los fondos
provinciales por diez años más, un año antes de que venza el contrato original. Un
detalle es que el principal partido de la oposición (Renovador de Salta), también votó
positivamente a favor de los negocios de Brito...
Lo que se dice una oposición civilizada.
Julio Aurelio
La incursión altamente metalizada del encuestador se produjo meses antes
de la primera elección legislativa, incluyendo el recambio del intendente de la capital
salteña, que debía afrontar el Gobernador Juan Romero.
El contrato dejó sus huellas digitales en el decreto Nº 2067 del 28 de abril de
1997 en donde Julio Aurelio (Aresco S.A.) se comprometía a realizar encuestas en la
Provincia por la módica suma de pesos/dólares 284.592. Desde el principio la prensa
independiente y la oposición dudaron de este nuevo “amigo” de Romero. Los
estudios que supuestamente debía realizar la consultora nunca fueron conocidos,
salvo lo publicado en el diario El Tribuno el lunes 20 de octubre de 1997, seis días
antes de las elecciones y en donde el matutino oficial “informa” en la página 38 con
el título “En la capital, el PJ obtiene más del 50% de los votos en todos los cargos en
disputa”, y amplía, a continuación:
La diferencia sería mayor cuando se procesen los datos del interior de la
provincia, según encuesta de Julio Aurelio (...) En una entrevista exclusiva
con el titular de la consultora Aresco, Julio Aurelio, quien efectúa sondeos
electorales en todo el país encargados por partidos políticos, o por medios de
circulación nacional como el diario La Nación, El Tribuno pudo acceder a
datos reservados de una encuenta sobre la Provincia de Salta en relación con
los comicios del próximo domingo. Aurelio adelantó que en las próximas 48
105
horas tendrá procesadas las cifras correspondientes a todos
departamentos que serán publicadas, en exclusiva por este diario.
los
En un recuadro a la derecha de la página, aparece una primorosa ficha
técnica:
La encuesta se procesó con los siguientes parámetros técnicos
• Ámbito geográfico: Ciudad de Salta
• Universo: población general mayor de 18 años, con residencia habitual
en los lugares de realización de la encuesta.
• Tamaño de la muestra: 650 casos
• Error estadístico global: +/- 3,92%
• Nivel de significación estadística: 95, 45%
• Instrumento de recolección de datos: cédula de entrevista estructurada
y precodificada.
• Diseño muestral: probabilístico por conglomerados polietápicos, con
cuotas de sexo y edad.
• Fecha de realización: 13, 14 y 15 de octubre
• Consultora Aresco (Julio Aurelio y asociados)
Toda esta verborragia técnica, como se verá, no era nada más que una
publicidad encubierta, un engaño para manipular a la opinión pública y acercar votos
a la entonces tambaleante imagen del PJ en la ciudad capital.
La nota completa del diario era una sucesión de mentiras que con subtítulos
como: “La situación provincial” y “La imagen del gobernador” proveían datos
completamente falsos.
Las mediciones de Aurelio presentaban porcentuales como éstos:
Proyección de voto a Intendente (Por lema)
· Partido Justicialista...............58,9%
· Alianza Salteña.....................30,4%
· Ns/Nc................................... 10,7%
Proyección de voto a Diputados Nacionales
· Partido Justicialista (López Arias)........ 50,9%
· Alianza Salteña (Folloni)..................... 47,7%
· Otros..................................................... 1,4%
Tendencia a voto a Convencional Constituyente sin proyección de indecisos y
voto en blanco
Partido Justicialista (San Millán)............ 51,3%
Alianza Salteña (Gómez Diez)...............37,6%
En blanco................................................ 4,1%
Otros..................................................... 1%
Indecisos............................................... 6,1%
También se votaron diputados provinciales, concejales y un senador por el
departamento capital. El resultado de la elección más allá de irregularidades,
presiones y maniobras oscuras, fue que el PJ perdió en todas las categorías y en la
106
de convencional constituyente fue derrotado por más del 13%. Es decir que Aresco
se “equivocó” por más del 27%.
Increíblemente, el día martes 28 de octubre, dos días después de la elección,
El Tribuno publicaba en tapa: “Tanoni (PJ) obtuvo la Intendencia de Salta”,
“Encabezó el sublema más votado del PJ, que alcanzó los 60.146 sufragios, contra
42.968 del de Ennio Pontussi, el más exitoso de la Alianza PRS-UCR”. En el
recuento de los votos Pontussi terminó siendo el Intendente de Salta capital.
Pero si alguien imagina que la trama termina allí, sólo se queda con el 50% de
la historieta.
Mientras Julio Aurelio encuestaba “a troche y moche” -pues le pagaron un
buen dinerillo para que lo hiciera-, El Presidente de la Corte de Justicia de Salta y,
en ese momento, también presidente del Tribunal Electoral, Rodolfo José Urtubey,
firmaba un convenio para la atención del servicio de escrutinio provisorio en las
elecciones provinciales de autoridades municipales a realizarse el 26 de octubre de
l997. El acuerdo se suscribió con una empresa que llevaba un nombre rimbonbante
de origen sajón “Mclean Technology Group S.A.” cuyo titular era el ingeniero
Guillermo Ruiz Camauer, DNI Nº 16.678.056, con domicilio legal en la Avenida
Santa Fe Nº 936-Piso 4º-, Capital Federal. Este trabajito le costaría a los salteños la
suma de 350.000 pesos/dólares.
La noche de la elección estaba todo listo en el espacio físico cedido por la
provincia (edificio del ex Banco del Noroeste) para el funcionamiento de un centro de
cómputos que conduciría don Mc Chanta. El escrutinio provisorio empezó
lentamente. Los periodistas acreditados y el diputado radical José María Farizano
observaban con desconfianza cómo la empresa contratada empezaba a dar
resultados parciales que beneficiaban al Romerismo. Cuando el periodismo empezó
a cuestionar el procedimiento, la empresa informó abruptamente que se le había
caído “el sistema”. A más de 6 horas de terminado el comicio no se había escrutado
ni el 4% de las mesas de capital. Mientras Mclean embalaba rápidamente sus
computadoras y otros equipos para retirarse del lugar, tuvieron tiempo para informar
que había ganado la Intendencia de Salta el candidato del PJ Enrique Tanoni, que
como vimos resultó falso.
El escándalo fue mayúsculo. En los días siguientes dos medios provinciales
descubrieron que Aurelio y Camauer eran suegro y yerno y que sus empresas
funcionaban en el mismo edificio porteño.
El PJ perdió aquella elección y los parientes se llevaron más de 800.000
pesos de una provincia empobrecida hasta lo indecible.
El jueves 30 de octubre pudimos comunicarnos con Julio Aurelio desde FM
Noticias. El encuestador estaba en Buenos Aires y a medida que la nota se hacía
más dura nos amenazó con una querella para luego explicar que como estaba
dentro de un vehículo se le cortaba el celular. Esperábamos encantados la acción
judicial prometida, que nunca llegó.
Aurelio volvió a la carga reconociéndose ahora como accionista y fundador de
McLean, y pretendía hacerse cargo del escrutinio provisorio de las elecciones
llevadas a cabo el 9 de mayo de 1999. Sin embargo, fracasó en su intento y acusó
en el diario El Tribuno del 24 de abril de ese año que “expresiones de Gómez Diez y
Chacho Alvarez” afectan su labor. Luego aludió a “La pequeñez mental de algunos
políticos (...) Y que la situación creada es muy grave, producto de la pequeñez
mental de algunos políticos que no encuentran otra vía que no sea la agresión para
basar sus campañas”.
107
Pocos días después nos enteramos que Don Aurelio había estado trabajando
en las elecciones de la provincia de San Juan. Precisamente, el 17 de mayo de 1999
Alfredo Avelín se consagró gobernador con el 56% de los votos contra el 41% del
candidato Jorge Escobar que iba por su reelección. Aquí también el consultor
oficialista tuvo un grosero error al pronosticar un empate técnico “Con posible triunfo
de Escobar por dos puntos”.
El grotesco actuado por Aurelio es recordado en Salta y ya está nominado
aquí para tener un lugar preferencial en el Club de Julio Ramos y Javier Otaegui.
En aquellos días solicitamos a la Secretaria General de la Gobernación, Sonia
Escudero (hoy senadora nacional), una copia del contrato firmado por Urtubey y
Camauer. Luego de varios días y ante la insistencia pública, nos lo hizo llegar, pero
con un pequeño detalle, le faltaban 3 páginas. Alguien dijo en la radio: “Es el poder,
estúpido”.
Carlos Corach, Carlos Ruckauf y Américo Gualtieri
Así como ocurrió en otras provincias, la influencia de Duhalde se hizo sentir
en Salta para posibilitar negocios millonarios a favor de Gualtieri. La relación en
Salta se manejaba a través del “cajero” Gilberto Oviedo, quien aceitó los engranajes
para que el “Yabrán de Duhalde” se llevara treinta millones de dólares por presuntas
obras realizadas en el dique Itiyuro ll. Históricamente el departamento San Martín ha
tenido problemas con la provisión de agua potable. Esta situación facilitó negociados
que se hicieron más visibles durante el menemato. Corach distribuía generosamente
los deseados ATN toda vez que algún operador suyo, o los que designaban Menem
y Duhalde, fueran los beneficiados. Así fue que aparece en escena la empresa
Salvamar de Carlos Gómez que realiza un dragado, por la colmatación del embalse,
embolsando casi diez millones de dólares. Rastreando a Gómez, lo encontramos en
las empresas Motomecánica y Conciel (ver Oviedo-Siegrist).
El Ingeniero José María Cavallieri relató en nuestra emisora que el último
administrador de AGAS (disuelta por Juan Romero en 1996), Ingeniero Rodolfo Fiore
López, recibió la visita de Carlos Gómez para hacerle un oscuro ofrecimiento con
respecto al Itiyuro Tuvo como respuesta un no rotundo. Dos horas más tarde, el
funcionario recibía la llamada de Carlos Ruckauf, quien le explicaba que para
realizar la obra tenía diez millones de dólares para repartir entre todos. Fiore López,
un hombre de conducta intachable, le colgó el teléfono a quien había sido su
compañero de secundaria en el Colegio Nacional en Salta.
El 2 de junio de 1995, durante el gobierno de Roberto Augusto Ulloa (PRS) se
licita la obra para el dragado a un costo de esos casi diez millones de dólares. Ya en
el gobierno de Juan Carlos Romero El trabajo se cobró pero no se realizó y se creó
la necesidad de construir un segundo dique, el Itiyuro ll. El ingeniero Rodolfo Fiore
López encarga al ingeniero José Ragone -hermano del desaparecido gobernador
Miguel Ragone- jefe de proyecto y presupuesto de AGAS, que realice los estudios
correspondientes para concretar esta obra, sin escatimar recursos y tratando de
evitar las típicas avivadas de algunas empresas con respecto a mayores costos,
adicionales y otros excesos. Así lo hace Ragone y llega a una cifra de casi
$28.000.000: poco más de veinte para la presa y más de siete para el vertedero.
El 7 de noviembre de l996, Romero y Corach firman un acta acuerdo “ante la
grave situación hídrica que atraviesa el Departamento San Martín”. Dada la
108
urgencia, obvian el llamado a licitación pública y otorgan la obra a la empresa
Salvamar (ligada a Corach), dándole un presupuesto mágico de $ 38.367.000 sin
contar el vertedero, con lo que el trabajo se incrementaba en 17.000.000. La débil
oposición política salteña reaccionó con indignación, y logró transitoriamente abortar
la estafa.
Posteriormente, aparece en escena la dupla Oviedo- Siegrist que habían
recibido la orden de llamar a licitación pública nacional e internacional. Para
entonces, Luis Siegrist, Secretario de Obras Públicas de la Provincia había fabricado
un presupuesto de $41.000.000. Los millones en ATN volaban como si la presa a
construir estuviese ubicada en alguno de los lugares más ricos del planeta. En la
licitación participaron la empresa paraguaya Conempa, Dycasa, Roggio y Gualtieri.
El elegido fue el caballo de Duhalde. Salvamar no se presenta debido a su anterior
defección, pero como diría Ruckauf “muchachos hay para todos”.
El ingeniero Ragone sufría un cáncer terminal, de hecho moría dos meses
después. Sin embargo, con gran esfuerzo, acompañó al Ingeniero Cavallieri hasta el
Itiyuro II para constatar en el lugar que, prácticamente, nada se había hecho y el
dinero se había esfumado. Para explicar una de las formas de cómo los funcionarios
y Gualtieri iban a concretar el saqueo diremos que la obra se debía ejecutar según la
licitación, bajo la modalidad que se conoce como unidad de medida, pero el 8 de
febrero de 1999 el contrato se firma por el procedimiento de “ajuste alzado”. Nuestro
columnista explica que en el primero de los casos se va certificando a medida que se
construye cada ítem, y en el segundo se entrega la obra completa. Pone por ejemplo
la construcción de una casa: si la misma tiene 3 baños, se paga a medida que se
construye cada uno y así con las habitaciones, etc. Si el trabajo está pactado con
ajuste alzado, se entrega la casa y pueden existir diferencias notables.
Imagine el lector con un monto de $41.000.000, lo que significa esta
diferencia en los procedimientos.
Cuando Cavallieri hace la denuncia, Siegrist aduce canallescamente que la
confusión fue de la dactilógrafa que cofeccionó el contrato y, mediante una
resolución del mes de mayo de ese año, “rectifica” el error, aunque para entonces
Gualtieri ya había cobrado 3 certificados. Quince días después de la firma del
contrato, don Américo le propone a Siegrist realizar algunas “pequeñas”
modificaciones, como por ejemplo, no hacer el vertedero, no hacer el túnel
descargador de fondo, eliminar la torre y el vertedero de toma. Dos días después
contesta vía fax el Ministro de la Producción, Gilberto Oviedo, aceptando la insólita
propuesta. Seis días más tarde, Gualtieri cobraba su primer certificadito por $83.000.
La ley dice que cuando un contrato por licitación se altera en un 20%, el
estado está obligado a convocar a una nueva licitación, pero ya estamos viendo que
para Romero la ley es simple letra muerta.
En febrero del año 2000, el diario El Tribuno informa que la obra ya se había
realizado en un 40% y que se harían cambios en el proyecto original. Esto motiva
una investigación de Cavallieri y logra que dos diputados de la UCR, Farizano y
Fernández se interesen y presenten en la Cámara un pedido de informes. Nunca fue
contestado.
En junio Farizano como titular del bloque solicita a la Secretaría de Obras
Públicas visitar la obra con los ingenieros Cavallieri y Ragone. El mismo es
autorizado en agosto, es decir, se sabía con la suficiente antelación de la visita.
Cuando llegan se encuentran con una sobredosis de funcionarios del área, pero
faltaba la documentación completa de la obra.
109
En el año 2000 se verifica que Gualtieri había elevado el monto a 40 millones
pero las modificaciones propuestas lograban que el sujeto construyera un 43%
menos del proyecto original. Hasta el 31 de julio del 2000 ya se habían presentado
17 certificados de obra por un monto superior a los 17 millones de pesos. Gualtieri
quebró, sellevó la parte del dinero que le correspondía en el reparto, dejó un tendal
de proveedores, contratistas y trabajadores a los que nunca les pagó. El periodista
Daniel Tognetti filmó y mostró en su programa Punto Doc el dique tapado de barro y
los graves problemas que afrontan los pobladores del departamento San Martín y la
ciudad de Tartagal por la carencia de agua potable.
En noviembre de 2004 el senador del Partido Renovador de Salta, Raúl
García, seguía pidiendo informes sobre las cifras millonarias aplicadas a la obra, sin
lograr respuesta alguna.
Nuestro informante también nos hizo llegar documentación de la obra
“Recrecimiento de taludes y obras complementarias en diques Moldes I y II,
Terminación Dique Moldes II, dragado y limpieza Dique Moldes I”, cuyo presupuesto
oficial fue de $ 4.501.659.
Este trabajo lo debía realizar la empresa Sabavisa, también de Gualtieri.
Nadie pudo conseguir ninguna documentación ni información sobre la ejecución y el
pago de dicha obra.
Hay más datos tan grotescos como los que acaba de leer, en la grabación
que se adjunta, respecto a la minuciosa investigación que sobre éste tema
concretara nuestro columnista José María Cavallieri.
Alberto Raymundo “el Negro” Sosa
Los antecedentes de este abogado que tiene su estudio a disposición del
gobernador salteño, revelan la coherencia de Romero al momento de elegir a sus
colaboradores u operadores.
Contrariamente a Nazario- que se muestra tal cual es en su extrema
brutalidad-, Sosa se siente una persona de gustos refinados, tiene como hobby
figurar en la dirigencia del rugby salteño y frecuenta ese ambiente en el orden
nacional e internacional.
Cualquiera que lo conoce, sabe que concretó una de sus grandes
aspiraciones, cuando pudo ingresar, nadie imagina cómo, al Club 20 de Febrero,
posiblemente una de las instituciones más conservadora que aún quedan en la
Argentina. En realidad “el Negro” es un tipo en apariencia simpático que maneja con
naturalidad la hipocresía y el doble discurso, una característica bastante frecuente
en ciertos círculos de la salteñidad. Para poner todas las cartas sobre la mesa,
explico al lector, que el estudio de Sosa lleva adelante dos querellas que me iniciara
el gobernador Romero por supuestas injurias y calumnias, y una tercera impulsada
por el director del diario El Tribuno, Roberto “Tito” Romero. Este abogado, como
otros que lo acompañan en su buffete, no tiene muchas luces ni conocimientos, pero
sí sabe que tiene “la vaca atada”, es decir, a algunos jueces con collar satelital.
Más adelante completaremos este tema, pero para no redundar en lo propio y
conociendo perfectamente el dossier, prefiero citar publicaciones que no tienen que
ver con mi tarea periodística. He aquí algunos segmentos de una nota publicada en
el Semanario Redacción el día 24 de junio de 2003 con el título “Cae el primer velo a
110
la impunidad” y “Se agita el panorama local tras la derogación de las Leyes del
Olvido”. Más adelante afirma:
El nuevo panorama que se abre en la actualidad, presupone la apertura de
centenares de causas que hasta ahora sólo poseían canales restringidos Juicios por la Verdad, Ragone y Palomitas- y un cierto remoloneo por parte
de la Justicia Federal de Salta. Sus integrantes, con diferentes argumentos,
uno a uno fueron dejando desiertos los roles para ocuparse de la prosecución
de las investigaciones, principalmente la de los casos por el asesinato del ex
Gobernador Miguel Ragone y la masacre de Palomitas, que hoy esperan la
llegada de un juez ad hoc. Los sectores y personajes claramente involucrados
por este accionar ilegal pertenecen no sólo a las Fuerzas Armadas y las de
Seguridad que actuaron en Salta, sino que también continuaron
desempeñándose en la Justicia provincial luego de la dictadura, al igual que
algunos dirigentes políticos y hasta posiblemente periodistas que habrían
colaborado en el armado de listas negras. El pionero en entender el cambio
de tiempos que se venía, es el abogado salteño Alberto Raymundo Sosa,
quien ocupó parte del año 2003, en la tarea de ser borrado de la Comisión
Nacional de Desaparición de Personas (el semanario no lo dice, pero cooperó
en esta tarea el entonces Juez Federal Abel Cornejo), en los cuales figuraba
como posible civil colaboracionista de los grupos paramilitares, impulsados
por José López Rega y después por el Proceso de Reorganización Nacional.
Como no lo consiguió, tiempo después, se dedicó a tratar de hacer lo
imposible o de amedrentar a quienes difundieron públicamente estos nexos.
El legajo que tanto desvelaba al mencionado doctor Sosa lleva el número
92036 del informe CONADEP (1). A fines de 2004, con la negativa jurisdiccional a su
pedido de exclusión ya en mano, el propio Secretario de Derechos Humanos de la
Nación, Eduardo Luis Duhalde, le dio otro motivo de preocupación: el funcionario
kirchnerista ratificó la exactitud del expediente y además anunció que a su momento
“ese señor deberá responder ante la justicia”. El profesional se defendió mediante la
divulgación de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el cual lo cesanteaba en sus
funciones como asesor policial, el último día de abril de 1976. Lejos de despegarlo,
el documento corroboró su afinidad con aquellos sectores de La Pesada, ya que
según la óptica del sociólogo Duhalde, el período sometido a investigación será el
comprendido entre fines de 1974 y 1983, indicando una continuidad ideológica entre
la ultraderecha y los represores de la Dictadura.
Para peor, el 11 de febrero pasado, la ciudadana Lucrecia Celeste Lambrisca,
hizo una denuncia aún más contundente en la Justicia Federal, en el marco de la
causa Palomitas. Según esta presentación, en el mes de abril de 1976, su cónyuge
había iniciado una serie de trámites para liberar a familiares detenidos, para lo cual
se habría reunido con un grupo de poder compuesto por: el coronel Miguel Raúl
Gentil, el ex Juez Federal Ricardo Lona y el abogado Raymundo Sosa. Este último
habría acordado efectuar las gestiones para tal liberación, tramitada ante el policía
Joaquín Guil, previo pago de la suma de $60.000 y una cupé Torino. El testimonio
de Lambrisca afirma que los mencionados encuentros se habían hecho en el estudio
del abogado Sosa (2), en esos momentos ubicado en Mitre al 400. Además posee
un dato sugestivo para las pesquisas que están al caer: el coche, poco tiempo
después de entregado se habría incendiado en un pueblo del Departamento de
Anta, posiblemente mientras transportaba explosivos.
111
Ya en tiempos de la “Romero-Impunidad”, resultaba natural que el sujeto
encontrara su hueco al calor del poder. Pero, como todo el mundo sabe, el
“pertenecer” tiene sus privilegios: Es así que el 8 de junio de 1999 el “Negro” Sosa
compró a Industrias Químicas Baradero una hectárea y 9.996,37 ms2 en la suma de
U$S 160 mil. En la cláusula quinta del contrato de compraventa se deja constancia
que:
La compradora declara conocer la actividad industrial (fabricación de ácido
bórico y borax) desarrollado por la vendedora en los inmuebles, renunciando
a todo reclamo futuro sobre vicios redhibilitorios y/o ocultos de los inmuebles
vendidos. La vendedora es responsable en cuanto por derecho corresponda
por los daños y/o perjuicios que se pudieren haber causado en los bienes o
personas de terceros en razón de la actividad industrial que se desarrolló en
los inmuebles enajenados.
Está claro, entonces, que el abogado sabía perfectamente que estaba
comprando tierra contaminada, sin embargo esto no fue un obstáculo para que en
fecha 3 de enero de 2001 (un año y medio después), Sosa le vendiera estos
inmuebles al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda en la módica suma
de U$S 580 mil. El organismo provincial sumó esas tierras para la construcción de
un barrio, pero los desprevenidos compradores nunca imaginaron que ellos y sus
familias sufrirían problemas respiratorios y epidérmicos; tampoco pudieron lograr que
en sus jardines creciera alguna flor y verían con el tiempo, y con desesperación,
como el boro iba carcomiendo los cimientos y las paredes de sus viviendas.
A este leguleyo le produce un placer casi orgásmico ostentar sus contactos
con el poder y la influencia con algunos jueces. Es así que mientras se sustanciaba
la primera querella que me iniciara el gobernador Juan Romero, Sosa se paseaba
por el patio del juzgado del brazo del juez correccional Marcelo Torres Gálvez, quien
previsiblemente me condenara a seis meses de prisión y a pagarle a Júcaro la suma
de 20 mil pesos. Para completar el operativo intimidatorio, Sosa me hacía llegar a
través de terceros conocidos la versión, fundada por cierto, que Romero en realidad
buscaba que me metieran preso.
Tengo la sensación que así como el ladrón cree que los demás son de su
misma condición, con el cobarde sucede algo parecido.
Walter Wayar
Es el actual vice gobernador y candidato a gobernador para las elecciones de
octubre de 2007. Es uno de los dos principales operadores políticos de Juan
Romero. Muchas veces se habló de diferencias que existen entre ambos. Pero en
público, durante los 12 años de Gobierno, siempre se expresó con absoluta lealtad
al sujeto feudal. El premio es la candidatura que no pudo obtener en 2003, cuando
Romero avasalló la Constitución y se atornilló al sillón de gobernador. Es
ampliamente conocido que las segundas líneas de uno y de otro no se toleran, y
hasta la madre del vicegobernador se manifiesta con términos muy duros con
respecto al jefe. No obstante, logran que sus filas no se desmadren para no
perjudicar sus intereses políticos.
Wayar no puede desconocer lo que Júcaro ha hecho de nuestra provincia.
112
Manuel Santiago Godoy
Es el referente romerista que más tiempo ocupó la presidencia de la Cámara
de Diputados de la provincia. Es a Romero lo que Corach era a Menem. Siempre
dispuesto a atender los reclamos más conflictivos y a dar la cara ante los medios de
comunicación. Aún teniendo mayoría en la Cámara baja, suele imponerse con cierto
autoritarismo e impide muchas veces la manifestación de sus pares de la oposición.
Suele ser el blanco predilecto de los sectores populares.
En abril de 2007, debió salir custodiado por la policía del palacio legislativo,
cuando arreciaba el reclamo de los docentes y se permitió exponer una resolución
que prácticamente pretendía que los maestros fueran de rodillas a “negociar” con el
gobierno.
Tiene influencia, pero sobreactúa su ligazón con Romero blandiendo un
teléfono celular que parece conectado permanentemente con el jefe.
113
CAPÍTULO IV
114
Corrupción en el Feudo
Presenciar un crimen en silencio es como cometerlo
José Martí
Este libro es un tratado sobre la corrupción en todas sus variantes
imaginables.
La Argentina tiene una larga tradición de gobernantes y dirigentes que
vulneraron las leyes y acomodaron las Instituciones para servir a sus intereses. Esto
que es fácilmente verificable repasando nuestros casi 200 años de historia, tiene no
obstante, durante el decenio del menemato, un período tan descarnadamente brutal
que cuesta encontrar otro 5% de vida en “democracia” similar a éste.
No importó que en las postrimerías del siglo XX, toda la tecnología
desplegada por los medios expusiera con tanta claridad el desfile patético de cientos
de rostros descompuestos, mostrando su inocultable obscenidad. Desde las
pantallas de televisión, mintieron, estafaron, se burlaron de millones de argentinos y
aniquilaron el crédito de las Instituciones Republicanas. En esa banda siniestra
figura Juan Romero como una de sus estrellas rutilantes.
No pretendo relatar en detalle los hechos de corrupción ocurridos en Salta en
esta última década, pues como se sucedieron sin solución de continuidad, sería una
tarea interminable. Sí rescataré los que considero de mayor importancia. Para ello
me apoyo en la exposición de más de veinte profesionales, concretadas en dos
programas especiales que se difundieron por FM Noticias y que compactamos en 2
CD MP3 con más de 16 horas de duración.
La banda de los Printicos
Así tituló Julio Nudler en Página 12, una extensa nota referida a la estafa que
se perpetró a los comienzos del Gobierno de Juan Romero, utilizando una maniobra
ilegal en el manejo de los "Printicos" (Proyecto de Inversión con Títulos de
Consolidación de Deudas). La operatoria comenzó en 1994 durante el Gobierno de
Roberto Augusto Ulloa e incluía deudas controvertidas consolidadas a 16 años en
pesos y/o dólares. Estos títulos estaban garantizados por el estado provincial, pero
al tener un plazo de vencimiento tan largo cotizaban entre un l0% y un 13% de su
valor nominal.
Ya en 1996, con Romero en el poder, el sistema cambió drásticamente. Los
títulos que se amortizaban trimestralmente pasaron a hacerlo mensualmente, pero
además, por ley 6931, los períodos de amortización se adecuan al plazo de
inversiones presentados por los beneficiarios, es decir, al antojo del cliente.
Allegados al romerismo tenían información privilegiada. Sabían que estos
instrumentos serían canjeados por otros con vencimiento a 4 años y por dólares en
lugar de pesos, como así también que el gobierno los garantizaría con los ingresos
por coparticipación y regalías hidrocarburíferas. Con estos datos salieron a barrer el
115
mercado. En algunos casos para hacer dinero rápido, colocaron estos títulos, pero
ya con una cotización superior al 80%. Estas maniobras se concretaron superando
un monto de 500 millones de pesos y los mayores beneficiarios fueron Dinar Líneas
Aéreas con 220 millones y Bodegas Lávaque con 200 millones. También aparece
entre los beneficiarios el ex Banco Salta, hoy Banco Macro con 9 millones, cuyo
proyecto de inversión era comprar el activo y el pasivo del Banco Caseros (ex Banco
del Noroeste).
Pero así como las cuentas públicas en el Gobierno de Romero se ocultan
como si fueran un secreto de Estado, no se llevó a cabo un seguimiento para
asegurar que las inversiones comprometidas se realizaran. De hecho la mayor parte
de esa enorme cantidad de dinero fue a parar a los bolsillos de Romero, Cantarero y,
por supuesto, de sus amigos. Citaremos un caso testigo que revela completamente
el marco de corrupción e impunidad en la aplicación de esta operatoria: a los pocos
días de asumir Juan Romero su primer gobierno, se publicó en el Boletín Oficial N°
14.834, el decreto N° 68 con fecha 10 de enero de 1996:
VISTO el Expediente de referencia por el cual FINANTUR-Empresa de Viajes
y Turismo solicita los beneficios del Programa de Inversiones de Títulos de
Consolidación (Printico) creado por el Decreto N° 784/94 ratificado por Ley N°
6788, para su proyecto de inversión destinado a intensificar la afluencia de
Turismo a la Provincia;
CONSIDERANDO:
Que el citado proyecto consiste en la incorporación de 12 (doce)
unidades Scania Vabis-Modelo K 113 LK-0 Km. Con capacidad de 50
pasajeros cada una, equipadas con aire acondicionado, video bar y baño, que
configuran un conjunto que responde a la más moderna tecnología en
transporte terrestre para el turismo; de un galpón de 1.500 metros cuadrados
para el montaje de la infraestructura para la guarda de dichas unidades, la
instalación de un taller mecánico y de oficinas comerciales y administrativas,
incluyéndose la incorporación de equipamiento para taller y de equipos de
comunicación;
Que el proyecto de inversión en cuestión cumplió todas las instancias
administrativas y técnicas fijadas por el Decreto N° 784/94, mereciendo su
aprobación en dichos niveles del ex Ministerio de Economía, conforme surge
de los informes, dictámenes y antecedentes que obran a fs. 59/63 del
Expediente N° 11-44.052/95;
Que en cumplimiento del Art. N° 2 de la Ley 6.788, y por considerarlo
de interés, el ex Ministro de Economía remitió a las Comisiones de Hacienda
y Presupuesto de ambas Cámaras Legislativas el proyecto en cuestión para
consideración y dictamen final,
Que con fecha 18/12/95 la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la
Cámara de Diputados emite dictamen favorable aconsejando aprobación
hasta el monto solicitando que obra a fs. 64/67, y con fecha 28/12/95 la
Comisión de Hacienda y presupuestos de la Cámara de Senadores emite
dictamen en igual sentido el que obra a fs. 68/69;
Que es propósito del Gobierno Provincial apoyar el proyecto
FINANTUR – Empresa de Viajes y Turismo, no sólo porque su ejecución se
inserta en los objetivos y estrategias que en materia de Turismo Receptivo
para la Provincia tiene fijado este Poder Ejecutivo, sino también por la
generación de empleo y promoción de la Industria Turística que ello produciá,
116
con rápidos efectos y sin subsidios ni costo final para el erario Provincial y por
contarse además con las autorizaciones Legislativas pertinentes;
Que atento a la posibilidad de modificar los períodos de amortización
que prevé la segunda parte del Art. 2° de la Ley N° 6.788, FINANTUR solicitó
a fs. 71/72 un sistema de amortización de 36 cuotas mensuales a partir del
15/04/96 equivalentes las 35 primeras al 2,77% y la 36 al 3,05% del monto
total a amortizar, siempre y cuando dicho cambio de amortización del capital y
de los intereses no impliquen erogación anual mayor que las previstas en los
títulos afectados al proyecto;
Que conforme a la recomendación Legislativa ya referida y que se
fundamenta en la primera parte del Art. 2° de la Ley N° 6.788, resulta
conveniente por razones de economía y simplicidad instrumentar las
garantías de dicha Ley por la figura de la Cesión Irrevocable en términos
similares a los que la provincia viene utilizando con las Entidades Financieras
y en iguales términos que los fijados en el Decreto N° 1.603/95;
Que el Sr. Fiscal de Estado a fs. 74 emitió dictamen no encontrando
objeciones o reparos para que se dicte el instrumento aprobatorio del
proyecto de Inversión;
Por ello,
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:
Artículo 1°- Apruébase el proyecto de inversión de FINANTUR –
Empresa de Viajes y Turismo, con domicilio legal y real en Alvear N° 524 de
la ciudad de salta, dentro del marco del Programa de Inversiones de Títulos
de Consolidación (PRINTICO) creado por Decreto N° 784/94 referente a;
1) Adquisición de 12 unidades 0 Km. –Marca Scania Vabis – Modelo K
113 LK, equipadas con aire acondicionado, video, servicio de bar, baño,
tacógrafo electr´nico, con capacidad de 50 pasajeros cada uno, para ser
destinadas al servicio de transporte turístico;
2) Un galpón de 1.500 metros cuadrados destinado al montaje de la
infraestructura para la guarda de dichas unidades, la instalación de un taller
mecánico y de oficinas para las tareas comerciales y administrativas,
incluyéndose la incorporación de equipamiento para taller y de equipos de
comunicación.
Art. 2° - Otórgase a los Títulos destinados a financiar el proyecto de
inversión que se aprueba por el Artículo anterior, la garantía de regalías
Hidrocarburíferas que prevé el Artículo 2 de la Ley N° 6.788 y/o, la garantía
de Coparticipación Federal de Impuestos normada por la Ley N° 23.548 o el
régimen que eventualmente lo sustituya. Ello conforme las actuaciones y
dictamenes favorables emitidos por las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto de las Cámaras de Diputados y de Senadores, que obran a fs.
64/69 del expediente N° 11-44.052/95.
Art. 3° - La garantía a que hace referencia el Artículo anterior se otorga
por un total de hasta U$S 3.987.900 (Dólares estadounidenses tres millones
novecientos ochenta y siete mil novecientos), a los Títulos del tesoro
Provincial en Dólares Estadounidenses o en Pesos emitidos a su valor
nominal a la fecha de emisión, conforme a la Ley N° 6.669, su Decreto
reglamentario N° 1.573/92, ampliatorio N° 1.308/92 y modificatorio N°
1.662/94.
Art. 4° – Con encuadre en el Art. 2° de la Ley N° 6.788, establécese
para la afectación de las Regalías Hidrocarburíferas y/o Coparticipación
Federal de Impuestos que se otorgan y en función de las disponibilidades de
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las mismas, un régimen de amortización mensual a partir del 15 de abril de
1996 y por el plazo de 36 (treinta seis) meses. Dicha amortización se
efectuará en 36 (treinta y seis) cuotas mensuales y sucesivas, equivalentes
las 35 (treinta y cinco) primeras cuotas al 2,77% y la última al 3,05% del
monto fijado en el Art. 3° que antecede, con más los intereses que se
capitalizarán mensualmente durante los 39 (treinta y nueve) primeros meses
y quince días de la fecha de emisión. A partir del trigésimo noveno mes se
abonarán los mismos junto con las cuotas de amotización calculados sobre
saldos hasta la última cuota.
Art. 5° - La Garantía de Regalías Hidrocarburíferas y/o Coparticipación
Federal de Impuestos se formalizará mediante Cesión Irrevocable de las
mismas a favor de FINANTUR – Empresa de Viajes y Turismo o en su caso
de la persona o entidad que ésta indique en dólares estadounidenses o en
pesos, total o parcialmente, contra el depósito en la Tesorería General de la
Provincia de los “Títulos del Tesoro Provincial en Dólares Estadounidenses o
en Pesos” afectados al proyecto de inversión, todo ello con encuadre en el
Artículo 2° de la Ley 6.788 y por el monto y condiciones fijadas en los
Artículos precedentes. El instrumento de Cesión deberá efectuarse con las
modalidades, en lo que corresponda, a las ya celebradas entre las Provincia y
las Entidades Financieras. La Cesión precitada tendrá el tratamiento fiscal
determinado en el Art. 24 de la Ley N° 23.892.
Art. 6° - Facúltase al Sr. Ministro de Hacienda a suscribir en
representación de la provincia los instrumentos de Cesiones referidos en el
artículo anterior, y a firmar toda la documentación que fuera necesaria para la
conclusión de los objetivos del presente Decreto, como así también la
realización de todas las gestiones y trámites que fueren necesarios para los
mismos fines.
Art. 7° - Cuando la garantía otorgada comprenda las Regalías
Hidrocarburíferas en la Cesión se autorizará e instruirá a los cencesionarios
cedidos a pagar directamente sus regalías a quienes se determine en los
respectivos convenios de Cesión, y cuando la Garantía otorgada comprenda
la Coparticipación Federal de Impuestos se autorizará e instruirá al Banco de
la Nación Argentina para que retenga de las sumas que le corresponda a la
Provincia los montos cedidos y los acredite directamente a quienes se
determine en el respectivo Convenio de Cesión.
Art. 8° - Previo a instrumentarse la Cesión prevista en el Art. 5 del
presente Decreto, Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas de la Provincia
tomarán la intervención que les compete respecto de la legalidad de los
respectivos convenios que formalicen dicha Cesión, a cuyos efectos el
Ministerio de Hacienda remitirá en tiempo y forma todos los antecedentes.
Art. 9° - El presente decreto será refrendado por los señores Ministro
de Hacienda, de la Producción y el Empleo, y firmado por el Señor Secretario
General de la Gobernación.
Art. 10° - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
ROMERO – Tanoni – Oviedo – Catalano.
Como se ve, es el decreto de un gobierno muy formal, aunque detrás del
mismo se esconde una maniobra que muestra cómo la carencia de controles y la
complicidad de referentes de los distintos poderes, permite que el estado sea
saqueado impunemente.
Lean ahora, desprevenidos ciudadanos, la desgrabación de un diálogo que
mantuvo el titular de Finantur, Hernán López Velasco, con un empresario salteño:
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Empresario salteño: -¿Cuándo cobra la guita?
Hernán López Velasco: -Recién lo escuchaba por teléfono, en su oficina
estaba hablando y decía que ya tenía arreglado todo con Carballo (Delfín
Jorge, director del Banco Macro). Que no se preocupe por la plata que ya
estaba. Todavía el efectivo no lo han dado digamos, pero ya estaba
arreglado. Le decía a Tití (Carballo), hablaba con Tití...
E.S.: -Los títulos que te ha dado a vos él
H.L.V.: -Según tengo entendido son legales, no sé (jajajajaja) ya... por eso
ahora no sé si los han fabricado ellos, según tengo entendido son legales.
E.S.: -¿Cuánto te han dado?
H.L.V.: -Y a mí en títulos... no en efectivo
E.S.: -¿En efectivo cuánto te han dado?
H.L.V.: -4 millones y pico, 4 millones y pico, y ellos, según dicen, según
Andrés han invertido un millón y medio en títulos. El otro día me dijo... compró
un millón y medio en títulos
E.S.: -¿Pero quién te armó a vos todo esto?
H.L.V.: -Andrés (Desimone, ex titular de Dinar) con Cantarero, ellos hablaron
entre ellos y de ahí me mandó a Llaham, me han dicho que primero que yo lo
haga, que bosqueje cómo vamos a hacer. Tengo que bosquejar empresas,
cuántos colectivos, todo eso era más o menos la idea mía, la global, así, y
después se han puesto los contadores a trabajar y han armao la carpeta.
E.S.: -¿Y Cantarero qué te decía? ¿Que era para quién?
H.L.V.: -No a mí Emilio Cantarero no me ha dicho nada, me ha dicho que yo
me quede con el resto... Era para la campaña, era para cubrir la campaña,
gastos de la campaña.
E.S.: -¿Y nada más que un millón y medio han invertido en títulos?
H.L.V.: -Y me han dao 4 millones setecientos, 4 millones setecientos-, se han
ganao 3 palos. Tres millones se han ganao.
E.S.: -¿Cómo han hecho para retirar la plata? No entiendo
H.L.V.: -Ellos, compran, ponele que compran, digamos un ejemplo, que vos
pongás un millón y medio en efectivo, salís a la plaza a comprar títulos (...)
Entonces ellos hacen la carpeta y esos títulos lo..., el gobierno le aprueba y
se hace responsable de la deuda que el gobierno va a pagarle al banco, le va
a pagar los cuatro millones en 36 cuotas con garantías de las regalías
petrolíferas, por intermedio del banco Nación directamente le van a retener
todos los meses –dice ahí el convenio- todos los meses retienen tal
porcentaje ¿Si?, para cubrir el préstamo que la Nación le manda la plata a la
Provincia y de ahí retiene el Banco Nación que es de la provincia, y así el
banco de la provincia recupera sus cuatro millones quinientos, que los
termina pagando el gobierno.
E.S.: -¿Cómo hacés para retirar la plata? ¿Cantarero retiró la plata?
H.L.V.: -Y a nosotros nos retiraba plata, hemos ido al banco, pero al otro día
nos han citado a las 12, hemos entrado al tesoro, la custodia de Dinar y eso,
y hemos retirado dos millones y pico y los hemos llevado a Dinar. Ese día
recibí 20 lucas yo, me han dao 20 lucas de los dos palos.
E.S.: -¿Y lo otro?
H.L.V.: -Lo hemos puesto en caja de ahorro, pero yo no lo podía traer
¿entendés o no? Me han dicho que firme una transferencia a Buenos Aires
entonces he firmado una transferencia de Bs. As., entonces me han hecho
viajar a Bs. As. y allá retiramos una extracción. Como si allá lo retirara yo en
efectivo a los dos millones. Tamos ahí prendido Carballo, Carballo que es del
banco ese, según lo que yo sé porque yo era un pinche, es gerente no más;
119
está prendido Carballo, Cantarero, Juan Carlos (Romero) y Andrés, son las
cuatro cabezas que están prendidos.
Cantarero para el grupo y Andrés para él solo. Por eso Andrés creó el
compromiso de que él arreglaba conmigo, que me pagaba a mí. Me tiró 20 mil
pesos ese día, me ha pasado, ha retirado 10, me han tirado 5, me ha ido
tirando así de a chauchas.
E.S.: -¿El que autoriza tiene que ser el Ministro de la Producción?
H.L.V.: -Pero Andrés... ¿cómo es que se llama el Ministro de la Producción?
¿Cómo se llama? Oviedo... te voy a decir una cosa, cuando estaba ahí
Andrés lo llamaba a Oviedo, ve lo llamaba a Cantarero porque por ahí
nuestras carpetas se quedaban como un mes ahí y no salían, y no salían, y
no salían y la tenía no sé qué ingeniero, de ahí del área de Oviedo, ¿Ha
visto? Los empleados de Oviedo digamos, los segundos se las pasaban entre
todos y Andrés llamaba.... que firme hasta que al final han firmao; pero un
mes han demorao hasta que han firmado todo... No sé,
Oviedo
aparentemente lo ha firmao por orden nomás, aparentemente no ha recibido
un mango.
E.S.: -¿Por orden de quién?
H.L.V.: -De Romero y de Cantarero. Los únicos que han recibido la plata han
sido Cantarero y Romero.
E.S.: -¿Cómo han armado la carpeta? Vos dijiste que en El Tribuno. En el
estudio Laham, que son los contadores de Horizontes... Acá en la Catamarca,
en el Parque San Martín, en la esquina del parque San Martín. Yo el primer
día nomás hablé con Laham y él me dijo: “Bueno, estos dos contadores, y
una empleada quedan a tu disposición, dice, vos presentala”. Entonces los
puse dos días a laburar con la calculadora a ver que los viajes, que a hacer
cálculos de cuánto producía... esto y esto, entonces después ellos ya hicieron
todas las proyecciones. En base de lo que yo les he dao, ellos los han
dibujau, como buen contador te dibujan, vos le decís dibujame y sobre eso
han dibujado, ese ha sido Laham.
E.S.: -¿Cómo has ido vos? ¿Quién te ha certificado?
H.L.V.: -Me ha certificao... me ha llevao a que certifiquemos todas las cosas
(autorizaciones y todo) a donde ¿Cómo se llama? Donde el escribano
Brizuela y ... ¿cómo se llamaba la contadora, la escribana? Lali –Argüello,
creo que es la escibana... Wayar, entonces cuando con la Lali Wayar me
autorizaba todo firmado; pero ya como instrucciones de Brizuela y después
de ahí al banco, y en el banco sí ha puesto la firma Brizuela ¿no? porque ya
como escribano del gobierno, certificando que la operación es así,
garantizando todas las cosas...Y al estudio de laham supuestamente ha ido a
la cuenta de Cantarero, a él le habrían pagado porque a nosotros de ese lado
no nos ha pagao nada. Arreglaba con Cantarero, dependía de Cantarero ahí,
en el estudio de Laham, eran sus empleados
E.S.: -¿Qué poder tenía?
H.L.V.: -Era un poder de la gran siete
E.S.: -Escuchame, han cobrado cuatro millones setecientos y pico...
H.L.V.: -Eso supuestamente es para zafar de la inversión que ellos han hecho
en la campaña.
E.S.: -¿Cuál es tu nombre completo?
H.L.V.: -Juan Hernán Velasco. Velasco con “v” y con “s”.
E.S.: -¿Pero vos, manejás tu empresa? ¿Cómo se llama la empresa?
H.L.V.: - “Finantur” o no sé, como privado, no sé,... como Finantur, sí
E.S.: -¿Cómo figura tu capital en Finantur?
H.L.V.: -Finantur López Velasco, Te digo así, la situación social es “Finantur
López Velasco”.
120
E.S.: -Pero el crédito, ¿salió al nombre ese?
H.L.V.: -A nombre de Finantur.
E.S.: -¿Y cómo figura en tu capital?
H.L.V.: -Y... tengo como cuatro palos.
E.S.: -¿Y cómo vas a hacer con los bienes personales?
H.L.V.: -Eso ahora justamente hay que arreglar. Justamente el contador me
ha estado diciendo que tengo vencido, que ya tenemos que arreglar.
E.S.: -La operación esta vos la hiciste en el mes cuatro, el año pasado
H.L.V.: -Claro.
E.S.: -¿Sabés cuánto tenés que pagar vos de bienes personales? ¿Quién va
a pagar eso?
H.L.V.: -No, Cantarero no...
E.S.: -¿O ellos habrán hecho esto para que tirés la empresa a la mierda?
H.L.V.: -En un momento, después que hicimos la operación, como a los tres
meses me dijeron mejor que desaparezca
E.S.: -¿Cómo se llama la empresa?
H.L.V.: -Finantur SH
E.S.: -¿Cómo vas a hacer si salta eso? Te van a caer sobre todos los bienes
H.L.V.: -Supuestamente
E.S.: -¿Veinte lucas te han dado por 4 millones 700 mil?
H.L.V.: -Me han dado ya como ciento y pico, pero yo tengo parte a nombre de
mi hermano. Está muy poco a nombre mío.
E.S.: -¿Cómo pueden ser tan audaces? ¿Vos decís también que lo han
sacado en el boletín?
H.L.V.: -Claro, digamos, cuando lo sacaron en el boletín Peña (Mario) a los
dos días sacó por la radio, dice “se otorgó un crédito, un printico”, bueno él
explicó a la empresa Finantur ¡Uy! Yo casi me caigo de culo, me llamaron de
varios lados, le digo ¡No! Les digo que es un proyecto que se ha presentado
que tiene tal día, pero no... “No, pero si ahí Peña, o sea si Peña ha dicho”.
“No –le digo- ya quisiera tener cuatro palos”, le digo.
Esta desgrabación corresponde a una cinta que fue difundida varias veces por
FM Noticias. También el Nuevo Diario (periódico salteño) publicó la información
completa, sin que ningún fiscal, juez o auxiliar de la justicia se haya interesado en el
tema tomándolo como “notitia criminis”. Otro dato clave, es que ninguno de los
nombrados en la grabación, intentó una réplica o inició alguna acción para preservar
su buen nombre y honor.
Ante la inutilidad de intentar obtener una respuesta en la “justicia” local,
presenté la denuncia el día 4 de febrero de 2004 en la Oficina Anticorrupción y en la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. El día 4 del mismo mes,
Nelson Castro me entrevistó con motivo de esas presentaciones en el programa que
conducía en la Red y que también se escuchaba en Salta. Pero todo es inútil ante la
brutal concentración de poder político y económico y la precariedad de algunos
organismos nacionales. Precisamente a ese periodista yo le decía que la prensa
nacional pone la lupa en los gobiernos centrales, sin darse cuenta de que el país
también se escapa y se desangra por la periferia.
En mayo de 2004, el Nuevo Diario informó que el fiscal de la Cámara de
Acusación, Edgardo Albarracín, desestimó la denuncia presentada por la Oficina
Anticorrupción, que sostenía que pudieron haberse cometido los delitos de estafa o
fraude a la administración pública. Argumentó en coincidencia con el fiscal de
primera instancia Federico Obeid que el presunto delito no estaba tipificado. Sin
ponerse colorado, Albarracín predijo que seguramente sería criticado por esta
121
decisión. A la semana siguiente fue ascendido como Juez de la Sala III de la Cámara
de Acusación.
En abril de 2005, el ex ministro de Hacienda de Salta (durante el gobierno de
Ulloa), Roberto Guzmán, fue citado a declarar por el Juez Federal N° 2 Miguel
Antonio Medina por pedido, vía exhorto, de la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas. El ex funcionario ratificó los datos de la denuncia, asegurando que
la operatoria “se hizo para los amigos” y proporcionó otros elementos de
importancia. Claro que la Fiscalía desconocía que el Juez Federal Medina fue
apoderado del Partido Justicialista, muy allegado a los Romero y amigo del abogado
Alberto Raymundo “el negro” Sosa con quien compartió su estudio de la calle
Balcarce, antes de convertirse en “Su Señoría”.
Me consta que el Dr. Santiago Eyerhabide de la OA reunió elementos
consistentes y me consultó varias veces sobre otros que él había investigado pero,
finalmente, toda esa carpeta fue enviada a la justicia salteña para que resuelva.
A mediados de 2005, el titular de la OA, Abel Fleitas Ortiz de Rosas dio una
clase magistral en la Universidad Católica de Salta sobre el tema corrupción. Al
término de la misma, le recordé la denuncia realizada oportunamente y le pregunté si
no advertía que enviar esa investigación a la justicia salteña y entregar atado al
denunciante eran la misma cosa. Me contestó que así funcionaba el sistema y que
ellos se ocupaban de funcionarios nacionales cuyos procedimientos eran objetados.
Sin embargo, la OA se presentó como querellante en el caso de las coimas en el
Senado –cuyos integrantes son representantes provinciales-. Claro que, en este
caso, el impacto mediático era muy fuerte.
Me pregunto si ese impacto en los medios es la vara para medir los casos de
corrupción. La banda del Senado se llevó presuntamente cinco millones de pesos, la
banda de Romero tiene que explicar sobre más de quinientos millones que les
pertenecen a todos los argentinos.
Hernán López Velasco no se escapó de la provincia, se desprendió de su
empresa Finantur. Jamás compró ni siquiera una tuerca con la plata robada. Tiene
un bar “Los Angelitos” en plena city salteña y no siente el más mínimo pudor por
haber vendido su nombre para concretar este atraco.
Escondido en el valle
Una de las posesiones más entrañables de Cantarero, adquiridas al amparo
de la impunidad, es Valle Escondido. Una importante propiedad urbanizada por
gentileza del Ejército Argentino y Vialidad Nacional, para que don Emilio se ahorre
algún dinero.
Gran parte de esta valiosa finca ubicada a escasos 10 minutos del centro de
la ciudad de Salta pertenecía al grupo Carballo, otrora dueños del Banco Regional
del Norte. A esta entidad le fabricaron una quiebra cuando el Presidente del Banco
Central era el cuestionado funcionario menemista Pedro Pou. Cantarero tenía
contacto con Pou y compró esta propiedad a un precio insignificante. Ahora se sabe
que el grupo Carballo ha sido beneficiado en distintas instancias por la justicia
argentina y también habría una decisión favorable de un tribunal internacional.
Según parece Cantarero no podrá seguir usando el valle para esconderse.
122
Entregando un emporio
Este negociado fue denunciado por algunos medios, por periodistas y por
importantes instituciones provinciales, sin que la “justicia” –como una constantehaya amagado con intervenir.
El mejor resumen de esta situación está explicado en un documento dado a
conocer por CTA:
Se conoce como Salta Forestal a un predio de bosques naturales y montes
vírgenes de 345.000 hectáreas de tierras fiscales ubicado en el Departamento
de Anta, al Sudeste de la Provincia de Salta, que forma parte de la región
geográfica conocida como El Chaco, segundo bosque natural en importancia
de América del Sur, reconocido por su biodiversidad.
En el año 1974 por Ley N° 4981, se constituyó la Sociedad “Salta Forestal”
(que dio origen a su nombre) entre el Estado Provincial y la Dirección General
de Fabricaciones Militares, para la explotación sustentable de su riqueza,
principalmente la extracción de madera y producción de carbón, con fines
estratégicos e industriales. En ese entonces se estructuró el “Centro
Poblacional 25 de Junio”, a fin de aglomerar la residencia de los trabajadores
regulares de Salta Forestal.
En el año 1982, por Ley N° 5949, El Estado Provincial adquirió la totalidad del
capital accionario y se constituyó la Sociedad del Estado Salta Forestal S.A.,
que continuó por su cuenta las labores de explotación del predio.
En el año 1987 se inició un proceso licitatorio para entregar esas tierras a
manos privadas. La licitación realizada a fines de 1998, puede calificarse
como mínimo de poco transparente, con innumerables irregularidades
orientadas a favorecer a la empresa Ecodesarrollo S.A. y desestimar e
impedir la participación del Institut International d’ Etudes et de Recherches,
entidad ambientalista internacional que había presentado una Propuesta de
Iniciativa Privada sin Fines de Lucro (“Proyecto Integral de Protección y
Recuperación de las Riquezas Naturales de Salta Forestal-Sin fines de
lucro”).
La empresa favorecida (Ecodesarrollo S.A.) que se encontraba “en formación”
al momento de la licitación, es propiedad de los Sres. Alfredo Olmedo y
Néstor Cervera, reconocidamente cercanos del poder político provincial; se
hizo cargo de la explotación de estas tierras a partir de Abril de 2000. Un
contrato que le concede la explotación por 64 años. Ecodesarrollo S.A. debe
iniciar el pago del canon por valor de $ 90.000 anuales ($ 0,28 por hectárea
por año) ¡recién a partir de los 20 años de pleno usufructo!
Oídos sordos
Varias instituciones denunciaron públicamente la falta de transparencia de la
licitación, la entrega a manos privadas del patrimonio del Estado –lo que constituye
un claro “negocio”- y los graves riesgos de impacto ambiental negativo. Entre otras:
Centro de Ex Legisladores (C.E.L.E.C.), Fundación Ecosistema Vespucio,
Asociación de Profesionales de la Salud de Salta (APSADES), Asociación de
Trabajadores del Estado (A.T.E.), Natura Salta, Fundación Yaguareté, Unión
Ambientalista Organizados de Salta (UN.AM.OS). Se cursaron notas a autoridades
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nacionales: Defensor del Pueblo, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo
Social y Medio Ambiente, solicitando la urgente intervención federal.
Actualmente, viven en el predio alrededor de 2000 personas distribuidas entre
el “Centro 25 de Junio” y en puestos aislados. La ocupación productiva de los
pobladores es la cría de animales, el cultivo del suelo y el trabajo asalariado, antes
para Salta Forestal, ahora para Ecodesarrollo S.A. La Gran Mayoría son nativos del
lugar, habitantes naturales y ancestrales de estas tierras; residentes de larga data y
por varias generaciones –algunos por sexta generación; orgullosos herederos de los
milicianos que supieron conformar las filas del Ejército Libertador del Norte Argentino
bajo las órdenes de nuestro héroe gaucho, el General Martín Miguel de Güemes.
Las tierras que hoy constituyen Salta Forestal fueron conquistadas por este Ejército
en las luchas de la Independencia y pasaron a conformar las denominadas Tierras
Fiscales.
Las condiciones socioeconómicas actuales de los habitantes de Salta Forestal
son muy afligentes y están signadas por la desocupación y las magras
remuneraciones que perciben los que aún poseen algún trabajo. Esta situación se
ha visto agravada a partir de la concesión a la empresa Ecodesarrollo. Se han
sucedido diversos hechos que van en perjuicio de los pobladores del lugar: varios
intentos para desalojar a los puesteros; destrucción de alambrados con topadoras,
con el colaboracionismo de la policía local que oficia de empleada de la empresa;
prohibición del tránsito de personas por el interior del predio, incluso de familiares y
visitantes regulares, pues se encuentra cerrado y el portón principal de acceso a la
propiedad con custodia.
También se ha agravado y acelerado el daño irreparable al medio ambiente
por la tala indiscrimada que ha iniciado dicha empresa y por el desmonte con
topadoras, a fin de utilizar esas tierras para la siembra de soja.
“Denunciamos”
La CTA denuncia:
• La entrega del patrimonio del estado en forma privilegiada y por un precio
vil a manos privadas cuya única finalidad es el lucro.
• La violación de los derechos humanos: los habitantes de Salta Forestal
están a punto de perder uno de los pocos derechos que les quedan como es
el de habitar en las tierras donde han nacido y vivido por generaciones, y
están sometidos a intimidaciones por parte de la Empresa y también de
efectivos policiales.
• El incumplimiento de obligaciones laborales: La Empresa Ecodesarrollo en
forma directa o a través de contratistas no respeta la Ley de Contrato de
Trabajo, en lo relativo a salarios ni a condiciones de trabajo.
• El impacto ecológico y ambiental negativo: por la tala y desmonte
indiscriminado y sin diagnóstico ambiental previo ni proyectos de re
forestación.
Ponemos a disposición toda la documentación que acredita las afirmaciones y
denuncias realizadas, así como la ampliación de la información vertida.
Central De Trabajadores Argentinos- CTA Salta
124
Para completar la información que surge del documento de CTA, diremos que
esta licitación dirigida a favor de una única empresa, se realizó en dos partes:
Primero obtuvieron 219 mil hectáreas por 35 años con opción a 15 años más, y
después las 120 mil restantes por 35 años con opción a 64 años más, es decir, un
siglo de saqueo. Esporádicamente el diario El Tribuno da a conocer “críticas” que
pesan sobre los dueños de Ecodesarrollo, como las sanciones impuestas por la
Dirección de Trabajo por haberse verificado el trabajo de niños en el lugar, o el
desmonte irracional y no sustentable que se realiza en algún lugar del emporio. Lo
cierto es que esa “información” parece un apriete para apurar el pago de un favor
original.
La cara visible de esta operación fue también el ex ministro de la Producción y
el Empleo Gilberto Oviedo a quien nunca se pudo interpelar por la entrega del
patrimonio provincial.
Ecodesarrollo continúa con su negocio infrigiendo normas, atacando
sistemáticamente, y de distintas maneras, a los derechos humanos.
Negocios con el hambre de los chicos más pobres
Una de las decisiones más perversas llevadas adelante por el gobierno de
Júcaro, tuvo que ver con la compra de alimentos deshidratados destinados a los
comedores de las escuelas más necesitadas de la provincia.
Este negocio significó una erogación de 1 millón 50 mil dólares por mes, que
se levó a 12 millones 600 mil dólares, pues dicha acción duró un año. El contrato
original contemplaba un plazo de 18 meses, pero la presión de unos pocos medios,
algún sector de la oposición y el reclamo de los damnificados, llevó a la recesión
anticipada y al fracaso de esta “política” asistencial.
Era tal la repugnancia y el rechazo que nos produjo esta situación, que
decidimos encarar la investigación periodística y la denuncia con la fuerza necesaria.
Todas las semanas dábamos a conocer en FM Noticias testimonios desgarradores
de chicos que habían dejado de comer en las escuelas, sabiendo que al llegar a sus
ranchos tampoco tendrían nada. En el parte de la Agencia de Noticias DDN, todos
los días en la tapa públicabamos la siguiente leyenda “Hoy se cumplen 153 días en
que los niños más pobres son subalimentados con alimentos deshidratados”.
Realizamos un relevamiento en 24 establecimientos y en todos se repetía la
misma situación. En comedores, en donde habitualmente comían 70 u 80 chicos,
sólo 2 o 3 probaban algo de ese entripado pestilente.
Los dichos de las cocineras no eran muy diferentes. En la Escuela N° 507
“San Agustín” del municipio de La Merced, una de las trabajadoras refirió que como
sobraba mucha comida, intentaron dársela a los chanchos de un chiquero cercano “y
ni éstos la querían comer”. En la escuela albergue Fany Villa intentaban cocinar
estos alimentos de distintas maneras, pero, aún así, los chicos no los consumían. La
escuela N° 568 de Chicoana “El Tipal” tenía un depósito. Allí se había guardado la
mercadería destinada a una escuelita muy alejada de Amblayo; el encargado de
este establecimiento vino a buscarla dos veces y no regresó nunca más. Al constatar
el rechazo generalizado y al darse cuenta de que el negocio peligraba, la empresa
empezó a mandar, los últimos dos meses, dulce de batata y membrillo a granel (los
más caros del mundo) pero el desenlace ya era irreversible.
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En marzo de l998, la empresa Teknofood envió cartas documentos
intimidatorias a los dos medios que más habían denunciado esta maniobra: FM
Noticias y el semanario Cuarto Poder y también a una Asociación de Nutricionistas
que habían dejado plasmado en un escrito todas las deficiencias de estos “polvitos”.
La Asociación dio marcha atrás, pero los medios redoblaron la apuesta.
En mayo se presenta en nuestra emisora el representante de Teknofood,
solicitando el derecho a réplica. Se trataba del señor Matías Lanusse, hijo de quien
fuera presidente de facto de la Argentina, Alejandro Agustín Lanusse.
El ejecutivo, visiblemente nervioso, se acomodó en nuestro estudio.
Inmediatamente le hicimos escuchar los testimonios recogidos durante meses.
Intentó dar algunas explicaciones técnicas pero, en ese momento, comenzaron a
llamar los oyentes indignados con el representante de la empresa. Hacia el final de
la entrevista, las manos del señor Lanusse temblaban descontroladamente.
Para completar el cuadro diré que fui invitado por el funcionario del Gobierno
de Romero, Daniel Olguín, a conocer la empresa, cuya sede se encuentra en
Mendoza. Le dije que no valía la pena porque me bastaba con ver lo que sus
productos provocaban a nuestros chicos. El periodista Martín Grande aceptó la
invitación y regresó de la ciudad cuyana hablando maravillas de los polvitos
mágicos, aunque nunca había visitado estos comedores.
Para que el lector tenga una ligera idea de cuál era la calidad del socorro
alimentario brindado a nuestros niños, le sugiero que intente consumir durante una
semana seguida los caldos deshidratados que se venden en cualquier almacén, y
verá que no lo soporta. Los chicos salteños fueron obligados a comer estos
“alimentos” durante un año.
Gastos escondidos
Desde que estalló esta democracia EN 1983, más de la mitad de la población
ha estado sometida a los peores índices sociales: pobreza, mortalidad infantil y
materna, indigencia, hambre desocupación, etc. Esto resulta contradictorio con las
enormes masas de dinero que se mueven sin control alguno en la órbita del
Gobierno Nacional y las Administraciones Provinciales. Así, el ciudadano asistió
azorado a la festichola del Senado, cuando supo que de la SIDE fluyeron cinco
millones de dólares para comprar el voto de algunos legisladores indecisos. Al enano
Telleldín le pagaron cuatrocientos mil dólares para mentir e imputar falsamente a
otras personas por el atentado a la AMIA. Durante el Gobierno de Menem muchos
funcionarios cobraron “sobresueldos” de 30.000 dólares. Algunos casos
emblemáticos son los de Camillión, Anello (están procesados), María Julia
Alsogaray, quien lo negó al justificar una fortuna injustificable. Sin embargo, estos
hechos son sólo la punta del iceberg.
De la misma SIDE, según se denunció en distintas épocas, hubo un
movimiento constante de efectivo para pagar informantes, operadores, periodistas y
todo lo que pudiera servir y estuviera a la venta para propósitos inconfesables.
En el feudo de Romero las leyes, en general, se convirtieron en una masa
amorfa que se amoldaban de acuerdo a las necesidades y a los caprichos del
Gobernador. Veamos de qué manera gastaban o se quedaban con el dinero del
estado que figura bajo el rótulo de “Gastos Reservados” y que el ex presidente del
Colegio de Abogados, Dr. Daniel Tort, definiera como “gastos escondidos”.
126
Desde el año 1996, se presentó la cuenta del ejercicio (ejecución del
presupuesto) con moras de años. Esto permitía, por medio de Decretos de
Necesidad y Urgencia, blanquear, después, los excesos de gastos realizados sin
respetar los montos autorizados por el presupuesto.
Un caso testigo fue el de los “Gastos Reservados” del Gobernador, que
durante la administración anterior eran de $48.000 anuales. Con Romero en el poder
y durante los años l996 y l997, se repitió la misma suma en el presupuesto, pero se
ejecutan más de2.000.000. La suma que gastó Júcaro por este concepto, al margen
de la Ley de Presupuesto, representó en aquellos años un monto de uso
discrecional de ¡¡$6.900 diarios!!. Lo blanquearon con un DNU dos años después de
realizar el gasto. Este saqueo con “marco legal” se imputaba como “gastos sin
discriminar”.
A medida que algunos medios y contados miembros de la oposición
comenzaron a indagar el tema, el Gobierno encontró la manera de ocultarlos,
utilizando un nuevo nomenclador de gastos. Se registran en la partida "Bienes y
Servicios no Personales” -que en 1998 era de 56 millones de pesos- y “Otros”
disimulados entre gastos de publicidad, teléfono, gastos de electricidad, ¿de
textiles?. Expertos contables moderados calculan que esos “Gastos Escondidos” se
han triplicado. Sobra explicar que el nuevo nomenclador tiene códigos
indescifrables, al que es imposible acceder si no se goza de la máxima confianza del
sujeto feudal.
Nunca se logró que explicaran en qué dilapidan estos gastos escondidos,
como tampoco cuál es el monto de los mismos.
Fundaciones multiuso
No vamos a explicar aquí el turbio manejo que se da a una cantidad de
fundaciones que no pueden explicar sus movimientos económicos, pero entre los
casos de corrupción del romerismo este tipo de instituciones resultó de vital
importancia, como veremos a continuación.
El 9 de abril de 1992, según escritura n°95 se crea en Buenos Aires la
fundación Argentina Solidaria cuya primera presidenta fue Doña Carmen Lucía
Marcuzzi de Romero, mujer del gobernador. La acompañaban en la aventura Don
Angel Oscar Mariano Torres, Juan Manuel María Palacio, Don Eduardo Llamil Falú,
Don José Enrique Carlos Miguens, Don Gilberto Enrique Oviedo y Don Daniel
Ricardo Peralta Olguín. En el artículo segundo se daba cuenta del objeto de esta
institución:
Promover, apoyar y realizar el estudio e investigación de la realidad
socioeconómica del país, el intercambio de información y capacitación a nivel
de excelencia de recursos humanos y sobre temas políticos, culturales,
ecológicos, científicos en general y de las artes plásticas entre la República
Argentina y la comunidad internacional, y diseñar proyectos de extensión
social para la población carenciada o de menores recursos.
El 13 de mayo de 2004 el periodista Daniel Santoro tituló en el diario Clarín
“Una Fundación salteña para pobres aportó fondos a la campaña de Menem”,
ampliando que junto con otra, de carácter cultural, pagaron unos 2.000.000 en
127
gastos publicitarios. En esa misma nota y en una conversación telefónica que
tuvimos con dicho periodista, hace referencia también al interés de la OA (Oficina
Anticorrupción) por el tema de los printicos. Al día siguiente aparece una desmentida
de Romero en el diario El Tribuno:
El gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, rechazó ayer en forma
terminante que la Fundación Argentina Solidaria haya cometido
irregularidades de ninguna índole en un aporte que realizó a la financiación
de la campaña electoral que compartió con el ex presidente Carlos Menem el
año pasado (...) Romero dejó en claro, en relación con el texto publicado por
el matutino porteño, que “la Fundación Argentina Solidaria obtuvo aportes
privados y abonó gastos publicitarios de la campaña electoral de 2003, los
que se encuentran debidamente documentados y transparentados. Sí es
verdad que la Fundación Argentina Solidaria apoyó mi campaña. Tanto es
así que se entregaron pagos en nombre de la fundación a medios de
comunicación, con lo cual quien así lo solicite, puede saber perfectamente
quién pagó”.
La nota continúa tratando de justificar lo que él mismo reconoce, dado que el
objeto de la fundación nada tiene que ver con aportes a campañas políticas.
La información provista por el propio Gobernador es aún más grave porque el
equipo de la fórmula Menem-Romero omitió consignar esos aportes en la rendición
correspondiente, hecho detectado por una auditoria practicada por la Cámara
Nacional Electoral, en contravención a las disposiciones de la Ley N° 25.600 sobre
el origen de los fondos de financiamiento de los partidos políticos.
Lo que Romero no aclara es el aporte que dicha fundación realizó a la
campaña de Luis Patti, para la gobernación de la provincia de Buenos Aires
($120.000).
Otros antecedentes
En el año 2003 denunciamos con el abogado Daniel Roberto Tort que
a) El gobernador Juan Carlos Romero utiliza el avión del estado provincial –
afectado principalmente para el uso sanitario- para fines personales. Ante
el avance de la investigación, se presentaron facturas expedidas por dicha
fundación, justificando que la misma se había hecho cargo del alquiler de
la aeronave para uso personal del Gobernador.
b) Existen repetidas versiones acerca de que, la casa en la que
tradicionalmente funcionaran locales electorales del Partido Justicialista,
ubicada en Zuviría 80, habría sido adquirida con fondos del PJ e inscripta
a nombre de la Fundación Argentina Solidaria.
Cabe destacar, que al presentar la denuncia por el presunto delito de
peculado con respecto al uso del avión estatal, el fiscal Federico Obeid intentó
hacernos desistir. Al fracasar su gestión, realizó el traslado de la misma a nombre de
NN. Desde entonces, a veces mencionamos al Gobernador como “Nuan Nomero”.
Todos estos datos fueron presentados al Fiscal Federal con competencia
electoral Jorge Di Lello y a la Dirección General de Inspección de Personas
Jurídicas.
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Insólitamente, la pétrea magistrada a cargo de la causa, María Romilda
Servini de Cubría, no encontró motivos para proseguir con la misma, acompañada
en esta noble decisión por el fiscal Di Lello.
Obtuvimos información confiable respecto a que Angel Torres manejaba una
caja de seguridad que la fundación tiene en el Banco Macro en Buenos Aires, con
una cuantiosa cantidad de dinero, usado para cualquier fin pero no para el que fue
destinado.
Cuando la denuncia movilizó a la Inspección General de Personas Jurídicas,
Romero desactivó a la Fundación Argentina Solidaria y creó en su reemplazo
FUNDARA (Fundación para el Análisis y la Reflexión de la Argentina) -el significado
de la sigla y en manos de algunos de los que figuran allí, como Angel Torres y el
acusado de represor durante la dictadura, Daniel Karlsson, sólo da para la risa.
Excedentes
Con este nombre se denominó a los 5.000 agentes de la Administración
Pública que el Gobierno de Romero dejó en la calle en 1996, contrariando una
promesa de su campaña electoral que aseguraba que nadie sería removido. Para
morigerar los efectos de esta decisión, dijeron que los “excedentes” serían
reconvertidos, es decir, debían tomar unos cursos que, de ser aprobados, les
permitirían reingresar a sus trabajos. Todo resultó una mentira: gente con promedios
muy altos nunca pudieron recuperar sus puestos. Mientras parte de la prensa realizó
un seguimiento, se detectó que un porcentaje de esos ex empleados se habían
vuelto alcohólicos y veinticuatro se habían suicidado.
Esta eliminación drástica de personal no redundó en una reducción de la
masa salarial, porque se privilegió a 2.000 acomodados de planta política que
cuestan al estado tres veces más que los cesanteados.
Hágase la luz
Montado en la ola privatista de los 90, que perjudicó exponencialmente al
pueblo argentino, Romero también entregó las empresas del Estado, muchas de
ellas con superavit, a valores que sólo se explican por retornos millonarios. Un caso
extraordinario es el de la venta de la Dirección Provincial de Energía al Exxel Group
en 65.000.000 de dólares. Transcurridos 2 años, ésta fue revendida a otro grupo
inversor en 240.000.000 de la misma moneda.
No va máaas...
El Banco de Préstamos y Asistencia Social manejaba el juego en la provincia
y llevaba adelante una actividad solidaria y social verdaderamente significativa. Los
créditos pignoraticios resolvían situaciones afligentes de los sectores más
carenciados. Ningún banco recibe a cambio de dinero y, mucho menos con intereses
muy bajos, libros, cámaras fotográficas, artefactos domésticos, herramientas,
bicicletas, etc. Esas personas recurrían a la institución, popularmente conocida como
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el Montepío, con la garantía que, a través de un sistema denominado “simultáneas”,
en un determinado tiempo, podían recuperar ese bien cuyo valor emotivo era muy
superior al material.
Muchos personas llegaron a la categoría de profesionales gracias a que el
Banco de Préstamos les otorgara un crédito de “honor” que era devuelto, en plazos
muy largos y cuotas bajísimas, después de que obtuvieran sus títulos. También
otorgaba becas para estudiantes secundarios y universitarios que tenían escasos
recursos y daba subsidios para capacitación a profesionales en el interior y exterior
en todas las disciplinas.
Subsidió operaciones en centros privados de alta complejidad a personas que
no podían pagarlas y cuyos problemas de salud no podían ser resueltos en
hospitales públicos. Pagó traslados para intervenciones quirúrgicas o tratamientos
en centros de salud de otros lugares del país. Donó medicamentos, sillas de ruedas
y prótesis para las más variadas dolencias.
Otorgaba créditos hipotecarios para construcción de vivienda única o
refacciones y ampliaciones.
Existía una línea de créditos prendarios para compra de maquinarias y
herramientas de trabajo, para apuntalar la producción e, incluso, había dinero para
microemprendimientos y pequeñas empresas familiares.
La rentabilidad y los resultados anuales eran tan buenos que, el Banco de
Préstamos le compró una cartera morosa al Banco de la Provincia de Salta, de
60.000.000 de pesos, porque a éste no le cerraba el balance y podía ser sancionado
por el Banco Central.
Cuando Romero decidió privatizar el juego -única provincia que lo hizo
totalmente-, esta organización social se perdió y empezaron a proliferar los negocios
de la usura y los aprovechadores.
La perinola se clavó en “toma todo”
Aquí también la cara visible de este negocio fue el ex ministro Gilberto
Oviedo.
La fiebre privatizadora del menemismo prendió en el gobierno de Romero con
un entusiasmo casi deportista.
Hasta donde sabemos, Salta es la única provincia que entregó a manos
privadas, de manera absoluta y monopólica, los juegos de azar. Cualquiera sabe
que el juego en general y los casinos en particular pueden convertirse en una
maquinaria de lavado de dinero, proveniente del narcotráfico, la corrupción en la
administración pública, etc.
El proceso licitatorio fue trucho y, desde el vamos, se impidió que participara
cualquier otra empresa que no fuera elegida por el gobierno. De hecho, el
empresario salteño Carlos Salvador Issa intentó competir en la “licitación”, pagando
por el pliego correspondiente la suma de $ 25.000, pero se le opusieron trabas de
todo tipo que privilegiaban la “inversión” extranjera (90% capital uruguayo y 10%
austríaco).
Un dato no menor es que, en todo el trámite de entrega, se perdieron en el
camino entre 800 y 1000 kilos de oro, joyas inclusive, que estaban depositadas en la
sección pignoraticia de la institución.
130
El gobierno crea la sociedad “Entretenimientos y Juegos de Azar S.A.
(EN.J.A.S.A)”, con un capital social ridículo de $12.000, compuesto por 6120
acciones clase A, 4680 acciones clase B y 1200 acciones clase C.
Si uno ingresa al sitio www.enjasa.com, puede leer lo siguiente: Título,
Nuestra Empresa:
El 15 de febrero del 2000 el Gobierno de la Provincia de Salta firmó el decreto
mediante el cual transfirió el 90% del paquete accionario de EN.J.A.S.A a la
firma Leisure & Entertainment S:A:, socialmente integrada por Casinos de
Austria GmbH e Iberlux International S.A. perteneciente al GBH Group.
EN.J.A.S.A, mediante los decretos provinciales 2.126 (7 de septiembre de
1999) y 3.616 (1 de septiembre de 1999), es licenciataria de la explotación
exclusiva de los Juegos de Azar y Casinos de la Provincia de Salta.
El desafío de vender entretenimiento tiene en nuestro concepto una conexión
con una de las actividades de esparcimiento más demandadas en nuestros
días, viajar. Por eso además de las actividades directamente relacionadas
con la licencia, estamos desarrollando inversiones en Turismo y actividades
afines en la Provincia de Salta.
Todo esto genera en nuestro espíritu, un constante y ansioso deseo de
progreso, que junto y gracias a todas las empresas que interactúan con
EN.J.A.S.A, nos permiten posicionarnos como innovadores privados en un
ámbito donde el juego de azar fue durante años estrictamente estatal.
Somos la primera y única iniciativa privada de la Argentina en materia de
juegos de lotería, y la dinámica que impone la obligación de triunfar en
tiempos de exigencia, competitividad y cambio nos alientan a seguirs
adelante
AUTORIDADES
Presidente:
Roberto Siegfried
Directores:
Cristóbal Von Der Fecht
Osvaldo Perla
Carlos Garramón
Gabriel Roberts
Gerente General: Gustavo Anselmi
Como se puede ver, contamos con información provista por la propia empresa
adjudicataria.
Casualmente, el director Carlos Garramón es vecino (el muchacho de al lado),
de Juan Romero en Punta del Este. Cara visible del 90% de las acciones.
A su vez Gabriel Roberts, que figura como director, fue miembro de ENREJA,
que es el Ente Regulador encargado de controlar a EN.J.A.S.A. Quizá fue invitado a
conocer de cerca lo que debía vigilar.
Curiosamente, en el expediente N° 13.932/00 figuran los domicilios de los
integrantes del directorio, salvo los de Garramón y Roberts que sólo consignan
números telefónicos y correos electrónicos.
Negocio redondo
Se regaló esta privatización en $3.000.000, teniendo en cuenta que en el año
1998 y en manos del estado, el juego dejaba casi $14.000.000, sin contar las
131
utilidades de los casinos, que son superiores a la lotería, tómbola y máquinas
tragamonedas.
En el artículo 18.1 del pliego de condiciones se especifica que:
El Canon que deberá abonar el comprador como prestación por la Licencia,
será fijo y anual, y deberá ser abonado en dos cuotas semestrales a período
vencido con vencimiento la primera de ella a los ciento ochenta días desde el
momento del perfeccionamiento del Contrato de Transferencia, según lo
estipulado en el numeral 17.2.
En tanto en el artículo 18.2 se ordena:
El monto del Canon será reajustado cada cinco años de acuerdo entre las
partes, y teniendo en cuenta la variación del monto total anual apostado en el
rubro Juegos de Tómbola y Lotería, o aquellos que en el futuro lo
reemplacen. A tal efecto se tomará como base el monto apostado
correspondiente al año 1998, cuyo valor es de pesos cuarenta y tres millones
novecientos veintiún mil trescientos setenta y ocho con cuatro centavos
($43.921.378,04), el que surge de la sumatoria de los registros diarios en la
Provincia de Salta por tales rubros.
Insólitamente, en ningún caso se mencionan montos fijos para dicho canon o,
en su defecto, un porcentaje que corresponda a los juegos. Pero de acuerdo a
nuestra investigación, resulta también sospechosa la cifra que se da como resultado
del año l998, puesto que sólo en el rubro tómbola la recudación de ese año fue de
$41.678.115 con una utilidad neta de casi $9.000.000.
Casinos
En el año 1993 el gobierno, en manos del renovador Roberto Ulloa, decide
cerrar el casino administrado por el estado y, a modo de indemnización, cede una
licencia por 10 años a unos 60 ex empleados de la casa de juegos provincial. A la
vez licita la concesión por 10 años de un casino privado: “Casino de las Nubes”. El
argumento fundamental para desprenderse de la casa de juegos estatal, es que la
Provincía perdía más de $ 2.000.000 anualmente.
La decisión pareció acertada porque, en el lapso de 6 años, la provincia
recaudó unos 15 millones de pesos. Pero no privatizó la lotería, las máquinas
tragamonedas, los bingos y la tómbola que se administraban en toda la provincia.
Los casinos empezaron pagando un canon de $60.000 mensuales que luego
se aumentó a 100.000 pesos/dólares. La pobreza estructural de la provincia hizo que
estos negocios no cerraran sus números, a pesar de estar instalados en pleno centro
de la ciudad.
Cuando Romero decide privatizar el juego, los dueños de los casinos sabían
que al concluir sus licencias, no tendrían ni un día más. Así es como, en el primero
de los casos, 60 familias se quedaron sin trabajo. Durante 6 meses cobraron una
especie de plan trabajar de $ 300, y después nada.
132
Futurología
En el año 2000, mucho antes de la entrega monopólica del juego de azar, se
formó la sociedad Complejo Monumento Güemes S.A. Las personas que figuraban
como socias o administradoras del emprendimiento eran: Ramón Boggione, Néstor
Cervera y el abogado Alberto Raimundo “el negro” Sosa. Esto indicaba claramente la
influencia de Juan Romero. El objeto de esta sociedad era construir un hotel cinco
estrellas que, por una maravillosa casualidad, coincidía con la oferta en materia
turística que habían hecho los oferentes del 90% de la acciones de EN.J.A.S.A.
En la memoria y estado contable de la empresa presentados el 31 de
diciembre de 2004, se deja constancia en la Nota 15 – Constitución de Fideicomisos
de Garantía.
