Ver publicación - Poder Judicial del Estado de Veracruz

Transcripción

SUMARIO
DOCTRINA
- Comentarios a preceptos de jurisdicción voluntaria del
Código de Procedimientos Civiles de Veracruz.
- Juzgados en penumbra.
- Exposición del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz
Estructura Organizacional.
- El Notario Público como parte demandada en juicio.
La absolución del pago de gastos y costas en los juicios de alimentos.
PAGINAS DEL RECUERDO
- Desistimiento de la acción; sus efectos.
ACTIVIDADES SOBRESALIENTES DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO
LEGISLACION
- Decreto número 547 de Reforma Constitucional.
- Decreto 525 que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.
JURISPRUDENCIA Y TESIS AISLADAS
DIRECTORIO
www.pjeveracruz.gob.mx
REVISTA JURIDICA VERACRUZANA
Organo doctrinario e informativo del H. TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA del Estado de Veracruz-Llave
NUMERO
85
TOMO LXIV
CONSEJO DE LA JUDICATURA
MAGDO. MIGUEL G. MANZANILLA PAVON
PRESIDENTE
MAGDA. CELSA GARCIA SERRANO
MAGDO. BENJAMIN GARCIMARRERO OCHOA
MAGDO. PEDRO LUIS REYES MARIN
CONSEJERO GUSTAVO KUBLI RAMIREZ
CONSEJERO FERNANDO FIGUEROA BUJAIDAR
LIC. LUIS GONZALEZ GUTIERREZ
SECRETARIO
Director General
Magdo. Benjamín Garcimarrero Ochoa
Director Editorial
Magdo. Raúl Pimentel Murrieta
Consejo Editorial
Magdo. Miguel G. Manzanilla Pavón
Magdo. Jose L. Alvarez Montero
Magdo. Fernando A. Guzmán Calvo.
Magdo. Reynaldo Madruga Picazzo
Magdo. A. Emilio Polanco Servín
Magdo. Gregorio Valerio Gómez
Magdo. Eugenio Vázquez Hernández
XALAPA-EQUEZ., VER., MARZO -JUNIO 2003
Registrada como articulo de 2° clase, el 21 de febrero de 1938.- Esta Revista es una publicación que respeta escrupulosamente las ideas y puntos de vista de sus colaboradores; por tanto lo que expongan y sustenten en los artículos
que publiquen, es de la exclusiva responsabilidad de sus autores.- Es una publicación que fue creada por acuerdo de
sesión plenaria del H. Tribunal Superior, el 18 de Noviembre de 1937.
SUMARIO
DOCTRINA
Código de Procedimientos Civiles de Veracruz.
- Juzgados en penumbra.
- Exposición del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz
Estructura Organizacional.
- El Notario Público como parte demandada en juicio.
La absolución del pago de gastos y costas en los juicios de alimentos.
- Desistimiento de la acción; sus efectos.
JUDICIAL DEL ESTADO
LEGISLACION
- Decreto 525 que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.
DIRECTORIO
www.pjeveracruz.gob.mx
SUMARIO
Pag.
EDITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
DOCTRINA
Código de Procedimientos Civiles de Veracruz
Lic. Horacio Mota Aburto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
- Juzgados en penumbra
Dr. José Lorenzo Alvarez Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
- Exposicion del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz
Estructura Organizacional
Magdo. Benjamín Garcimarrero Ochoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
- El Notario Público como parte demandada en Juicio
Magdo. Miguel G. Manzanilla Pavón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- La absolución del pago de gastos y costas en los
Juicios de Alimentos
Lic. Enrique Porras Flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
63
- Desistimiento de la acción; sus efectos
Lic. Fernando García Barna Figueroa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
JUDICIAL DEL ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
LEGISLACION
97
- Decreto número 548 de Reforma Constitucional. . . . . . . . . . . . 103
- Decreto número 549 de Reforma Constitucional . . . . . . . . . . . 105
- Decreto número 525 que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
- En materia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
- En materia Mercantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
- En materia Penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
- En materia Administrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
- En materia Laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
- En materia Electoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163
- En materia Constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
DIRECTORIO
- Consejo de la Judicatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
- Tribunal Superior de Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
- Juzgados de Primera Instancia y Menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
- Juzgados Municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Esta Revista se engalana al publicar el estudio del
dilecto Notario Público y Ex-Magistrado Horacio Mota Aburto, quien
con su amplia experiencia en el universo del derecho, aborda el tópico de Jurisdicción Voluntaria, para señalar los diversos obstáculos
que se presentan en su aplicación, con motivo de las deficiencias
legislativas, significándose que al margen de que se trata de actos
donde no existe controversia jurisdiccional entre partes determinadas, reflejan una utilidad manifiesta para la convivencia social
y la conservación del estado de derecho, cuyo manto cobija a los
veracruzanos.
También se realiza una semblanza del insigne jurisconsulto
Fernando García Barna, quien falleciera lamentablemente cuando
ostentaba el cargo de Magistrado de esta Institución Judicial y
que mostró su capacidad y atingencia en las múltiples actividades
desempeñadas durante su existencia, poseyendo además en su
persona las cuatro virtudes cardinales que recuerda Radbruch:
Justicia, Sabiduría, Fortaleza y Templanza. Porque bien sabemos
que nacer es comenzar a morir, que entre la cuna y la tumba, hay
un nexo de vivencias sin solución de continuidad, en donde la
vida transita sin detención; sin embargo, a través del esfuerzo y
la probidad se puede legar a la humanidad un ejemplo de sacrificio y entrega en bien de la justicia, lo que así ha sucedido con el
Licenciado García Barna, circunstancia por la cual se le rinde un
merecido homenaje.
EDITORIAL
- Decreto número 547 de Reforma Constitucional . . . . . . . . . .
El notable orador griego Isócrates, al referirse a la
problemática jurídica de su tiempo, señaló: “La justicia es preferible
a las riquezas, porque mientras éstas nos sirven solamente durante
nuestra vida, la justicia engendra la gloria, que vive también después de nuestra muerte”.
La dinámica planteada por el Tribunal Superior de
Justicia del Estado, bajo el timón del Magistrado Miguel G. Manzanilla Pavón, ha establecido precisamente como horizonte hacia el
destino, el que todos los servidores judiciales brinden su máximo
esfuerzo por la correcta aplicación de la justicia, compaginándose
tal incentivo con la instrumentación de métodos adecuados y la
edición de este ejemplar, donde colaboran destacados miembros
del Poder Judicial, quienes a la luz de su sapiencia, puntualizan
observaciones teórico-prácticas que conforman la antología de los
trabajos.
LEGISLACION
97
- Decreto número 548 de Reforma Constitucional. . . . . . . . . . . . 103
- Decreto número 549 de Reforma Constitucional . . . . . . . . . . . 105
- Decreto número 525 que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
- En materia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
- En materia Mercantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
- En materia Penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
- En materia Administrativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
- En materia Laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
- En materia Electoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
163
- En materia Constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
DIRECTORIO
- Consejo de la Judicatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
- Tribunal Superior de Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
- Juzgados de Primera Instancia y Menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
- Juzgados Municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Esta Revista se engalana al publicar el estudio del
dilecto Notario Público y Ex-Magistrado Horacio Mota Aburto, quien
con su amplia experiencia en el universo del derecho, aborda el tópico de Jurisdicción Voluntaria, para señalar los diversos obstáculos
que se presentan en su aplicación, con motivo de las deficiencias
legislativas, significándose que al margen de que se trata de actos
donde no existe controversia jurisdiccional entre partes determinadas, reflejan una utilidad manifiesta para la convivencia social
y la conservación del estado de derecho, cuyo manto cobija a los
veracruzanos.