Durante el año 2004 EN.J.A.S.A ha celebrado ciertos contratos de fideicomisos y
de asunciones de deudas sobre préstamos obtenidos por Complejo Monumento
Güemes S.A., para así contribuir a desarrollar las inversiones comprometidas en la
oferta licitatoria para la obtención de la licencia de explotación de los juegos de azar
en la Provincia de Salta. Dichos contratos se explican a continuación:
1. BANCO MACRO BANSUD. TRAMO 1. Con fecha 30 de diciembre de
2003, se ha celebrado un contrato de mutuo entre el Banco Macro Bansud
S.A. y la Sociedad Complejo Monumento Gëemes S.A. por el que aquél
otorga a ésta un préstamo por un monto de $ 3.000.000, ocasión, en que
EN.J.A.S.A se constituyó en deudora solidaria de dicha operación dado que
dichos fondos contribuirán a desarrollar las inversiones comprometidas en la
oferta licitatoria para la obtención de la licencia de explotación de los juegos
de azar en la Provincia de Salta.
En garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas, en la misma
fecha se celebró un contrato de fideicomiso de garantía por el cual
EN.J.A.S.A., en su carácter de Fiduciante constituye en los términos de la Ley
N° 24.441 el Fideicomiso a favor del Banco Macro Bansud S.A., el Fiduciario,
para beneficio del Beneficiario (el Banco) hasta que se cancelen íntegramente
las obligaciones garantizadas y todas las demás obligaciones contraídas en el
préstamo, cediendo por medio del Contrato de Fideicomiso en garantía, el
50% del importe neto que resulta de los juegos de Tómbola y Mi Bingo, y/o
los que los reemplacen, modifiquen o complementen, que explota EN.J.A.S.A.
en la Provincia de Salta hasta el monto mensual que permita atender las
cuotas mensuales del fideicomiso. Dicho porcentaje decrecerá mensualmente
en igual proporción a la amortización del capital del préstamo. El fondo
fiduciario está constituído con el producido de recaudación practicada,
transferida diariamente a la cuenta recaudadora abierta en la entidad
bancaria, quedando el remanente a libre disposición de EN.J.A.S.A.
El fideicomiso tiene vigencia desde el 30 de diciembre de 2003 hasta la
cancelación total del préstamo y sus accesorios, habiéndose tomado el
mismo en un total de setenta y dos cuotas mensuales y consecutivas de
capital, intereses e impuestos sobre éstos. En fecha 9 de diciembre de 2004,
entre la Sociedad y el Banco Macro Bansud se ha firmado contrato de
fideicomiso de garantía, basado en el anterior, para incorporar – según se
expresa en el apartado “Antecedentes” – las modificaciones en el texto que
regula el procedimiento que se lleva a cabo desde la celebración del contrato,
según lo aconseja la experiencia recogida en el transcurso de la operatividad
del primitivo fideicomiso.
133
La inversión genuina de la empresa adjudicataria fue mínima, la mayoría se
hizo con los ingresos del juego, después de todo, teniendo una licencia por 30 años,
con un poco de suerte, podemos comprar hasta el sillón del gobernador.
El Hotel se construyó violando claras normas municipales y contrariando la
opinión de muchos vecinos de una de las zonas más residenciales y exclusivas de la
capital salteña.
Confusión
La mayor parte del tiempo se dijo que la cadena hotelera Marriot se
encargaría de la administración del complejo. De este modo, hasta febrero de 2006
se podía entrar a la página Anfytrion.com y allí estaba toda la información y hasta
una carta intención firmada por todas las partes, incluído el gobierno.
Finalmente el hotel casino lleva el nombre de Sheraton.
Extraña participación
De acuerdo a las leyes 23.696/89 y 6.583/90 –sancionadas antes del gobierno
romerista- los empleados del Banco de Préstamos y Asistencia Social son dueños
del 10% del capital social.
En más de ocho años de privatización del juego en Salta, ningún
representante de este 10% pudo sentarse jamás en la mesa de directorio, ni opinar u
oponerse a las distintas maniobras que desde allí se instrumentaron.
Los poseedores de estas acciones son doscientos cincuenta ex empleados.
Más de la mitad, por necesidad o por miedo, cedieron sus derechos por $ 2.000 por
cabeza. Los ciento veinte restantes resisten a pie firme el intento de estafa, y han
iniciado acciones judiciales en tanto procuran saber cuál es la verdadera ganancia
de EN.J.A.S.A. y participar, según la ley, de las mismas.
Las ganancias del juego se han multiplicado y, en el caso de la tómbola, hasta
se dan el lujo de prohibir a los jugadores que puedan apostar a determinados
números en distintos días. Este caso es único en el país y se ajusta a cálculos
estadísticos de los números más atrasados en combinación con los que son más
apostados en las últimas jugadas.
Todo un dato para Ripley.
¿De quién es la timba?
A treinta años, no hay seguridad sobre quiénes son los verdaderos dueños de
esta concesión.
En enero de 2007 Ámbito Financiero publicaba lo siguiente:
La compañía estatal Casinos Austria anunció ayer que va a expandir sus
actividades comerciales en América Latina, concretamente en la Argentina y
en Chile. Los autríacos ampliarán su participación en la empresa argentina
Leisure&Entertainment, del actual 5% a 60%, mientras que en Chile abrirán
134
su primer casino propio en 2008, informó ayer Paul Herzfeld, subdirector
general de la empresa.
Casinos Austria es socia de la local ENJASA (Entretenimientos y Juegos de
Azar SA) en tres casinos de la ciudad de Salta: el Boulevard Casino, ubicado
en el shopping Alto Noa, de IRSA; el casino Salta, que ocupa parte de la
planta baja del Sheraton de esa ciudad; el Golden Dreams, ubicado en el
centro de la capital salteña. Además son los operadores del Casino Las
Leñas, que funciona en el Hotel Piscis de ese ‘resort’ de ski. Hasta la fecha el
accionista mayoritario de ENJASA es el grupo local GBH, una desarrolladora
de hoteles e inmuebles. Según la información que llega desde Viena, los
austríacos estarían dispuestos a tomar el control de ENJASA.
Casinos Austria formó parte del grupo que fundó Leisure & Entertainment en
el año 2000. Herzfeld anunció en declaraciones a una agencia de noticias de
su país que su empresa estudia ampliar el negocio en el país con un quinto
casino e instalar más máquinas tragamonedas.
Agregó que en Chile están trabajando en la apertura del Gran Casino Los
Angeles, con doce mesas de juego, unas 200 máquinas y 40 plazas para el
bingo, agregó el ejecutivo de Casinos Austria. Esa sala de juego estará junto
a un hotel de cuatro estrellas y un centro de conferencias para 500 personas.
El grupo Casinos Austria tiene unos 10.000 empleados, que gestionan 76
casinos en 18 países, con una facturación acumulada de 3.200 millones de
euros en 2006.
Beneficio
A través de una indescifrable ingeniería contable clásica de los noventa y de
negocios pocos claros, la renta para la provincia es mínima. Por el contrario, la timba
organizada “al mango”, hace estragos en una provincia sumamente empobrecida.
En las ciudades del interior salteño, maestras, jubilados y trabajadores de
bajos recursos, dejan su dinero en busca de la jugada salvadora.
En el lujoso casino del Sheraton se ven personas de todos los estratos
sociales. Nada ha cambiado en la actitud humana de la magnífica descripción
realizada por Dostoievsky. Las máquinas tragamonedas parecen ir absorviendo a los
febriles jugadores; las manos trémulas desperdigan fichas en la mesa de ruleta. Más
allá un muchaho fashion apura su trago de wisky, aspira a convertirse en
compulsivo.
Afuera hace frío, no hay alfombras ni sillones confortables. Sólo una enorme
población indefensa arañando su propia humanidad en un esfuerzo por llegar,
aunque más no sea, al tercer mundo.
Trampas contables con bonos hidrocarburíferos
El licenciado Roberto Guzmán, investigador jefe del I.E.R.A.L. de Fundación
Mediterránea Regional Salta, explica muy bien, en un informe dado a conocer en
mayo de 2002, estas trampas:
Por Decreto N° 593 de marzo de 2000, el Gobierno Provincial designa como
Organizador y colocador al Banco Macro S.A.. Lo faculta como Asesor del
Ministerio de Hacienda en la elección del fiduciario, de las calificaciones de
135
riesgo y del agente de registro y pago. Se autoriza la colocación de títulos por
100 millones, como parte de una emisión de 350 millones de dólares.
El 29 de diciembre de 2000 por Decreto N° 3588 el Gobernador de la
Provincia autoriza la contratación del consorcio firmado por el Banco Macro,
Lehman Brothers, Central Hispano Investiment y/o cualquiera de sus
subsidiarias o vinculadas para otorgar la transacción y modelos de los
documentos. Asimismo autoriza a la señora Ministra de Hacienda, Alicia Asti,
a suscribir toda la documentación necesaria.
9 Monto del empréstito U$S 250 millones.
9 Se crea un fideicomiso “Salta Hydrocarbon Royaly Trust”. La provincia
cede en garantía el dominio de las regalías de gas y petróleo, durante
15 años a partir 28-03-2001.
9 Los intereses se pagan trimestralmente y su tasa se fija al momento de
aceptación de oferta (11,5%).
9 La amortización programada 28-12-2015. En caso de disponibilidades
se podrá amortizar en 40 pagos trimestrales para comenzar 2,25 años
después de la emisión y finalizar 12 años después de la emisión.
9 Los tenedores de los títulos serán beneficiarios de una póliza de seguro,
emitida por Sovereign Risk Insurance Ltd. Como agente de ACE
Bermuda Insurance Ltd., que pagará 31 meses de intereses del título en
caso de ocurrir la inconvertibilidad del peso argentino.
9 Todos los gastos, costos y honorarios legales en virtud de la propuesta
son a cargo de la Provincia.
El instrumento legal invocado como respaldo a la contratación facultada por
los Decretos N° 593 y 3.588, es el Art. 37 de la Ley de Presupuesto de Salta
del año 2000, que faculta al Poder Ejecutivo Provincial a refinanciar y/o
reestructurar deudas preexistentes, siempre que ello mejore las condiciones
de plazo y/o tasa de interés.
La Provincia percibió de la colocación de los títulos hidrocarburíferos la suma
de 234 millones de pesos, se supone que serían dólares dada la vigencia del
1 a 1 en el año 2001.
Cómo se registró esta deuda
A veces, con el afán de mostrar resultados favorables en las cuentas públicas
se recurre a alquimias u ocultamientos groseros de la realidad económica financiera.
Aunque resulte difícil creerlo, la imaginación de la gestión romerista no
registró como deuda el endeudamiento de 250 millones de dólares.
Para los responsables de la conducción económica se informa que lo
percibido por la colocación de los títulos es un anticipo de regalías.
Según informe del Ministro de Hacienda, Fernando Yarade, sobre la ejecución
presupuestaria del ejercicio 2001, elevada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto
de la Cámara de Diputados, la Provincia recibió en concepto de anticipos de regalías
de petróleo 74,8 millones de pesos y de gas 159,1 millones, es decir, que no se
endeudó con la colocación del empréstito. El importe neto de 234 millones que
recibió de los 250 millones garantizados con la transferencia de dominio del 80% de
las regalías, los 16 millones que se dedujeron de la colocación para gastos,
honorarios y comisiones, es el costo del generoso anticipo que habrían realizado las
concesionarias de gas y petróleo.
Cómo justificar luego de la devaluación que este anticipo de 234 millones se
transformara en una deuda de 705 millones, a una paridad de $2,80 por dólar. A
136
fines de mayo, esta deuda a un dólar de $3,50 ascendería a 875 millones. Los
intereses, dado el plazo de gracia, superarían los 100 millones de pesos en el año
2002.
¿Por qué se ocultó esta deuda?
Se puede deducir que dada la promoción del gobierno de Romero de
presentarse como una administración ordenada, con equilibrio y déficit fiscal, no
resultaba conveniente escribir que los excesos de gastos se cubrirían siempre con
endeudamiento. Política que fue cuestionada localmente.
Al registrar en los recursos corrientes 234 millones como anticipo de regalías,
lo percibido por la colocación de los títulos hidrocarburíferos modifica el resultado
entre recursos y gastos en el ejercicio 2001.
De haber sido computado como deuda, los 234 millones hubieran debido
registrarse como uso del crédito y no como un ingreso. Hubiera resultado una
necesidad de financiamiento de 77,4 millones. En lugar de ello aparece un exceso
entre ingresos y egresos de 159,9 millones, como se puede ver en el cuadro de
ejecuciones presupuestarias entre 1996 y 2001.
Pero el ocultamiento de la deuda, inaceptable en toda gestión tanto pública
como privada, resulta aún más criticable, en supuestas gestiones exitosas, con el
agravante que incurren en una contradicción irrefutable.
Es injustificable el discurso gubernamental referido a la caída de los ingresos
de las provincias, cuando en el caso particular de Salta y a través de una “ingeniería
financiera” pareciera tener un excedente de recursos del 23%.
La mentira
El oneroso empréstito fue presentado por el Diario del gobernador y la prensa
adicta como un éxito, afirmando que el mismo se había logrado por la altísima
calificación que la Provincia tenía en los círculos financieros internacionales, cuando
en realidad, los acreedores tenían las máximas garantías de cobro, con el petróleo y
el gas de Salta.
Estafando al soberano
Con un porcentaje de los ridículos montos que ingresaron por la venta de las
empresas del estado, la administración feudal creó un “Fondo de Inversiones de la
Provincia”, presuntamente destinado a fomentar actividades productivas. Como
ocurre con los dineros públicos y, sobre todo, con los fondos de cierta importancia, el
Gobierno nunca suministró información sobre la cifra que conformaba este rubro.
Algunos referentes de la oposición calculaban que dicho fondo reunía entre 47 y 50
millones de pesos/dólares.
En junio del año 2000, el semanario Cuarto Poder dio a conocer una lista de
amigos y privilegiados del romerismo que habían accedido a estos “créditos” que en
137
muchos casos nunca se devolvieron. Llama la atención algunas de las originalidades
presentadas como “inversiones productivas”:
Listado de beneficiarios del Ministerio de la producción
Producción
de Cebolla y
Pimentón
Estudio de
Diseño
Gráfico
Fábrica de
Mat.
Didácticos
Fábrica de
ventiladores
$2.500,00 $3.333,00
2 San Carlos San
Carlos
Agricultura
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
$8.000,00 $10.567,00
2 Capital
Salta
Industria
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
$3.500,00 $4.667,00
2 Capital
Salta
Industria
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
$2.500,00 $3.333,00
3 Capital
Salta
Industria
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
Apicultura
$4.200,00 $10.000,00
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
MERLIN
$7.000,00 $9.333,00
2 Gral. San Campam Apicultura
Martín
ento
Vespucio
3 Capital
Salta
Industria
Producción
de Claveles
$8.000,00 $10.666,00
3 R°
Lerma
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
Fábrica
Dulces
Regionales
AIRAMPO
$7.900,00 $28.419,00
3 Capital
Salta
Industria
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
$7.900,00 $27.919,00
3 Capital
Salta
Industria
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
Gráfica Salta $4.541,00 $9.800,00
3 Capital
Salta
Industria
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
Fábrica
Embutidos
Derivados
Producción
de Cebolla
Pimentón
Producción
de Cebolla
Pimentón
Ricos
Famosos
3 Capital
Salta
Industria
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
$10.000,0 $13.333,00
y 0
de La Silleta Agricultura
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
$2.500,00 $3.333,00
2 San Carlos San
Carlos
Agricultura
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
$2.500,00 $3.333,00
2 San Carlos San
Carlos
Agricultura
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
y $10.000,0 $13.333,00
0
2 Capital
Salta
Industria
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
Fábrica de $10.000,0 $13.333,00
Dulces
de 0
Cayote
Imprenta del $8.000,00 $23.506,00
Milagro
8 Capital
Salta
Industria
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
3 Gral.
Güemes
Gral.
Güemes
Industria
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
y
y
138
AGRO
SERVICIOS
del NOA
Ganadería
$5.500,00 $7.333,00
$4.621,00 $8.162,00
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
2 Gral. San Embarca Servicios a
Martín
ción
la
Producción
1 Gral. San Dragone Ganadería
Martín
s
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
Cría
Ganado
de $3.900,00 $5.200,00
1 Gral. San Dragone
Martín
s
Ganadería
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
Cría
Ganado
de $4.910,00 $8.547,00
1 Rivadavia
Ganadería
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
Industria
Bs. De Desemb
Cap.
olsado
Embutidora
Santa Lucía
$3.800,00 $8.088,00
2 Capital
Fortín
Dragone
s
Salta
La gran mayoría de los emprendimientos que se beneficiaron con la
asistencia del FPI (Fondo Provincial de Inversiones) corresponden a
proyectos agropecuarios tradicionales, los que sólo en una mente demasiado
imaginativa podrían convertirse en puntales para una economía. Así, muchos
de ellos están consignados con el fin de producir “cebolla y pimentón”, “papa
primicia” y “poroto negro”...
De todas formas, el aliciente dinerario para estos productores, si bien
representa gran parte de las planillas a nivel cuantitativo, no es el que
mayores montos de préstamos detrae de la masa del Fondo de Inversiones.
Por el contrario el rubro servicios es el que mayor cantidad de dinero
involucra de la cuenta. El Centro de Taximetristas de Salta es uno de los que
mayores montos recibió de la provincia: $2.700.000; Para la Cooperativa de
Productores Tabacaleros fueron 3.300.000 (destinado al proyecto de instalar
una red de gas natural); $1.000.000 para “El Taura SRL” que controla el Hotel
del Dique Cabra Corral; idéntica cantidad para la firma “Los Maitines SA-Alba
SA” destinada al Hotel Los Maitines; 750.000 para la firma Marinaro; una
suma parecida para “Domingo Hnos”...; 950.000 para Bodegas “La Rosa”
para fomentar el turismo en las propias instalaciones de la envasadora.
Mas allá del ocultamiento de las sumas “invertidas”, queda claro que la
desprolijidad y el despilfarro de los dineros públicos son una constante de la
administración romerista.
Estadio único sobrefacturado
El colega Héctor Alí expuso, con claridad, lo que significó la construcción del
Estadio Único –monumento a la corrupción- hoy denominado Estadio Padre Ernesto
Martearena:
Esto es una muestra más de la discresionalidad y la falta de transparencia
con la que se manejan los fondos públicos, la sistemática alteración de las
prioridades y la falsedad de los argumentos conque son encaradas, forma
parte también de la personalidad egocéntrica de un mandatario volcado a la
fastuosidad y a la frivolidad, por más que disfrace su discurso de voluntarismo
social, es el síndrome de una cuna demasiado cálida y la falta total de
139
privaciones, del desconocimiento absoluto de las carencias que sufre la
mayoría de la población, es parte de esa búsqueda de vinculación con lo
sectores más acomodados, para reforzar las apariencias del bienestar y la
riqueza y al mismo tiempo una muestra del patológico desprecio por la
precariedad. Recordemos cuando dijo ‘no quiero mostrar una provincia
rancho’ para justificar las fachadas que esconden los asentamientos, los
hospitales y escuelas casi en ruinas, las hordas de pobres pidiendo comida,
desocupados revolviendo tachos de basura, los jóvenes que no saben qué
hacer con el ocio y se vuelcan al alcohol, la droga o la delincuencia. Se
resume en concentración de poder económico y prácticas autoritarias en el
ejercicio del poder político. Se podría decir que esos monumentos a la
discresionalidad y al gasto dispendioso se podrían encontrar algunas
patologías vinculadas a la necesidad extrema, lo que revela un cierto
complejo de inferioridad, dime de qué te jactas y te diré de que careces. El
estadio único se suma a otras obras, como la del Aeropuerto que le costó a la
provincia 16 millones de pesos, que responde a las apetencias macrocéfalas
del Gobernador, como las mangas de acceso que son igualitas a las de
Nueva York ¿vio?, en esa línea le siguen el Centro de Convenciones del
Grand Bourg, un monumento de granito y vidrio que costó 3 millones de
dólares, que supuestamente llegarían expertos de todos los rubros para
realizar allí conferencias, congresos, seminarios, siendo ésta la principal
escusa para justificar su construcción. Lo cierto es que en el tal Centro de
Convenciones, hasta ahora lo único que pudieron hacer es reunir a algunos
empresarios locales, pero finalmente todo queda en la nada como el traspaso
de acciones del Ferrocarril Belgrano o convocar a intendentes u otros
gobernadores o figuras devaluadas como las de Duhalde, Matzkin o la
Caamaño, o dar reuniones conferencias de prensas después de las reuniones
de gabinete. Pero de afuera y para lo que fue construido no tiene que ver
nada con nada. Y hay más, la Avenida Tavella, que hasta el alcalde de Miami
envidiaría, la autopista de San Lorenzo iluminada como para fiesta con un
caudal de vehículos 10 veces inferior al que circula en el callejón que es la
avenida Bolivia o el Camino a San Agustín, donde vive una población 10
veces superior de la que mora en aquella zona residencial, por supuesto sin
ignorar la casona de Finca Las Costas, restaurada a un costo superior a los
dos millones de dólares, con cancha de golf incluida, que iba a funcionar
como residencia de huéspedes ilustres y terminó siendo la casa del
Gobernador, que con esto confirma su autoestima sobrevaluada,
considerándose él mismo como un huésped ilustre, por lo poco que está en
Salta.
Aquí interrumpimos, provisoriamente, el comentario de nuestro colega para
dar algunos datos de Finca Las Costas.
Más allá de la millonaria inversión con dinero del estado, sin utilidad alguna
para el pueblo salteño, Romero la usa, sin ningún pudor, para sus reuniones
políticas y festicholas casi permanentes. En el año 2006 festejó allí el casamiento de
su hija con el hijo del empresario Lávaque (mayor beneficiario de la estafa con los
Printicos) con un despliegue como nunca se había visto en la Provincia. Más de
1500 invitados, que tuvieron que ser alojados hasta en exclusivos hoteles de
Cafayate. Uno de los novios arribó en helicóptero y el otro en un carruaje de época.
El servicio contratado incluía el trabajo de reconocidos chefs y el champán
importado burbujeaba por doquier. Algunos salteños, como yo, cree que el
gobernador incurrió claramente en el delito de peculado.
140
Otros dicen que la fiesta estuvo muy linda.
Los lujos abrochados a una vulgar ostentación se advierten en toda la casona
pero para mencionar un detalle singular, resalta un mueble de estilo inglés y finísima
madera, con dos hileras de primorosos cajoncillos que se deslizan suavemente y
que sirven para guardar y exponer 100 pares de gemelos
¿Lo habrá pagado Juan Romero o los sufridos salteños?.
Retomando el relato de Alí:
Fue en enero de 2000, cuando nos apabullaron con la noticia de que Salta
había sido elegida como subsede del mundial juvenil 2001 de fútbol, que se
jugaría en la Argentina en Julio de ese año. El empresario Pepe Jiménez,
que supo quebrar varias agencias de automóviles costosos, fue uno de los
que encabezó la pelea. En ese momento se dijo que la cancha elegida sería
la del club Gimnasia y Tiro, para lo cual había que invertir un millón de
dólares -como máximo- para ponerla a la altura del acontecimiento. Hasta allí
nadie se conmovió y el asunto fue decidido con simpatía y beneplácito. Se
aventaban, así, los intentos de convertir Gimnasia y Tiro en un supermercado
como pretendió hasta ahora sin éxito, el obeso publicista y exégeta
romeriano, por no decir recontra alcahuete Julio Castillo.
Sin embargo, pocas semanas después, cambiaron el discurso y aparecieron
las justificaciones para la construcción de un estadio mundialista que luego se
bautizó como ‘Único’, porque existía la intención de transferirlo luego a los
clubes locales para que disputaran allí sus partidos. Se escucharon
argumentos de todo tipo: las exigencias de la FIFA para una playa de
estacionamiento, las dificultades económicas de una institución como
Gimnasia y Tiro y, finalmente, el trillado argumento del atractivo turístico.
Como era de esperar, enseguida surgieron las críticas por la construcción de
este estadio ante las carencias de todo tipo de otros sectores mucho más
prioritarios: salud, educación, asistencia social y estructura básica de
saneamiento ambiental.
Pero el Gobierno ya estaba lanzado, los entusiasmaba la idea de eregir otra
pirámide de Keops, otro Tag Majal, otro Coliseo Romano, otros Jardines
Colgantes de Babilonia.
Con ello se darían garantías a las familias de volver a los estadios. La gente
estaría más entusiasmada con la comodidad de un estadio, que con la mejor
atención en los hospitales: ‘Con seguridad todos querrán ir a la cancha.
Vamos a poner un equipo en primera’. Fue tanto el entusiasmo que, en poco
tiempo, estuvo lista la maqueta y el proyecto de creación de una Sociedad del
Estado para llevar adelante la construcción, la posterior explotación del
estadio y su ulterior transferencia a clubes o a Asociaciones de Clubes
Deportivos. Iba a ser un lugar apto para practicar fútbol y otros deportes, con
capacidad para 20 mil espectadores sentados. Se calculó un costo de 7
millones de dólares que serían tomados del Fondo Provincial de Inversiones,
con carácter de préstamo reintegrable. Dichos fondos serían garantizados
con derecho real de hipoteca del inmueble. Es decir, el Estado no sólo se
prestaba a sí mismo, sino que también se hipotecaba a sí mismo. El Estado
privatista, ese que disolvió empresas públicas, ahora se transformaba en
estatista y para esto hacía uso del dinero del Fondo de Inversiones, que
estaba destinado a proyectos productivos permanentes. Un fondo que
siempre fue una nebulosa y nunca se rindieron cuentas claras de cuánto se
prestó, a quién, y para qué y, sobretodo, cuánto queda y cuánto se devolvió.
141
La noche que se trató el tema en Diputados y después que ese cuerpo
momificado, que es el Senado, lo aprobara sin tachas y sin ninguna
discusión, se escucharon argumentos increíbles en su favor como una
muestra más de la obsecuencia y la disciplina de los legisladores oficialistas
que, aún ante las razones más lógicas, votaron con el brazo enyesado a favor
de la construcción. Los oficialistas hablaron del orgullo que significa para
Salta haber sido elegida como subsede, hasta se adjudicaron el ser un
gobierno progresista y que esta construcción ayudaría a impulsar la economía
de la provincia a través de la generación de más empleo. No aceptaron la
dicotomía entre la construcción del estadio y la falta de inversiones
productivas y mintieron asegurando que Salta recuperaría la inversión con
fondos de la televisación y publicidad. Se arrogaron la generación de mano
de obra genuina, más circulante y reactivación de servicios.
Todo eso iban a dejar cuatro partidos del mundial juvenil.
Desde la oposición se escucharon toda clase de cuestionamientos basados,
principalmente, en la realidad social, ya que el 70% de los habitantes vive
bajo la línea de pobreza. Por supuesto, nadie creyó que la provincia
recuperaría un peso con la televisación y publicidad, porque eso quedaría
para la AFA y para la FIFA. Recordaron también los ejemplos de otros
estadios mundialistas como el Chateau Carreras que tiene un déficit de dos
millones de pesos al año, y hablamos de Córdoba, donde juegan Talleres,
Belgrano, Instituto, que tienen diez veces más hinchada que Juventud,
Central o Gimnasia y Tiro. Objetaron la adjudicación directa con las
consecuentes sospechas que esto genera, se habló de la precariedad
financiera de la provincia y de los préstamos que toma permanentemente.
Pero nada de eso alcanzó, la decisión estaba tomada.
Después llegaron los problemas por la expectativa de la toma de empleos.
Miles de personas esperanzadas se plantaron durante días frente al obrador
por las promesas de un millar de puestos de trabajo. Jamás se alcanzó esa
cifra, ni aún en los momentos de mayor intensidad de la obra. Hubo
manifestaciones de protesta y represión.
Después vino la gran sorpresa, cuando se esperaba que llegaran Francia o
Brasil, último campeón del mundo. Nos enteramos que en la zona estarían
Costa Rica, Ecuador, Etiopía y Holanda.
Para la inauguración, el Gobierno no perdió la oportunidad de hacer
demagogia regalando entradas a nombre de los candidatos de las siguientes
elecciones. Pero la gente no come vidrio y ese día, cuando escucharon al
Gobernador discurseando se oyó una estruendosa rechifla.
Finalmente, se jugó el mundial y cuando finalizó el último partido, se
apagaron las luces y el show terminó. Todo se esfumó como si hubiera sido
un sueño.
A partir de allí surgirían hechos que rebatirían uno tras otro los argumentos
que se utilizaron para la construcción del estadio. La campaña de Juventud
Antoniana, aún yendo primero, nunca alcanzó para llenarlo, ni siquiera con el
clásico contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Los antonianos cansados de
pagar por el 50% de la recaudación, volvieron a su sede de Lerma y San Luis.
Hasta hoy sigue siendo un fracaso económico y la muestra impune del
manejo irracional del Gobierno de Romero. Nunca se presentó un informe de
lo que realmente costó el estadio único. Las malas lenguas aseguran que
duplicó el presupuesto original. En cuanto a los 7 millones del Fondo de
Inversiones, nunca volvieron ni al Estado, ni a la cuenta del fondo...
Pero aún así el Gobierno no se ejecutó a sí mismo la hipoteca planteada.
142
100 millones de multa
Entre los dislates más groseros del Gobierno, figura una contratación a una
consultora portuguesa, por valor de mil treinta millones de pesos/dólares, para
construir 30 mil viviendas. Según la denuncia del abogado Carlos Humberto Saravia
en esta maniobra hay responsabilidad penal y política por parte del gobierno.
Siempre que fuera posible, aún mintiendo, Romero aprovechaba toda oportunidad
para hacer propaganda. En este caso no sólo se trataba de un proyecto de viviendas
que excedía largamente las posibilidades provinciales, sino que, a la par, se hablaba
de cincuenta mil puestos de trabajo. Esta promesa también la había hecho su padre,
Roberto Romero, y tampoco había cumplido.
El proyecto se había presentado en la legislatura como parte de un plan
quinquenal, faltando seis meses para las elecciones. El chivo expiatorio de esta
operación fue la arquitecta Silvia Báez, que habría sido introducida en Salta por una
recomendación de Eduardo Bauzá. Esta mujer fue presidenta del IPDUV (Instituto
Provincial de Urbanismo y Vivienda) en 1997 y encargada de la firma del acuerdo.
El Ministro Gilberto Oviedo presentaba muy orondo una maqueta en la Ferinoa
(Feria Internacional del NOA), evento que se realiza cada dos años en Salta. Pero,
llegado el momento de avalar lo actuado por la funcionaria, tanto el Ministro como el
gobernador Romero, adujeron insólitamente que “la Báez” se había cortado sola con
tamaña decisión.
Las negociaciones con la empresa Consultora y Gestión Importadora y
Exportadora Limitada con sede en Portugal, se realizaron en el más profundo
misterio, ya que en la cláusula novena del contrato se estipulaba, ante la posible
rescición del mismo y por decisión unilateral, como es este caso, una multa de 300
millones de pesos/dólares ante el incumplimiento del mismo.
Finalmente, la arquitecta Báez fue denunciada por el gobierno de Romero con
pedido de captura, librado por el Juez Abel Fleming. Sin embargo muchos
ciudadanos la veían pasear por Salta sin ningún problema.
En el entreacto se diseñó una estrategia judicial para beneficiar al ex ministro
Oviedo. Un fiscal lo imputó en la misma causa por incumplimiento de los deberes de
funcionario público. Pero fue sobreseído en el tiempo récord de dos semanas y,
como no se puede juzgar a nadie dos veces por la misma causa, la denuncia
anterior quedó automáticamente sin efecto.
La funcionaria Silvia Báez residía en Buenos Aires y sus gastos en Salta eran
pagados por el Gobierno. Esta necesidad de traer gente de afuera se fue
acentuando con el tiempo por dos razones: poca gente con prestigio estaba
dispuesta a aceptar un cargo en esta administración y también, de esta manera, se
lograba un mayor hermetismo en los negocios inconfesables.
Volare Oh... Oh...
Al comienzo de su administración el Gobernador operaba, casi a escondidas,
con las aeronaves de la empresa Lanolec perteneciente a Alfredo Yabrán. Pero a
medida que fue advirtiendo que podía manejarse con total impunidad, invirtió
millones de dólares del presupuesto provincial en las aeronaves que, si bien debían
ser aplicadas al uso sanitario, lo cierto es que sirvieron para trasladar a sus familias,
a los amigos de sus hijos, a sus socios y funcionarios, sin ningún control. Estando
143
estos gastos tan bien escondidos en el presupuesto, resulta casi imposible
determinar el uso correcto o incorrecto de esos aviones y helicópero. Para tener
una idea mínima de estas erogaciones, en el año 2002 se contrató a un piloto de
helicóptero llamado Alejandro Sacristán por $8.000 por mes, aunque algunos
aseguran que gozaba de un sobresueldo de más de $ 4.000. A Sacristán le habían
otorgado una casa ¿FONAVI? en el barrio San Carlos, que es para gente con
menores recursos. Claro que mientras disfrutaba de este favor del Gobierno, se
hacía construir una importante vivienda con pileta de natación en San Luis,
localidad cercana a la capital.
En aquel momento, la hora de helicóptero se pagaba a razón de U$S1.200.
Esta nave funciona sin descanso para cubrir los caprichos de Juan Romero. Un viaje
de la residencia oficial de Finca Las Costas a la Casa de Gobierno insume
aproximadamente 20 minutos ida y vuelta. Cuando el Gobernador está en Salta, se
realizan varios vuelos por día; sería mucho más razonable utilizar un automóvil o una
4X4, dado que el trayecto es muy corto.
Una de las truchadas detectadas, se constata en una fotografía del diario
Ámbito Financiero en donde se ve el avión de la Provincia en Brasil - Romero había
viajado a la carrera de fórmula 1-, sin que ese viaje fuera avalado por ningún decreto
publicado en el Boletín Oficial.
Un vuelo del avión sanitario de Salta a Buenos Aires cuesta
aproximadamente U$S7.500 y, en aquella ocasión, el avión debió regresar a Salta
sin Romero, su mujer y comitiva porque había surgido una emergencia sanitaria.
En aquella oportunidad se le preguntó al vicegobernador Walter Wayar, qué
hacía Romero en Brasil y la respuesta, bastante burda, fue que el mandatario estaba
en San Pablo para sostener el MERCOSUR, que se estaba cayendo.
También se denunció el vuelo del avión sanitario en ocasión del casamiento
de Carlos Menem con Bolocco en La Rioja, llevando a Romero, Wayar y a la
inmutable diputada nacional Lelia Chaya. También se constató que la aeronave salió
de Aeroparque, en muchas oportunidades, con destino a Punta del Este y
Maldonado, sin que estos vuelos queden registrados en Aviación Civil y sin que el
Gobernador haya delegado el mando en su Vice.
También pudo saberse que dos técnicos norteamericanos se alojaron en el
hotel Provincial y fueron contratados por la Provincia para reparar un avión de la
línea Seal Cargas, perteneciente a la familia Balut, a su vez parientes del
gobernador Romero.
La gracia de las pensiones
Las pensiones nacionales no contributivas o pensiones graciables fueron
creadas por Ley N° 13.478 del año 1948. Tenían un sentido eminentemente social y
solidario y estaban destinadas a aquellas personas que carecían de jubilación o
cualquier otro ingreso. Un ex colaborador de nuestra agencia de noticias, Enrique
León, realizó una investigación y logró un listado del ANSES. Allí se pudo detectar
que muchos de estos beneficios se destinaron a familiares, amigos, diputados,
concejales y funcionarios de la administración pública ligados al gobernador Juan
Romero.
Así es como el chofer del mandatario, Ariel Varg, se embolsaba $250 todos
los meses y otro tanto ocurría con Alfonso Varg ($500), Gustavo Varg ($300), Valeria
144
Varg ($350). Se constató en la investigación que todos tenían trabajo. Lo mismo
ocurría con el diputado romerista Pedro Sández, conocido no por sus calidades
legislativas, sino por haber amenazado con un cuchillo en la casa de gobierno al
Ministro de Salud Pública. Entonces cobraban Edgardo Sández ($300), Carlos
Sández ($300), María Antonia Sández ($300). Por su parte, Facundo Troyano,
Director del Boletín Oficial, embolsaba una pensión de $400, Silvina Troyano $350 y
María A. Troyano $600. También los parientes de un conocido asesor de Romero,
Febo Mazzaglia, concretaban su cosecha: Rubén Mazzaglia $600, Rolando
Mazzaglia (ex concejal del PJ) $600. Además la diputada provincial Elizabeth
Prudencio, pariente de Mazzaglia, acudía mensualmente al banco a cobrar su
pensión de $200.
Dejamos para el final a parientes de Romero, cuyo apellido materno es Di
Gangi: Dora Milagro Di Gangi $200, Berta Di Gangi $400, María Di Gangi $400.
Algunas versiones conservadoras calculan la fortuna de Romero en unos U$S
400 millones, y no las ridículas “declaraciones juradas” que figuraron antes de las
elecciones. ¿No puede este gobernador sacrificar un par de miles de pesos
mensuales para asistir a sus parientes? ¿O todo debe pagárselo el Estado?.
En realidad estas pensiones no hacen ninguna gracia, perjudican a mucha
gente carenciada y son una lista más de la obscenidad romerista.
Gasoducto propio
Con el mayor desparpajo, muchas de las obras públicas encaradas por el
gobierno se usaron para multiplicar el valor de los bienes del gobernador y sus
amigos.
Rutas o autopistas nuevas o reacondicionadas que pasan por las propiedades
compradas previamente a valores muy reducidos. Canales que se construyen con
los dineros públicos y dotan de agua permanente a tierras que dependían
históricamente del régimen de lluvias. Hasta Macri fue beneficiado con una de estas
construcciones privilegiadas.
Pero el colmo está por llegar...
En este momento está en proceso de “licitación” un gasoducto que proveerá
de gas natural a toda la zona de influencia de Cafayate. La traza del gasoducto
proyectado hace un dibujo extraño que aumenta su costo en varios miles de dólares.
Curiosamente, ese desvío hace que el fluído llegue a una bodega que Romero tiene
en Tolombón.
El sueño del gasoducto propio pero pagado por el pueblo.
145
Dictadura de las aguas en Salta6
Carlos María Pagano Fernández –
Roberto Eduardo Anuch Cabiche7*
Porque la corrupción más grave no reside... sino en
las empresas que se privatizan, las comisiones que
se pagan y la captación masiva de rehenes que ya
no se llaman “usuarios” sino “clientes”. Es la barbarie
económica aplicada en nombre de lo moderno.
Calcagno, A. E. y Calcagno E.8
¿Quién puede comprar o vender el Cielo o el calor de
la Tierra? No podemos imaginar esto, si nosotros no
somos dueños del frescor del aire ni del brillo del
agua... El agua cristalina, que brilla en arroyos y ríos,
no es sólo agua, sino la sangre de nuestros
antepasados... Habréis de saber... que todos los
pasajeros reflejos en las claras aguas son los
acontecimientos y tradiciones que refiere mi pueblo...
Los ríos son nuestros hermanos... El hombre
blanco... hambriento, se tragará la Tierra, y no dejará
nada, sólo desierto...
Gran Jefe Seattle, mensaje al Presidente de EEUU
en 18559
En breves pinceladas, por límites de espacio, delineamos uno de los síntomas
emblemáticos de la “sed de oro”, de la “vergonzosa avaricia”10, trasfondo en la
Provincia de Salta de una cultura política impuesta por la voracidad de un régimen
que desintegra, descompone, trastrueca, altera, echa a perder, deprava, daña –eso
es corrupción en su sentido principal11- la costosamente recuperada democracia del
país y de la provincia. Se trata de la Dictadura de las aguas en Salta, impuesta
mediante la privatización de los servicios sanitarios de provisión de agua domiciliaria
y cloacas iniciado en 1996 y en manos de la anónima Sociedad Prestadora de
Aguas de Salta (SPASSA – Aguas de Salta SA) desde 1998-1999. Esta dictadura
también se torna fuente de inestabilidad social, implantada políticamente. apoyo
El auténtico Régimen de Facto de las Aguas en Salta, con sus
particularidades, no puede ser comprendido sino en el contexto mundial, nacional y
provincial de la violenta hegemonía del mercado, identificado como fatalidad
histórica de la globalización, definida como neoconservadora o neoliberal,
excluyente y causante de la marginación de las mayorías pobres de la tierra,
6
Esta investigación pertenece al Doctor Carlos María Pagano y al Dr. Roberto Eduardo Anuch, a
quienes agradezco el apoyo brindado a esta publicación.
7
Carlos María Pagano Fernández: Profesor y Licenciado en Filosofía (UNSa, 1978 y 1982); Doctor
en Filosofía (Universidad de Aachen (Aquisgrán) Alemania, 1999). Docente universitario y terciario en
Salta; miembro de la Junta Promotora del Agua de Salta. Roberto Eduardo Anuch Cabiche: Abogado
(Univ. Nac. de Córdoba), 19; miembro de la Junta Promotora del Agua de Salta.
8
Para entender la política. Entre la ilusión de lo óptimo y la realidad de lo pésimo, Bs. As., 1999, p. 45
9
Nosotros somos una parte de la Tierra, J.J. de Olañeta, Editor, Palma de Mallorca, 1995, ps. 16,
21s, 23, 25.
10
Milton, John,(1608-1674),El paraíso perdido, Bs. As., 1945, p. 20
11
Diccionario de la Real Academia Española, htpp://buscon.rae.es/draeI/, corromper
146
especialmente de los países del Sur, entre los que se encuentra la República
Argentina y, en ella, Salta.
La hybris o ebriedad omniprivatizadora que mata en el mundo alrededor de
70.000 mil personas por día, equivalente a unos veinte atentados diarios de Torres
Gemelas, toca niveles humanos que no siempre son tenidos en cuenta. No por ello
dejan de ser decisivos. Nos referimos a la divinización - no sacra - del dinero, del
capital, que encarna la absolutez indiscutible del poder como imaginario religioso y
en nombre de la libertad del mercado. Este fracaso humano, globalizado por la
“expansión totalitaria de un modelo civilizatorio”12 es el fracaso al cual se adscribe
ciega y tercamente la política salteña durante doce años y más.
Semejante idolatría del capital se implantó en la Provincia de Salta con
fachada democrática como si se tratara de una fatalidad invencible e inevitable13, y
generó un espíritu público o cultura de lo político de sujeción tácita y cómplice entre
los más diversos sectores de la comunidad. Al convertirse fin de lo político el poder,
cuyo símbolo es el dinero, la plutocracia –dependencia patológica del poder político
respecto del poder económico14- genera la unión política insolidaria e inamistosa del
sabotaje del “ciudadano poderoso unido a los extraños (que) causa la ruina de los
propios”15
A ese contexto profundo pertenece el devorar un derecho humano universal,
el agua, degradándolo a mera mercancía privada, regida por la ley de la oferta y la
demanda; en último término, sólo el que puede pagar tiene derecho al agua sin la
cual, por otra parte, no se puede vivir.
Los organismos financieros internacionales de crédito como el Banco Mundial
y el FMI, cuyas cúpulas cuentan con fuerte presencia de las multinacionales del
agua, condicionan créditos, reestructuración de deudas o intereses, etc. a medidas
de adecuación estructural de los estados y a privatizaciones masivas de servicios
públicos, especialmente el de los servicios de provisión del vital elemento16.
“Memoria del saqueo”: el contexto corrupto argentino de los años 90
En la década de los noventa, sobre las bases de funcionamiento de un
“sistema rentístico-financiero” sancionado a sangre y fuego por la dictadura militar17,
se inicia una presurosa privatización generalizada de empresas públicas en
Argentina, que tuvo como resultado económico una gran concentración de la riqueza
distribuida entre la población, la cual pasó a formar parte de rentas extraordinarias
de los grupos concesionarios de empresas privatizadas, a causa de los términos de
los contratos de concesión y la percepción de la importancia estratégica del
proceso18, estructurando “una clase política a imagen y semejanza a través de la
12
Cfr.: Fornet-Betancourt, Raúl, Transformación intercultural de la filosofía, Madrid, 2001, p. 373.
Castillo, 2000, p. 99, 100; 2003, p. 100, 101; Petrella, 2002b, p. 158ss. “François (Mitterand) ya había
previsto que el capitalismo iba a matar al planeta”, Mitterand, p. 171.
13
Cfr.: Calcagano, Calcagno, 2003, p. 21.
14
De Mahieu, p.273s.
15
Sepich, p. 24. Ver también p. 22-24.
16
Cfr. Barlow, M; Clrake, T, 109-133; 167-224.
17
Cfr.: Basualdo, Aspiazu y otros, 15ss.
18
Cfr.: Basualdo, Aspiazu y otros, p. 5 y 7s; 25-37.
147
corrupción generalizada”19. Hay pues, una directa relación entre privatizaciones y
corrupción.
Dicho proceso, difundido mediante diversos eufemismos como cambio
estructural, reforma del estado, etc., ha significado en la realidad una transferencia
de poder del orden público a la esfera privada o, como lo advirtiera en 1934
Hermann Heller, “la privatización del poder político”20.
Cuando en 1995 asume el gobierno de Salta, el titular del ejecutivo, Juan
Carlos Romero, había sido presidente de la Comisión de Hidrocarburos del Senado
de la Nación, a través de la cual se perpetró la enajenación de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales. Es decir, toma el gobierno de la Provincia con “experiencia”,
sobre todo en lo que hace al significado económico-financiero de este tipo de
política.
De entrada se refrenda por las cámaras, mayoritarias y de automática
capacidad obediencial ante el titular del ejecutivo, la privatización de los servicios
públicos, habiendo percibido lo que por ello se puede percibir, por así decirlo21.
En semejante marco, la relación servicio público – usuario se degrada a la de
negocio – cliente y éstos, cautivos y compulsivos de un monopolio condicionante de
la vida misma, como es el caso del agua.
La maniobra de privatización de empresas públicas como modo de privatizar
el poder político, conlleva la necesaria degradación del servicio público a “negocios
puros y duros”, fruto de
una verdadera “asociación ilícita de funcionarios
sobornados, contratistas privados ávidos y sindicalistas venales”22.
El Public Service International Research Unit –PSIRU-, de la Universidad
Greenwich, tanto como el informe sobre corrupción del Banco Mundial comprueban
la íntima vinculación entre proceso de privatización y la corrupción23. Por otra parte,
es palmario que el objetivo principal de una empresa es la maximización de las
ganancias y la minimalización de los costos, con todo lo que ello trae aparejado.
Jamás tienen finalidades filantrópicas ni de compromiso, excepto con su propio
objetivo. Además, cuando se trata de concesiones de servicios masivos a empresas
privadas, lo normal dentro de lo corrupto es socializar los costos –mediante obras o
financiaciones a cargo del estado- y privatizar las ganancias. Esto significa que el
conjunto de la comunidad invierte mediante los impuestos, mientras que unos
particulares se apropian de los réditos de esa inversión, lo cual desvirtúa
perversamente el sentido de la función pública. Semejante latrocinio es imposible sin
la participación del poder político.
Golpe anticonstitucional a las aguas en Salta
En el contexto de una artificialmente obligada reforma del estado y
adecuación estructural al modelo capitalista privatizador24, se lleva a cabo la
19
Cfr.: Calcagano, Calcagno, 2003, 22
Heller, Hermann, Teoría del Estado, FCE, México, 1955. Citado por Calcagno, Alfredo Eric y
Calcagno, Eric, 2004. En los párrafos anteriores hay expresiones tomadas de FEPUSA, 2005, en
cuya redacción intervinieron ambos autores de este artículo.
21
Ley Nº 6834 de la Provincia de Salta, 20.03.96
22
FEPUSA
23
Barlow, M; Clarke, T, p. 165. El Banco Mundial llega al mismo resultado: “... el proceso de
privatización como tal puede ser causa de corrupción” Idem ant.
24
Barlow, M; Clarke, T, 193.
20
148
privatización del agua en Salta a través de la más tosca violación del art. 83 de la
Constitución de la Provincia, que establece:
El uso de las aguas de dominio público destinadas a las necesidades de
consumo de la población, es un derecho de ésta y no puede ser objeto de
concesiones a favor de personas privadas... Los usuarios del agua pública
tienen participación en todo lo concerniente al aprovechamiento de aquélla
(cursivas nuestras).
Es necesario anotar que, además de la Constitución Provincial, con esta
maniobra se afrenta la Constitución Nacional y los tratados y concordatos con
“jerarquía superior a las leyes, entre ellos destacamos la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales...”25.
Así, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado en noviembre
del 2002 por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por
sus siglas en inglés) y ratificado por 145 países, declara que
el agua es un derecho humano fundamental.
Los estados que firman dicho Comentario, entre ellos, la República Argentina,
se encuentran obligados a asegurar que todos sus habitantes tengan acceso al agua
potable segura, de forma equitativa y sin discriminación, y en cantidad suficiente, a
precio asequible, físicamente accesible, segura, y de calidad aceptable para usos
personales y domésticos.
Para hacer efectivo el derecho al agua, deben establecer estrategias basadas
en leyes y principios de los Derechos Humanos, abarcar todos los aspectos del
derecho al agua y las correspondientes obligaciones, definir los objetivos claros,
formular políticas adecuadas y los correspondientes indicadores, etc. Para ello, los
Estados parte, también las provincias que lo conforman, como la de Salta, deben
abstenerse de adoptar cualquier conducta que imposibilite u obstruya el acceso al
agua potable de manera igualitaria.
Haber llegado a establecer en Salta, seguramente, la tarifa más alta del agua
domiciliaria del país y una de las más elevadas de Latinoamérica, constituye un
modo de obstruir o de negar el acceso al agua potable a los pobres, cuyo porcentaje
ronda la mitad de la población total de la provincia26. Además, la injustificada
imposición del sistema de micromedición domiciliaria del agua, con la circunstancia
agravante de los altos costos fijados para el mismo27, también sin justificación
adecuada y siempre con anuencia cómplice del Ente Regulador, tiene en cuenta el
25
Art. 75. Inc. 22 de la Constitución Nacional.
Un par de ejemplos: Una factura por idéntico servicio en San Antonio Oeste, Pcia de Río Negro,
extendida por Aguas Rionegrinas SA –otra privatizada, es decir, de ningún servicio filantrópicoperíodo 3.04, por el total de conceptos consigna, $10,42. En Salta, una vivienda modesta del Bª
SUPE, ,para el período 5.04, sólo de cargo fijo, aún cuando no consuma una gota de agua, $12,17;
por servicios sanitarios medidos, $113,22; impuestos, $26,33; $2,51, en concepto de tasa de
fiscalización y control; total: $154,23. En Tucumán –servicios reestatizados-, en junio del 2007, una
casa del macrocentro de la ciudad, con aprox. 15m x 60m, con piscina, período bimensual, $35, por
todo concepto. No existe vivienda en Salta, por modesta que fuere, que deba abonar al mes sólo
$17,50 por todos los rubros sanitarios.
27
Ver abajo el apartado “Medidores tramposos/ para cobrar de más”: la obra clandestina.
26
149
consumo del inmueble en bloque, sin discriminar la cantidad de moradores del
mismo. Esto importa una ruptura del trato igualitario ante la necesidad vital del agua,
condenando a las familias más pobres y numerosas a más pobreza a través de los
cupos o cuotas de racionalización económica entre todos sus miembros.
La violación constitucional provincial respecto de lo establecido para el agua
para uso y consumo de la población resulta también en una violación flagrante de los
pactos que obligan a los estados, entre ellos, al provincial de Salta, mediante un
proceder que también viola la Constitución Nacional.
Una astucia pseudojurídica invoca la distinción entre la concesión del servicio
y la del agua. Se arguye que la concesión no es del agua sino del servicio. Sin
embargo, como ya ha sido señalado, se trata de una erradicación real de la
propiedad del agua28.
Tal tenencia del agua en manos de la anónima privatizada viola
flagrantemente el art. 83 de la Constitución de la Provincia de Salta y, de hecho,
sitúa a todos los usuarios del agua en condiciones de fundamental desventaja y
debilidad ante el monopolio que convierte a los usuarios, como dijimos, en clientes
cautivos y compulsivos. El estado provincial, que llevó a cabo ese proceso privatista
del agua en Salta, también violó el mismo art. 83 al no haber reconocido en ningún
momento, ni tampoco lo hace en la actualidad, la participación de los salteños en “lo
concerniente al aprovechamiento” del agua, punto tan claramente sancionado.
Además se verifican en este caso de las aguas en Salta otras violaciones
constitucionales, como al art. 86, que obliga a todos los miembros del Estado
Provincial a sujetarse a la misma Constitución, cualesquiera fuesen las normas
menores sancionadas en su contra, por lo cual no sólo las autoridades públicas son
responsables de su alteración, sino también los particulares, como es el caso de
Aguas de Salta SA; el art. 31 establece los derechos de usuarios y consumidores,
uno a uno flagrantemente violados en forma permanente por esta política y por la
empresa en su avasallador accionar. No podemos dejar de destacar acá que el Ente
Regulador es copartícipe responsable permanente de tamaña afrenta
constitucional29.
La múltiple violación de la Carta Magna salteña y de la Ley Suprema de la
Nación, que impone y mantiene la concesión de las aguas a una empresa establece,
de facto y con plena visión del beneficio para unos anónimos privados, la odiosa
Dictadura de las Aguas en Salta,
un dato comprobado de la realidad, allende lo opinable.
Ahora bien, sometido el pueblo salteño a esta Dictadura de las Aguas se pone
en marcha toda la maquinaria de abusos que se deriva de cualquier régimen de
facto. Ello ocurre desde la preparación misma para consumar el golpe.
En efecto, el titular del ejecutivo salteño, al asumir en 1995, conocedor de la
“importancia del ‘trabajo sucio’ realizado por el gobierno nacional antes de la
transferencia de los activos públicos al capital concentrado interno”30, procede con
idéntica modalidad con los activos públicos de la provincia llevando a cabo
privatizaciones o apropiaciones de lo perteneciente al pueblo de Salta.
28
Cfr.: Pagano Fernández, 2005a, p. 20; Petrella, 2002a, p.95.
Ver más abajo el apartado Entidad del Ente.
30
Cfr.: Basualdo y otros, p. 43ss.
29
150
Ello vuelve diáfana la finalidad de concentración financiera pública hacia
manos privadas o privatización de lo público, es decir, privatización de la
democracia, con sensibles pérdidas de la calidad de los servicios, como se ve a
diario padecen los necesitados de los mismos, y obligados a pagar tarifas más altas
que cuando los mismos eran públicos.
El “trabajo sucio” previo a la Dictadura de las aguas en Salta
En cuanto al “trabajo sucio” específico, para aceitar la entrega del agua, de
entrada en el poder se procede a sanear los servicios sanitarios mediante la
construcción a costa del erario provincial de la sexta colectora de cloacas en la
ciudad de Salta, mientras que, para liberar a la concesionaria futura de la enojosa
tarea de reducir el personal, se da de baja a quienes, con desdén, el nuevo gobierno
denomina excedentes en diversas reparticiones públicas, entre las que se cuentan
las de los servicios sanitarios.
A excedentes técnicos y empleados de experiencia y conocimiento se les
asignó, ya como particulares, tareas tercerizadas, que tomaban por necesidad. Se
explota esa necesidad dejando circular la esperanza de que una vez que entrara la
privatizada, los habría de reingresar en su plantel, por lo cual prescinden de llevar a
la justicia sus reclamos por indemnización. Estos reclamos, a su vez, habrían de
caducar a los tres años de haber sido dejados afuera. Al hacerse cargo la anónima
empresa del agua, y ya vencido el plazo del reclamo, nadie se acordó siquiera de los
excedentes.
Siempre en el marco de ese “trabajo sucio”, se intensifican las obras, que
luego explotará la privatizada para captar más clientes, a la par que se pasa de
bimensual a mensual el cobro de la tarifa del agua y, además, se determina un
incremento de la misma del 100%. Por ello, se calcula que la empresa beneficiaria
de la concesión entró con unas tarifas levantadas hacia arriba en hasta un 200%, sin
provocar enojosas reacciones contra ella, y en el marco de vigencia de la ley de
convertibilidad, que impedía todo tipo de ajustes de tarifas, es decir, ilegalmente
aumentadas.
El resultado es que Aguas de Salta SA, al asumir su “negocio”, sólo invierte
en administración y cobranza, mientras que el estado provincial, es decir, todos los
salteños, debieron costear las grandes inversiones para que la anónima proceda a
beneficiarse de ellas mediante el cobro de las ya ilegalmente infladas tarifas.
Entidad del Ente
Una piedra angular de este proceso de corrupción dictatorial es la creación
del Ente Regulador de los Servicios Públicos –ENRESP-, cuya finalidad consiste en
“proteger el interés del usuario y lograr tarifas justas y razonables”, según reza su
Carta de Servicios (Res. 169), con carácter vinculante. Pero a siete años de
instaurada esta Dictadura, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias
de Salta – FEPUSA- en su Comunicado... (ver), comprueba que se hace necesaria
una investigación pormenorizada que dé cuenta del real papel que cumple este
organismo en la comunidad.
151
La conformación del Ente Regulador en Salta también se aprende del proceso
privatizador nacional previo. A años del funcionamiento de los mismos, expresa un
ecuánime juicio del Presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro
Despouy, también citado por la FEPUSA, acerca de la actuación de los entes
reguladores en el país: “si se analiza el trabajo de los entes en la última década se
puede decir que fueron más sensibles a los argumentos de las empresas que a los
reclamos de los usuarios que debían proteger y cuando aplicaron penalidades
muchas veces no se cumplieron, se apelaron o se negociaron...”31
El principal objetivo del ENRESP se muestra, pues, dirigido hacia los
beneficios de la empresa y hasta se podría decir que funciona como agencia
publicitaria de sus intereses, como si hubiese sido creado para ello.
El “gran entregador”, como llamó al ENSRESP un vecino, completa el cuadro
de este magno fariseísmo político: ausente en las reuniones de vecinos para
informar acerca de sus derechos ante los abusos de la empresa, selectivo en cuanto
a su participación ante situaciones críticas, promoviendo grandes publicidades de
multas que aplica a la empresa por sus graves incumplimientos; pero luego, a la
hora de renegociar el Contrato de Concesión, suscribe con la firma de su presidente,
el gracioso perdón de todas las multas acumuladas durante los primeros cinco años,
contra el angélico compromiso de Aguas de Salta SA de que “realizará todos los
esfuerzos para paliar los problemas de servicio de los usuarios”32.
Una suerte de indigna esquizofrenia afecta la entidad de este ente regulador
salteño entre la debida defensa de los intereses de los usuarios y las innumerables
“regulaciones irregulares” a favor de la anónima concesionaria de que hace gala día
a día. Así, ha llegado a manifestar su disconformidad a la Comuna capitalina cuando
ésta declaró clandestinas obras que la empresa del agua realizó en contravención
flagrante y comprobada de ordenanzas municipales vigentes33.
Cabe preguntarnos de qué le sirve al ciudadano que el ENRESP haga creer
que concede una solución a los reclamos por los graves déficits del servicio al
sancionar el no cobro del agua o a una disminución en la factura, cuando con el
corte del agua está en juego la vida o la condena a la indignidad de aceptar
condiciones de supervivencia precaria. Así, por ejemplo, en el barrio Libertad, de la
capital salteña, según se informó en la prensa, en abril del 2007, ha muerto un bebé
de dos meses porque su madre debió dejarlo en casa sólo para desplazarse de su
domicilio con los baldes para conseguir agua en otra zona, por los cortes de servicio
de cinco días de duración.
Ahora bien, y para terminar con este punto aunque sin poder agotarlo
exhaustivamente, el ENRESP llegó a permitir que la anónima facture al usuario, mes
a mes, la tasa de fiscalización y control, pero, de acuerdo con el convenio de
concesión, dicha tasa debe ser abonada por la misma empresa. Otro tanto ocurre
con la empresa prestadora del servicio eléctrico, pero ésta no traslada al usuario
dicha tasa, como lo hace Aguas de Salta SA, con tácita anuencia del Ente. Lástima
que no todo termina allí, pues no sólo abonamos lo que corresponde pagar a la
empresa, sino que el Ente no cumple en absoluto adecuadamente con las funciones
31
Equipo de investigación, El Estado no controla bien a las empresas privatizadas. La polémica labor
de los entes reguladores, en Suplemento Zona, diario Clarín,, 11.07.04, Bs. As., p. 31.
32
Acta de la Comisión Renegociadora Contractual –27.02.04- que figura como Anexo I del Decreto
1301 del 4.06.04, firmado por el Gobernador Juan Carlos Romero, el Secretario Gral. de la
Gobernación, Javier David y el Ministro de la Producción y el Empleo, Víctor Manuel Brizuela.
33
Ver abajo el apartado “Medidores tramposos/ para cobrar de más...”
152
para las cuales permite que se le cobre irregularmente al usuario. Así, la Junta del
Agua hubo de informar al ENRESP sobre el deficitario estado del servicio prestado
por la empresa, cuando es éste el que debería hacerlo.
Una muy gruesa anormalidad fue permitir desde el gobierno que la empresa
asuma la facturación de los servicios un año antes de contar con el contrato de
constitución de la anónima y, por lo tanto, de poder encontrarse habilitadas las
partes –Estado Provincial y Aguas de Salta SA- para suscribir el inconstitucional
Convenio de Concesión. Esta situación posibilitó a la empresa, durante el período
julio de 1998 a julio de 1999 evitar la inversión nada menos que de 10.300.000
pesos (pesos-dólares de entonces) y obtener una facturación en concepto de
gerenciamiento privado de 27.170.000 pesos (también pesos-dólares)34.
Se trata de la empresa constituida como Aguas del Noroeste SA, antecedente
(o parte) de Aguas de Salta SA, entre cuyos integrantes se cuenta, según fuentes
periodísticas, al quien en el tiempo del trabajo previo y consiguiente privatización del
agua en Salta fuera Ministro de la Producción y el Empleo, Ing. Gilberto Oviedo35.
No todo termina allí. La empresa obtiene esa facturación anual mediante el
cobro de una tarifa, en cuya composición se incluye el cargo por inversión, puesto
que ésta, por los acuerdos con el gobierno, nunca irán a cargo de la gerenciadora
concesionaria, la cual, entonces, tampoco puede correr riesgo alguno. Es decir, es el
usuario el que paga la inversión, pero no tiene participación alguna en las ganancias,
lo cual constituye un vulgar robo. Ahora bien, mediante el acuerdo de renegociación
contractual del 27 de febrero del 2004 y su incorporación como anexo único al
decreto 1301/04 del Poder Ejecutivo Provincial, siempre del mismo gobernante Juan
Carlos Romero con su Ministro Manuel Brizuela y el Secretario General de la
Gobernación, Javier David, se da “por concluido no cumplido” el Plan de Obras e
Inversiones de todo el primer quinquenio de gestión, sin reclamar la devolución del
monto abonado en concepto de inversiones a cargo de cada usuario de agua, y “en
una solución tan groseramente ilegítima” para ejercer semejante graciosa entrega de
millones de pesos del pueblo de Salta a esa empresa.
Esta maniobra ha sido denunciada como “verdadero escándalo jurídico” en un
fuerte reclamo entregado al entonces Ministro de Gobierno, Salum Amado en
ocasión de la más grande marcha que hasta el 21 de octubre del 2004 llegara al
Centro Cívico del Grand Bourg, con nota de seis páginas y media y con más de
15.000 firmas de vecinos. Pues bien, el gobierno derivó la nota al Ente Regulador, el
cual la desestimó por menudencias y se lavó las manos ante el reclamo,
confirmando aquella esquizofrenia identitaria de declamado defensor de los usuarios
y efectivo propulsor garante de pingües ingresos para la anónima del agua contra
Salta y por cuenta del Ejecutivo Provincial. La empresa jamás devolvió a sus
34
Diputados Alfredo Musalen, José Vilariño, Ester Sánchez de Acosta, Ricardo Coccioli, Esteban
Amat, Sergio Leavy y Juan C. Tolaba, Expte 91-13743-04, Proyecto de Declaración, p 1 y 2. Allí se
cita las palabras del entonces Presidente del ENRESP, Daniel Nallar en su informe ante la Cámara de
Diputados el 31 de mayo del 2004, junto al entonces Ministro de la Producción y el Empleo, Manuel
Brizuela, en su versión taquigráfica, pg. 35
35
Ver de Alcántara, Guadalupe, El agua, protagonista del verano en Salta, en Noticias Salta,
Sociedad, 17.01.07, quien escribe: “Aguas de Salta es una empresa de capitales correntinos,
integrada por una empresa denominada Aguas del Noroeste S.A., de la que forma parte el ex ministro
de la Producción y el Empleo, Gilberto Oviedo. La información oficial da cuenta que el 50% de la
misma está en manos de Latinaguas... y el otro 50% a Necón SA...” El texto está tomado de Internet,
“Noticias de Salta en RSS”.
153
dueños, los usuarios, un céntimo de lo percibido en materia de inversión no
realizada.
En el Proyecto de Declaración citado, en nota 32, p. 2 se lee:
También, el Ente Regulador, procedió a disminuir, mediante resolución Nº
590, las Inversiones comprometidas hasta el mes de junio de 2.001, que
ascendían a la suma de $60.727.000 (sesenta millones setecientos veintisiete
mil pesos = dólares), quedando así en la suma de $32.534.000 (treinta y dos
millones, quinientos treinta y cuatro mil pesos), ocasionando un perjuicio a la
provincia y a todos los usuarios por más de 28 millones de pesos (=
dólares)36.
Cabe la pregunta acerca de cuántos son los millones retenidos indebidamente
por esa firma por concesión política y que pertenecen aún hoy a los usuarios del
servicio. En efecto, mientras que al requerir esa empresa hacer públicas sus
maravillas ante una población impedida por los medios de prensa del gobierno de
comprender el sistema dictatorial de las aguas en Salta, Aguas de Salta SA expone
que son tantos y tantos los millones para tal o cual obra. Pero cuando es el Gobierno
Provincial el que ha de declamar sus aportes a obras diversas, incluye sin ningún
pudor a las mismas obras sanitarias37. Esto quiere decir que el pueblo de Salta, los
usuarios salteños, estamos sometidos a abonar dos veces dichas obras, a saber:
una, mediante un monto incluido en las más altas tarifas de agua del país; y una
segunda vez, mediante los impuestos con que financiamos el estado.
De las muchas anécdotas que llegó a recoger la Junta Promotora del Agua,
se encuentra la crónica de un vecino del Barrio Grand Bourg, quien con los de su
cuadra, costearon el tendido de cloacas en esos cien metros que faltaban y por cuyo
monto Aguas de Salta SA les reconocía pagos de la tarifa. A la hora de
homologarlos, la empresa llegó a triplicar lo invertido por los vecinos,
reconociéndoles así más de lo abonado, para poder hacer figurar en sus inversiones
el triple de lo realmente abonado.
“Medidores tramposos/ para cobrar de más”38: la obra clandestina
Entre los innumerables abusos de Aguas de Salta, se destaca la imposición
del “kit” de medidor, con su aparato de micromedición de agua domiciliaria,
36
Cursivas y paréntesis final nuestro.
Comparar en diario El Tribuno, Salta, 6.05.07, p 39, Reanudaron la obra del acueducto Sur, sin
autor responsable, en donde aparece en recuadro Aguas de Salta SA con una “fuerte inversión que
supera los 8 millones de pesos...”, con la revista de publicidad del gobierno Salta con todos, sin editor
responsable, número enero del 2007 en p. 14, Destinan 60 millones de pesos para el Plan de Agua y
Saneamiento, que en su volanta reza: “Incluye la obra del acueducto Sur para capital”.
38
En el contexto de las luchas del 2004 para defenderse de Aguas de Salta SA y sus abusos,
apareció entre el vecindario, con la conocida música de “Carpas de Salta”, la zamba “Aguas de Salta”,
con letra del seudónimo Coyuyo sediento, que dice: “Aguas de Salta/ te vengo a reclamar:/ vos
cobrás toda el agua/ no das ni la mitad// Chicos mugrientos,/la ropa sin lavar./Medidores
tramposos/para cobrar de más. Estribillo: Medidores fuleros/ en Salta al Norte,/ en Salta al Sur;/¡Toda
Salta sin agua,/quién pudiera creer! // Aguas de Salta/¡qué mal que nos tratás!/tiene que haber
justicia/¡esto ya no va más!// Ente o no Ente,/ el Fortín vecinal/Güemes a nuestro frente/¡nadie nos va
a parar!”
37
154
pretextado mediante los más diversos sofismas, embustes y manipulaciones de la
opinión con todo un conjunto periodístico a disposición del poder.
La subrepticia colocación del medidor sin autorización de los propietarios
violando domicilios como sistema, en ocasiones, haciendo firmar a personal de
servicio doméstico o chicos de la casa una autorización para instalarlo con
posterioridad a la colocación ilegal del aparato, o tras haber extorsionado a dueños o
dueñas de casa mediante el miedo y la desinformación y, llegado el caso, mediante
la presión de presencia policial, amenazando con restricción de servicio –imposible
por esa causa- o que deberían pagar en forma individual sumas de hasta ocho o
diez veces mayores a su real valor para la colocación posterior del medidor, etc.,
etc., todo ello hace del famoso medidor de agua domiciliaria un símbolo de las
secuelas concomitantes con el Régimen de Facto de las Aguas en Salta.
El propio aparato adolece de innumerables deficiencias técnicas, como, por
ejemplo, el incumplimiento de normas standard de calidad según los parámetros
especificados para este tipo de elementos y descriptas en detalle por el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial.
La Junta Promotora del Agua ha comprobado que la calidad de los elementos
que conforman el llamado “kit” de medidor colocado por la empresa no responde a
las normas técnicas que la misma empresa prescribe, sin dejar de notar que las
tareas de colocación se realizan en ausencia de personal técnico responsable
matriculado y autorizado por la comuna para cada obra, además de ser realizadas
sin plano debidamente aprobado de las mismas.
Por su parte, el Ente Regulador, en indolente postura de fiscalización y control
de laissez faire, laissez passer, permite que los aparatos de micromedición con
todas aquellas deficiencias sigan siendo colocados de la manera más irregular.
Parece que no existe el futuro ni para la empresa, ni para el Ente Regulador como
tampoco para su mandante, el Estado Provincial. Sin embargo, el usuario, que habrá
de padecer las consecuencias de una obra sin ningún tipo de garantía técnica, con
lo cual su mismo inmueble corre riesgos de diversa índole, financia, como vimos, su
muelle entidad.
Una de las bagatelas publicitarias difuminadas por la empresa y por el Ente,
para someter a la población a la aceptación ciega del medidor de agua domiciliario
machaca sobre los malos hábitos de un supuesto derroche masivo del vital
elemento, aduciendo, por todos los medios al alcance entre los que se destacan no
pocos periodistas bien comprados, que en Salta el consumo diario supera hasta en
seis veces al de los EE UU39.
Pero si de malos hábitos se trata, uno de ellos es el de instalar masivamente
medidores de agua en forma clandestina. En efecto, así lo ha comprobado la
Municipalidad de Salta, no sólo desde el 2004, como se lee en el Expte. Nº
45122/04, en p. 26:
39
Ver Revista Nexo, del diario El Tribuno, del 14.08.05 tapa y ps.18s, donde con irresponsabilidad se
habla de guarismos de consumo irreales sin especificar las fuentes, tergiversando las relaciones
comparativas del mismo para generar en la población el sentimiento del salteño derrochón en medio
de “la peor sequía de los últimos 38 años”. El mensaje subliminar es la necesidad ciega y absoluta del
medidor. Anotemos que los mismos ingenieros de la empresa aseguraron a la Junta del Agua del Bª
Grand Bourg en reunión en el Ente y ante autoridades del mismo que más del 60% del agua se
pierde en las cañerías antes de ingresar a los domicilios y desde 1998 al 2007 la empresa del
derroche de agua y exceso de cobro sólo se limitó a reparaciones aleatorias del tipo “soldadura
elástica”, es decir, con goma en desuso, sin presentar en dichas reuniones ningún plan de obras e
inversiones para el barrio, como lo había comprometido firmando actas a esos efectos.
155
... la Municipalidad verificó que la Empresa Aguas de Salta: ejecutó los
trabajos en forma clandestina, al no denunciar la obra a la Municipalidad; no
abonó los derechos por apertura de vereda, conforme lo prescribe la
Ordenanza 7306; no constituyó el fondo de garantía, como lo prescribe el
Decreto Nº 112; la reparación de la vereda ha sido realizada de manera
deficiente (cursivas nuestras).
A la fecha de escribir estas notas, como por ejemplo en el Expte. Nº 49704/07
del 1º de junio, se responde a un usuario del servicio: “Medidores de agua. En
respuesta a lo solicitado mediante expte. de referencia, cumplo en informar a Ud.
que la prestataria Aguas de Salta SA no cuenta con el permiso de este municipio
para la instalación de gabinetes de medición de agua” (cursiva nuestras).
Las decenas de miles de obras de instalación de medidores en la ciudad de
Salta han sido declaradas en forma categórica por la autoridad competente
municipal como clandestinas. La empresa que opera en forma clandestina, al forzar
la aceptación de dichas obras mediante firmas amedrentadas de tantos usuarios,
convierte a éstos por desinformación calculada, y concedida por el Ente Regulador,
en inocentes cómplices de otras tantas obras clandestinas en lugares cuya
responsabilidad civil no recae sobre la empresa, sino sobre el propietario titular del
catastro. Pero la misma Municipalidad de Salta, también políticamente funcional al
régimen dictatorial de las aguas, no ha movido hasta el presente un solo dedo en
aras a la regularización de esas miles de obras de acuerdo a las normas comunales.
La Dictadura de las Aguas en Salta se proyecta “naturalmente” en este punto
del medidor, sin olvidar que, al momento de colocación de los mismos, la empresa
se apropia indebidamente de elementos pertenecientes al inmueble, como llave
maestra de bronce, gabinete de la misma de hierro fundido y, en la mayor parte de
los casos, de un tirón de plomo reforzado, con valores que superan los $ 100 por
obra.
Ahora bien, la micromedición de agua implica una tarifa atentatoria de la
economía familiar, puesto que la misma se compone de un costo fijo equivalente al
40-50% del costo de la tarifa anterior al ingreso medido de facturación, lo que
asegura desde el vamos el negocio de la empresa, y se debe abonar aún cuando no
se utilice gota de agua; además, consta de un monto por consumo medido, que
actualmente se sitúa en los $0,61 por metro cúbico de agua ingresada; éste resulta
el doble porque se arguye que la cantidad de agua que entra al domicilio, sale por
las cloacas. Por ello, el metro cúbico de agua domiciliaria cuesta $1,32, más el IVA
de 21%, o sea, $1,5972. A ello debe sumarse la tasa de fiscalización y control del
2%, para don Ente; en total, por metro cúbico, $1,6236, el doble del metro cúbico de
GNC. Hay que contar, además, que al monto fijo también se debe aplicar el IVA y la
tasa Ente, por lo cual el paso de tarifa fija a tarifa medida de agua importa
incrementos desde el 200 al 2.500% según el caso, o sea un descomunal aumento
encubierto de tarifas, además de los que se autorizan a la empresa, sin que el
ENRESP haya convocado a una sola audiencia pública para discutirlos, a lo cual,
por otra parte, está obligado. Así, sólo desde el 2002 al 2007 la tarifa de agua
aumentó más del 100%.
Acá no se computaron los aumentos del “trabajo sucio” previo a la Dictadura
de las aguas en Salta. Mientras que la anónima del agua argumenta siempre que se
trata de una tarifa política, el gobierno pretende justificar la misma en que “es
necesario” o en la importancia de garantizar “la rentabilidad de la empresa”,
156
escondiendo ambos de ese modo–Aguas de Salta SA y gobierno- su venal
responsabilidad en el creciente y sustentable latrocinio al pueblo de Salta: este es el
enemistado sabotaje contra los propios conciudadanos, como vimos arriba.
Por la vida, más allá del “cartel del agua”
No son pocas las voces en el mundo que se levantan ante una progresiva y
masiva privatización del agua, el cartel mundial del agua40. Estas voces y acciones
están inspiradas por un sentido social de defensa de la vida humana a la vez que de
defensa del ecosistema que la hace posible.
Tarde o temprano llegará el momento en que estos reformadores y
luchadores asumamos, como en tantas latitudes, el control del sistema de agua
dulce y potable y podamos asegurar su protección mediante una gestión social del
agua.
Mencionemos sólo entre pocos ejemplos, la Declaración Final del Foro Social
Mundial de Porto Alegre, el 31 de enero del 2005, que bajo el lema “Otro mundo es
posible”, y en cuyo texto se lee:
Las luchas populares en defensa de la naturaleza, de los derechos de los
pueblos y de los bienes comunes contra su privatización, como las de Bolivia,
Uruguay y otros pueblos, demostraron la posibilidad de poner en crisis la
dominación neoliberal... El neoliberalismo es incapaz de ofrecer un futuro
digno y democrático a la humanidad... Por eso, otro mundo no solamente es
posible, sino necesario y urgente.
Y entre su “Agenda de lucha” figura: “Apoyamos las luchas en defensa del agua
como bien común público, contra su privatización y para el reconocimiento del
acceso al agua como un derecho humano”41.
En el mismo Foro, fin de enero del 2005, 19 personalidades mundiales, entre
las que se cuentan a Frei Betto (Brasil), Eduardo Galeano (Uruguay), Ricardo
Petrella (Italia), François Houtart (Bélgica), Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Samir
Amin (Egipto), José Saramago (Portugal), etc., firmaron las Doce propuestas para
“Otro mundo es posible” donde también se declara que
Otro Mundo Posible debe respetar el derecho a la vida de todos los seres
humanos, mediante nuevas reglas económicas. Por lo tanto, es necesario:
...7) Prohibir... toda privatización de los bienes comunes de la humanidad, en
particular el agua... 9)... Comenzar a ejecutar otro modelo de desarrollo
fundado en la sobriedad energética y en el control democrático de los
recursos naturales, en particular el agua potable, a escala de todo el
planeta42.
Las políticas privatizadoras como la que impuso la Dictadura de las Aguas en
Salta no pueden sostener ningún argumento serio, no pueden demostrar en absoluto
nada a favor de este Régimen de las aguas fuera de todo un aparato de embustes y
40
Barlow y Clarke, ps. 167-193ss.
Gabetta, p. 62, 66.
42
Gabetta, p. 76, 78.
41
157
toda una maquinaria apoyada en “saltimbaquis que legislan, decretan y juzgan”43
sino el único sentido real que Noam Chomsky constata en las privatizaciones:
...no tienen un motivo económico. El motivo de las privatizaciones es socavar
la democracia. Si uno saca las cosas de la arena pública y las deposita en
manos de tiranos privados, la democracia será formal, la gente ya no tomará
decisiones... La elección estará en manos de tiranos privados que no se
harán responsables de nada.44
Por lo demás, hasta en la misma cuna de las privatizaciones del agua a fines
del siglo XIX, en donde tienen su asiento las mayores multinacionales del agua y por
la actividad decidida y comprometida, se ha logrado en Grenoble, ciudad francesa
de quinientos mil habitantes, recuperar hacia el año 2000, para el estado, los
servicios del agua tras larga data de privatización. Sobre la nueva gestión social del
agua en esa ciudad, dice Danielle Mitterrand, viuda del ex presidente francés
Mitterrand: “En cinco años de gestión pública, lograron dar un servicio más barato, al
50% del costo para la gente y con tres veces más servicios. Mejor agua, más barata
y de mucha mejor calidad” Así se demuestra “que es posible y que es mejor que lo
privado”45.
Tarde o temprano, se acerca el día en que toda privatización del agua y todo
su manejo discrecional público o privado no democrático, habrá de ser considerado
delito de lesa humanidad.
La investigadora hindú Vandana Shiva afirma: “sin democracia del agua no
hay vida democrática”46. Nosotros, para recuperar el Estado de Derecho de las
aguas de Salta, luchamos mientras, cual clarinada güemesina libertaria,
proclamamos sin cesar:
¡El agua de Salta, al pueblo de Salta!
43
Calcagno- Calcagno, 2003, p 50.
Halperín, p. 42; cursivas nuestras.
45
Cfr.: Piqué. Danielle Mitterand preside la Fundación France Liberté, dedicada a la defensa de los
derechos humanos en el mundo, especialmente de las minorías étnicas, y a la promoción de la
gestión social del agua, como se ve en Mitterand, 170s y 172.
46
Schiva, p. 25
44
158
CAPÍTULO V
159
La desintegración social
Para los chicos pobres tengo 300 cajoncitos de lustrar.
Carmen Lucía “Betina” Marcuzzi de Romero
La frase pronunciada por la primera dama salteña es simplemente brutal, y
quien conoce al personaje, sabe que puede decir esto con una tranquilidad
escalofriante. Pero aún así tiene un mérito, porque desnuda como ninguna
expresión, cuál es el concepto de movilidad social que anima a su marido, el
gobernador.
El resultado de más de once años de corrupción ilimitada, trajo aparejada una
realidad social cuyos índices dificilmente pueden ser superados en otro distrito y así
se refleja, en una cantidad de estudios realizados por ONGs, consultoras, sociólogos
y distintos organismos. Dejando de lado estadísticas oficiales mentirosas, podemos
afirmar que de cada tres salteños, dos son pobres, y uno de estos dos es indigente.
Números e información
El título principal del diario La Nación del día
30 de noviembre de 2004 afirma: “El 70% de los
pobres del Norte dice que pasa hambre”. La
periodista Marta García Terán da a conocer un
estudio de la Cruz Roja que muestra una situación
crítica.
Pobreza no tiene porque ser, necesariamente, sinónimo
de hambre o desnutrición. Pero en la gran mayoría de los
hogares con necesidades básicas insatisfechas del
nordeste y del noroeste del país sí lo es. Casi el 70 por
ciento de los pobres del norte argentino dice que pasa
hambre. Y, más grave aún, en el 43,3 por ciento de los
casos declaran que pasan mucha hambre.
Estos datos surgen de un trabajo encargado por la
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea a la
Cruz Roja Alemana y a la Cruz Roja Argentina para
conocer la dimensión del problema.
No se trata de un estudio cuantitativo, sino cualitativo.
Para saber cuántos chicos desnutridos hay hoy en el
país, el Ministerio de Salud de la Nación, comenzó hace
un mes la Encuesta Nacional de Nutrición, que estará
lista en nueve meses, según se ha informado.
El acortamiento de la talla –chicos más bajos de lo que
correspondería para su edad- es una de las
consecuencias más graves de la desnutrición con las que
160
se encontraron los responsables del relevamiento Alejo García, coordinador
del trabajo por la Cruz Roja Argentina junto con Jorge Fernández, dijo:
La cuestión es muy seria y muy compleja, porque la desnutrición es el
resultado de una gran cantidad de factores que tienen que ver con
condiciones de pobreza que se perpetúan a lo largo de generaciones, como
altas tasas de desempleo, viviendas precarias, hacinamiento, malas
condiciones sanitarias, falta de agua de red o de cloacas o falta de educación.
El estudio nutricional y de las condiciones de vida de la niñez pobre del norte
argentino (Encuna) fue encargado para conocer la dimensión del problema
ante la falta de datos ciertos sobre el estado nutricional de los chicos luego de
la crítica situación que puso en evidencia la crisis de 2001.
La nota abunda en otros datos de interés y en otro párrafo indica:
El trabajo de la Cruz Roja, en tanto fue realizado entre fines del año último y
principios de éste entre los hogares que están por debajo de la línea de la
pobreza en Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero (NOA) y
Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones (NEA). Esto equivale al 56,4% de los
habitantes del NOA y al 60,3% de los del NEA, según la medición del primer
trimestre de 2004 de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto
Nacional de Estadística y Censos ( Indec ).
El estudio fue procesado este año y según la Cruz Roja, entregado a fines de
julio pasado a los ministerios nacionales y provinciales, aunque nadie los
difundió. Consultados los ministerios de Salud y Desarrollo Social, negaron
conocer el trabajo. La Nación accedió a él por medio de la Cruz Roja
Argentina.
Salta tiene el récord absoluto de pobres que pasan hambre
Cuando a la gente encuestada se le preguntó si había tenido que reducir su
dieta, suprimir alimentos o dejar de comer, y que por eso habían pasado
hambre, el 69,9% de los encuestados dijo que sí, con diferencias marcadas
entre las distintas provincias que van desde el ¡¡89,2%!!, en Salta hasta el
56,9 % en Catamarca.
Ya se dijo que en el 43,3% de los casos es severa la percepción de hambre,
es decir que afecta a los chicos y de manera más intensa a los adultos y no
es una situación aislada, sino que se mantiene.
¿Cuál es el problema más grave?. La desnutrición crónica, que se manifiesta
principalmente en una disminución de la talla y es muy difícil de revertir, y no
la desnutrición aguda, cuyo resultado es el bajo peso y puede recuperarse
con un tratamiento adecuado.
Uno puede elegir cualquier día del año escolar para recorrer escuelas que
están a no más de 10 minutos del centro. Si uno consulta a docentes de esos
establecimientos, se sorprenderá frente a la dificultad que tienen para lograr que
chicos, con distintos grados de desnutrición, puedan concentrarse más de un cuarto
de hora: ese breve lapso de tiempo, difícilmente esos alumnos logren comprender lo
que los maestros intentan enseñarles.
Forma parte del paisaje encontrar aulas donde los niños se duermen en sus
bancos que, en muchas ocasiones, carecen hasta de pupitres. Esta realidad
preanuncia un porvenir muy precario para miles de futuros ciudadanos, hecho frente
161
al que el gobierno, con ostentosa insensibilidad social, se desinteresa en planificar y
adoptar las medidas acordes para revertir una situación que, día a día, se vuelve
más compleja e intolerable.
La prensa ha registrado numerosos casos de violencia escolar que supera la
capacidad de docentes y preceptores para controlarlos. Violencia, muchas veces
potenciada, por el consumo de drogas y alcohol que también se ha vuelto un lugar
común entre los niños y adolescentes de la provincia. Para sumar más problemas a
este cuadro desesperante, nos encontramos con docentes que, en muchos casos,
no están en condiciones psicofísicas para enfrentar un grado: maestros con sueldos
miserables que se ubican entre los dos o tres más bajos de todo el país.
Mucha gente recuerda una entrevista que le realizara Nelson Castro a la
ministra de Educación María Esther Altube, en mayo de 2005, mientras se llevaba a
cabo una marcha multitudinaria por reclamos salariales docentes. Allí, el periodista le
enrostró: cómo podía ser que, mientras el sueldo básico de un docente era de $169,
ella cobrara $5.100 de básico más otros beneficios que incluían viajes semanales en
avión.
La respuesta educada de la funcionaria fue cortar la comunicación.
Esta ministra de Educación de Salta, que no resolvió ninguno de los
problemas educativos que afligen a la provincia, aprovechó más allá de lo razonable
las ventajas de su cargo. En noviembre de 2006, desde el propio ministerio, surgió la
información de un viaje realizado por la Altube a Francia en misión oficial con el
objeto de visitar el Centro de Formación especializado en Fruticultura de SaintLivrade y la Escuela Nacional de Formación de Docentes de la Educación
Agropecuaria de Toulosse, conocimientos que no tiene la menor posibilidad de
aplicar en nuestra provincia. Eso sí cobró $ 45.000 de viáticios, sin contar pasajes y
alojamiento. Casualmente, la funcionaria tiene una hija que estaba residiendo en
París para tomar clases de perfeccionamiento en su actividad de bailarina, ¡la familia
primero!.
El Nuevo Diario publica que, antes de su viaje, había sido citada a la Cámara
de Diputados:
Para que informe sobre aspectos relacionados con su cartera, demasiado
cuestionada por la sociedad salteña y en especial por la docencia, debido a
los desajustes presupuestarios y salariales que no terminan de solucionarse,
el pésimo estado de los edificios escolares en toda la provincia y la política
educativa sin rumbo que sigue llevando a cabo el gobierno local.
En julio de 2005, las huelgas docentes habían colocado a la provincia en el
segundo lugar con menos días de clases. Las provincias más afectadas resultaron
ser Chaco donde se perdieron 39 jornadas; Salta, 32; Santiago del Estero, 20; San
Luis, 15; Formosa, 15; Rio Negro, 10; Santa Fe, 9, y Buenos Aires, 8. El Ministerio
de Educación de la Provincia no planificó nada para superar el daño infligido a la
población escolar. Se contentaron que por una vez salieron segundos en una
competencia lamentable.
162
Los números y el miedo
Mientras Romero se candidateaba a presidente en 2002, las estadísticas que
mostraban la realidad social en todo el territorio provincial, indicaban su
incompetencia para gobernar el distrito amparándose, en que datos que daba a
conocer esporádicamente la prensa nacional, no eran suficientes para esmerilar su
ambición.
En agosto de ese año se dieron a conocer estudios del Indec que definían la
situación de una familia para considerarla pobre. Se trataba de un cálculo complejo
que incluye las posibilidades que tiene un hogar tipo para cubrir determinadas
necesidades consideradas esenciales: alimento, vestimenta, transporte y educación,
entre otras variables. Así, por ejemplo, para un hogar de tres miembros compuesto
por una madre de 35 años, un hijo de 18 y una abuela de 61, eran necesarios $
472,80 para subsistir. Si entre los integrantes suman una cantidad inferior a ésa,
todos son clasificados como pobres.
En cambio, una familia de cinco miembros (padres de cuarenta años e hijos
de cinco, tres y un años) necesitará un ingreso de $ 65l,07 para no ubicarse por
debajo de la línea de pobreza.
En esos días la Ciudad de Buenos Aires registraba un 19,8% de pobres, en
tanto que la capital salteña saltaba a índices africanos con un 66%. Este dato era
confirmado por el titular de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia,
Mauro Rosas, quien afirmaba que entre esos pobres estaban incluídos un 37% de
indigentes.
Mientras la población informada advertía el enriquecimiento desmesurado e
inexplicable de decenas de funcionarios y empresarios cercanos al gobernador, la
prensa responsable seguía dando a conocer los números del horror. El 22 de agosto
de 2002, la agencia de noticias DDN publicaba:
Ochenta niños, de entre tres y siete años de edad, se encuentran en estado
de desnutrición en Mosconi, algunos de ellos en canal 3, que es el más grave
de todos. La licenciada Guillermina Martínez, dio a conocer estos datos del
estudio llevado a cabo en Mosconi. La doctora Padilla, gerente del área de
atención de salud, giró una carpeta de informes al Ministerio de Salud de la
Provincia.
Diez días antes FM Despertar informaba: “Cerraron 31 comedores escolares
en Tartagal. Los chicos buscan comida en los basurales y algunas familias devoran
perros y gatos para mitigar el hambre”. Emilio Bando, titular de la Fundación Crecer
de Tartagal, afirmó que tiene serios problemas con los comedores escolares, ya que
el gobierno les adeuda 4 meses de envío.
El viernes llegaron a Tartagal a dar el 50% del mes de marzo y nos deben
abril, mayo, junio y julio. Ya nos cerraron la canilla, hay chicos con hambre,
porque ya se cerraron 31 comedores infantiles y aborígenes (...) En Tartagal
hay unos 400 chicos que van al basural de la zona a buscar comida, la cual
llevan a sus casas. Es decir que 400 familias se alimentan de ahí. Los que
van a la escuela a la mañana, llegan al basural a la tarde (...) Desde hace
tiempo, la gente impulsada por el hambre, come perros y gatos y esto pasa
en familias criollas y aborígenes (...) Si el Secretario de Desarrollo Social
163
afirma que los comedores de Tartagal están bien, es porque desconoce toda
la situación(...) Hay serios problemas en las instituciones educativas, donde
los chicos bostezan de hambre y se duermen (...) Es imposible enseñar
cuando los chicos están distraídos, cuando tienen tanta hambre, porque sólo
están esperando la hora de la comida (...) La situación es terrible, porque los
chicos van a la escuela sin zapatillas, donde las maestras no tienen ni tizas.
En Salta capital donde la provisión de alimentos a los comedores infantiles se
ajusta a un criterio estrictamente clientelístico, la realidad no es mejor.
Organizaciones intermedias y asociaciones que realizan un encomiable trabajo a
favor de los más necesitados se veían desbordados por la demanda social. La jefa
de recuperación nutricional del Hospital de Niños, Dra. Gladis Pernas, solicitaba
desesperadamente la donación de pañales, harinas especiales de arroz, mandioca y
leche en polvo común para alergias y de soja, para reflujos y diarreas. La profesional
declaraba que: “La pérdida de trabajo de los padres ocasiona la disgregación
familiar, la desnutrición infantil y el abandono escolar” para agregar “Si en Salta
tenemos un 30% de desocupación sólo hay que imaginar el impacto en la
alimentación de una familia”.
En mayo de 2002, el semanario Cuarto Poder con el título “Esencia de
Romero” informaba
Creció la tasa de mortalidad infantil, en Tartagal habría llegado al l00% de
aumento en lo que va del año. Las escuelas se caen a pedazos, los
hospitales están más rengos que nunca y Romero mete el dedo en la llaga.
Con el decreto 519 se recortó en casi 8 millones de pesos el presupuesto de
salud y educación.
Conformando su cinturón de liderazgo camino a las elecciones
presidenciales, el gobernador salteño hace caso omiso de lo que pasa en el
fondo de su casa. ¿Qué busca con su política exterminadora?.
Pero que nadie piense que estos datos se daban solamente en el año
posterior a la crisis desatada en diciembre de 2001. Es imposible citar toda la
información que delata la ineficiencia e insensibilidad con que el gobierno trata a los
sectores más carenciados de la provincia. A mediados de 2003 se detectaron más
de 400 familias alimentándose del basural San Javier en la capital salteña. Un
periodista de la BBC de Londres, que llegó para investigar el tema social en el
noroeste, se encontró allí con un profesor de inglés con quien pudo dialogar en su
idioma. Este hombre de unos 50 años no tenía trabajo desde hace dos años.
En abril de 2004, el Nuevo Diario publicaba
El 23 % de los menores de dos años está desnutrido en San Antonio de los
Cobres. Frente al 60% de desempleo, el 23% de los menores de 2 años sufre
de desnutrición en San Antonio de los Cobres, de acuerdo a un relevamiento
efectuado por profesionales de la Unidad pediátrica móvil de la Casa de
Ronald MacDonald. Pero la cifra creció en relación con el 2002, cuando era
del 19%, por una paradoja. “Desde que empezaron los planes Jefas y Jefes
de Hogar, las mamás han tenido que salir a prestar servicios y han
descuidado un poco a los chicos”, explicó Esperanza Casimiro, jefa de
agentes sanitarios. Las madres solas son mayoría en el área de San Antonio
de los Cobres. Y las madres asolescentes, uno de los muchos problemas
sociales: de las 227 mujeres que dieron a luz el año pasado, 74 tenían entre
164
10 y 19 años. Los bebés que no llegan al año de vida por muerte inesperada
son “lo que más nos desconcierta”... Con 7.265 habitantes en un área de
32.000 kilómetros cuadrados, de los que 4.496 viven en el pueblo y el resto
en parajes a veces inaccesibles, el Hospital Nicolás Pagano cuenta sólo con
cinco médicos generalistas, una odontóloga y una bioquímica, pero ningún
pediatra, de acuerdo al informe publicado en el diario metropolitano Clarín.
Para graficar la continuidad de un estado permanente de brutalidad, ya en el
año 2006 se informaba:
En el departamento General Güemes hay 389 niños menores de cinco años
que están desnutridos, 19 están en un estadio grave, según datos oficiales a
los que Nuevo Diario tuvo acceso... Quienes conocen el paño de la salud
pública, aseguran que la actividad de los agentes sanitarios es fundamental
para el control de la salud y que ayudan a prevenir enfermedades y a
descomprimir los hospitales, pero en el caso de Güemes consideran que
deberían ser por lo menos 75 y 6 supervisores (actualmente en total son
solamente 5).
Hemos tocado superficialmente los problemas que médicos y docentes tienen
que enfrentar casi a diario. Pero se tiene que saber que esos trabajadores, salvo
honrosas excepciones, difícilmente se atrevan a denunciar estas dificultades en los
medios de comunicación. El denominador común de los trabajadores estatales es el
miedo.
Es frecuente escuchar después de la exposición de un problema que debiera
ser transmitido con claridad a la opinión pública: “Por favor no me mencionen,
porque puedo perder mi trabajo...”
“Los salteños seguimos adelante”
Así reza una de las publicidades más desvergonzadas que difunden los
medios romeristas. Por supuesto “...Los que siguen adelante” son los amigos del
gobernador y los que posibilitan los negocios sustentados, principalmente, en los
bienes del estado.
Mucho antes de que Kirchner lo consiguiera en el orden nacional, Romero
había logrado manejar las partidas del presupuesto a su antojo, lo que para muchos
es una malversación de fondos con algún marco de legalidad. Esta discrecionalidad
acentuó el vaciamiento de la provincia con el consiguiente deterioro de las variables
sociales
Así se explican miles de piqueteros cortando rutas provinciales,
manifestaciones multitudinarias reclamando por mejoras salariales y mejores
condiciones de trabajo.
Escuelas que, a los males ya enunciados, hay que sumarle condiciones
edilicias deplorables: baños colapsados; paredes apuntaladas a punto de caerse;
alumnos trasladados a lugares precarios porque sus aulas no resisten más; techos
de galerías que se caen y hasta un ventilador que se desprendió sobre la cabeza de
una alumna.
165
En noviembre de 2006, los padres de los alumnos de la escuela 4090
“República de Bolivia” de Salvador Mazza, decidieron que sus hijos no
volverán al edificio de este establecimiento en lo que resta del ciclo lectivo (un
mes aproximadamente), y exigieron refacciones inmediatas. La escuela fue
tomada el lunes de la semana pasada, cuando los padres se dieron con la
sorpresa de que parte del techo del salón de actos se había desmoronado
durante el fin de semana a causa de la humedad. Esta es la misma causal de
la electrificación de los baños, que están inhabilitados para su uso desde
hace tres semanas (Nuevo Diario).
Titulares de este periódico como “Licitarán la escuela Zorrilla, pero los padres
siguen en alerta” o “Toman clases en una iglesia porque en su colegio ya no caben”,
muestran una realidad muy difícil de revertir por la negligencia, la corrupción en el
manejo de los fondos y, hasta ese momento, once años de absoluta impunidad sin
que nadie atine a reaccionar.
En San Antonio de los Cobres donde en invierno sufren temperaturas de l0º
bajo cero, el hospital se encuentra, desde hace meses, sin calefacción y las
ventanas de las escuelas sin vidrios. También en verano se dan situaciones que
atentan contra la salud de los niños y educadores: en lugares en donde el calor hace
estragos como en los Departamentos de General San Martín y Anta, pueden pasar
semanas sin que las personas tengan agua potable.
Los medios independientes todos los meses reciben quejas de médicos que
se sienten impotentes porque carecen de medicamentos y de insumos
indispensables para responder a la demanda de los habitantes, lo que les crea una
situación de stress insoportable. Estos profesionales no sólo se enfrentan a
enfermedades tradicionales, sino también deben atender numerosos y fulminantes
brotes de hepatitis, de hantavirus, de lehismaniasis, de dengue, de tuberculosis, de
fiebre amarilla. Nadie puede asegurar que se haya eliminado el cólera y, no
olvidemos, que Salta es una de las cuatro provincias con más casos de mal de
Chagas.
En agosto de 2003 el Director de Epidemiología Alberto Gentile, informaba:
Me acompañaron en este trabajo un veterinario, la vigilante epidemiológica de
Salvador Mazza, el supervisor intermedio de atención primaria de la salud.
Este es el equipo con que me tocó trabajar en este desafío que planteó esta
situación tan difícil. A nosotros nos sorprendió lo que ocurrió en Salvador
Mazza, porque fue algo explosivo y la provincia no tenía información hasta
ese momento. No sabemos por qué no se comunicó antes y ante este
panorama uno tiene que arremangarse, y salir a solucionar los problemas.
El funcionario completaba su exposición:
Nosotros hemos contado y después se hace un cálculo de la colonización. En
algunas casas seguramente había más de mil vinchucas. Cuando pasó lo de
Salvador Mazza, nosotros nos encontramos con la gente viviendo en el patio.
Habían hecho carpas con plástico. Hubo gente que empezó a hacer una
piecita al lado, porque donde estaban ya no podían vivir más. Esa es la
situación que encontramos en Salvador Mazza a fines del año pasado, una
situación realmente desastrosa.
166
El dengue se originó en 1996 y también resultó a los medios muy difícil hacer
que el gobierno reconociera, en tiempo y forma, la novedad. De ser así, hubiera
contribuido a una concientización rápida de la población. En abril de 1998 ya se
habían detectado más de 400 casos en Tartagal y fuentes sanitarias explicaron a FM
Noticias “Es posible que hayan 1.500 casos, porque muchos enfermos son
atendidos en sus domicilios y no en los hospitales.” En esos días el Canal de
Noticias TN envió un cronista que expresó “Los casos de la enfermedad son cada
vez más numerosos. El gobierno provincial no tomó medidas para prevenir el
dengue y la fiebre amarilla. La mujer que murió como consecuencia de la
enfermedad ocurrió por negligencia”.
Sida y vejez
En octubre de 2004, el periodista José Acho escribe en el semanario El
Expreso: “Los enfermos de sida de hospital del Milagro de esta ciudad denunciaron
que más que un hospital que los contenga y los atienda, la planta alta es lo más
parecido a una morgue”. Afirman que se dirigen al servicio de internación de la
planta alta del hospital “sólo para morir”.
Las estadísticas oficiales no son fehacientes y los números de infectados y
muertes se retacean. Un cálculo preliminar dice que los enfermos de Sida en Salta
son más de 1500, de los cuales unos 500 estarían registrados. Sin embargo, ellos
afirman que son muchos más de los que las autoridades tienen registrados. Según
relataron, en este último mes, murieron treinta personas y calculan que un enfermo
por día deja este mundo sin ninguna ayuda. La maniobra de las autoridades médicas
para no dar a conocer las verdaderas cifras de muertes por el Sida en Salta, está en
la confección del certificado de defunción. En esos documentos se hace figurar
“muerte por paro cardiorrespiratorio”:
Esta es la gran mentira del gobierno para ocultar a la población las
verdaderas causas de muerte y de enfermos de Sida. Así manipulan las
estadísticas para decir que todo está controlado. Para ellos (los internados),
las verdaderas causas de este aumento de fallecimientos de los enfermos,
son la deficiente atención que brinda el hospital y la falta de solidaridad de las
autoridades.
En ese momento el Ministro de Salud Pública era el doctor Carlos Ubeira, un
radical transfugado al romerismo, que llevó a cabo una de las más desastrosas
gestiones que se recuerden. Luego de esta aclaración de la que me hago cargo,
continuamos con el trabajo del colega José Acho:
La mayoría muere de hambre y como no pueden trabajar ni tener un plan
jefes o un subsidio, el deterioro por el Sida se acelera y los mata. El rápido
camino hacia la muerte en primer lugar es la discriminación en la familia.
Luego sin esperanzas se dirigen al hospital, donde los esperan amontonados
un turno en el pasillo para ser atendidos. La última etapa es esperar la muerte
en las harapientas camas de la planta alta del Hospital del Milagro.
En otro segmento, el periodista informa:
167
Puntualizaron que hay un solo médico especialista de planta permanente, el
Dr. Raúl Ramia, quien debe atender a los cientos de enfermos ambulantes.
Antes solía haber entre tres o cuatro residentes, pero se van o están un
tiempo y abandonan porque no pueden sobrellevar esa situación de
desamparo profesional, ni seguir indicaciones médicas sobre algún
tratamiento, porque el único médico existente no puede asesorarlos....
A los ancianos no les va mucho mejor en la provincia. Un periodista de FM
Noticias visitó el asilo del hospital Joaquín Castellanos y se encontró con un cuadro
infrahumano. Un hedor insoportable se desprendía de esos cuerpos arrumbados,
casi sin atención. Había llovido y el agua se filtraba por distintas hendiduras a la
sala.
Chicos de estudios primarios de una escuela solicitaron a nuestra emisora
realizar una campaña para mitigar la situación de esas personas y viajaron en un
ómnibus porque el hospital se encuentra en la ciudad de General Güemes, distante
a unos 50 kilómetros de la Capital.
Dos años después nada había cambiado y nos atenemos a la crónica del
Nuevo Diario aparecida en abril de 2006:
Cuando alguien empieza a caminar por las habitaciones, siente los olores y
los mira, se puede dar cuenta de que existe una situación de abandono de los
ancianos del asilo-geriátrico del Hospital Joaquín Castellanos, un lugar cuya
situación ya es conocida por los legisladores provinciales, municipales, y el
estado. El jefe del servicio de Emergencia, Horacio Mdalel, ilustró la relación
gobierno-asilo con claridad: “cuando los ministros de Salud vienen a visitar el
hospital no llegan hasta el asilo porque dicen que no está dentro de la
estructura de gastos”. Ningún ente oficial es responsable legalmente del asilo
que tampoco existe en el cuadro presupuestario del Hospital. A pesar de ello,
con las partidas presupuestarias que recibe el Castellanos se tratan de dar
vuelta para atender a los asilados.
Treinta y seis abuelos, doce de ellos incapacitados, deben ser atendidos por
una sola enfermera (dispuesta por turno). Si la suerte los ayuda y la lluvia no
interfiere, en caso de emergencias la enfermera puede pedir auxilio por
teléfono. Pero cuando el aparato no funciona, debe salir corriendo a pedir
ayuda en alguno de los 12 pabellones restantes del Hospital. Hasta hace
pocos días, según lo indicado por personal que atiende el lugar, no había
pañales, situación que se extendió seis meses. Sólo entre tres y cuatro
pacientes se encuentran allí para recibir atención médica, pero muchos no
pueden desenvolverse por sí mismos y el personal que los atiende es
insuficiente. Algunos de los ancianos fueron peones que trabajaron en las
fincas de la zona, que fueron llevados al asilo por sus patrones. Los más
conocidos tienen hasta más de 10 años viviendo en este lugar. Otros fueron
enviados por el Poder Judicial de la Provincia para ser asilados, poder del
que los médicos no conocen gestiones para mejorar la calidad de vida de los
abuelos. “Hace mucho que hablamos con la Cámara de Diputados”, dijo por
su parte el gerente del Hospital, Jorge Rocha, al indicar que la semana
pasada el Ministerio de Salud pidió informes por un posible convenio que
podría firmarse con la Secretaría de los Mayores, para ver si finalmente ésta
se haría cargo del presupuesto del asilo geriátrico. Mientras, los abuelos
esperan.
168
Cuando la educación es lo menos importante
Salta encabeza la lista de las jurisdicciones que menos invierten en educación
por alumno. Según un estudio de Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Salta destina alrededor de $ 596 por
alumno, en contra de $ 1.570 por alumno que invierte La Rioja.
Lo que cada alumno recibe como inversión en su educación, depende
principalmente del lugar en el que se encuentre: en Santa Cruz, Tierra del Fuego o
Ciudad de Buenos Aires el estado invierte más de $ 2.000 por año en su educación.
En cambio en Salta, Misiones, Corrientes, Tucumán o Chaco, recibe del estado en
promedio $ 850.
En nuestra provincia la formación de un alumno cuesta $ 49,6, algo así como
16,5 dólares. Pero en distritos como Neuquén se invierte más de $ 2.472 por alumno
(unos 820 dólares).47
El Gobierno salteño no usa, en este caso, el manejo discrecional de las
partidas del presupuesto para mejorar un área clave para el desarrollo, ni tampoco
demanda al gobierno nacional un trato más equitativo que redundaría en beneficio
de educadores y educandos.
Los chicos de la calle y la Santa Iglesia
También durante el decenio romerista aparece un fenómeno que antes era
casi desconocido para los salteños: los chicos de la calle. Niños y adolescentes,
inundando las esquinas, ofrecen limpiar un parabrisas o, simplemente, mendigan. Se
los ve deambular hasta muy entrada la noche, con los peligros que esto implica,
sobretodo para los más pequeños. Cuando hay alguna festividad importante que
atrae mucho turismo, la policía tiene orden de no dejarlos entrar al centro de la
ciudad. Romero pretende, de esta manera, que los visitantes no vean la pobreza en
que está sumida la provincia.
Quizá lo más doloroso se siente durante la festividad del Señor y la Virgen del
Milagro, que se recuerda todos los 15 de septiembre y convoca a más de 200.000
personas. En los días previos y en el mismo día de la celebración, se hostiga a esta
gente pobre, sin que los dignatarios de la Santa Iglesia Católica objeten este
procedimiento y se pongan al lado de aquellos que más sufren.
Aunque parezca mentira, funciona en Salta una secretaría “De la Niñez y la
Familia” y, periódicamente, se dan a conocer pautas de su desenvolvimiento. Si uno
presta atención al cassete que tienen incorporados estos funcionarios, los “Chicos
en Situación de Calle” están protegidos y se les hace un seguimiento. Esta
afirmación no se verifica en la realidad.
De esa secretaría depende el establecimiento “Rosa Niño”, que alberga a
chicos abandonados. Se ha visto allí criaturas de dos años en adelante y, según
asegura la supervisora de estos hogares dependientes de la secretaría, Norma Villa
Cueto, los niños están cuidados por una psicóloga, un pediatra y personal
especializado.
El sábado 11 de noviembre de 2006, los vecinos escucharon una vez más
gritos desgarradores. Se trataba de un chico de 11 años que se había cortado los
47
Fuente www.elindependiente.com.ar/archivo/noticias_v.asp?93066
169
brazos cuando rompió un vidrio con intención de escapar. Al llegar el móvil policial
sólo acompañaba a los niños la cocinera del hogar y, como era de preveer, no dejó
entrar a los periodistas porque “Cumplía órdenes”.
En la provincia hay un índice muy alto de deserción escolar y, si se corrige
esa anomalía, seguramente disminuiría la cantidad de chicos de la calle. Por
supuesto, esa tarea demanda conocimientos, esfuerzo y, sobre todo, decisión
política. Pero como se sabe, es inútil pedirle peras al olmo.
En declaraciones realizadas en FM Noticias el Secretario General de la
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en Salta, Vuenaventura David, se refirió a
un estudio publicado por el INDEC con el título “El hambre es un crimen”. El
gremialista enfatizó que en ese informe se indica que en Salta, sobre 5l6.000
menores, 329.000 están bajo la línea de pobreza y 161.000 bajo la línea de
indigencia. David aseguró que a nivel provincial, se presentó al gobernador Juan
Carlos Romero, un pedido para crear una asignación universal para todos los hijos
de los que no tienen trabajo: “En Salta estamos doblemente discriminados, con
respecto a la Nación, porque el hijo del trabajador provincial cobra $20, mientras que
a nivel país se paga $60”.
La tristeza de ser primeros en todo
Salta es la ciudad de más de 600.000 habitantes con mayor índice de
desempleo en todo el país. Según datos provistos por el INDEC, en febrero de 2006,
nuestra ciudad encabeza la estadística con el 13,4%, seguida del conurbano
bonaerense con el 12,9%, Mar del Plata con el 12,7% y Rosario 12,1%. Esta
medición surge de un trabajo conjunto realizado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos y las direcciones de estadísticas provinciales, tomando en
consideración el segundo semestre del año 2005.
Afirma el estudio que la desocupación para las grandes urbes promedia el
11,3%, superando el de las pequeñas ciudades que alcanzan un 7,9%. Estos datos
con respecto a Salta no son correctos. Todo el interior de la provincia tiene índices
muy superiores a éstos. La Ciudad de General Güemes ubicada a sólo 55 kilómetros
de la Capital tiene 29.125 habitantes, y todo el Departamento 42.334, con un
desempleo del 46%. En los famosos Valles Calchaquíes la desocupación supera el
50%. En el norte provincial donde el desmantelamiento y la entrega de YPF ha
hecho estragos, por ejemplo, en la ciudad de Mosconi, un 55% de los habitantes
está sin trabajo, sin tener en cuenta que mucha gente a emigrado a otros lugares.
Salta es la Provincia con mayor aumento del delito
Con sólo analizar los datos de este capítulo se puede arribar a la conclusión
de lo que vamos a leer a continuación. Pero si tomamos como referencia la totalidad
de este trabajo, esa conclusión será ya inevitable.
El diario Clarín publica esta nota:
Son datos oficiales del Ministerio de Justicia, que compara los delitos
denunciados en 2004 con los de 2003. Las provincias de Buenos Aires y
Chaco registran la mayor baja y Salta, un fuerte crecimiento.
170
Cambian las políticas y los funcionarios, los métodos y los discursos, pero el
delito sigue sin bajar. Los números oficiales del Ministerio de Justicia de la
Nación indican que durante 2004, en la Argentina, hubo casi la misma
cantidad de denuncias criminales que el año anterior. Diez provincias
registraron aumentos en sus estadísticas y la Ciudad de Buenos Aires se
mantuvo en los mismos niveles que en 2003, según un informe al que Clarín
accedió ayer.
Los totales nacionales indican que el año pasado hubo 1.243.827 delitos
denunciados, un promedio de 3.407 por día, 141 por hora. Esto representa un
2,12 % menos que lo visto en 2003, cuando hubo 1.270.725 hechos
registrados.
El distrito que encabeza el ranking de la inseguridad sigue siendo la provincia
de Buenos Aires, aunque durante 2004 sus 296.989 denuncias significaron
una baja casi inédita, del 9,46 %. Esto lo convirtió, junto al Chaco (-9,56%),
en el lugar donde hubo un mayor descenso del delito en relación con el 2003.
En el otro extremo se ubicaron Salta, cuyas cifras subieron un 37,07 %, y
Jujuy (+19,97%).
Las estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del
Ministerio indican que los homicidios dolosos (cometidos con intención de
matar) bajaron en todo el país un 21,45 % el año pasado en relación al 2003.
Hubo 2.259 -más de seis asesinatos por día, uno cada cuatro horas-, frente a
los 2.876 del año anterior.
La provincia con mayor cantidad de crímenes fue, como siempre, la de
Buenos Aires: 1.006, casi tres por día. Igual, aquí también hubo una fuerte
disminución, ya que en 2003 se habían producido en ese distrito 1.375
asesinatos. Tierra del Fuego se ubicó en el otro extremo, con un aumento del
200 %, al pasar de dos homicidios dolosos en 2003 a los seis de 2004.
Los robos también parecen haber disminuido en todo el país. Sin embargo,
aquí hay que aclarar que los números difundidos ayer por el Ministerio de
Justicia reúnen en una misma estadística los robos cometidos y los que sólo
llegaron a "tentativa". Esto podría distorsionar las conclusiones, que hoy
indican una baja del 10,82 % en este ítem. En 2003 hubo 433.862 robos
cometidos e intentados, mientras que en 2004 se denunciaron 386.916.
Lo que no deja de aumentar en todo el país desde 1991 es la tasa de delitos
contra las personas, que mide cuántos homicidios y lesiones se producen en
relación con la cantidad de habitantes. En 2004 hubo 661 por cada 100.000
habitantes, mientras que en 1991 la tasa era 255 cada 100.000.
En el análisis de los totales, provincia por provincia, surge que en la ciudad de
Buenos Aires se denunciaron 192.257 delitos durante el 2004 (526 por día).
Fueron apenas un 0,10 % menos que en 2003, cuando hubo 192.458 hechos
que llegaron a conocimiento de la Policía. Los robos bajaron un poco (74.054
el año pasado frente a los 76.618 del anterior) y hubo 15 homicidios dolosos
menos (142 a 127).
Las provincias donde subió el delito en 2004 aparecen encabezadas por las
del Norte, justo algunas de las que están entre las de mayores índices de
desocupación: Salta (de 37.429 denuncias a 51.304, un 37,07%) y Jujuy (de
24.718 a 29.654, un 19,97%). Santiago del Estero (18,77%), Tierra del Fuego
(9,60%), Tucumán (8,70%), Santa Fe (4,29%), La Rioja (3,74%), Entre Ríos
(2,10%), Neuquén (1,27%) y Chubut (0,27%) son las otras.
171
Analizando este estudio me he preguntado si han tomado en consideración
una realidad insoslayable del norte provincial. A fines de 1997, se supo de una
estadística confeccionada por Gendarmería Nacional, que indica que el 82% de los
detenidos por narcotráfico (mulas), son mujeres, con una considerable cantidad de
menores de edad.
Las privatizaciones de las empresas nacionales y el creciente índice de
desempleo llevan a muchas mujeres del norte, casi como única salida, a la
prostitución o al narcotráfico.
Otro síntoma: las patotas
El rompimiento de la familia, la falta de contención y la violencia generada por
la extrema pobreza produjeron un fenómeno que afecta a todos los sectores pero,
como siempre, golpea con mayor brutalidad a los más carenciados.
A principios de 2004, el semanario El Expreso publicó un trabajo en donde
describe esta situación y hasta afirma que en la capital salteña ciento tres patotas, a
172
las que individualiza por sus nombre, (“Los encapuchados”, “Los vikingos”,
“Escuadrón de la muerte”, etc.) eran otro motivo de alarma para la población:
Sólo destrozos dejan a su paso. Asaltan, roban, golpean, destruyen autos y
todo lo que encuentran en el camino; se ocultan en la oscuridad y se cobijan
en el fútbol y la política. La mejor hora para actuar es la noche, casi de
madrugada. Andan alcoholizados cuando no drogados. Son los patoteros de
Salta, con un nuevo y llamativo condimento: la integran menores de 14 a 17
años en su mayoría. Y, lo último de lo último, es la inclusión de mujeres.
Las patotas en Salta han crecido casi en un 40% en los últimos años y hoy
sobrepasan el centenar, según un informe que maneja la policía de la
provincia.
Ahora en las postrimerías del año 2006, se observa que actúan cada vez con
más violencia, asesinando e hiriendo a muchos ciudadanos.
Con respecto al crecimiento del delito en todas sus formas, y ésta es una de
ellas, el indefinido Secretario de Seguridad afirmó: “No hay tal inseguridad, sólo es
una sensación...”.
Suicidio
Los datos oficiales referidos a suicidios de niños, adolescentes y jóvenes
permanecen en la más absoluta oscuridad. Pero recabando datos de la Fundación
Papis, El Colegio de Psicólogos, el Hospital San Bernardo, algunas comisarías y
tomando como fuente alguna autoridad judicial distraída, pudimos acceder a
información que, aún incompleta, resulta aterradora. Me llama la atención que las
instituciones mencionadas -algunas de ellas genuinamente preocupadas por el
fenómeno- no hayan realizado un estudio integral para darlo a conocer a través de la
prensa, al resto del país.
Las causas de esta decisión extrema son variadas: falta de expectativas,
desintegración familiar con la consiguiente falta de contención, más de cien patotas
asolando los barrios pobres de la ciudad, hordas de chicos changueando para llevar
tres o cuatro pesos a su casa y, como una constante activadora, el consumo
creciente del “paco” en toda la provincia. La droga de los pobres registra un
crecimiento sostenido desde l997. Recién en noviembre de 2006 los concejales de la
ciudad de Salta repararon en que algo había que hacer.
En declaraciones al Nuevo Diario la presidenta del Proyecto de Asistencia
Para una Infancia Segura (PAPIS) aseguró que el “paco” pone en evidencia que hay
cocinas (fábricas) de cocaína en Salta. Instituciones como la mencionada carecen
del más mínimo apoyo del gobierno provincial, y trabajan con la colaboración
solidaria de algunos profesionales quienes procuran investigar y ofrecer contención
a niños y jóvenes con problemas. La titular de PAPIS, licenciada Lucrecia Miller,
embistió contra el proyecto de declaración endeble y tardío del Concejo Deliberante
Se han venido haciendo campañas, pero evidentemente no son efectivas. Lo
que hay que hacer es profundizar y hacer efectivas las campañas del uso
indebido de los estupefacientes, no sólo del paco, controlar su
comercialización y disminuir los riesgos y la vulnerabilidad socioeconómica de
sus consumidores.
173
En octubre de 2004, solamente en el barrio 20 de Junio acontecieron nueve
suicidios que alarmaron al sector más informado de la población y a los pobladores
de ese barrio. Varios de esos chicos pertenecían al mismo grupo y hasta se llegó a
decir que el barrio estaba endemoniado. Lo cierto es que esta compulsión por
autoeliminarse se dio como una especie de enfermedad contagiosa y, más allá de
intentos de explicar las causas, permanecía latente y como una sombra letal, el
consumo de drogas.
Ni aún con un suceso de esta crueldad, el gobierno reaccionó para acotarlo.
Sólo atinó a ocultarlo, pese a que la prensa lo había difundido masivamente.
Un habitante del barrio que pidió reserva de su nombre relató crudamente a
FM Noticias su experiencia:
Todos aquí hemos visto a estos chicos drogarse, venga cualquier mañana de
cualquier día y verá niños inhalando de la bolsa, lo hacen a la hora que sea y
sin importarles quién los esté mirando. Algunos vecinos hemos denunciado
estos hechos a la policía, pero parece que no les importa, no hacen nada,
miran para otro lado.
Lo peor de todo es que los “dealers” parecen gozar de zona liberada.
Para que no queden dudas de la inacción del Gobierno y que no existe la
menor intención de encarar con seriedad esta problemática, reproducimos una nota
del 26 de enero de 2007 publicada en el Nuevo Diario:
Seis años parece ser (al menos por ahora) la edad mínima de los numerosos
niños que en el barrio 26 de marzo son adictos a la pasta base (el cada vez
más conocido paco) y el alcohol. Se los puede ver por la tarde, después de
las 18 o las 19, en la parte de atrás del comedor y en dos cuadras
determinadas del barrio, “un agujero negro”, en la expresión usada por la
vecina Andrea Rodríguez, conocida por sus denuncias en las que alerta sobre
el crecimiento del consumo de drogas en la zona.
“Aunque ahora hay mucho alcoholismo infantil, que apareció el año pasado,
el tema de siempre es el tema de la droga, desde hace mucho ya. Cada vez
aparecen más chicos de seis, ocho, diez añitos”, contó Rodriguez a Nuevo
Diario.
El año pasado Rodríguez denunció públicamente que los niños de hasta ocho
años consumían Poxirran, a la luz del día, pero ahora “el Poxirram casi ya no
está de moda. Ahora es el cigarro que arman con pasta base, la que
convierte a quienes la consumen en los llamados muertos vivos, por lo rápido
que se deteriora su salud. Y los consumidores cada vez más chiquitos,
venden lo que sea, un par de zapatillas del hermanito a lo mejor, para
comprar”.
La droga se vende en el mismo barrio, en una cuadra determinada. Los
vecinos conocen a los vendedores pero nadie se anima a señalarlos, “porque
tenemos miedo”. Esa cuadra se mantiene a oscuras. “A mí me preocupa
porque yo tengo hijos jovencitos”, señala Rodríguez. Hace dos años tras
descubrir que niños de la escuela de la zona estaban consumiendo drogas, la
líder comunitaria fue la impulsora de una investigación que permitió detener a
una mujer que vendía los estupefacientes a las puertas del establecimiento
escolar. Rodríguez nunca fue amenazada, “pero me miran mal”.
174
La situación del 26 de marzo es parecida a la de otros barrios, como el
Solidaridad, Santa Cecilia, Finca Independencia. Sin embargo, Rodríguez afirma que
en su barrio nunca hubo contención, aunque si, recuerda, reciben visitas de políticos
“pero ese día de elección nada más”, cuando vez tras vez, le prometen que se
ocuparán del tema. Y en la Secretaría de la Niñez y la Familia le dijeron que no
daban abasto para atender todas las zonas, a pesar de lo cual, indicaron que
planificarán la manera de comenzar a trabajar con este barrio.
El 26 de marzo tiene siete manzanas, en él residen 160 familias. Rodríguez
calcula que hay más de 200 chicos (y quizás se queda corta, porque gran parte de
las madres son multiparas), “creo que un buen porcentaje de esa cantidad son
chicos que tienen problemas” y “deberían tener apoyo externo si los padres no los
contienen” opina. “Nosotros estamos en un agujero negro, porque no hay nada, no
viene nadie”, se desanima y recuerda que “los políticos saben (de esto) porque
todos vienen, San Millán, Godoy, Urtubey”.
Las fuentes de la tragedia
Semanario Cuarto Poder: “Los que no pueden más”. Tuvimos acceso en
forma exclusiva a un informe oficial sobre suicidios. Durante 2004 en Salta se
quitaron la vida 117 personas. En lo que va del año (noviembre de 2005) los
números ascienden a 109 casos, de los cuales 13 eran menores. Las respuestas
del estado aún no llegan. La periodista Natalia Herrera afirma
El problema ya superó los límites de la preocupación en los gabinetes
ministeriales; llegó el turno de la ocupación, y a tal efecto se generó otro
problema: ¿cómo tratarlo?. La respuesta inmediata es la instrumentación de
una línea de ayuda o contención al suicida en la que participan el hospital
San Bernardo y diversas ONG. Estas últimas serán las encargadas de
proveer los profesionales psicólogos encargados de la asistencia.
El problema es a todas luces desbordante, y preocupa a toda la sociedad, por
ello el Colegio de Psicólogos de Salta, entidad dejada de lado en el proyecto
de la línea, realizará su aporte mediante un documento que verá la luz la
próxima semana y en el cual intentan dar una respuesta al porqué y que
quizá debería haber precedido a los cómos.
La zona sur de la ciudad, durante las últimas semanas se convirtió en algo así
como el centro de la tormenta en cuanto a casos detectados de suicidios, por
ello la Licenciada Ester Rueda Nasser, fue designada a este sector por el
Coordinador General de los Centros de Salud y Gestión Hospitalaria, el
Doctor Marinaro Rodó, para poner en marcha un programa de contención
para las familias, teniendo en consideración las realidades socioeconómicas y
educacionales que generalmente presentan los grupos de riesgo. El
programa, que por ahora es una prueba piloto, pretende captar a los jóvenes
con problemas de violencia, a las madres adolescentes y tratar temas como
las drogas y el HIV.
Luego la publicación presenta datos para el análisis: “del total de suicidas el
82% son de sexo masculino, el 16% son menores de 18 años, el 72% eligió para
eliminarse el ahorcamiento, el 15% se disparó con arma de fuego, el 6% se
envenenó, el 3% se arrojó al vacío”.
175
Es notable cómo los datos son dispares según la publicación, lo que evidencia
la dificultad real de encontrar información confiable en los estamentos
gubernamentales.
El 20 de noviembre de 2005, el Nuevo Diario titulaba: “Hasta agosto se
registraron cerca de 280 suicidios de jóvenes de entre 14 y 24 años”. Según el
periódico la nota estaba sustentada en estadísticas policiales:
Las cifras están creciendo y de acuerdo a las depresiones que sufren los
jóvenes desencantados con sus vidas, pueden aumentar mucho más. La
cultura facilita el pensamiento autodesvalorizante y pesimista. Técnicamente
ya se observa una epidemia de este llamado “trastorno del ánimo”. La falta de
una política de salud mental para el problema es reflejo de que el Programa
de Salud Mental de la Provincia, que mantuvo el actual gobierno en sus
primeros mandatos, hoy está reducido a su mínima expresión.
En septiembre de 2005, FM Noticias daba a conocer una entrevista
esclarecedora:
Carmen Palomo, del Plan Provincial contra las Adicciones de Drogas y
Alcohol dijo que según un informe elaborado por esa dependencia, el 73% de
los estudiantes encuestados que concurren al polimodal consumió alguna vez
alcohol, mientras que los que toman habitualmente se sitúa entre el 34 y 35
%, cifra bastante elevada, teniendo en cuenta que se trata de chicos entre 13
y 18 años (...) La edad de inicio de la ingesta de bebidas alcohólicas se redujo
a los nueve años, cuando tiempo atrás se registraba a los once (...) Estos
datos están relacionados con que ahora los chicos mezclan más las bebidas
alcohólicas con gaseosas y jugos, y su sabor dulce y agradable colabora
para que los más chicos comiencen a consumir (...) La mayoría de los
consultados tienen una familia bien constituída, dato que llamó la atención ya
que “nos imaginábamos un sector de población marginal y excluído, pero en
la realidad no es tan cierto” (...) Si bien los chicos tienen un grupo familiar, las
funciones no se están cumpliendo como corresponde, fundamentalmente en
los padres, por diversos factores, entre ellos el socioeconómico, el factor
emocional y la violencia familiar.
Además, Palomo, sumó a esta situación:
“Una desvalorización y baja estima de los propios padres”, que posiblemente
no son reconocidos laboralmente en su lugar de trabajo por su condición de
humilde y paralelamente los lleva a tener un comportamiento poco saludable
con los hijos, motivo por el cual, el chico muchas veces prefiere estar en la
calle consumiendo pegamento y no en su casa.
Mientras los chicos inician su ingesta de bebidas alcohólicas a los 9 años, los
consumidores de inhalantes lo hacen a los 7 y 8 años de edad, según los
datos que revela la encuesta (...) Esta situación es más grave por el deterioro
neurológico que produce el pegamento, droga que en estos momentos está
haciendo estragos, ya que se observa una relación directa entre la inhalación
de pegamentos y casos de suicidios.
En septiembre de 2006, el diario virtual Salta Libre daba cifras catastróficas:
176
Una jueza de menores afirma que hay unos 400 intentos de suicidios de
adultos y adolescentes por mes (serían unos 4.800 en el año).
Un informe del programa de Riesgos Sociales, especifica que en el último año
se registró un total de 176 casos de intoxicaciones con sustancias
psicoactivas, combinadas entre intentos de suicidios e intoxicaciones por
sustancias. De todos ellos, 110 casos correspondieron a tentativas de
suicidios. De las personas asistidas, 90 fueron menores de 21 años, y el
promedio se ubica en 16 años.
En el ámbito de la justicia, los datos que maneja la jueza de Familia y
Minoridad, Silvia Bustos Rallé y que hace público en sus conferencias sobre los
“Derechos del Niño y los Riesgos de los Adolescentes”, indican que en toda la
Provincia de Salta se concretan 120 suicidios por mes, con un alto porcentaje entre
niños de 8 a 10 años.
También primeros en el horror
En mayo de 2006, se lee en Nuevo Diario:
La encargada del Programa de Riesgo Social de la Provincia, Cristina Lobos,
afirmó que la Ciudad de Salta es el distrito con mayor número de suicidios en
el país, situación por la que instó a reforzar los trabajos conjuntos entre
distintas entidades contra las adicciones para salvaguardar esta problemática.
Ante ello,sugirió el inicio de medidas de prevención y promoción,
paralelamente a las de control.
La funcionaria estableció sus consideraciones en la reunión plenaria que se
concretó ayer a la mañana en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante
para conocer en detalle los antecedentes y los casos de suicidios e ingesta
de alcohol que registra el hospital San Bernardo. El gerente de Recursos
Humanos de este Hospital, Juan José Esteban, aseguró que la principal
causa de los ingresos de menores a ese centro asistencial se debe a la
pérdida de la identidad de la familia, dado que hay un desarraigo de los
padres para con sus hijos. Sostuvo además que el 70% de los casos de
suicidios acaecidos durante el año 2005 en el municipio, corresponden a
adolescentes.
De ese total de suicidios, se conoció que el 67% de los adolescentes tenían
antecedentes adictivos.
Tres años antes, el funcionario advertía en FM Noticias “Según las
estadísticas, en los últimos años ingresaron al nosocomio con mayor frecuencia,
personas heridas o accidentadas como producto de la ingesta de alcohol”, para
agregar “Diariamente internan por emergencia, entre 30 y 50 pacientes, de los
cuales el 45% tienen como patrón común el alcoholismo, mientras que las consultas
ambulatorias promedian en un 20%”. Ante esta situación a la que calificó de
“preocupante”, exhortó a las autoridades de la Dirección de Control Comunal,
eficientizar el trabajo para restringir la venta de bebidas alcohólicas y disminuir el
consumo.
En cuanto a las adicciones, el funcionario del hospital, informó que al
nosocomio llegan los adolescentes que consumen cualquier tipo de droga, como
177
Poxiram, cocaína, marihuana, fármacos e inyecciones de anestésicos de última
generación, entre otras.
El Doctor Esteban no entendió que no debía suministrar información a la
prensa, incluso había, por esos días, una orden expresa del Ministerio de Salud
Pública en ese sentido y ésta es una de las razones por las que el gobierno lo
eyectó de su cargo.
Todos estos datos y estadísticas fragmentadas, publicadas en distintos
medios y en tiempos diferentes no logran concientizar a la población del drama que
se cierne sobre ella.
En diciembre de 2006, el diario El Tribuno procuraba explicar de manera
burda, una ola de suicidios de jóvenes, 28 en total, durante ese año en la Ciudad de
Orán.
Bajo el título “Alarma y temor por los cultos satánicos que practican los
jóvenes” se daba a conocer una supuesta investigación con frases como ésta:
La gente tiene miedo de hablar de este tema en forma pública, aunque ya
está instalado en las mesas familiares y de café desde hace casi un mes. Los
vecinos creen que si hacen olas sobre esta cuestión, los devotos del Príncipe
de las Tinieblas podrían tomar represalias.
De sus relatos –con identidad reservada a pedido-, se desprende que el
cementerio municipal –en mayor medida que el privado- recibe visitas
prácticamente todo el día.
No vale la pena explayarse más en semejante nota. El diario de Romero
intenta cambiar la verdad de lo que ocurre. Son los “ritos satánicos” el motivo de los
suicidios en lugar de una creciente marginalidad, la pobreza extrema, la falta de
expectativas, los abusos policiales permanentes en la ciudad de Orán y el consumo
de las drogas más berretas que uno pueda imaginar.
Romero sabe que ha llevado a la provincia a una desintegración social sin
precedentes. Su diario El Tribuno nunca dio a conocer información relacionada con
esta situación, salvo para distorsionarla y, como ya se ha visto en otras ocasiones,
cree que ninguneando nadie sabrá lo que ocurre. Su negligencia e insensibilidad son
de características criminales.
Dios y la Patria se lo demanden.
178
CAPÍTULO VI
179
Estado policial
La resignación es un suicidio cotidiano.
Honorato de Balzac
Podría definirse al Gobierno de Romero y a él mismo como la bestialidad en
su estado más puro.
La policía de la provincia, modificada a imagen y semejanza de sujetos
tenebrosos como Sergio Nazario y el “Gallego” Perelló, ambos con legajos en el
informe de la CONADEP, se convirtió en una maquinaria brutal, dispuesta a
cometer cualquier atropello en contra de la dignidad humana.
Si Júcaro pudiera elegir, habría sido un dictador. Ha logrado que en Salta
funcione un remedo de república. Según su propia definición, los piqueteros son
delincuentes -como si él mismo no hubiera tenido una gran responsabilidad en la
aparición de este fenómeno social.
En una reunión de gobernadores en la Pampa, según la información
suministrada a FM Noticias por el periodista Martín Sivak, pidió mayor represión
para este sector de pobres y desocupados, casualmente o no, al poco tiempo
asesinaron a Kosteki y Santillán. En realidad, quería que el mayor rigor se
extendiera al resto del país, porque en Salta ya había instaurado un régimen de
terror que escribió algunos de los capítulos más negros de los feudos provinciales.
Esto no pudo suceder sin la complicidad de abogados disfrazados de jueces que,
por temor a perder sus ingresos, convencidos de que el poder se resume en el
poder ejecutivo o, mejor dicho, en el gobernador, criminalizaron la protesta,
inclinaron la balanza siempre a favor del más fuerte y llenaron las cárceles de
marginales e indigentes.
El criminólogo Elías Neuman, en ocasión de visitar la cárcel de Villa las
Rosas, preguntó sin eufemismos “¿aquí los blanquitos no delinquen?”.
Muchos policías honestos que se atrevieron a denunciar a sus colegas
corruptos fueron eyectados de la fuerza. Nunca durante estos casi 11 años de
gobierno he visto un Secretario de Seguridad o un Jefe de Policía que hablara con
seriedad y transparencia en lo que a su área se refiere. Todos, sin excepción,
fueron funcionales a los deseos del “monarco”, destacándose especialmente:
Nazario, por su brutalidad; Nallar por su incompetencia y Ferraris por su grotesca
impunidad.
La consigna es ahogar cualquier atisbo de protesta. Nunca dudaron en atacar,
con ferocidad inusitada, a desocupados, gremialistas, estudiantes, docentes y se
ensañaron particularmente con las comunidades aborígenes que reclamaban por
sus derechos y por las tierras que les pertenecen ancestralmente. En este caso,
fueron avasallados y también asesinados no sólo por la policía de la provincia, sino
también por matones alquilados por dueños de fincas y por El Ingenio San Martín
del Tabacal, otrora propiedad de los Patrón Costas y ahora en manos de la
norteamericana Seabord Corporation. Sólo no se animaron cuando, a partir de la
180
debacle de diciembre de 2001, las manifestaciones reunían en algunos casos a
más de 7000 personas de todos los estratos sociales.
Garantizaron la impunidad de los métodos más aberrantes, convirtiendo a la
tortura, el apremio ilegal y toda clase de abusos en un lugar común.
Desparramando miedo
En el programa especial “Ocho Años de Corrupción en el Feudo de Romero”
parte uno, el periodista Maximiliano Rodríguez analiza la actuación del represor
contratado por Romero. Afirma que la corrupción que llevó a la venta las empresas
del Estado, el enriquecimiento ilícito del entorno del gobernador y de él mismo y el
desguace de los bienes provinciales, necesitaba una figura que asegurara el
silencio de los que investigan, la represión del reclamo social y el amedrentamiento
a cualquier referente del ámbito que fuere para perpetuar la impunidad. Nazario
aparece en la lista de 1341 represores publicada por la CONADEP, también figura
en los archivos de Madres de Plaza de Mayo.
La primera de las violentas acciones que lleva adelante el represor, se da el 1
de mayo de l996, cuando un grupo numeroso de personas que Romero había
dejado sin trabajo48, intenta manifestarse frente a la Legislatura. Para muchos
resultó una novedad ver la organización cuasi fascista que había convertido a la
policía de la provincia en una máquina brutal que no sólo golpeaba
indiscriminadamente, sino también perseguía a los ciudadanos sorprendidos que
intentaban refugiarse en cualquier lugar.
En julio de 1997, se reprime a una comunidad aborígen de la Finca San
Andrés que reclamaba tierras, otorgadas por un decreto de 1986 sancionado
durante la Administración de Roberto Romero. Cuatro miembros de esa comunidad
son procesados lo que da inicio a la crimininalización de la protesta social. En
agosto de ese año el sucesor de Nazario en la Secretaría de Seguridad, Ricardo
Faiad, admite a la prensa que el comandante Estévez sigue en el Gobierno como
asesor del Gobernador. Rodríguez explica que son tantos los casos de abusos, de
represión y de brutalidad policial que es imposible registrarlos a todos, por lo que ha
hecho un resumen que muestra que no se trata de algunas patotas aisladas
uniformadas, sino que nos encontramos ante una siniestra “Política de Estado”.
En ese mismo mes de agosto de 1997, Sergio Campos y Jorge Maldonado
aparecen extrañamente suicidados en dependencias policiales. En octubre del
mismo año el marido de Mirta Torres, una militante de derechos humanos, es
agredido por policías en la puerta de su casa. Cuando la mujer lo defiende, los
efectivos aducen haberlo confundido con un ladrón.
En agosto de l998, el periodismo detecta la compra de equipos sofisticados
para escuchas telefónicas y para optimizar el espionaje que el Gobierno impulsa
contra políticos de la oposición, gremialistas y periodistas, por valor de u$s 180.000
en la Ciudad de Miami.
En febrero de l999, reprimen en la Plaza central de Cafayate, durante la fiesta
de la famosa “Serenata”.
48
Es importante recordar que,a pesar de lo prometido durante la campaña, el Gobernador Juan
Carlos Romero dejó sin trabajo a cinco mil personas.
181
En julio del mismo año se desata en Pichanal una agresión policíaca
descontrolada en contra de una población que se manifestaba repudiando los
múltiples casos de corrupción que involucraban al Intendente Abraham Rallé. El
periodista Agustín Gomez Augier transmitía en directo para FM Noticias sin poder
creer lo que veía. Durante horas, la patota uniformada perseguía a los ciudadanos.
Ya cerca de la medianoche se metían, sin orden judicial, en las viviendas de los
manifestantes sacándolos a la rastra y aterrorizando a las mujeres y niños que allí
se encontraban.
Se denunciaron torturas: en pleno invierno obligaban a los detenidos a
desnudarse y luego les arrojaban baldazos de agua fría. Otros eran orinados por
los policías y todos exhibían golpes cuyas marcas físicas y psíquicas tardarían
mucho en curarse.
Cronología siniestra
Como se dijo, desde el mismo inicio del Gobierno de Juan Romero, se
produjo un avasallamiento de los derechos ciudadanos por el accionar de las
fuerzas policiales entrenadas para reprimir desaforadamente. Muchas veces no
podían ser controladas por sus mismos jefes. Es así que, en distintas ocasiones
produjeron hechos que regresaron a sus mandantes con un efecto boomerang.
En octubre de 1997, comienza la oposición política a manifestarse con más
fuerza, convencidos ya, de que no se trataba de hechos aislados sino de una
insólita política de estado que se había diseñado contando con el asesoramiento de
delincuentes de la dictadura. En la Agencia DDN recogimos la opinión de uno de
los referentes más confiables de la UCR de aquellos momentos, el diputado José
María Farizano, en referencia a la represión policial ejercida sobre cinco
manifestantes, “excedentes”, frente a la plaza 9 de Julio. El legislador indignado
manifestó:
No se puede creer la violencia con que actuaron los efectivos policiales, se
ensañaron con cinco personas, entre las que había un discapacitado y dos
mujeres. A la dirigente Nora Tapia le pegaron un palazo en la vagina. Fueron
efectivos de las seccionales primera y quinta, y la represión fue ordenada por
el Juez Sergio Miranda. Voy a realizar una sentada en la plaza hasta que los
funcionarios me expliquen esta violencia inusitada.
En 1998, el abogado David Leiva, referente del Frente Grande en Orán es
objeto de un atentado. Balean el frente de su casa y tiempo después decide cerrar
una radio que tenía en esa localidad ante las presiones políticas. La agresión nunca
fue esclarecida.
Aguaray
Mientras ya se habían realizado distintas denuncias por apremios y abusos,
principalmente en la brigada de investigaciones de la ciudad de Salta, el maltrato y
la violencia se extendían por toda la geografía provincial en las distintas comisarías.
182
Deteriorados los índices sociales y, a la vez, generalizada la corrupción en los
municipios gobernados por el PJ -situación prevista por los asesores de Juan
Romero-, comienza la gente a manifestarse con mayor violencia. En noviembre de
1998 DDN publica:
Once manifestantes fueron detenidos; el gremialista José Miguel Gallegos
debió ser trasladado al nosocomio local con contusiones, y siete efectivos
policiales resultaron heridos, como consecuencia de los graves incidentes
ocurridos ayer en Aguaray.
Pasada la medianoche, manifestantes lanzaron bombas “molotov” que
originaron varios principios de incendios en el interior del edificio municipal,
quemándose parcialmente la cocina. Como consecuencia de ello, fueron
reprimidos por la fuerza policial por orden del Juez de Instrucción de Tartagal
Nelso Aramayo, por atentar contra un edificio público.
Muchas de estas situaciones no trascendieron en la prensa nacional porque
se controlaron más o menos rápidamente, pero fueron convenciendo a los
salteños que la paz iba a ser algo inalcanzable mientras perdurara una
administración de estas características. El estallido en Aguaray motivó una de
las frases célebres y poco tranquilizadoras del gobernador: “Si queman la
municipalidad, quémenla con el gato adentro”.
Pichanal
El periodista Agustín Gomez Augier, único referente de prensa de Salta
capital, registró una de las jornadas más violentas del interior de la provincia para
FM Noticias y nuestra Agencia de Noticias:
Por segunda jornada consecutiva se registraron serios incidentes en la
localidad norteña de Pichanal, entre manifestantes y fuerzas de seguridad
provinciales. La columna, que reunía aproximadamente 200 personas, se
congregó a las 21:20 en la esquina de la municipalidad siniestrada antenoche
(Se sospecha que allegados al propio intendente Rallé la habrían incendiado),
bajo la estricta vigilancia policial que, al momento de iniciarse la caminata,
impidió la circulación de los manifestantes. Fue entonces cuando comenzaron
los forcejeos, golpes de puño e insultos.
Los que seguían la transmisión de FM Noticias esa noche, pudieron oir los
gritos de la gente, los disparos de balas de goma y el siseo de las granadas de
gases lacrimógenos.
El cronista sigue con su relato:
Los manifestantes, entre ellos mujeres y adolescentes, que no portaban arma
alguna, inmediatamente se hicieron de piedras y cascotes que fueron
lanzados a discreción, en tanto los uniformados intentaban reagruparse. Para
ese momento el número de gente que enfrentaba a la fuerza policial se había
incrementado notablemente. El saldo de la refriega dejó numerosos heridos y
contusos, en tanto otros manifestantes fueron detenidos. No se pudo
constatar el número de estos últimos ante la negativa policial de brindar
información.
183
El miércoles 2 de junio habían comenzado los incidentes y, ante el cariz de la
situación, se dispuso un importante operativo policial que contó con efectivos de
Embarcación, Orán, Tartagal y Salta Capital. Además de gendarmes y grupos de
infantería. Estos datos fueron dados a conocer por FM Independencia de Pichanal,
FM Noticias y nuestra Agencia. Los propios vecinos aseguraron no conocer a la
mayoría de los efectivos destacados anoche. Por su parte el periodista local
Marcelo Nuñez confirmó haber identificado a numerosos uniformados de
localidades aledañas, que conoce por su labor en la zona. Este periodista, no
obstante ser muy conocido en el lugar, fue detenido por “averiguación de
antecedentes” y compartió una celda junto a otras 17 personas. Resultaba curiosa
la insistencia de los uniformados en tratar de convencer a los periodistas de que se
fueran a Orán, porque supuestamente allí tendrían más información. Pero no
lograron su propósito. Referentes de la prensa local, el corresponsal de TN, Marco
Díaz Muñoz y el enviado de FM Noticias y la Agencia informativa DDN barruntaron
que si algo iba a suceder, ocurriría en Pichanal.
El objetivo de la marcha de anoche era dirigirse hacia la iglesia de la ciudad,
a tres cuadras del punto original de confluencia, en repudio al posible fraude
electoral cometido el 9 de mayo pasado, que posibilitó la reelección del
intendente Abraham Rallé. La absurda, innecesaria y premeditada reacción
policial originó los gravísimos incidentes. Es más grave aún esta decisión,
porque dos noches atrás, en el primer conflicto, la policía persiguió a los
reclamantes. Se metió en las casas de la gente sin orden judicial y arremetió
contra todo lo que se le puso al frente, sin importar niños mujeres y ancianos.
Es obvio que la orden de reprimir se había librado mucho antes, nadie intentó
mediar, la autoridad policial y el Juez de Orán, Carlos Fuentes Mayorga, que
intervino en el conflicto se negaron a dialogar con la prensa.
El día después
El periodista de FM Independencia de Pichanal, “Yoyi” Vaca, en diálogo con
nuestra agencia esta mañana, informó que, como saldo de la refriega, 6
personas resultaron heridas y otras 6 fueron detenidas por la policía.
Numerosos lesionados -informaba Vaca- se hicieron atender por un médico
particular, puesto que de concurrir al hospital, corren el riesgo de ser
detenidos. Por otra parte, el cronista aseveró que aún permanecen detenidas
alrededor de 20 personas que se encuentran en dependencias de Orán e
Hipólito Yrigoyen, señaladas como los autores de la quema
de la
municipalidad.
Durante la represión policial en Pichanal se escucharon numerosos disparos
que, de acuerdo a la información oficial, fueron de balas de goma. Pero los
manifestantes denunciaron ante la prensa que hubo tiros con proyectiles de
plomo y mostraron casas de madera (mayoría en ese barrio), con orificios
irrefutables. La joven Leonor Barja, por ejemplo, informó que su madre
encontró un proyectil de plomo y manifestó su indignación, “porque en mi
barrio, vive gente humilde, y no subversivos, como fuimos catalogados por el
gobierno provincial” para subrayar a continuación “Nosotros estábamos
parados y la policía vino a atropellarnos. Simplemente no somos libres de
transitar por las calles de Pichanal”.
184
Frases falsas y verdaderas
Tal como hemos visto en distintos segmentos de este trabajo, Romero contó
con la obsecuencia y la falta de honestidad de casi todos sus funcionarios,
dispuestos a mentir descaradamente para justificar cualquier accionar
gubernamental. A pesar de ello muchos de estos genuflexos fueron oportunamente
separados de sus cargos, pero siempre tuvieron la esperanza de figurar en la
nómina estatal aunque sea como ñoquis.
Le propongo al lector que adivine cuáles de las frases que transcribiremos a
continuación fueron falsas y cuáles no.
9 Referente de la oposición en Pichanal, Julio Jalil: “La única cadena de mando
que existe en esta localidad comienza en el intendente Germán Rallé quien le
da órdenes al juez Fuentes Mayorga, y éste a su vez le ordena al jefe de la
unidad regional de policía, Manuel Guantay”.
9 Jefe de la policía provincial, comisario general Víctor Gomez García: “La
policía de Pichanal obedeció el mandato judicial en cuanto a las detenciones
y el no permitir la realización de la marcha del jueves por la noche”. Con
respecto al dudoso origen del incendio que afectó a la municipalidad afirmó:
“En la investigación se están manejando diferentes hipótesis”.
9 Vecina de Pichanal: “Cuando ellos entraron a la medianoche, yo tuve miedo y
me quedé parada. Me preguntaron quiénes eran los jóvenes que estaban
adentro y les dije que eran mis hijos, pero no les importó y se los llevaron. No
respetaron nada y anduvieron como dueños por toda mi casa”.
9 Jefe de policía Gómez García: “La policía tiene la facultad de penetrar en un
hogar persiguiendo a una persona cuando se cometió un flagrante delito”,
aunque evitó asegurar que ese haya sido el caso en la ciudad.
9 Secretario de Gobierno Enrique Berzero (el apellido es correcto): “La situación
que se plantea contra las fuerzas de seguridad en Pichanal, es una mentira
de la oposición”.
9 Párroco de Pichanal, Carmelo Iriezca: “La población local fue terriblemente
reprimida y atacada con agresiones de todas formas, eran los pobres que
esperaban que alguien los escuche, y que no tuvieron otro lugar donde
refugiarse que en el predio de la parroquia”.
9 Periodista “Yoyi” Vaca: “Hay gente que fue detenida en plena vía pública, con
el vehículo funcionando, como por ejemplo el de una madre soltera con tres
hijos, apresada cuando iba a hacer las compras, y otras personas que fueron
detenidas en sus hogares a la madrugada”.
9 Ministro de Gobierno Edmundo Pieve a FM Noticias: “No me consta, ahora
tengo que volver a una reunión”.
9 Juan Carlos Barrionuevo, internado en el hospital San Bernardo de Salta
Capital con contusiones y una grave lesión en el bazo: “Todos más o menos
saben que fui detenido cuando se iba a dar inicio la marcha. Duró cuestiones
de segundos y en ese instante me llevaron detenido, me pusieron la campera
en la cabeza y una vez ingresando a la policía recibí un golpe en el estómago
y una patada. Me cortaron el cordón de la campera para después tirarnos no
sé en que parte de la comisaría donde me golpearon en la zona hepática y en
los costados, en las costillas.
185
9 Lo más grave de todo esto, ha sido tener que soportar la tortura de que te
bajen los pantalones, no sé si vale decirlo porque me da vergüenza, pero me
bajaron los pantalones y me escupieron la cola. Luego aparte de eso,
cortaban pomelo y nos exprimían en la cabeza. Ha sido una golpiza desde las
nueve y media de la noche hasta las doce y media, hasta que nos sacaron.
Yo lo único que le pido a Dios, es que esto no quede impune”.
9 Mujer que fue detenida durante la manifestación: “Así la trataban a la gente,
los sacudían como querían. Cuando me detuvieron a mí, un policía quería que
me acueste con él, pero yo le dije que no. De eso me salvé porque el
comisario les dijo que me soltaran y me dejaron en el fondo”.
9 Ministro Edmundo Pieve: “En la medida en que tengamos algo fehaciente,
una denuncia como corresponde, nosotros vamos a actuar”.
9 Diputado radical José María Farizano: “Ningún policía puede hacer los
allanamientos en horas nocturnas, eso sólo se hacía en la época de la
dictadura. Si se va a hacer un allanamiento y no está el juez, por lo menos
hay que tener una orden escrita”.
9 Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Nadie será
sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
9 Gobernador Juan Romero al cuestionado intendente Abraham Rallé: “No
respondas a las provocaciones, todo se irá diluyendo de a poco”.
El Diputado radical José María Farizano solicitó las grabaciones a FM
Noticias, pero el oficialismo no permitió que se escucharan en el recinto.
En la Presidencia de la Cámara de Diputados se realizó una representación
teatral a la que concurrieron el Ministro de Gobierno Edmundo Pieve, el Secretario
de Seguridad, Juan Mario Ossorio y el Jefe de la Policía Provincial, Víctor Gómez
García. Insólitamente todos negaron los hechos y recitaron el mismo cassete básico:
“No hay ninguna denuncia formal”, lo que, por supuesto, era mentira.
El diputado del PJ por Orán (rara avis), Oscar Hugo del Soto, quien fue
detenido durante los incidentes, destacó el caso del ciudadano Ramón Fernández,
el que declaró haber sido trasladado por el sub-comisario Sergio Cruz a un lugar
donde le hicieron firmar una denuncia sin saber leer ni escribir. Este legislador
denunció amenazas de la policía cuando declaró que, el 1° de mayo, algunas
personas, posiblemente personal municipal, ingresaron vehículos al canchón
municipal, en el que trasladaban combustible en grandes cantidades.
Queda claro que con Instituciones quebradas y funcionarios superfuncionales
cada vez está mas lejos la república y también la democracia.
La llamarada se extiende en todo el Norte
Los datos de la desintegración social provocan y justifican cualquier revuelta.
Pero suma mucho a la indignación, la corrupción de los funcionarios y la actitud
genuflexa de los jueces siempre dispuestos a sancionar al que reclama, mientras
hace la vista gorda con los responsables del saqueo que llevó a la provincia al borde
del abismo.
En diciembre de 1999, nuestro colega Miguel Brizuela escribe en el
semanario Cuarto Poder:
186
El gobierno de Juan Romero quiere desesperadamente zafar de sus
responsabilidades en el caos social y la crisis institucional que se vive en el
Norte, señalando que se trata de un problema de carácter municipal y
nacional. Claro, los empleados fueron echados por el intendente, y la
desocupación es culpa del retiro de los planes nacionales Trabajar. Pero
Tartagal, Embarcación, Mosconi, Cornejo, Aguaray, ¿ no quedan en la
Provincia de Salta?. ¿No era el Norte parte de este gran despegue provincial,
de este paraíso del empleo y de la producción que vende incesantemente
como imagen de pujanza el gobierno romeriano en un grotesco derroche de
recursos a través de la propaganda y los fondos teledirigidos a las arcas de
los medios y a los bolsillos de los periodistas adictos?.
Tal vez el Norte ya no sea Salta, quizá pasó a pertenecer a Jujuy o a Bolivia o
es un país perdido entre el humo de las gomas quemadas y el caos.
Días Dramáticos
Lunes 13: Unas 2000 personas cortan la ruta 34. Tras una jornada cargada
de tensión se enfrentan trabajadores y policías con palos, piedras, balas de
goma y gases lacrimógenos. Hay heridos en ambos bandos. Los
manifestantes toman de rehén al comisario Gaspar y lo mantienen arriba de
un tanque de combustible. La policía detiene a Fermín Hoyos. Ningún
funcionario del Gobierno Provincial se hace presente.
Martes 14: Continúa el corte de la ruta 34 en Tartagal. A ello se suma otro
corte en Guemes, donde la desocupación asciende al 60%. Unas 10.000
personas piden la renuncia del intendente Tartagalense Tito Angel. El Ministro
de Gobierno, Gilberto Oviedo declara: “ya hemos completado todas las
propuestas que nos habían presentado. El gobernador no negociará con este
tipo de violencia”. Cuando la policía libera a Fermín Hoyos, los piqueteros
dejan en libertad al comisario Armando Gaspar. “El conflicto es estrictamente
municipal”, dice Ossorio, e informa que hay policías heridos tras los
enfrentamientos. ATE y APSADES repudian la represión policial.
Miércoles 15: En medio de una tensa calma en la ruta 34, Gendarmería
esperaba una orden del juez Miguel Medina para intervenir. “No vamos a
enfrentarnos pobres contra pobres” declara el gremialista Vicente Marti. Los
piqueteros piden la continuidad del Plan Trabajar, la reincorporación de los
162 trabajadores municipales cesanteados y el pase a planta permanente de
los empleados con más de 3 años de antigüedad. Se oponen a la
privatización de la salud y de la educación. Tito Angel (el intendente) declara
que la ciudad de Tartagal está tranquila, que el conflicto es político, que cada
vez hay más puntos en el petitorio que son aberrantes y promete que si los
manifestantes deponen su actitud los cesanteados serán reincorporados. El
lapso de 24 horas dado por el Juez Federal Miguel Medina para el desalojo
de los piqueteros venció hacia el mediodía. El comandante mayor de
Gendarmería, Nicolás Tejada intimó a los manifestantes que depongan su
actitud. La ruta a la altura de Güemes no registra cortes, como ocurriera el día
anterior, debido a que se anunció que los empleados municipales cobrarán
antes de navidad parte de los sueldos adeudados.
Jueves 16: La tensión llega a un punto máximo y el Gobierno Provincial sigue
sin aportar propuestas. “El Gobierno se olvidó que somos salteños”, dice el
dirigente gremial Vicente Marti. Los piqueteros se arman con bombas molotov
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y se prepara el hospital de Tartagal ante un posible enfrentamiento. La
periodista Paola Berchán informa desde el lugar del conflicto que “la gente no
tiene miedo y está conciente de lo que quiere”. Se pide una vez más que
Angel renuncie. Los piqueteros buscan obtener respuestas a nivel nacional
porque ya no creen ni en el Gobierno Provincial ni en el Municipal. La
periodista Lizzi Quintar informa que ya llegó a Tartagal la orden de represión
impartida por el juez Medina. El Gobierno Provincial-que sigue sin atender a
la crisis- envía un helicóptero para evacuar al intendente Oscar Angel y a su
familia. Comienza a notarse el desabastecimiento en Tartagal. Fermín Hoyos
declara que los piqueteros están dispuestos a morir por una causa justa. El
periodista Martín Grande transmite en directo desde el lugar de los hechos
por su radio Despertar, y advierte que la situación es muy peligrosa. Los
manifestantes colocaron bombas molotov debajo de camiones tanques con
combustible. Amenazan con hacerlos estallar si son atacados. Se envía al
norte el helicóptero sanitario de la dirección civil presto para trasladar heridos.
Viernes 17: La situación en Corrientes, donde la represión de Gendarmería
para despejar el corte del tránsito a la altura sobre el río Paraná dejó un saldo
de dos muertos y 50 heridos es vivida en forma dramática en Tartagal, donde
los cortes continúan. Una asamblea decide seguir con las medidas de fuerza
sobre la ruta 34. Desocupados de Embarcación se suman a la protesta y se
recibe apoyo desde Aguaray. En su edición de la fecha El Tribuno da por
superado el conflicto con la reincorporación de los 162 trabajadores
municipales cesanteados. Pero el intendente Tito Angel desmiente la especie
difundida por ese medio de desinformación y aclara que el municipio
reincorporó solamente a 30 empleados mayores de edad, enfermos crónicos
y discapacitados. Los cortes en la ruta 34 se mantienen. El intendente de
Tartagal explica su propuesta: “consiste en ir reincorporando gradualmente a
los trabajadores para tener tiempo de ver como se pagan los sueldos. Esta es
la realidad del Municipio. Para qué queremos ser empleados públicos si
después no vamos a cobrar".Y advirtió: “La Municipalidad no puede ser
esclava de 400 o 500 personas toda la vida”. La dirigente del Partido Obrero
Cristina Foffani consideró que la falsa información suministrada por el diario
El Tribuno tuvo la intención de dividir al grupo de manifestantes. En una
reunión del Gabinete Provincial Walter Wayar se muestra al borde de un
ataque de histeria. Sumamente preocupado, Juan Carlos Romero ordena que
se busquen fondos para hacer frente a la crisis. Pero otra versión asegura
que la solución llegaría a través de un proyecto de ley presentado por la
Alianza en la Legislatura Provincial y el aporte de fondos nacionales. En la
madrugada del sábado se vivieron momentos de tensión en los cortes de la
ruta 34, ante una información que advirtió que el ataque de Gendarmería era
inminente. Los gendarmes son más de quinientos, pero los piqueteros suman
unos mil, con otros centenares desplegados en los montes adyacentes.
Tienen armas, palos y picos y bombas molotov y están dispuestos a hacer
estallar camiones tanques cargados con combustible. Una versión indica que
colocaron detonadores usados para el trabajo de prospección petrolera sobre
la ruta, a la que podrían destruir en varios tramos para luego atrincherarse y
evitar el avance de los gendarmes.
Tartagal es un infierno y sobre el Norte Provincial se abate el caos, el
desempleo y la recesión.
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De alguna manera, el periodista Miguel Brizuela se anticipa en un año y
medio al desastre que vendría al continuar el vacío de gobierno producido por el
romerismo. En esta ocasión se trató burdamente que el costo político lo pagara el
Gobierno Nacional. En las revueltas y puebladas posteriores quedó en evidencia la
incompetencia política unida a una estrategia de Juan Romero que se prolongó
hasta el año 2003, cuando en las elecciones presidenciales decidió huir con su
compañero Menem. Ésa fue la constante de Júcaro: no estar durante un conflicto
pero previamente convenir una represión feroz.
Tartagal y Mosconi, mayo de 2000
Siempre hay conflictos en lugares donde se impone abrumadoramente la
marginación y la pobreza. Pero Romero tiene la información necesaria para saber
cuándo puede darse un estallido incontrolable. Así, en los primeros días de mayo,
huye a Israel con su Secretario Personal Angel Torres para ocuparse de sus
negocios públicos y privados. Apuesta al desgaste que produce el tiempo: “no
respondas a las provocaciones, todo se irá diluyendo de a poco”.
Distintas son las razones por las que se manifiestan tartagalenses y
mosconenses, pero convergen en un punto intermedio de la Ruta 34. Nuestro
enviado a la zona, Maximiliano Rodríguez, hace hincapié en la desesperada
situación social del Departamento San Martín, razón básica para que una pueblada
de 20.000 personas se haya enfrentado con efectivos de gendarmería y policía de la
Provincia. Ante la ausencia de Romero, quedó a cargo del Ejecutivo, el vice
gobernador Walter Wayar, con muy poco margen de maniobra y con funcionarios,
como Gilberto Oviedo, que con bravuconadas expresadas detrás de su escritorio,
echa más leña al fuego. La intervención del Gobierno de De La Rúa tampoco ayudó
a descomprimir la situación de caos. Se conformó un Comité de Crisis que actuó con
demasiadas dudas y no atendió los reclamos de los ciudadadanos.
Algunos camioneros colaboraron con los desocupados pensando en una
solución del corte para continuar viaje. Esto nos relata el periodista Maximiliano
Rodríguez:
En el apuro de los choferes debe buscarse el ejecutivo accionar de ex
hombre de Miguel Angel Toma, Luis Uriondo, quien funcionó como disparador
a la hora de apresurar la intervención de las fuerzas de seguridad para
mandarlas contra los tijeras-viales. En ese momento, el ánimo de los
manifestantes era propicio para negociar una ganga social, ya que los
reclamos de éstos hubieran sido satisfechos con sólo dos puntos (contra los
31 que se incluyeron en el documento definitivo). En ese momento, los
piquetes estaban divididos en dos subsedes. En el extremo sur se agrupaba
la gente de Mosconi, estaban separados por 800 metros dentro de los que
estaban “amarrados” ocho involuntarios camiones, dos de los cuales
terminaron incendiados. Los de Tartagal, en el extremo norte, tenían una
composición social diferente, aunque negociaban con sus compañeros del sur
la marcha de la protesta con el correr de las horas.