También se realiza una semblanza del insigne jurisconsulto
Fernando García Barna, quien falleciera lamentablemente cuando
ostentaba el cargo de Magistrado de esta Institución Judicial y
que mostró su capacidad y atingencia en las múltiples actividades
desempeñadas durante su existencia, poseyendo además en su
persona las cuatro virtudes cardinales que recuerda Radbruch:
Justicia, Sabiduría, Fortaleza y Templanza. Porque bien sabemos
que nacer es comenzar a morir, que entre la cuna y la tumba, hay
un nexo de vivencias sin solución de continuidad, en donde la
vida transita sin detención; sin embargo, a través del esfuerzo y
la probidad se puede legar a la humanidad un ejemplo de sacrificio y entrega en bien de la justicia, lo que así ha sucedido con el
Licenciado García Barna, circunstancia por la cual se le rinde un
merecido homenaje.
EDITORIAL
- Decreto número 547 de Reforma Constitucional . . . . . . . . . .
El notable orador griego Isócrates, al referirse a la
problemática jurídica de su tiempo, señaló: “La justicia es preferible
a las riquezas, porque mientras éstas nos sirven solamente durante
nuestra vida, la justicia engendra la gloria, que vive también después de nuestra muerte”.
La dinámica planteada por el Tribunal Superior de
Justicia del Estado, bajo el timón del Magistrado Miguel G. Manzanilla Pavón, ha establecido precisamente como horizonte hacia el
destino, el que todos los servidores judiciales brinden su máximo
esfuerzo por la correcta aplicación de la justicia, compaginándose
tal incentivo con la instrumentación de métodos adecuados y la
edición de este ejemplar, donde colaboran destacados miembros
del Poder Judicial, quienes a la luz de su sapiencia, puntualizan
observaciones teórico-prácticas que conforman la antología de los
trabajos.
casos, siempre tienen derecho de
ser alimentados por los padres, y
es obvio que ese derecho siempre
puede ejercitarse en contra de los
cónyuges, y asegurarse con los
bienes de éstos. Cualquiera que
sea el sentido de la liquidación de
la sociedad conyugal, los hijos no
se perjudican cuando se hace el
reparto de los bienes.
Fuera de este derecho potencial a los alimentos, los hijos no
tienen ningún derecho respecto de
los bienes de los padres. Lo más
curioso de esto, es que según el
enunciado del Art. 699-A del Código de Procedimientos Civiles, el
promovente podrá optar por acudir
ante el juez competente o ante
un notario público, de suerte que la
Fracción VIII de dicho precepto rige
tanto para jueces como para notarios, y siendo esto así, resulta que
los cónyuges no podrán liquidar voluntariamente la sociedad conyugal,
ni darle formalidad existiendo hijos
menores de edad. La consecuencia
será la de que los esposos deberán
esperar a que sus hijos cumplan la
mayoría de edad para poder hacer
la liquidación de la sociedad conyu-
12
gal.
Si el hijo tiene 3 años, los
cónyuges deberán esperar 15 años
para estar en posibilidad de hacer
la liquidación.
El precepto legal que se
viene comentando en su fracción
VIII establece una modalidad que
no contemplan los artículos 175 y
178 del Código Civil, pues estos
preceptos no establecen ninguna
restricción para el otorgamiento
de la liquidación voluntaria de sociedad conyugal.
B) Art. 699-A. En su Fracción III, nos dice que se puede
acudir ante notario, "para acreditar
hechos conocidos y sabidos por
todos". Se entiende que "todos",
son la totalidad de los habitantes
de una comunidad, y es muy difícil, si no es que imposible, que en
una ciudad del Estado pueda haber
hechos conocidos por todos.