El gran desbande se armó a las cinco de la mañana del viernes, cuando la
orden de represión pasó de los cuadros decisionales a los operativos. La
fuerza de choque de gendarmería, formada por 1000 efectivos y apuntalada
por 700 policías denominados “los turistas de Balut” (ya que habían sido
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trasladados por colectivos de esa empresa), empezó su labor al mejor estilo
de bandolero mejicano, en medio de una fenomenal humareda generada por
los gases lacrimógenos, en el momento en que se había producido un
relajamiento generalizado en la guardia de los manifestantes.
Los estruendos para semejante despertar lograron que camioneros y
“activistas anarquistas”-según la lisérgica lectura del gobernador, desde el
Hilton de Tel Aviv- pujaran por encontrar la vía de escape. Con rapidez
totalmente desprovista de hidalguía, fueron los obreros del volante los
primeros en iniciar la retirada obstaculizados por el desmadre de los
sanmartinenses. Este hecho más los garrotes enarbolados determinaron que
en la huída, los piqueteros pasaran las antorchas por encima de los
acoplados, hundiendo la escena en un pandemonium que concluyó con el
incendio y el vuelco de dos camiones (al no poder maniobrar con los
acoplados desenganchados) y el éxodo popular en direcciones divergentes.
Ampliamente superados en número por las fuerzas de seguridad, los 800
manifestantes tomaron los montes y la ciudad de Mosconi como refugio en
una cruenta persecuta que duró cerca de una hora. A partir de ahí, fue el
turno para los pasajeros de los colectivos mencionados, hombres de azul que
desencadenaron una especie de “Noche de los cuchillos largos” versión 2000,
irrumpiendo sin esquelas de invitación en casas, hospitales, escuelas, letrinas
y chiqueros, tratando de cazar a los evadidos de la ruta.
Dos horas les llevó a los muchachos de Gómez García y el comandante
Estévez (Nazario) montar esta infructuosa pesquisa, que sólo sirvió para
volcar la voluntad de los indecisos a favor de los protestones.
Acostumbrados a recibir bien a los extraños, aunque no de este modo, los
“modales” policiales fueron los encargados de encender la señal de alarma
entre los pobladores de Mosconi, quienes espontáneamente resolvieron
hacer una procesión, que sirvió para camuflar a los perseguidos. Este halo
misterioso que envolvía a los que marchaban por la ciudad convenció a los de
azul que introducir más elementos disuasivos les resultaría en contrario de
sus intenciones. El retiro de los policías es lo que permitió a los pobladores
tomar conciencia del poder que da la libertad de reunión, calentando los
ánimos con los relatos de la reprimenda (de la ruta), hasta que un relámpago
en medio del cielo nublado sirvió para que todo explotara.
El primer blanco de semejante estallido de los sentidos (y también social),
estuvo dirigido hacia la Municipalidad de General Enrique Mosconi, a cargo
de quien es sindicado por la SIDE como el organizador de los piquetes –
Miguel García- y en una simbólica muestra de resistencia y desafío al poder
provincial. Al tronar el escarmiento, el turno fue de Rentas Municipal, el
Registro Civil y el Banco Macro, donde se mostró la mayor saña de los
manifestantes, ya que pese al pedido “carnero, carnero, dame dinero” el
cajero de la entidad- tal cual su costumbre, cuando se trata de empleados o
ex empleados públicos- seguía sin soltar un peso para los piqueteros.
Incluso, algunos de los más exultantes organizaron un pequeño festín con
una apreciable cantidad de granadas sin estallar, “cedidas” por los policías,
luego de la apresurada orden (dictada más bien por el libre albedrío que por
superiores) de retirada.
Para esos momentos, las radios tartagalenses reventaban los diales,
informando que una pueblada (juntada desde primera hora de la mañana,
mediante la señal de las bombas de estruendo) salía con dirección a la ruta
nacional, ante la dispersión de los gendarmes, fuertemente auxiliada por el
avance de más de 20.000 personas que no tenían el mejor de los ánimos de
debate, por cierto. Pronto, las columnas se encontraron en un extenso punto
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que podría circunscribirse –haciendo un paneo aéreo- a ocho kilómetros,
superpoblados por una creciente cantidad de nuevos manifestantes.
El amistoso choque de las dos columnas, con abrazos incluídos, conformó un
temible frente de batalla para los guardianes del orden: la Gendarmería. El
carácter para nada festivo convenció al milicaje federal, parapetados en el
acceso sur a Mosconi, que era hora de la pirotecnia. Eso hicieron por un par
de horas, en medio de gritos de mando en distintos tonos de voz, hasta
transformarse en una súplica –al último- tendiente a ahorrar la mayor cantidad
de proyectiles.
La respuesta de los manifestantes tampoco se hizo esperar y, en medio de
gritos tales como “con el norte no se jode (mostrando los genitales) esto tenés
que tener milico puto, para defender Las Malvinas”. El paisaje adoptó una
imagen cuasi londinense, con gigantescas nubes de gases lacrimógenos
pinchadas por las pedradas y los tiros. Ni la lluvia de los camiones hidrantes
logró amedrentar a los sanmartinenses, quienes contrarrestaron este
disuasivo con el encendido de un camión cisterna... El silencio que siguió a
este cese de hostilidades es más producto de la actividad de la Iglesia
Católica que de los funcionarios delegados a la pacificación del norte
provincial.
No están solos
Con este título el semanario Cuarto Poder da a conocer su visión de las
adhesiones a los manifestantes de Mosconi:
El departamento Capital no estuvo ajeno al conflicto, por lo menos el viernes
último. Durante la mañana se produjo un corte en el tránsito normal de la
ciudad debido a un grupo de 40 personas apostadas en media calle, cuyo fin
era convocar a una manifestación para solidarizarse con la pueblada de
Mosconi. La convocatoria fue para un corte a la altura de la Universidad
Nacional de Salta a partir de las 14 para llegar a una concentración masiva a
las 19 en la Plazoleta 4 Siglos. Los primeros en llegar fueron 50 transeúntes
que primero se acercaron por curiosidad y se quedaron al enterarse del
motivo de la reunión. Se llegaron hasta la Catedral Basílica para pedir hablar
con Monseñor Cargnello, pero éste se encontraría en Buenos Aires
intercediendo por el Norte ante el Gobierno Nacional.
La intención de la gente era sacar las imágenes del Señor y la Virgen del
Milagro, pero las autoridades eclesiásticas interinas no estarían capacitadas
para autorizar tal hecho. A no ser que éste sea un pedido masivo de la gente.
Ya a las 20 horas la cantidad de gente ascendía a las 1.500 personas entre
los gremios de CTA, APSADES, ATE, Telefónicos, Camioneros, MTA,
Docentes Autoconvocados, ADIUNSA, representantes del Partido Humanista
y Socialista, estudiantes, un representante de Rosario de la Frontera y
ciudadanos en general. El pedido a la Iglesia fue escuchado por el padre
Abraham, quien dio posibilidades para que las Sagradas Imágenes estén en
la calle el sábado o en su defecto el lunes.
El otro petitorio era para el cese de actividades comerciales. La negativa a tal
fin es bastante comprensible, teniendo en cuenta la situación apremiante que
vive nuestra comunidad y que es el único medio de vida de los comerciantes.
Los que sí adhirieron al levantamiento del Norte fueron 130 reclusos del
Penal de Villa Las Rosas, que en la tarde del mismo viernes se amotinaron en
el Pabellón “C”, tomaron 5 rehenes y quemaron colchones. Con un saldo de 3
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heridos: un guardiacárcel y dos presos, hasta el cierre de nuestra edición.
Según lo que ellos mismos expresaron de esa manera se solidarizaron con
Mosconi y a su vez reclamaron por la lentitud con que se estudian sus
causas.
Otro de los acontecimientos que se volcó a favor del norte argentino, fue el
corte de la ruta nacional N° 3 en la Matanza (Buenos Aires) y la manifestación
en la Casa de Salta de esa provincia. Hay que destacar además la adhesión
que se vio en la Provincia de Misiones. Todas y cada una de las personas de
este País mostraron a su modo su repudio a la actuación de los efectivos de
gendarmería contra los manifestantes que cortaban la ruta nacional N° 34 en
el norte argentino.
Comité de crisis
Tanto el Gobierno de De La Rúa como el de Romero subestimaron, desde el
principio, el clamor en el norte y, desde una mirada oblicua, conformaron un Grupo
de dudosa inteligencia y, manifiestamente, de segunda línea para tratar de dar
respuestas a la gente. El Vice Gobernador Wayar intentaba bajar un mensaje
político, a la vez que cargaba el costo social a la inoperancia del Gobierno Nacional.
El “enviado” de la Nación, Luis Uriondo, ex diputado nacional justicialista y ex asesor
del menemista Miguel Angel Toma, ocupaba una segunda línea en la Secretaría de
Seguridad del Ministerio del Interior y nada se supo en cuanto a alguna propuesta
que pudiera haber imaginado. El Ministro salteño, Gilberto Oviedo, continuaba
vociferando desde su cómodo sillón oficial, mientras un pueblo entero se enfrentaba
a fuerzas de seguridad que fueron desbordadas. El corrompido funcionario se daba
el lujo de cortar el diálogo con los referentes del norte sin ver, ni por un instante, que
sus agresiones verbales y las mentiras que venía desparramando desde el conflicto
de 1997, acercaban cada vez más el fósforo a la mecha. Los dirigentes piqueteros
exigieron que no se judicializara la protesta. La respuesta de Gilberto fue “que se
vayan a su casa”. Hasta la modalidad un tanto lánguida de De La Rúa advirtió que la
situación podría complicarse enormemente y empezó a pensar en enviar gente de
otra categoría a la Provincia.
Romero, en tanto, escondido en Israel con Angel Torres, seguía los
acontecimientos por Internet. La prensa nacional ya había enviado sus
representantes al lugar y hasta la cadena norteamericana CNN informaba de los
incidentes.
Detenidos y lesionados
En diálogo con FM Noticias, el Juez Federal Miguel Medina, quien tenía la
causa por el corte de la ruta nacional, dijo que eran 45 los detenidos, pero subrayó
una confusión porque 27 de ellos fueron trasladados equivocadamente por el Juez
de Instrucción Nelso Aramayo.
En medio de las negociaciones fueron liberados el viernes a la noche. Pero
esto se concretó recién el sábado, porque estas personas no tenían un centavo para
volver a su lugar de origen. Cuarto Poder publica:
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Por su parte, el Juzgado Tartagalense omitió un detalle muy importante y
tiene que ver con la revisación médica de los imputados por parte de la
Policía local. El trámite fue hecho efectivo por el Juzgado Federal, que se
encargó de convocar al médico legal de turno de la Policía. Los imputados
fueron revisados uno a uno. Ninguna de esas personas admitió haber
participado en ningún episodio que vaya más allá de haber estado en la ruta,
en el peor de los casos. El informe médico sería emitido el lunes próximo a
primera hora. Cabe destacar que las versiones de algunos de los imputados,
que hablaron de haber sido golpeados y lesionados durante el procedimiento,
se verían totalmente respaldadas por los mismos informes, de acuerdo a lo
anticipado por el facultativo al magistrado.
Uno de los imputados en esta causa resultó ser empleado de Refinor y
aparentemente, habría sido confundido por la Policía como uno de los
manifestantes. Este individuo resultó ser uno de los más lesionados por las
fuerzas de seguridad, motivo por el cual inició una demanda, recibida el
mismo día por el Fiscal Federal de turno, quien ya habría dado la orden de
comenzar una investigación al respecto.
Unidos por el espanto
El gesto del obispo de Orán, Jorge Lugones y del arzobispo de Salta, Mario
Cargnello, de abandonar la Conferencia Episcopal para hablar con Fernando
de la Rúa comenzó a trazar un horizonte de solución a partir del llamado a la
pacificación que hicieron los prelados y la inmediata presencia en la zona de
conflicto, de sacerdotes que de hecho provocaron una tregua al interponerse
entre manifestantes y represores.
La solución vino luego de 12 horas de una ardua negociación en las
dependencias de la empresa Tec-Petrol, en la que participaron funcionarios
nacionales, provinciales y representantes de los piqueteros. Representaban al
Gobierno Nacional Horacio Viqueiras y Walter Ceballos, secretarios de
Empleo y de Provincias, respectivamente. En tanto por el Gobierno Provincial
se hicieron presentes el Ministro de la Producción, Guillermo Jakúlica y la
Secretaria General de la Gobernación, Sonia Margarita Escudero.
Encabezaron las negociaciones por parte de los piqueteros, Juan Domingo
Javier, por Tartagal y José Fernández por Mosconi.
Las tratativas se extendieron desde la medianoche del viernes, hasta el
mediodía del sábado. Hubo momentos de gran tensión, otros de avance y
también retrocesos. Hacia la mañana del sábado los puntos principales ya
estaban acordados. Pero la firme exigencia de los manifestantes respecto a la
supresión total de los tickets canasta y la intervención a los municipios del
Departamento, demoraron el acuerdo final. Este llegó cuando los piqueteros
resignaron la exigencia sobre los tickets y los funcionarios del Gobierno
Provincial aceptaron la consideración inmediata de la intervención a los
municipios de Tartagal, Mosconi y Aguaray. La firma del Acta Compromiso se
concretó minutos después del mediodía.
El embuste
La mayoría de los puntos del acuerdo nunca se cumplieron. El Gobierno
Provincial siguió sin atender las claras señales que indicaban que el norte salteño
era un polvorín que volvería a estallar de manera más cruenta todavía. La
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funcionaria todoterreno Sonia Escudero intentó maniobras realmente burdas, al
tratar de enfrentar a indígenas con criollos, pero se cansó de mentirles a unos y a
otros. Hoy le es imposible visitar esa zona ante el repudio generalizado.
La sucesión ininterrumpida de intendentes corruptos en Tartagal, Mosconi y
otras ciudades del Departamento, interesados sólo en sus negocios particulares y
amparados por el gobierno de Romero, desalentaba cualquier intención de diálogo
que pudiera recomponer la relación de los ciudadanos con la clase política.
Cada vez se hacía más necesario para el Gobierno Provincial acentuar sus
posibilidades de supervivencia apoyándose en un estado policial que se situaba muy
por encima de la Ley y que, sólo esporádicamente, podía ocupar el banquillo de los
acusados. En Salta, nunca, durante la administración que arrancó en 1995 rigió el
estado de derecho. Por el contrario, el abuso, la arbitrariedad y el desprecio por las
instituciones se volvieron un lugar común.
Testimonios
Mientras los miembros del área de seguridad recitaban el mismo discurso sin
avergonzarse, La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, ante
la presión de la opinión pública, se vio obligada a escuchar testimonios de los
ciudadanos que habían sufrido toda clase de vejaciones. Hay que aclarar que dicha
Comisión era presidida por la Diputada Silvia Romero, hermana del Gobernador y
que no tuvo ningún efecto correctivo sobre los efectivos que habían cometido toda
clase de abusos en contra de la población. El semanario Cuarto Poder publicó estos
relatos extraídos de la versión taquigráfica de la Legislatura:
Sra. Primitiva Ruiz
Primitiva Ruiz: Nos dijeron que todo trabajador, tenía que ir a la ruta, para que
no nos dejen sin trabajo. “A estos indios hay que matarlos”, estos indios son
unos indios del Norte, asesinos, drogadictos.
Diputada Silvia Romero.- Disculpe, eso ¿quién les decía?.
Sra. Ruiz.- La Policía, y los pisoteaban y les pegaban con unas gomas, los
tenían boca abajo con la cabeza dentro de una bolsa de nylon, los asfixiaban,
cuando querían se las sacaban para que tomen aire y se las volvían a poner,
¡les han hecho cosas hasta llegar a Salta! Entonces me dicen “mire señora,
enseguida sale la Trafic hacia Salta, si usted gusta ir, vamos”. Salíamos a las
cinco de la tarde; nos fuimos, no podíamos pasar porque había muchas
autoridades, había cortes de camioneros en tres partes. Así que no podíamos
pasar, eran semejantes camiones, con equipos inmensos que estaban
atravesados que no dejaban pasar a nadie y eso dice que estaba desde el
primer día de corte, desde que se inició estaban todos esos camioneros con
corte también.
Diputada Silvia Romero: Y usted ¿qué cree que pasó?
Sra. Ruiz- Que la Policía los llevó, en la manera que ellos han ido, como ha
sucedido el accidente, para mí es la autoridad. Dicen que él tenía bien
vendada la cabeza, que se le veían únicamente los ojos, inclusive dicen que
lo vieron que estaba esposado y con dos custodias.
Sr. Ramón Orlando Domínguez
Sr. Ramón Orlando Domínguez: Ellos han gritado que abran fuego porque la
gente quiso avanzar. Entonces abrieron fuego, de ahí yo sentí un golpe nada
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más, y pude disparar hasta avenida Casiano Casas y ahí entré en la casa de
la señora Quinteros. De ahí los policías a caballo querían entrar a sacarme y
le decían un montón de malas palabras a la señora para que me entregue.
Rompieron un portón y entraron, de ahí lo sacaron al muchacho Gallardo, de
adentro de la casa y le pegaron. De ahí yo estuve hasta el domingo y recién
me llevaron al hospital, porque la gente que la llevaban al hospital le pegaban
y se la llevaban a Salta; eso fue hasta el día sábado. Yo pasaba para el
trabajo, cruzaba, sentí el reventón y, bueno, traté de disparar.
Diputado Santiago Godoy- ¿Qué tiene en la pierna?
Sr. Domínguez- Tengo dos plomos, uno que hizo carnaza con una arteria y
un tendón, que eso no lo pueden sacar y el otro que estaba infectado, lo han
limpiado y dice que va a quedar ahí nomás.
Sr. Juan Carlos Contreras Cares
Juan Carlos Contreras Cares: Vivo en la misión Wichi. Yo he sido golpeado y
me quebraron dentro de mi casa, o sea me rompieron la puerta, las chapas,
me dejaron a medio techo, no puedo trabajar, tengo cuatro hijos y no tengo
qué comer. Fuimos brutalmente golpeados hasta Las Lajitas, hasta ahí me
acuerdo. Entraron en las casas y tiraron gases lacrimógenos cuando había
chicos dentro. La policía andaba persiguiendo a la gente que estaba en el
corte, pero no éramos nosotros los que estábamos ahí.
Diputada Silvia Varg.- ¿Ha puesto la denuncia señor en algún lugar?
Sr Contreras Cares.- No, acá no se puede hacer nada.
Diputada Silvia Varg.- Acá donde ¿en Mosconi?
Sr Contreras Cares.- Acá ni en ningún lado, porque todo era porque sí
nomás.
Diputado Santiago Godoy.- ¿Qué color de uniforme tenían?.
Sr. Contreras Cares.- Azul con manchitas blancas, de esos que están
preparados para todas las cosas. Cuando nos agarraban lo primero que
hacían era pegarnos y taparnos la cabeza y así nos llevaban, nos subían a
esos carros y nos pegaban. Íbamos agachados al Juzgado Federal a Salta.
Sr. Abraham
Diputada Silvia Varg.- ¿Usted estaba en su casa?
Sr. Abraham.- No, estaba en el corte, estaba en la ruta. Como a las seis y
algo fue esa represión, cuando llegaron los policías y nosotros empezamos a
disparar. Después vino uno que lo agarró a un amigo mío, a quien le pegaron,
me pegaron a mí en la pierna, después me solté, disparé y al mirar para atrás
me pegaron en los ojos con los gases lacrimógenos, era un humo negro, esos
gases que tiran y explotan.
Diputada Silvia Romero.- ¿Lo detuvieron?.
Sr Abraham.- No, porque logré disparar y por eso no me agarraron.
Diputada Mónica Torfe.- Pero estaba herido.
Sr. Abraham.- Sí, tenía el ojo herido.
Diputada Mónica Torfe.- ¿Cómo hizo para disparar?.
Sr. Abraham.- Y, bueno, tuve que disparar, porque sino me iban a agarrar.
Sra. Ramona Garay
Sra. Ramona Garay: Ellos entraron a mi casa en el aserradero, me rompieron
todas las puertas, la única televisión que tenía, un radiograbador, me
rompieron un montón de cosas, yo tenía un roperito, no digo que era muy
nuevo, pero era el roperito que yo tengo para poner la ropa de mis hijos.
Diputada Silvia Varg.- ¿Usted estaba con los dos chicos?
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Sra Garay.- Con los dos. Uno de ellos se me prendía de adelante y el otro al
costado, y ahí –con el perdón de la palabra- ustedes no saben las cosas que
me decían, “salí hija de puta... para afuera salí”, y empezaron a hurgar las
camas, a sacarme todo. También la han descaderado a una perrita que yo
tenía, porque ella trataba de cuidarme y la pateaban.
Diputada Silvia Romero.- ¿Por qué fue esa reacción?, ¿usted estaba dentro
del grupo de los piqueteros?.
Sra. Garay.- No, yo estaba dentro de mi casa, pero como ellos empezaban a
entrar para el pueblo andaban casa por casa, y como yo vivo cerca de la ruta,
y la gente iba y venía, tal vez pensaron que yo estaba entre ellos, pero nada
que ver, yo soy una pobre mujer que sale a trabajar para conseguir el pan
para mis hijos. Y encima ahora no puedo casi trabajar. Yo me apegaba a mis
hijos que me gritaban "mamita te van a matar”, ellos (los policías) pasaron
para la otra piecita y empezaron a hurgar, a sacar toda la ropa que tenía en el
ropero, diciendo que mi marido o alguien estaba allí escondido. Pero no
estaba nadie porque a mi marido ya se lo habían llevado el día antes, porque
él estuvo en el lugar. Yo soy ama de casa pero salgo a rebuscarme la vida
para poder tener qué darle de comer a mis hijos, sino qué hago, porque
nunca hemos podido conseguir un trabajo, y encima que ahora nos hagan
eso, sin tener un por qué.
Sr. Claudio Jaime
Sr. Claudio Jaime.- Me golpearon, me patearon, tengo marcas, se me
subieron a las pantorrillas, hasta que llegó el móvil para llevarme y parece
que se acercaba la cana, porque decían “no le peguen, no le peguen, que
viene la cana”, entonces ahí me subieron despacito; después me pegaron
cuando llegamos a Cornejo. De ahí me llevaron a la policía de Cornejo y me
bajaron ahí y comenzaron a pegarme. Estuvimos ahí desde que me
detuvieron hasta que llegó el colectivo y me llevaron a Salta.
Durante el viaje nos llevaban agachados más o menos hasta la mitad del
viaje, atados, con las manos atrás, a algunos los golpeaban cuando pasaban
al fondo.
Diputada Silvia Varg.-¿Usted le daba razones, les decía algo?
Sr. Jaime.- Ellos me decían que grite “viva la policía”. La billetera me la
sacaron antes de subir a la camioneta.
Diputada Silvia Romero.-¿No sabe quién fue?
Sr. Jaime.- No sé quién, yo la tenía en el bolsillo de atrás.
Diputada Silvia Romero.- ¿ Tenía plata?
Sr. Jaime.- Tenía veintidos pesos y después tenía todas las tarjetas,
direcciones.
Diputada Silvia Varg.- ¿No pudo recuperar nada de eso?
Sr. Jaime.- Nada. Me faltaban los cordones de las zapatillas, el reloj, la
cadenita, una pulsera.
Diputada Silvia Romero.- ¿Todo eso tampoco se lo devolvieron?
Sr. Jaime.- No me devolvieron nada. Cuando estábamos en Salta llegaron
algunas bolsas, pero a mí no me devolvieron nada.
Sr. Juan David Acosta
Sr. Juan David Acosta: A mí me agarraron ese día de la represión que
empezó a las 5 y 20, más o menos, a las 9 y media de la mañana, atrás de la
empresa me agarraron a mí y a otro compañero.
Diputada Silvia Varg. -¿De qué empresa?
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Sr. Acosta. – De la Tec-Petrol. Incluso me ataron de la mano con una piola,
me pegaron en la cabeza, en el cuerpo y estuve dos semanas en una cama,
porque realmente no podía moverme.
Diputada Silvia Romero.-¿Estuvo detenido?
Sr. Acosta. – Sí, me llevaron a Salta. Incluso pasando por una cancha de la
Misión uno de los policías de la provincia me apuntó con un arma en la
cabeza y me dijo que me agachara porque me iban a hacer boleta. Entonces
me agaché y con la culata de un rifle me pegaron en el cuerpo. Llegamos a
Cornejo, de ahí nos llevaron a Embarcación, ahí nos volvieron a atar las
manos, nos llevaron con las manos atadas atrás y con la cabeza gacha en el
colectivo por la ruta 5, donde prácticamente todo el camino nos iban
golpeando, aparte de eso los policías iban tomando. Cuando llegamos a un
pueblo que creo que es Saravia cargaron combustible tanto al colectivo y
también para ellos, luego pasamos como 10 km. del pueblo y nos querían
obligar a bajar, y yo le decía a mi compañeron que no nos bajemos, porque
como iban tomando, ellos decían “los bajemos acá y los hagamos...”.
Diputada Silvia Romero.- ¿Y bajaron o no?
Sr. Acosta. – No, no bajamos ninguno, pero ellos nos querían obligar a que
bajemos a orinar...
Diputada Mónica Torfe.- ¿Cuántos eran ustedes?
Sr. Acosta. –En total, en el colectivo éramos como 36, incluso iban mujeres
también con nosotros; nos agarraron como a las nueve y media de la mañana
y llegamos a la una de la madrugada del otro día...
Diputada Mónica Torfe.-¿Recibían comida?
Sr. Acosta. –No, incluso ni agua, había una policía femenina que subió dos
botellas de agua y nos invitaba a cada uno de nosotros, ella nos daba en la
boca, pero los mismos policías se las quitaron y las tiraron, y le decían “que
tenés que darle agua a estos negros de...”, entonces yo me enojé y le dije
“pero tenemos sed” y vino un policía y me pegó, no sé si habrá sido con la
culata, pero me pegó y me dijo “agachate vos”.
Sr. Miguel Angel Gallardo
Sr. Miguel Angel Gallardo: Yo estaba en la farmacia y luego me volví para ir a
mi casa.
Diputada Silvia Romero.- En la farmacia ¿qué hacía? ¿Usted trabaja ahí?
Sr. Gallardo.- No, estaba en la farmacia y salía para ir a mi casa, y cuando vi
que venían los milicos a caballo me entré en una de las casas, aquí en el
centro.
Diputada Silvia Romero.- ¿Era Gendarmería?
Sr. Gallardo.- No, la policía de la Provincia, venían a caballo y se entraban a
las casas. Yo entré a una y estaba en el fondo, hasta ahí entraron los policías
y me sacaron, y empezaron a “garrotearme” ahí nomás.
Diputada Silvia Romero.- ¿Pero por qué entraron a las casas si los piquetes
estaban en la ruta?
Sr. Gallardo.- Claro, los piquetes estaban en la ruta, pero acá en el pueblo
empezaron a atacar tirando los gases lacrimógenos, y como les decía yo
estaba en el fondo de una casa, de la familia Quinteros, que la señora
también puso la denuncia porque ellos entraron a la propiedad de prepo, y de
ahí me sacaron y me pegaron con un garrote en la nariz y en la cabeza (el
señor evidencia las marcas que le quedaron), me partieron la cabeza.
Me alzaron y me tiraron en una camioneta, me pegaban pero uno de los
policías decía “basta, no le pegués más porque están filmando”, luego me
llevaron a la policía y decían “ah, éste es el que tiraba piedras, este hijo de
p...”, y un montón de cosas más.
197
Diputada Silvia Romero.- ¿Y usted tiró alguna piedra?
Sr. Gallardo.- No señora, a mí me golpearon, me “putearon” y cuando bajé el
Comisario me dio una patada.
Diputada Silvia Romero.- ¿Usted podría reconocer a alguien de los que le
pegaron?
Sr. Gallardo.- No, de los que me pegaron no, pero al Comisario de aquí sí, y
hay dos policías que los conozco.
Diputada Silvia Romero.- ¿El Comisario también le pegó?
Sr. Gallardo.- Sí.
Diputada Silvia Romero.- ¿El Comisario estaba con los que lo golpearon a
usted?
Sr. Gallardo. Claro, cuando me llevaron a la Policía y me bajaron, ahí llegó el
Comisario y me dio piñas y patadas. Yo sólo me metí dentro del calabozo,
porque entre todos me querían agarrar, y ya estaba todo con sangre. Sé que
era el Comisario por lo que escuchaba, estaban un montón de changos, todos
apilados, y les pegaban. A todos los tenían contra la pared y les agarraban
de los cabellos y les pegaban. Ellos decían que yo tenía drogas, “a este
muchacho lo agarramos con droga” decían, y en el colectivo me marginaban,
me llevaban boca abajo y como tenía las costillas no sé si fracturadas y me
pisaron las manos, y encima el colectivo era viejo y saltaba ¡yo venía loco de
dolor!
Diputada Mónica Torfe.- ¿Ellos mismos lo llevaron hasta el hospital?
Sr. Gallardo.- Sí, porque decían “este chango está mal, hay que dejarlo aquí”.
Diputada Silvia Romero.- ¿Estuvo dentro de los piqueteros en algún
momento?
Sr. Gallardo.- Fui detenido en el centro. Estuve internado en Embarcación y
de ahí me echaron culpa de que tenía droga.
Diputada Silvia Varg.- ¿Quién le dijo eso?
Sr. Gallardo.- Los policías que iban en el colectivo, decían “a este hay que
bajarlo”, me quisieron bajar dos o tres veces en la oscuridad.
Diputado Santiago Godoy.- Ése es un viejo sistema, lo utilizan hace más de
50 años.
Sr. Gallardo.- Me decían “aquí está la ambulancia, bajate, te vamos a hacer
curar”, porque yo estaba bañado en sangre, tenía las manos atadas.
Diputada Mónica Torfe.- Claro, no podía ni limpiarse.
Sr. Gallardo.- Me querían bajar, me decían “andá a orinar” y yo le decía que
no tenía ganas, tenía miedo, qué me iba a bajar.
Sr. Andrés Gustavo Cruz
Sr. Andrés Gustavo Cruz: Yo estaba al costado, estaba limpio, no me quise
meter ni a levantar las gomas, ni nada, y después que subieron las gomas
vino un grupo de más o menos 20 policías que estaban armados, nos
preguntaron si estábamos en el camión y yo no dudé y le dije que sí porque
no tenía por qué ocultar. Entonces me dijo “Bueno, me va a acompañar hasta
la Comisaría”. No tuve drama, quedaba como a 10 metros y llegamos a la
Comisaría, nos revisaron, nos hicieron la requisa, por supuesto no nos
encontraron nada, o sea, armas de fuego, armas blanca, y nos dijeron que
esperemos, que iban a hacer la averiguación de antecedentes. Después vino
una orden, porque vinieron y nos esposaron y entonces yo pregunté por qué
nos esposaban y me dijeron “No, los llevamos a Embarcación para hacer
averiguación de antecedentes”, y yo les digo “Pero por qué no nos hacen
averiguación de antecedentes aquí en Mosconi”. Dicen “No se puede pasar
por la ruta”. Nos fuimos a Embarcación y ahí le pregunté por qué nos hacían
trasbordo, por qué nos hacían eso.
198
Nos cargaron esposados, nos metieron a todos atrás de la camioneta, nos
taparon con unas bolsas de nylon negro, o algo así, como si fuéramos
animales nos taparon a todos, íbamos un poco asfixiados porque,
imagínense, era una camioneta, todo cerrado.
Diputada Silvia Romero.- ¿En qué camioneta era?
Sr. Cruz.- Camioneta de la policía. De ahí nos hicieron transbordo a otra
camioneta, con otros policías, nos volvieron a esposar y según ellos no
sabían nada, sólo cumplían órdenes.
Cuando llegamos a Salta nos pidieron todos los datos, según lo que pude ver
me hicieron firmar algo donde me ponían todas las causas, me pintaron dos o
tres veces los dedos, yo no quería hacerlo pero ellos me dijeron que si no lo
hacía no iba a salir, y yo quería salir lo antes posible.
Sr. Flavio Andrés Vieyra
Sr. Flavio Andrés Vieyra: A mí me sacaron del trabajo. El sector de mi trabajo
está en la planta de envasado, donde están los tanques grandes que están al
lado de la ruta. Justo había ingresado en el momento que empezó el desalojo
de la ruta. Me han pegado, tengo una fractura en la rodilla y tres costillas
quebradas también. Estuve internado tres días.
Entré al sector de mi trabajo cuando la gente había roto el predio del
alambrado, los manifestantes ingresaron a la planta de Refinor y pienso que
la Infantería me confundió con manifestantes. Sin preguntarme nada me
pegaron tal paliza que en ese mismo momento me desmayé (muestra marcas
de las lesiones ocasionadas). Caí al suelo, perdí el conocimiento porque me
dieron tantas patadas y cuando me desperté ya estaba arriba de una
camioneta, tirado boca abajo y habían dos o tres muchachos más encima
mío, después los pusieron al costado y me siguieron pateando hasta más no
poder, hasta el cansancio, hasta se me había cortado la respiración y no
podía ni gritar, porque si gritaba me iba a seguir desmayando, cada rato.
Cuando me desperté había un policía que estaba parado orinándome en la
cabeza, eran dos policías.
Diputada Silvia Romero.- ¿Usted reconoce a alguno?
Sr. Vieyra.- Señora, yo ¿cómo podría reconocer de la paliza que me dieron?
Sra. Elva Aida Contreras
Sra. Elva Aida Contreras: Cuando íbamos entrando, venía el carro de la
Policía y los chicos entraron a correr por el patio, y ahí vino la Policía, más o
menos en un número de veinte, entraron por detrás de nosotras; cuando
nosotras estábamos entrando, una maestra gritaba “no vengan acá que no
hay nadie”, pero entraron por uno de los patios laterales, de una patada
abrieron una de las puertas, pasaron al baño de los varones y a patadas
rompieron las puertas, luego se dirigieron al baño de las niñas e hicieron
pedazo todo, y eso que la maestra les pedía que no rompan, porque yo
estaba muda y la maestra les imploraba que no rompan y nos decían
“cállense gran p... de m...”.
Diputada Silvia Romero.- ¿Ésa era la Policía?
Sra. Contreras.- La Policía.
Diputada Silvia Romero.- ¿Y usted los identificó a alguno de ellos?
Sra. Contreras.- No, eran todos esos de la Infantería.
Después, a un chico que lo agarraron en el patio lo golpearon brutalmente,
era un chico que había sido alumno nuestro; yo tengo 30 años de docencia.
Después lo llevaron a los golpes, lo agarraron y entre todos lo “machucaban”
con los bastones de goma. El chico sangraba por la nariz, por el oído.
199
Diputado Santiago Godoy.- ¿Usted no hizo la denuncia a la Policía, a alguna
autoridad?
Sra. Contreras.- ¿Cómo voy a denunciar a la Policía, a los mismos policías?
¿Quiere que le diga algo? No creo en nadie, ésa es la verdad.
Sr. Pérez
Diputada Silvia Romero.- Desde el corralón de García le disparan a usted,
¿quién le dispara?
Sr. Pérez.- El propietario del corralón, que es el hermano del que era
Intendente de Mosconi. Y aquí tengo los estudios médicos que comprueban
que he sido herido de bala y operado de urgencia.
Diputada Silvia Varg.- ¿Ha puesto la denuncia señor?
Sr. Pérez.- Sí, ésta es la denuncia (muestra copia de la denuncia realizada).
Pero sabe qué pasa, al poner la denuncia no nos querían tomar la denuncia
en Mosconi.
Diputada Silvia Varg.- ¿Quién no le quería tomar la denuncia?
Sr. Pérez.- La policía, ni tampoco el oficial, incluso cuando fue a dar a
conocer lo que le había sucedido...
Diputada Silvia Romero.- Pero ¿qué día fue el que lo hirieron?
Sr. Pérez.- El día del disturbio, el día viernes a las 7 de la mañana.
Diputada Silvia Varg.- Ahora, él tuvo la mala suerte de estar justo al frente del
corralón de García en el momento que se lo querían quemar al corralón,
porque querían quemarle el corralón a García, y él no tenía nada que ver.
Sr. Pérez.- Claro, yo nada que ver.
Sra. Sonia Lucía Lagos
Sra. Sonia Lucía Lagos: Yo me fui a trabajar y cuando llego en un remis había
un montón de personas en la Municipalidad, yo llegué, abrí la puerta y vino un
policía y me dijo que no podía prestar servicio, que tenía que retirarme porque
estaba en un momento de represión.
Diputada Silvia Varg.- ¿Eso le dijo el policía, que estaban reprimiendo?
Sra. Lagos.- Eso me dijo el policía, yo estaba con mi nena, entonces cerré la
puerta; cuando me iba a mi domicilio cruzaba desde la Municipalidad hasta la
plaza y sonó la sirena de bomberos, cuando quise subir me metieron una bala
de goma en la rodilla, me empezó a sangrar, me di vuelta y no le dije nada
bonito. Entonces en esos momentos corrí a refugiarme en la iglesia, llegué a
la puerta y había mucha gente rezando.
Ni siquiera respetaron la iglesia y tiraron adentro gases lacrimógenos,
nosotros le decíamos que por favor no hagan eso porque habían criaturitas,
pero volvieron a tirar otra de esas bombas y con la bronca que yo tenía
agarré una de esas que había caído y se las devolví y empezaron a correr. Y
bueno, de ahí nos quedamos encerrados porque no podíamos salir, porque
fuera de la iglesia, en la puerta, estaban los policías a caballo, policías con
perros y la policía de infantería, tenían a toda la iglesia rodeada, luego se
fueron los del costado de la puerta grande, y vinieron dos o tres personan y
me dicen “señora, lo que tenemos que hacer es sacar a la Virgen”, entonces
la sacamos y salimos en forma de procesión para que no nos hagan nada,
íbamos rezando, de los nervios que teníamos todos rezábamos gritando
porque habían chicos de 16 años que la Policía los revolcaba a patadas, al
que pillaba lo agarraba y revolcaba, ¡no respetaban nada! Inclusive nos
gritaban cosas sucias.
Estos testimonios desgarradores, no sirvieron absolutamente para nada, salvo
para desprestigiar aún más al Gobierno y a la Policía Provincial. Pero como se verá
200
a continuación, temas de esta gravedad que no se resuelven institucionalmente,
terminan por generar una violencia descontrolada y un descreimiento en la sociedad
que pierde el respeto por sus representantes, rechazando un sistema a todas luces
degradado.
Orán en alerta rojo
Casi simultáneamente con los choques en el Departamento San Martín, en
Orán también se producían situaciones de extrema gravedad.
El 17 de mayo de 2000, nuestra agencia informaba que un grupo de 500
desocupados de San Ramón de la Nueva Orán, cortaba esa mañana la Ruta
Nacional N° 50, es decir, que la interrupción del tránsito tuvo lugar en el acceso sur a
dicha ciudad. A su vez, el Ingenio San Martín del Tabacal no permitía el paso de
vehículos que debían utilizar un camino alternativo próximo a la empresa. De tal
modo, los pasos de entrada y salida a Orán se encontraban interrumpidos
totalmente. El encargado de mediar en el conflicto era insólitamente el Ministro
Gilberto Oviedo, que en este caso moderó su lenguaje. Luego se verá por qué. Dijo
a los medios que no regresaría a Salta hasta superar el problema. El cajero
predilecto de Romero había ofrecido 250 planes trabajar, pero para ser ubicados en
su propia empresa constructora. Es decir, todos los argentinos pagábamos la mano
de obra para Oviedo que no tuvo ningún pudor en expresar para nuestra emisora:
“En primer lugar, las autoridades provinciales se comprometen a gestionar con la
Nación, la puesta en marcha de los planes trabajar o empleos temporarios”, para
rematar a continuación “Es importante que los manifestantes acepten lo ofrecido en
el plano de las negociaciones”.
Más allá del cambio súbito en sus modales, Oviedo no conformó a los
manifestantes que solicitaban 1400 puestos de trabajo.
La protesta se iba extendiendo, y los desocupados ya cortaban la ruta
nacional N° 34 a la altura de Pichanal e Hipólito Yrigoyen. Esa misma mañana del
17, cortaban la intersección de las rutas 34 y 51 y programaban para la noche un
apagón en la Ciudad de Orán.
Mientras estas ciudades sufrían las consecuencias del desmanejo político, en
Tartagal subía la temperatura. El periodista Claudio Sotelo de FM del Sol de esa
ciudad nos informaba que, en la noche del 16, unas 700 personas ubicadas en la
Plaza Central seguían las alternativas de la sesión de la Cámara de Diputados (a
través de la radio), donde se debatía las intervenciones de los municipios del Norte
Provincial. También dijo que los vecinos analizaban conformar una comisión de
seguimiento de cada uno de los puntos acordados en el acta, firmada el sábado en
Mosconi. Asimismo explicó que 4.000 aborígenes, aproximadamente, se aprestaban
a cortar la Ruta N° 34, ya que adviertían la falta de cumplimiento del Acta y
reclamaban por el abuso de autoridad, pues en el momento de la represión, los
efectivos policiales ingresaron a una Misión.
También en Tartagal se produjo un paro docente por 72 horas. El gobierno
sólo atinó enviar una empresa de fumigación a las escuelas para minimizar los
efectos de la medida.
201
La visión nacional
Si bien la prensa nacional no alcanzaba a relatar estos hechos de manera
sistemática, el Gobierno Nacional temía nuevos estallidos, por lo que decidió enviar
a diputados nacionales de la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros pudimos
entrevistar a la Diputada Nacional, entonces del FREPASO, Marcela Bordenave que
trabajó intensamente y tuvo definiciones muy precisas de lo que pudo investigar.
Expresó:
Formamos una subcomisión, no sólo para investigar la cacería humana que
sucedió en Mosconi, sino para tratar de evitar hechos similares en otros
conflictos. Ese día no sólo se levantó gente, sino que también se tomó el
hospital, se tomó la escuela, se tomó la parroquia. La policía hizo esto.
Realmente fue algo que uno no tenía ganas de ver nunca más (...) Pediré
audiencia con el Gobernador, con la Justicia y con el Ministro Oviedo, que en
última instancia tendrán que dar respuesta a esta situación que pasamos.
En realidad, la legisladora no tomaba en cuenta con qué clase de gente
estaba tratando cuando se refería a estos funcionarios. Quizás debió advertirlo
cuando ella misma relataba lo que había averiguado:
Además existen otros hechos, como pueden ser el gatillo fácil, o muertos en
la comisaría. Tengo un caso denunciado en Tartagal, un pibe llamado Jorge
Maldonado, que nunca se supo qué pasó, el caso fue encubierto y lo manejó
políticamente un diputado del partido gobernante (...) No tenemos ningún
legislador salteño integrando la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados de la Nación, lo cual es lamentable. En este marco,
destacó que en nuestra provincia existen problemas de esa índole, no sólo
con lo ocurrido en General Mosconi, sino también con “los indígenas, que no
son tratados como seres humanos, sino peor que perros”.
El represor al mando
Sergio Nazario, torturador del centro de detención El Olimpo, condujo a la
Policía durante el ingreso ilegal a la Ciudad de Mosconi. Después de los
acontecimientos de 1997 y tras la investigación y denuncia que hiciéramos sobre sus
antecedentes, fue separado del cargo en la Secretaría de Seguridad. Lo sucedieron
en la función Ricardo Faiad, Juan Ossorio y Daniel Nallar, pero todos seguían las
órdenes del represor. Según lo declarado por jefes policiales, Nazario no sólo estuvo
al mando, sino que arengó a los efectivos que se convirtieron en una patota violenta
que arremetió contra todo un pueblo.
En octubre de 2000, el diputado José María Farizano manifestaba indignado
que la Secretaria General de la Gobernación, Sonia Escudero, encubría al represor
justificando que la cuenta “tel. Nazario” que figuraba en los balances contables del
Gobierno de la Provincia, aparecía así porque no se la había cambiado desde 1997.
El legislador afirmó: “Si tuviéramos mayoría legislativa, este informe hubiera sido
rechazado lisa y llanamente, esto es una burla”.
También sostuvo que, tras el informe realizado por la Secretaría de Derechos
Humanos a raíz del caso Mosconi “Se determinó una línea policial, un esquema de
202
seguridad altamente peligroso. Pero no es toda la policía, hay una línea de tipo
ideológica, preparada con grupos chicos de inteligencia y seguimiento a
determinadas estructuras periodísticas y políticas. Es un esquema represivo, típico
armado de la época del Proceso”. El legislador responsabilizó a Romero por todos
los excesos policiales cometidos durante esos años.
Maldita policía
Inmediatamente después de los sucesos en Mosconi, pareció que la orden
pasaba por endurecer los procedimientos policiales. Algo no funcionó en el plan de
Romero y Nazario. Al primero le preocupaba, sobre todo, la difusión nacional e
internacional de lo acontecido, porque ya tenía en mente la idea de lograr pasar a
los primeros planos de la política nacional. “Estos piqueteros delincuentes”, como
alguna vez los llamó, no le iban a arruinar su proyecto.
Se incrementaron las denuncias de abusos cometidos por la policía brava en
todo el territorio de la Provincia. Nadie ignoraba que en la Brigada de
Investigaciones de Salta se torturaba. Los medios independientes recibían casi a
diario testimonios de malos tratos y la Red de Derechos Humanos, una institución no
gubernamental, totalmente distinta a la Secretaría de Derechos Humanos de la
Provincia, se veía sobrepasada. La “inteligencia” policial filmaba todas las
manifestaciones. Accedimos a información de fuente confiable que afirmaba que
tenían decenas de fotografías de referentes sociales, políticos y periodísticos.
Cuando se realizaron marchas multitudinarias, policías uniformados sin
identificación, y también efectivos de civil, hostigaban a manifestantes de ATE y la
CCC que venían caminando de los barrios más alejados. Nuestros movileros que
seguían los desplazamientos de los manifestantes daban cuenta de los excesos.
Algunos hechos
Desde 1997 el Norte Provincial vivía una suerte de estado de sitio
permanente. Desde Metán y Rosario de la Frontera llegaba información de abusos,
de toda clase de apremios y de gente que aparecía extrañamente “suicidada”. En la
Capital salteña estaba prohibido pedir trabajo.
En julio de 2000 nuestra agencia de noticias informaba:
Nuevamente se reunieron esta mañana en Avda. Tavella, los desocupados
que solicitan empleo en la construcción del Estadio Único, súbitamente, sin
previo aviso, fueron atacados por la policía y por gente encapuchada. Se
realizó la correspondiente consulta por parte de los legisladores a la cúpula
policial, quienes volvieron a negar todo. Luego el Secretario de Seguridad,
Mario Ossorio y el Jefe de Policía Víctor Gómez García fueron consultados
por el periodismo, sus respuestas fueron lamentables. En esos días, el
director del semanario Cuarto Poder recibió una comunicación amenazante
supuestamente de un Comisario y se hizo la consulta en esa conferencia al
jefe policial:
-¿Ya se identificó al comisario que llamó al director del semanario?
-Eso fue un llamado anónimo, que dijo aquí la gente de Cuarto Poder, eso se
va a investigar también.
203
-¿Usted tiene conocimiento si ese comisario existe o no?
-No me dio el nombre del comisario.
-Vargas Flores.
-En cuanto a Vargas Flores le puedo asegurar que no es así, no obstante eso
se investiga.
-¿Es un comisario en actividad, estuvo a cargo del operativo en la Tavella?
- Es director de seguridad, no estuvo a cargo del operativo.
“Fui a buscar trabajo y me detuvieron”, afirmó Carlos Copa, uno de los
desocupados que fue detenido el pasado miércoles por la concentración en esa
Avenida. “Lógicamente, después inventaron la causa de supuesta instigación al
delito” enfatizó el trabajador al recordar que el día en cuestión no se cortó la ruta,
sólo se presentaron en masa a pedir empleo. Luego de estar detenido durante 10
horas aproximadamente, la policía liberó a Copa sin darle explicación alguna sobre
el “avasallamiento de sus derechos”, según él mismo expresó.
Dos días después, detuvieron a María Mercedes Maldonado mientras
esperaba el colectivo en Avenida Tavella. La mujer sostuvo que en momentos en
que se encontraba en la parada, pasó un colectivo que no era el de su destino y fue
detenido por la policía con todos los pasajeros en su interior. La subieron a ella y a
otras personas más. Luego de que la policía ordenara al chofer desviarse de su
recorrido, una patrulla se instaló frente al colectivo por lo que tuvo que detenerse
bruscamente. En esta oportunidad descendieron a la Sra. Maldonado y a la
periodista Mariana Casón. La mujer radicó la denuncia en la comisaría primera, ya
que según precisó se sintió “agraviada y secuestrada”.
Al día siguiente de que las autoridades policiales expusieran en la Legislatura,
los uniformados parecían dispuestos a ratificar lo que después negarían
verbalmente.
Unos 50 colectiveros nucleados en el gremio de la UTA salieron a
manifestarse en la esquina de San Martín y Alberdi. La policía ordenó que
desalojaran la calle, lo que fue obedecido por los trabajadores y, en el momento en
que se estaban distribuyendo en las veredas, unos 150 efectivos de infantería
cargaron con sus escudos y empezaron a repartir palos. El desconcierto fue total.
Fueron golpeadas personas que nada tenían que ver con el reclamo y, también,
algunos periodistas. Al titular del gremio, Oscar Cruz, se le pegó salvajemente y fue
detenido junto a una veintena de manifestantes.
Bernardo Solá, abogado de la Cámara de Transporte, confirmó que doce
choferes fueron detenidos durante la protesta. Por otra parte informó, que algunos
choferes fueron sacados a la fuerza por la policía de sus unidades, donde se
encontraban protestando pacíficamente.
El Juez de Instrucción Alvarado Solá, que entiende en la causa por
“Entorpecimiento a los servicios”, indicó que su juzgado no envió ninguna orden a la
policía provincial para detener ni demorar a los manifestantes. De este modo,
desmentía los dichos del jefe del operativo, comisario Joaquín Solano.
Los canales de televisión locales grabaron los incidentes que también se
pudieron ver por el canal de noticias porteño TN. Cuando el Jefe de Policía fue
interrogado por los periodistas, y a pesar de lo que mostraban las imágenes en
televisión, tuvo estas respuestas: “Bueno, eso a mí no me consta (...) el haber
quedado en la vereda no impedía que se procediera a la detención y quiero recalcar
que no hubo violencia, sólo el forcejeo propio de cada detención (...) Se utilizaron
150 efectivos contra unos 40 ó 50 manifestantes".
204
Después de la represión, numerosos desocupados y afiliados de ATE se
unieron a los choferes de UTA y marcharon a la Legislatura Provincial. La policía
seguía la marcha pero se abstuvo de provocar más violencia.
La referente de los Derechos Humanos Blanca Lescano opinó: “Aquí en Salta
no se quiere investigar, no sólo el pasado, sino también el presente”.
A su vez el diputado Néstor Peyret (PRS), aseguró: “Esta cuestión contra la
violencia del Estado, el exceso policial, la violación de los derechos humanos y
constitucionales es una cruzada permanente, si bajamos los brazos, acá nos van a
fusilar a todos”. Consideró que una muestra de la situación que vive la provincia es
la “arenga de guerra, que recibieron los policías encargados de desarticular la
protesta en General Mosconi, en mayo pasado”. En ese sentido, el legislador dijo
que “El hambrear a los efectivos policiales, hacerlos sufrir frío y sin relevo, fue una
acción psicológica para prepararlos para el ataque”.
También el abogado Daniel Tort se refirió al tema: “El aparato exagerado e
ilegítimo de represión del estado montado en la década del 70 por la Dictadura
Militar, está intacto y aún mejorado. Eso supone la permanencia de Nazario o de los
Nazarios en los distintos estamentos”.
En el mismo sentido se expresaba el economista Alfredo Linares: “La policía
no solamente no asume el rol que debería, sino que incorpora a gente como
Nazario, hay que asumir una democracia donde funcione todo y la gente se sienta
protegida y representada”.
Mientras se escuchaban estas opiniones, los teléfonos de FM Noticias y la
agencia DDN registraban más de 200 llamados de ciudadanos indignados.
El dirigente de la CCC, Rodolfo Zacarías, recibió la visita en su domicilio de
uniformados sin identificación en una clara postura intimidatoria.
Referentes sociales y ciudadanos en general son “visitados” en sus casas
para desalentarlos de asistir a manifestaciones y ollas populares.
En la puerta de FM Noticias un sujeto de civil anotaba ostensiblemente los
números de patentes de los vehículos que llegaban a la emisora y, supuestamente,
el nombre de las personas que concurrían por distintos motivos- la mayoría para ser
entrevistados por los conductores de los distintos programas.
Detectamos también que un comisario retirado de apellido Córdoba, se
instalaba a unos 30 metros de nuestra radio, dentro de un Peugeot 504, para espiar
cualquier movimiento. Conseguimos su número de celular y lo invitamos a tomar un
café, pero el individuo no aceptó. Córdoba apareció fotografiado en el diario El
Tribuno junto al Gobernador Romero.
El Presidente del Colegio de Abogados y miembro de la Red de Derechos
Humanos, Daniel Tort, es posiblemente uno de los referentes sociales más filmado y
fotografiado por “inteligencia” de la policía. Porteriormente, en el año 2005 recibe en
su casa una amenaza telefónica. Presenta la denuncia correspondiente y el Juez al
rastrear la llamada llega al domicilio de un policía retirado de apellido Trovato,
represor durante la dictadura.
En septiembre de 2000, el presidente del Frente Grande en Salta, Ingeniero
Diego Saravia, es amenazado de muerte telefónicamente. El profesional tenía un
identificador de llamadas y logra ubicar la dirección de dónde provino la amenaza.
La policía simplemente no investigó.
Ante el crecimiento de la demanda social, se acepta el ingreso a la institución
policial de gente con muy escasa instrucción, lo que resultaba funcional a los
intereses que perseguía el Gobierno. Por su parte, el flamante Secretario de
205
Seguridad, Daniel Nallar, tampoco se destacaba por su inteligencia. Sus comentarios
en los medios dejaban malparados a sus antecesores y a la propia gestión de
Romero. Por ejemplo en la edición del 14 de septiembre de 2000 dijo en el
semanario El Expreso: “La Policía ya no secuestrará a nadie” ¡Sorprendente
reconocimiento del accionar policial hasta ese entonces! Pero dejando de lado estas
sesudas declaraciones, lo cierto es que la fuerza de seguridad siguió actuando con
la alevosía de siempre.
Querellas y palos
Romero es un querellador selectivo, trata de frenar comentarios que puedan
perjudicarlo, pero se contiene cuando cree que el adversario puede responder el
golpe. No obstante, ha iniciado acciones judiciales contra el periodista Miguel
Bonasso, el sacerdote Jesús Olmedo, el dirigente gremial Ariel Basteiro, el líder y
cantante de la Bersuit Gustavo Cordera. Yo mismo he sido querellado en dos
oportunidades por Júcaro y también el dirigente local de Correos Julio Reinfemberg.
Contra este último por haber dicho en Canal 2 de Salta algo que ya sabía todo el
país: que la ley de correos presentada por Romero y Vaca -que además adelantaba
la fusión de OCA con el Correo Argentino, a favor del desaparecido empresario
Alfredo Yabrán-, también favorecería al narcotráfico, por la falta de controles.
Estas declaraciones motivaron que la presión del gobierno produjera el
despido del periodista Marco Díaz Muñoz de ese medio. Por otra parte, la querella
por injurias contra Reinfemberg, encargada al abogado Raymundo “el negro” Sosa,
terminó con el embargo de los escasos bienes que poseía. El abogado disfrazado de
juez, Marcelo Torres Gálvez, lo condenó en tiempo récord. Mientras el gremialista
declaraba, cuatro compañeros suyos, sin ninguna razón y por el sólo hecho de estar
esperando a su amigo, fueron detenidos por la policía.
La dirigente del Partido Obrero, Cristina Foffani afirmó: “Está claro ya, para
todos, cuál es el método de Romero en esta cuestión”. Lucrecia Barquet, como
representante de Derechos Humanos decía “Es una causa de persecución”. Esa
misma mañana, ADIUNSA (Asociación de Docentes e Investigadores de la
Universidad Nacional de Salta) daba a conocer el siguiente parte de prensa:
En el día de la fecha, mientras acompañaban a Julio Reinfemberg en el juicio
que le iniciara el gobernador Romero, la policía provincial a las órdenes del
comisario Abán, reprimió a los manifestantes que estaban en la vereda y
procedió a detener a Agustín Fernández, Alex Goldman, Fernando Delgado
(UNSA) y Rodolfo Flores (Unión de Trabajadores Desocupados), solicitando
la inmediata liberación de los cuatro detenidos.
Nuestros muertos
Los graves acontecimientos que se sucedieron desde 1997 -pero que dejaron
su saldo más luctuoso durante los años 2000 y 2001-, no fueron investigados ni por
los Jueces Federales ni por la Justicia Provincial. El dato más claro en este sentido
es que se ocuparon de procesar a decenas de manifestantes, pero fueron incapaces
de individualizar a los uniformados que dispararon a mansalva sobre la gente.
206
Siempre tuve la sensación que funcionaban como un apéndice del Poder
Ejecutivo, que necesitaba imperiosamente sofocar las revueltas ha como diera lugar.
Cinco muertos (algunos dicen que son más) y centenares de heridos dejaron
esas refriegas sin contar, por supuesto, las numerosas denuncias por muertes de
personas detenidas por distintos delitos en las comisarías.
Era tan evidente el descontrol, que entre las sombras, daban órdenes a la
policía, represores que, en teoría, no tenían ningún cargo en el Gobierno. También
ocurrió que uno de esos enfrentamientos se produjo cuando el Secretario de
Seguridad Daniel Nallar dio la orden de desalojar la ruta, pasando por encima de la
autoridad natural de ese momento, el Juez Federal Abel Cornejo. Le preguntamos al
Magistrado el por qué de esta situación, teniendo en cuenta que Nallar había
confesado ante nuestros micrófonos que desconocía el A,B,C, del área que
conducía. Pero Cornejo eludió la respuesta.
Aníbal Verón
Un movimiento piquetero lleva su nombre, pero la gran mayoría de los
argentinos no sabe quién es y en qué circunstancias fue asesinado. Reproducimos
aquí dos notas publicadas en el semanario Cuarto Poder. La primera de ellas, con la
firma del periodista Miguel Brizuela, da cuenta de una entrevista realizada al
periodista José Piedra que asegura haber visto cómo Verón era asesinado por un
policía:
Son momentos que uno no puede olvidar, incluso ahora que llevamos seis
meses del fallecimiento. Uno queda marcado al ver una persona caer. Hay
muchos comentarios sobre este caso. Yo no voy a cambiar mi declaración.
Sigo afirmando que la bala ha salido del frente, que fue disparada por un
efectivo de la policía. Había comenzado la represión. La gente se había
replegado hacia el costado de la ruta, hacia la parte de la misión. Luego
salen, encaran entre todos hacia la policía, que retrocede sobre la ruta
nacional 34, aproximadamente a unos 500 metros de la entrada sur de
Mosconi, hacia la entrada norte. Los iban corriendo sobre la ruta. En un
momento dado, Aníbal iba con cuatro o cinco personas, no más. Entre ellas
su cuñado, y otros muchachos de los desocupados y algunos de los planes
trabajar que lo acompañaban -tanto de Tartagal como de Mosconi-. Yo iba de
sur a norte y en un sector de la ruta, del lado izquierdo, de sur a norte
siempre. Allí me encontraba cuando Aníbal iba por sobre el asfalto del lado
derecho. Eran las siete menos diez de la mañana aproximadamente.
Los policías retrocedían hacia la parte norte, y la gente los llevaba de muy
cerca. El grupo en que iba Aníbal, que era el grupo de avanzada, estaba muy
cerca de los policías, a no más de 10 o 15 metros. Yo me encontraba a unos
cinco o seis metros atrás de la línea sobre la que iba Aníbal Verón, pero por
el otro costado. Cuando veo a un policía de la primera fila, parado, que se
corre, corre el escudo y saca algo con que apunta hacia el costado. A los
segundos veo a Aníbal caer sobre el asfalto y salir al cuñado diciendo que a
Aníbal le habían pegado un tiro. En ese momento llego hasta el lugar, pero no
veo quién es la persona, sino solamente siento que “¡le han pegado un tiro, le
han pegado un tiro!”, decía el cuñado de Aníbal. Retrocedo por miedo, ya me
entró el miedo, cuando me encuentro con la mujer de Aníbal Verón quién me
pregunta si era Verón el que había caído. Me pregunta: ¿Es Aníbal, es Aníbal
207
el que ha caído?. Y le contesté que no sabía quién era la persona, que no
sabía realmente quién era. Cuando llego a la parte de los tanques, y me
encuentro con otras personas, a los minutos vienen y me comentan que era
Aníbal Verón el que había caído.
A Aníbal yo lo conocí a través del tiempo que llevaba él en la lucha, cuando
estuvo frente a Atahualpa (empresa de transporte de parientes de Romero).
En los anteriores cortes también estuvo presente, y días antes habíamos
estado juntos en Cuña Muerta, en el arroyo donde se estaban manifestando
primero los desocupados, despedidos de la empresa Atahualpa.
Yo vi que el policía que estaba del lado que yo iba, en el segundo lugar, corre
el escudo hacia un costado y saca la mano. No sé qué arma usó. A esa hora,
con todo el gas que había sobre la ruta, lo único que siento es un ruido
diferente al disparo de las armas de los lanzagases y las balas de goma. No
alcanzó a identificar el arma (N de R: según la pericia a Verón lo mataron con
una escopeta). Lo único que veo es que corre el escudo, siento el disparo, y
veo que vuelven a levantar el escudo. Y siguen retrocediendo.
Hay gente que estuvo declarando y que dijo haber visto casi lo mismo, pero
desde otro sector. También vieron a los policías correr y estirar el brazo,
portando arma no reglamentaria. Ya habíamos tenido experiencia de esto en
mayo y por eso a mí me había entrado un poco de miedo. Y retrocedí hacia la
parte de atrás adonde estaba el piquete. Los policías tenían armas no
reglamentarias.
(... ) Por las balas de goma que impactaban en la gente y los tarros de gas
lacrimógeno que largaban con las escopetas, por ahí uno piensa que te
puede pegar y hacer daño eso. Pero no directamente un plomo, no se
esperaba un plomo. La distancia sería en ese momento de unos 20 metros.
Una bala de goma a esa distancia o un cartucho de gas lacrimógeno también
pueden ser fatales si te llega a pegar en una zona vital de la cabeza. Pero en
ese momento no se medían esas consecuencias.
La gente estaba tan enfurecida por lo que había pasado en mayo, que habían
ingresado a las casas y habían hecho desastres, la gente estaba tan caliente
por eso, que empezaron a hacer retroceder a los policías. En todo momento
se esperaba un enfrentamiento. Los manifestantes tenían gomeras, las
gomeras comunes con arcos, y las boleadoras como relata la Biblia que tenía
David. Una de esas cargaba Aníbal. Las piedras que se ponían como
proyectiles eran del tamaño de una mano. Esos eran los proyectiles que
lanzaba Aníbal Verón. Y había volteado a cuatro o cinco efectivos de la
policía. Hasta a uno le había sacado el casco y a otro le había partido el
escudo. Realmente era muy fuerte Aníbal, a uno le llegó a impactar en el
hombre y con el chaleco que tenía, lo volteó al suelo. Lo tuvieron que sacar
arrastrando. Ya le había entrado el pánico a la policía. Aparte con lo que
había pasado en el mes de mayo, cuando hicieron retroceder casi un
kilómetro a la gente de la gendarmería, primeramente desde Tartagal hasta
Mosconi y luego de la entrada norte hacia la entrada sur. Realmente sentían
la presión de la gente. Y ahora ellos estaban siendo arrastrados ya más de
500 metros...
Se sabía los días anteriores a la muerte de Verón, que Nazario estaba en la
ciudad de Tartagal, en la Unidad Regional N° 4, junto a Daniel Nallar, el
Secretario de Seguridad. Pero en ningún momento se acercaron por el sector
de los cortes de ruta.
Los conflictos allá en el norte se suceden constantemente. Pero la sensación
que tenemos es que no serían como los anteriores de mayo, de diciembre, de
noviembre. Porque la gente ha quedado muy golpeada, muy tocada. Y más
con aquellos oportunistas que aprovecharon la ocasión para hacer saqueos
208
en el lugar. Ello provoca temor, miedo a nuevos conflictos bien organizados.
No es el mismo el apoyo que recibe la gente que sale a la calle a pedir, a
denunciar las cosas. No es la misma confianza que tiene la población ya. La
gente que tenía el reclamo original sobre ruta nacional 34. Los oportunistas
aprovecharon que las fuerzas se habían replegado hacia el Regimiento de
Infantería de Monte 28 y no encontraron obstáculos para poder hacer los
saqueos. Eso impactó mucho. La gente está un poco reprimida en cuanto a
expresar su apoyo a la gente que sale a protestar nuevamente.
Al desocupado Aníbal Verón lo asesinaron el 10 de noviembre de 2000.
Versiones falsas dicen que el proyectil que lo mató salió del mismo grupo que lo
acompañaba en el momento en que Aníbal se dio vuelta. El periodista José Piedra
estudió comunicaciones en La Plata, en ese momento trabajaba en prensa en
Tartagal y cubría los acontecimientos para radio La Red. El crimen de Verón
permanece impune.
“No lo olviden a Verón”
La segunda nota que reproducimos del semanario Cuarto Poder fue realizada
a Enriqueta Gómez, viuda de Verón y tomamos algunos pasajes de la misma:
Hacía un año que Aníbal estaba desocupado. Le debían ocho meses de
sueldo, no íbamos a pedir un Plan Trabajar. En la hora que decidimos ir a la
ruta. Porque quizá con hambre, un poco mal vestido, mal calzado, lo
tendríamos a Aníbal con vida ahora.
Yo sentí miedo desde el momento que fue la Sonia Escudero. No la llamo
señora. La llamo Sonia Escudero. Porque ella nos trató de dividir a nosotros
los criollos de los aborígenes. Y ahí yo sentí miedo. Porque yo dentro de mi
ignorancia tengo conocimiento que a los aborígenes no se les puede hacer
daño. Entonces ella fue bien informada a separarnos a nosotros los criollos
para que haya represión....Porque ella les dijo a los aborígenes: “Ustedes
están acá y yo no les soluciono. Ustedes se van a hacer un corte en el
kilómetro 95, yo les soluciono”. De los diez días él (Verón) no volvió ni un solo
día a su casa. Porque él decía “yo quiero cobrar lo que me deben”. Y no lo
logró. ¿Qué logró?. Que le cueste la vida. ¿Fue más fácil para Romero -que
es cuñado de Celim Balut, el dueño de Atahualpa- mandarle un disparo a
Aníbal y no pagarle ocho meses de sueldo?. Ahora todo el pueblo mira mal a
la policía, a cada policía lo ve como un asesino. Romero les paga a los
policías, es cierto, no van porque quieren. Pero jamás debieron quitarle la
vida a Aníbal. Si lo hubieran querido detener le hubieran tirado a los pies.
Quieren tapar. La causa la tuvo primero el Juez Nelso Aramayo. Se declaró
incompetente y la pasó a la Justicia Federal, al juez Abel Cornejo. Él me dijo
que posiblemente podía haber una nueva autopsia. Yo le dije que de ninguna
manera. Fue un solo disparo, le sacaron el plomo, tenemos videos grabados.
No se necesita otra autopsia. ¿Por qué Aramayo demoró un mes para darse
cuenta que no le correspondía ya que había sido en una ruta? ¿Por qué hizo
la autopsia él? Ya es para pensar que algo quieren tapar. Quieren tapar a la
policía.
(...) Nosotros vivimos en una zona muy rica. De donde sale el gas, de donde
sale el petróleo ¿De dónde sale la madera, si no es del norte?. Y somos los
más pobres, los más marginados.
209
(...) Les pido por favor, no lo olviden a Verón, Aníbal para mí sigue vivo.
Dentro de mí y del corazón de mis hijos, Aníbal está vivo.
En aquel momento Enriqueta tenía 36 años y cinco hijos. Durante un tiempo
se realizaron marchas para pedir justicia. Pero la impunidad se la negó. Finalmente
la viuda de Verón se fue a vivir al Chaco.
Con la razón de la fuerza
Hemos visto que la Institución Policial en feudos como éste es multiuso.
Podrían los hombres de azul argumentar en lugares pauperizados como Salta, que
la obediencia debida está estrechamente ligada a la supervivencia, pero no deja de
ser terrible ver, cómo el poder en manos delictivas, lleva al enfrentamiento
permanente de pobres contra pobres.
En marzo de 2001 y a pedido de los titulares de la empresa Ecodesarrollo (ex
Salta Forestal) -ese imperio vegetal del que ya nos ocupáramos en otro capítulo-,
desembarcaron unos 40 efectivos de la policía para desalojar por la fuerza a
pastajeros y pobladores que ocupaban unas 2.000 hectáreas –recordar que cedieron
a Ecodesarrollo más de 300.000 hectáreas. Ellos litigaban ante la justicia, desde
hacía varios años atrás y, no entendían cómo un conflicto que estaba bajo la órbita
del Poder Judicial, podía ser cambiado arbitrariamente y resuelto de manera patoteril
por una fuerza que obedece órdenes solamente del Poder Ejecutor. El abogado
Pablo Saravia intentó por todos los medios parar este atropello, pero sus gestiones
chocaban inevitablemente con las decisiones de los que se habían adueñado de la
Provincia y sus negocios.
Como se ha relatado en distintos pasajes de este libro, los jueces terminan
sometiéndose al poder real porque ellos también -pero en un rango muy distintoobedecen a la necesidad de sobrevivir, aunque con la dignidad pisoteada.
El señor feudal no soporta pobres a su alrededor
Éste es uno de los casos donde se mostró con mayor crudeza la prepotencia
de Romero y sus secuaces para adueñarse de lo que no les pertenece.
En la finca del Estado Nacional, lugar en el que el gobernador erigió una
mansión -presuntamente para recibir a dignatarios extranjeros y personalidades
nacionales cuando, en realidad, la utilizó para su beneficio- residían decenas de
pobladores con antecedentes de 3 y 4 generaciones, lo que les aseguraba al menos
derechos veinteañales.
Como era de preveer, su primer movimiento fue enviar a un apretador, Víctor
Cintioni, para intentar doblegar a los moradores del lugar que Romero ya
consideraba como propio. El secuaz tiró alambrados, se ensañó particularmente con
mujeres y ancianos y, al estilo del viejo Far West, buscó todas las formas de
amedrentamiento para que la gente dejara sus posesiones.
Por alguna razón que debiera buscarse en su oscura psiquis, Júcaro no
soporta la visión de la pobreza, salvo cuando necesita los votos para sus objetivos
electorales.
210
Los testimonios de estas personas en FM Noticias, como así también los de
los abogados Fernando Chamorro y Pablo Saravia, que defendieron a estos
ciudadanos, resultan sorprendentes, en tanto y en cuanto se parte de la base que el
atropello y la agresión psicológica y física en contra de las personas, sin que medie
la reacción de la Justicia, nada tiene que ver con el estado de derecho.
La mansión de marras fue construída con fondos que la Nación envió para el
desarrollo de lugares pauperizados de la provincia, lo que demuestra que esta clase
de “federalismo” funciona muy mal, puesto que el Gobierno Nacional no controla el
destino del dinero que, en definitiva, es patrimonio del pueblo y no de los
sinvergüenzas que gobiernan.
Entre las irregularidades detectadas se observa, que algunos de aquellos que
en su ignorancia fueron sometidos por el miedo, firmaron papeles sin saber leer ni
escribir, dibujos que la justicia tomó en ciertos casos como válidos.
Después de todo, ¿qué importan decenas de personas atropelladas, sin peso
electoral, cuyos problemas pueden disimularse toda vez que el 98% de la prensa
está comprada o asustada?
Estado policial temeroso
En los primeros meses del año 2001, se sentía una tensión en distintos
sectores de la población que preanunciaba un estallido que podía resultar
incontrolable para el gobierno. Se sucedían los conflictos en casi toda la geografía
provincial, pero aumentaba la presión en algunos departamentos con mayor
densidad poblacional, como San Martín, Güemes y Metán. La fuerza policial
multiplicaba sus movimientos y parecía tener órdenes de reprimir con dureza
cualquier atisbo de reclamo. Ahogaron protestas de toda clase: salarios, falta de
alimentos en los comedores barriales, aumentos exagerados en los servicios de
agua y luz, desocupados que cortaban rutas y avenidas de la Capital Salteña.
Adoptaron una estrategia perversa cuando, al detener a manifestantes, los llevaban
a comisarías muy alejadas del lugar de los hechos, creando en sus familiares y
amigos una gran angustia al no saber qué había sucedido con estas personas.
Yo fui testigo en la comisaría cercana a la terminal de ómnibus, cuando el
comisario Arzelán amenazó al abogado de la Red de Derechos Humanos, Pedro
García Castiella, de armarles una causa falsa a seis manifestantes que habían sido
aprendidos por el sólo hecho de reclamar.
La bomba Molotov ya volaba por el aire y algunos presentían dónde podría
caer.
La miseria, la furia y la muerte
Los acontecimientos del 12 de mayo y el 10 de noviembre de 2000 debieron
servir, aunque sea empíricamente, para que el gobierno de la provincia tome nota de
que ya no podía seguir mintiendo y enviando gente descalificada al Departamento
San Martín. No hablemos de una cuestión esencial que tiene que ver con las
necesidades humanas y los principios republicanos. Simplemente por puro
pragmatismo político, las autoridades debieron preveer que la miseria enraizada en
el lugar -y no hablo de pobreza- que llega al límite de no poder siquiera alimentarse
211
adecuadamente, llevaría a un nuevo estallido que dejaría como saldo las muertes
aún impunes de Carlos Santillán y Oscar Barrios, y más de 60 heridos, muchos de
los cuales aún sufren secuelas físicas y mentales de aquel día de furia.
El 17 de junio iba a dejar una marca sangrienta en nuestra provincia. Los
medios transmitían al resto del país y al mundo un enfrentamiento que, por sus
ribetes brutales, asombrarían a una nación que se aproximaba a una crisis terminal
que determinaría el alejamiento de Fernando de la Rúa del poder, en diciembre de
ese mismo año.
Nuestra emisora llevaba información durante 36 horas corridas, con nuestro
cronista, Patricio Poma en el lugar y comunicación permanente con colegas de
Mosconi y Tartagal. Pero en medio de esas refriegas a balazos entre gendarmes y
piqueteros tuvimos que soportar mentiras de funcionarios nacionales como Enrique
Mathov quien aseguraba “había un control absoluto de la situación en Mosconi, y
que la complicación mayor estaba dada por infiltrados que el gobierno había
detectado y que no eran del lugar”. Todos los periodistas consultados y referentes
confiables negaban la existencia de tales “infiltrados”.
El periodista Horacio Verbitsky daba cuenta de un informe de gendarmería en
Página 12:
Eran todos de la zona, nuestra gente los conoce bien. Ahí no había infiltrados
ni extranjeros. Las armas que usaron fueron las que saquearon del depósito
judicial después de la anterior pueblada, cuando la policía provincial se quedó
sin municiones y huyó. Sólo encontramos una bala de fusil, el resto era de 22.
Esa nota publicada una semana exacta después de aquella batalla, revela
también el engaño de la información suministrada por gendarmería que habla de 24
gendarmes heridos de bala. Como dice Verbitsky:
O esos agentes fueron alcanzados por disparos de los manifestantes o la
información oficial fue trucada para distraer de la brutalidad de la represión.
Su efecto fue paradojal: el tránsito desde la ruta hasta la plaza, lejos de
desinflar la protesta parece haberla generalizado. La lucha contra la pobreza
es inseparable de la construcción democrática.
Los políticos nacionales y provinciales lo miraban por TV, con la excepción de
Juan Pablo Caffiero a la sazón Ministro de Desarrollo Social y Medio Ambiente que
intentó y logró dialogar con líderes piqueteros y gente del pueblo de Mosconi. Su
presencia calmó en gran medida los ánimos cuando aseguró:
Hay injusticia, se manifiesta de manera muy irritativa, porque uno ve a las
empresas petroleras que facturan millones y millones de dólares y que no
dejan un solo peso para la comunidad. Yo no entiendo cómo empresas que
desarrollan esta actividad con un recurso no renovable, no miran al hospital,
no miran lo que le pasa a la escuela, al lugar, no miran lo que les pasa a los
propios barrios, el casco urbano de Mosconi.
Si bien la gente advirtió una intención positiva en el funcionario, éste no pudo
dar respuestas concretas a los múltiples requerimientos.
Si alguien piensa que estos sucesos dolorosos movilizaron al gobierno de
Romero para encontrar alguna solución, se equivoca de medio a medio. El
212
gobernador salteño aprovechó la circunstancia para negociar ingresos extras para la
provincia, ante un gobierno nacional debilitado y confundido que se acercaba
inexorablemente al abismo.
Por su parte, la Justicia Federal -tal como ocurrió con Aníbal Verón- no dio
con los asesinos ni tampoco procesó a ningún gendarme, a pesar de las numerosas
denuncias de abusos durante los allanamientos y el carácter de patota adoptado,
incompatible con una fuerza de seguridad regular. Siguiendo el lineamiento de lo
ordenado por el Poder Ejecutivo Provincial, criminalizó la protesta y procesó a
numerosos ciudadanos, en su mayoría desocupados, pero concientes que siendo
pobladores de una región rica en recursos energéticos, agrarios y forestales habían
sido condenados por el desguace de YPF y la concentración ilegal de la riqueza en
los 90, a una situación de indigencia sin precedentes.
Un mañana incierto
Los días posteriores al 17 de junio fueron tensos y agotadores para la
población y las fuerzas de seguridad. La Plaza de Mosconi amanecía poblada de
piqueteros y desocupados, que durante varios días permanecieron refugiados en las
carpas denominadas “Del Aguante”. El Comandante Mayor, Jefe de la Séptima
Agrupación Salta de Gendarmería Nacional, Aníbal Maistegui, confirmó que durante
la noche no se registraron incidentes y que se mantuvieron apostados en otros
lugares más retirados pero cercanos a la Ruta Nacional N° 34.
Una semana después, cuando Caffiero se hizo presente en Mosconi, el
pueblo lo recibió con mucha esperanza -a pesar de haber sido defraudados en
muchas ocasiones por los funcionarios romeristas-, lo que demuestra que sólo
esperaban que alguien los escuchara,. Estuvieron con el Ministro de la Alianza los
líderes más combativos como “Pepino” Fernández y “Piquete” Ruiz.
La Directora de la Escuela de Comercio de General Mosconi, María Diaz de
Lugones se refirió a la visita en estos términos: “Él vino a pedido del Obispo
Lugones. Y en lo primero que habló con nosotros nos dijo: `Vengo a escucharlos´ y
fue la primera persona que vino a escucharnos”.
No obstante, estos intentos de pacificación, la represión había comenzado un
día domingo y la población sufrió ataques hasta el día miércoles en distintos lugares
del Departamento San Martín.
Los periodistas recogieron testimonios estremecedores de pobladores que
fueron detenidos en sus domicilios particulares y conducidos a declarar ante la
justicia:
“A las cuatro de la mañana entraron en mi casa cerca de 10 gendarmes,
voltearon la puerta. Yo estaba durmiendo y así como estaba me llevaron,
pero antes de salir ya comenzaron a golpearme, me tiraron de cara contra la
pared”.
“Yo vivo en Pocitos, 50 kilómetros al norte de Tartagal, allá entraron a la
noche en mi casa y me sacaron. Yo nunca estuve en un piquete, ni siquiera
estoy de acuerdo con los piquetes”.
“A los empujones nos entraron en una pieza y nos empezaron a golpear. A
los que caían al piso les daban patadas y les pisaban las manos. Después se
213
fueron y quedamos con frío, hambre y dolor dos días, hasta que nos llevaron
a declarar”.
Edgar Cabrera, 22 años, epiléptico y minorado mental, no lee ni escribe. Fue
salvajemente golpeado durante su detención en Mosconi y llevado a Salta por
la Gendarmería.
Escuchando al represor
Cuando ya estaba claro que el suceso tuvo que ver con la desocupación y
necesidades insastisfechas, el diario de Romero transcribió declaraciones del
Secretario de Seguridad, Daniel Nallar, quien desconoce el ABC del área a su cargo,
sin embargo, esto no le impide pronunciarse ridículamente respecto a lo acontecido:
“Los piqueteros estaban trabajando con referentes de Izquierda Unida, Democracia
Obrera y Adiunsa”, nadie sabe quiénes son “Democracia Obrera” y el propio rector
de Universidad Nacional de Salta tuvo que salir al cruce de estas afirmaciones en lo
referente a ADIUNSA. No contento con estas opiniones falsas también afirmó que:
“La emboscada que se le hizo a la Gendarmería Nacional fue hecha con estrategia
militar”, para rematar finalmente con: “Yo no tengo miedo de afirmar que en Mosconi
hubo guerrilla y, por lo tanto una guerra”. Todo esto apuntaba a intimidar a distintas
instituciones y ciudadanos. No basta en un lugar con tantas postergaciones, aplicar
la ley del garrote, sino que es necesario también el apriete psicológico, aunque se
haga de manera tan burda.
“En Salta se tortura”
Mientras la policía de la provincia incurre en forma sistemática en excesos
intolerables para una fuerza de seguridad de la democracia, los responsables de
denunciar estos hechos y ponerles coto, -llámense secretarios de Derechos
Humanos del Poder Ejecutivo o presidentes de la Comisión de Derechos Humanos
de la Legislatura- sólo se prestaron a simulacros de interés en el tema, o se borraron
en los momentos críticos. Todos, sin excepción, se acomodaron a la jugada siniestra
propuesta por el gobierno.
Para equilibrar la balanza, distintas instituciones dieron la pelea desde el
principio de esta gestión y lograron en muchos casos que la denuncia de los abusos
policiales se conociera en todo el país, causando la ira del gobernador Romero que
se desvive por mostrar una provincia ordenada y en crecimiento, lo que es una
mentira absoluta.
La Red de Derechos Humanos, La Universidad Nacional de Salta, el Partido
Obrero, el Partido Humanista, algunos referentes del Frente Para la Victoria como el
líder local de Barrios de Pie, Carlos Morello, también algunos referentes de la UCR y
sindicatos y movimientos como CTA, ATE, CCC, Docentes Autoconvocados, Tribuna
Docente, Adiunsa, APSADES y pido perdón si me olvido de alguien, todos ellos
conformaron una fuerza formidable de difusión que rompieron con la información
falsa suministrada por medios y periodistas prepagos tanto en la Nación como en la
Provincia.
214
El Colegio de Abogados, únicamente durante la presidencia del Dr. Daniel
Tort (2001-2002), tuvo también un protagonismo relevante para intentar frenar a esta
fuerza desbocada. Los colegiados fueron mediadores en los conflictos del Norte,
llevaron las denuncias de ciudadanos agredidos a distintas instituciones nacionales y
lograron, después de arduas negociaciones, que se les permitiera ingresar a las
comisarías en cualquier momento y sin mediar autorizaciones burocráticas. Este
beneficio que hubiera permitido ayudar al control de la policía, no fue utilizado por
las gestiones posteriores en esa Institución.
Tort afirmó que en “Salta se tortura” y cargó contra todo el sistema que había
permitido que en Salta funcione un verdadero estado policial:
La justicia penal represiva es para los pobres, los pobres tienen menores
posibilidades económicas de asistirse para un resarcimiento, para una
denuncia de lo que ocurrió. La característica del sistema es una falta de tutela
a la violación de esos derechos. En Salta se tortura pero probarlo es
absolutamente difícil, entramos en un círculo vicioso porque quienes tienen
que investigar en ese sentido es la misma institución acusada.
Con respecto a los médicos forenses explica:
Forma parte de la policía represiva, son parte del aparato represivo y del
sistema cuestionado. No son independientes, son actores del sistema.
Hablamos de un tema social, no de una denuncia penal. Planteamos un gran
debate en la provincia, para ver como se termina con esto, pero requiere de
una decisión política.
Su Señoría mantantero lirulá
Difícilmente los magistrados de la provincia se crucen en el camino del
accionar policial. Evitan a toda costa un enfrentamiento directo y es por eso que las
denuncias en contra de los uniformados no prosperan.
Más de una vez esta fuerza de seguridad mostró tener más poder que los
representantes de la justicia, y cuenta con el apoyo irrestricto del gobernador que se
manifiesta a través del secretario de seguridad de turno. Claro que ese apoyo está
supeditado a que la fuerza no interfiera en lo más mínimo en las acciones que a su
vez lleve adelante el Poder Ejecutivo.
A fines del año 2001, el ex juez Roberto Gareca -eyectado de su cargo por
procesar a funcionarios amigos de Romero- protagonizó un hecho que sirve de
ejemplo para confirmar estas aseveraciones. El magistrado ya había investigado a
los efectivos que habían golpeado al periodista Marco Díaz Muñoz, a quien le habían
roto la cámara que utilizaba como corresponsal del canal de noticias TN. Ahora el
magistrado intervenía en una denuncia por apremios ilegales interpuesta por Ariel
Azúa, quien había sido detenido en la calle por ebriedad. Gareca demostró sin lugar
a dudas que el joven había sido golpeado salvajemente y tuvo el coraje de afirmar
que el “personal policial involucrado actuó delictivamente”. El juez obtuvo la
confirmación de los médicos que atendieron a Azúa, que éste tenía lesiones de
consideración provocadas en su mayoría por golpes de puño. En ese año, y hasta
ahora, el Secretario de Seguridad era Gustavo Ferraris, y el Jefe de Policía, Pedro
Álvarez.
215
Insólitamente y como represalia le retiraron arbitrariamente la custodia que
Gareca tenía en su domicilio. El magistrado presentó la denuncia correspondiente
ante el Procurador General de la Provincia. El juez interviniente constató que la
orden la había dado Ferraris. Éste continúa en sus funciones, Gareca no.
La mentira en imágenes
Durante todo el año 2002, la policía continuó con su política de garrote masivo
y sus excesos comprometieron aún más la imagen seriamente dañada del
gobernador. Un suceso en particular preocupó, por su difusión nacional, al sujeto
feudal.
El 18 de febrero de ese año, los uniformados arremetieron contra una
manifestación de no más de 70 personas, miembros de la Corriente Clasista
Combativa, que pedían alimentos y planes trabajar. Cargaron contra mujeres y
niños. En la agresión un camarógrafo tomó la imagen de una niñita de no más de
seis años sangrando profusamente por nariz y boca. Esta trisitísima secuencia fue
difundida en todo el país por los canales nacionales.
Uno puede imaginar muchas maneras en que un jefe de estado puede
intentar superar un acontecimiento como éste. Romero eligió la peor de todas: el
cinismo.
El gobierno montó un operativo que incluyó un vehículo de la Secretaría de
Desarrollo Social para trasladar a la niña con su madre, previamente localizadas por
efectivos policiales. Fueron llevadas raudamente al Grand Bourg (casa de gobierno),
en donde el gobernador las esperaba. Allí la reunión con el mandatario duró un par
de minutos, lo necesario para sentar a la niña agredida en las rodillas de Romero y
tomarle una fotografía que luego apareció en el diario El Tribuno. Así, se mostró en
Salta que Romero es derecho y humano.
La madre de la chiquita, Silvia Condorí, aseguró a nuestra colega Marta Cesar
(F.M. Noticias), que había sido llevada engañada. Relató que una policía la pasó a
buscar, y que su comportamiento le pareció extraño, puesto que la apuraba: “Me
presionaba, me decía que vamos, que vamos, que ya, ya...”. La excusa de la
urgencia fue que iba a ser revisada por un médico. A Silvia la premiaron por
concurrir al Grand Bourg con dos bolsones de mercadería de Desarrollo Social.
Lo que no tuvo tanta difusión y fue lo más terrible de lo ocurrido durante esa
brutal embestida, es que otra mujer, Rosa Mercado, embarazada de cuatro meses,
perdió su bebé.
El diario del gobernador mintió por un lado, al informar que la niña se había
caído durante los incidentes, cuando en realidad había sido impactada con una bala
de goma; por otro lado, cuando afirmó que Romero había ido a visitar a la chiquita
lastimada.
Nunca aparecieron los responsables.
No se puede tapar el cielo
En agosto de 2002, el semanario Nueva Propuesta -de gran afinidad con el
gobierno- publicó una extensa nota detallando las “305 denuncias por apremios y
vejaciones...”. Sin embargo, leyendo entre líneas, se advierte que no se puede
216
ignorar una realidad agobiante, pero sí se pueden dar razones oblicuas y desvirtuar
que esta situación fue planificada desde el comienzo por la administración romerista.
El aberrante método de la tortura, que los textos de estudio indican como una
práctica antigua que en el siglo XX recién pudo ser prohibida taxativamente
en las Constituciones de los países democráticos, siguió siendo práctica
habitual en todo régimen totalitario y en las potencias colonialistas y
neocolonialistas. En nuestro país, la tortrura fue adoptada como “método”
permanente por los gobiernos de facto y quedó en las fuerzas policiales y
penintenciarias como una de las tantas y graves secuelas de la sangrienta
dictadura del Proceso. Los apremios ilegales y figuras similares penadas por
los códigos y las más sustanciales leyes humanas son, lamentablemente, una
realidad que la ciudadanía y la civilización exigen sea desterrada.
Un reciente informe producido por el Procurador General de la Provincia, Aldo
Rogelio Saravia, a solicitud del Colegio de Abogados y Magistrados da cuenta
de que en el lapso comprendido entre el año 2000 y el presente en las
Fiscalías competentes de la justicia salteña se tramitaron 305 denuncias por
los delitos de apremios ilegales, severidades, vejaciones y otras figuras
similares que castiga el Código Penal en sus artículos 144 bis, 144 tercero,
144 cuarto y 144 quinto.
La estadística, donde surge con nitidez que en la generalidad de los casos no
se llegó a conclusiones concretas ya sea por la condena o la absolución de
los denunciados puesto que el estado de las causas se mantiene “en trámite”,
además da cuenta que existe un gran porcentaje de denuncias con imputados
anónimos (“personal a identificar”) y que los acusados no son únicamente
policías sino también agentes del servicio penintenciario.
En estas últimas semanas, la problemática de los apremios ilegales puso en
la mira a la Brigada de Investigaciones a punto tal que, la Cámara de
Diputados, a través de su Comisión de Derechos Humanos, intervino con
miras -seguramente- a un esclarecimiento de los casos puntuales
denunciados y, más allá de ello, de procurar que estas rémoras del
autoritarismo y su barbarie sean alguna vez desterradas. El informe contiene
los listados producidos por los agentes fiscales N° 1, María Josefina David de
Herrera, N° 2 María Inés Loyola, N° 3 Emma Puente, N° 4 Justo Alberto Vaca
y N° 6 Jorge Federico Obeid, y de la Cámara Segunda en lo Criminal que
preside el magistrado Bernardo Antonio Ruiz.
Por su parte, la Jefatura de Policía respondió al pedido del Colegio de
Abogados de un informe referente al personal policial sumariado o
suspendido por causas de Apremios Ilegales señalando la imposibilidad de
brindarlo en razón de lo siguiente: 1°: de existir la causa en la misma, ya está
interviniendo el juzgado de instrucción, razón por la cual corresponde efectuar
el requerimiento ante el respectivo Juzgado, y 2°: en virtud y por imperio de
las previsiones de los decretos 2936/97 y 1298/00 los casos en que a razón
de actuaciones de personal policial resultaran físicas dañosas para las
personas, la sustanciación de los pertinentes sumarios administrativos
estarán a cargo de los abogados del servicio jurídico de la Secretaría de la
Gobernación de Seguridad.
Cabe destacar que la cantidad de denuncias está subregistrada. Muchas
personas que sufren estas vejaciones quedan aterrorizadas y lo último que harían es
denunciar. No hay ninguna “rémora” sino una decisión perversa que se lleva
adelante a partir de diciembre de 1995.
217
La policía infantil
Este “novedoso” cuerpo infantil de policía fue creado el 13 de octubre de 1990
a través de la resolución N° 546/90. Los niños pueden ingresar al mismo a los cinco
años y permanecer allí hasta los catorce. Resulta patético ver a estos chicos desfilar
con “marcialidad” en los actos oficiales haciendo gala de una instrucción que, de
ninguna manera, se corresponde con lo que se destaca internacionalmente con
respecto a los derechos de la niñez.
La página salteña Copenoa realizó una nota en febrero de 2007 al fotógrafo
Alejandro Ahuerma, quien había sido premiado por la Secretaría de Cultura de la
Nación y el Ministerio de Trabajo de la Nación por un trabajo presentado con
carácter de denuncia, referido a la instrucción policial en niños salteños. Explica
Alejandro Ahuerma:
La serie sobre el “Cuerpo Infantil de Policía”, que lejos de ser una colonia de
vacaciones, ni una escuelita de boy scouts, y desde su creación, hace más de
16 años, depende de la propia institución policial, a cargo de la seguridad y
sobre todo de la represión en nuestra provincia (...) Y depende directamente
del Gobierno Provincial, por lo tanto es una Institución Oficial perfectamente
constituída y goza de total impunidad, ya que a pesar de estar creada en
contra de todos los derechos que protejen la salud mental y los derechos de
los niños, nació, creció y sobrevive al amparo de un Estado Provincial y
Policial (...) Es bueno que esta muestra que recorrió varias provincias del país
y que hoy llega a Salta, sirva para que quienes organizan, tanto el Ministerio
de Trabajo de la Nación, como C.O.P.R.E.T.I. (Comisión Provincial de
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil) tomen cartas urgente en un
asunto tan grave que tiene como principal antecedente nada más y nada
menos que las juventudes hitlerianas y los denominados “balillas”, niños
fascistas al mando de Musolini... Sugiero investigar más sobre el origen de
estos ejércitos de niños fascistas para llegar a comprender la real dimensión y
la gravedad de lo que se está creando.
Rechazando al verdugo
El 7 de febrero, Alejandro Ahuerma envió el siguiente mail a distintos medios
de Salta:
Estimados colegas, quiero hacerles llegar la nota presentada el día de la
Inauguración de la Muestra en Salta, al Doctor Gustavo Feoli (Director de
Trabajo provincial), para solicitar la urgente intervención de quienes organizan
esta muestra, para reclamar el desmantelamiento del Cuerpo Infantil de
Policía. Y debo aclarar, que la nota del Sr. Gobernador Juan Carlos Romero,
apoyando la muestra, no es más que otro gesto de hipocresía, ya que es el
mismo Estado, quién mantiene esa estructura Policial, con el peligro que ello
implica en una de las ciudades con mayor índice de abusos policiales y
muertes en las comisarías, fruto de apremios ilegales.
218
Excepciones
Como se explicó en distintos pasajes, el nombramiento del represor Sergio
Nazario en la conducción de la policía obedeció a una necesidad de Romero pues
preveía que su administración, dedicada a los negocios, provocaría la reacción de
sectores de la población. La instrucción militarizada, la deshumanización, por no
decir el embrutecimiento de los cuadros, no pudieron evitar, sin embargo, el
crecimiento de algunas flores en medio del barro. Hay personas que piensan por sí
mismas y conservan la educación y los principios recibidos de sus familias y de los
docentes de los distintos niveles. Si bien hay varios ejemplos a citar, tres de ellos me
parecen muy significativos:
Comisarios por la comunidad
En ocasión de una nutrida manifestación que se dirigía al domicilio del
entonces ministro Gilberto Oviedo para escracharlo, los jefes a cargo de la
seguridad, Comisario Inspector José Domingo Leguizamón y Comisarios Jesús
Luján Moms y Ramón Nievas, recibieron la orden de reprimir a los manifestantes con
la directiva de usar gases lacrimógenos. Los jefes advierten que al lado de la casa
del funcionario había un jardín de infantes y que, en ese instante, salían algunos de
los niños. Esta situación es informada por Leguizamón al Jefe de Policía y al
Secretario de Seguridad, y le explica que era imposible reprimir sin afectar a los
infantes. Los manifestantes ya habían comenzado a tirar huevos a la propiedad de
Oviedo y el jefe de la policía insistió con que se cumpliera la orden. Leguizamón se
reunió al instante con los otros dos comisarios y tomaron la decisión de no acatar la
orden mientras quedara un solo chico en el establecimiento.
Los comisarios no eran ingenuos y sabían perfectamente que con esa
conducción, ponían en riesgo su carrera. Esto fue lo que finalmente ocurrió: estos
dignos oficiales fueron pasados inmediatamente a retiro.
El Sérpico salteño
Muchos deben recordar esta película basada en un hecho real. En ella se
narra la historia de un policía norteamericano que se enfrenta a sus propios
compañeros involucrados casi todos ellos en distintos ilícitos.
La información fue suministrada por el semanario Cuarto Poder y, entre otras
cosas, recuerda una frase de Frank Sérpico con motivo de una visita suya a la
Argentina: “La corrupción policial sólo se podría revertir si existieran políticos
honestos, que debe haber uno o dos, a lo sumo”.
El comisario Oscar Armando Heneyni había sido trasladado a Cafayate como
segundo jefe de la dependencia policial de esa localidad. En junio, el titular de
la comisaría, Comisario Principal Sergio Corbalán, ...se viene a Salta en uso
de franquicia y deja constancia -en el libro de guardia- de la entrega de vales
para el combustible de los móviles 120 y 189. Esto llama la atención de
Heneyni. Desde su arribo a Cafayate no había visto nunca que el móvil 120
fuera usado. A cargo de la dependencia en ausencia de Corbalán, el “Serpico
219
Salteño” comienza a investigar. Le pide al agente Pastrana, uno de los
choferes, el cuaderno de desplazamiento y circulación del vehículo policial.
Allí encuentra la constancia de que ese móvil se encontraba fuera de servicio.
Pero se había cobrado en forma regular y cada 15 días, los 300 pesos en
efectivo correspondientes a su mantenimiento en circulación.
Heneyni entregó a la doctora Lucía Gómez, de la Fiscalía Penal N° 2 del
Distrito Judicial Norte el cuaderno (original) de desplazamiento del móvil 120.
El comisario radicó la denuncia en Orán, donde fue trasladado como “premio”
a sus informes reiterados a sus superiores sobre las irregularidades
detectadas en Cafayate.
Este policía honesto realizó otras investigaciones que involucraban a jefes
policiales en distintos delitos. El día 18 de septiembre de l999, recibió una
comunicación del Secretario de Seguridad de aquel momento, Dr. Mario Osorio,
quien le ordenó que mantuviera los datos en reserva. Ninguna de las denuncias del
comisario Heneyni tuvieron su correlato en la justicia. Podemos afirmar que en Salta
el crimen si paga.
El abanderado
El oficial Eduardo Sebastián Juárez obtuvo sus 15 minutos de fama sin
habérselo propuesto. El 1° de abril de 2005 se produjo una represión feroz en contra
de docentes que se habían instalado en la Plaza 9 de Julio, hecho que relataremos
más adelante. Juárez, harto ya de la indecorosa obediencia debida, se negó a
sumarse a la agresión en contra de los maestros. Los diarios porteños lo mostraron
en tapa marchando orgulloso, rodeado de educadores, portando una bandera
argentina. Posiblemente, el joven oficial había acumulado decepción a lo largo de su
carrera.
En septiembre de 2004, el periódico virtual Copenoa informaba:
El oficial Eduardo Juárez, quien hoy presta servicio en el Destacamento
Policial San Ignacio de la ciudad de Salta, denunció que el pasado 19 de
septiembre, cumpliendo con su trabajo en la ciudad de Joaquín V. González,
recibió una llamada anónima que alertaba que sobre la ruta 16, un tractor
cargado con rollos de madera evitaba el control policial para lograr llevar el
cargamento sin la verificación correspondiente. “Se verifica la irregularidad
manifestada anónimamente”, detalla Juárez en su denuncia, agregando: “se
procede al secuestro del mismo –tractor con rollos de leña- y detención de los
individuos que se encontraban en el tractor, que ante tal procedimiento,
personal de la Brigada de Investigaciones en el móvil N° 1, Jeep de color
blanco con efectivos de la comisaría citada, intentó entorpecer el
procedimiento”.
Juárez radicó una denuncia en donde detallaba la cantidad de madera y las
personas involucradas en el ilícito. A partir de la denuncia el oficial Eduardo
Juárez fue sancionado y trasladado del destacamento policial San Ignacio en
la capital salteña, argumentándose que el policía demoraba actuaciones, a lo
que el efectivo respondió que el sub comisario Luis Armando Arroyo prohibía
el ingreso de Juárez a la comisaría en Joaquín V. González.
El policía Juárez relató en su denuncia las amenazas recibidas luego del
procedimiento por parte de su superior el sub comisario Arroyo: “Usted no se
220
meta en cosas de los jefes, haga la vista gorda si quiere ascender y darle de
comer a sus hijos. Quédese piola y estará bien”.
“Cuando llegué a la comisaría de González con los detenidos, mis superiores
me dijeron que no me metiera, dejando en libertad a los detenidos que se
llevaron los 100 rollos de madera de quebracho”.
La última vez que va a este hombre de bien, vendía hamburguesas en un
quiosco en la calle, propiedad de un primo suyo. Juárez quería servir a la comunidad
y pagó un alto precio por sostener ese principio. En Salta sólo se premia al
delincuente.
Delgada línea entre el policía y el patovica
En junio de 2003, un chico de 19 años, Carlos David Jaime, fue asesinado a
golpes por dos patovicas y un policía. El joven soportó una larga agonía en el
hospital después del grave incidente que sufriera en el boliche “Puerto” de la capital
salteña.
El policía involucrado trabajaba en negro y fuera de las reglamentaciones
vigentes sobre “policías adicionales”. El responsable de seguridad de la disco era el
comisario “Freddy” García Ríos quien, a su vez, era jefe de la custodia personal del
gobernador Juan Romero, lo que revela una manifiesta incompatibilidad. Los
patovicas y el policía fueron detenidos. Freddy no tuvo problemas.
Derechos Humanos y Ley Contravencional
El médico forense y referente de los Derechos Humanos en nuestra provincia,
Pedro Antonio Alvarez escribió distintos artículos que revelan cómo la ley
contravencional es usada en la provincia para otorgar un poder excesivo a las
fuerzas policiales, lo que resulta funcional a los intereses del Poder Ejecutivo.
En el año 1994, la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta había
declarado de interés legislativo la Primeras Jornadas de Estudio del Régimen
Contravencional...
El objetivo de las Jornadas había quedado expresado en las palabras de
apertura del Presidente: “Que no pretende ser una cuestión simplemente
protocolar, sino un ámbito de estudio, de debate de cuestiones que van a
llegar a la gente...de una legislación moderna...conversión de una norma que
sea justa...es decir que signifique una importante conquista democrática”.
Se refiere Alvarez a una frase de una larga exposición realizada por el
penalista Eugenio Raúl Zaffaroni, que resumía la intencionalidad de las Jornadas:
“Un pueblo que se preocupa por sus contravenciones es un pueblo que está
interesándose por su libertad y su dignidad”.
Dice el Dr. Álvarez que
Después de veinte días de debate, las Comisiones de las Jornadas con el
análisis de los proyectos presentados, establecieron las recomendaciones
finales de reforma al Régimen Contravencional vigente, abriéndose la
221
posibilidad de que los legisladores impongan normas que no atenten contra
las libertades individuales y colectivas de la población y por la defensa de Los
Derechos Humanos, para evitar los abusos policiales por portación de rostro
o vestimenta o averiguación de antecedentes, de disminuir al mínimo el
amplio espectro de penalizar conductas; de abolir el régimen monárquico
anticonstitucional del Jefe de Policía que puede legislar, aplicar la legislación,
juzgar, conmutar, indultar y ejecutar las penas que son atribuciones judiciales
(...) Los fundamentos de gran valor sostenidos durante los días de debate de
las Jornadas, (pueden solicitarse y leer las Actas de las Jornadas en la
Legislatura Provincial) justificaban plenamente ser tratados y tomados como
punto de referencia por los legisladores para la elaboración final de un nuevo
Régimen Contravencional. De lo contrario qué sentido tuvieron las Jornadas.
Pero como se dice vulgarmente, quedaron “cajoneadas” hasta que el 14 de
abril del año 1997, el Poder Ejecutivo envía a las Cámaras Legislativas un
proyecto de Ley Contravencional con 175 artículos (más del doble de los
proyectos presentados en dichas Jornadas), aprobado por la mayoría sin
mayor análisis y debate el 3 de mayo de 2001, bajo Ley N° 7.135. En sentido
similar ocurre con la Ley N° 6.264, promulgada por Decreto N° 2.075 de
1984, de creación de la Policía Judicial bajo dependencia de la Corte de
Justicia de Salta y que hasta hoy no ha sido reglamentada para entrar en
funcionamiento. Solamente estas dos observaciones son suficientes para
comprender cómo el Poder Ejecutivo convierte a la organización policial en un
instrumento de dominación, de control político y social punitivo, desplazando
al Poder Judicial o cercándolo y violando los Derechos Humanos como
consecuencia de la aplicación de normas, como las atribuciones de juzgar
contravenciones y no contar con una Policía Judicial independiente del
Ejecutivo.
A pesar de cierto desprecio por parte de algunos penalistas, las normas
contravencionales son capítulos importantes de la legislación penal por las
siguientes razones:
a) Es la que se halla en relación más inmediata con el ciudadano común.
b) Debido a las escasas garantías que la rodean –con el pretexto de su
menor cuantía y su pretendido carácter administrativo policial- es un campo
propicio para la arbitrariedad policial, los apremios ilegales, la penetración de
los ámbitos de privacidad, detenciones con pretexto de identificación o
averiguación de antecedentes, afectación de la dignidad, etc, etc..
c) Dadas estas características, resulta un formidable instrumento de control
social que tiene incluso más importancia práctica que el Código Penal, puesto
que penetra ámbitos en los que aquel no puede penetrar (espectáculos
públicos, libertad de creación artística, de crítica social, religiosa, de reunión,
etc.).
d) Es una de las vías efectivas por las que la reacción penal puede
condicionar “carreras” criminales y estigmatizar socialmente a las personas.
e) Penaliza un improbable número de conductas, criminalizando a gran parte
de la población. Esta penalización absurda permite que el grupo de poder
seleccione a gusto a quién criminalizar, dado que extiende la vulnerabilidad
en forma alarmante (en criminología se llama efecto perverso de la ley penal).
Con otras palabras: no hay conducta que no sea objeto de penalización, sea
en lugar público o privado, acentuando la selectividad en razón del reparto del
espacio urbano que otorga menos oportunidades de privacidad a los sectores
más carenciados y que son los más vulnerables.
f) Es un instrumento arbitrario en manos del Poder Ejecutivo y las
instituciones que de él dependen, para estigmatizar a personas de sectores
222
marginados y humildes, en forma de impedirles una vida normal o de
dificultarles aún más la que llevan.
Si analizamos la vigente Ley de Contravenciones, nos encontramos con una
Ley que no se ajusta a las recomendaciones y proyectos propuestos en
aquellas Jornadas, además de ser violatoria de los Derechos Humanos e
inconstitucional, porque atenta contra el debido proceso al facultarle a la
policía investigar, detener, juzgar y sancionar a una persona, violando el
principio de imparcialidad, al ser juez y parte y no tener la instancia de
defensa el acusado ni el recurso de apelación judicial. Se trata de una
intromisión de un organismo del Poder Ejecutivo en acciones competentes del
Poder Judicial.
La Ley prevé la creación y el funcionamiento de los juzgados
contravencionales en su Art. 166, que “No podrá exceder el plazo de un (1)
año a partir de la vigencia”, pero ha sido vetado y modificado por el Poder
Ejecutivo mediante Decreto N° 1.052, con lo que se permite a la policía
detener por mera sospecha y la función de juzgamiento del presunto
contraventor. Es inadmisible que el Poder Ejecutivo –a través del organismo
policial- determine y decida a que personas se detiene y a quienes se
mantiene en su condición de prófugos, pese a requerirlas la autoridad judicial.
Por ello es necesaria la Policía Judicial, quien debe llevar la iniciativa a su
estricto control y dirección de la investigación.
Los números del apriete
El 22 de mayo de 2004, El Cronista de Salta publica lo siguiente:
La ola de apremios ilegales que se sucede en las comisarías y la Brigada de
Investigaciones tiene su correlato con las detenciones por averiguación de
antecedentes. Hay excesos en las fuerzas policiales en virtud de esta
facultad. Sólo en el 2003, las detenciones por averiguación de antecedentes
alcanzaron las 45.000 personas, sobre una población de 1 millón, esto
representa un 5% de ciudadanos que se consideran sospechosos de actos
delictivos.
En la Legislatura Provincial coexisten dos proyectos en lo que hace a la
detención por averiguación de antecedentes. Las posturas están divididas,
entre los que quieren que se elimine esta facultad en su totalidad, caso de los
representantes del Partido Obrero, que elevaron su proyecto de ley. Y los que
sostienen que hay que limitarla, que no cualquiera sea detenido, sino que
debe mediar alguna clara sospecha y que cuente con la intervención de un
juez.
Los excesos son diversos, no sólo se trata de los golpes, insultos y la picana,
sino del arrojo de agua fría, de mantenerlos semidesnudos, de incluso
colgarlos desde roldanas en las celdas, cosa que se denunció últimamente.
Basta recordar también las denuncias de los travestis, a quienes los
uniformados para dejarlos trabajar los obligan a realizarles los servicios que
prestan. Muchas veces estos atropellos no trascienden porque las personas
son amenazadas o bien por ignorancia no lo hacen. Se trata de las capas
más humildes de la sociedad.
223
Cuando los jefes delinquen
El propietario del Nuevo Diario y un periodista de ese medio iniciaron una
investigación que involucraba a varios jefes policiales y a una periodista con el uso
ilegal de vehículos secuestrados por la justicia federal y provincial.
El titular del medio había localizado a algunos de estos automotores y los
había hecho fotografiar. La policía no demoró en llegar a la casa del periodista. Dejó
a la familia consternada al identificarse como personal “de la brigada”, en una actitud
francamente intimidatoria. Néstor Gauna, director del periódico continuó investigando
y así llegó a descubrir que el propio Secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, se
desplazaba en una 4x4 Jeep Grand Cherokee que, según el funcionario, tenía
documentación melliza. El vehículo parecía nuevo y se veía impecable. El Secretario
de Seguridad manifestó que lo habían encontrado en el barrio Hipódromo y que,
como nadie lo había reclamado, había decidido tomarlo para su uso personal. Ni
siquiera los diputados pudieron obligar a Ferraris que mostrara la documentación de
la camioneta. Los jueces tampoco accionaron contra el protegido de Romero pero,
el escándalo era tal, que procesaron al jefe de policía Hugo Roberto Liendro por
incumplimiento de los deberes de funcionario público y a la periodista Natalia Otero
por usar un Peugeot 206 color celeste dominio CWG-819 cedido por el jefe policial.
La denuncia se realizó en el año 2004 en el Juzgado Formal de Primera
Nominación a cargo del Dr. Martín Pérez. Sólo se investigó el Peugeot 206 pero
como había sido secuestrado por la justicia federal, la causa se derivó a ese fuero.
El comisario Hugo Liendro y la periodista Natalia Otero fueron citados varias veces
por el Juez Federal Miguel Medina, pero no se presentaron a declarar. La causa está
cajoneada y, como sabemos, no significa que está en estudio.
La Comisaría del Menor
Como es costumbre, en Salta nada se previene, se actúa una vez que los
hechos, en este caso aberrantes, ya se consumaron.
En la Comisaría del menor se encuentran alojados niños y adolescentes que,
en algunos casos, cometieron delitos y en otros, cayeron en inconductas menores.
Muchos de estos chicos tienen padres, otros son huérfanos y algunos tienen
contactos políticos que facilitan una rápida absolución.
La justicia comenzó a actuar en este lugar cuando se sucedieron denuncias
por malos tratos y vejaciones.
La Constitución Nacional nos dice que las cárceles son para rehabilitación y
no para castigo de los internos. Con más razón debería intensificarse el cuidado
cuando de menores se trata. El Nuevo Diario publica, en noviembre de 2005, una
nota que resume los abusos a que son sometidos padres e hijos:
La Defensora Oficial Penal N° 6 de Menores de edad, Mirta Medrano de
Giardino, dispuso ayer que se corra vista a la fiscalía penal de turno para que
se determine si corresponde abrir una investigación de los maltratos y
vejaciones que denuncian padres de niños y adolescentes que están
detenidos en la Comisaría del Menor. Los padres plantearon ayer ante la
defensora esta situación y solicitaron que sus hijos reciban asistencia legal y
224
se atiendan sus pedidos de ayuda para dar fin a las agresiones que afirman
sufrir noche tras noche.
Las denuncias de este tipo se vienen repitiendo desde tiempo atrás, aunque
en la mayoría de los casos suelen pedir reserva de sus identidades porque
dicen temer represalias contra los niños.
Ayer un grupo de padres intentó hablar con la Jueza de Menores Lucrecia
Palavecino, pero la magistrada no los atendió y pasadas las 13 abandonaron
la sede del Juzgado en medio de abundante presencia policial, que incluyó a
un grupo de la infantería.
Marina del Carmen Vega, de la Asociación Civil Madres Solidarias, una
entidad sin fines de lucro, contó a Nuevo Diario que se entrevistaron con
Medrano de Giardino, quien elaboró un acta con sus denuncias y ordenó que
sea elevada al Procurador General de la Provincia, Aldo Saravia, que se
informe al fiscal penal de turno y que se requiera al servicio médico de la
Procuración que se constituya en la Comisaría con el fin de constatar las
huellas de las agresiones.
Cinco padres denunciaron agresiones contra sus hijos: Alfredo Lozano, quien
reiteró que su hijo de 13 años, recibe todas las noches golpes y maltratos;
Nora Cruz afirmó que su hijo de 12 años, “fue golpeado y manoseado con
fecha 18 del corriente por un grupo de menores alojados en la misma celda,
presentando en la actualidad golpes en la cabeza, con sangrado del oído
izquierdo, siendo amenazado por los mismos menores que si contaba lo
sucedido le iba a ocurrir nuevamente”; Marcela Suárez indicó que su hijo
continúa detenido a pesar de que se cumplieron los trámites requeridos;
Mercedes Sandoval dijo que su hijo consume drogas y requirió que pueda
realizar un tratamiento de rehabilitación. Y Máximo Quispe contó que el 17 de
este mes “agentes de guardia” golpearon a su hijo en el estómago y el
hombro derecho, pero añadió que tiene miedo de denunciar este hecho
“porque le dijeron que si lo hacía le iban a pegar nuevamente”.
En su anhelo de que alguien los escuche, los padres intentaron presentar un
escrito en la Fiscalía de Estado, donde les dijeron que volvieran hoy. En él
destacan que no reciben respuesta de la jueza interviniente, sostienen que
los chicos han sido dejados “desamparados de todo derecho” y solicitan que
se tomen medidas con “el celador Guitián” –un policía a quien los niños
señalan como agresor- y que se permita el acceso de la prensa a las
dependencias de la Comisaría, cuyo jefe, el comisario principal Humberto
Argañaraz dijo ayer que “gracias a Dios” en ese lugar no hubo agresiones de
parte de los policías contra los chicos.
Esta solicitud de que la prensa acceda a distintos lugares y en distintas
situaciones, muestra claramente el descrédito en el que han caído las instituciones
en Salta.
También se debe reflexionar que la agresión sistemática contra niños y
jóvenes que se produce en los ámbitos de la “seguridad”, la salud y la educación (a
las que no pueden acceder), están creando un caldo de cultivo en donde el
resentimiento y la violencia son el denominador común.
Sin límites
Mario Cuenca era el intendente romerista de Campo Santo y sufría la
oposición de un grupo de desocupados que pugnaba por planes trabajar o, de
225
aquellos que los tenían y pretendían condiciones más dignas para sobrellevar su
pobreza. En ocasión de estar reunidos en horas de la noche, fueron sorprendidos
por una noticia insólita. Cinco de sus hijos que concurrían a la guardería “Doña
Flora” y que tenían entre 6 y 11 años fueron detenidos por el supuesto robo de una
plasticola y varios crayones.
El periodista Carlos Nuñez de FM El Milagro de la localidad relató los hechos
en nuestra emisora. Explicó que los chicos fueron detenidos y retirados de sus casas
mientras sus padres no estaban. Los interrogaron durante más de 5 horas sin contar
con un defensor de menores. Nuñez llegó a la Comisaría para exigir la liberación de
los niños, pero recibió una respuesta grosera del sub comisario Mariano Díaz.
La intervención del senador radical José Luis Valle del Departamento de
General Güemes tampoco sirvió de nada. De esta manera, el intendente Cuenca
buscaba terminar con la protesta social que ya había producido un corte de ruta y
una olla popular. La Jueza de menores Silvia Bustos Rallé tampoco estuvo a la
altura de las circunstancias y la policía liberó a los niños recién a las 3 de la mañana.
Tiempo después el sub comisario Díaz fue ascendido a comisario.
La noche de las tizas
¡Señor Gobernador, lo comprendo! ¡Tiene que defenderse y de paso
defendernos de esa plaga! ¡Cuánto habrá sufrido Ud.también en la escuela!
¡Perdóneme por haber pensado por un momento que Ud. daba muestras de
una debilidad rayana en la cobardía extrema, con tanta parafernalia armada
que hacía recordar a una ciudad sitiada! ¡Salvenos, señor Gobernador, de
esas siniestras maestras salteñas que con la excusa de un salario digno, nos
hacen recordar la penosa etapa de la escuela primaria! ¡Esta noche, Ud. y yo,
tendremos pesadillas! ¡No hay derecho a que nos hagan sentir tanto miedo!
Reciba mi solidaridad.
Lic. David Slodsky
D.N.I. 8176.686
I
La inexorable contundencia de los hechos que se expondrán dan una
dimensión de la gravedad institucional de lo acontecido, -la expresión más
paradigmática, cruda y ruin, de lo que ha sido el Estado Policial de un Gobierno que
sistemáticamente se cagó en las libertades cívicas-; la histeria y la intolerancia como
herramienta de acción política, tuvo su más lograda expresión en el triste episodio
conocido como “La noche de las tizas”.
No recuerda la historia institucional salteña, otro suceso en que se haya
agredido de manera tan vil y deplorable a los ciudadanos de Salta.
La Paz Social es un bien en sí mismo; tristes experiencias podemos recordar
de lo que ocurre cuando es el Estado el que la quiebra; más grave y triste resulta
cuando la impunidad y la indiferencia dejan sin sanción penal alguna semejantes
atropellos y vulneraciones, tanto al derecho individual de cada una de las víctimas
como al Estado de Derecho mismo, entendido éste como libertades y garantías en
conjunto.
226
Pero a su vez, la represión del 1 de abril, fue paradójicamente, tan violenta e
histérica, como absolutamente carente de inteligencia y sagacidad política. Lo único
que logró el Gobierno con ella, fue revigorizar un proceso de lucha docente, que a
esos días agonizaba, con un desgaste de más de 40 días de paro y con muchos
docentes que regresaban ya a las aulas. Luego de la represión, no sólo se fortaleció
el espíritu de quienes adherían al mismo, sino que varios otros gremios que habían
abandonado la medida, resolvieron readherirse.
II
El día 1 de abril de 2005, la ciudad de Salta había amanecido sitiada.
Ocurrió que ante la celebración de la Asamblea Legislativa, el Gobierno había
dispuesto un imponente operativo de seguridad, de más de 1.600 efectivos, que
cercaron, por “seguridad”, el recinto de la Legislatura. Por varias calles, desde
temprano podía verse cabalgar cuerpos de la policía montada armados con armas
largas con postas de goma, escopetas lanzagases y palos cual si estuvieran prestos
para una guerra. Por otras calles, cuerpos de infantería fuertemente pertrechados,
motociclistas de a dos armados; fotografías que se reeditaban en todas las cuadras
a la redonda del centro de la expresión cívica y republicana por excelencia, el
edificio de la Legislatura de la Provincia.
Algún desprevenido observador, habría supuesto que se avecinaba algún
golpe de estado u otro conato revolucionario. Pero nada de ello ocurría, solamente
por la esquina de la Avenida Entre Ríos, avanzaban las maestras salteñas, con
banderas argentinas y letreros con consignas de dignidad, reclamando por un mejor
salario y acabar con el negreo del mismo.
Cuando a la mañana la docencia se puso en camino hacia el centro de la
ciudad, hubo un compromiso de no violencia. Llegados a las adyacencias de la
Legislatura, cuadras a la redonda se encontraban valladas sin dejar pasar a nadie.
Nada hicieron los docentes que transgrediera este faraónico y ostentoso operativo –
inusitado por cierto en nuestra ciudad- propio de un empachado de poder, y
temeroso de su quiebre.
Pasado el mediodía, los docentes movilizados decidieron dirigirse hacia la
Plaza 9 de Julio. Allí el debate se centraba en la decisión de quedarse o no en la
Plaza. El fervor de los maestros, superaba ya al discurso de los líderes del reclamo,
por lo que finalmente se impuso la decisión de quedarse. Cerca de las 16 Hs, el
equipo de sonido allí ubicado lanzaba al aire un reportaje al Secretario de Seguridad
Gustavo Ferraris, en el que el mismo aseguraba que no se iba a reprimir a los
docentes, desmintiendo así versiones en contrario que habían circulado durante el
mediodía.
En los altos del Grand Bourg, una fuerte discusión entre el Gobernador
Romero y el Vice- Walter Wayar, concluyó con un retiro del último hacia la localidad
de Cachi, su terruño. Se utilizó como pretexto para justificar la decisión de reprimir a
los docentes en la plaza, la instalación de dos gazebos, que habían llevado algunos
huelguistas para resguardarse del rocío de la noche.
Mientras tanto, en la Plaza 9 de Julio, pocos se habían dado cuenta de que a
lo largo de la cálida tarde, habían estado ingresando de a pequeños contingentes al
subsuelo del Centro Cultural América, (Ex Casa de Gobierno) decenas de efectivos
de Infantería, fuertemente pertrechados como si fueran a una guerra. Se habían
movilizado a tal fin, tropas desde las alejadas ciudades de Tartagal y Metán.
227
Aproximadamente a Hs. 20.10, cuando había ya caído la noche, se
encontraban sobre las veredas de Plaza 9 de Julio, principalmente, en el sector que
da a calle Mitre, poco más de un centenar de maestras y maestros expresando su
reclamo.
Imprevistamente, el silencio y apacibilidad de la noche fue roto por disparos y
ruidos de bombas de gases lacrimógenos; más aún en un horario inusitadamente
irresponsable, y sin haber dado aviso ni prevención o apercibimiento alguno, así
irrumpieron sobre la plaza nutridos grupos de choque de fuerzas de Infantería, que
se lanzaron contra los docentes manifestantes, quienes no mostraron agresión o
respuesta alguna, sólo atinaron algunos a huir del lugar, otros a quedar
ingenuamente sentados. Los uniformados, bajo el pretexto de desalojo de la plaza y
sin orden judicial alguna, comenzaron a golpear a los mismos, arrastrándolos – a
muchos de los cabellos- y destrozando los elementos con los que se encontraban
(gazebos, termos, carteles, alimentos, etc.) en un exagerado, desmedido y ostentoso
abuso de violencia y agresividad. Comenzó así el operativo desalojo de la Plaza, con
una cobarde y salvaje represión, de la cual Salta no tiene memoria por la magnitud
del atropello cometido contra los maestros y contra toda gente que estuviera en el
lugar, incluidos ancianos, mujeres y niños. Mucha de esa gente estaba congregada
en la Catedral Basílica orando por la salud del Papa Juan Pablo II. Se trató de
justificar todo en una absurda supuesta “contravención”.
Ni bien comenzaron los disparos y los griteríos de las mujeres (la plaza
estaba a media luz), periodistas del canal local de aire (Canal 11) que cubrían la
vigilia por el Papa en la Catedral, comenzaron a registrar y emitir en directo la
represión, lo que hizo que muchos de los docentes y personas solidarias con los
huelguistas que se encontraban ya en sus hogares, regresaran raudamente a la
Plaza.
Procedió allí primeramente la Policía a practicar violentas detenciones –entre
ellas la de dos Diputados Provinciales en ejercicio de sus fueros- Sres. Claudio del
Plá y Pablo López (quien pretendiera cubrir a una docente que era golpeada), y
quienes a pesar de advertir su condición de tales, igual fueron arrastrados por la
fuerza.
En segundos, la Plaza y sus alrededores se convirtió en un infierno. Sin
explicación ni justificativo alguno, se comenzaron a efectuar disparos de balas de
goma, gases lacrimógenos, ante el avance de las hordas de overol con palos y
escudos. Corridas, disparos y gases frente a la catedral basílica, se sucedieron
repetidamente. El operativo consistió en detener y golpear indiscriminadamente a
periodistas, maestras y transeúntes con palos y escudos. Las calles España, Zuviría,
Mitre y Belgrano, se asemejaron a una guerra campal. Junto a las fuerzas de
Infantería, irrumpieron otros policías de fajina, también numerosos y jóvenes cadetes
–aprendices- sin estado policial ni uniforme (sólo con un pantalón de gimnasia y
remera) que fueron utilizados como escudo humano, más personal –aparentemente
policial- de civil, y también el grupo de operaciones de alto riesgo (GOPAR),
especialmente adiestrado para actuar sin ahorrar torpeza y violencia.
Una moza de un local de calle Mitre, con encomiable valentía se arrimó para
insultar a la infantería que trotaba por la calle en formación, gritandole “gile, gile,
puto, cagones, cagones”, presa de ira por haber observado segundos antes cómo
apalearon y patearon en el suelo, hasta cansarse, a un manifestante en la puerta de
Galería La Continental. Varios Abogados -miembros algunos de la Red por la
Defensa de los Derechos Humanos- concurrieron inmediatamente al lugar; el caos
228
se trasladaba al frente de la Iglesia Catedral, adonde el personal de Infantería
atacaba y golpeaba despiadadamente a varios docentes, inclusive al Concejal
Carlos Marín, el que con saña fue rodeado por más de ocho policías de infantería y
golpeado con singular ferocidad, al pretender evitar la detención de un hombre –
Raúl Ortega- que había ido a la plaza a buscar a su esposa que era Docente. Se
defendía este concejal con lo único que tenía: su cinturón de vestir. La intervención
física de un Abogado y el mismo Monseñor Bernacki, permitió al Concejal
deshacerse de sus agresores. Monseñor, advirtiendo el caos que se producía en la
Plaza y, particularmente, a la salida de los fieles de la Catedral, ordenó la reapertura
de las puertas de la Curia, la que antes había sido cerrada por orden de otro
sacerdote de menor jerarquía. El cura salió al escenario violento que se desplegaba
en plena calle, y gritaba a los Infantes y a su jefe el Comisario Arzelán: “¿Cómo
pueden ser tal sinvergüenzas, acaso no tienen temor de Dios?, Paren esto, están
locos, están al frente de la casa de Dios, la Iglesia está de luto, el Santo Padre
agoniza, paren de golpear a la gente por Dios”. Ni estas frases salvaron a Monseñor
Bernacki de que fuera también arrollado por estas bestias lanzadas a la Plaza, las
que con sus escudos, palos y disparos al aire, empujaban a todas las personas que
se encontraban al frente de la Catedral, sin oír los desesperados gritos de clemencia
y razonabilidad que muchos de los presentes expresaban.
Policías –todos sin identificación-, cadetes sin estado policial, salvajes con
Itakas y palos, además de haber pisoteado bajo sus botas y palos el libre ejercicio
del derecho de manifestarse, golpearon, hirieron de bala a niños, cometieron cuanto
atropello fuera posible, -y cuanto más violentamente lo hicieran,mejor-. “El
Gobernador lo tiene bajo control,” decía el Presidente de la Cámara de Diputados
Godoy al día siguiente ante la Prensa.
Singular imagen exhibía el Jefe de la Unidad Regional I, Rubén Arcelan, quien
además de haberse dado el gusto de golpear a varias maestras y periodistas,
paseaba orondo al frente de la Iglesia Catedral con una escopeta Escort Rebatible
dando permanentemente órdenes a sus subordinados, acariciando su empuñadura y
gatillo, y haciendo numerosos disparos al aire. Pudo acreditarse en la Causa Penal
iniciada a partir de la denuncia interpuesta por la Red por la Defensa de los Derecho
Humanos, que este tal Arcelan golpeó con la culata de su escopeta a la Docente
Maria Susana Yáñez, lanzándola al suelo. También fue el protagonista de
numerosos hechos de violencia, además de haber dirigido y controlado toda la
represión junto al comisario Benitez, Jefe entonces de la Secciónal 1ª de Policía,
quien entre otras “hazañas”, golpeara y tirara al suelo la cámara de TN. Fue también
precisamente en la esquina de España y Mitre, ante una arremetida de los infantes,
que un corpulento Infante que caminaba al lado de este buen Comisario Benitez,
luego de recibir unas palabras al oído por parte del nombrado, golpeó cobarde y
ferozmente en la cara, empuñando un bastón, a un camarógrafo de Canal 11,
cuando pretendía filmar el avance de las hordas sobre gente indefensa.
Paralelamente, y ante la deseperación que causaba la imposibilidad de hacer
entrar en razón a los efectivos policiales y sus jefes, se hicieron presentes varios
legisladores Provinciales y Nacionales, entre ellos el Senador Gómez Diez, el
entonces Diputado Nacional Andrés Zottos, los Concejales Alvaro Ulloa y Cristina
Fiore, los Diputados Fabián Vittar, Julio De Vita, Teodoro Becker, José Vilariño, entre
otros, quienes azorados ingresaron a la Curia local. Junto a Monseñor Bernacki,
abogados y algunos periodistas, buscaban establecer comunicación con alguna
autoridad, que imparta alguna orden de frenar la represión a los iracundos y
229
descontrolados policías y sus jefes. Fue así que Monseñor Bernacki, luego de
intentar frustradamente comunicarse con el Gobernador, Ministro de Gobierno y
Secretario de Seguridad, se comunicó con el Presidente de Cámara de Diputados,
Manuel S. Godoy a quien, luego de increpar duramente con epítetos tales como
sinvergüenzas, irresponsables, (movido quizás por la ira y desesperación de ver
tanto caos y tanta violencia desmedida) logró concertar un encuentro en la Jefatura
de Policía.
Mientras esto ocurría, el caos continuaba dispersándose por las calles
periféricas de la plaza, hacia calles Belgrano y hasta 20 de Febrero. Las huestes
policiales propinaban golpes y empujones a mansalva –especialmente a Periodistasfieles que salían de la Catedral, legisladores, Abogados, docentes, y cuanta persona
caminara por las calles de la ciudad en un radio de 6 cuadras. Se pretendió impedir
también el paso de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, provocando
empujones que casi lo derriban. Esta imagen había sido sacada por las monjas del
Colegio de Jesús, hecho al que atinaran las pobres y comprometidas religiosas
como ilusa herramienta para apaciguar el salvaje ataque.
Las tareas de inteligencia barata de la Policía tampoco estuvieron ausentes;
repetidamente se hacía correr versiones en la Plaza relativas a la detención en otros
puntos de la ciudad, de Abogados que no se encotraban allí, pretendiendo, así,
conmover o distraer la atención de los otros Abogados que sí estaban presentes.
Las escenas de pánico se sucedieron ante las caras desgarradoras de niños
que, circunstancialmente, se encontraban en la zona céntrica y huyeron de la plaza
con sus padres. Muchos feligreses que se hallaban en el interior de la Catedral
fueron encerrados por personal policial de civil, que realizó un operativo candado y
varias maestras fueron apresadas por policías varones arrojándoles gases
paralizantes a la cara y golpeándolas. Algunos transeuntes ocasionales que se
encontraban en la recova de la ex-Casa de Gobierno, intentaron detener empellones
y golpizas que se propinaban a las maestras detenidas. Fueron muchos ciudadanos,
turistas y desprevenidos quienes fueran también golpeados con bastones, patadas y
trompadas por todo el cuerpo por las fuerzas policiales.
El operativo también detuvo de forma indiscriminada a maestras, abogados,
transeúntes, algún empleado de Rapi Moto, familiares de docentes, alguna niña,
terceros absolutamente ajenos, etc.
El subsuelo del Centro Cultural América, la antigua e histórica casa de
Gobierno de Mitre 23, se convirtió en un improvisado “Centro de Detención”
totalmente custodiado por efectivos de infantería y al mando del Comisario Galván.
Según testimonios, se aplicaron apremios ilegales a muchos de los que allá se
detenían mediante policías encapuchados. Se encontraban detenidos el diputado
Pablo López del Partido Obrero; Sandra Natalia Otero, directora de Radio 6 de
agosto; el docente Alejandro Wardi, dirigente de ATE; los diputados del PO, Claudio
del Plá y Pablo López; el docente Marcelo Quispe.
La ausencia de cualquier identificación en el personal policial revistió inusitada
gravedad. Escondidos en el anonimato, desplegaron su ferocidad sin que puedan,
los denunciates y víctimas, individualizarlos para ejercer sus Derechos. Se observó
también a policias de sexo masculino atacando a mujeres, filmaciones policiales,
persecuciones de inteligencia a docentes, etc.
230
III
Los legisladores que se habían congregado en la Curia, se dirigieron a
Jefatura de Policía; allí se reunieron junto al dirigente de ATE Alejandro Wardi y
Monseñor Bernacki con el 2º Jefe de Policía Amado Gaspar y el Presidente de
Cámara de Diputados Godoy. Al llegar al lugar, Godoy fue increpado por el Senador
Gómez Diez, quien le dijo levantando el ceño: “¿Y ahora…?” A lo que,
lacónicamente, contestó Godoy. “Si ustedes garantizan el desalojo de la Plaza,
paramos la represión”. Con este condicionamiento se sugería el absoluto control de
los hechos por parte del Gobierno, atentos a la reconocida calidad de incondicional
adicto al Gobernador Juan C. Romero de este legislador.
El jefe de policía ensayaba su propia versión justificando un “procedimiento
contravencional”; el Secretario de Seguridad brilló toda la noche por su ausencia,
como así también el Secretario de Derechos Humanos, Oscar Guillén.
Lo cierto es que a posteriori de este encuentro, la represión amenguó. El
presidente de la Camára de Diputados, Manuel Santiago Gogoy convertido en
vocero del gobierno, ordenó al centro de operaciones de Mitre 23 (a las 22.45) que
pare la brutal represión luego de poco menos de tres horas de violencia. Se
comenzó a liberar a los detenidos, y con este accionar se demostró el notorio
ejercicio y control de un dominio de los hechos por parte del Diputado Godoy y su
Gobierno.
Como saldo de esta triste noche, puede agregarse que hubo 28 detenidos,
entre ellos los diputados; la mayoría fue introducido primeramente en el Centro
Cultural América, muchos de ellos ferozmente golpeados, y luego trasladados a
zonas alejadas del centro de la ciudad, tal como el destacamento policial de Bº
Docente. En las comisarías, se negó información sobre el estado y nómina de los
detenidos; en otros casos, se dio información errónea; se privó de derecho a la
defensa al impedir a los profesionales del derecho el contacto con los detenidos que
no estaban incomunicados. Se llegó inclusive, a pesar de exhibirse las credenciales
correspondientes, a negarse el mero acceso a las instalaciones, todo lo que obligara
a la interposición de sendos pedidos de acciones habeas corpus.
El Camarista Luis Félix Costas concurrió a su despacho (entonces sobre
Caseros al 600) y recibió tres pedidos de habeas corpus, disponiendo pedidos de
informes a Jefatura de Policía. Los jueces Miranda y Pastrana también recibieron
sendos pedidos, pero sin materializar respuesta eficaz y rápida.
Cientos de personas golpeadas, maestros, legisladores detenidos y decenas
de personas desaparecidas durante varias horas, fue el crudo panorama de brutal
represión en Salta, de un viernes de vigilia por la enfermedad del Papa. Una niña de
5 años fue internada con heridas de bala de goma, otra niña golpeó con su cabeza
contra el cordón de la vereda ante las corridas provocadas por los Infantes. Fue
retirada del lugar –pues sangraba- por una Ambulancia, caso que mereciera
posteriormente desmentidas confusas por diario El Tribuno.
Singular por la gráfica del descontrol, resulta la denuncia del hecho que le
tocara vivir a la niña Erika Jacqueline Romero Oganesku, de doce años, quien se
encontraba con su madre en la Plaza. La niña fue aprehendida por personal policial
masculino y femenino, que la detuvo. Ante los reclamos desesperados de la madre,
de que se trataba de una niña, los uniformados golpearon a la misma; luego
verificaron la cara ante los gritos de la niña a la que arrastraban de brazos y piernas,
y al cerciorarse de que se trataba efectivamente de una niña, la lanzaron del aire
231
hacia el suelo y la dejaron tirada. La niña atravesó serios trastornos de pánico con
vómitos y reacciones físicas.
El operativo policial también esmeró inusual saña en contra de los periodistas
presentes, indudablemente con la pretensión de evitar se registren los hechos que
se denuncian. El periodista Adrián Valenzuela (Canal 11- Telefe) fue golpeado por
la policía en el cuerpo, en franca violación en circunstancias que pretendía registrar
imágenes de la irracional represión para el canal abierto local, más precisamente,
cuando pretendía cubrir el instante en que su compañero camarógrafo acababa de
ser brutalmente golpeado en la cara. La Periodista de Nuevo Diario Elena Corbalán
recibió un impacto de bala de goma en su cuerpo, al igual que el Periodista Jorge
Oliver (FM Noticias) que lo recibió en su brazo; Ariel Luna de Cable a Tierra sufrió
golpes y roturas de sus elementos de trabajo. Héctor Alí (TN) sufrió asfixia y vómitos
por los gases, más la rotura de la cámara de quien lo asistía.
Los abogados tampoco fueron respetados a la hora del atropello. El Dr. Daniel
Tort, al requerir el nombre de una persona que se llevaban detenida, fue empujado
por un policía que se encontraba en una camioneta donde se llevaban a los
detenidos, por señales del comisario Arzelán. También fue desplazado, en diversas
ocasiones, de la Plaza a empujones por las huestes de Infanterías: ya sea cuando
se encontraba junto al Presidente del concejo Deliberante, Alvaro Ulloa; o junto a
Monseñor Bernacki. El Dr. Martín Plaza fue absurdamente detenido. Por su parte, el
Abogado García Castiella, al pretender dirigirse hacia el Centro Cultural América, improvisado centro de detención- para lograr la lista de los allá detenidos, fue
interceptado por cuatro integrantes del cuerpo de Infantería, tres de ellos armados
con itaka y escudos. Al indicar su pretensión de acceso, el infante que no portaba
armas, le requirió identificación; cuando exhibió la credencial de identificación
provista por el Colegio de Abogados, el vigilante la observó de ambos lados, miró al
Abogado y arrojó la credencial a media calle, mientras los restantes lo apuntaban
con sus armas.
Detrás de todos estos relatos no quedan dudas de que hubo una expresa
orden de actuar con violencia y ensañamiento; ningún policía actúa con estas formas
si no posee la certeza de estar cubierto por una expresa orden en tal sentido.
“La represión del viernes fue feroz. Yo mismo me enfrenté a la infantería
pidiéndoles que tuvieran piedad, que eran trabajadores como ellos. Pero arrasaron
con los docentes, niños, turistas. Fue la peor jornada de violencia registrada en la
provincia”, con estas palabras, monseñor Dante Bernacki intenta resumir la represión
policial ante medios de prensa. Por todo esto los docentes han instituido a esa
noche como “La Noche de las Tizas”.
Hubo varios docentes internados, entre ellas la docente Azucena del Valle
Giménez, con luxación de hombro. Otro docente de apellido Cuello fue internado en
estado delicado con golpes internos, con lesiones en las costillas y en el pie. Dos
profesoras del colegio Tomasini fueron internadas en el San Bernardo: Nelly Mirta
Flores y Marisa Caratoni. A una la arrastraron varios metros de los cabellos y a la
otra la golpearon. La docente María De Zuani sufrió lesiones (desgarro) de cuero
cabelludo y lesiones en costillas, y estuvo en estado de shock durante tres días.
Sólo mencionamos estas personas, sin embargo otras tantas maestras recibieron
golpes, sufrieron lesiones y tuvieron secuelas en similares formas.
Amén de todo ello, los docentes denunciaron también el faltante de bienes
que se encontraban en su poder, tanto en la Plaza, como las donaciones que se
hacían llegar a esa hora al camping de Grand Bourg, que se encontraba sitiado.
232
El gerente de atención a las personas del hospital San Bernardo, Juan José
Esteban, informó esta mañana que el día viernes ingresaron diez docentes a la
guardia del hospital, de los cuales tres quedaron internados. Agregó que no ingresó
ningún efectivo de la policía de la provincia a la guardia del hospital. Por distintos
medios periodísticos, se ha tomado conocimiento de denuncias públicas respecto de
las atenciones recibidas en Hospital San Bernardo.
Las Sra. Marisa Carattoni, 44 años, en Testimonio brindado en FM
Profesional día 3 de abril de 2005, hs 7.50 aproximadamente dijo que fue golpeada
en suelo en la Plaza; luego es trasladada a Hospital San Bernardo. Después de
haberse ordenado su internación precautoria, imprevistamente, a las pocas horas le
dieron de alta bajo pretexto de tener lesión de anterior data. Al hacerse revisar por
profesionales privados, le detectaron sangre en la orina, como consecuencia de
eventuales daños en los riñones. Igual circunstancia le tocó vivir a Nelly Flores, otra
Docente a la que se negó atención en San Bernardo, con análisis privados que
desmienten lo informado por dicho Hospital. Internada en Clínica de la Merced, se le
detectó infección, sangre en la orina y pus en los riñones. Relata que se le negó la
entrega de historia clínica en el San Bernardo.
IV
El desalojo se efectuó sin ninguna orden judicial, sin el control de algún Juez,
bajo la explicación o apariencia de un “Procedimiento contravencional”.
Impensado, irracional y obsceno es admitir semejante despliegue de fuerza,
violencia y ferocidad sin orden judicial y por mera contravención; dicho razonamiento
agrede a la inteligencia de quien lo escucha.
El juez de turno Dr. Jorge Miranda, dijo que no ordenó desalojar la Plaza 9 de
Julio de los manifestantes, ni tampoco las detenciones que registraron los abogados
de la Red de Derechos Humanos y otros Abogados que presentaron habeas corpus.
La policía justificó la represión por la instalación de una carpa en la plaza;
pero los docentes dijeron que apenas era un "toldo" que utilizaron para protegerse
de la lluvia. Luego los voceros del Gobierno justificaron el accionar, en un imaginario
“intento de copamiento de Plaza 9 de julio por activistas”, continuando con la
subestimación de la inteligencia de los salteños, y buscando recurrir a este
justificativo para prevenirse de lo que ha sido la obscenidad de haber desplegado
semejante desalojo, golpiza y balacera sin orden judicial alguna y por mera
“contravención”, por dos gazebos.
Ante el pedido del vocal de la Cámara de Acusaciones Luis Félix Costas,
Jefatura de Policía envió la lista de los supuestos activistas o infiltrados. En ella
figuraban: Sergio Ballesteros, del Movimiento Socialista de los Trabajadores; Ernesto
Álvarez, del Movimiento Barrios de Pie; Natalia Otero, periodista; Inés Portal de
Poma, docente de ATE; Víctor Gamboa, Docente de ATE; Fernando Bin, Tribuna
Docente; Elena Rivero y Fabiana Homez, docentes; Claudio Del Plá y Pablo López,
diputados del Partido Obrero; Gustavo Tilca, docente de Tartagal; y Daniel Tort,
abogado de la Red de Derechos Humanos. También figuraban: Carlos Saravia,
Abogado de los docentes; Ernesto Pérez, Partido Comunista de Güemes; Carlos
Marín, concejal con seguidores del Partido Renovador; Miriam Mercado, de la
Corriente Clasista y Combativa; Rubén Fernández, del Partido Obrero y docente del
terciario; Carlos Gómez, ex concejal del PRS y Alex Goldman, del Movimiento
Oktubre de la UNSa.
233
Como nota de curiosidad, se resalta el embuste y paparruchada de las
versiones oficiales, que el “activista” Daniel Tort, mientras acontecían los hechos,
presentaba un recurso de habeas Corpus ante el Juez Pastrana, en un Juzgado
ubicado en Calle Deán Funes, luego de haberse retirado del escenario de los
hechos.
Amén de ello, no se han detenido otros activistas distintos a los denunciados
¿Dónde estuvieron entonces los doscientos que informaba la Policía?
La represión a los docentes y el desalojo de la Plaza fue un acto unilateral,
traidor y sorpresivo de la Policía de la Provincia. No es verdad que haya sido
respuesta a una agresión alguna, que a todas luces se observa, no existió. En
términos politicos, fue un hecho calculado, premeditado, planeado, y decidido con
frialdad y precisión. Se cercó, se arrinconó, se golpeó y se baleó a mujeres con
niños, a personas de avanzada edad, a docentes que buscaban el camino de la
dignidad. El Gobierno –ante la decadencia de su poder- quiso realizar un episodio de
violencia y de fuerza y así lo hizo: la ostentación de un poder violento, dictatorial y
desmesurado, para esconder la falta de capacidad y diálogo para resolverlo.
Otro dato no llamativo es que jamás existió cuestionamiento, crítica o
disculpa alguna por parte del Poder Ejecutivo sino que, por el contrario, el
Gobernador publicó el lunes siguiente una Solicitada en el diario de su propiedad (y
pagada por el Gobierno que él dirige, como siempre lo hizo), pidiendo disculpas
solamente a terceros ajenos al reclamo docente; a contrario sensu se observa
claramente un expreso aval y aceptación a las formas y consecuencias de los
hechos ejecutados por el personal policial. Allí, a página completa y bajo el título casi
irónico: “Un llamado a la sensatez y a la responsabilidad”, valores de que los
precisamente adolece- el Gobernador manifiesta entre otros conceptos:
Ante el lamentable episodio ocurrido el pasado viernes en la plaza 9 de Julio,
en horas de la noche, pido disculpas en nombre del Gobierno provincial a
todos los feligreses, vecinos y turistas que, ajenos a los acontecimientos,
sufrieron inconvenientes por lo sucedido. (habla de terceros, no se disculpa
ni siquiera ante los docentes)
(...) En segundo lugar, condeno a los grupos de activistas quienes, en medio
de las circunstancias que rodeaban a la agonía del Santo Padre, generaron
caos y violencia, pretendiendo alterar el orden público. (Los activistas son los
reclamantes, sus abogados y gremialistas según el mismo informe policial)
La cantidad de policías heridos es la muestra más elocuente de lo sucedido.
Este hecho fue un episodio absolutamente politizado, como lo hemos venido
sosteniendo. Detrás de él emergieron nuevamente los personajes que,
sistemáticamente, distorsionan la realidad salteña para convertirse en
provocadores y opositores crónicos....
Contrariamente, Monseñor Dante Bernacki dijo: "El gobierno de Salta es
responsable de esta represión brutal que se lleva a cabo en Salta y es una ofensa a
Cristo y pido a las autoridades un poco de consideración por el día que estamos
viviendo”.
Tampoco se ordenó el reemplazo ni sustitución o renuncia de Jefe o efectivo
policial alguno; solamente un simulado traslado del Comisario Arzelán, quien
agobiado por la prueba y las denuncias en su contra, pretendió ser utilizado como
prenda de canje: simuló su retiro pero se lo premió con un traslado a otro destino
mejor pago.
234
El mismo Presidente de la Cámara de Diputados, Godoy, manifestó en un
reportaje publicado en www.cableatierra.com.ar que el gobernador tenía bajo control
la situación: como era de prever, la represión fue frenada luego de su intervención.
A su turno el Ministro de Gobierno, reiteradamente avaló los hechos
represivos, aducía que el problema se generó cuando doscientos activistas
interrumpieron en una misa en la Catedral Basílica. Se permite concluir que el
Gobernador y sus subordinados, no cuestionaron barbaridades tales como la
detención de diputados con fueros, ataques a niños, mujeres, golpes traicioneros a
periodistas, a maestras, personal policial sin identificación, etc.- y la lista continúa-.
Todos estos hechos ni siquiera merecieron reproche para el Gobernador; de
allí la autorizada aseveración de que la represión fue por sus expresas órdenes.
Mención aparte merecen las declaraciones posteriores de los voceros del
gobierno: “Pacíficamente y sin armas...” (Brizuela); “Romero lo tiene bajo control”
(Godoy); “Estoy en el interior, pero por la información que tengo... no fue tan grave”;
“Estoy esperando a ver las imágenes para saber qué paso” (Wayar a tres días de los
hechos).
La violencia fue aportada por el Estado, indiscriminada e irracionalmente. No
hubo provocación alguna, tampoco existió vulneración del Orden Público, sólo un
plan debidamente elaborado para reprimir a quienes quisieron decir basta al
sometimiento despiadado y sistemático de una administración provincial que durante
doce años se desentendió de las necesidades de su pueblo.
Ya entrada la madrugada del Sábado 2 de abril, mientras los últimos
detenidos eran liberados, los últimos docentes decidían quedarse a rezar en la
Catedral, otros a cantar y vitorear frente al Centro Cultural América bajo una pertinaz
llovizna, y se ratificaba de boca en boca, que los docentes no abandonarán la lucha
emprendida.
No alcanza a la razón humana respuesta válida alguna cuando se pregunta
cuál fue la razón que justificó este episodio. Una alternativa, sería recurrir a explicar
la necesidad del gobierno de provocar un episodio violento que sostenga un poder
en decadencia. Otra alternativa, se puede sugerir recurriendo a elucubraciones tales
como satisfacer un capricho de extraña personalidad de un Gobernador al que le
malhumora ver trabajadores o reclamos sociales sobre su “excelsa plaza de primer
mundo”, paisaje únicamente diseñado para turistas extranjeros o para la filmación
del comercial de un conocido Whisky; pero en el que no tiene cabida la presencia de
los trabajadores salteños con cuyo trabajo existe el mismo Estado: éstos no
coinciden con el paisaje, menos las expresiones públicas de descontento que
desnudan la Provincia real.
En el mundo nos conocen
A fines de septiembre de 2003, llegó a Salta una Comisión de las Naciones
Unidas presidida por Thomas Ban, que depende del Alto Comisionado de ese
organismo para los Derechos Humanos. Acompañó a este grupo una asesora de la
Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación, Ana González.
Luego de trabajar concienzudamente y a partir, por un lado, de visitas a
comisarías, cárceles, dependencias policiales en general y, por el otro, de
entrevistas con las comisiones de Derechos Humanos de la Legislatura, como así
235
también con distintos funcionarios del área, la Comisión de las Naciones Unidas
elaboró un informe que resultó lapidario.
El Gobierno salteño usó cuanta artimaña tuvo a mano para ocultar una
realidad que está a la vista.
Informaron sobre condiciones de extrema gravedad, crueldad e inhumanidad.
Hicieron hincapié en la criminalización de la pobreza. Destacaron el trato
infrahumano para con los detenidos refiriéndose al hacinamiento, la falta de servicios
sanitarios y la sistemática violación de los derechos que les asisten.
El informe es mucho más amplio y pone a Salta en cuanto a los Derechos
Humanos, como uno de los peores lugares que esta Comisión haya visitado en el
mundo.
El 23 de mayo de 2006 el iario Clarín titula:
El reporte 2006 de Amnistía Internacional cuestiona las condiciones
carcelarias y ciertos excesos policiales en Argentina, y hay que subrayar que
hace mención expresa y casi única a la Provincia de Salta cuando publica
que “Representantes indígenas pidieron en agosto y septiembre que el
gobierno federal pusiese fin a los desalojos violentos y suspendiera los
proyectos mineros en las regiones habitadas por comunidades indígenas”.
Según los informes, en julio, José Galarza, de 73 años, cacique del pueblo
indígena wichi en Pozo Nuevo, provincia de Salta, resultó gravemente herido
al ser alcanzado por los perdigones de las balas de goma disparadas por la
policía cuando ésta entró en tierras de los indígenas para recuperar el
vehículo de un hacendado. Los wichis se habían apoderado del vehículo para
protestar por el alambrado de unas tierras que, según ellos, pertenecían a su
comunidad.
Después y con el subtítulo “Manifestaciones” informa:
En abril, la policía golpeó y amenazó con armas de fuego a los docentes que
participaban en una manifestación pacífica en apoyo de unas reivindicaciones
salariales en Salta, provincia de Salta. Algunos manifestantes necesitaron
asistencia médica, y se detuvo y acusó a varios de ellos. Todos quedaron en
libertad después.
Uno quiere creer que en algunos lugares más civilizados del planeta,
semejantes informes bastarían para que se produjeran algunos cambios, pero en
Salta eso no ocurre y lleva a pensar que algo muy grueso está fallando en el sistema
federal.
De otro modo no se explica la impunidad con que funcionan y funcionaron
regímenes brutales y perversos como el de Juárez en Santiago del Estero y Romero
en Salta.
236
CAPÍTULO VII
237
Bastardeando las Instituciones
Sin Justicia no hay Derechos Humanos
Roberto Garretón49
El funcionamiento de las instituciones esenciales que hacen al sistema
republicano de gobierno en Salta son una entelequia. Romero se encargó de
avasallar la mayoría de los artículos de la Constitución Provincial, sancionada el 2 de
junio de 1986 y reformada durante su primer gobierno, el día 7 de abril de 1998.
No respetó ni hizo respetar los Derechos Humanos. Agredió y permitió la
agresión a las comunidades indígenas. Concesionó el servicio de agua ilegalmente y
lo administra una empresa que lo ha colapsado. Por supuesto, no están
garantizadas ni la educación, ni la salud ni el servicio de seguridad. A modo de
ejemplo, cito algunos de estos artículos y sólo el título de los mismos:
Artículo 4 “Indelegabilidad de facultades”. Artículo 5 “Responsabilidad del
Estado”. Artículo 10 “Respeto y protección de la vida”. Artículo 13 “Principio
de igualdad”. Artículo 14 “Principio de Solidaridad”. Artículo 15 “Pueblos
Indígenas”. Artículo 16 “Derechos y garantías, reglamentación, operatividad.
Artículo 17 “Derechos fundamentales”. Artículo 19 “Libertad Personal”.
Artículo 21 “Régimen Penitenciario”. Artículo 22 “Derecho a la privacidad”.
Artículo 23 “Libertad de Expresión”. Artículo 24 “Libertad de enseñar y
aprender”. Artículo 30 “Protección del Medio Ambiente, defensa de la calidad
de vida”. Artículo 31 “Derechos de los consumidores y usuarios”. Artículo 33
“De la infancia”. Artículo 34 “De la juventud”. Artículo 35 “De la ancianidad”.
Artículo 36 “De los discapacitados”. Artículo 37 “De la vivienda”. Artículo 38
“Seguridad Social”. Artículo 39 “Seguro Social”. Artículo 40 “Régimen
Previsional”. Artículo 41 “Derecho a la salud”. Artículo 42 “De los planes de
salud”. Artículo 43 “Protección del trabajo”. Artículo 44 “Derechos del
Trabajador”. Artículo 46 “Derechos gremiales”. Artículo 47 “Derecho a la
educación”. Artículo 49 “Sistema educacional”. Artículo 51 “Docentes”.
Artículo 52 “Cultura”. Artículo 57 “Acción Popular por delito electoral”. Artículo
62 “Incompatibilidad e inhabilidades”. Artículo 63 “Declaración Jurada y
remuneración extraordinaria”. Artículo 64 “Carrera administrativa”. Artículo 65
“Derecho de Agremiación”. Artículo 67 “Tributos”. Artículo 70 “Disciplina
fiscal”. Artículo 71 “Actividad económica. Distribución de la riqueza”. Artículo
80 “Procesos ecológicos esenciales”. Artículo 81 “De la tierra”. Artículo 82 “De
los recursos mineros”. Artículo 83 “De las aguas”. Artículo 84 “De los
bosques”. Artículo 85 “De las fuentes de energía”. Artículo 86 “Sujeción a la
Constitución”. Poder Legislativo, Artículo 93 “Composición, Funciones”.
Artículo 140 “Gobernador y vicegobernador”. Artículo 150 “Composición”
“Poder Judicial”. Artículo 151 “Independencia”. Artículo 167 “Autonomía
Funcional” (Ministerio Público).
49
Representante para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para
Los Derechos Humanos.
238
Con citar los títulos no alcanza. Los ciudadanos responsables deberían leer
con detenimiento la Constitución Provincial y, seguramente, se asombrarían al
advertir que la Ley madre ha sido violada sistemática y permanentemente.
Subordinación y valor
Decir, en términos generales, que los Poderes Judiciales, en todos los
Estados del mundo, son influidos por el poder político, tanto en las designaciones
como en el desempeño de sus funcionarios, constituye una verdad que no requiere
ser demostrada. Es un hecho público y notorio.
Pero cuando se afirma que el Poder Judicial de una provincia como Salta, se
encuentra subordinado funcionalmente al Poder Ejecutivo -lo que reviste una
gravedad mayúscula- se requiere aportar datos concretos que se detallarán a
continuación.
En el mes de octubre del año 2005, se realizaron las elecciones generales de
renovación parcial de autoridades legislativas. Obviamente el gobernador de la
provincia encabezó y llevó adelante toda la campaña del Partido Justicialista. Para
entonces se pensaba inaugurar el edificio de la Ciudad Judicial –sin embargo la obra
completa demoraría varios meses más-. Ese acontecimiento se había anunciado en
todos y cada uno de los actos de campaña, y no resultaba cómodo incumplir en
víspera de las elecciones.
Por lo tanto se inventó un nuevo truco pre-electoral, y la frustrada
inauguración fue sustituida por el denominado “traspaso de la obra”, en el que
simbólicamente el Gobernador de la Provincia entregaba al poder Judicial la obra.
No fue casual que este acto se llevara a cabo horas antes del comienzo de la veda
electoral, con la presencia del Presidente de la Corte de Justicia y el Procurador
General de la Provincia, en un claro, ampuloso y costoso acto de cierre de campaña,
el día jueves 21 de octubre de 2005.
Ese evento fue uno más de la frenética carrera publicitaria pre-electoral, en un
verdadero raid de inauguraciones de canillas comunitarias en los barrios pobres,
semáforos y refacciones en centros de salud. No cabía la menor duda de que este
singular “traspaso de obra” era otro acto electoral más. Ni el más despistado
ciudadano de Salta podía dejar de apreciar algo tan elemental.
Los únicos dos ciudadanos que no parecieron darse cuenta de ello, fueron el
titular de la Corte de Justicia Dr. Guillermo Posadas y el Procurador General de la
provincia Dr. Aldo Saravia, quienes tuvieron destacada actuación al momento de los
aplausos.
Al día siguiente el diario del Gobernador incluía en las páginas 22 a 25 títulos
como “Intensa actividad partidaria en el último día de la campaña” o “El PJ es el
reaseguro de la transformación de Salta”, o “Un cierre con fervor popular”, también el
de “Importantes anuncios”, entre otros. En doble página central, lógicamente se
exhibían fotos del famoso “traspaso de obra”, con otras, de los dos funcionarios,
orgullosos de formar parte de una publicidad electoral evidente.
Incluso los dos obedientes funcionarios, hicieron declaraciones cargadas de
asulaciones en esa edición del periódico. El primero llegó a elogiar: “... La
determinación del Ejecutivo provincial, que pese a la crisis del 2001 y de quienes
vaticinaban el derrumbe de la obra, llegó a este resultado que es único en su tipo en
el país”. También pudo haber dicho que los volantes debían acordarse del gobierno
239
de la Alianza al momento de votar tres días después. No hubiera habido diferencia.
Ni siquiera tuvo el recato de hacer un elogio al gobierno en general; no señor, fue
exclusivo para el jefe de campaña que aplaudía a su lado.
Igual acto de falta de decoro y delicadeza tuvo el Procurador, que expresó:
“Esta obra costó un enorme sacrificio económico, pero no fue ningún sacrificio para
los gobernantes tomar la decisión de hacerla”. Para el Dr. Saravia el sacrificio no es
del pueblo que pagará la obra, sino de los gobernantes que también aplaudían a su
lado, y que cerraban así un brillante acto de campaña.
Todo esto estimado lector, aunque usted no lo crea, lo hicieron sin sonrojarse.
También aunque no se pueda creer, todavía en Salta se discute en algunos ámbitos
sobre la independencia de los poderes. Tiempo perdido si lo hay.
¿División de poderes?
La Constitución de la Provincia de Salta, se revela como un claro ejemplo de
concentración indebida de facultades en el Poder Ejecutivo, y ello no es una mera
opinión teórica. Todos los habitantes de Salta conocemos que la totalidad de las
decisiones políticas e institucionales son asumidas, la mayoría de las veces, de
manera explícita por el Gobernador. No existe una sola área de gobierno donde no
se observe una clara y contundente prevalencia de este aspecto y, desde esa óptica,
el sistema republicano de gobierno se resiente de manera inevitable. En muchos
casos el sistema directamente no se verifica. La división de poderes es hoy sólo una
manifestación de anhelo, un camino nunca cumplido de la Carta Magna. Se ha
impuesto, y con razón, una conciencia ciudadana generalizada de que el Poder
Judicial carece de independencia. Además el Poder Legislativo obedece órdenes
directas emanadas de los teléfonos del Centro Cívico del Grand Bourg, que con
mayorías automáticas han dispuesto no sólo la sanción de proyectos de leyes
enviados desde el Poder Ejecutivo en sesiones sobre tablas, sino hasta la misma
declaración de la supuesta necesidad de reforma –denominada absurdamente como
una interpretación, de que dos veces consecutivas, en Salta significa tres veces- de
la Constitución, que como todos sabemos se ha llevado a cabo, con una impúdica
celeridad y falta de debate, sustentada en la voluntad omnímoda de una sola
persona. Baste citar que las fingidas deliberaciones llevadas a cabo sin la presencia
de la oposición, se dieron abruptamente por finalizadas un día viernes: se votó el
texto ese fin de semana y se la puso en vigencia en forma inmediata. No ha sido una
casualidad obviamente, que el lunes inmediato posterior venciera el plazo para la
presentación de la candidatura, por tercera vez, para gobernador y vicegobernador
de Juan Carlos Romero y Walter Wayar.
Esquema Constitucional
Una primera lectura del texto Constitucional nos demuestra, de inmediato, que
el panorama expuesto en la introducción de este capítulo, es una lamentable
realidad. Corroboremos lo afirmado: el artículo 156 ha previsto que los Ministros de
la Corte de Justicia son nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado,
y sin estabilidad en los cargos, sino por seis años, momento en el cual deben ser
confirmados por el mismo cuerpo. Esto significa que los jueces de la Corte deben su
240
designación al Poder Ejecutivo, al que a su vez deben controlar, y para que la
sospecha de dependencia sea total, luego de un periodo de seis años deben ser
revalidados en sus cargos por el Senado de la Provincia de mayoría automáticadependiente del mismo ejecutivo. La cabeza del Poder Judicial tiene vicios de
legitimidad e independencia desde el nombramiento.
La lectura del art. 149, nos impone que el Fiscal de Estado, el custodio del
patrimonio de toda la Provincia, es designado por el mismo Poder Ejecutivo, con
acuerdo del mismo Senado de mayoría automática. Dura en su cargo los mismos
periodos que el Gobernador, y puede ser reelegido. El tutor del fisco es así un
nombramiento más del Ejecutivo.
La lectura del art. 157 nos demuestra que el órgano encargado de designar a
los Magistrados Inferiores de la Provincia, tiene mayoría determinada por el Poder
Político, que como hemos visto está en manos del Poder Ejecutivo. Así lo integran
los mismos Ministros de Corte que él designa; los representantes del Ministerio
Público que él designa; los jueces inferiores que él propone al Senado y que éste
designa; y los representantes de las Cámaras Legislativas que él controla. Este
órgano tiene además solamente funciones de selección, (art. 159) y nunca de
nombramiento, que queda en manos del mismo Poder Ejecutivo con acuerdo del
mismo Senado.