Esta misma regla se establece en los casos de intestado a
que se refiere el artículo 678 del
Código de Procedimientos Civiles,
DOCTRINA
COMENTARIOS A PRECEPTOS DE
JURISDICCION VOLUNTARIA DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE VERACRUZ
* Lic. Horacio Mota Aburto
Con motivo de la reforma
publicada en la Gaceta Oficial
número 209, de fecha 19 de octubre del año dos mil, para el efecto
de establecer mecanismos en el
Código de Procedimientos Civiles
del Estado, con la finalidad de que
los notarios públicos intervengan
en actos de Jurisdicción Voluntaria,
estimo procedente verter los siguientes comentarios:
* Nació el 8 de mayo de 1916 en Altotonga, Ver., destacan entre sus actividades profesionales: Notario
Público No. 7 de Xalapa, Ver., Agente del Ministerio
Público del Fuero Común en diversos Distritos del
Estado de Veracruz, Juez de Primera Instancia en
distintos Distritos Judiciales del Estado; Magistrado
de la Tercera Sala del Tribunal superior de Justicia
del Estado, Delegado de la Secretaría de Economía
en el Estado, Asesor Jurídico de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado. Entre sus
actividades academicas: Profesor en la Escuela Secundaria Antonio Ma. de Rivera; Maestro de medio
tiempo en la Facultad de Derecho de la Universidad
Veracruzana, impartiendo Derecho Constitucional
y Garantías y Amparo.
(A) Art. 699-A. Dispone
que podrá tramitarse ante notario
público, “la liquidación voluntaria de
la sociedad conyugal, siempre que
no existan menores” (Fracción VIII).
Se entiende que se refiere a los hijos
menores de edad de los cónyuges;
pero considero que así redactada
esa fracción no es muy afortunada,
porque el hecho de que existan hijos
menores de edad, no justifica que
deba impedirse la liquidación de que
se trata, ante notario público, porque
los hijos menores no tienen ningún
derecho a los bienes de los padres
mientras éstos vivan, de suerte que
en nada se perjudican aquellos,
por el hecho de que al liquidarse
la sociedad conyugal unos bienes
queden a favor de uno u otro de los
consortes.
Los hijos menores de edad y
aún los mayores en determinados
11
casos, siempre tienen derecho de
ser alimentados por los padres, y
es obvio que ese derecho siempre
puede ejercitarse en contra de los
cónyuges, y asegurarse con los
bienes de éstos. Cualquiera que
sea el sentido de la liquidación de
la sociedad conyugal, los hijos no
se perjudican cuando se hace el
reparto de los bienes.
Fuera de este derecho potencial a los alimentos, los hijos no
tienen ningún derecho respecto de
los bienes de los padres. Lo más
curioso de esto, es que según el
enunciado del Art. 699-A del Código de Procedimientos Civiles, el
promovente podrá optar por acudir
ante el juez competente o ante
un notario público, de suerte que la
Fracción VIII de dicho precepto rige
tanto para jueces como para notarios, y siendo esto así, resulta que
los cónyuges no podrán liquidar voluntariamente la sociedad conyugal,
ni darle formalidad existiendo hijos
menores de edad. La consecuencia
será la de que los esposos deberán
esperar a que sus hijos cumplan la
mayoría de edad para poder hacer
la liquidación de la sociedad conyu-
12
gal.
Si el hijo tiene 3 años, los
cónyuges deberán esperar 15 años
para estar en posibilidad de hacer
la liquidación.
El precepto legal que se
viene comentando en su fracción
VIII establece una modalidad que
no contemplan los artículos 175 y
178 del Código Civil, pues estos
preceptos no establecen ninguna
restricción para el otorgamiento
de la liquidación voluntaria de sociedad conyugal.
B) Art. 699-A. En su Fracción III, nos dice que se puede
acudir ante notario, "para acreditar
hechos conocidos y sabidos por
todos". Se entiende que "todos",
son la totalidad de los habitantes
de una comunidad, y es muy difícil, si no es que imposible, que en
una ciudad del Estado pueda haber
hechos conocidos por todos.