El texto del artículo 160, nos ilustra sobre la existencia de un cuerpo
denominado Jurado de Enjuiciamiento, cuya composición controla el poder político,
ya que lo integran los Ministros de la Corte designados por el Poder Ejecutivo, cuyo
presidente además preside éste cuerpo; dos diputados y senadores de la mayoría
automática; el Fiscal de Estado que el Ejecutivo designa; y hasta los abogados de la
matrícula que lleva el Colegio de Abogados de la Provincia, en vez de ser elegidos
por esa entidad, son elegidos por las Cámaras de Senadores y Diputados.
Siguiendo con este primer análisis, se observa en el artículo 164, que el
Ministerio Público está compuesto por tres funcionarios mayores (el Procurador
General, el Defensor General, y el Asesor General de Incapaces), que son
designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del mismo Senado; en tanto los
Fiscales y Defensores Inferiores son designados por el mismo Ejecutivo, con
acuerdo del mismo Senado, previo paso por el Consejo de la Magistratura del que
hablamos con anterioridad.
En el artículo 169 se observa que existe un Síndico General que debe
controlar el movimiento interno presupuestario, contable, financiero y económico de
la hacienda pública, en síntesis, el manejo interno del dinero del Estado, de los
caudales públicos. Este funcionario es designado y removido por el Gobernador.
También en la misma norma se ha previsto el funcionamiento de la Auditoría
General de la Provincia, que tiene el control externo de la Hacienda Pública, y cuyos
miembros son seleccionados por una comisión de la Cámara de Diputados, en la
cual la minoría no tiene mayores facultades. Luego son designados por el Senado
de mayoría automática.
El Poder Ejecutivo de la Provincia detenta facultades previstas por el art. 144
y el art. 145, (decretos de necesidad y urgencia) este último de abuso
indiscriminado, que ha permitido desde la venta del Banco Provincial hasta el
despido de 5000 agentes de la administración pública.
Según el texto Constitucional, el artículo 93 prescribe que el Poder Legislativo
debe controlar la gestión del Ejecutivo y además, hacer efectivas las
responsabilidades políticas de los altos funcionarios. La práctica de cada día nos
241
revela una situación contraria. Por citar sólo un caso, se comprueba, reiteradamente,
que la Cámara de Diputados no logra siquiera citar a informar a los Ministros de ese
Poder Ejecutivo, o a los responsables del Ente Regulador de los servicios públicos.
La realidad nos demuestra que es el Ejecutivo el que controla, y muchas veces
decide, sobre el Legislativo.
Para cerrar el cuadro de influencias del Poder Ejecutivo sobre el resto de los
Poderes del Estado, se han creado además en el mismo ámbito, bajo la
dependencia directa del Gobernador, Secretarías de Estado tales como la de
Seguridad, llegando la actividad judicial en la práctica solamente hasta la Jefatura de
Policía, y constituyendo ese cargo de Secretario de Estado un verdadero extrapoder
en la seguridad o inseguridad jurídica de los ciudadanos, de manejo directo del
Ejecutivo. Tan ajeno es al control del resto de los poderes, que el primer Secretario
de esta área ha sido Sergio Nazario, sindicado como represor y torturador en el
conocido centro clandestino de detención “El Olimpo” en los años de la dictadura,
que fue puesto en evidencia por poquísimos medios de comunicación salteños, lo
que motivó su renuncia formal. Sin embargo, se sabe que en la actualidad trabaja
bajo el amparo del mismo Poder Ejecutivo percibiendo remuneraciones con gastos
reservados y a nombre de terceros.
La Provincia de Salta además, en clara diferencia con el resto de las
provincias Argentinas, no cuenta con una Oficina o Fiscalía de Control
Anticorrupción, a pesar de haberse ingresado y estar hoy en poder de cada bloque
dentro de las Cámaras Legislativas, un proyecto de creación de ese organismo, que
tendría facultades amplias de investigación, control, actuación y hasta auditoría en
todo organismo que maneje fondos del Estado, incluidos los fondos de campaña
política de los distintos partidos, la evolución patrimonial de los funcionarios de los
tres poderes, la participación en las licitaciones públicas y adjudicaciones directas, y
hasta el control del uso de los bienes del Estado (aeronaves de la Provincia, por
ejemplo). Ese proyecto resulta innovador, en tanto sus miembros serían elegidos en
elecciones abiertas de los colegios profesionales (abogados y contadores), lo que
evitaría el control sobre las designaciones y, con ello, un verdadero carácter
independiente en su actividad. Seguramente, ese es el motivo por el cual todavía
hasta la fecha la Legislatura no lo ha tratado.
Tampoco cuenta nuestra Constitución con la figura del Defensor del Pueblo
(Ombudsman), que tiene amplio desarrollo en otras legislaciones y que configura, sin
lugar a dudas, la garantía de asistencia inmediata a situaciones cotidianas que no
ameritan la intervención de la justicia en un proceso ordinario, pero que es de
impostergable existencia para la atención de inquietudes ciudadanas. La mención
en el artículo 127 inciso 15 de la posibilidad de existencia de un Comisionado
Legislativo no subsana esa carencia, ya que en el actual esquema de dependencia
del Poder Legislativo en relación con Poder Ejecutivo, el funcionario que
proponemos deberá ser con independencia de ambos.
La realidad de Salta demuestra, lamentablemente cada día, que es necesario
ampliar el esquema de protección de derechos fundamentales (Derechos Humanos),
tales como integridad física o psíquica (ni siquiera mencionados en la constitución) y
evitar el establecimiento de responsabilidades ante las violaciones, que en la
práctica no se lleva a cabo todavía. La facultad de detención sin orden judicial
deberá ser reafirmada sin restricciones, pues la tan mentada causal de averiguación
de antecedentes que esgrime a diario la Policía de la Provincia de Salta, es una
242
herramienta represiva que emana de la regla estatal orgánica de esa fuerza, que
data del año 1968, en plena dictadura de Juan Carlos Onganía.
El ejercicio del poder de manera discrecional por la concentración de
facultades apuntadas más arriba, ha provocado –entre otros ejemplos- que el texto
del artículo 77 de la Carta Magna sólo haya quedado en anhelos. Hasta la fecha
nadie, ni el mismo Poder Ejecutivo, se ha preocupado por llevar a la práctica un
proyecto de creación del Consejo Económico Social, el cual debería estar
conformado por diversos sectores sociales (producción, trabajo, cultura, ciencia y
tecnología) y que es de consulta obligatoria, por ejemplo, para los planes
económicos (presupuesto de cada año).
Como espectador inconsulto de todo este manejo discrecional, ha
permanecido hasta ahora –salvo en contadas ocasiones- la sociedad civil y, en
particular, las entidades intermedias, convocadas en años anteriores a infructuosos
diálogos políticos que derivaron casi siempre en monólogos sin dirección. Tanto es
así que por ejemplo, la FEPUSA hubo de presentar un proyecto de alternativas
básicas de mejoramiento del sistema burocrático en la Provincia, que nunca fue
atendido por el Ejecutivo Provincial. En otras oportunidades, en que se pudo aportar
a cambios legislativos incipientes, la variante luego de sancionada por el Poder
Legislativo (ej. órgano fiscalizador en manos de los afiliados en el Instituto Provincial
de la Salud –IPS-,) fue vetada por el mismo Poder Ejecutivo, bajo la argumentación
de que era muy complicado realizar elecciones. El titular del récord histórico en
elecciones en Salta, adujo esa falacia, en un claro y grosero acto de ostentación de
la impunidad. Además, luego de la experiencia popular de fines del año 2001 y
primer semestre del 2002, en que las asambleas ciudadanas pregonaban el famoso
“que se vayan todos”, en el que tuvieron marcada participación las entidades
intermedias y, en particular, las de profesionales, el poder romerista se dedicó con
especial énfasis a la cooptación de esos entes logrando, en casi todos los casos,
desarticularlos, y hasta llegar a designar en cargos políticos a sus dirigentes, como
una manera eficaz de anularlos en su actividad institucional.
La ciudadanía, en general, tampoco ha participado hasta el momento en una
sola consulta popular, a pesar de las variantes efectuadas en programas de
gobierno, pues el artículo 60 que ha previsto el referendum, lo hace solamente
como posibilidad y no con carácter obligatorio. Sigue teniendo el Poder Ejecutivo la
decisión sobre este punto también.
Para poder variar este lamentable estado de cosas, sería necesario –por lo
menos- producir los siguientes cambios básicos:
•
•
•
Designación de Ministros de la Corte de Justicia: Por medio del Consejo de la
Magistratura, con publicación de postulaciones, posibilidad de oposición por
cualquier ciudadano; estabilidad en los cargos e independencia en las
designaciones.
Consejo de la Magistratura: Cambio en las condiciones de elección; mayoría
de miembros de las entidades intermedias; derogación de la facultad de las
Cámaras Legislativas de designar miembros; facultades de designación de
los jueces y demás funcionarios.
Jury de enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios: Similar variante que el
anterior Cuerpo; derogar la participación de mayorías políticas y judiciales;
autonomía de funcionamiento.
243
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fiscalía Anticorrupción: Creación de la entidad de acuerdo al proyecto
comentado y no designación de sus integrantes por el Poder Ejecutivo;
autonomía financiera y funcional; estabilidad de sus miembros.
Ministerio Público: Designación de sus miembros de la misma forma y
condiciones que los Ministros de la Corte de Justicia.
Fiscal de Estado: Sistema de elección independiente de la voluntad del Poder
Ejecutivo; concurso de antecedentes, participación de los entes intermedios;
estabilidad en el cargo; remoción por jury de enjuiciamiento solamente.
Auditoría General de la Provincia: Designación independiente del poder
político de sus miembros; selección por entidades intermedias, colegios
profesionales y en ternas.
Consejo Económico Socail: Puesta en marcha en forma inmediata del mismo;
carácter vinculante de sus resoluciones; facultades de seguimiento de los
planes aprobados con su participación.
Sindicatura General: Designación por la minoría política en las Cámaras para
que el control sea ejercido con independencia.
Referendum público: obligatoriedad de las convocatorias; carácter vinculante
de las decisiones.
Defensor del Pueblo: como órgano extrapoder, con autonomía financiera y
funcional, estabilidad en el cargo y atribuciones amplias en defensa del
ciudadano.
Derechos Humanos: especial dictado de protección a los derechos
fundamentales, ampliación de garantías en el texto del art. 19; no delegación
en ley posterior de las sanciones previstas; no determinar ninguna otra
excepción que la de delito flagrante.
Recordemos las palabras de Mariano Moreno:
Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada
hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas
ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre
mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tirano, sin destruir la
tiranía.
Por siempre Gober
Ya en 1998, el romerismo había logrado la reforma de la Constitución
Provincial que, según sus propios argumentos, había que actualizarla a los nuevos
tiempos. En realidad, el objetivo único era habilitar a Romero un nuevo período de
gobierno. Muchos negocios estaban pendientes y el poder real en Salta pasa
exclusivamente por el Ejecutivo, o para decirlo más claramente, por Romero.
Se fuga la fórmula Menem-Romero que avizoraba una derrota aplastante en
2003. Tal como habíamos pronosticado periodísticamente, Júcaro retoma la
conducción, ejercida a control remoto durante la campaña y convoca a una elección
de Convencionales Constituyentes. Si alguien tenía alguna duda de la sumisión del
Poder Legislativo y del Poder Judicial a la voluntad del gobernador, aquí quedaron
disipadas.
244
El Artículo 140 de la Constitución, reformada en 1998, ordena lo siguiente:
El Poder Ejecutivo de la Provincia es desempeñado por un ciudadano con el
título de Gobernador de la Provincia. Al mismo tiempo y por el mismo período
se nombra a un Vicegobernador de la Provincia.
El Gobernador formula y dirige las políticas de la Provincia y representa a la
misma. Es el Jefe de la administración centralizada y descentralizada.
El Vicegobernador es su representante legal.
Duran en sus funciones cuatro años y no pueden ser elegidos más de dos
veces consecutivas para desempeñarse como Gobernador o Vicegobernador
de la Provincia respectivamente. Con el intervalo de un período pueden ser
elegidos nuevamente.
Cesan en sus funciones el mismo día en que expira el período legal sin que
por ninguna causa pueda prorrogarse ni completarse.
Lejos de ser una manifestación democrática, la convocatoria a una nueva
reforma era un claro gesto de soberbia apoyado en la hegemonía del romerismo.
Dice el constitucionalista Bidart Campos:
La Constitución no puede ser el triunfo de un partido sobre otro u otros, ni la
versión de los principios de uno solo o de pocos, sino el instrumento y el
modelo que merezcan aceptación generalizada. De lo contrario, la ruptura
inicial del consenso social sería un mal acompañamiento al nuevo texto.
En Salta el ex Ministro de la Corte de Justicia y ex Presidente del Colegio de
Abogados Ricardo Reimundín se expresó con meridiana claridad en contra de la
reforma constitucional en el Semanario Claves y en FM Pacífico:
La Constitución implica un pacto de convivencia entre los diversos sectores
que componen los estamentos de la sociedad; una suerte de contrato social
que contiene las reglas básicas que hacen posible el desarrollo de la
convivencia. Por tales razones resulta imprescindible que para su reforma se
obtenga el mayor consenso posible entre los sectores que la componen. El
ejercicio del poder constituyente implica un pronunciamiento expreso del
pueblo sobre la necesidad y oportunidad de la reforma constitucional (...) La
cuestión de una reforma con estos fines sectoriales ha de ser causa de
división y tendrá un efecto traumático sobre la credibilidad de las
instituciones.
¿Prensa libre?
También el reconocido jurista rebatió los términos en que fue impulsada esta
reforma constitucional dado que, entre sus considerandos, los diputados oficialistas
destacaron el gran acceso a la información que hoy tendría la sociedad lo cual según explicaron los legisladores en el proyecto- torna posible y directo el control
ciudadano sobre sus gobernantes, al evitar así que éstos se transformen en meros
señores feudales: Escribe Reimundín en Claves:
Todos sabemos de la existencia del increible monopolio de la prensa oral,
escrita o televisiva; que impide al común de la gente tomar conocimiento de
245
hechos fundamentales originados en las esferas de los tres poderes del
Estado. Hemos retrocedido, pues, a épocas que ya creíamos superadas
cuando la noticia debía hacerse correr de boca en boca (...) manifiestan que
la reforma se realizará si la gente lo decide.
El abogado advirtió -ya en FM Pacífico- que el camino judicial para cuestionar
la reforma, que iniciaran Carlos Saravia Day y FePuSa, puede no ser satisfactorio
porque dijo: “No conozco ningún caso, que haya tenido interés el Poder Ejecutivo,
que haya perdido en sede judicial, están los fallos a la vista. Así que no es una cosa
en la que se pueda mentir”.
En realidad, fueron varias las presentaciones en la “Justicia” que, por
supuesto, fueron rechazadas por los cortesanos. Hubo pronunciamientos públicos
de la Democracia Cristiana, La Unión Cívica Radical, El Partido Renovador de Salta,
El Partido Humanista, La Junta Promotora del ARI, La Pastoral Social, FEPUSA, El
Colegio de Abogados, La Multisectorial, Organismos de Derechos Humanos,
entidades gremiales como la CTA, CCC, ATE, ciudadanos autoconvocados,
docentes, Partido Obrero, etc. Se hicieron asambleas barriales y el 5 de mayo hubo
una manifestación de más de 6000 personas. Todo el arco ideológico desde la
izquierda hasta la derecha tuvo este punto de coincidencia en defensa de la
Constitución. La razón: sólo la mafia quería la reforma. Fue un clamor generalizado
al que el discípulo de Menem hizo oídos sordos. Es tal la desfachatez de los acólitos
de Romero, que tenían la consigna de explicar en los medios que, dos períodos
consecutivos son en verdad tres.
No dudaron en romper El Contrato Social.
Editorial
Antes de la reforma constitucional de 1998 el diario La Nación se había
expresado críticamente en una editorial que tituló “Reelección indefinida en Salta”.
El 20 de agosto de 2003, reafirmaron conceptos que hacen al funcionamiento
de la República y los vicios de una reforma que apunta únicamente al interés de una
sola persona.
Esta última nota es la que reproducimos a continuación:
“Salta: la amenaza del poder perpetuo”
La provincia de Salta tiene un histórico, largo y fecundo compromiso con la
forma republicana de gobierno y con la democracia. Uno de sus hijos más
ilustres, el doctor Indalecio Gómez, siendo ministro del Interior fue,
precisamente, el impulsor y promotor de la Ley Sáenz Peña. A su vez, las
sucesivas constituciones provinciales -comenzando por la de 1821 y
concluyendo con la de 1986-, prohibieron sabiamente la reelección de los
gobernadores, en la convicción de que la posibilidad de renovarle el mandato
al titular del Poder Ejecutivo quebraba la forma republicana y daba pie a un
pernicioso proceso de concentración del poder.
Esta valiosa tradición fue quebrantada en 1998 a instancias del actual
gobernador que, haciendo uso de su abrumador dominio sobre el sistema
político, impuso una cláusula que habilitaba la reelección por un único
mandato, con lo cual la provincia se situaba, de alguna manera, en la línea de
246
la Constitución nacional reformada en 1994. Por ese entonces, tanto el
gobernador Juan Carlos Romero como el Partido Justicialista hicieron votos
públicos en el sentido de que ése era el límite compatible con la lógica
republicana, comprometiéndose a no intentar nuevas aventuras
reeleccionistas.
A punto de concluir su segundo mandato de cuatro años y tras abandonar la
carrera presidencial junto con su compañero de fórmula, el doctor Carlos
Menem, el gobernador de Salta decidió ignorar aquel compromiso y le impuso
nuevamente su voluntad a una Legislatura que controla férreamente. Con un
empeño digno de mejor causa, la aplanadora político-social que conduce el
mandatario provincial logró, en menos de 72 horas y por lo tanto de manera
sorpresiva, habilitar el proceso que conduce a una nueva reforma de la
Constitución provincial.
La convocatoria a esta Asamblea Constituyente, que tiene por único objetivo
habilitar una nueva reelección del doctor Romero, tiene graves defectos
formales y de fondo. En primer lugar, su sola convocatoria representa una
amenaza a la forma republicana que exige la periodicidad de los mandatos y
supone la división de los poderes del Estado. Sobre este punto, conviene
señalar que la tramitación de la convocatoria y sus impugnaciones judiciales
han puesto de manifiesto que en Salta no rige tal división y que el
gobernador, merced a un sistema electoral anacrónico y a prácticas reñidas
con la lógica democrática, actúa prácticamente sin controles políticos,
judiciales ni administrativos.
Resulta cuestionable, por un lado, la celeridad impresa a la tramitación del
entramado jurídico reeleccionista, que ignoró los plazos legales para la
entrada en vigor de las leyes y decretos. Por otro lado, que la elección de
convencionales constituyentes se realice bajo el imperio de una legislación
electoral que debió caducar en cumplimiento de categóricas cláusulas
constitucionales.
Para entender mejor este punto, conviene recordar que la legislación que
habrá de aplicarse el próximo domingo en Salta desconoce el principio "un
hombre, un voto", al otorgar una sobrerrepresentación a distritos cuyo censo
electoral es en verdad insignificante, lo que facilita todo tipo de
manipulaciones y de prácticas clientelares y prebendarias.
Como si todo esto fuera poco para rechazar una decisión política del
gobernador que pone a su provincia en la senda de un poder hegemónico y
que se sucederá a sí mismo de manera indefinida, el discurso reeleccionista
en la provincia pretende presentar al doctor Romero como un hombre
providencial, argumento inadmisible dentro de un Estado democrático de
derecho. Y pretende, además, apelar a la presunta legitimación que el
proyecto reeleccionista recibiría de la ciudadanía, desconociendo que más del
40% del electorado local está sometido a la violencia moral de tener que votar
bajo la presión que significa su dependencia económica de los diversos
planes de asistencia social que el gobierno local maneja al ritmo que marca
su estrategia electoral.
Este panorama quedaría incompleto si no se advirtiera el modo
calculadamente ambiguo que el gobernador y sus seguidores utilizan a la
hora de comunicar sus intenciones a la opinión pública. En efecto, mientras
que en un primer momento la idea reeleccionista se formulaba como una
autorización sin límites a optar por nuevos mandatos, más tarde el oficialismo
dejó trascender que sólo se busca una tercera y última reelección. No
obstante, se advierte que los planes incluyen una cláusula transitoria que
habilitaría al gobernador Romero a continuar doce años más al frente del
Poder Ejecutivo. Siendo mucho, la cifra se transforma en algo espeluznante si
247
se recuerda que en los últimos 21 años la familia Romero controló Salta
durante 14 años.
Una razón para el hastío
Salta, junto a Santiago del Estero y Tierra del Fuego, es una de las tres
provincias con mayor abstención electoral desde 1983 a la fecha. Estamos hablando
de una ciudadanía agotada por las trampas del gobierno y desencantada de sus
dirigentes.
Muchas razones podemos dar de este cansancio cívico, pero una de las más
importantes tiene que ver con la sobrerepresentación en los departamentos chicos,
en donde una mayoría de ciudadanos pobres, es manipulada por los famélicos
regalos preelectorales y por el fraude que se ha manifestado permanentemente en
lugares donde el control de la oposición es inexistente. El abogado y ex
Convencional Constituyente, Pedro García Castiella, lo expresa de esta manera:
Durante la
Reforma Constitucional de 1998, el Poder Constituyente
determinó que se aplicará para la renovación de autoridades del año 2003,
una modificación en el régimen de elección de Diputados Provinciales, que
respete los siguientes principios; a) la igualdad de sufragio de los ciudadanos,
b) la representación de las minorías y c) que la distribución de las bancas se
haga en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido (Cláusula
Transitoria 14°).
Esta disposición nació a partir del expreso reconocimiento que la Constitución
hizo en 1998 de las características distorsivas y degeneradas del mecanismo
de “representación proporcional” que hasta hoy rige; obligaba a modificar el
sistema electoral de los diputados provinciales a partir del año 2003.
El sentido de ello fue obviamente extirpar el nefasto mecanismo de
construcción de mayorías distorsivas que hasta hoy perdura en nuestro
sistema ‘representativo’; mecanismo mágico que hace por ejemplo, que en
una elección provincial con resultados distribuidos entre dos fuerzas
mayoritarias en un 53% a 47%, podría proyectar una distribución en escaños
de 70% a 30%. ¡Y ojo que no es una cuestión menor!; como ciudadano
salteño exijo respeto en la ponderación del problema, y eficacia en su
solución. Aquellos electores de los departamentos medianos y chicos,
decenas de miles de salteños, que acostumbran votar a la oposición,
cansados estarán seguramente, de ir año a año en los turnos electorales, y
“votar al cohete” en las elecciones legislativas, votan por un representante, y
nunca lo consagran. A través de un rápido ejemplo aritmético, se puede
advertir cómo existen decenas de miles de salteños que a pesar de elegir con
su voto al legislador de la oposición, y cuyas voluntades pueden llegar a
reunir el 40 o 50% de los votantes del distrito, no pueden acceder a elegir un
representante por la minoría, la representación se la lleva el 100% la primera
minoría. Fenómeno paradigmático de los departamentos “chicos”. Ejemplo:
solamente en el Valle de Lerma, si juntáramos cinco departamentos, nos
daríamos sólo en la región, con una cantidad superior a 30.000 salteños
marginados de cualquier forma de representación, a causa de la “picardía” o
“viveza criolla” de este sistema distorsivo, donde el 100% de la
representación se la lleva quienes obtengan un punto más del 50% de
votos....
248
A pesar de la exigencia constitucional, las elecciones a Convencionales
Constituyentes de 2003 y las elecciones generales de ese año, se realizaron con el
mismo sistema que permitió al romerismo hacerse de la mayoría en ambas cámaras.
Nepotismo en el Feudo
En Salta se da en todas las reparticiones u organismos del Estado, la práctica
inmoral de usar el poder para nombrar en cargos públicos -a veces como ñoquis- a
parientes, amigos y allegados, que en muchos casos, carecen de la idoneidad
suficiente. Resulta particularmente irritante que esta deformación política se dé
también en el Poder Judicial.
En uno de los tantos paros llevados a cabo por el gremio de judiciales, los
manifestantes hicieron llegar a FM Noticias un listado de gente que, en su mayoría,
fue nombrada fuera de concurso y por ser el pariente o el amigo de... .
Presidente de la Corte de Justicia Guillermo Posadas: Jubilado. No obstante
percibe sueldo como integrante de la Corte de Justicia. Con el último aumento
bajo el “rótulo” de capacitación, cobra $ 9.500 más gastos reservados.
Designó a su esposa, Mirta Saravia de Posadas, que tiene una antigüedad de
8 años, pero con 11 categorías, que corresponde a 25 años de antigüedad.
Trabaja en Registro de Mandatos. Llega a las 8:15, cuando en realidad debe
hacerlo a las 7:30 como los demás empleados. Ella misma amenaza a sus
compañeros con hacerlos echar si hacen paro.
Nombró a Irene Luna, actual mucama de la familia Posadas, con antigüedad
de cuatro años.
Designó a la sobrina del Intendente Isa, Carolina Canteros, en el juzgado del
Dr. Sosa Vallejo.
Nombró a la cuñada de Betina Marcuzzi de Romero (mujer del gobernador),
María Eugenia Montagna de Marcuzzi en el Juzgado de Sumaria Tercera con
cuatro años de antigüedad y ocho categorías.
Juez de la Corte de Justicia, Omar Silisque: Designó a uno de sus hijos como
Encargado del Proyecto de Recursos Humanos de la Corte, con una
antigüedad de 2 años y 10 categorías, también designó a su otro hijo,
Rodrigo, en el Juzgado de Minas, con cuatro años de antigüedad y 10
categorías.
También hizo nombrar a un individuo de apellido Mogro como encargado de
Sub-Mayordomía en los edificios judiciales de la calle Balcarce. Antigüedad 8
años, con 8 categorías, es decir el tope. Se dedica en realidad a hacer de
pintor, jardinero y electricista en las viviendas particulares de Silisque.
También hizo entrar a trabajar a sus hijos en el Poder Judicial.
Jueza de la Corte de Justicia, Cristina Garros Martínez: Designó a su hija
Eleonora Rodrígez, en el Programa Piloto de Mediación, con antigüedad de 4
años, escalafón profesional, sin concurso. Designó a su hija Ada Rodríguez
en Registro de Antecedentes. Antigüedad 4 años, nombrada en escalafón
profesional, sin concurso de oposición. Designó a su ahijada Berta Lozano
Maggi en el Juzgado de Quiebras N° 1, con cuatro años de antigüedad y 6
249
categorías. Designó a su yerno Pablo Molina, quién cobra sueldo con cargo
de profesional, sin concurso, en la Oficina de Informática.
También hizo nombrar a su otro yerno, Sergio Molina con cargo de escalafón
profesional en la Sección Informática del Poder Judicial, con altas categorías.
Además el sujeto cobra sueldo como ñoqui en el Grand Bourg (casa de
gobierno). En Tribunales tampoco marca tarjeta de entrada y salida.
Designó a su ahijado Víctor Zurita en la Mesa de Procesos Ejecutivos Mesa
de Entradas, con antigüedad de 4 años y 6 categorías.
Designó al Mayordomo Barrientos, Jefe de todos los ordenanzas, quien
después hizo entrar a trabajar a su mujer Martina de Barrientos en Sumaria
Cuarta y a un hijo de 22 años de edad en un Juzgado de Menores. Todos con
altas categorías. Personas que hasta denunciaron penalmente a algunos
compañeros para amedrentarlos y evitar que se plieguen a medidas de
fuerza.
También en este trabajo se menciona al ex Juez de la Corte Edgardo Vicente
que nombró a una gran cantidad de parientes en Salta Capital y en los
Tribunales de la Ciudad de Metán.
Secretaria de Superintendencia Gabriela Buatse de Mateo: Ejerce el control y
sanción de los empleados. Hizo nombrar a su ex cuñada, Odona Mateo en
Mesa de Entradas del Juzgado Civil Sexta, con cuatro categorías en sólo 2
años.
Los jueces que integran el Consejo de la Magistratura, además de su sueldo
como tales, perciben otro sueldo de esa Institución como integrantes de la misma.
Todos los jueces de la Corte tienen gastos reservados, con viáticos y gastos
pagos cuando viajan a otros lugares del país y del mundo.
Utilizan los autos del Poder Judicial para su uso particular y el traslado de sus
familiares. Compran silencio al hacer entrar al Poder Judicial a los hijos de los
choferes de la Corte de “Justicia”.
Consignan por otra parte lo que ocurre en La Procuración General de la
Provincia:
Procurador Aldo Saravia: Designó a su mujer María Toledo como Jefa
Principal del Servicio Médico de la Procuración.
Fiscal Alejandro Saravia: hizo designar a su nuera Cecilia Coria con las más
altas categorías en la misma Procuración.
La cuestión indígena
Las comunidades indígenas sufrieron durante el gobierno de Romero un
ataque sistemático. Fueron expulsadas de las tierras que les pertenecieron por
derechos ancestrales. Acorralados en lugares que les impiden acceder a los ríos, en
donde se proveen de agua y alimentos. Sus posesiones arrasadas por las topadoras
de los terratenientes acompañados por la policía provincial o por las temibles
“Guardias rurales”. Permanentemente engañados por los funcionarios de Romero,
que crean discordia entre los miembros de las distintas etnias. La entidad que los
agrupa, el IPPIS, infiltrado por indígenas que responden a las órdenes del poder.
250
Cuando pareciera que sus derechos están protegidos por la Constitución, en
realidad, sufren las peores persecuciones por aquellos que desean despojarlos de
sus tierras.
Todos los años la prensa independiente informa de estas agresiones que
incluyen brutales castigos y, en algunos casos, hasta la muerte de estas personas.
El gobierno de Romero se ha desentendido de estos grupos humanos que
están sometidos a las enfermedades más crueles y pierden, paulatinamente, su
identidad cultural.
Un caso paradigmático es el de una comunidad Wichi que fue expulsada de
los lotes 32 y 33, en donde vivieron por generaciones de los maravillosos bosques,
sin depredarlos y consumiendo únicamente lo necesario para susbsistir. Algunos
especialistas calificaron esta expulsión como genocidio.
Premio Nobel de la Paz
El 15 de abril de 2004, el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel dejaba sentada su
opinión en el Nuevo Diario:
“Me preocupa en todo esto la inoperancia total y absoluta del gobierno”, dijo
el defensor de los Derechos Humanos frente a la permanente vulneración de
los mismos en las comunidades indígenas. Esta evaluación se realizó luego
de la visita a los aborígenes de Orán y Tartagal. “La conclusión que saco es
que los indígenas siguen siendo marginados, exluídos y explotados”.
La falta de independencia de la Justicia, no sólo del poder político sino
también de los intereses empresarios, fue otro de los aspectos que impactó a
Esquivel quien informó que hay juicios contra las corporaciones que llevan 18
años sin resolverse.
Uno de los temas más preocupantes es la situación de las comunidades Ava
Guaraní desalojadas de El Tabacal, a las que no se deja ingresar al territorio
que está custodiado por policías y personal armado que paga la empresa.
Indicó que la jueza de Orán, Cristina Barberá, reconoció estar equivocada con
la orden de desalojo y represión dispuesta.
Sin embargo, los desalojados por ahora están “alambrados” y no pueden
regresar a sus tierras. En cuanto a los desalojos de comunidades kollasguaraní y criollas de los lotes 14 y 55, indicó que, en su vuelta a Buenos
Aires, elevará un informe ante la representante de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Alicia Oliveira, por la situación vivida por estas
familias. Y es que un alto índice de dengue, y la falta de medicamentos y
atención de la salud, son algunos de los aspectos más graves detectados por
la Comisión que observó que “los niños sobreviven gracias a la caridad de los
vecinos”. Esta situación es pasible de denuncias y puede provocar juicios
ante la Corte Interamericana. Indicó que la problemática de los desmontes en
la zona es otro de los aspectos que preocupan, en tanto vulneran los
derechos humanos de las generaciones futuras.
Por último cuestionó seriamente lo que pasa en la provincia y caracterizó a
Salta como un “feudo medieval” en el que las políticas para los aborígenes
están ausentes y sólo existe el asistencialismo. “El Gobierno debería resolver
este problema en los mejores términos. De no ser así, las acciones
empezarían a disponerse desde las entidades de Derechos Humanos a nivel
nacional e internacional”.
251
Datos del acoso
1-Desplazaron a grupos Kollas para la construcción del gasoducto Norandino,
operativo llevado a cabo por la empresa Techint con la complicidad de la justicia
federal salteña afectando, de paso, a los parques nacionales Baritú y Calilegua, y sin
prestar atención a la opinión de reconocidos ambientalistas.
2- La entonces abogada del IPPIS, Liliana Mazzone, advirtió sobre múltiples
irregularidades en la distribución de dineros de la nación provenientes de la Anses:
nunca llegan a sus destinatarios y es robado por intendentes y funcionarios
provinciales.
3- El cacique Emilio Díaz, titular del IPPIS (Instituto Provincial de los Pueblos
Indígenas de Salta) denunció, en 2003, al Secretario de Gobierno Raúl Medina que
presuntamente intentó coimearlo para frenar una presentación ante la justicia por los
montos millonarios que el Gobierno Provincial le adeuda a la Institución. Existe una
grabación donde el propio gobernador Juan Romero intenta convencer a los
indígenas que no recurran a los abogados “aves negras” -según sus dichos-, de
modo que las cosas se arreglen negociando con él.
4- El semanario El Expreso publica, el 22 de abril de 2006, la grave situación
que aqueja a una comunidad Ava Guaraní privada de su trabajo por la empresa El
Tabacal y refiere:
El pasado 19 de abril se recordó el Día del Aborígen y la mayoría de los
funcionarios se rasgaron las vestiduras declamando los derechos de nuestros
hermanos, derechos que en la práctica no se cumplen. Y este es el caso de la
comunidad aborígen Ava Guaraní de Finca Solazutti que vive al costado de la
ruta nacional n° 50, a unos treinta kilómetros de la frontera con Bolivia. Estos
hermanos sobreviven desde hace muchos años cuando la empresa El
Tabacal los dejó sin trabajo y al no encontrar tierras en Orán se asentaron a
orilla de la ruta, sobre la banquina. Para sobrevivir sembraban maiz y se
abastecían de agua de un arroyo cercano. Los problemas empezaron cuando
los propietarios de las fincas cercanas, molestos por la presencia y
ostentando los títulos de propiedad quisieron expulsarlos. Luego, después
que las aguas se calmaron, y de esto hace más de dos años, los finqueros le
cortaron el agua. Sí, los finqueros con los ojos puestos en la productividad de
sus tierras desviaron el arroyo Solazutti hacia sus cultivos y en la época más
calurosa del año nuestros hermanos se quedaron sin agua...
5- En marzo de 2005 viajé a Tartagal para investigar una situación
relacionada con el robo de un bebé. El viaje coincidió con otro hecho similar que se
producía en ese momento. Una mujer aborígen había dado a luz en el hospital y el
médico que la atendía le había dicho que se trataba de una niña, pero una hora
después volvió este profesional para informarle que lamentablemente había parido
un hijo varón que murió al nacer. Ante la gravedad de las circunstancias, la señora
se opuso firmemente a que los facultativos le hicieran análisis y pruebas de ADN y
reclamó a viva voz la presencia de algún representante de Derechos Humanos y de
un Juez.
252
Al tomar conocimiento de esta situación me dirigí a FM Sol del Norte y le
conté lo sucedido a mi colega Claudio Sotelo, quien conduce un programa matutino
en esa ciudad. También me contacté con la periodista Lizzy Quintar de Radio
Nacional.
Los dos me comentaron que no era la primera vez que esto ocurría con recién
nacidos aborígenes. Se denunciaron venta de bebés que nunca se esclarecen. Pero
lo insólito es que también dijeron que cuando intentan denunciar estos hechos en
sus medios son apercibidos y censurados por el Juez -me pidieron reserva del
nombre de este magistrado-. Sotelo indicó que en el hospital niegan información a
los periodistas cuando investigan estas denuncias.
La impunidad del poderoso
A principios de mayo de 2004, patoteros del Ingenio “El Tabacal” irrumpieron
en tierras ocupadas por unas 50 familias de la etnia Tupí-Guaraní, y destrozaron sus
cultivos como parte del desmonte ordenado por la empresa Seaboard Corporation.
Nada podían hacer los indígenas, cuando el encargado, Guillermo Jakúlica
los agredió de hecho y de palabra, amparado por la presencia del comisario de
Orán, Ramón Salazar. Sin orden judicial a la vista, el policía arremetió contra la
gente y detuvo a algunos de los líderes.
Que se sepa: no han dado resultados las denuncias hechas en la Defensoría
del Pueblo, El INAI y organizaciones de Derechos Humanos. El desamparo de las
comunidades es total.
“Muerte y sospechas a la salteña”
Los gritos enfurecidos de Juan Romero se escuchaban en todo el edificio de
El Tribuno. En 2006, habían decidido que el día domingo se entregara con el diario
un ejemplar de la revista Veintitres. La bronca del gobernador estaba dirigida al
secretario de redacción, Bernardo Rabinowicz y a su hermano “Tito”. Una vez más
se les había colado información que los golpeaba de la peor manera. La nota en
cuestión refería que:
La lucha por las tierras rurales de Salta sigue sumando sospechosas muertes
violentas. Esta semana, el cuerpo de un joven wichi apareció golpeado y sin
vida a la vera de la ruta 34, en el tramo que une General Mosconi con
Tartagal. La policía provincial, a cargo del caso, investiga un presunto
accidente de tránsito con desenlace fatal. Pero en la comunidad wichi
desconfían. El joven asesinado se llamaba Andrés Tolaba, y era familiar del
cacique Pedro Tolaba, uno de los representantes más activos de la zona. Los
Tolaba encabezan una comunidad que protagonizó varios cortes de esa
misma ruta en rechazo al despojo de tierras y el avance de la frontera
agrícola sobre el monte salteño.
La muerte del joven wichi suma temperatura a un territorio recalentado por el
crimen de la productora rural Liliana Ledesma, asesinada luego de exponer el
abuso terrateniente en Salvador Mazza y una supuesta red narco en la
frontera. Ledesma murió acuchillada el 21 de septiembre pasado, y entre los
253
detenidos por el crimen se encuentra la hermana del ex diputado Ernesto
Aparicio.
Ledesma y un grupo de compañeros de la Asociación de Pequeños
Productores de Madrejones habían denunciado al legislador y a sus socios,
los hermanos Castedo, por el cierre de un camino vecinal que impedía el
paso de los finqueros.
Como Ledesma, la comunidad de Tolaba había denunciado complicidad del
Estado provincial en la entrega de tierras fiscales y el libre accionar de las
“guardias blancas”, grupos de matones armados que operan al servicio de
distintos terratenientes sojeros. Según estableció la investigación, el joven
wichi fue atropellado por un “vehículo de gran porte” que se fugó tras el
impacto. Las camionetas 4x4 abundan entre los habitantes de la zona. Y son
una marca registrada de las “guardias” rurales.
La realidad salteña es tan perversa y permanente que, muchas veces, al
mismo grupo de poder que la provoca se le filtra la información que trata de ocultar.
También ocurrió lo mismo, el sábado 14 de abril de 2007, con la entrega de la revista
Veintitres y el diario de Romero. En la revista se informa a página completa, el
espionaje policial ejecutado sobre docentes y periodistas.
La operadora
Por alguna razón que deberá bucearse en las profundidades de la
“inteligencia romerista”, la actual senadora nacional Sonia Margarita Escudero, es la
encargada de “negociar” con las comunidades indígenas. La funcionaria posee la
rara habilidad de confundir a sus interlocutores con promesas que difícilmente se
cumplen, a la vez que logra dividir, cualquier consenso que pueda darse entre los
aborígenes. Por supuesto que se ocupa de aquellos grupos que tienen alguna
posibilidad de generar conflictos, por ejemplo, los que residen (es una forma de
decir) a la vera de la ruta 34 y a la que han cortado con cierta regularidad
reclamando por sus tierras, subsidios y mejoras para su gente.
Doña Margarita tiene predilección por algunos caciques -entre ellos Indalecio
Calermo-, que para honrar la miseria humana, se amparan en el poder y desconocen
el interés de sus comunidades. Estos jefes gozan de muchos beneficios y hasta se
movilizan en camionetas importantes, sin embargo, pierden paulatinamente su
liderzago al no ayudar en la venta de espejitos de colores.
Escudero sufre un contundente rechazo de los miembros de estos grupos. No
obstante, con prepotencia, ha podido hasta ahora imponer los criterios de su jefe.
Los nativos que viven en los montes de la extensa geografía salteña sufren
las penurias y el ninguneo de las autoridades. Están condenados a la extinción.
Lakha Honhat o la apropiación de más de 640.000 hectáreas
La Asociación Lakha Honhat nuclea a más de 50 comunidades aborígenes
entre las que se encuentran Chorotes, Tobas, Kollas, Chulupís, etc.
Desde 1998, ante el avance permanente del sector político y empresario
sobre sus tierras, lograron que sus reclamos sean atendidos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este Organismo ya ha dado señales
254
de que se pronunciará positivamente en favor del reclamo, y si el fallo no es
atendido por la Argentina, se dará traslado a la Corte Interamericana.
Según el diario Clarín:
El CELS es patrocinante de la presentación de los indígenas, y su
vicedirectora, Andrea Pochak, afirmó que “si bien se trata de un informe
preliminar, marca un antecedente muy importante a favor de los reclamos de
tierras de los aborígenes y además es una luz de alerta para el Estado, que
deberá arbitrar los medios para resolver rápidamente la situación, porque
nadie quiere enfrentar un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, cuyos dictámenes son vinculantes”.
También en Francia
El diario francés Libération, denunció los desmontes en Salta con el título
“Aborígenes argentinos canjeados por el oro”. Aquí reproduzco una síntesis de un
artículo que se refiere al destierro de los aborígenes de Argentina y, sobre todo, del
Noroeste. Fue escrita por un corresponsal francés y ocupa tres cuartos de página.
Allí hay una foto conmovedora de la marcha que realizaron las comunidades
indígenas en 1999, desde La Quiaca hasta Buenos Aires.
La ONU declaró el 9 de agosto Día Internacional de las Poblaciones
Autóctonas. Según un informe publicado el mismo día en la prensa europea,
hay entre 3 a 5 millones de aborígenes repartidos en el mundo que
representan más de 5000 lenguas de culturas diferentes. Sin embargo sus
derechos siguen siendo negados. Entre los derechos coartados se enumeró
a) El derecho a la autodeterminación; b) El derecho a la tierra y a sus
recursos naturales; y c) Los derechos colectivos (lengua y cultura).
El corresponsal francés en Buenos Aires, Antoine Bigo escribe desde las
fronteras bolivianas y cuenta los ritos de la fiesta de la Pachamama, de la
colonización de parte de las empresas mineras de Estados Unidos, Canadá o
Africa de Sur que generaron mil millones de dólares en exportaciones en el
año 2003. “Contaminaron el suelo y el agua, robaron y destruyeron sus
cultivos y el medio ambiente donde viven los aborígenes desde hace 14.000
años..”
Los indígenas siempre fueron ignorados en la Argentina. Antes de la creación
del INAI en los años 50 eran tratados por la oficina de migraciones como si
vinieran de otra parte. Su tradición y su cultura no fueron nunca reconocidas,
las políticas de desarrollo, todas fracasaron...
En Salta y en el Chaco las tierras son desmanteladas y vendidas para el
cultivo de la soja. En la provincia de Jujuy se comenzó a entregar algunos
títulos de propiedad, si pueden probar que trabajan sus tierras desde hace 20
años. Sin embargo la colonización agrícola y minera de la Argentina se
realiza a través de la distribución de tierras fiscales que pertenecen al Estado,
a las provincias y a las municipalidades a pesar que las comunidades
indígenas viven allí.
255
Antecedentes
Cuando los grupos indígenas intensificaron sus reclamos y lograron
repercusión pública interesando, de este modo, al propio Gobierno Nacional, “los
pensadores” del Estado Provincial sacaron de la galera una operación para tratar de
administrar un área de 640.000 hectáreas, que tiene un valor incalculable y es
codiciada por grupos empresariales vinculados con Romero.
En julio de 2005, la Legislatura aprobó una consulta popular, sin conocer
todas las negociaciones que hasta entonces se habían llevado a cabo con las
comunidades y organizaciones de Derechos Humanos, y que habían sido
recomendadas por la OEA.
Si el gobierno provincial logra administrar este emporio, lo parcelará y hará lo
mismo que con las tierras fiscales vendidas a bajos precios, beneficiando a unos
pocos y en perjuicio de la mayoría.
El gobierno nacional debe entender que el sistema federal no implica dejar
hacer a los gobiernos provinciales lo que quieran, sobre todo, cuando afectan los
intereses de muchos ciudadanos. Si no actúan ante casos tan claros de ilegalidad,
tenemos que suponer que ellos también son parte del negocio.
El mundo indígena
Así se titula un anuario que da cuenta de la situación de los indígenas en todo
el mundo. El trabajo correspondiente al período enero-diciembre de 2004 reúne casi
600 páginas y hay una referencia puntual al oscuro manejo que hace el Gobierno de
Salta sobre esta cuestión:
Pese a encontrarse en proceso de solución amistosa, ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, para obtener la titulación de las tierras
que ocupan ancestralmente, las comunidades aborígenes de Salta sufren la
destrucción de sus recursos naturales a través de la tala de monte, la
extracción de madera y el tendido de alambrados, por parte de terceros sin
que el Estado adopte medidas efectivas para evitarlo. Mientras se desarrolla
la negociación entre las partes con participación de la población criolla
ocupante del territorio indígena, el Gobierno de Salta, principal actor en la
cadena de responsabilidades, continúa ofreciendo títulos individuales a
algunos indígenas con el único objetivo de destruir la unidad de la asociación
de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat. El 17 de noviembre, en
oportunidad de su visita al país para analizar la marcha del caso, el relator
especial para Argentina ante la CIDH, Sr. Florentín Meléndez, le advirtió al
Estado Argentino que si no se arriba a una propuesta concreta para el mes de
marzo 2005, la CIDH aconsejará que el trámite continúe en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Ante los negociados ejecutados por funcionarios del romerismo, que incluyen
testaferros y maniobras denunciadas y que comprometen a la Dirección General de
Inmuebles de la Provincia de Salta ¿cómo es posible que más allá de las denuncias
mediáticas y de organismos nacionales e internacionales, no actúe alguna oficina
nacional ante la inacción de la justicia salteña?
256
No solamente hablamos de la apropiación ilegal de bienes del Estado, sino de
la agresión sistemática a las comunidades aborígenes que son tratadas como
esclavas y sometidas a toda clase de abusos.
Negocio casi cerrado
En marzo de 2006 y con la marca registrada del autoritarismo del gobierno
salteño, se concretó una reunión casi obligada por la UEP (Unidad Ejecutora
Provincial) integrada por funcionarios de Romero. En la prenumbra aseguró que en
el referendum había ganado el Sí, es decir, la propuesta gubernamental. Burlaba,
así, a la opinión nacional e internacional. Los lotes 14 y 55 -se anunció a criollos y
aborígenes en esa reunión- serían “distribuidos” de acuerdo al criterio del poder.
Una luz al final del túnel
En mayo de 2007, el Nuevo Diario dio a conocer la buena noticia:
Tras siete años de trámite y después de que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación se pronunciara en tal sentido, la Corte de Justicia de Salta anuló las
adjudicaciones realizadas en 1999 por el gobierno provincial a favor de
familias criollas e indígenas, de tierras comprendidas en los lotes fiscales 55 y
14.
La mayoría de los habitantes originarios de esas tierras reclama un título de
propiedad comunitario único.
Las adjudicaciones llegaron a la justicia por una acción de amparo
presentada por la Asociación de Comunidades Indígenas Llhaka Honhat.
En un fallo unánime del 8 de mayo, pero que recién trascendió ayer, el
máximo tribunal provincial dejó sin efecto el decreto 461 y la resolución
423/99 por los que el Poder Ejecutivo Provincial había entregado títulos de
propiedad a cinco familias criollas dedicadas a la ganadería y a cuatro
supuestas comunidades indígenas (en realidad sólo en un caso se trata de
una comunidad bien constituida).
Los títulos fueron otorgados de manera posterior a una presentación de
Llnaka Honhat ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Estas parcelas están comprendidas en las tierras que los habitantes
originarios reivindican como propias.
La falta de acuerdo sobre la entrega del título único motivó que en 1998
Lhaka Honhat recurriera a la CIDH, un trámite que está ya en su etapa final y
podría acarrear una sanción para el Estado Argentino si no se atienden las
exigencias indígenas.
En primera instancia la justicia provincial rechazó el amparo interpuesto por
Lhaka Honhat. La Asociación recurrió entonces a la Corte Suprema y el 15 de
junio de 2004 este tribunal revocó la sentencia de la justicia salteña, señaló
que las entregas individuales son nulas en virtud del compromiso que había
asumido la provincia (en 1991) de entregar las tierras en título único, y
devolvió el caso al tribunal de origen para que emitiera una nueva resolución
ateniéndose a estas consideraciones.
Finalmente, después de que la provincia tratara de frenar el proceso,
planteando que se declarara abstracto el fondo del amparo, con el argumento
257
de que se había llegado a un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno, la
Corte de Salta declaró nulos el decreto 461 y la resolución 423. Entre los
considerandos, recordó que su decisión debía ajustarse a la sentencia
dictada por la Corte Suprema, que ya había señalado la omisión por parte de
la provincia de notificar a los ocupantes de las tierras entregadas para que
pudieran “hacer conocer sus opiniones en defensa de los derechos que
esgrimen sobre las tierras que integran el objeto de la acción de amparo”.
El Consejo de Caciques de Lhaka Honhat está reunido hoy en el
departamento Rivadavia. Este será uno de los temas que analizarán, una
buena noticia que los tomó por sorpresa, después de tantos años de
esperarla.
El Medio Ambiente
Con estupor, el mundo científico está viviendo la aceleración de lo que se
pronosticaba para más adelante. El cambio climático ya está entre nosotros y no es
producto de un fenómeno natural sino el resultado del accionar del animal más
mortífero que habita el planeta tierra: el hombre. Los polos se derriten, sube el nivel
de las aguas acompañando el aumento de la temperatura global. A sequías
prolongadas le suceden inundaciones devastadoras. En lugares donde nunca había
ocurrido, aparecen sorpresivamente los tornados. Tierras otrora fértiles
paulatinamente se encaminan a la desertificación. Estos cambios en muchas
regiones son acompañados por enfermedades que se creían erradicadas y, los más
pobres, son los primeros en sufrir las consecuencias de decisiones tomadas por
dirigentes venales e irresponsables.
Desde hace muchos años se viene advirtiendo sobre la contaminación de los
ríos y de los océanos. Cada vez parece tener más sentido aquella frase que dice
que “cuando se haya contaminado el último río, cortado el último árbol y matado el
último pez, el hombre se dará cuenta de que no puede comerse el dinero”.
Sumando al desastre
Salta es una de las provincias con mayor extensión territorial. Todavía tiene
maravillas naturales incomparables: selvas palpitantes por una biodiversidad
riquísima y que, protegidas, resultan un lugar único para nosotros y para quienes
nos visitan.
Recuerdo un artículo aparecido allá por los años 60 en la desaparecida
revista Panorama en donde se explicaba que un grupo de argelinos-franceses,
huyendo de las calamidades de la guerra, había venido a mi provincia para
comenzar una nueva vida. Esta gente, muy organizada, tomó la decisión de enviar a
un laboratorio de París, una muestra de tierra de los lugares en donde pensaba
instalarse para conocer sus características y posibilidades de fertilidad. De aquel
lugar de estudios devolvieron la muestra con una insólita recomendación: envíen
tierra que no esté fertilizada artificialmente.
Los mendocinos cuidan sus árboles y sus plantas con un esmero envidiable,
he visto en la ciudad árboles apuntalados por vigas de acero, y a nadie se le
ocurriría dañar en esa provincia algo tan necesario para la vida. Quizá esa
258
conciencia nace en una hermosa ciudad que está enclavada en medio de un
desierto.
Salta es un vergel y el ciudadano promedio carece de esa cultura
ambientalista. Sólo hay que reparar en las administraciones municipales que podan
en tiempos que no corresponden, tiran abajo ejemplares que tienen más de 100
años para contruir un Shopping y cualquiera hace lo que quiere sin pensar en el
derecho del vecino.
Pero aún esta modalidad tiene que ver con una micro destrucción. Romero
se ha ocupado de la destrucción macro.
Lotes 32 y 33
La desafectación de estos lotes -25.000 hectáreas- como Área Natural
Provincial Protegida para ser vendidas al peor postor y con argumentos muy pobres,
concebidos a las apuradas a fin de concretar negocios, tuvo el repudio de muchas
organizaciones y de la prensa nacional. Se calificó a esta operación como una
aberración jurídica sin antecedentes en la Argentina, pues afectaba el medio
ambiente y dejaba desamparada a una comunidad wichi.
Este negocio mereció que la Universidad Nacional de Salta, una de las pocas
Instituciones que no controla el gobierno, enviara una Comisión para investigar el
impacto que esta decisión tiene para la provincia y la región.
Con fecha 9 y 10 de agosto de 2004 se constituyeron en el lugar los
profesionales de la UNSa: Raúl Seggiaro, Héctor Rodríguez, Marita Couto, Ana
Silvia Simesen, Marta de Viana acompañados por Silvia Barrios, Ana María Tuñón,
Liliana Medina, Sebastián Cardó y Matías Duarte.
Reproducimos distintos segmentos de este estudio y sus conclusiones:
1.- La ruta seguida fue San Pedro, el Piquete, Palma Sola y Pizarro. Ya en el
recorrido se aprecia la pampeanización general del paisaje, con escasas
cortinas arbóreas. Los pocos árboles, arbustos y hierbas son en su mayoría
exóticos e invasores, como por ejemplo paraísos, eucaliptus, casuarinas,
cipreses, grevilleas, pasto cubano, ricino y tevetia peruviana. Entre los pocos
nativos que quedan se pueden mencionar cebil, quebracho, algarrobo,
pacará, guarán, chañar, palo borracho y brea. Existen numerosos
aserraderos a lo largo de la ruta... Las posturas de los pobladores de Pizarro
son diversas: algunos se encuentran en trámite de posesión veinteañal y
quieren el título de propiedad de las tierras en las que viven desde hace 2 o 3
generaciones. Sus ingresos provienen principalmente de la ganadería y
cultivos a pequeña escala para subsistencia. Otros no tienen interés en la
propiedad de las tierras, en la medida en que los lotes fiscales permanezcan
como áreas de reserva y puedan seguir con las actividades de ganadería
extensiva que realizan en sectores de distintas dimensiones que en muchos
casos han alambrado. Sería necesario realizar un censo de puesteros, de
ganado, y de las hectáreas en las que realizan sus actividades a los efectos
de poder realizar un plan de manejo, que resulte sustentable con la zona. En
los recorridos que realizamos en el Lote 33, se observa ganado en los
caminos, que recorren sectores no delimitados por los criollos. Esta es una
cuestión de importancia a considerar, ya que el ganado debe ser controlado,
si se pretende realizar un plan de manejo integral.
259
“El desierto es el fantasma al que todos le tememos. Cuando destruyan el
bosque nos sacan la protección. Si siguen desmontando, el agua y la tierra no
se encontrarán con ninguna barrera y vamos a desaparecer”, aseguró Carlos
Ordoñez, un criollo de Pizarro.
En la comunidad Eben Ezer hablamos con los caciques primero y segundo
principalmente. El cacique segundo Donato Antolín comentó acerca de las
actividades extractivas que realizan en el monte, como utilización de 4 tipos
de miel, caza y recolección de frutos y chaguar. Según el Expte. 15400/03 y
la Ley 7274 (desafectación de la categoría de Área Natural Provincial
Protegida de los lotes 32 y 33 excepto la fracción ubicada al oeste del pie de
la ladera que da al naciente de la Serranía Maíz Gordo), se excluye de la
autorización de venta la superficie que corresponde al pueblo de General
Pizarro y de la comunidad wichi Eben Ezer, con previsión de una superficie
para ampliación del pueblo y otra superficie para uso de la comunidad
indígena. Sin embargo en este caso, no queda claro cuál será la dimensión ni
la ubicación del terreno.
2.- Ubicación de los lotes, su inclusión como área protegida
Los lotes fiscales 32 y 33 se extienden de oeste a este desde el flanco
oriental de la sierra de Maíz Gordo hasta el este de la localidad de General
Pizarro. En el año 1995 fueron declarados Área de Reserva Natural Provincial
(Decreto Provincial 3397/95).
3.- La desafectación, la justificación oficial y sus beneficiarios
El gobernador J.C. Romero solicitó el 30 de setiembre de 2003 al presidente
de la Cámara de Senadores W. Wayar, la consideración del proyecto de ley
que autorice al PEP la venta de los lotes 32 y 33 (Expte 90-15.400/03).
Los fundamentos fueron:
a) Mejorar rutas en el Dpto Anta, para el desarrollo socio-económico de la
región (vinculación entre zonas de producción y los centros poblados y
accesibilidad a sitios de gran potencial turístico).
Los fondos provenientes de la venta serán destinados a obras de
infraestructura vial, mejora rutas provinciales n°5 (tramo Lumbreras-LajitasApolinario Saravia) y n° 30 (tramo Las Lajitas-Cnel. Olleros). En el mismo
expediente existe una estimación del costo de las obras: $ 74.995.988 (Expte.
90-15.400/03).
La primera contradicción y falacia que surge es el monto obtenido a partir de
la licitación. Representa el 12% ($ 9.6l5.000) y, si se realiza la obra será
pagada con nuestros impuestos a pesar de que sólo se beneficiarán
directamente las 3 personas (Usandivaras, Ragone y Courel) que compraron
las 16 mil hectáreas.
b) La degradación del bosque
Se menciona en el expediente un informe de recategorización realizado por la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Wildlife
Conservation Society realizado en 2002, donde se recomienda: “desafectar
los lotes 32 y 33 de la categoría de Área Protegida, pasando a depender
nuevamente de la Dirección de Tierras Fiscales, con excepción de la parte
oeste!.
En el informe no se puede saber cómo, a partir del relevamiento realizado, se
llega a esta conclusión. Es importante destacar que la SMA y DS nunca
formuló un plan para adecuar el área de reserva al Sistema Provincial de
Áreas Protegidas (Ley 7107). Más aún, el informe propone que “se
establezcan los mecanismos adecuados a nivel provincial para proveer a la
260
implementación de la Reserva El Palmar, que es uno de los humedales más
importantes de la provincia. Esta reserva no cuenta hasta el presente con un
plan de gestión y con guardas ambientales que aseguren su permanencia en
el tiempo. Asimismo se propone que se incremente la promoción de Áreas
Protegidas en el Chaco y la búsqueda de financiamiento para la realización
de los planes de manejo y gestión”.
¿Por qué promover nuevas áreas de reserva en el Chaco cuando ya existen?
¿Cuál es la experiencia en nuestro país y provincia con relación a la
promoción de áreas de reserva privada que justifique esa afirmación?
¿Por qué justificar la incompetencia de los funcionarios que no cumplen con
sus deberes ni la legislación vigente?
¿Por qué se aduce la necesidad de mejorar la red vial cuando la venta sólo
representa el 12% del monto necesario?
¿Quiénes de todas formas pagarán la reforma de la red vial?
¿Quiénes tasan el valor de un bosque y los servicios ecosistémicos que
brinda?
¿Por qué el precio que el gobierno pagó por una hectárea de zona árida es 3
veces superior al percibido por una hectárea de tierra fértil con bosque en el
Chaco?
La desafectación de los lotes fiscales 32 y 33 (Ley 7274) constituye un
modelo de una decisión política ilegal e ilegítima. Ilegal debido a que en un
pretendido acto legal los legisladores derogan el decreto 3397/95 sin
fundamento coherente. Al hacerlo violan la Constitución Nacional y Provincial,
las Convenciones Internacionales de lucha contra la Desertificación y de
Protección a la Biodiversidad, Las Leyes Provinciales 7070 y 7107 y el
Código de Etica de la Función Pública.
Es también una decisión ilegítima ya que si bien los legisladores y el
gobernador fueron electos por mayoría, ese hecho no les confiere
atribuciones para realizar acciones arbitrarias en contra de la ley. Al ser los
lotes fiscales propiedad de todos los salteños, lo primero que debió pensar el
gobierno es en una consulta a los que resultan directa e indirectamente
afectados por tal decisión.
Nuevamente destacamos la irresponsabilidad de los funcionarios que omiten
el marco legal vigente y, sin fundamento, atentan contra el patrimonio natural
y cultural de todos los Salteños y Argentinos.
Con este accionar ilegal e ilegítimo, se pretende soslayar la responsabilidad
directa e indirecta de los funcionarios que debieron, a partir del Decreto 3397
del año 1995, elaborar un Plan Integral de Manejo y Desarrollo según lo
estipula la ley 7107 (Sistema Provincial de Áreas Protegidas de Salta). Al no
hacerlo permitieron la degradación que hoy invocan para justificar la venta.
Esto arroja confusión a la transparencia que debe guiar todas las acciones de
los funcionarios del Estado Argentino, según se expresa en los considerandos
del Código de Ética de la Función Pública y no incurrir en la violación de los
Principios Generales tales como prudencia, idoneidad y responsabilidad y de
los Principios Particulares como legalidad, veracidad y transparencia (Decreto
41/99, Boletín Oficial N° 29077).
4.- La situación ambiental
Es importante destacar que este informe se basa en una inspección visual y
parcial, ya que en el escaso tiempo con el que contamos fue imposible
realizar un trabajo con zonación de los lotes y muestreo de vegetación.
El sector del lote 32 que recorrimos, limita con dos fincas privadas. En la de
Uribelarrea, ya se desmontó. Los pobladores comentaron que el desmonte
habría sido efectuado sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y
261
Desarrollo sustentable de la Provincia, según lo estipula la Ley 7070. Esto fue
documentado por Greenpeace y filmado por el canal local de televisión,
habría generado actitudes prepotentes por parte de integrantes de la finca.
También denunciaron que los alambres limítrofes habrían sido corridos.
Hemos observado en este sector picadas y comienzos de desmonte en los
límites con la Finca el Albardón y la de Uribelarrea.
Es importante destacar que la Ley 7070, que prevé la realización de estudios
de impacto ambiental y social para cualquier emprendimiento, incluye, en el
caso de penalizaciones, la presentación de un plan de remediación, que
generalmente se basa en promesas de cortinas vegetales que finalmente no
se cumplen debido a la falta de control por parte de la SMA y DS.
Esta parte del lote 32 se encuentra degradada, con pocos árboles que
superan los 25 cm de DAP. El camino interno tiene sólo un acceso con
tranquera y por lo tanto sería de fácil control por parte de las autoridades
locales, para evitar mayores extracciones. En este camino, encontramos
árboles talados a los costados del mismo. Según los criollos “es el tractor
municipal el que los retira...”. El informe en este punto es más extenso, al
igual que el posterior donde se desarrollan consideraciones de “riesgo
geológico” pero he seleccionado lo que a mi entender son los temas
esenciales:
5.- La situación social
5.1 Los criollos, uso del monte
Residen en estos sectores unas 35 familias criollas, de las cuales unas 20
dependen de prácticas de susbsistencia. Dependen estas del monte para sus
sustento, sobre todo las que practican la ganadería del monte o de campo
abierto. En realidad, se trata más bien de un pastoreo de vacunos que de una
explotación agropecuaria moderna, resultando el “puestero” el agente
económico paradigamático. Estas familias se encuentran también ante el
dilema de perder sus recursos normales de subsistencia para enfrentarse a
un futuro incierto, ya que no se trata de agricultores. Los salarios de una
agricultura moderna no les ofrece atractivo alguno, ni por sus montos, ni por
la capacidad de demanda laboral, ni porque la actual fecundidad de la tierra
ofrezca visos de persistencia en el tiempo. Su futuro es el de migrar a las
periferias urbanas para sobrevivir en un medio para el que no están
preparados ni que tampoco ofrece en la actualidad perspectivas de empleo.
Esta ganadería de monte sólo puede mantenerse en la medida en que no se
expanda,- en las actuales condiciones de manejo- por cuanto ya atentaría
contra la sustentabilidad del sector. Sin embargo, es posible prever
adecuadas condiciones de manejo.
Desde el punto de vista de su radicación en el área, a muchas de ellas les
correspondería la propiedad a partir de la posesión veinteañal, de manera
que la enajenación prevista por el Gobierno Provincial implica lisa y
llanamente un despojo injustificado.
Desde el punto de vista simbólico, estas familias criollas representan el
prototipo del “gaucho salteño”, en su versión anteña, un aspecto que desnuda
la desampensión de la política provincial por sus pobladores autóctonos, no
obstante la fachada localista del discurso oficial.
5.2 Los indígenas
En el lote se encuentra una comunidad indígena denominada EBEN-EZER,
compuesta, según comentó el cacique, por una 18 familias. Se trata de una
comunidad de la etnia Wichi (también conocida como mataco), no originaria
del lote, sino que se instala allí a partir de etapas migratorias, primero desde
el paraje El Traslado, al este de Gral. Mosconi, hace unos nueve años. Motiva
262
su traslado la oferta laboral por parte de un administrador de tierras privadas
en El Chaguaral, cerca de Gral. Pizarro. Cuando finaliza el contrato de éste,
se ven obligados a abandonar el lugar, por tratarse de tierras privadas, y la
Municipalidad de Gral. Pizarro les ofrece instalarse en el Lote hace unos tres
años.
Se trata de una comunidad de monte (Tahi-leley), es decir cuya subsistencia
depende desde tiempos ancestrales de los productos de caza y recolección
de animales y frutos del monte chaqueño. En cuanto comunidad del monte,
no practican la pesca, por lo general, como consecuencia de elegir sus
asentamientos en lugares distantes a los ríos principales de la llanura del
chaco salteño.
A diferencia de las comunidades ribereñas (Tewok-leley), que suelen contar
con la oferta del pescado en determinadas épocas del año, las comunidades
de monte dependen para la provisión de proteínas de la caza de animales
montaraces, por lo común, corzuelas, vizcachas, chanchos del monte
(majanos,quimileros,rosillo) y de aves. Ente los vegetales que les provee el
sustento, se destaca la algarroba, pero también el mistol, el molle, el chañar y
otras especies. La miel que producen diversas abejas contribuyen a su
alimentación...
Sin embargo, la paulatina y persistente invasión y ocupación de sus territorios
por parte de la población no indígena han generado una grave alteración de
esa movilidad, en general, por el deterioro del monte debido a nuevas
prácticas productivas, a la compresión de sus territorios de desplazamiento,
los alambrados, las privatizaciones de las tierras en que viven y por la oferta
de nuevos servicios, como es el caso de las actividades de las misiones y del
Estado.
La disminución de los otrora generosos recursos del monte atenta cada vez
más contra la supervivencia de estas comunidades, en especial, las de
monte, que deben movilizarse a sectores en que encuentran aún recursos
para la vida. Tal es el caso de la comunidad a que nos venimos refiriendo,
que, por una parte se enfrenta ya a una peligrosa escasez alimenticia, pero
que se niega a desprenderse de los recursos que aún perduran,
movilizándose a otros sitios y se resiste a que los existentes desaparezcan
por las prácticas productivas de las actividades empresariales.
Enfáticamente lo expresaba Donato Antolín, cuando dijo: “nosotros no
tenemos salario, ni aguinaldo, ni ayuda, ni maestros; el salario de nuestros
hijos es el salario del monte. El monte no da la miel y la algarroba y el
chaguar y alguna corzuelita de vez en cuando. Si no tenemos el
monte,¿cómo vamos a vivir?”.
La extinción de los recursos del monte configura para este grupo la extinción
biológica. Por ello es que cualquier medida que conduzca a tal situación es
pasible de encuadrarse en la figura de genocidio, violando así la Convención
Internacional para la prevención y la sanción del delito de genocidio, en su
inciso c), y que lo define como: “Sometimiento intencional del grupo a
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o
parcial”.
Es violatorio también del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales, de la Constitución Nacional y Provincial y de leyes consecuentes.
Luego el informe se extiende en una segunda parte con el título de
“Evaluación de la decisión gubernamental”, e incluye puntos como
“Responsabilidades sobre las prácticas del deterioro ambiental” y “Ni desarrollo ni
263
sustentable”. Efectúan después una cantidad de “recomendaciones” y cierran el
informe con las siguientes conclusiones acordadas entre los miembros participantes:
1.- Declaramos nuestro apoyo a la Res. CS N° 210/04 que rechaza la
desafectación, licitación y venta de los lotes 32 y 33 por parte del Gobierno de
la Provincia de Salta.
2.- Solicitamos insistir ante los poderes del Estado Provincial, exigiendo la
urgente anulación de las medidas adoptadas que tienden a enajenar el
patrimonio provincial no precisamente a favor de los pobladores del sector.
3.- Proponemos informar a la sociedad en su conjunto sobre los graves
riesgos de la inapropiada decisión del Gobierno Provincial.
Atacando al que piensa distinto
Detuvieron y encarcelaron durante dos días a 11 integrantes de Greenpeace
(Argentina), acusándolos de “extranjeros” y “europeos”. Contrataron a bribones
disfrazados de periodistas para publicar mentiras respecto a esta organización y a
un científico que los acompañaba. Apretaron y se burlaron de ciudadanos de
General Pizarro y de la comunidad que habitaba los lotes 32 y 33.
Hasta hoy la Bersuit, famosa banda de rock nacional, no puede actuar en
Salta, porque su líder Gustavo Cordera denunció públicamente a Romero y a su
gobierno por la atrocidad cometida y hasta le dedicó el single “Madre Hay una Sola”,
estrenado con gran suceso en el Luna Park. Los fans de la Bersuit no pueden ver a
su banda en Salta porque Romero lo impide. Intentaron desacreditar a Pergolini y
CQC porque con su particular estilo se burlaron del sujeto feudal y su corte.
No pudieron descalificar a todos los que alzaron su voz, y fueron muchos,
porque no tenían ni el tiempo ni los acólitos suficientes. Sólo lograron una vez más
que se vea a nuestra provincia como un aguantadero en el que se guarece lo peor
que se puede encontrar en una región.
Sabían que el meteoro arrasaría Tartagal
El Gobierno Provincial adoptó como metodología, tomar créditos destinados a
determinados objetivos, aunque las condiciones de ese momento no lo justificaran,
verificándose después la inutilidad de ese gasto con la sospecha consiguiente de
qué hicieron con el dinero. El colega Héctor Alí escribía en mayo de 1999:
(...) Pero mientras en el Litoral las intensas lluvias desbordaron ríos
inundando miles de hectáreas, destruyendo centenares de hogares y
cobrándose decenas de vidas humanas, en Salta ocurrió todo lo contrario.
Una sequía memorable que obligó a declarar la emergencia agropecuaria en
casi toda la provincia, con pérdida de cosechas y cifras millonarias.
Las lluvias estacionales tardaron en llegar. En algunos casos la intensidad de
la precipitación pluvial provocó los desbordes de los ríos Pilcomayo y Bermejo
causando inundaciones en Santa Victoria Este y Embarcación. Aunque en
ninguna de esas localidades se registraron los efectos desvastadores
ocurridos en el Litoral.
Aun así, el Gobierno entendió que el pronóstico generado por la permanencia
de El Niño, podría provocar severas inundaciones en la provincia en vez de
264
sequías y esta vez no quiere sorpresas. Para ello emitió un decreto por el
cual adhiere al convenio de Préstamo 4273 suscripto entre la Nación y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, destinado a la
financiación del proyecto de Emergencia de Inundaciones El Niño.
Haciendo uso de las facultades que le confiere la ley provincial 6993, el PEP
se apresta a contraer un préstamo cercano a los 10 millones de dólares para
ejecutar dicho proyecto.
En el decreto 185, emitido en febrero de 1999, al cual tuvo acceso este
semanario (Cuarto Poder), se especifica que el proyecto tiene como objetivo
“el desarrollo y la ejecución de acciones físicas e institucionales con el fin de
hacer frente al impacto del fenómeno climatológico El Niño, el cual-enfatiza
de acuerdo a lo pronosticado, provocaría alteraciones atmosféricas de
enorme magnitud a escala planetaria y por tanto, drásticas variaciones del
régimen de lluvias en muy diversas regiones invirtiendo los parámetros de
alternancias de estaciones secas con estaciones húmedas”.
En el párrafo siguiente el decreto utiliza términos potenciales manifestando
que “tales alteraciones se manifestarían en el noroeste argentino con severas
inundaciones cuyas consecuencias es necesario prevenir preparándose con
suficiente antelación para contrarrestar o cuando menos, minimizar los
efectos de los desastres”. En ese punto considera necesario iniciar acciones
de “defensa y precaución” incluídas en la denominada Fase de Protección.
Esta parte, aclara el decreto, abarca la compra de bienes y ejecución de
obras para medidas de emergencia de control de crecidas pluviales,
incluyendo limpieza de lechos fluviales, fortalecimiento de diques y
terraplenes. También menciona la protección de la infraestructura de
transporte como puentes, centros de atención médica y escuelas.
Nunca sabremos si este “estudio” se presentó para obtener los 10 palos
verdes o si en verdad se tenía una visión acertada de lo que iba a suceder. En el
primero de los casos estaríamos ante un engaño más para conseguir un monto
importante, en el segundo quedó claro que nada se invirtió o se hizo mal, porque en
enero de 2006 el fenómeno climático pronosticado se llevó puesto Tartagal y zonas
aledañas.
Queda usted debidamente notificado
La mejor respuesta a la maniobra del gobierno provino de una carta
documento enviada desde Tartagal el 31 de marzo de 2006:
La Asociación de Usuarios de Tartagal con personería jurídica N° 150/98,
uniéndose al clamor de todos los habitantes de esta ciudad cabecera, y del
resto del Departamento San Martín, venimos contemplando azorados las
consecuencias desastrosas que produjeron hasta hoy las intensas
precipitaciones pluviales en la zona. Mas allá del aislamiento que sufrimos a
raíz del corte de la Ruta Nacional N° 34 por la caída del puente sobre el Río
Seco y su risible, burlesco y grotesco reemplazante Bailey de 40 metros de
largo, construído de apuro sobre un lecho arenoso de prácticamente 200
metros de ancho, que cedió ante el primer embate de las aguas provenientes
de las altas cumbres. Hoy la calamidad está azotándonos al atacar nuestra
columna vertebral, como lo es el Río Tartagal, cuya cuenca divide a la ciudad
en dos partes igualmente pobladas.
265
Este río que fue canalizado allá por la década del 80, con planchas de
cemento que constituían un tranquilo cauce de no más de 7 metros de
profundidad, hoy está transformado en un temible cañadón de 100 metros de
ancho y 30 metros de profundidad. Para llegar a estas tenebrosas y
angustiantes dimensiones, fue necesaria una constante erosión del lecho de
base arenosa a través de los años, ante la impavidez y desidia de las
autoridades oficiales. Esta situación fue denunciada sistemáticamente a todos
los gobiernos de turno, y especialmente al suyo durante sus diez años de
ejercicio del poder, y nunca obtuvimos una respuesta convincente, alentadora
y eficaz. Entonces ocurrió lo que preveíamos y preveníamos. Llegó el
desastre y consigo arrasó y se llevó el esfuerzo de toda una vida de los
habitantes ribereños. Literalmente se perdieron entre las aguas, terrenos,
casas y enseres domésticos, dejando en la ruina a cientos de pobladores
tartagalenses, titulares de dominios inmobiliarios y no de asentamientos
precarios como se los denominó para minimizar la responsabilidad oficial de
esta calamidad.
Hasta hoy señor Gobernador, hemos contado para paliar la situación,
solamente con la buena disposición de los funcionarios municipales que, sin
los recursos técnicos, económicos y financieros, están aportando su cuota de
solidaridad con el afligido, asistiendo con mano de obra y material obtenido
del mismo cauce aguas arriba, y cacharros que se arrojaron para
contrarrestar la acción de la cascada que se formó. Otra parte la aportan los
vecinos que sienten sobre sí, la amenaza constante de este león dormido que
resultó ser nuestro querido Río Tartagal.
Por todo esto y mucho más que no podemos volcar en este espacio, le
decimos que hacemos directamente responsables civil y penalmente a usted,
todo su gabinete y funcionarios, por el abandono que viene sufriendo el
Departamento San Martín y, en especial, nuestra ciudad de Tartagal, así
también por los malos servicios públicos apañados desde el gobierno, las
promesas incumplidas referentes al Aeropuerto de General Mosconi y la
Central Térmica también en General Mosconi que burlescamente se puso un
cartel de anuncio y la piedra fundamental de su construcción. Hacemos
reserva en los fueros provinciales y federales y constituimos domicilio legal en
esta ciudad para toda actuación judicial.
Esta carta documento fue contestada por otra con un tenor amenazante y
prepotente, enviada por el Secretario de la Gobernación, Raúl Romeo Medina, a
quien se lo conoce como “Papone”.
Desastre
Es difícil explicar la dimensión del daño producido a la gente del
Departamento San Martín. No sólo se cayó el puente sobre el Río Seco. Después de
15 días de lluvias intensas también se desmoronó un puente sobre la ruta 34 en el
kilómetro 1370, cortando el tránsito a Bolivia y dejando aisladas a las ciudades de
Tartagal, General Mosconi, Aguaray y Salvador Mazza. Los pobladores de estos
lugares tuvieron cortes permanentes de agua y de luz y, en medio de esta situación,
la empresa Aguas de Salta solicitó un reajuste tarifario del 30%, lo que provocó la
indignación de los usuarios. También hubo desabastecimiento con el consiguiente
aumento de precios. Se cayeron varias viviendas por la erosión que el Río Tartagal
provocó en las márgenes e incluso amenazó las instalaciones de un colegio privado.
266
La catástrofe desnudó las múltiples falencias en la atención de la salud.
En abril de ese año, la Presidente del Colegio de Psicólogos de Salta debió
acudir al Departamento San Martín a solicitud de los profesionales que se veían
desbordados ante la crisis. Tal es el caso de una psicóloga que ocupa el único cargo
en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, que atiende tanto consultorios
externos, internación e interconsultas, como la respuesta profesional a oficios
derivados de juzgados con un tiempo perentorio. También debe atender
derivaciones de escuelas, penintenciarías y patronatos de presos y liberados sin
estar en planta permanente, sino como monotributista que celebra un contrato de
locación de servicios con la Municipalidad. Su remuneración es $ 485 por mes. Por
su parte, el Hospital de General Enrique Mosconi perdió, hace muchos años, el
cargo de psicólogo.
En medio de este caos Romero pronunciaba frases célebres como: “En Praga
también se inundan” o “Lo que pasa en Tartagal no es para tanto”, declaraciones
imprudentes que sumaban temperatura al drama social. También cargó contra la
prensa nacional expresando que “ahora descubren que hay pobres en el interior del
país”, fustigando sobretodo a los canales TN y América que, ante la situación,
transmitían en directo imágenes aterradoras que llegaban a todo el país. Por
supuesto, no ayudaron las declaraciones de una cantidad de periodistas oficialistas
de Salta, como Federico Pastrana, que se expresaba de esta manera: “Los
desmontes son porque la gente pobre saca leña”, “son 60 los evacuados” cuando
eran miles los afectados no solamente en el Departamento San Martín sino en Santa
Victoria Este. A su vez Josefina Chávez Díaz afirmaba “Los periodistas de afuera
que se vayan de Tartagal, porque no han mostrado la realidad”, cuando el resultado
de la desidia oficial circulaba en imágenes por toda la Argentina.
El ataque al Medio Ambiente
Cuando especialistas en el tema ambiental comenzaron a investigar las
razones de la catástrofe, se arribó a la conclusión que el Gobierno Provincial no sólo
era responsable por omisión sino también por acción. El principal responsable que
dio la cara para los negocios del Gobierno, fue el Secretario de Medio Ambiente,
Gustavo López Asencio porque, durante los años que estuvo al frente del
organismo, autorizó la mayor cantidad de desmontes. Operativo que continuó y se
incrementó -aunque parezca increíble- después de la catástrofe en el Departamento
San Martín. Esto tenía una lógica romeriana. Temían que se pusiera en vigencia la
Ley de Bosques, también conocida como Ley Bonasso, que ponía un límite al
desenfreno sojero.
En abril de 2006, el Nuevo Diario informaba:
“El desmonte salteño es señalado como una de las principales causas de la
situación de Tartagal”
Organizaciones ambientalistas no gubernamentales y numerosos pobladores
del norte salteño, entre ellos el obispo de Orán, coinciden en señalar al
desmonte en la selva de las Yungas como una de las principales causas de la
inusual crecida del Río Seco. Allí, en el norte provincial, más de dos mil
personas residentes en Tartagal, Aguaray y Yacuiba fueron evacuadas por el
desborde de los ríos y el peligro de derrumbes originados en el alto nivel de
erosión que sufren las tierras. Organizaciones como Greenpeace, Vida
267
Silvestre o la Red Yaguareté han denunciado años atrás los graves
problemas ambientales que el desmonte produciría, entre ellos el aumento de
las inundaciones en la zona. El director general de la Fundación Vida
Silvestre, Javier Corcuera, señaló que “la lluvia está aumentando mucho en la
región y eso debería tener influencia en la planificación a futuro, porque los
bosques pueden servir como esponjas absorventes”. Corcuera consideró que
“como parte de la solución de largo plazo se debería incluir la protección de
bosques en la cuenca de Río Seco y del Río Tartagal”, aunque advirtió que
“el desmonte no es el causal único de esta situación, porque las
precipitaciones llegaron a un nivel que aunque hubiera mucho bosque
alrededor igual hubieran sucedido las inundaciones”.
Incluso desde la provincia del Chaco se sienten afectados por la
deforestación salteña. Allí, el productor Pablo Mychajtyszczuk, residente en
Santa Silvina que “el acceso de las aguas en esta zona es como
consecuencia del desmonte indiscriminado que se viene realizando en la
zona norte y de canales que se orientaron netamente hacia aquí”.
En el mismo sentido se pronunció Greenpeace: “Cuando se deforesta la selva
el suelo queda muy frágil y es proclive a deslizamientos provocados por la
lluvia y la crecida del río”. El físico y doctor en Meteorología Osvaldo
Canziani, vicepresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático, advirtió que “estudios internacionales señalan la relación entre los
desmontes y la crecida de los ríos debido al aumento en el nivel de erosión.
Si saca uno el árbol, la gota cae sobre el suelo, cuando antes caía sobre la
canopia. Consecuentemente, el lavado del suelo es más violento porque se
carece de los elementos que detienen la erosión”, indicó Canziani. Además,
destacó que “las raíces son elementos de retención del suelo’ y señaló que
‘está definitivamente claro que la deforestación tiene varias causas negativas
porque el impacto es terrible cuando no está el árbol”.
También el Nuevo Diario publica la opinión del obispo Jorge Lugones de San
Ramón de la Nueva Orán: “el desmonte ha tenido que ver. Lo hemos evaluado,
estamos realizando estudios y el desmonte ha tenido que ver con la situación que
vive el norte salteño”. El obispo acusó por la deforestación de la selva de las Yungas
a:
Las grandes empresas de desmonte, gasoductos y pozos petroleros. Si ellos
tienen que desplazar un cerro, lo desplazan (...)Yo hable con el responsable
del Ente Regulador y él me refirió que le dijeron que no estaban trabajando en
el lugar, pero le están mintiendo. Todo el año estuvieron sacando arena. No
soy experto, pero es una cuestión de sentido común; si sacan un kilómetro de
arena el río va a perder su cauce natural (...) También la población del norte
provincial señala como las responsables de estas crecidas en el Río Tartagal
a las empresas que río arriba llevaron adelante un desmonte indiscriminado y
que han puesto en riesgo la vida de mucha gente.
“Tartagal: dicen que el desastre podría repetirse”
También el diario Clarín se ocupó del tema y aquí reproducimos la nota:
Especialistas de diversas disciplinas coinciden en que el colapso de Tartagal
se debe a un desastre ambiental por causas humanas, que afecta a todo el
268
departamento salteño de San Martín. Advierten también que continuará
agravándose, si no se pone en marcha un plan de manejo sustentable de esa
zona.
Es verdad que entre diciembre y marzo ha llovido 1.311,9 milímetros, casi el
doble de la media, que es de 692,9. Pero según el climatólogo Pablo
Canziani, el aumento de lluvias y de tormentas no es natural, sino que se
vincula con los desmontes y los incendios provocados por el hombre.
“Las serranías situadas al oeste de la ruta nacional 34-donde está la selva
tucumano-boliviana o Yungas-tienen fuertes pendientes. Están conformadas
por ‘rocas sedimentarias, areniscas, algunas veces arcillosas, susceptibles de
ser erosionadas rápidamente”, observa el geólogo Armando Nadir, profesor
de Suelos en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). “Están en un proceso
permanente de degradación natural; todos los años, las cuencas hídricas
arrastran una gran cantidad de material. El Río Tartagal está profundizando
sobre material suelto”,agrega.
A esto se suma que la región tiene un clima tropical, con lluvia abundante, en
especial en las partes altas. “Es una situación altamente sensible”, destaca
Nadir. “En el sistema agua-suelo-vegetación, si uno se desequilibra, afecta a
los otros dos”, apunta el director nacional de Bosques, ingeniero forestal
Jorge Menéndez.
Aquí lo primero que falló fue la selva. “Hace ocho décadas comenzó la
actividad forestal. Hubo más de cien aserraderos en la zona”, destaca
Menéndez. La cubierta vegetal que formaban las copas de los árboles fue
raleándose. “Ese entramado retenía la gota de lluvia, la dispersaba, le quitaba
velocidad -explica el director de Bosques-. La cobertura vegetal actúa como
una esponja; cuando queda embebida empieza el proceso de escurrimiento,
que va haciéndose más rápido”.
“Además, la cobertura vegetal fija los suelos”, apunta Nadir. Al caer la lluvia a
pico, desde mayor altura y con más fuerza, también el suelo empezó a
degradarse.
En los 60 se inició la actividad petrolera, que se intensificó mucho en los 90.
La exploración y explotación implica abrir una red de picadas, caminos rectostala mediante- de 10 a 12 metros de ancho. “Forman un cuadriculado de 4x4
kilómetros, que no respeta los accidentes orográficos” indica el ingeniero
forestal Elvio del Castillo, del INTA en Yuto.
“El agua de las lluvias se encauza por las picadas y la correntía se vuelve
más rápida, con lo cual el pico de la corriente es mayor, y el tiempo que llega
la creciente es más corto”, describe el ingeniero Miguel Gómez, hidrólogo,
coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental de Recursos Hídricos de la
Secretaría de Ambiente de la Nación.
En esa zona, la responsabilidad de la explotación petrolera recae sobre la
provincia. “En los pliegos de condiciones se incorpora el tema del impacto
ambiental. Pero la norma sirve sólo cuando es fiscalizada”, destaca Nadir.
Como si fuera poco, “la picada se convierte luego en una línea de tránsito,
que es aprovechada por los explotadores forestales, a veces en forma legal y
otras no”, complementa el geólogo.
Las fotos satelitales no mienten: los manchones de verde más claro indican la
pérdida de árboles. Algo más al sur, al este de Orán, entre el Bermejo y la
ruta 34 se aprecia el desmonte total; allí hay ahora cultivos y ganadería. Las
autoridades salteñas admiten los desmontes, pero afirman que “son
controlados” y que se hallan al este de Tartagal, por lo que no incidieron en lo
ocurrido.
Los datos de la Dirección de Bosques dicen otra cosa: entre 1984 y 2001 se
deforestaron 94.087 hectáreas de las Yungas salteñas -lo que implica el
269
10,84%-, y 56.664 en el Chaco salteño. Pero en toda la región forestal del
parque chaqueño, en los departamentos San Martín, Orán y Anta, la
deforestación con fines agrícolas alcanzó las 304.730 hectáreas; otras 92.943
se perdieron entre 2002 y 2004.
“Ha habido un aumento brutal de desmontes en el norte de Salta, en
Paraguay y Bolivia”, indica el doctor Pablo Canziani, investigador del Conicet
y director del Programa de Estudios de Procesos Atmosféricos en el Cambio
Global de la UCA, quien encara el problema desde un enfoque regional.
“Donde se desmonta, el suelo desnudo se calienta más en verano, y eso
genera más evaporación de agua y tormentas más violentas –observa-. Lo
que ocurre en la zona de la cuenca o en los aledaños de la cuenca del Río
Tartagal puede afectar el ciclo hidrológico. A escala regional, el cambio
climático también está inducido por cambios en el uso de suelos”.
Esta zona, empobrecida tras el retiro de YPF y del ferrocarril, sufre ahora “la
consecuencia de un manejo irracional de los recursos naturales y de la
ausencia del Estado”, por “no respetar los criterios de desarrollo sustentable”,
afirma un documento elaborado por la Sede Regional Tartagal de la UNSa.
“Los pequeños productores están arruinados, las comunidades aborígenes
devastadas y vulnerado nuevamente su derecho sobre la tierra”, agrega el
escrito.
¿Se puede revertir este desastre? La solución se llama corrección de
torrentes. Pero también es preciso un ordenamiento territorial, una
reglamentación a nivel de cuenca hidrográfica y “una ley de conservación y
manejo del suelo, con premios y castigos –afirma Nadir-, y con ámbitos
geográficos por problemas y normas comunes, con productores que trabajen
armónicamente para la explotación sustentable”.
Patéticos
Dos de los funcionarios de Romero que pusieron la cara en medios
nacionales y locales fueron el ministro de gobierno Manuel Brizuela y el secretario
Gustavo López Asencio. Aquí en los medios amigos no les fue tan mal, pero
escuchar lo que dijo el ministro en el programa de Jorge Lanata y los balbuceos del
Secretario ante la consulta de la periodista María Julia Oliván daban vergüenza
ajena.
Viernes 11 de abril en el programa “Lanata PM” por Radio del Plata:
Brizuela: estamos trabajando muy bien, viendo a quién le falta viviendas...
remedios... alimentos, no tengo ninguna víctima fatal en esta emergencia.
Realmente es un hecho climático sin precedentes... Para que tenga una idea
Sr. Lanata estamos hablando que ya llovió 4.000 milímetros de lo que va del
verano... o sea tres veces la media... Es muchooo muchísimo y hay más. Es
mucho y además estamos en abril, encima con alertas meteorológicos...en
estos momentos el cielo está totalmente nublado, sé que hay tormentas
fuertes en el sur de Bolivia, agua que en definitiva me va a terminar afectando
en algunas de estas cuencas porque las aguas desembocan hacia acá.
Lanata: ...En este punto debemos hacerle Sr. Ministro dos observaciones.
Según el registro climático del Sitio Español “Tu Tiempo NetWork SL” el total
de precipitaciones para los meses de diciembre, enero, febrero hasta el 15 de
marzo, o sea la temporada de verano casi completa, es de 1.052,58 mm.
Comparado con los 4.000 hay una diferencia de casi 3.000 mm. Pongamos
270
que en los 6 días faltantes para terminar el verano hubiera llovido más que en
todo enero y febrero, llegaría a 1.553 y si le agregamos aún diciembre que
fue el mes que más llovió (436,37 mm) se llegaría a 1990 mm, o sea la mitad.
Es cierto, a un conductor de un programa de radio puede tomarlo
desprevenido citando este tipo de cifras, pero por favor, en otra sea mas
precavido porque por ahí se topa con algún curioso que le gusten las
estadísticas pluviométricas.
El reportaje siguió por los caminos de la pregunta y la repregunta desnudando
la mentira. En cuanto a la nota de Oliván es muy difícil decodificarla y plasmarla en
papel por los balbuceos de López Asencio. El secretario, sin embargo, tuvo
oportunidad de contestar en el diaro Clarín, donde rescatamos una sola frase: “No
fue por los desmontes”.
Salta, la peor de todas
El 16 de agosto de 2006, el diario La Nación titula: “Por día se desmonta un
área similar a la de media Capital”. El subtítulo agrega: “Se pierden por año 300.000
hectáres de bosques. El medio ambiente, en peligro: desaparecieron animales y
plantas en todo el país. La zona más afectada es la provincia de Salta (El principal
motivo es que las tierras se destinan a los rentables cultivos de soja)”:
Contra la opinión de los más respetados especialistas consultados por
medios nacionales y provinciales, quienes advierten alarmados la grave
afectación al medio ambiente que producen gobiernos y empresarios
inescrupulosos, los funcionarios salteños siguen impávidos autorizando estos
desmanes, seguros de su impunidad. En la misma nota del diario La Nación
opina el subsecretario de Planificación de Políticas Ambientales, Miguel
Perellano: “Estamos en un círculo vicioso; mucha ganancia para poca gente
en corto plazo y pérdidas irreparables para mucha gente en el largo plazo”.
“Para el Obispo Lugones es una zona olvidada”
En declaraciones al Nuevo Diario, el obispo de Orán afirma:
La zona norte de Salta es un lugar olvidado y el responsable es el gobierno
de la provincia. Vivimos en una esquizofrenia: la Capital parece el primer
mundo y donde estamos nosotros es el quinto. En las calles de Salta se ven
los afiches con la foto del gobernador Romero que dicen “Diez años de
transformación”, pero ¿de qué transformación habla?
De esta manera y, como si fuera un analista político, el obispo de Orán,
monseñor Jorge Lugones definió la situación que vive el norte de la provincia. La
iniquidad, según el obispo, tiene un trasfondo político que deja al descubierto el
manejo cuasi feudal reinante en la provincia:
La diferencia entre esta zona y el resto de Salta es porque aquí hay
intendentes, la mayoría que no son del color político de Romero, que no son
271
del PJ (...) El responsable es el gobierno de la provincia que encima quiere
tapar la situación. Hace diez años que la Dirección Nacional de Vialidad no
mantiene los puentes y la provincia no hace nada(...) La situación es bastante
crítica. La Ruta 34 está casi toda en mal estado y otro río se está comiendo el
pavimento unos 10 kilómetros antes de Tartagal (...) Además, en medio de la
ciudad, el río Tartagal socavó el entubado y tumbó las casas construídas al
costado, por eso ya hay por lo menos quince familias evacuadas. Vi a una
familia que a unos 25 metros del río estaba desmantelando su casa porque si
no, dicen, no le va a quedar nada. Y esto va a empeorar, porque en febrero
las lluvias son más fuertes.
Las empresas que extraen el combustible son parte del problema, igual que
las plantaciones sojeras (...) Los ríos aumentan su caudal porque se ha
agredido al ecosistema. El desmonte llevado adelante por las petroleras y por
los terratenientes que siembran soja le saca capacidad de absorción al
terreno y los ríos bajan de los cerros con más fuerza (...) Cuando empiece la
cosecha de soja, ahí se van a mover las autoridades (...) Mientras el
gobernador Romero estuvo de vacaciones, el vicegobernador llegó hasta
Tartagal para analizar la crisis con representantes de las petroleras. Cuando
integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados quisieron entrevistarse
con Wayar, se generaron incidentes y la policía terminó disparando balas de
goma. Varios resultaron heridos y 23 fueron detenidos. El gobierno salteño
señaló que en los episodios hubo “activistas” llegados de Buenos Aires que
fogonearon la situación.
Apurando los negocios
El proyecto de la ley de bosques nativos ya tiene media sanción en la Cámara
Baja del Congreso de la Nación y sólo falta la aprobación del Senado. Debido a esto,
en Salta, creció en progresión geométrica la autorización de desmontes. Según
denuncia del Nuevo Diario, que se hace eco de asociaciones ambientalistas, hay en
trámite pedidos para arrasar 150.000 hectáreas solamente hasta abril de 2007.
No habrá ni “Consulta” ni “Audiencia Pública” que valga, la indigna Corte de
Justicia de nuestra provincia, convalidará cualquier negocio que el gobierno quiera
hacer.
El saqueo arqueológico
Nuestra Provincia es un inmenso yacimiento arqueológico, expuesto a los
huaqueros, que durante más de ochenta años han saqueado un patrimonio cultural
de una riqueza incalculable. No se trata solamente de las comunidades originarias
que poblaron nuestro territorio, existen rastros clarísimos de la incursión del Imperio
Incaico en esta región. Ningún gobierno ha protegido estos bienes y el que lleva
adelante Romero no sólo no lo ha hecho, sino que los ha utilizado para publicitar su
figura y su administración.
272
Las momias del Volcán Llullaillaco
Nunca se supo si la expedición encabezada por el arqueólogo norteamericano
de alta montaña, Johan Reinhard, tuvo autorización para investigar y retirar del
volcán los cuerpos congelados de tres niños que, a más de 6.700 metros de altura y
con temperaturas de glaciar, se conservaban intactos. El camión que bajaba con los
cuerpos traía también el ajuar funerario y las ofrendas que los rodeaban y que eran
parte del ritual del sacrificio. Se secuestraron objetos y estatuillas de oro, pero se
especula que no es la totalidad de lo encontrado.
El periodista Antonio Oieni me relató que se encontraba en el lugar con otro
colega y que dieron aviso a la Gendarmería Nacional, al sospechar que se estaba
produciendo un relevamiento no autorizado por el gobierno. Los cronistas habían
llegado por casualidad al campamento base (a 5.800 metros de altura) porque, en
realidad, estaban investigando la presunta caída de un satélite y habían sido
enviados por el diario El Tribuno.
Observaron que en ese campamento se encontraban dos Land Rover con
identificación del Ejército Argentino y otros vehículos no identificados, como así
también un camión de la Delegación Municipal de Tolar Grande. Pudieron ver cómo
trasladaban cajones y que Reinhard impidió ver qué contenían. Los gendarmes
detuvieron la expedición en el puesto de El Gólgota y procedieron a trasladar todo lo
secuestrado a la Ciudad de Salta. El arqueólogo reaccionó enfurecido gritando que
el Gobierno de Salta impedía el normal desenvolvimiento de un trabajo científico, lo
que indica que, posiblemente, el Gobierno Provincial no supiera de esta expedición.
Reinhard se comunicaba directamente a EEUU a través de un teléfono satelital y,
aparentemente, no pensaba informar a las autoridades del descubrimiento.
Desde FM Noticias nos comunicamos con el segundo comandante a cargo
del operativo Guillermo Meza y le preguntamos -¿Qué hubiera pasado si
Gendarmería no toma participación? ¿Los científicos se podrían haber llevado las
piezas encontradas?, el gendarme respondió –“Eso no lo podemos afirmar, una vez
que tomamos conocimiento, nos pusimos en contacto con las autoridades
provinciales para trabajar en conjunto. El arquitecto Lazarovich vino hasta la
Agrupación (7ma de gendarmería) para establecer un plan de acción y ya teníamos
la certeza de las tres momias que estaban por bajar”. Se dice que en las 48 horas
subsiguientes, el arqueólogo se reunió con Romero y lo convenció de la publicidad
que lograría, ya que la expedición estaba financiada por National Geographic.
El hallazgo se produjo el 26 de marzo de 1999, y efectivamente, tiempo
después apareció una nota de más de 20 páginas en National Geographic, con una
producción fotográfica sorprendente. Se menciona allí el nombre de Juan Romero.
En realidad no fue un verdadero descubrimiento, porque desde mediados de
la década del 50 se conocía la existencia de este espacio de ritos sacrificiales, y,
gente que vivía al pie del Volcán, como así también arqueólogos y montañistas,
aseguran que de allí y en lugares cercanos fueron robadas no menos de 25 momias.
Negligencia criminal
El gobierno nombró a Reinhard presidente de un comité científico encargado
de conservar y estudiar a los niños del Llullaillaco y como representante provincial
figuraba Mario Lazarovich, Director de Partrimonio Cultural. Se consideraba a estas
273
momias un legado único de la cultura inca, que a diferencia de los aztecas y los
mayas, no practicaban normalmente sacrificios humanos, salvo en situaciones
extremas, cuando el Inca tenía problemas de salud, o las cosechas se perdían por
distintas circunstancias. Es decir, Salta había dado a luz un tesoro arqueológico
fabuloso que debía considerarse un patrimonio de la humanidad, y como tal, debía
preservarse.
Tres estudiantes jóvenes de la Universidad Nacional de Salta, estuvieron con
el grupo de Reinhard, entre ellos el montañista Alejandro Lewis, que tiempo después
y en conversación con Oieni, le manifestó su arrepentimiento por formar parte del
equipo que llevó a cabo el descubrimiento, objetando el tratamiento dado por el
arqueólogo a todo el procedimiento. Es posible que esta objeción de conciencia
fuera un adelanto de lo sucesivo.
El primer lugar elegido por los funcionarios para una conservación “adecuada”
de las momias, fue un cuarto abandonado del ex Liceo Naval, en Ciudad del Milagro,
con un par de freezers pero con los vidrios y las cerraduras rotas. Después,
inexplicablemente, los niños momificados fueron entregados a las autoridades de la
Universidad Católica de Salta, cuando esta institución no cuenta con las carreras o
disciplinas que estudian hallazgos de este tipo, en vez de destinarlas a la
Universidad Nacional de Salta que tiene reconocidos especialistas en arqueología y
antropología. Los niños fueron sometidos a los flashes impiadosos de los técnicos
de National Geographic, cosa fácilmente comprobable en la publicación
correspondiente.
Después fueron introducidos en frezeers comunes alejados de la mirada de
los expertos y librados a su suerte. Muy pocos han podido ver posteriormente estos
cuerpos, y los que lo han podido hacer, es gente allegada al gobierno.
Único Museo de momias pero sin momias
La historia para encontrar el lugar que albergara los cuerpos de los niños
incaicos, es larga y tortuosa, incluyendo un conflicto que se había desatado porque
se pretendía ocupar un edificio cedido para una institución conocida como la
“Antipalúdica”, y sus herederos se oponían a este nuevo destino. Lo cierto es que
después de varios rodeos, se acondicionó un lugar frente a la Plaza 9 de Julio que
lleva el nombre de MAAM (Museo de Alta Montaña). Se pueden ver allí distintos
componentes del ajuar, elementos de la cultura incaica, fotografías, etc., pero las
momias no están. Es probable que en este tema también podamos ostentar un
récord mundial: tenemos el único museo de momias pero sin momias.
Particularmente, pienso que los niños están destruídos por la negligencia
gubernamental. En cuatro oportunidades han prometido que serían expuestos en el
museo pero siempre pospusieron el evento. Llegaron a usar el argumento que las
comunidades originarias se oponen a esta profanación. Pero ya se produjo en el
momento en que Reinhard las retiró del lugar en donde fueron emplazadas por los
aborígenes. Han pasado ya más de 8 años del hallazgo: se ha construído un museo,
se ha hecho una publicidad enorme -como si el propio Romero hubiera sido una
especie de lord Carnarvon-, pero los niños del Llullaillaco siguen dormidos y
desaparecidos para siempre. Ahora son “NN”.
274
Sin control
Como hemos visto, en Salta se puede violar reiteradamente la Constitución,
se puede atentar contra el medio ambiente, se puede agredir a las comunidades
originarias, se pueden ignorar los Derechos Humanos, se puede permitir el saqueo
cultural y hasta se puede alentar la corrupción en todas sus formas. Pero debemos
ser conscientes de que los cambios históricos se procesan lentamente. Tenemos la
obligación de ser optimistas y concentrar nuestro esfuerzo en una actitud de lucha
para acelerar esos cambios y evitar que nos gobiernen los peores referentes de
nuestra sociedad.
La mayoría de los ciudadanos son gente honesta que viven de su trabajo,
pero en algo estamos fallando, cuando reiteradamente votamos a los mismos
psicópatas para que accedan al poder.
275
CAPÍTULO VIII
276
El periodismo en el Feudo
No hay personas ni sociedades libres sin libertad de
expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es
una concesión de las autoridades, es un derecho
inalienable del pueblo.
Declaración de Chapultepec.
Tamborileó los dedos sobre la carpeta de cuero que reposaba sobre el
ostentoso escritorio de caoba. Disfrutaba de su último logro económico: un hotel
construído en una zona verde y luminosa de la ciudad de Cafayate. Se levantó del
sillón y se encaminó pesadamente hacia un ventanal desde donde podía ver el
viñedo que pronto produciría ganancias. Podía planificar cuidadosamente el negocio
que fuera, pero su obsesión pasaba casi exclusivamente por hacer dinero.
Entrelazó sus dedos en la espalda y recordó su llegada a Salta cuando era
apenas un adolescente. A Marcio Péntico no le gustaba recordar su infancia de
pobreza pero, inevitablemente, debía hacerlo para regodearse con su permanente
crecimiento patrimonial.
Sus principios fueron duros: trabajó como cadete y agarraba lo que podía
mientras iba estudiando casi, instintivamente, el tipo de sociedad en la que se
desenvolvía. Vio como en una película aquel momento en que la policía llegó a su
pequeño departamento y encontró cajas de camisas de una conocida tienda de la
ciudad. Pudo zafar explicando que se las había dejado su hermano que trabajaba en
ese comercio. Péntico no es un inmoral, es un amoral que aprovecharía cuánta
oportunidad se le presentara para enriquecerse.
Sentía al principio una cierta incomodidad porque no había terminado sus
estudios primarios, sin embargo, había logrado insertarse en los medios radiales y
televisivos. Pero esto no podía ser un impedimento para sus ambiciones, después
de todo estaba en una ciudad lejana en donde el promedio de la población también
tenía una instrucción precaria.
Había hecho sus primeras incursiones en el ámbito deportivo, pero con el
advenimiento de la democracia en 1983, se le abre un espectro que le iba a permitir
moverse como un pez en el agua: descubrió una clase política raigalmente corrupta
a la que sólo había que encontrarle lo que quería ocultar.
La extorsión, el apriete y la exhibición obscena de poder mediático se
volvieron una metodología sin que nadie le pusiera freno.
Sin vergüenza
Desde el principio supo que debía relacionarse con políticos y empresarios y
aprendió que invitar a su casa a estos personajes, le permitía un trato que
redundaría en buenos negocios. Algunos de sus invitados se asombraban cuando
277
Marcio contaba sus primeras experiencias en lo que él llamaba “El Diario”. Sin el
menor pudor explicaba: “A mí me mandaban al interior con un tipo mayor,
aprovechaban que yo tenía buena facha y era rubio para impresionar a los
empresarios. Tenía que venderles publicidad para el diario y cuando la cosa se
ponía dura, sacaba a relucir sus deudas con el Banco Provincia o cualquier
irregularidad que hubieran cometido y tenés que ver cómo aflojaban”. Cerraba su
cuento con una risa forzada y achicando los ojos como rendijas sin vergüenza decía:
“La verdad es que no ganaba mucho pero aprendí cómo se hacen negocios desde
los medios”.
La extorsión
Ya habían pasado algunos años de esta simulación de república y el sujeto
había hecho creer a la población que era un periodista “independiente”. Sus críticas
al primer gobernador de la flamante democracia y a sus manejos turbios lo habían
ubicado en un lugar privilegiado en el mundo periódistico. Claro que la gente no
advertía que, en esta relación que venía de lejos, todo se resolvía con dinero o
ventajas para el extorsionador y el silencio necesario para el mandatario.
Mientras consolidaba su posición económica, paulatinamente mostraba
fisuras en su manejo periodístico. Pero esto no le importaba demasiado, su objetivo
principal se llevaba a cabo sin pausa.
La regordeta secretaria abrió la puerta de la oficina de Péntico para decirle que lo
estaban esperando dos personas.
Los dos referentes del radicalismo entraron a la oficina y saludaron al publicista.
Éste les dio la mano exhibiendo su típica sonrisa de circunstancia
-Que tal Pocho cómo te va.
-Bien, venimos con Azurmendi porque estamos interesados en que nos
manejes la campaña publicitaria del partido.
Marcio parecía escucharlos con atención pero, en realidad, estaba pensando
cómo engancharlos sin levantar más críticas. Ya había logrado que le confiaran las
campañas del oficialismo y del principal partido de la oposición. Esto había sucitado
que algunos “inútiles” que hacían periodismo lo criticaran y que mucha gente se
preguntara cómo iba a hacer para que ganen los dos partidos. Pero, por otra parte,
no podía dejar pasar la propuesta de estos dos tipos que parecían no saber cómo
venía la cosa y se la estaban entregando de pechito.
-Miren no puedo acceder a su pedido porque estoy comprometido con otra
gente, pero voy a hacerles una contrapropuesta. Arreglemos por una cifra
razonable, para que yo no les “pegue” en mis programas.
Los radicales se quedaron estupefactos. Como políticos habían visto muchas
cosas en sus vidas, pero no podían creer que les estuviera diciendo eso. Azurmendi
tuvo un primer impulso de sacudirle una piña. Pero se contuvo. Él estaba allí
representando a su partido y este tipo le había medido bien el traje a la población y a
la clase política y los tenía en un bolsillo. Los dos hombres se levantaron de sus
sillas y Azurmendi le dijo:
278
-Marcio, teníamos claro que vos sos un chanta. Pero no te creas que nos
podés extorsionar. Andá con cuidado porque esta credibilidad que ahora
tenés y que te permite actuar de esta manera en algún momento la vas a
perder, y no va a faltar quién te pase las facturas.
Cuando los dirigentes se retiraron Marcio sonrió y pensó. Éstos ahora se
enojaron pero si quieren tener algún posicionamiento ya van a venir al pie.
El publicista-periodista siguió haciendo de las suyas. Algún oyente le llevaba
indignado un envase de gaseosa con una lombriz en su interior, creyendo que el
sujeto lo denunciaría. Péntico hablaba con la embotelladora y negociaba. Un
frigorífico tenía denuncias por malos olores, Marcio apretaba. Todo aquel que
necesitara expresarse y perteneciera al sector político o empresarial tenía que pasar
por caja. El publicista cobra las notas y son pocos los que se niegan, lo que habla
muy mal de nuestra sociedad. Advertía en los boletines oficiales que el gobierno
estaba por hacer un negocio cuando menos irregular, y lo convertía rápidamente en
beneficios de algún tipo. Podía cambiar de manos el gobierno pero Marcio lograba
pautas de publicidad oficial de montos obscenos, considerando la extrema pobreza
que alcanza a más del 60% de la población.
También accede a créditos millonarios que, en algunos casos, se convierten
de hecho en no reintegrables. Una de sus jugadas preferidas era empezar a difundir
argumentos, usando a personas que conocían el tema, desacreditando, por ejemplo,
una reforma constitucional que permitiría una nueva reelección al mandatario de
turno. Un mes antes de las elecciones, exponía todos los antecedentes del caso,
que hasta allí sonaban como contundentes, y cuando faltaban dos días para la
jornada electoral, invitaba al gobernador, quien tenía la última palabra y rebatía todo
lo expuesto con anterioridad. Esa nota era de un costo exhorbitante.
Marcio Péntico es un personaje de ficción, pero con distintos matices, se lo
encuentra en casi todas las provincias. En Salta tenemos un par de estas alimañas
que, por algún tiempo, logran engañar a la gente. Prosperan porque en nuestra
precaria democracia las instituciones no funcionan correctamente en la mayoría de
los casos.
Donde se observa con mayor claridad el “trabajo” de estos individuos es en la
televisión nacional: algunos se presentan como columnistas, otros como profesores
que se disculpan por “no saber repreguntar”.
Mucha gente interesada en los temas políticos, económicos y sociales los
tiene perfectamente identificados, pero siguen actuando como si los medios fueran
su coto de caza.
Al igual que ciertos políticos impresentables, tienen la habilidad de reciclarse
permanentemente.
El Tribuno
A pesar de su notable decadencia, el diario El Tribuno supo tener sus
momentos de gloria, llegando a vender durante alguna época del gobierno de
Roberto Romero,más de 45.000 ejemplares. Hoy escasamente llega a un tiraje de
14.000, con una baja credibilidad, de acuerdo a distintas mediciones realizadas al
279
respecto. Lo sustenta una grosera pauta de publicidad oficial y el manifiesto temor
de muchos anunciantes de publicar sus avisos en otros medios gráficos.
Este periódico aparece por primera vez en 1949 como dispositivo del Partido
Justicialista. Lo funda una sociedad integrada por Ricardo Durán, Jaime Durán, Juan
Carlos Livington y Aldo Viviani. Este último manifiesta que realiza la compra de la
mayoría de las acciones con fondos del Partido Peronista.
Cuando se produce el golpe de la “Revolución Libertadora” en 1955, se
confiscan los bienes de este partido político y El Tribuno es transferido al gobierno
de la Provincia de Salta.
En 1956 Roberto Romero, junto a dos socios, adquiere unas 50 acciones de
Jaime Durán, pero teniendo la información anticipada de la inmediata subasta
pública de los bienes del P.J. La venta se realiza en agosto de 1957 y el grupo
resulta, como era previsible, adjudicatario del matutino.
El abogado peronista Manuel Pecci y otros referentes tratan, en distintas
épocas, de recuperar este medio para el partido, pero los contactos y las maniobras
de Roberto Romero frustran este objetivo.
Hasta el año en que Romero se adueña del periódico, éste se desenvolvía
con cierta razonabilidad. Pero después se dejan de lado los códigos más
elementales del periodismo y se convierte en un ariete que funciona exclusivamente
para apuntalar los intereses económicos y políticos de la familia.
En una larga conversación con el ex diputado nacional y ex juez de la Cámara
Federal de Salta, Ricardo Munir Falú, pude saber de momentos un tanto más
románticos y caballerescos que los que se viven hoy en las redacciones. Falú fue el
primer director del diario en 1949 y como las pasiones en estas comarcas solían ser
muy encendidas, era tal el enfrentamiento con el director de diario: El Norte, por
cuestiones internas del partido peronista, que llegaron a enfrentarse en un duelo.
Los padrinos de Juan Marocco exigían una retratacción a Falú por haberlo
“agraviado” públicamente. Ante la negativa de éste acuerdan la realización de un
lance caballaresco. Las condiciones del duelo establecían que usarían como arma el
sable con filo, contrafilo y punta, el torso desnudo y sólo se interrumpiría si alguno de
los contendientes quedara en manifiesta inferioridad física.
Marocco y Falú eligieron la Villa de San Lorenzo para el duelo. No recuerdo
todos los detalles que me refiriera Ricardo con quien solíamos compartir charlas muy
animadas referente a lo político y al mundillo del periodismo. Sé que ambos sufrieron
distintas heridas, algunas de consideración. Finalmente, el director del lance dio la
orden de suspenderlo y los instó a darse la mano y a olvidar las diferencias que
habían llevado al duelo.
Si hoy las personas agraviadas por este diario exigieran una reparación por
las armas, Juan Romero tendría un duelo semanal.
Un termómetro del manejo de este medio, lo da el hecho de innumerables
personas, ciudadanos, políticos, gremialistas y referentes sociales que se ven
obligados a buscar otros canales para desmentir informaciones falsas vertidas por
este diario.
No te queremos en el PJ
En 1983, el Triunvirato Interventor Reorganizador del Partido Justicialista de
Salta resuelve rechazar la ficha de afiliación de Roberto Romero: “basados en su
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falta de adhesión a los postulados y principios que forman el Justicialismo” y
fundamentan este rechazo con los siguientes argumentos:
Romero -funcionario al servicio de la Revolución Libertadora y apropiación del
diario peronista “El Tribuno”- al haberse desempeñado por designación del
gobierno surgido del golpe de estado de l955, como liquidador del Diario El
Tribuno propiedad del partido peronista y que posteriormente mediante
maniobras con elementos adictos al golpe del 55, resultó adquirente del
mismo (Escrituras Públicas N° 429/56 y 122/57-Protocolo del Escribano
Público Nacional, Raúl Goitia-Ciudad de Salta).
Romero protege a un alto funcionario del proceso
Juan José María Peña: el violento y arbitrario ex Director de la Dirección
General de Rentas de la Provincia de Salta y uno de los principales acusados
en la causa penal por defraudación a la Provincia, procesado y encarcelado
obtiene la libertad mediante la fianza personal prestada por Roberto Romero.
El Partido Justicialista que rechaza la concertación de ilícitos y demanda su
exhaustiva investifación y castigo, verifica que el señor Roberto Romero (que
se pretende peronista) afianza la excarcelación de un alto funcionario del
Proceso (Peña) que es investigado en uno de los ilícitos más resonantes de
esta Provincia. La defraudación por 30 millones de dólares en perjuicio de la
Dirección General de Rentas de la Provincia.
Romero a favor del golpe del 76 y su adhesión al Proceso
Adhesión al gobierno del Proceso de Reorganización Nacional y, antes de
marzo de 1976, expresa actitudes favorables al derrocamiento del Gobierno
Constitucional, desde editoriales y notas del diario El Tribuno bajo su
dirección y responsabilidad.
Romero y las prácticas políticas desleales y viciosas
Bajo la dirección de Roberto Romero se atentó contra sedes de otras
agrupaciones internas del Justicialismo, siendo afectadas mediante el pintado
de sus paredes con consignas y símbolos pro-romeristas aparejando altos
daños materiales a los locales. Todo el Peronismo repudió esta grosera
expresión, ajena a la conducta peronista.
El ofrecimiento a través de la campaña publicitaria de viviendas y empleos
(10.000 viviendas y 40.000 empleos) con el propósito de concitar adhesiones,
comprometiendo al Partido Justicialista por encima de los organismos
naturales y encargados de formular las políticas y planes de gobierno.
Como consecuencia del examen de estas consideraciones y ante el pedido
formulado por las agrupaciones Unidad Peronista, Lista Verde, Lista Azul y
Blanca “17 de Octubre”, el Triunvirato Interventor reorganizador del Partido
Justicialista de Salta.
Resuelve: rechazar la afiliación del Sr. Roberto Romero.
Todo esta historia refleja el episodio nunca resuelto de la apropiación del
diario El Tribuno. Cabe aclarar que tiempo después de esta resolución, Romero
compra voluntades y ejecuta ciertas maniobras que le permiten afiliarse al partido.
Después participa en una interna en la que tiene como adversario al peronista
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histórico Carlos Caro a quien le gana en medio de denuncias de graves
irregularidades. Finalmente es elegido gobernador en 1983.
Obsérvese que en los argumentos que se dan para rechazar la ficha de
Romero, aparece la figura del funcionario Juan José María Peña. Este señor ocupó,
posteriormente, un cargo nacional que le mereció el mote de “intocable”, por parte de
un sector desinformado de la prensa nacional. Nada más lejos del personaje que
combatió al mafioso Al Capone en Chicago. Peña fue nombrado por Juan Romero
en la oficina de Rentas que la provincia tiene en Buenos Aires. Para ello se
desmanteló una oficina anterior en donde trabajaban unas 30 personas. Nadie
controla a este funcionario enriquecido manifiestamente y que remite al actual
gobernador.
Periodistas prepagos y de los otros
Decía el novelista William Faulkner “Se puede confiar en las malas personas;
no cambian jamás”. Esta cita se aplica perfectamente a los periodistas, que por su
alta exposición, muestran descaradamente sus objetivos.
El periodismo argentino supo tener en otros años una alta credibilidad,
superada solamente por alguna institución como la Iglesia. Si bien no he visto
mediciones recientes, tengo la sospecha que esa imagen ha cambiado.
Aunque en esta profesión se da una circunstancia muy singular. Aún
reconociendo que muchos de estos profesionales operan al mejor postor, como
trabajan para distintos patrones, finalmente y por ese motivo, la mayoría de los
hechos salen a la luz.
En Salta, no hay mayores diferencias con respecto a otras provincias.
Tenemos comunicadores adictos, pue más allá de lo que el gobierno haga, siempre
estarán de su lado. Están los que usan el micrófono, la cámara o la pluma para la
extorsión. También los que simulan ser independientes y parecen serlo hasta que
aparece el pago. Sin embargo, existe periodistas -los menos debo decir- que
informan correcta y permanentemente.
Así, en lugares en donde el gobierno produce hechos de corrupción en forma
ininterrumpida, el periodista termina siendo por este motivo un opositor. Es probable
también que en algunos casos pierda objetividad. En esta provincia no se puede ser
como propone el Nobel Español de Literatura, Camilo José Cela: “Ser tan objetivo
como un espejo plano” pues ¡Cómo se hace profesionalmente para informar
friamente ante la injusticia, el hambre, la indigencia, la falta de educación, el
suicidio...!. ¡Qué clase de educación hay que tener para asumir una actitud aséptica
ante tanta negación!. ¡Cómo debe actuar un comunicador honesto cuando ve las
múltiples operaciones de una prensa comprada para desacreditar, por ejemplo, a los
docentes que reclaman por un salario digno y por escuelas en condiciones edilicias
razonables!
Estoy convencido de que el periodista, al igual que el artista, debe
comprometerse con su gente y con su tiempo.
282
Un manotazo de más 200 mil dólares
En enero de 2000, cuando el músculo duerme pero la ambición no descansa,
el diario El Tribuno encontró la fórmula mágica para hacerse de casi 300 mil verdes
de manera absolutamente tramposa e ilegal. Parece que el gitoducto instalado
desde la casa de gobierno al diario romeriano no alcanza. En ese año las finanzas
de los municipios salteños estaba en rojo, sin embargo, mediante una maniobra de
la que participaron una agencia de publicidad “Sergio Producciones” y el Banco
Macro, descontaron a las municipalidades distintos importes correspondientes a los
fondos de coparticipación que debían percibir. El descuento se hizo de prepo -sin
que los intendentes supieran nada- y fue destinado a las arcas del periódico en
concepto de “publicidad”. Ya en ese año los Romero sentían que podían hacer lo
que quisieran. Que no habría justicia que le pusiera el cascabel a ese gato.
FM Noticias recogía testimonios de la Intendente de Cerrillos, Clelia Guzmán
quien reclamaba le devolución de los 10.000 pesos/dólares que le habían
descontado. También Guzmán Viveros, intendente de San Antonio de los Cobres
(municipio pobre si los hay) a quién le habían manoteado el 20% de los fondos
coparticipables.
El Semanario Cuarto Poder lo explicaba así:
En medio de la difícil situación que afrontan muchos de los medios gráficossiempre a punto de desaparecer o de ser absorbidos por medios mayores en
un vertiginoso proceso de concentración mediática- a El Tribuno las
respuestas creativas para afrontar los desafíos empresariales no le faltan.
Horizontes S.A., editora del único diario de la provincia, consiguió convencer
a los intendentes de El Galpón, Santa Victoria Este, Guachipas y Angastaco
que lo mejor es invertir en publicidad. Y Facturó sólo en el mes de enero una
cifra que supera los 200 mil dólares.
Los intendentes ni siquiera tuvieron que tomarse la molestia de venir hasta
Limache (lugar donde está ubicado el diario), a entregar el dinero, o enviar un
cheque, o un giro. La cifra destinada a tan magnífica inversión fue
directamente descontada de la Coparticipación. Los documentos que así lo
prueban llevan el sello del Banco Macro (sucursal España), sección Cuentas
Oficiales, con la fecha del 21 de febrero de 2000.
O sea que El Tribuno y los municipios ingresan con el pie derecho al nuevo
milenio: estamos mal, pero vamos bien. Todo muy legal: están las firmas
estampadas del jefe del departamento del Macro, Armando Rubén Abraham,
y del Subtesorero General de la Provincia Gianfranco Martinis. Para que todo
sea más prolijo, en la columnna que refleja la “inversión” publicitaria no dice
Horizontes S.A., ni diario El Tribuno. Dice Sergio Producciones cuenta
1877/7. Es decir una Agencia de Publicidad.
Increíble Coincidencia
Hay una planilla con importes devengados entre el 17 y el 31 de enero, otra
toma el período que va del 20 al 31 del mismo mes y una tercera que cubre
del 1 al 5 de febrero. En algunos casos la totalidad de la “inversión”
publicitaria de un determinado municipio aparece en una sola planilla, en
otras la cifra está desdoblada.
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Un total de 41 municipios pagaron por publicidad en El Tribuno una cifra
conjunta de 212.717 pesos. Payogasta, por ejemplo, invirtió 8.998 pesos,
Vaqueros 6.293 y Urundel 5.212. ¿Dónde queda El Jardín?, debe ser un lugar
próspero y feliz; su intendente resolvió que quiten de su coparticipación 5.000
pesos para enviarlos a El Tribuno. ¿Qué habrá promocionado? ¿Las bellezas
naturales? ¿ Las posibilidades para la radicación de industrias?
Todo bien. Sólo que los números parecen dibujados. O existe la sincronicidad
mental o se copiaron los planes de inversión publicitaria, o bien fue sólo una
fantástica coincidencia. Porque a los intendentes de Orán, Tartagal y Rosario
de la Frontera se les ocurrió –o los convencieron- que era bueno invertir
10.000 pesos en El Tribuno...
Muchos jefes comunales arrugaron ante el poder romerista. Los menos
denunciaron el atropello y trascendió en algunos medios. Los fiscales, como de
costumbre, miraron para otro lado. Algunos dicen que por el escándalo El Tribuno
devolvió los dineros arrebatados, no me consta.
Premio Persona
Esta distinción nace en 1985, se entrega por primera vez en una cena en el
Hotel Salta y es televisado por Canal ll de esta ciudad. La organización del mismo es
absolutamente transparente y para otorgarlos trabaja un jurado de 12
personalidades de la Provincia que, durante 5 meses, evalúa e investiga propuestas
propias, pero con la singularidad que cualquier ciudadano puede hacer una
presentación que también es analizada por el Jurado. De esta manera se distingue,
por lo realizado durante el año o por trayectoria, al músico, escritor, artista plástico,
deportista, salteño con proyección nacional, etc., y se premia a alguna personalidad
nacional.
En diciembre de 2000, el jurado decide por unanimidad otorgar este galardón
al periodista Joaquín Morales Solá, por haber investigado y dado a conocer el
escándalo conocido como “las coimas en el Senado” –hecho, que hasta hoy
permanece impune-.
La televisación, en esa oportunidad, estaba a cargo del Canal de Cable
“Cable Express” cuyo gerente en ese momento era Daniel Casavilla.
La noche se presentaba espléndida, la transmisión se reproducía también a
través de las frecuencias de Radio Nacional, FM Pacífico, FM 100 y FM Noticias.
Las reservas para la cena se habían agotado dos días antes y la gente
pugnaba por ver, aunque más no desde la puerta, el acontecimiento. Esa tarde
Morales Solá también había sido distinguido por la Universidad Católica de Salta.
El Director de cámaras realizó el conteo correspondiente y comenzó la noche
de los “Premio Persona”. Todo parecía desenvolverse con total normalidad. De
pronto comenzaron a sonar los teléfonos del Hotel y la gente preguntaba por qué no
se veía el programa anunciado. En los cortes publicitarios yo le preguntaba a
Casavilla qué estaba pasando y el gerente respondía que tenía problemas con el
enlace pero que todo se estaba grabando y que se transmitiría más tarde o en el
curso de la semana.
Los Premios Persona de ese año nunca se transmitieron por televisión, los
tentáculos de Cantarero o de su socio Romero no lo permitieron.
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Así como en algunas distinciones existe su contracara -como podría ser el
premio limón-, en este caso el corrupto ex senador debió recibir el galardón al
“Salteño con Proyección Nacional”, calificativo ampliamente merecido, pero por el
absurdo.
Influencia
Las maniobras llevadas a cabo por el Gobierno salteño para evitar que la
información llegue a Buenos Aires o que no se reproduzca en Salta, rayan en lo
ridículo. Ya relatamos la extraña desaparición del primer número de la evista TXT.
Mucho antes y durante la campaña que se realizó en 1985 en la que Cantarero se
candidateaba a Senador Provincial por el Departamento Capital, el corresponsal del
diario La Nación Julio César Rodriguez de la Vega había escito un artículo que tituló
“Llegaron los Reyes Magos a Salta”. Allí daba a conocer una campaña escandalosa
para sustentar esa candidatura: se regalaba dinero en efectivo, se entregaba sólo
una zapatilla del par para completar el resto si se ganaba, y toda la parafernalia que
conocemos y que no es exclusiva de esta provincia. Aquella edición nunca llegó a
Salta. Dieron como explicación que había sucedido una confusión y los diarios se
extraviaron y pasaron a Jujuy.
Aquella elección, Cantarero la perdió por paliza. Su opositor era un médico
radical, Luis Alberto Espeche, quien contó con medios económicos muy limitados.
En otra oportunidad, la Doctora en Biología y Licenciada en Ecología Marta de
Viana, era entrevistada por Nelson Castro, cuando el programa del periodista se
transmitía por La Red. La nota aludía al escándalo que se había desatado cuando el
gobernador Juan Romero decidió vender los Lotes 32 y 33, unas 25 mil hectáreas,
protegidas como Reservas Naturales en General Pizarro, sentando un lamentable
precedente que fue motivo de durísimas críticas en todo el país.
La Red era retransmitida por una radio oficialista administrada por Julio
Castillo.
Durante los 10 minutos que duró la entrevista, en la frecuencia sólo se pasó
música.
El colega Hector Alí, corresponsal del TN y Canal 13 cuenta de otro de esos
lúcidos momentos que tiene el Gobierno:
La pantalla en negro en las señales 42 de Cablevisión y 5, de Cable Express,
donde habitualmente se emite el canal de noticias TN, de Buenos Aires, dejó
perplejos a los abonados que desde la noche del jueves querían seguir la
transmisión en vivo que el canal porteño había instalado a la vera del Río
Tartagal, en la ciudad norteña. A lo largo de toda la jornada, los enviados
especiales de Canal 13, mostraron imágenes en directo de la devastación
causada por la crecida del río. También recogieron testimonios lapidarios de
habitantes de las sufridas localidades del departamento San Martín, contra
las autoridades locales, provinciales y nacionales, por la falta de previsión,
indolencia e inoperancia frente al problema causado por los temporales de los
últimos tres meses.
Los ávidos televidentes primero creyeron que la falta de señal sería una
interrupción momentánea, pero a medida que pasaron las horas, la mayoría
comenzó a hilvanar otras conjeturas. La interrupción continuó durante la
mañana y los conmutadores de ambas empresas se saturaron de llamados
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de abonados que querían saber que pasaba, teniendo en cuenta que las
demás señales se emitían normalmente. Las operadoras al parecer tenían la
orden de echarle la culpa a un supuesto “problema” técnico en Buenos Aires.
Más tarde, ante la insistencia (la señal podía verse perfectamente en Internet
y en Buenos Aires, desde el sector de Control de Artear, desmintieron
categóricamente algún desperfecto) reconocieron que se trataba de un
problema “propio”.
El primero en devolver la señal fue Cable Express, pasadas las 10 de la
mañana. Un rato después lo hizo Cablevisión. La duda sobre una supuesta
mano negra que operó para que se levantara la señal quedó instalada sin
remedio. No sería ni la primera ni la última vez, que desde algún sector oficial
o privado, molesto o preocupado por la fuerza de la evidencia, se pretendiera
ocultar una transmisión o agotar ejemplares de algún medio gráfico. Tampoco
sería la primera vez que alguna de esas empresas, temerosa de perder la
pauta oficial, levantara algún programa que no fuera condescendiente con el
gobierno.
La otra secuencia de este capítulo comunicacional de la desidia oficial, fue el
mote de “Periodismo Amarillo” que El Tribuno le imputó a la transmisión de TN. El
dardo fue lanzado por un desmesurado cálculo de evacuados en la zona a causa de
los temporales.
Tampoco es la primera vez que ese medio, propiedad del gobernador Juan
Carlos Romero, reacciona editorializando de esa manera frente a alguna nota o
transmisión que perjudica sus intereses y los de su gobierno.
La primera descalificación que le cabe a El Tribuno y le quita cualquier
derecho a criticar a un medio independiente como TN es, justamente, la pertenencia
patrimonial al primer mandatario provincial. Desde el vamos el matutino está
impedido de ofrecer cualquier dosis de objetividad o ecuanimidad en el tratamiento
de las noticias que involucran al Gobierno Provincial. En estas circunstancias, no
puede decirse que El Tribuno sea un diario como cualquier otro, sino simplemente
un medio de prensa oficial.
En el caso de la imputación de “periodismo amarillo” que El Tribuno le hace a
TN, la descalificación es vana porque el periodismo, cuando es “amarillo” o se le
imputa cualquier otra deformación semejante, deja de serlo. En todo caso, puede ser
bueno o malo, pero intrínsicamente no admite otra calificación. Por la misma razón,
tampoco podría decirse que El Tribuno hace “periodismo amanuense”, porque al
portar esa característica, deja de hacer periodismo.
No todas son pálidas
En julio de 2002, Romero transitaba alegremente los tramos de la campaña
de su candidatura presidencial, que tal como muchos suponíamos, era sólo un
amague para después acompañar a Menem en la fórmula que terminaría huyendo
del ballotage.
En realidad, se hacen viajes y se organizan conferencias anodinas que sólo
sirven para hacer publicidad.
Era un día soleado, casi peronista, y el gobernador se dirigía con su corte al
salón de conferencias de la Fundación Ortega y Gasset en Madrid. En Salta,
Romero está protegido de cualquier sobresalto, a través de un aceitado mecanismo
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de seguridad que impide preguntar a los periodistas independientes y evitan
cualquier molestia al mandamás. Pero en España algo falló. Cuando el candidato se
disponía a comenzar su exposición, una docena de jóvenes de ambos sexos se
levantaron de sus lugares para increparlo a viva voz: “¡Asesino!,¡hijo de puta!,
¡corrupto!, ¡ladrón!” fueron algunos de los cumplidos que se escucharon en la sala.
Sus laderos no atinaron a reaccionar, tenían claro que estaban en un país
extranjero y no esperaban una situación semejante. Romero tampoco atinó a nada,
sólo miraba con una expresión entre idiota y absorta mientras esperaba que alguien
echara a los revoltosos.
Me causaron mucha gracia algunas de sus declaraciones posteriores que
fueron reproducidas por el semanario salteño El Expreso: “Lograron el efecto que
querían, que se sepa en Buenos Aires para desprestigiarme. Era para lograr una
noticia, lo que se llama una producción publicitaria. Vaya a saber quién es el que
está gastando dinero y tiempo en estas cosas”. En realidad no se gastó un solo peso
y se invirtió muy poco tiempo, el necesario para enviar desde una vieja computadora
de FM Noticias un correo a CALPA (Coordinadora de apoyo a las Luchas del Pueblo
Argentino) con sede en París. CALPA está integrado por argentinos exiliados de la
dictadura y tienen una red en distintas ciudades europeas. Sólo tuvimos que enviarle
la información sobre: la represión que mató a 5 personas e hirió a centenas en los
cortes de ruta del norte provincial; la presión de Romero en la reunión de
gobernadores en La Pampa, durante la presidencia de Duhalde, que para algunos
tuvo como saldo las muertes de Kosteki y Santillán; y el amparo a represores que es
parte ya de una política de estado en la provincia.
Entre los pocos que acompañaban a Romero ese mediodía, se encontraba
Daniel Karlsson, en ese momento Secretario de Financiamiento Internacional de la
Provincia. Este funcionario fue eyectado de su cargo cuando trascendió que estaba
acusado de represor durante la Dictadura del 76 –en ese momento era oficial del
Ejército Argentino-. Sin embargo, el ex militar reaparece con un nuevo cargo cuando,
en octubre de 2006, se publicó, con una sensible demora, en el Boletín Oficial que
había integrado la comitiva de Romero que viajó a Francia percibiendo viáticos.
Ahora estaba nombrado como presidente de la empresa minera “La Casualidad”
propiedad del estado. Karlsson está siendo investigado por la Justicia de Corrientes,
en una causa por privación ilegítima de la libertad contra ciudadanos de esa
provincia. Romero no puede darse el lujo de desechar a estos represores por alguna
razón inconfesable. Cíclicamente, y en secreto, reaparecen ocupando otros cargos.
Así, merecidamente, el mandatario pasó a integrar el club de los
“escrachados” internacionales.
No gana para sustos
Romero vive rodeado de su custodia, es un dirigente con miedo, vaya uno a
saber por qué. Ha tenido una cantidad de incidentes que demuestran que no es de
los gobernantes que despiertan afecto y admiración. En oportunidad de retirarse de
un acto público conmemotivo de la gesta de Malvinas y, sentado en el vehículo
oficial junto a su mujer, fue insultado por un “excedente” -uno de los 5000 empleados
cesanteados en 1996-, que se encontraba en el lugar. El gobernador, haciendo gala
de su virilidad, se bajó del automóvil y, rodeado de su guardia pretoriana, le pegó
una trompada. César Campos, agobiado por su situación le gritó “Por tu culpa estoy
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sin trabajo, pasando hambre y sin poder mantener a mi familia, hijo de mil
putas...”¿Qué era el exceso verbal comparado con 5000 situaciones parecidas
ocasionadas por la decisión gubernamental? Para el mandatario son daños
colaterales sin mayor importancia. La inefable senadora nacional salteña Sonia
Escudero se interesó por el desocupado cuando supo que iba a ser entrevistado en
un programa de la televisión nacional; le pidió que no asistiera “para no dañar la
imagen del gobernador”.
Claro que Romero no siempre da, a veces también recibe. Se festejaba el
cincuentenario del “Bachillerato Humanista”, un prestigioso establecimiento
educativo de nuestra ciudad. El Gobernador estaba invitado a la fiesta por ser un ex
alumno del Colegio. En momentos en que Romero se retiraba de la reunión e iba
saludando a la gente ubicada en las mesas, uno de los comensales, el empresario
Nicolás Lecuona, que había sido perjudicado injustamente en un negocio de
transporte, se levantó y le sacudió un golpe que hizo trastabillar a Romero.
Inmediatamente los guardaespaldas redujeron a Lecuona y lo llevaron
detenido a la Seccional 1ª. A la mañana siguiente, y con su acostumbrada
hipocresía, el gobernador negaba ante la prensa que el incidente hubiera ocurrido. A
media mañana, enterado del suceso, me dirigí a la comisaría para ver a mi amigo
Nicolás y se produjo allí un episodio con ciertos atisbos humorísticos. Al verme la
Jefa Policial a cargo, en medio de otros periodistas y amigos del empresario, me
atajó diciendo “Señor Poma no me comprometa, no puedo dejar pasar a la prensa”,
le contesté con sorna “Señora no vengo en calidad de periodista, sino como
admirador del señor Lecuona”. No sé que habrá escuchado la mujer porque había
allí mucho ruido y movimiento, pero insólitamente accedió: “Bueno, en ese caso
puede pasar”.
Otra escena de pugilato se dio en el exclusivo, aunque ya no tanto, Club 20
de febrero. El mandatario llegó a la Institución y al pasar por el comedor fue
escrachado por el abogado Gaspar Solá Figueroa, quien al verlo empezó a golpear
con un cubierto su copa. Romero reaccionó enceguecido atropellando la mesa y
haciendo caer al profesional que no pudo reaccionar.
Romero está obligado a viajar en el avión de la provincia, porque de hacerlo
en líneas comerciales podría sufrir escraches como ha ocurrido con otros
funcionarios de su gobierno. El avión, el helicóptero y su custodia son los seguros de
su tranquilidad.
Informar a tiempo
El 26 de octubre de 2002, la revista Noticias me había invitado a escribir una
columna que incluiría en una extensa nota realizada al Gobernador de Salta con
motivo de su candidatura presidencial. En ella explicaba que sentía como un deber
informar lo que pudiera respecto a la administración Romero, dejando constancia de
distintos hechos de corrupción y del vaciamiento llevado a cabo. En esta ocasión,
me preguntaba dónde habían estado los periodistas riojanos que, antes de 1989, no
nos habían advertido de quién era Menem.
En aquella nota el periodista le pregunta a Romero como recibía las críticas y
éste contestó: “Ninguna de las acusaciones que me hacen las presentan en los
juzgados. Algunos son activistas disfrazados de periodistas. Ahora debo estar
preparado para cosas que van a descubrir, supuestas maldades mías. Mi exposición
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es mayor y hay algunos que no me quieren. Es todo falso. Si alguien cree que todo
eso es verdad tiene que ir a un juzgado”. Una vez más Romero miente. Yo lo he
denunciado igual que a otros funcionarios, tanto en la justicia local como en
organismos nacionales, tales como la Oficina Anticorrupción, La Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas, la Inspección General de Justicia y ante el fiscal con
competencia electoral Jorge di Lello.
Como antecedente puedo citar que denuncié por distintos delitos al ex
senador Raúl Moisés Fathala que había solicitado -hacia el final del gobierno de
Alfonsín cuando ocurrían los saqueos a los supermercados- donaciones a la Junta
Provincial del Poroto y a la Cooperativa Agrícola. Ambas le entregaron l00 mil kilos
de maiz y legumbres para ser distribuidos en los sectores carenciados. Los
alimentos fueron vendidos a una empresa tucumana y el legislador se quedó con el
dinero. Después de 5 años fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y a 10
años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Este fue el primer caso en ese
momento, que un funcionario fue condenado por la justicia. En el medio hubo
amenazas, aprietes e intentos de compra que no surtieron efecto alguno.
Del mismo modo, presenté una denuncia contra uno de los funcionarios
preferidos del Gobernador, Alfredo Petrón, por Negociaciones Incompatibles con la
Función Pública y Falsificación de Documento Público. Este muchacho trabajaba de
administrativo en una radio y no tenía un cobre. Antes que yo, lo habían denunciado
ante el Juzgado del Doctor Gareca, los periodistas Jorge Winter y Miguel Brizuela.
Este último, por supuesto enriquecimiento ilícito ante el desmesurado crecimiento
patrimonial del individuo: dos casas del plan FONAVI (esto ya es ilegal), 2
automóviles, una residencia de U$S 80.000 en el barrio Grand Bourg, una finca en
Colonia Santa Rosa- tierra altamente cotizada en nuestra provincia- y dos abultadas
cuentas bancarias. Notable capacidad de ahorro de Petrón que, en aquel entonces,
cobraba $2.700. Ambas denuncias fueron desechadas por el Juez. Ayudaron a este
caso la definición del Fiscal Francisco “ñoño” Herrera quien afirmó que no puede
investigarse a un funcionario mientras esté en funciones, y la de la fiscal Ana Silvia
Acosta, que a pesar de claros antecedentes, opinó que la figura del Enriquecimiento
Ilícito es inconstitucional.
Sin embargo, el mismo juez Roberto Gareca entendió que los datos que yo
había presentado tenían el peso suficiente y lo procesó junto a su mujer, Betty
Yolanda Zannier por el delito de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la
Función Pública: a Petrón como autor material y a su mujer como partícipe
necesario.
Freddy supo al principio del Gobierno de Romero, acomodarse bajo el ala del
Secretario con gastos reservados, Angel Torres. Desde allí trepó varios escalones
hasta llegar a ser Coordinador General de la Secretaría de Prensa del gobierno. Su
mujer integraba una sociedad que instaló la radio infantil FM Panda. Figuraba allí
con su apellido de soltera y recibía jugosas órdenes de publicidad de su diligente
marido. A pesar de estos antecedentes Petrón continuó inmutable su brillante
carrera administrativa. En estos momentos es titular del Instituto Provincial de la
Salud, un nuevo coto de caza.
También, y como expliqué en un capítulo anterior, denuncié al supercajero
Oviedo y al ex Secretario de Obras Públicas, Luis Siegrist. Como se verá no son
presentaciones infundadas, por el contrario, se acompañan de pruebas o indicios
suficientes. Pero en el caso de Juan Romero parece tener un traje de amianto o bien
sabe distribuir muy bien un aceite vegetal, color verde, que él mismo fabrica.
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El “Gran Hermano” salteño
A instancias del Secretario de Seguridad Gustavo Ferraris, a principios de
2006, se instalaron en posiciones “estratégicas” del centro de la ciudad, cámaras de
video conectadas a la central del 911 (Servicio de Emergencias) dependiente de la
Policía Provincial. Esto invade en cierta manera la privacidad de mucha gente, pero
algunos ciudadanos lo vieron como un hecho positivo ante el crecimiento
exponencial del delito. El periodista Héctor Alí, en las páginas del semanario Cuarto
Poder, opinaba al respecto:
(...) Lo que no se escuchó en medio de esta disputa, fue ninguna queja por la
intromisión en la vida privada de las personas de este organismo que se
arroga el derecho de espiar su movimiento con la excusa de perseguir
“carteristas” o “mecheras”. El ojo indiscreto podrá seguir los pasos de
cualquier ciudadano/a observando por donde camina, donde compra, con
quién circula, con quién se encuentra, si habla por celular, si ingresa en un
banco, si extrae dinero de un cajero automático, a quién despide (cómo lo
despide), si faltó al trabajo, si dijo que iba a comprar cigarrillos y aprovechó
para un encuentro furtivo en cualquier confitería....
¿Quién puede asegurar que esas imágenes no se utilicen extorsivamente?.
Desde enero de 2007, por FM Noticias advertíamos que el conflicto docente
no estaba resuelto y que teníamos datos para afirmar que las clases no comenzarían
si no se atendían los reclamos de los maestros. Los mismos no sólo eran por
cuestiones salariales, sino también por escuelas destruídas, con baños colapsados y
sin agua y falta de programas adecuados para la actualización de los educadores.
Tal como adelantáramos las clases no empezaron. En algunos lugares el
acatamiento al paro era del 90% y se realizaron manifestaciones que en algunos
casos llegaron a las 8.000 personas. La prensa prepaga operaba descaradamente
para el gobierno descalificando a los docentes de todas las formas posibles.
Había orden de no reprimir, se transitaba un año electoral y había que evitar a
toda costa una nueva “Noche de las tizas”.
El 14 de marzo de 2007, dimos a conocer una información en FM Noticias en
carácter de primicia que confirmó la sospecha del espionaje. Recibimos un CD que
contenía gran cantidad de fotografías y casi 80 páginas de información. A pesar de
nuestra presunción mirábamos con asombro las imágenes de docentes en huelga de
hambre, periodistas en pleno trabajo (mi hijo Agustín entre ellos), referentes políticos
y hasta habían registrado al Juez Luis Félix Costas quien había aceptado un recurso
de habeas corpus preventivo y dialogaba en la plaza 9 de Julio con los maestros.
Por el ángulo de dichas tomas se podía saber que habían sido muchas de ellas
realizadas con las cámaras conectadas a la policía. La filtración -chequeada por
nuestra emisora- delataba a los policías de “inteligencia” que habían infrigido la Ley
N° 25.520 de Inteligencia Nacional.
El completísimo informe daba cuenta del espionaje a los docentes en
numerosas ciudades de la Provincia. Se los describe hasta en sus detalles más
íntimos y se realizan sugerencias como éstas: “Se observa la tendencia a provocar
problemas por parte de estos referentes, se sugiere un mayor cuidado de la
información personal a fin de detectar puntos débiles en su entorno y provocar su
desmoronamiento, si no acatan una solución pacífica”; firma este parte el comisario
Rubén Armando Sandoval, Jefe de la D2 y con el sello de la policía de Salta.
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Según la información recibida la organización estaba integrada de la siguiente
manera:
Grupo de trabajo de “calle”-División reunión de información D-2. Policía de
Salta
Jefatura de Policía, General Güemes N° 775 dpto. Inteligencia, oficina 95
Crio Rubén Armando Sandoval
Sgto. Oscar Gutiérrez alias “Pocho”
Cabo 1° Guillermo Arroyo alias “Guille”
Cabo 1° César Lamas alias “Kiko”
Cabo
Pablo Solís alias “Buki”
Agte. Maximiliano Vargas alias “Maxi”
Agte. Eduardo Cianci alias “Pichi”
Con respecto al seguimiento a periodistas, figura con el curioso e inquietante
título de “Explotación de Prensa” y menciona como tendenciosos u opositores a los
diarios virtuales Salta Libre, Copenoa y a nuestra emisora.
Parte de la nota dirigida a mí que acompañaba al compacto de referencia,
expresa lo siguiente:
Mi querido Sergio, aún por más pavoroso que resulte, esto en Salta es real, y
no lo digo al azar, por favor analice los datos que pude conseguir, (aunque
sean copias de los originales ubicados en la Jefatura de Policía N° 95, donde
además tienen carpetas de partidos políticos, lo que ellos llaman
seguimientos a las autoridades de oposición, buscando “puntos débiles” o
datos personales que utilicen en su contra de acuerdo a directiva del gobierno
o no; una oficina con “boxes” donde desgraban conversaciones a gusto y
placer, siempre buscando otro sentido a las palabras vertidas y
acomodándolas como ellos quieren, etc). Señor, la época de la dictadura ya
terminó, pero estos policías parecen no haberse enterado y actúan a sus
anchas, con nuestro dinero, investigándonos a nosotros, buscando un
“quiebre” como lo describen, para hacernos parecer los malos de la película,
y lo peor, el gobierno escucha impávido lo que este grupo les manifiesta y
aconseja. ¿Soy sólo yo o es que nadie piensa que una persona que
catalogue a los docentes (sea de la ideología que fueran) como operadores
docentes, a las personas todavía de izquierda o que sugiera la continuidad de
una postura, ante la posible muerte de un manifestante, calificando esto como
un daño colateral, puede estar en servicio activo?. Creo que este comisario y
su gente, deberían pasar primero por un severo estudio psicológico y
determinar su actitud para ser funcionarios públicos....
Con motivo de esta situación intenté entrevistar al Secretario de Seguridad,
Gustavo Ferraris, pero el funcionario no atiende el teléfono de FM Noticias desde el
1° de abril de 2005 cuando mintió al afirmar que no habría represión. Sí se prestó a
la nota el Jefe de Policía, Gilberto Pereyra quien con muchas dudas, terminó
confirmando la existencia del ahora famoso y expuesto D2.
Así como Juárez tenía en su feudo al delincuente Musa Azar, nosotros
tenemos en el nuestro a Sergio Nazario. Los métodos canallescos de la dictadura,
en Salta tienen plena vigencia.
Escribo esto en los días en que los hechos se suceden. Los partidos de la
oposición, salvo el Partido Obrero, todavía no se han expedido. Enviamos copias a
291
las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras y ya el caso tiene
repercusión en la prensa nacional. La tragedia de Jorge Julio López puede repetirse
en cualquier lugar del país pero Salta está a la vanguardia en cuanto a esta
posibilidad.
El diario “chiquito”
Con este nombre se popularizó una publicación que, en realidad, gira con el
título de Nuevo Diario. Aparece por primera vez el 11 de febrero de 2002. Sufrió
persecuciones y aprietes, pero su crecimiento, mal que le pese a Romero y sus
funcionarios, parece irrefrenable. Su propietario, Néstor Gauna, fue entrevistado en
distintas oportunidades en FM Noticias y refirió el acoso permanente al que era
sometido por gente ligada a El Tribuno. Los canillitas eran presionados con la
amenaza de que si vendían el “Chiquito”, que ya instalado vendía en aquel primer
año muchos ejemplares, no se les entregaría El Tribuno. Los trabajadores ofrecían el
nuevo periódico casi a escondidas y, personalmente, creo que resistían el apriete,
convencidos de la necesidad de una nueva voz en la provincia. Gauna explicó que a
sus anunciantes les ofrecían tarifas sensiblemente más bajas de las que
habitualmente tiene el diario oficial. Los anunciantes de Gauna recibían llamadas de
personas que se hacían pasar por empleados del Nuevo Diario para reclamar que
espacios pagados por ellos, no habían sido saldados. Se creaba así una situación
de malestar por parte de éstos. La prueba se obtuvo cuando un cliente, que además
era amigo de Gauna, registró una de estas llamadas en su celular y se constató que
la otra punta de la línea correspondía a El Tribuno.
La nueva publicación arrancó con apenas 500 ejemplares y sólo 8 páginas.
Hoy tiene una tirada de 9.000 ejemplares y se acumulan, asombrosamente, las
publicidades y los avisos clasificados. Lentamente se expande a distintas ciudades
del interior y los lectores descubren, al compararlo con El Tribuno, que pareciera
tratarse de publicaciones de dos provincias distintas.
Al igual que otros medios independientes de toda la provincia, el Nuevo Diario
no tiene publicidad oficial.
La obscenidad oficial
En marzo de 2007 El Nuevo Diario publicó una investigación que muestra la
insólita cifra que recibe el diario oficial como publicidad del Gobierno. Durante el año
2005 percibió por este concepto la suma de $2.800.000, y en 2006 $4.716.960, a lo
que debe agregarse lo percibido por AM 840, la radio de Romero: $565.599,96.
Estamos hablando únicamente de lo gastado por el Poder Ejecutivo y no de la gran
cantidad de organismos que, casi por obligación, deben pautar en el diario de
Romero. Hablamos de las 2 Cámaras Legislativas, la Municipalidad de Salta y 58
municipios del interior, Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, el IPV (Instituto
Provincial de la Vivienda), IPS (Instituto Provincial de la Salud), ENRESP (Ente
Regulador de los Servicios Públicos) , etc. También las empresas privatizadas como
el Banco Macro, EDESA, Aguas de Salta S.A., etc. hacen su aporte.
Esto ocurre en una Provincia donde los índices de pobreza e indigencia -tal
como hemos informado en un capítulo anterior- son desmesurados.
292
Simultáneamente con los datos de esta investigación se produce un paro docente
que lleva 40 días. El Gobierno, para desactivar la medida, ofrece un aumento de $20
al básico para llevar el salario a $460 en blanco.
Que alguien me explique con alguna razonabilidad, que es así como debe
funcionar una democracia. Que por administrar el poder se pueden infrigir las leyes,
como ocurre con el Art.265 del Código Penal: Romero usa su poder como
Gobernador para gastar de manera discrecional los dineros públicos favoreciendo a
su periódico, que para colmo es una máquina de desinformar.
Tal como se ha publicado en distintos medios del país en referencia a la
actitud de los gobiernos provinciales y del propio Gobierno Nacional, usan las pautas
publicitarias oficiales para premiar a los “amigos” y “castigar” a los que no se
someten a la arbitrariedad del poder. Los medios castigados priorizan su derecho a
informar desde una visión independiente pero a la vez preservan el derecho de los
ciudadanos a ser informados correctamente.
El diario “Chiquito” no editorializa, pero con el solo hecho de informar todo lo
que ocurre en Salta, causa un daño concreto a un gobierno de altísima corrupción,
que además deja sus huellas digitales y rastros de ADN por todas partes.
Dime dónde pautas y te diré quién eres
Como es sabido, los gobiernos provinciales, también hacen su aporte a los
medios nacionales. En algunos casos, se justifica la difusión de temas que pueden
tener interés para el distrito, pero lo lamentable es que generalmente se usa el
dinero público para promocionar la figura de los mandatarios. He podido ver en
distintos años cómo se aplica la publicidad en medios porteños, tarea de
investigación muy difícil por el continuo ocultamiento que se hace de estos gastos. Si
bien parece haber cierta diversidad en esta “política” de distribución dineraria, lo
cierto es que aparecen con recurrencia dos medios: Canal 9 de Daniel Haddad, y
Ámbito Financiero del ya fallecido Julio Ramos, -desesperado porque se impusiera la
fórmula Menem-Romero en 2003- recibió durante 2006 la suma de $36.730
mensuales. Insólitamente, durante el mismo año, se destinaron $ 30.000 para la
revista Boca Juniors. Romero debe creer que los salteños somos extraordinarios
admiradores de Macri y del Club de la Rivera.
Pero la generosidad del gobierno romeriano también incluye al diario del
gobernador de Salta que se publica en la vecina Provincia de Jujuy, con el dudoso
beneficio que esto pueda tener para nuestra provincia.
Recientemente El Tribuno, se instaló en la Provincia de Tucumán y resultó
cómico escuchar en un medio radial al Secretario de Redacción de El Tribuno de
Salta, Bernardo Rabinowicz, quejarse amargamente por la discriminación, en
materia de publicidad oficial, que sufría el pasquín por parte del gobierno de
Alperovich.
Asociación de periodistas de Salta
El 25 de Mayo de 2005, nace en Salta esta Institución, procurando crear una
alternativa a un viejo gremio periodístico históricamente copado por el romerismo.
293
Próximo a cumplir dos años, es notable la cantidad de denuncias receptadas
por medios y periodistas independientes agredidos en todo el territorio provincial.
Pero también la de notorios hechos de discriminación que producen
sistemáticamente los gobiernos municipales. El primer presidente de esta
Asociación, el periodista e historiador Gregorio Caro Figueroa daba a conocer una
columna en donde se refería a la situación de la prensa en el país y nuestra
provincia. Tomamos aquí algunos de sus párrafos:
A mediados del siglo XIX John Stuart Mill escribió: “Ya ha pasado el tiempo,
por lo menos así lo esperamos, en que era necesaria una defensa de la
libertad de prensa como una de las garantías contra los gobiernos corruptos o
tiránicos”.
Ciento cuarenta años después de escrito este texto, tenemos que lamentar
que, en América Latina, el ejercicio de esa defensa no parezca ahora un
disparatado anacronismo.
Si tenemos que volver a hablar de la libertad de prensa es porque su pleno
ejercicio se encuentra hoy seriamente amenazado y mutilado en nuestros aún
débiles regímenes democráticos. Pero si podemos hacerlo todavía y debatir
sobre este tema, es porque aún hay espacio para hacerlo. Parece claro que
no sólo tenemos que preservar, sino también ampliar esos espacios sino
queremos que ellos se transformen en ínfimos resquicios... .
En las últimas dos décadas nunca fueron tan graves los riesgos, las
presiones directas e indirectas y las acciones gubernamentales destinadas a
obstruir y coartar su ejercicio.
El fin de las dictaduras no trajo aparejado el final de una mentalidad
autoritaria que, provista de otros recursos perversos y nuevas modalidades,
reaparece para lograr objetivos parecidos: ampliar el espacio de ocultación de
la información oficial, recortar el derecho de acceso a la misma, manipular la
opinión pública, neutralizar la crítica, restringir la circulación de las ideas y
controlar los medios de comunicación.
En estos últimos años estamos volviendo a la creencia populista de que la
división y equilibrio de poderes constituyen un obstáculo para concentrar el
poder, para la toma de las decisiones y la eficacia ejecutiva. Se está sacando
del armario de los trastos viejos la idea de que la libertad de prensa es una
rémora y una “superstición” del liberalismo que es necesario apartar de un
manotazo... .
“El Estado no debe dejarse desconcertar ni engatusar por el fanfarroneo de
una tal llamada libertad de prensa. No debe descuidar su obligación de
proveer a la Nación de lo que necesita para su bienestar; para la seguridad
del pueblo, el Estado debe asegurarse con decisión inescrupulosa este
método para la educación del pueblo poniéndolo al servicio del Estado y de la
Nación”, escribió Hitler.
“En un régimen totalitario la prensa es un elemento de ese régimen y una
fuerza al servicio del régimen. Es por eso que la prensa italiana entera es
facista”, dijo Mussolini en 1928.
“Nosotros no nos hemos comprometido nunca a dar libertad de prensa a
todas las clases”, anotó Stalin en 1927.
“En nuestro Estado no hay ni puede haber naturalmente ningún lugar para la
libertad de expresión y de prensa, por parte de los enemigos del comunismo”,
admitió en 1936 Andrei Vishisky, fiscal en los Procesos de Moscú. La
pregunta que tenemos que hacernos es si este juicio sobre la libertad de
prensa quedó sepultado junto a esos feroces mentores.
294
En los últimos años, asistimos a una total inversión de roles. Estamos
pasando de la presencia de medios de comunicación más plurales y críticos
que intentaron poner límites a los excesos gubernamentales, a la presencia
de un poder político hegemónico que está empeñado en ejercer control sobre
ellos, poniendo límites y también favoreciendo su concentración. Esto se está
haciendo hoy con una intensidad que no se manifestaba desde comienzos de
la década de los ‘80.
El gobierno nacional, y también muchos gobiernos provinciales, tratan a la
prensa con modales que el autoritarismo suele reservar a quienes se niega
legitimidad por no pensar igual que los que mandan. Al mismo tiempo se está
dando a la oposición un trato que se suele reservar a los conglomerados de
enemigos a los que hay que hostilizar, descalificar y excluir y, si fuera posible,
suprimir y hasta destruir.
No estamos frente a una simple cuestión de temperamentos irritables, sino a
una peligrosa concepción del manejo del gobierno; a una actitud desdeñosa
frente a los valores republicanos y democráticos a los que no sólo se ignora
sino también se escarnece y menosprecia; a estilos personales
caracterizados por un escaso apego a la verdad, y una muy débil tolerancia
al disenso pero con enormes pretensiones de imponer el dogma de la
infalibilidad presidencial. Estamos, además en presencia de una visión de
nuestra historia que sobrecargada de ideología se empeña en alimentar
antagonismos entre “dos argentinas” que ve como irreconciliables.
Un poder que pretende edificarse a expensas de esos valores deberá asumir
su cuota de responsabilidad en la erosión del prestigio de las instituciones
democráticas y la credibilidad de los ciudadanos en ellas. Mientras la pérdida
de credibilidad de un medio puede ocasionar daños a la empresa propietaria,
el desprestigio institucional es más destructivo. En los últimos años los
argentinos comenzamos a advertir que, en el largo plazo, la autocensura, la
censura indirecta, el ocultamiento y la mentira están condenados a tener
efectos letales en la sociedad.
Dice el filósofo español Emilio Lledó que la metira es más grave cuando
acampa en el mundo de la política, “cuando hace que se defiendan los
intereses privados disfrazándolos de públicos. Cuando una sociedad acaba
sin saber que está instalada en la mentira es una sociedad muerta. El grano
de mentira que se siembra en la sociedad produce monstruos”.
Algo personal
El 20 de septiembre de 1997, ponemos en el aire a FM Noticias. El nombre de
la emisora fue elegido como un homenaje al reportero gráfico José Luis Cabezas,
asesinado en enero de ese año. El aporte económico de los empresarios Carlos Issa
y Franco Brunetti fue fundamental para concretar el emprendimiento. Los objetivos
de la radio son claros: que el ciudadano común pueda expresarse en forma directa o
dejando su mensaje en el contestador, que se reproduce cada hora, con el límite
que, superados los 10 mensajes, los mismos se fraccionan y salen entonces cada
dos horas. Cada vez que en Salta ocurren sucesos como los vividos en el norte
provincial, los paros docentes, las agresiones al medio ambiente, los excesos
policiales producidos contra comunidades aborígenes y ciudadanos en general y los
múltiples atropellos a los que nos tiene acostumbrados la administración Romero, los
teléfonos de FM Noticias estallan y han llegado a receptarse más de 180 llamadas
diarias.
295
También establecimos como norma, que el medio fuera abierto a cualquier
expresión política y social, sin que esto significara que los referente tuvieran que
pasar por caja. En 2005 recibimos la visita del nuevo Secretario de Prensa de la
Provincia, Carlos Bonduri, que ofreció, después de 9 años de discriminación, una
pauta publicitaria oficial. No es que no la necesitáramos, pero no nos prestamos a la
jugarreta y la rechazamos.
Es interesante ver cómo los distintos comunicadores de la radio han logrado
crear una corriente de opinión con la que se identifican casi el 100% de los oyentes,
no obstante estar abiertos a todas las opiniones y sin consultar previamente que se
va a decir. Los periodistas y conductores de programas tienen absoluta libertad para
expresar sus ideas, y no hay “protección” para ningún sector político o empresarial.
De hecho hemos perdido anunciantes toda vez que hubo que denunciar
irregularidades que hubieran cometido. Todos estos enunciados que tienen más que
ver con la honestidad que con la objetividad, determinaron que el gobierno nos viera
como su principal enemigo. Y por supuesto recibimos el tratamiento correspondiente.
Ya en 1998, se acogieron las primeras amenazas telefónicas. Relatamos ya
los seguimientos de los que éramos objeto. Intentaron forzar en cuatro
oportunidades el ingreso a la radio, que cuenta con un sistema de alarma. En julio
de 2001, asaltaron una casilla que tenemos en el Cerro 20 de Febrero y en donde se
encuentran equipos de transmisión (enlace, transmisor, antena, etc). Rompieron
estos elementos que, luego encontramos en la ladera del cerro entre los árboles y
arbustos. Es decir no hubo intención de robo sino de eliminar una voz independiente.
Para cometer este hecho, tuvieron que cortar un alambrado perimetral, romper una
reja de hierro y derrumbar la puerta de acceso. Decidimos enviar una nota al Doctor
José Claudio Escribano, que en aquel año presidía ADEPA (Asociación de
Entidades Priodísticas Argentinas). La Institución me envió copia de la denuncia en
donde “exhorta a las autoridades gubernamentales a realizar una exhaustiva
investigación sobre este atentado como así también sobre las amenazas sufridas por
Sergio Poma, y eleva copia del presente informe”. Paralelamente, el diario La Nación
con fecha 26 de julio de 2001, Crónica Televisión y algunos medios radiales también
se hicieron eco de la situación. El 31 de julio, La Cámara de Diputados de la Nación
aprueba un Proyecto de Declaración que expresa
Su repudio y preocupación por los reiterados hechos de violencia que viene
sufriendo la emisora de la Ciudad de Salta FM Noticias, la que el 14 de julio
de 2001 sufriera por quinta vez el robo de parte de sus instalaciones, lo que le
impidió continuar con su transmisión.
Ante los continuos ataques realizados a FM Noticias sin que se pueda
conocer a los autores de los hechos, no obstante las constantes denuncias
efectuadas por el dueño de la radio, el periodista Sergio Poma, expresamos
nuestra solidaridad con el mencionado periodista y todo su personal, a la
espera de que los organismos competentes, encausen una investigación que
permita descubrir a los responsables de la situación descripta, y se apliquen
las respectivas sanciones de corresponder, en defensa del derecho a la
libertad de expresión garantizado por nuestra Constitución Nacional.
También La Cámara de Diputados de la Provincia de Salta y el Concejo
Deliberante de nuestra ciudad se manifestaron en tal sentido. Por supuesto nunca se
encontró a los responsables, pero sí, estas manifestaciones tuvieron el mágico
296
efecto de que, por lo menos hasta el año 2004, cesaran los intentosde intimidación y
las amenazas.
Fracasado el plan A (daños y amenazas), como así también el plan B
(intentos de compra y acercamiento), se dedicaron de lleno al plan C (hostigamiento
judicial).
He sido querellado dos veces por el gobernador Juan Romero, una vez por su
hermano, el director del diario El Tribuno, Roberto “Tito” Romero y por el secretario
personal con gastos reservados Angel Torres. La primera de Juan y la de Torres
están con un recurso de queja ante Corte Suprema de Justicia de la Nación, al haber
negado la Corte de Salta el recurso federal. La segunda de Juan y la de “Tito” están
en la Corte local que rechazó un pedido de prescripción arbitrariamente. He dicho
varias veces y públicamente, que prefiero ir preso que rectificarme, con lo que se
podría inferir que Romero y sus secuaces son gente honesta.
Quiero expresar aquí mi profundo agradecimiento a los abogados Daniel Tort
y Pedro García Castiella (miembros de la Red de Derechos Humanos) que
asumieron mi defensa en forma totalmente desinteresada, gastando dinero de su
bolsillo y dedicándole un tiempo que no les sobra. También al Doctor Carlos
Humberto Saravia por los mismos motivos.
No puedo dejar de mencionar que con motivo de las querellas recibí
innumerables mensajes de solidaridad en la emisora de ciudadanos salteños como
así también adhesiones por mail. Del mismo modo, se expresaron instituciones,
movimientos sociales y políticos como: La Junta Promotora del ARI, CTA, Partido
Humanista, UCR, Movimiento por los Derechos Humanos, Partido Renovador de
Salta, H.I.J.O.S. (regional Salta), Democracia Cristiana, Familiares de Detenidos
Desaparecidos de Salta, CCC (Corriente Clasista Combativa), Serpaj Salta (Servicio
de Paz y Justicia), Partido Obrero, Club de Pesca Salta, Comisión Organizadora de
las Marchas de Silencio por el esclarecimiento del crimen del Padre Ernesto
Martearena, Asociación Amigos del Árbol, A.D.I.U.N.Sa. (Asociación de Docentes e
Investigadores de la Universidad de Salta), Barrios de Pie, Sindicato Argentino de
Televisión (Seccional Salta), La Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de
Salta. Pido disculpas si me olvido de alguien, pero a todos les digo que me hacen
sentir que no estoy solo y que la lucha vale la pena.
“Torquemada era Piñón Fijo”
Con este título el colega Héctor Alí se refería al tema en el semanario Cuarto
Poder:
“Para que resulte operativa, la garantía de la libertad de expresión, en mérito
a su carácter intrínsecamente democrático, al momento de dictar sentencia
en causas sobre expresiones calumniantes e injuriantes, los jueces deben
aplicar un criterio amplio, fundado en los principios de derecho internacional
sobre derechos humanos (...) La jurisprudencia internacional ha desarrollado
una posición preferencial a la libertad de expresión para los casos en que los
términos cuestionados se dirijan a las figuras públicas. Esta posición se funda
en que la crítica a la actuación de los funcionarios resulta de importancia para
la vigencia de las instituciones democráticas y porque, además, cuando el
destinatario voluntariamente se expone en forma pública, consciente de
relegar su privacidad”.
297
Los párrafos precedentes pertenecen a la sentencia emitida por la jueza
María Laura Garrigós de Rébori, el 17 de diciembre de 1996, absolviendo al
periodista Horacio Verbitsky en una denuncia que le formulara el ex
presidente Carlos Menem por calumnias e injurias. En ese fallo, la magistrada
consagró no sólo el derecho sino también el deber de informar. El fallo
recorrió el mundo y fue reproducido en los principales diarios y revistas, que
no dudaron en calificarlo de “histórico”. La sentencia fue lapidaria para la
estrategia pleiteadora de Menem, quién inició decenas de querellas contra
periodistas mientras se jactaba de haber concedido “la más amplia libertad de
prensa”, como si se tratara de una gracia divina y no una imposición
constitucional.
En Salta, el gobernador Juan Romero y gran parte de su entorno han
incurrido en el mismo estilo de presión sobre medios y periodistas que no se
entregan al redil de aduladores, obsecuentes y serviles, cuando no de
mercenarios que pululan en el espectro mediático local. Alguna vez Romero,
con motivo de celebrarse el día del periodista, incitó a los profesionales a
ejercer “la libertad de expresión”. Curiosa manera de impulsar dicho ejercicio,
cuando reiteradamente el primer mandatario y varios de sus funcionarios
responden a las críticas y a las denuncias con planteos judiciales en vez de
plantear el debate, recurrir al derecho a réplica o a la confrontación
periodística. Este semanario ha sido reiteradamente jaqueado por denuncias
y requerimientos económicos de parte de funcionarios que ni siquiera así
logararon acallar la intrepidez de hacer periodismo independiente y responder
a la presión judicial con la fuerza de la verdad. Y cuando no han podido con la
prensa, tampoco tuvieron empacho en desplazar a jueces molestos que se
atrevieron a procesar funcionarios denunciados por periodistas.
Este jueves, el juez Correccional Marcelo Torres Gálvez, condenó al
periodista Sergio Poma a 6 meses de prisión en suspenso y a pagar 20 mil
pesos de indemnización al gobernador Romero, quien lo había denunciado
por calumnias e injurias. En un ejemplo de que su honor no es tan prioritario a
la hora del resarcimiento, Romero había pedido inicialmente la incautación de
los equipos de FM Noticias con la clara intención de acallar dicho medio.
Difícilmente Torres Gálvez haya leído el fallo de la jueza Garrigós de Rébori,
privilegiando la libertad de expresión por encima de postulados honoríficos de
los funcionarios, ni la profusa jurisprudencia internacional aludida por la
magistrada que sostenía tal postura. Aún sin conocerse los argumentos en
los que basó su sentencia, la pobreza y debilidad de las pruebas presentadas
por la parte acusadora echan un manto de duda a la independencia de criterio
que pudo haber tenido el juez a la hora de emitir juicio. Graciosamente, 7
horas de grabación y los testimonios de presuntos oyentes fueron los
principales argumentos de la querella. En el caso de las cintas, buenos han
de ser sus argumentos para sostenerlas como válidas, teniendo en cuenta la
variedad de antecedentes en que han sido desechadas como prueba cuando
fueron tomadas sin autorización judicial.
Precisamente, el caso más recordado es el de las conversaciones telefónicas
que involucraron a Emilio Marcelo Cantarero y Luis Adolfo Saravia, entre
otros, en el escándalo conocido como “Saltagate”, en julio de 1988. En esa
oportunidad y pese a la evidencia de la conjura preparada para favorecer a
Horizontes S.A., la justicia desechó las cintas como prueba. Lo mismo ocurrió
con el 20 garabateado por Juan Carlos Villamayor en un papel ante la cámara
oculta que portaba Carlos Visuara.
Curiosamente, Visuara fue uno de los oyentes que dijo haber escuchado a
Sergio Poma proferir agravios en su programa. El ex empresario barrendero
298
parece convenientemente funcional a la hora de favorecer los intereses del
gobernador. Más recientemente, la justicia neuquina rechazó una imputación
contra el gobernador Sobisch por supuesto ofrecimiento de coimas a un
diputado opositor, porque la denuncia estuvo basada en videos grabados con
cámara oculta no autorizados por la justicia.
Al margen del cotejo y la valoración de la prueba, los principios
constitucionales y democráticos en los que abundó la jueza Garrigós de
Rébori, privilegiando la preservación del derecho a informar y emitir opinión,
para la justicia salteña quedaron relegados a la biblioteca inconsulta. En esta
provincia prevaleció el derecho del poderoso ofendido, que no acepta su
exposición pública ni comprende el valor de la prensa independiente. Para
Romero es preferible aquel comunicador dócil y amanuense, que puede
retirar cargos e ignorarlos a cambio de una asistencia publicitaria que haga
olvidar agravios, como dice el tango “porque ya te perdoné”.
La columna del colega se sumó a otras que vieron en estos fallos un
verdadero amordazamiento a la libertad de expresión.
El delito de opinar
El 1 de junio de 2006, el diario La Nación publicó una editorial con el título
“Opinar no es delito”:
Un reciente fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal en lo Criminal confirmó la
saludable doctrina de que las opiniones críticas que formulan los medios
periodísticos sobre la actuación de los funcionarios públicos no pueden ser
considerados delitos y, por consiguiente, no generan responsabilidad penal
ante la Justicia. Con ello la libertad de prensa sale fortalecida, y de su mano
se refuerzan la transparencia y la virtud republicanas.
Hace casi tres años, el ex ministro de la Corte Suprema Adolfo Vázquez
deslizó sospechas sobre los nombres de algunos de los jueces que se
proponían para integrar el máximo tribunal. En ese contexto, una nota
editorial publicada en La Nación afirmó que “el doctor Vázquez debería hacer
un serio acto de introspección y autocrítica, y evluar si realmente considera
que alguna vez (él) reunió las calidades morales que cabe esperar de un juez
del máximo tribunal del país: idoneidad, credibilidad y ejemplaridad”. A eso
agregaba la siguiente opinión: “Por esa razón, desde estas columnas hemos
insistido en que el mejor favor que puede hacerle el doctor Adolfo Vázquez a
la República es renunciar al máximo tribunal”.
El ex magistrado se sintió agraviado por ese comentario y promovió una
querella criminal contra La Nación. Al margen de que la Cámara Federal
ordenó al juez de primera instancia evaluar si ya se produjo la prescripción de
la acción, lo cual pone fin al trámite judicial, el tribunal también aprovechó la
oportunidad para expresar; en su resolución, conceptos que reafirman y
garantizan un amplio margen para la libertad de expresión y de prensa.
Al reafirmar la jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema, según la cual la
libertad de prensa es una de las más valiosas de todas las libertades y los
derechos que reconoce y protege la Constitución Nacional, por entenderla
imprescindible para el funcionamiento del sistema democrático, la Cámara
Federal con un meduloso fallo del doctor Gabriel Cavallo, también recogió el
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criterio según el cual en las expresiones formuladas por un periodista hay que
distinguir las afirmaciones de hechos de las opiniones.
Según el tribunal, el universo de expresiones efectuadas con respecto al
desempeño de la función pública puede dividirse en dos grandes grupos. “Por
un lado -señala-, están las expresiones que constituyen aseveraciones
fácticas, apreciaciones que pueden ser verdaderas o falsas. Estas
expresiones sólo son ilícitas cuando afirman una falsedad con temeraria
despreocupación. Por el otro lado, están las manifestaciones que no son
afirmaciones fácticas, sino valoraciones o apreciaciones imposibles de ser
consideradas verdaderas o falsas”. Para la Cámara Federal, estas opiniones
no pueden dar lugar a responsabilidad alguna. En la Argentina no existe el
“delito de opinión”, no puede haber censura previa, ni restringirse el derecho
de comunicar libremente las ideas por la prensa.
La publicidad de los actos de gobierno conlleva necesariamente el juicio
sobre éstos, ya sea un elogio o una crítica.
Es esencial comprender que los gobernantes y funcionarios públicos en
general, en una sociedad democrática, están sometidos al escrutinio público.
“Debe considerarse que los querellantes, habiendo cumplido funciones
públicas, estuvieron sujetos a un juicio continuo de la ciudadanís y expuestos,
por esta circunstancia, a situaciones más comprometidas, hirientes y
molestas que el ciudadano común.”
Por eso, concluye el fallo: “Que en el editorial publicado en el diario La Nación
se hayan puesto en duda, si se quiere, las calidades morales o la idoneidad,
credibilidad o ejemplaridad del otrora ministro Vázquez es un hecho que
difícilmente pueda considerárselo grosero, denigrante o digno de ser
calificado como insulto”.
La construcción de la República, especialmente cuando la libertad de prensa
aparece amenazada, necesita contar con la más amplia protección y tutela
del derecho constitucional a criticar la actuación pública de los funcionarios de
gobierno y, por esa vía, acercar al pueblo elementos para efectuar su propio
juicio de valor; sobre éstos y sobre todos los asuntos públicos. Y ningún
funcionario debería sentirse agraviado porque se opine o se cuestione su
labor; por dura que sea la crítica, pues esa exposición es una carga que
asume ante el pueblo al alcanzar su función.
Por eso el fallo debe ser analizado como un hito muy importante en el
siempre insuficiente esfuerzo por preservar el espacio de libertad necesario
para construir una sociedad tolerante, pluralista y abierta.
Unos párrafos para Sus Señorías mantantero lirulá
Los jueces Marcelo Torres Gálvez y Héctor Martínez tienen la marca en el
orillo. Son Romero dependientes. La gente de bien que ejerce algún cargo público y,
sobretodo en el ámbito de la justicia, se avergonzaría de ostentar tal sometimiento al
poder. No me puedo imaginar siquiera cómo después de actuaciones como las que
voy a comentar pueden compartir la mesa con sus familias y sostener por ejemplo la
mirada de sus hijos.
1.-Hace unos años Torres Gálvez se inhibió en una querella que
manteníamos con el publicista Mario Peña. Cuando le pregunté por qué había
tomado esa decisión, me contestó que era porque me conocía. Con asombro le
repliqué que esa era la primera vez que lo veía, el funcionario, sin sonrojarse, me
300
contestó que me conocía por la televisión. En el caso de la acción iniciada por el
gobernador no dudó un instante en hacerse cargo de la causa.
En la primera de las querellas que me inicia Romero, Torres Gálvez me
condena a seis meses de prisión en suspenso y a pagar $20.000 que parece ser la
tarifa del honor del mandatario. El abogado disfrazado de juez que me condena
incurre en mentiras y maniobras verdaderamente escandalosas. Asegura que mi
abogado no ha negado la prueba, cuando lo cierto es que se la ha negado hasta el
cansancio y tampoco yo me negé a que se verificaran las cintas. Solamente
pedíamos que se permitiera ver el equipo de grabación, la o las personas que lo
grabaron, y poder comprobar si no estaban editadas. A este pedido el querellante
(Juan Romero) se opuso terminantemente, afirmó que las había tomado él mismo
con “un sencillo grabador” (se trata de siete horas de grabaciones), y que ese punto
no era importante. Se apeló a la Corte de Justicia local, solicitando esa medida, y fue
negada.
A la hora de los alegatos acreditamos documentalmente (Boletín Oficial y
ejemplares del diario El Tribuno) que en el 75% de los días mencionados como de
emisión radial injuriosa, el gobernador estaba fuera de la provincia, en EE.UU., en
Buenos Aires, etc. Ante ello el abogado del querellante afirmó que, en realidad, no
había sido él el que había tomado las grabaciones, en contraposición a lo afirmado
anteriormente; y finalmente manifestó que cualquier adolescente (textual) podría ser
el autor de las grabaciones.
Además se probó en el juicio, que las grabaciones y las desgrabaciones
provienen de un sistema clandestino de copiado, que hacen algunos periodistas
pagados por el gobierno y, que en el ambiente periodístico, se conoce como “La
KGB”. Ésta vende los resúmenes a quien quiera comprarlos, seleccionados por
tema, día, persona mencionada, etc. Es decir, los vende a los políticos para que
sepan qué y quién habla. Con esa inseguridad en cuanto al origen, y habiéndose
reproducido en el juicio 2 (dos) minutos de los supuestos siete cessetes de una hora
cada uno, la prueba era casi nula y además dudosa.
Fue patético ver al abogado Marcelo Córdoba (del estudio del Negro Sosa),
intentar que en el juicio se escuchara el contenido de las cintas. Cambió tres
grabadores y todos rompían la cinta. Por eso sólo pudo reproducir dos minutos en
donde no se escuchó ninguna injuria.
2.-Por ello el juez yerra, cuando dice que él misno ha escuchado las
grabaciones, porque no es él quien debe producir pruebas en solitario de lo que el
querellante no produjo en el debate.
3.- En segundo término, se debe destacar que los testigos han reconocido mi
voz en esos 2(dos) minutos donde no se reprodujo ninguna de las imputaciones que
conforman la querella.
4.- Los únicos dos testigos (allegados a Romero por negocios y cargos),
afirmaron en el juicio que yo le dije al gobernador “atorrante” y “narcotraficante”, lo
que es falso. En toda la querella no se mencionan esos dos calificativos.
5.- Mi abogado me explica que al afirmar el juez (disfrazado) que yo no he
podido probar que las cintas estaban editadas, se vulnera una garantía fundamental,
porque al ser yo el imputado, no tengo que probar nada; el querellante que hace las
301
veces de fiscal es el que debe acreditar, con certeza y no con aproximación o dudas
lo invocado, y lejos ha estado de ello. Es decir, que mi silencio ha operado en mi
contra, algo poco menos que increíble.
6.- Los dos testigos son parciales. El empresario Carlos Visuara está ligado a
las licitaciones públicas del actual gobierno y ha participado en otros casos similares
de grabaciones ilegales en la Provincia. Por su parte el abogado Esteban Cornejo
fue asesor de Júcaro, y forma parte de su círculo íntimo.
7.- El hecho de que las grabaciones provengan de grabaciones de radio, no
las diferencia de las que se hacen en conversaciones particulares, porque lo que se
cuestiona es la fidelidad y no el lugar de emisión.
La querella del hermano “Tito”
1.-La causa está radicada en el juzgado de Héctor Martínez. Este sujeto fue
encargado de cobranzas de la Dirección General de Rentas, Fiscal de Estado y
también fue nombrado por el Poder Ejecutivo para administrar el residual de la caja
de jubilaciones una vez que ésta pasara a la órbita del Estado Nacional.
Sin ningún antecedente válido que lo acredite -salvo el ser Romero
dependiente- Martínez fue nombrado Juez Correccional, una categoría superior a la
de Juez de Instrucción. Este abogado nunca se enteró que había pasado a ser parte
de otro poder, porque siguió operando para el Poder Ejecutivo.
2.- Como este muchacho sabe que llevaremos sus previsibles condenas a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitó, en este caso, al querellante que
presente pruebas más contundentes. Es así que le encargan al escribano Álvarez,
que dicho sea de paso maneja la escribanía del actual Ministro de Gobierno Manuel
Brizuela, labre actas de las grabaciones presentadas.
3.- Mi abogado Daniel Tort, probó sin lugar a dudas que dichas actas no
coincidían con las grabaciones, sobre todo detectó una gran diferencia de duración
entre la grabación y lo transcripto. Es decir, uno de los instrumentos es falso, o
ambos lo son.
4.- Aunque parezca un chiste, aquí también el abogado Marcelo Córdoba no
logró que se reprodujeran las cintas. Utilizó otros tres grabadores y hasta convocó a
un experto en audio para que se pudiera oír, aunque sea un fragmento.
5.- En diciembre de 2005, Martínez convocó a expertos en sonido de la
Gendarmería Nacional para peritar la grabación presentada por el querellante, sin
que mi abogado fuera notificado de tal procedimiento. Ante esta irregularidad, Tort
solicitó la nulidad de dicho acto, y el juez (disfrazado), no tuvo otra posibilidad que
hacer lugar a la misma.
6.- Todo el proceso fue un mamarracho, y la actuación de Martínez es un
síntoma más de la profunda degradación institucional provocada por la corrupción en
el gobierno de Romero.
302
Tal como dijera el “Negro” Sosa, tienen la intención de acumular condenas
para meterme preso. Pero la audiencia de FM Noticias sabe que con mi presencia o
sin ella, los periodistas de este medio seguirán investigando e informando como
siempre.
Injuriando a periodistas
Expresa el punto 4 de la Declaración de Principios de Chapultepec:
El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la
prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de
comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores,
coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben
ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.
Hemos dado cuenta de algunas de estas agresiones, pero son decenas de
hechos que nunca fueron esclarecidos, ni el gobiermo mostró el menor interés de
investigar: la muerte violenta del “gordo” Plaza, un balazo en la hebilla de la cartera
de la colega Mabel Carrizo mientras cubría los incidentes en el norte, decenas de
periodistas golpeados en los distintos municipios y amenazados de muerte, querellas
a periodistas que denunciaron hechos de corrupción, roturas de cámaras,
interferencias a radios FM, rotura de equipos, robo de grabaciones y documentación,
seguimientos, espionaje, presiones y pagos a algunos medios para desplazar a
algunos comunicadores molestos y el todo vale para intentar acallar a la prensa. Y la
mayoría de los hechos proviene de un gobierno cuyo gobernador tiene un diario.
Pese a todo, Romero no puede parar las investigaciones que lo afectan a él y a su
círculo cercano y lo que más le molesta es la difusión en la prensa nacional. Ahora
ha hecho pública su decisión de presentarse como candidato a presidente de la
Nación en 2011. El periodismo responsable tiene el deber moral y profesional de
informar al país de su actuación como primer mandatario salteño.
La Venganza
Como se ha dicho repetidas veces en este libro, Los Romero utilizaron su
diario para mentir, desacreditar y difamar. Podemos citar a muchísima gente y
también Instituciones que en tiempos en que Roberto Romero manejaba todos los
medios, se veían en figurillas para intentar revertir los efectos de una información
distorsionada y muchas veces injuriosa que los afectaba. Hoy ya no les resulta tan
fácil.
Eran la 5.00 de la madrugada del día 23 de noviembre de 2003 en la ciudad
de Metán. Los periodistas Alejandro Etchart (23) -director del semanario El Vocero
de Metán- y Agustín Poma (24) salían de tomar una copa en un boliche de la ciudad
y decidieron dirigirse al un bar muy concurrido de una estación de servicio ubicada
sobre la Ruta Nacional 34.
Al llegar a la intersección de la Avenida 9 de Julio con la calle Tucumán se
dieron con una gresca protagonizada por dos grupos, uno integrado por dos mujeres
303
y tres varones y el otro por dos mujeres y un joven llamado Matías Crava. Este
último chico de 18 años, sangraba profusamente al ser impactado por una pedrada
arrojada por el grupo agresor. Agustín se adelanta unos metros sobre la calle
Tucumán, tratando de evitar que el vehículo sea dañado, y le pide a Etchart que
llame desde su celular a la policía. Entretanto se acerca para intentar proteger al
muchacho lastimado -en ese lugar un mes antes, otro joven había fallecido al ser
golpeado con una baldoza- y a sus acompañantes. El periodista logra establecer un
diálogo con los atacantes y lleva a Crava y a las dos chicas hasta la camioneta.
Simultáneamente llega un móvil policial con cuatro efectivos y en ese momento
comienza una historia que nada tiene que ver con los hechos.
Etchart en su semanario había denunciado, en repetidas ocasiones, a los
miembros de la comisaría de Metán por apremios ilegales, incluyendo el presunto
crimen de un hombre, Carlos Oga50. Todos los indicios apuntaban a los uniformados.
Cuando advierten la presencia de Etchart lo insultan y lo empujan. Uno de los
policías abre la puerta de la Partner, y ve que las dos chicas protegidas por Agustín
eran sus conocidas y les dice que se vayan. Uno de los agresores se escapa y
detienen a los demás junto con los periodistas.
Ya en la comisaría, Etchart y Poma desde la celda en donde estaban
alojados, escuchan los gritos de una de las mujeres del grupo agreso, que suplica
atemorizadar: “¡No!..., ¡No!, ¡Por favor!”. Esto se prolongó por aproximadamente 15
minutos.
Luego el silencio.
A la mañana siguiente busco a mi hijo Agustín que paraba en la casa de un
familiar y me dicen que no había vuelto. Finalmente me dirijo a la comisaría para
buscar información y allí me entero de lo ocurrido. En ese momento consigo que lo
liberan junto a Etchart y a Crava.
El martes 25 de noviembre el Tribuno titula:
“Dos periodistas causaron un lamentable escándalo”. Dos periodistas-uno de
Salta y otro de esta ciudad-fueron detenidos por la policía en la madrugada
del domingo, cuando intentaban arrollar con su automóvil a dos chicas que
aparentemente se habían resistido trepar a la unidad cuando se lo habían
propuesto, momentos antes, a la salida de un boliche bailable.
Previo a la intervención policial, en otro sector de la ciudad, los dos
comunicadores sociales, habían propinado una verdadera paliza a las
jóvenes, causándole hematomas por todo el cuerpo a raíz de andanadas de
golpes de puño y puntapiés.
Los involucrados en el escándalo, fueron identificados como Agustín Poma,
del staff de la emisora capitalina “FM Noticias” de propiedad de su padre,
Sergio Poma y Alejandro Etchart, director y dueño del semanario metanense
“El Vocero”.
Este último, tras haber sido detenido y liberado luego de que se le tomaran
los datos filiatorios, al igual que su acompañante y otro sujeto –Matías
Augusto Crava-, de quien se desconocen otros antecedentes-, se presentó
nuevamente en la comisaría local para denunciar a los efectivos que actuaron
en la ocasión. Y en su declaración, dijo ser víctima de un “complot policial” en
su contra. De acuerdo a fuentes extraoficiales, los tres atacantes de las
chicas –Raquel Alicia Contreras de 23 y Carina Gisela Rueda, de 18- se
50
Por investigar este caso Etchart y el periodista de Cable Visión Metán,Rodrigo García fueron
amenazados de muerte
304
encontraban en estado de ebriedad, hablaban a los gritos y se los notaba
visiblemente eufóricos.
Las muchachas presentaron las respectivas denuncias, que fueron
corroboradas por dos testigos: José Iván Emiliano Elizondo y Fabián
Sandoval, quienes las acompañaban a sus respectivos domicilios, en la zona
Oeste, aunque marchaban unos metros atrás de ellas.
Según ambos, cuando caminaban por las calles, las jovencitas fueron
interceptadas por Crava, que, sin que mediara motivo alguno, comenzó a
insultarlas, luego de lo cual pasó al terreno de los hechos, lanzándoles golpes
de puño. Ante esto, Elizondo y Sandoval salieron en su defensa pero
sorpresivamente descendieron de una Peugeot Partner azul, Etchart y Poma,
quienes procedieron a propinar un salvaje castigo a las damas, luego de lo
cual corrieron a su vehículo junto a Crava y se perdieron en las sombras de la
noche.
Sin embargo, las cosas no quedaron allí: momentos después, ya cerca de sus
casas, los tres atacantes nuevamente se abalanzaron sobre sus víctimas y
volvieron a golpearlas. Y no sólo eso: con su automóvil, los iracundos sujetos
trataron de arrollarlas en un par de ocasiones, cuestión que fue advertida por
terceros, que llamaron telefónicamente al Comando de Operaciones
Policiales (COP), para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo.
Según un parte emitido por las autoridades de la fuerza “se inicia la
intervención policial ante un llamado telefónico efectuado al COP. Y al
constituirse en el lugar, las dos mujeres denunciantes, presas de una crisis
nerviosa, gritaban solicitando la detención de los ocupantes de un vehículo
color azul, estacionado en las inmediaciones”.
Las dos chicas fueron derivadas al hospital local, donde se les realizaron los
siguientes diagnósticos: Rueda: hematoma rodilla derecha, cara interna y
región anterior, pierna izquierda, evidencias de golpes de puño en el rostro.
Contreras: lesiones tipo hematoma rodilla izquierda, cara posterior de hombro
derecho, lesión tipo cortante en cara interior de mucosa yugal superior,
diversas hematomas en cara, pecho y espalda.
Ese mismo martes de la injuriosa publicación le pedí a Etchart que viniera
inmediatamente a Salta y convoqué a una conferencia de prensa en FM Noticias con
transmisión en directo. Les pedí a los periodistas de los principales medios
televisivos, gráficos (semanarios) y radiales que miraran las manos y el cuerpo de
los jóvenes escrachados por El Tribuno, pudiendo constatar que no tenían siquiera
una raspadura. Un dato no menor es que las dos mujeres son gordas, una de ellas
ronda los 90 kilos, y estaban acompañadas por dos sujetos. Etchart pesa 55 kilos y
Agustín tiene una contextura normal. Matías Crava era el único lesionado.
Ese mismo día grabé una rotativa aconsejando al director del diario que se
curara de su adicción a la cocaína, es sabido que un adicto sufre alteraciones
psíquicas y, en lo particular y por este motivo, creo que no está habilitado para dirigir
un medio de comunicación masivo. Al respecto el colega Miguel Brizuela escribía en
el diario virtual Salta Libre:
|2 de mayo | Por Miguel Brizuela
Enfrentamiento feroz
"Tito Romero dejá la cocaína"
Réplica de Poma a una calumnia de El Tribuno
305
Sergio Poma
Tras el intento de mancillar a Sergio Poma con la publicación en El Tribuno
de una nota calumniosa sobre su hijo Agustín, la respuesta del periodista
metanense fue muy dura. En un aviso institucional transmitido por la 88.1
Sergio Poma aclaró el incidente tergiversado por el diario de Romero,
denunció los desbordes delictivos de la policía salteña y brindó un insólito
consejo a Roberto Eduardo Romero. Según el director de FM Noticias la
adicción de Tito Romero a la cocaína lo torna inhábil para dirigir con
responsabilidad un medio. "Tito, dejá la cocaína", es el consejo de Poma.
Consideraciones éticas sobre un enfrentamiento impiadoso.
...a Sergio Poma: el programa de 9 horas sobre la corrupción en el gobierno
de Juan Carlos Romero difundido por FM Noticias poco antes de las
elecciones del 16 de noviembre, con una hora y media dedicada a la cuestión
del narcotráfico, colmó la paciencia de la familia Romero. Un confuso
incidente en Metán se vio como la oportunidad para la venganza. El Tribuno
publicó que Agustín Poma -hijo y colaborador de Sergio- y el periodista
metanense Alejandro Etchart quisieron raptar a dos chicas, y que,
descontrolados por el alcohol, luego las golpearon salvajemente, para intentar
por último arrollarlas. O sea: intento de violación, lesiones graves e intento de
homicidio. ¡Casi nada!.
La verdad aparece
Pero resulta que los jóvenes periodistas lo que hicieron fue auxiliar a un
muchacho atacado por una patota, que sangraba profusamente. En una
actitud solidaria -que hay que ver en estos peligrosos días cuántos
ciudadanos están dispuestos a adoptar-, ellos detuvieron su vehículo para
ayudar al herido como respuesta al pedido desesperado de dos chicas que lo
acompañaban, y de inmediato llamaron a la policía a través del celular de
Etchart. Como Alejandro Etchart denuncia en forma sistemática en su
semanario las acciones delictivas de la policía de Metán, los uniformados
aprovecharon la ocasión para detenerlo a él -mientras lo insultaban y
amenazaban- y a Agustín Poma, y dejaron libres a los verdaderos agresores.
La canallesca versión de los hechos publicada por El Tribuno, lejos de
configurar una "jugada maestra" de Rabinowicz, terminó en un escandaloso
bochorno. Sergio Poma convocó a una conferencia de prensa que fue el
comienzo del derrumbe de la patraña. Al otro día El Tribuno publicó una nota
contradictoria -y en parte todavía incriminatoria-. Luego el asunto desapareció
de sus páginas. Entonces apareció el aviso editorial en FM Noticias, que se
emitió en forma reiterada durante tres días, que recuerda cómo pasó El
Tribuno a manos de Roberto Romero, y la forma en que se desviaron 500 mil
pesos de coparticipación de municipios para "publicidad" en el diario del
actual gobernador.
En ese contexto aparece la advertencia contundente de Sergio Poma a Tito
Romero sobre la incompatibilidad entre la adicción a la cocaína y el manejo
responsable de un medio.
¿Lo digo o no lo digo?
El fulminante contraataque de Poma -que ahora es el comentario obligado de
los corrillos oficinescos y las mesas de café- plantea un dilema ético. ¿Cabe
señalar públicamente que una persona padece una adicción a las drogas?.
306
Como norma general seguramente no, porque se estaría estigmatizando lo
que puede ser considerado como una enfermedad. Pero analicemos este
caso particular. El director de El Tribuno es el máximo responsable de una
calumnia de magnitud y de una jugada sucia destinada a enlodar al periodista
más crítico e independiente de la provincia -para colmo no directamente, sino
al mejor estilo mafioso, a través del ataque a un familiar-. Por ello la actitud de
Sergio Poma en este caso está moralmente justificada. El alcoholismo -por
ejemplo- es un problema personal y pertenece al ámbito de lo privado. Pero
las personas que son atropelladas por un conductor ebrio tienen derecho a
reprocharle públicamente su ebriedad. Tal conducta irresponsable hace que
una enfermedad o vicio privado pase a ser una cuestión pública. Señalar a
quien constituye un verdadero peligro público es un derecho y un deber no
sólo de los afectados, sino de cualquier ciudadano. En este caso -de uso
reprobable de la calumnia deliberada en un medio de comunicación como
respuesta perversa a críticas fundadas y a informaciones verídicas de un
colega-, Tito Romero deberá meditar si acepta o no el consejo que le ofrece
Sergio Poma en forma tan insólita como acertada. Es simplemente una
variante del conocido "si tomas no conduzcas, si conduces no tomes". La
responsabilidad para conducir un medio es tan importante como la sobriedad
y la lucidez para conducir un vehículo o un gobierno. Y mal que les pese a
quienes están habituados a la impunidad y a la irresponsabilidad de los
poderosos, en esto Sergio Poma tiene razón.
Aviso de la Redacción: En este editorial publicado originalmente en
noviembre del año 2003 se explica el origen del enfrentamiento entre Poma y
Romero
(ver
"La
Blanca
y
radiante
honra
de
Tito”
http://www.saltalibre.org/article.p...), y se expone nuestra posición sobre el
tema. Hasta el momento es la nota más leída del sitio, sólo superada por la
columna "Oído por radio" que se reactualiza semanalmente.
En esta nota -la más leída del sitio- publicada en noviembre de 2003
explicamos el origen de la pelea entre Tito Romero y Sergio Poma, que ha
derivado a los estrados judiciales (Tito querella a Sergio en defensa de su
"buen nombre y honor" y Sergio a Tito por las calumnias de El Tribuno).
La causa en la Justicia
La mentira policial derivó en una causa penal contra los periodistas. El Juez
Mario Teseyra de la ciudad de Metán fue el encargado de su substanciación. Los
abogados defensores Daniel Tort y Pedro García Castiella asistieron a los hombres
de prensa.
Las mujeres denunciantes se contradijeron y una de ellas indicó que había
sido apretada por la policía para relatar una falsedad. Uno de los individuos que
acompañaban a estas chicas explicó que dijo lo que le había indicado la policía. El
juez constató que la llamada al COP se había hecho desde el celular de Alejandro
Etchart.
Apareció un testigo inesperado -sereno de una estación de servicio ubicada
en la esquina del lugar de los hechos- que confirmó en detalle la versión de los
periodistas.
Una de las chicas que estaban con Crava y auxiliadas por Agustín había
realizado al día siguiente del suceso una denuncia ante la Fiscalía de Menores, los
datos que aportó eran idénticos a los suministrados por Etchart y Poma.
307
El Juez Teseyra afirmó en su fallo que no sólo no hubo “dolo”, sino que los
periodistas habían tenido una actitud encomiable y arriesgada al ayudar a un
muchacho lastimado por una patota.
La patraña urdida por El Tribuno y la policía se cayó.
Ataques a la Prensa
En el informe anual del año 2003, la Asociación “Periodistas” publicó los
hechos que aquí relatamos. En el caso de Alejandro Etchart y Agustín Poma con el
rótulo de “intimidación” y con respecto a mi persona con el de “hostigamiento
judicial”.
El prólogo de este informe fue redactado por la periodista Norma Morandini y
rescatamos algunos pasajes del mismo:
Al recopilar, año a año, las violaciones a la libertad del decir, las agresiones a
los periodistas, los hostigamientos judiciales, pero también los debates que
dinamizan la sociedad y promueven una legislación más avanzada para
democratizar el acceso a la información como la tenencia de medios de
comunicación, hicieron de este informe anual menos un balance de la
actividad de Periodistas que un eficaz instrumento para medir el grado de
desarrollo de la democracia en nuestro país. Porque nada revela más el
estado de las libertades que la situación de la Justicia y la prensa en un país.
(...) El año 2003 bien puede equipararse con aquel 1983. El país vive un
proceso de confianza y sinceramiento como aquel que inauguró la
democracia. Ejercitamos ciudadanía a la par que estamos creando una nueva
tradición de libertad. Sin embargo, la distancia democrática entre la capital,
Buenos Aires, y el resto del país, es abismal.
El informe anual de periodistas es una prueba de esa brecha. La mayoría de
las agresiones, hostigamientos y prohibiciones contra periodistas se han
registrado en el interior del país, en localidades pequeñas, en diarios y
emisoras locales.
Mi amigo el turista
Faltaba todavía casi una hora para el arribo del avión que traía a mi amigo
Héctor Elsegood a Salta. Héctor a quien los amigos le decimos “Cuba” es un hombre
de mundo y ha viajado por Europa, Estados Unidos, Sud Africa, etc.Vivió algunos
años en la provincia y luego volvió a Buenos Aires. Ahora regresaba después de 15
años de ausencia a ver a sus amigos.
Manejaba despacio mi camioneta, haciendo tiempo mientras pensaba en lo
duro que habían resultado estos años de trabajo periodístico. Más de una vez me
habían ofrecido ingresar al campo político y estuve tentado de aceptar, reflexionando
que desde mi profesión se había hecho casi todo lo posible para combatir esta lacra
que atenta contra la vida en democracia y provoca en algunos el deseo del regreso a
la dictadura. Sin embargo creo que se necesitan ciertas virtudes intensas para
encarar una tarea como ésa.
308
Al llegar, lo primero que impresionó a Cuba fue el cambio y la modenización
del aeropuerto Martín Miguel de Güemes. En el camino advirtió que la ruta a Salta
también era nueva y empalmaba con una autopista robada al primer mundo.
Ya en la ciudad le encantó ver las luces que marcan el camino que va al
Cerro San Bernardo. Dimos unas vueltas, pasamos por el Shopping con el casino en
la puerta y recalamos en una de las confiterías que enfrentan a la Plaza 9 de Julio,
con un adoquinado pagado como si fuera el de la mítica ciudad de El Dorado. La
noche se presentaba espléndida y una suave brisa movía las hojas de los
gigantescos molles, tipas y lapachos acariciados estratégicamente por las
luminarias. Los turistas miraban encantados las fachadas a pura luz de la Catedral,
El Cabildo y el Banco Macro.
Cuba apuró su café, y en un gesto típico se acomodó los lentes para mirarme
mientras decía: “Che, Salta está muy linda”. Yo también lo miré un par de segundos
y le contesté –Si viejo, está muy linda...
309
ÍNDICE DE NOMBRES
310
Augusto, Eduardo: 20
Aurelio, Julio: 105-108
Avelín, Alfredo: 108
Avellaneda, Domingo: 71-72
Azar, Musa: 56, 78, 291
Azúa, Ariel: 215
Azurmendi, Ernesto: 17, 61, 85, 278
A
Ábalos, Renato: 91
Abán: 206
Abraham: 195
Abraham, Armando Rubén: 283
Acho, José: 167
Acosta, Ana Silvia: 289
Acosta, Juan David: 196-197
Aguilar, Arturo: 99
Aguirre, Julio: 78-79
Agúndez, Jorge: 9
Ahuerma, Alejandro: 218
Alanís, Javier Alfredo: 61-62, 64-65
Albarracín, Edgardo: 91, 121
Albrecht, Jorge: 47
Alen, Luis Hipólito: 48
Alessandro, Darío:94
Alfonsín, Raúl:95, 289
Alí, Héctor: 94, 139, 141, 232, 264, 285, 290,
297
Aliverti, Eduardo: 77
Almaraz, Jorge Marcelo: 58-59
Alsogaray, María Julia: 126
Altube, María Esther: 162
Alvarado Solá, José María: 91, 204
Álvarez, Chacho: 107
Álvarez, Ernesto: 233
Álvarez, Marcelo: 302
Álvarez, Pedro (jefe de policía): 215
Álvarez, Pedro Antonio (médico): 221
Amado, Salum: 153
Amat, Esteban: 153
Amin, Samir: 157
Ángel, Tito: 187, 188
Anselmi, Gustavo: 131
Antolín, Donato: 260, 263
Anuch Cabiche, Roberto Eduardo: 146
Anuch, Ricardo: 66
Aparicio, José Ernesto: 20-26, 28-30, 35, 69,
254
Aparicio, María Gabriela: 23
Aramayo, José Paulino: 46-47
Aramayo, Nelso:23-26, 183, 192, 209
Argañaraz, Humberto: 42, 225
Armando, Gaspar: 187
Arredes, Santiago: 43, 48
Arroyo, Guillermo: 291
Arroyo, Luis Armando: 220
Arslanián, José: 9
Arzelán (comisario): 211, 229, 232, 234
Asti, Alicia: 92, 136
B
Báez, Silvia: 143
Balbi, Abel: 64
Balbuena, César: 49
Ballesteros, Sergio: 233
Balut, Celim: 101, 209
Balzac, Honorato de: 180
Ban, Thomas: 235
Bando, Emilio: 163
Barberá, Cristina: 251
Barberá, Eliseo: 20
Barlow, M: 147-148, 157
Barquet, Lucrecia: 206
Barrientos, (mayordomo): 250
Barrientos, Martina de: 250
Barrionuevo, Gerardo Augusto: 42-43, 56
Barrionuevo, Juan Carlos: 185
Barrios, Carmen Rosa: 57
Barrios, Oscar: 212
Barrios, Silvia: 259
Basteiro, Ariel: 206
Bauzá, Eduardo José: 143
Bécker, Teodoro: 229
Belmont, Roberto: 21
Benítez, Darío: 93, 229
Benvenuto, Arnoldo: 69
Berchán, Paola: 188
Bernacki, Dante: 61, 229-232, 234
Bertolo, Horacio Andrés: 49
Berzero, Enrique: 185
Bidart Campos: 245
Biella, Bernardino: 46
Bigo, Antoine: 255
Bin, Fernando: 233
Boggione, Ramón: 133
Bonadío, Claudio: 80-81
Bonasso, Miguel: 5, 206
Bonduri, Carlos: 296
Bordenave, Marcela: 202
Bravo, Horacio: 12
Brito, Jorge Horacio: 7, 9, 95, 97, 102-105
Brizuela, Manuel: 152-153, 270, 302
Brizuela, Miguel: 87, 102, 120, 186, 189, 207,
235, 289, 305
Brodersohn, Mario: 95
Brunetti, Franco: 295
Bruno, José Luis: 13-14, 29
Buatse de Mateo, Gabriela: 250
311
Cazón, Carlos Alberto: 21, 30
Ceballos, Walter: 193
Cebrián, Emilce: 51
Cejas, David: 81
Cela, Camilo José: 71
Centeno, Juan Carlos: 81
Cervera, Néstor: 123, 133
César, Marta: 22, 49
César, Nora: 69
Chamorro, Fernando: 7, 211
Chávez Díaz, Josefina: 267
Chávez, Julio: 67
Chaya, Lelia: 66, 144
Chibán, Marcelo: 99
Chibán, Modesto: 99
Chomsky, Noam: 158
Cianci, Eduardo: 291
Cintioni, Víctor: 210
Clarke, T.: 147-148, 157
Coccioli, Ricardo: 153
Colombo, Christian: 96, 104
Comandante Estévez: (Véase Nazario, Sergio)
Concepción, Alfredo: 95
Condorí, Silvia: 216
Contreras Cares, Juan Carlos: 195
Contreras, Elva Aída: 199-200
Contreras, Raquel Alicia: 304-305
Copa, Carlos: 204
Corbalán, Elena: 232
Corbalán, Sergio: 219
Corcuera, Javier: 268
Cordera, Gustavo: 206, 264
Córdoba (comisario): 205
Córdoba, Marcelo: 301-302
Coria, Cecilia: 250
Cornejo, Esteban: 302
Cornejo, Hernán: 36, 51, 73, 77, 96
Correa, Oscar: 84
Corredera, Álvaro: 49
Corvinos, Federico: 81
Cossio, Ricardo: 93
Costas, Luis Félix: 231, 233, 290
Courel: 260
Crava, Matías: 304-305, 307
Cruz, Alberto: 96
Cruz, Andrés Gustavo: 198
Cruz, Nora: 225
Cruz, Oscar: 204
Cruz, Sergio: 186
Cuenca, Mario: 33, 225
Burlando, Fernando: 15
Bussi, Antonio: 24
Bustos Rallé, Silvia: 177, 226
C
Caamiña: 19
Cabezas, José Luis: 55, 92, 295
Cabrera, Edgar: 214
Cabrera, José “Cacho”: 43
Caffiero, Juan Pablo: 212-213
Caffiero, Mario: 103
Calcagno, Alfred Eric: 146-148, 158
Calcagno, Eric: 146-148, 158
Calermo, Indalecio: 254
Camillión: 26
Campero, Néstor: 48
Cámpora, Héctor: 46
Campos, César: 287
Campos, Sergio: 181
Camus, Albert: 3
Canicoba Corral, Rodolfo: 71
Cantarero, María Adriana: 72
Cantarero, María Paola: 72
Cantarero, María Soledad: 72
Cantarero, Purificación “Puri”: 72, 76
Canterero, Marcelo Emilio: 32, 38, 43, 58, 7177, 79, 84, 87, 96, 101, 116, 119-122, 284285, 298
Canteros, Carolina: 249
Canziani, Osvaldo: 268-270
Carabajal, Gustavo: 34
Caratoni, Marisa: 232
Carballo, Delfín Ezequiel: 9
Carballo, Delfín Jorge: 119-120, 122
Cardó, Sebastián: 259
Cardozo, Mariano Wenceslao: 13, 15-16, 20
Cargnello, Mario Antonio: 57, 64-65, 191, 193
Carlotto, Estela: 79
Caro Figueroa, Gregorio: 294
Caro, Carlos: 282
Carrió, Elisa: 7, 103
Carrizo, Mabel: 303
Casabella Espelta: 100
Casavilla, Daniel: 284
Casimiro, Esperanza: 164
Casón, Mariana: 204
Castedo, Delfín: 22-25, 27, 254
Castedo, Ula: 22, 24-25, 27, 254
Castillo, José María: 147
Castillo, Julio: 141, 285
Castillo, Santos Marcelo: 61-64
Castro, Nelson: 8, 121, 162, 285
Catalano, José:118
Cavallieri, José María: 17, 108-110
Cavallo, Gabriel: 299
Caviglia, Franco: 5
D
Dagnino Pastore, José María: 95
Daher, Beatriz: 20
David de Herrera, María Josefina: 217
David, Javier: 84, 152-153
312
Etchart, Alejandro: 303-308
Eyerhabide, Santiago: 122
David, Sergio: 74-75
David, Vuenaventura: 170
De Alcántara, Guadalupe: 153
De Escalada, Miguel: 55, 65-68, 99
De la Cuesta, Julio: 97
De la Rúa, Fernando: 104, 189, 192-193, 212
De Mahieu: 147
De Miguel, Eduardo: 5, 12
De Santibañes, Fernando: 68
De Viana, Marta: 259, 285
De Vita, Julio: 229
De Zuani, María: 232
Decavi, Raúl: 46
Del Castillo, Elvio: 269
Del Pinto, Enrique: 81
Del Plá, Claudio: 23, 228, 230, 233
Del Soto, Oscar Hugo: 186
Delgado, Federico: 71
Delgado, Fernando: 206
Desimone, Andrés: 119
Despouy, Leandro: 152
Di Gangi, Berta: 145
Di Gangi, Dora Milagro: 145
Di Gangi, María: 145
Di Lello, Jorge: 128-129, 289
Di Natale, Lourdes: 103
Díaz de Lugones, Marta: 213
Díaz Muñoz, Marco: 95, 184, 206, 215
Díaz, Alberto: 16, 226
Díaz, Emilio: 252
Díaz, Mariano: 226
Dib, Liliana: 65
Diez, Augusto: 62
Domínguez, Ramón Orlando: 194-195
Duarte, Matías: 259
Dubois, Esteban: 90
Duhalde, Eduardo Luis: 5, 36, 80, 108-109,
111, 140, 287
Durán, Jaime: 280
Durán, Ricardo: 280
F
Faiad, Ricardo: 181, 202
Falú, Eduardo Llamil: 127
Falú, Ricardo Munir: 280
Farah, Pablo: 58-59
Farizano, José María: 92, 107, 109, 182, 186,
202
Fassano, Carlos: 81
Fathala, Raúl Moisés: 289
Faulkner, William: 282
Feoli, Gustavo: 218
Fernández, Agustín: 206
Fernández, Aníbal: 15
Fernández, Jorge: 161
Fernández, José “Pepino”: 193, 213
Fernández, Ramón: 186
Fernández, Rubén: 233
Ferranti de Oviedo, Paola Teresita: 88
Ferraris, Gustavo: 27, 35-36, 180, 215-216,
224, 227, 290-291
Ferreyra, Daniel: 13-15
Ferreyra, Miguel Angel: 49
Fiore López, Rodolfo: 108
Fiore, Cristina: 229
Fleitas Ortiz de Rosas, Abel: 122
Fleming, Abel: 53, 58, 64, 66, 143
Fleming, Alberto: 59, 64
Flores Bas, Alejandro: 31
Flores, Nelly Mirta: 232-233
Flores, Rodolfo: 206
Foffani, Cristina: 188, 206
Fonseca, Darío: 100
Fontanarrosa, Roberto: 42
Fornet-Betancourt, Paul: 147
Fourcade, Marta: 57
Freiler, Eduardo: 71
Frondizi, Arturo: 46
Fuentes Mayorga, Carlos: 184-185
E
Edwards, Thelma: 48-49
Eleti, María del Huerto: 72
Elías, Florencio: 36
Elías, Víctor Hugo: 48
Elizondo, José Iván Emilio: 305
Elsegood, Héctor: 308
Escobar Gaviria, Pablo: 9
Escobar, Jorge: 108
Escribano, José Claudio: 296
Escudero, Sonia Margarita: 9, 17, 57-58, 64,
79, 108, 193-194, 202, 209, 254, 288
Espeche, Luis Alberto: 285
Espósito, Néstor: 80
Esteban, Juan José: 177-178, 233
Estrada, Arnaldo “Lalo”: 74-76
G
Gabetta, Carlos: 5
Galarza, José: 236
Galeano, Eduardo: 45, 157
Gallardo, Miguel Ángel: 197-198
Gallego, José Miguel: 183
Galli, Roberto Adán: 100, 102
Gallo, Julio: 66
Galoppe, María Elena: 88
Galtieri,: 80
Galván: 230
313
H
Gamalero, Juan Carlos: 93
Gamboa, Víctor: 233
Garay, Ramona: 126, 195-196
García Castiella, Pedro: 26, 211, 232, 248,
297, 307
García Ríos, Freddy: 221
García, Alejo: 161
García Marta: 160
García, Miguel: 190
García, Raúl: 110
García, Rodrigo: 304
García, Sebastián Martín: 24
García, Tadeo: 100
Gareca, Roberto Elio: 88, 90-91, 215-216, 289
Garramón, Carlos: 131
Garretón, Roberto: 238
Garrigós de Rébori, María Laura: 298-299
Garros Martínez, Cristina: 249
Gaspar, Amado: 231
Gauna, Néstor: 224, 292
Genovese, Donato: 30
Gentil, Miguel Raúl: 45, 47, 111
Gentile, Alberto: 166
Giménez, Azucena del Valle: 232
Godoy, Manuel Santiago: 21, 113, 175, 195,
198, 200, 229-231, 235
Goitia, Raúl: 281
Goldman, Alex: 206
Gómez Augier, Agustín: 182-183
Gómez Diez, Ricardo: 94, 106-107, 229, 231
Gómez García, Víctor: 185-186, 190, 203
Gómez, Carlos: 108, 233
Gómez, Enriqueta: 209
Gómez, Indalecio: 246
Gómez, Lucía: 200
Gómez, Miguel: 269
Gómez, René: 60, 66
Gonza, Juan: 97
González, Ana: 235
González, Erman: 73
Grande, Martín: 126, 188
Graña, Rolando: 33-34
Guadagni, Alieto: 95
Gualtieri, Américo: 108-110
Guantay, Manuel: 185
Gudiño, “El Sordo”: 48
Guil, Joaquín: 47-48, 111
Guillén, Oscar Pedro: 231
Guiñez, Juan Carlos: 73
Gutiérrez, Lino: 11
Gutiérrez, Oscar: 291
Gutiérrez, Ricardo: 103
Guzmán Viveros: 283
Guzmán, Clelia: 283
Guzmán, Roberto: 96-97, 102, 122, 135
Haddad, Daniel: 293
Halperín, Donghi: 158
Heller, Hermann: 148
Heneyni, Oscar Armando: 219-220
Henman, Anthony: 5, 37
Herrera de Gudiño, : 60
Herrera, Natalia: 175
Herrero, Francisco “Ñoño”: 289
Herzfeld, Paul: 135
Hitler, Adolfo: 218
Hómez, Fabiana: 233
Houtart, François: 157
Hoyos, Fermín: 187-188
I
Ibáñez, Francisco: 30
Iriezca, Carmelo: 185
Isa, Daniel Jesús: 100
Issa, Carlos Salvador: 130
J
Jaime, Carlos David: 221
Jaime, Claudio: 196
Jakúlica, Guillermo: 193, 253
Jalil, Julio: 185
Javier, Juan Domingo: 193
Jiménez, José “Pepe”: 55
John, Milton: 146
Juárez, Antonia Beatriz: 20
Juárez, Carlos: 56-57
Juárez, Eduardo Sebastián: 220-221
Júcaro: (Véase Juan Carlos Romero)
Juncos, Juan Carlos: 49
K
Karlsson, Daniel:129, 287
Kirchner, Néstor: 7, 104, 165
Klipphan, Andrés: 8
Klix Cornejo, Gustavo: 97
Kohan, Alberto: 10, 39
Kollman, Raúl: 5
Kosteki : 180, 287
Koutouzis y Labrousse: 40
Krupelis, Débora: 83-85
Kuhne, Graciela: 48-49
Kuhne, Eduardo: 49
Kuhne, Osvaldo: 49
314
L
M
Lagos, Sonia Lucía: 200
Lamas Godas, Rogelio: 59
Lamas, César: 59
Lambrisca, Lucrecia Celeste: 111
Lanata, Jorge: 5, 8, 270
Lanusse, Alejandro Agustín: 126
Lanusse, Martín: 68
Lanusse, Matías: 126
Lastiri, Raúl: 37
Lazarovich, Mario: 273
Leavy García, Luciano: 90-91
Leavy, Sergio: 153
Lecuona, Fernando: 51
Lecuona, Nicolás: 288
Ledesma, Eugenio: 24
Ledesma, Jesús: 24
Ledesma, Liliana: 21-29, 35, 69, 253
Leguizamón, José Domingo: 219
Leirman, José Roberto: 67-68
Leiva, David: 182
León, Enrique: 144
Lescano, Blanca: 205
Lewis, Alejandro: 274
Liaci, Benito: 19
Liendro, Hugo Roberto: 224
Likin, Robinson: 32
Linares, Alfredo: 205
Livington, Juan Carlos: 280
Llaham: 119
Lledó, Emilio: 295
Lobos, Cristina: 177
Lona, Ricardo: 12-13, 31-32, 38-39, 44, 48,
66-67, 111
Longarte, Angel: 59-60
Longobardi, Marcelo: 74
López Arias, Marcelo: 106
López Asencio, Gustavo: 267, 270-271
López Echagüe, Hernán: 5, 36, 49, 80
López Rega, José: 37, 43, 47, 111
López Velasco, Hernán: 118-120, 122
López, Elisa: 47
López, Jorge Julio: 292
López, José: 39
López, Pablo: 228, 230, 233
Loyola, María Inés: 91, 217
Lozano Maggi, Berta: 249
Lozano, Alfredo: 225
Lugones, Jorge: 193, 213, 268, 271
Luna, Ariel: 232
Luna, Irene: 249
Luque, “el Gordo”: 24, 49
Macaione, Farid: 67
Machuca, Fausto Ponciano: 74, 76, 79
Macri, Mauricio: 145, 293
Maistegui, Aníbal: 213
Maldonado, Jorge: 181, 202
Maldonado, María Mercedes: 204
Manzur Chibán: 99
Marcilese, Pedro Julio: 66-68, 98, 199
Marcuzzi de Romero, Carmen Lucía (Betina):
127, 160, 249
Marín, Carlos: 229, 233
Marinaro, Fernando: 75
Mariño, Clara: 51
Marocco, Juan: 280
Marocco, Luis Gerardo: 102
Martearena, Ernesto: 61-66, 79, 139, 297
Martí, José: 115
Marti, Vicente: 187
Martínez de Leal, Margarita: 43, 48
Martínez de Perón, Isabel: 37, 45, 48
Martínez, Guillermina: 163
Martínez, Héctor: 300, 302
Martínez, Saúl: 103
Martinis, Gianfranco: 283
Mathov, Enrique: 212
Matzkin, Eduardo: 140
Mazzaferri, Juan: 15
Mazzaglia, Febo: 145
Mazzaglia, Rolando:145
Mazzaglia, Rubén: 145
Mazzone, Liliana: 33, 252
Mdalel, Horacio:168
Medina, Liliana: 259
Medina, Miguel Antonio: 13-15, 48, 62, 66, 68,
122, 187-188, 192, 224
Medina, Raúl Romeo: 252, 266
Medrano de Giardino, Mirta: 224-225
Mejías, Florencio: 58
Meléndez, Florentín: 256
Méndez, Federico: 73-75
Mendoza, Damián: 43-44, 47
Menem, Carlos Saúl: 7-10, 38, 40, 51, 92, 96,
103, 108, 113, 126-128, 144, 189, 244, 246247, 286, 288, 293, 298
Menéndez, Benjamín: 47
Menéndez, Jorge: 269
Mera Figueroa, Julio: 66
Mercado, Miriam: 233
Mercado, Rosa: 216
Meza, Guillermo: 273
Miguens, José Enrique Carlos: 127
Miller, Lucrecia: 173
Miranda, Jorge: 233
Miranda, Julio: 6
Miranda, Sergio: 182, 231
Mitterand, François: 147, 158
Molina, Pablo: 250
315
Molina, Sergio: 250
Molinas, Ricardo: 95
Moms, Jesús Luján: 219
Monasterio, el “Loco”: 48
Mondada, Ernesto Claudio: 88
Moneta, Raúl: 96, 102-104
Monsech, Oscar: 99
Montagna, María Eugenia: 249
Montoya, Jorge Abelardo: 86
Montoya, Jorge Nelson: 97, 102
Morales Solá, Joaquín: 68, 284
Morales, María Soledad: 61, 149
Morales, Silvano “El Burro”: 35
Morandini, Norma: 308
Moreno, “Lino”: 22
Moreno, Juan: 244
Mosquera, Alejandro: 45
Mota, Gladys: 68
Mulhall, Carlos Alberto: 44, 47
Musalem, Alfredo: 153
Mussolini, Benito: 294
Mychajtyszczuk, Pablo: 268
Olmedo, Jesús: 7, 206
Onganía, Juan Carlos: 243
Ordóñez, Carlos: 260
Ortega, Raúl: 229
Osler, José Cayetano: 15-16
Ossorio, Juan Mario: 186-187, 202-203
Otaegui, Javier: 108
Otero, Natalia: 224, 230, 233
Ovando: 97
Oviedo: 120
Oviedo, Gilberto Enrique: 87-88, 90-92, 108109, 118, 125, 127, 130, 143, 153, 187, 189,
192, 201-202, 219, 289
P
Padilla: 163
Pagano Fernández, Carlos María: 146, 150,
165
Palacio, Juan Manuel María: 127
Palavecino, Lucrecia: 225
Palomo, Carmen: 176
Palomo, Claudia Cecilia: 58-60
Palomo, Juan José: 73
Palópoli, Fernando: 6, 84
Pasquini, Gabriel: 5, 12
Pastor, Facundo: 23, 34
Pastore, José María: 95
Pastrana: 231, 234
Pastrana, el “Bigotudo”: 48
Pastrana, Federico: 267
Patti, Luis: 24, 128
Paz, Mario: 60
Pecci, Manuel: 280
Pedroza, Santiago: 62
Pelloni, Marta: 8, 65
Péntico, Marcio: 277-279
Peña, Juan José María: 281-282
Peña, Mario: 21, 121, 300
Perdía, Roberto Cirilo: 81
Perellano, Miguel: 271
Perelló, el “Gallego”: 48, 180
Pereyra, Gilberto: 291
Pérez Esquivel, Adolfo: 157, 251
Pérez, Ernesto: 233
Pérez, Jesús: 44-45
Pérez, Martín: 224
Pergolini, Mario: 264
Perla, Osvaldo: 131
Pernas, Gladis: 164
Perón, Isabel: (Véase Martínez, Isabel)
Perón, Juan Domingo: 37, 45, 47, 267
Petrella, Ricardo: 147, 150, 157
Petrocelli, Mónica: 64
Petrón, Alfredo: 5, 289
Peyret, Néstor: 205
Pharaon, Laith: 103
Phillips, Gregory: 12, 38
N
Nadir, Armando: 269-270
Nallar, Daniel: 33, 62-64, 153, 180, 202, 206208, 214
Navarro, Antonio: 29-30
Navarro, Rodolfo Savio: 59
Nazario, Sergio: 61, 77-81, 87, 110, 180-181,
190, 202-203, 205, 208, 219, 242, 291
Neuman, Elías: 180
Neustadt, Bernardo: 51
Nicolaides, Cristino: 80
Nieva, Miguel Angel: 48
Nievas, Ramón: 219
Nosiglia, Enrique “Coti”: 95
Nucciarelli, Mónica: 66-67
Nudler, Julio: 115
Núñez, Carlos: 226
Núñez, Marcelo: 184
O
Obeid, Federico: 121, 128, 217
Ocampo, Juan Carlos: 97
Ocaña, Graciela: 103
Oga, Carlos: 304
Oieni, Antonio: 17, 273-274
Olguín, Daniel: 126
Oliván, María Julia: 270-271
Oliveira, Alicia: 251
Oliver, Jorge: 232
Oliver, Marcelo: 75
Olmedo, Alfredo: 123
316
Rodríguez, Ada: 249
Rodríguez, Andrea: 174-175
Rodríguez, Eleonora: 249
Rodríguez, Héctor: 259
Rodríguez, Maximiliano: 81, 181, 189
Rodríguez, Raúl: 59
Rojas, Sergio: 21
Romero Oganesku, Erika Jacqueline: 231
Romero, Juan: (Véase Juan Carlos Romero)
Pichetto, Miguel: 9
Piedra, José: 207, 209
Pieve, Edmundo: 49, 75, 185-186
Plaza, Luis “Gordo”: 50, 303
Plaza, Martín: 232
Pochak, Andrea: 255
Poma, Agustín: 303-308
Poma, Inés Portal de: 233
Poma, Patricio: 212
Poma, Paula: 7, 22
Poma, Sergio: 18, 91, 288, 296, 298, 304-307
Pontaquarto, Mario:68, 71
Pontussi, Ennio: 107
Posadas, Guillermo: 239, 249
Pou, Pedro: 122
Prudencio, Elizabeth: 145
Pucheta, Carlos: 59
Puente, Emma: 83-84, 217
Puerta, Ramón: 7, 96
Romero, Juan Carlos: 5-11, 16, 18-21, 23,
25-26, 29-30, 33-36, 38-40, 42-43, 48-50,
56, 60-61, 64- 66, 69, 71, 73-74, 77- 84,
86, 90-96, 101-102, 105, 108-110, 112113, 115-116, 118, 120, 125-133, 137,
140-145, 148, 152-153, 163-165, 169-170,
178, 180-183, 185-189, 192, 194, 201,
203, 205-206, 208-210, 212, 214-216, 218219, 221, 224, 227, 235-236, 238,240, 244,
246-247, 250-254, 256-257, 259, 264, 267,
270-274, 280, 282, 285-289, 292-293, 295,
297-303, 306-307
Q
Romero, Roberto: 3-6, 12, 32, 36-39, 43-47,
49-51, 55-56, 58, 60, 66-67, 71, 73, 75, 77, 87,
96, 99, 104, 143, 181, 279-281, 303, 306
Romero, Roberto Eduardo: 10, 36, 42, 66-69,
77, 86, 96, 100-102, 110, 297, 302, 305-307
Romero, Silvia: 81, 101, 194-200
Romero Tito: (Véase Romero, Roberto
Eduardo)
Rosas, Mauro: 163
Rodríguez de la Vega, Julio César: 36, 44, 285
Rovega: (Véase Rodríguez de la Vega, Julio
César)
Rovira, Ricardo: 97
Rucci, José:47
Ruckauf, Carlos: 108-109
Rueda, Carina Gisela: 304-305
Ruiz Camauer, Guillermo: 107
Ruiz, Bernardo Antonio: 217
Ruiz, Piquete: 213
Ruiz, Primitiva: 194
Russo, Angel “Angelino”: 67-68
Quintana, Mártires: 25
Quintar, Lizzy: 188, 253
Quinteros, Soledad: 66, 68
Quispe, Marcelo: 230
Quispe, Máximo: 225
R
Rabinowicz, Bernardo: 253, 293
Racioppi, Raúl Gustavo: 102
Rafuls, Alejandra: 10
Ragone, Miguel: 43-48, 108, 111
Ragone, José: 108-109
Ragone, Miguel (hijo): 44
Rallé, Abraham: 182-184, 186
Rallé, Germán: 185
Ramia, Raúl: 168
Ramos, Julio: 108, 293
Reifenberg, Julio: 95
Reimundín, Ricardo: 73, 245
Reinhard, Johan: 273-274
Reintmeister, Carlos: 3-6
Restom Abraham: 58, 60, 64, 73-74
Révora, Lucila: 81
Reynoso, Abel: 34, 37, 39
Reynoso, Adrián: 27
Reynoso, el “Corcho”: 48
Reynoso, Raúl Juan: 13-16, 29
Rígoli, Juan: 94-95
Rivero, Elena: 233
Rivetti, Gustavo: 48
Roberts, Gabriel: 131
Rocha, Jorge: 168
Rodríguez, Marcela: 12
S
Saadi, Vicente: 36, 61, 65
Sacristán, Alejandro: 144
Salazar Estrada, Luis Alberto: 35
Salazar, Ramón: 253
Sales Cohen, Samuel Fernando: 35
Salto, Leocadio: 27
Salum, Osvaldo: 69, 80
San Millán, Julio: 106, 175
Sánchez de Acosta, Ester: 153
Sánchez, Misael: 48
317
Szmukler, Beinusz: 12-13, 225
Sánchez, Ramón Alberto: 80
Sández, Carlos: 145
Sández, Edgardo: 145
Sández, María Antonia: 145
Sández, Pedro: 145
Sandoval, Fabián: 305
Sandoval, Mercedes: 225
Sandoval, Raúl Armando: 290-291
Santillán: 180, 287
Santillán, Carlos: 212
Santoro, Daniel: 127
Sapag, Silvia: 71
Saralegui,Rafael: 5, 12, 25, 34-35, 37-39
Saramago, José: 157
Saravia Day, Carlos: 246
Saravia de Posadas, Mirta: 249
Saravia, Aldo Rogelio: 61-65, 217, 225, 239240, 250
Saravia, Alejandro: 250
Saravia, Carlos: 233
Saravia, Carlos Humberto: 89, 143, 297
Saravia, Diego: 205
Saravia, Luis Adolfo: 73-74, 76, 298
Saravia, Pablo: 210-211
Sarmiento, Rafael: 101
Savio, Navarro Rodolfo: 59
Schneider, Erico: 97
Scioli, Daniel: 82
Seggiaro, Raúl: 259
Semorile, Gustavo Alberto: 24
Sepich, Juan: 147
Servini de Cubría, María Romilda: 129
Siegrist, Luis: 87-88, 90-92, 108-109, 289
Silisque, Omar: 249
Silva, Rosendo “el Mudo”: 48
Simesen, Ana Silvia: 259
Sivak, Martín: 180
Shiva, Vandana: 158
Slodsky, David: 226
Smith, Kali: 27
Snopeck, Guillermo: 48
Sobisch, Jorge: 71, 299
Solá Figueroa, Gaspar: 288
Solá, Bernardo: 204
Solá, Jaime: 82
Solá, Mariano: 97, 99
Solano, Joaquín: 204
Solís, Pablo: 291
Sosa, Alberto Raimundo “el Negro”: 36, 48, 66,
95, 110-112, 122, 133, 206, 301, 303
Sosa Vallejo, Oscar: 249
Sotelo, Claudio: 201, 253
Stalin, José: 294
Starc, Paulo: 72
Stuart Mill, John: 294
Suárez Mason, Guillermo: 80
Suárez, Marcela: 225
Suárez, Patricia: 1
Sueldo, Gerardo: 56-57
T
Tanoni, Enrique: 107, 118
Tapia, Nora: 182
Tapia Gómez, Blanca: 51-55
Tárraga, “Ani”: 22-24
Tejada, Nicolás: 187
Telleldín, Carlos “el enano”: 126
Teseyra, Mario: 307-308
Tilca, Gustavo: 233
Tolaba, Andrés: 253
Tolaba, Juan Carlos: 153
Tolaba, Pedro: 253
Toledo, María: 250
Toma, Miguel Ángel: 189, 192
Toranzos, el “Sapo”: 48
Toranzos, Ricardo: 15-16, 21
Torfe, Mónica: 195, 197-198
Torres Gálvez, Marcelo: 112, 206, 298, 300301
Torres, Ángel Mariano: 7, 61, 82-85, 87, 127,
129, 147, 189, 192, 289, 297
Torres, Mirta: 181
Torres, Omar: 78
Torres, Osvaldo: 65
Tort, Daniel: 18, 26, 64, 126, 128, 205, 215,
232-234, 297, 302, 307
Trading, Elthan: 193
Trapalla, Eduardo: 57
Trejo (sacerdote): 57
Tróccoli, Antonio: 12
Trovato: 205
Troyano, Armando: 99
Troyano, Facundo: 145
Troyano, María A.: 145
Troyano, Silvina: 145
Tuñón, Ana María: 259
Tuysuz, Agustín: 17-19
U
Ubeira, Carlos: 167
Ugarriza, Julio: 48
Ulloa, Álvaro: 229, 232
Ulloa, Roberto Augusto: 50-51, 108, 115, 122,
132
Uriburu, Josefina: 64
Urien Berry, Jorge: 71
Uriondo, Luis: 189, 192
Urtubey, Rodolfo José: 66, 107-108, 175
Urueña, Armando: 55, 66-68
Usandivaras: 260
318
V
Viviani, Aldo: 280
Vaca, Eduardo: 5, 94
Vaca, Justo Alberto: 91, 217
Vaca, Yoyi: 184-185
Valenzuela, Adrián: 232
Valle, José Luis: 226
Vallecas, Néstor: 15
Varela Cid, Eduardo: 94
Varg, Alfonso: 144
Varg, Ariel: 144
Varg, Gustavo: 144
Varg, Silvia: 195-196, 198, 200
Varg, Valeria: 145
Vargas, Carlos: 83-84
Vargas, Flores: 204
Vargas, Maximiliano: 291
Vázquez, Adolfo: 299-300
Vega, María del Carmen: 225
Veinte, Angel: 67-68
Vera, Marcos: 43
Verbitsky, Horacio: 25, 96, 212, 298
Verón, Aníbal: 207-210, 213
Vicente, Edgardo: 250
Vieyra, Flavio Andrés: 199
Vilar Rey, Gustavo: 62
Vilariño, José: 153, 299
Vilariño, Roberto: 158
Villa Cueto, Norma: 169
Villa Gómez, “Gili”: 22
Villada, Francisco “Pancho”: 82
Villamayor, Juan Carlos: 44, 48, 85, 87, 298
Villosio, María Fernanda: 68, 71
Vilte, Víctor Hugo: 47-48
Viqueiras, Horacio: 193
Vishisky, Andrei: 294
Visuara, Carlos: 85-87, 298, 302
Vittar, Fabián: 229
W
Wagner, Cristian: 84
Walgner, Silvina: 8
Walsh, James: 6
Wardi, Alejandro: 230-231
Wayar, Lali: 120
Wayar, Walter: 29, 112, 144, 188-189, 192,
227, 235, 240, 260, 272
Wayne, Earl Anthony: 7
Winter, Jorge: 5-6, 289
Y
Yabrán, Alfredo: 5, 25, 77, 92-95, 108, 143,
206, 313
Yampolsky, Mario: 97-98
Yáñez, María Susana: 229
Yarade, Fernando: 136
Yarade, Héctor: 64-65
Yoma, Emir: 96, 103
Z
Zacarías, Rodolfo: 205
Zaffaroni, Eugenio Raúl: 221
Zamora, Gerardo: 16
Zannier, Bethy Yolanda: 289
Zigarán, Adrián: 82-83
Zottos, Andrés: 229
Zurita, Víctor: 250
319
BIBLIOGRAFÍA
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Fuentes periodísticas
Diarios
La Nación
Clarín
Perfil
Crónica
Ámbito Financiero
Página/12
Agencia de Noticias DDN
El Nuevo Diario
El Tribuno
Semanarios
Intrusos de Orán
Redacción
Cuarto Poder
Nueva Propuesta
El Cronista
El Expreso
El Vocero de Metán
Revistas
Noticias
T.X.T.
Veintitres
Interview
Cambio 16
Radios
FM Noticias 88.1
La red (Buenos Aires)
Radio del Plata (Buenos Aires)
FM Despertar
AM 840
Radio Nacional
FM Pacífico
FM 100
FM Sol del Norte (Tartagal)
322
Canales televisivos
Canal 13 de Buenos Aires
TN
América
Canal 11 de Salta
Canal 9 de Buenos Aires
Video tar de Tartagal
Crónica TV
Páginas Web
http://eltribunosalta.com.ar/edicion-salta/salta/20061205_220020.php
http://www.saltalibre.org/article.p...
www.enjasa.com
www.elindependiente.com.ar/archivo/noticias_v.asp?93066
323
ÍNDICE
324
Del Título y algunas particularidades
1
Capítulo I
2
El Narcopoder. Libros y opiniones. Sobreactuación. Vox Populi. Consultora
Salta. Los Jueces Federales de Salta. Inacción. Coincidencias. Transa.
Indicios concordantes. Festejando con todo. Política, crímen y cocaína. La
historia. Cuando la vida no vale nada. Quién nos protege. Un juez distraído. La
amenaza. Soltando la mano del asesor. Contratando un asesino. Durmiendo
con el enemigo. Prensa complaciente. El Juez Reynoso no nos defraudó.
Mensajes cruzados. El diputado chapeador. Ciao, ciao Sara Ranch. Logo.
Cubriendo con lona. Cuidado, radar vigila. Anticipando la noticia. El peaje.
“Una pesquisa une Puerto Madero con Salta”. Entrevistando al Gobernador. La
incursión de la Policía Federal viene de lejos. El golpe. Acuerdo tácito:
entidades crediticias y hampones.
Capítulo II
41
Crímenes no resueltos y accidentes sospechosos. Canillita 1. Canillita 2.
Doctor Miguel Ragone. La conspiración. Graciela Kuhne y Thelma Edwards.
Luis “el Gordo” Plaza. Roberto Romero. Contadora Blanca Tapia Gómez. 15
de abril. 16 de abril. 30 de abril. Desenlace. Monseñor Gerardo Eusebio
Sueldo. “En el nombre de la rosa”. Restom Abraham. El cura Ernesto
Martearena. Miguel de Escalada. Gladys Mota. Gestor asesinado y mutilado.
“En Salta no hay crímenes impunes”.
Capítulo III
70
Operadores y cómplices. Marcelo Emilio “Gallego” Cantarero. Ni República ni
Democracia. Sergio Nazario. Amparando al torturador. Angel Oscar Mariano
Torres. El monje negro al estrellato. El negociador. Ayudando al espía. Gilberto
Enrique Oviedo y Luis Siegrist. El Triángulo de las Bermudas. El viejo truco.
Alfredo Nallib Yabrán. Con su blanca palidez. Jorge Horacio Brito. El Banco
Provincial como botín. Indiferencia de la Justicia. La tabla de lavar. Embestidas
y alguna marcha atrás. Truchiman. Julio Aurelio. Carlos Corach, Carlos
Ruckauf y Américo Gualtieri. Alberto Raymundo “El Negro” Sosa. Walter
Wayar. Manuel Santiago Godoy.
Capítulo IV
114
Corrupción en el Feudo. La banda de los Printicos. Escondido en el Valle.
Entregando un emporio. Oídos sordos. “Denunciamos”. Negocios con el
hambre de los chicos más pobres. Gastos escondidos. Fundaciones multiuso.
Otros antecedentes. Excedentes. Hágase la luz. No va máaas. La perinola se
clavó en “toma todo”. Negocio redondo. Casinos. Futurología. Confusión.
Extraña participación. ¿De quién es la timba?. Beneficio. Trampas contables
325
con bonos hidrocarburíferos. Cómo se registró esta deuda. ¿Por qué se ocultó
esta deuda?. La mentira. Estafando al soberano. Estadio único sobrefacturado.
100 millones de multa. Volare Oh… Oh... La gracia de las pensiones.
Gasoducto propio. Dictadura de las aguas en Salta.
Capítulo V
159
La desintegración social. Números e información. Salta tiene el récord absoluto
de pobres que pasan hambre. Los números y el miedo. “Los salteños
seguimos adelante”. Sida y vejez. Cuando la educación es lo menos
importante. Los chicos de la calle y la Santa Iglesia. La tristeza de ser primeros
en todo. Salta es la provincia con mayor aumento del delito. Otro síntoma: las
patotas. Suicidio. Las fuentes de la tragedia. También primeros en el horror.
Capítulo VI
179
Estado policial. Desparramando miedo. Cronología siniestra. Aguaray.
Pichanal. El día después. Frases falsas y verdaderas. La llamarada se
extiende en todo el Norte. Tartagal y Mosconi, mayo de 2000. No están solos.
Comité de crisis. Detenidos y lesionados. Unidos por el espanto. El embuste.
Testimonios. Orán en alerta rojo. La visión nacional. El represor al mando.
Maldita policía. Algunos hechos. Querellas y palos. Nuestros muertos. Aníbal
Verón. “No lo olviden a Verón”. Con la razón de la fuerza. El señor feudal no
soporta pobres a su alrededor. Estado policial temeroso. La miseria, la furia y
la muerte. Un mañana incierto. Escuchando al represor. “En Salta se tortura”.
Su Señoría mantantero lirulá. La mentira en imágenes. No se puede tapar el
cielo. La policía infantil. Rechazando al verdugo. Excepciones. Comisarios por
la comunidad. El Sérpico salteño. El abanderado. Delgada línea entre el policía
y el patovica. Derechos Humanos y Ley Contravencional. Los números del
apriete. Cuando los jefes delinquen. La Comisaría del Menor. Sin límites. La
noche de las tizas. En el mundo nos conocen.
Capítulo VII
237
Bastardeando las Instituciones. Subordinación y valor. ¿División de poderes?
Esquema constitucional. Por siempre Gober. ¿Prensa libre? Editorial. Una
razón para el hastío. Nepotismo en el Feudo. La cuestión indígena. Premio
Nobel de la Paz. Datos del acoso. La impunidad del poderoso. “Muerte y
sospechas a la salteña”. La operadora. Lakha Honhat o la apropiación de más
de 640.000 hectáreas. También en Francia. Antecedentes. El mundo indígena.
Negocio casi cerrado. Una luz al final del túnel. El Medio Ambiente. Sumando
al desastre. Lotes 32 Y 33. Atacando al que piensa distinto. Sabían que el
meteoro arrasaría Tartagal. Queda usted debidamente notificado. Desastre. El
ataque al Medio Ambiente. “Tartagal: dicen que el desastre podría repetirse”.
Patéticos. Salta, la peor de todas. “Para el Obispo Lugones es una zona
olvidada”. Apurando los negocios. El saqueo arqueológico. Las momias del
Volcán Llullaillaco. Negligencia criminal. Único museo de momias pero sin
momias. Sin control.
326
Capítulo VIII
276
El periodismo en el Feudo. Sin vergüenza. La extorsión. El Tribuno. No te
queremos en el PJ. Periodistas prepagos y de los otros. Un manotazo de más
200 mil dólares. Premio Persona. Influencia. No todas son pálidas. No gana
para sustos. Informar a tiempo. El “Gran Hermano” salteño. El diario “chiquito”.
La obscenidad oficial. Dime dónde pautas y te diré quién eres. Asociación de
periodistas de Salta. Algo personal. “Torquemada era Piñón Fijo”. El delito de
opinar. Unos párrafos para Sus Señorías mantantero lirulá. La querella del
hermano “Tito”. Injuriando a periodistas. La venganza. La causa en la Justicia.
Ataques a la prensa. Mi amigo el turista
Índice de nombres
310
Bibliografía
320
327
328