Esta misma regla se establece en los casos de intestado a
que se refiere el artículo 678 del
DOCTRINA
de la división de poderes, para culminar en una serie de conclusiones
particulares, entre las que destacan
la debilidad y desamparo de los
poderes judiciales de los Estados
sujetos a dos fuerzas opresoras.
Por un lado, el centralismo judicial
que impide a los juzgadores locales
prácticamente dictar resoluciones
definitivas, ya que éstas siempre
están sujetas a revisión por parte
de los juzgadores federales, sea
por conducto del amparo indirecto
o del directo, reduciendo así, a la
justicia estatal, en una mera instructora o ejecutora de las resoluciones
judiciales federales, muchas veces
aberrantes como bien lo sostiene
el Lic. Alfredo Olguín en la tercera
conclusión de su ponencia1 .
Por otro lado, la desigualdad
y desequilibrio en la división de
poderes, hace al judicial, un poder
sometido al legislativo y al ejecutivo.
Al primero, en virtud de la legislación que expide o deja de expedir,
imponiendo, en múltiples ocasiones, leyes incompletas, obscuras,
alejadas de los problemas reales
que debe enfrentar y resolver el
poder judicial. Y si bien el Tribunal
Superior en nuestra entidad, con16
forme al artículo 34-IV de la Constitución local, tiene facultad para
presentar iniciativas de ley en todo
lo relacionado con la organización y
funcionamiento de la impartición y
la administración de justicia, resulta
indispensable establecer la obligatoriedad de su estudio, análisis
y dictamen, dentro de un periodo
perentorio con la consecuente responsabilidad en que podrá incurrirse
por su incumplimiento.
En relación al poder ejecutivo, dos problemas se enfrentan. La
real incapacidad del judicial para
establecer su propio presupuesto,
quedando siempre sujeto a las
políticas del ejecutivo de constante
reducción. Hoy enfrentamos la creciente problemática judicial con un
presupuesto ofensivo, para el presente año del 0.81% del presupuesto estatal, insuficiente para acondicionar adecuadamente los espacios
judiciales, proporcionar estancias a
los jueces en los lugares donde se
les ubica, introducir tecnología de
punta, capacitar al personal, otorgar salarios dignos en relación a la
importante y delicada función que
desempeñan, entre otros múltiples
requerimientos.
en el que se dice que después de
las publicaciones en periódicos,
debe recibirse una información
testimonial de hechos conocidos
por todos.
el cual la protesta y el examen de
los testigos se hará siempre en presencia de las partes. El interrogatorio
en tinieblas, sólo lo practica la Policía
Ministerial.
El equívoco está en que se
olvidó lo dispuesto en el artículo
606 del Código de Procedimientos
Civiles, sobre la tramitación judicial de intestados, según el cual
se debe rendir una información
testimonial, para acreditar que
los pretendientes son los únicos
herederos del difunto; y nuevo
error se comete en el Art. 678 al
decir que la información de hechos
conocidos por todos, servirá "para
acreditar el derecho a heredar",
pues es bien sabido que el derecho
a heredar no se comprueba con
testigos sino con documentos.
D) Comentario final: las
actuales disposiciones del Código
de Procedimientos Civiles en materia de Jurisdicción Voluntaria, al
darle intervención a los notarios, han
venido a revolucionar el tradicional
concepto de notario que se concreta
a presenciar el otorgamiento de
los actos jurídicos o de los hechos,
respecto a los cuales imparte su
certificación, pues ahora le da la
reforma facultades jurisdiccionales.
C) Es inquietante lo que
dispone el Art. 699-B del Código de
Procedimientos Civiles, al permitir
que el notario interrogue a los testigos "sin la presencia del solicitante"
lo cual es contrario a la apertura
en la recepción de pruebas, pues
permite que el interrogatorio lo
haga el notario en secreto. Esta
disposición choca con el Art. 265
del Código de que se trata, según
Al particular, me he concretado en este escrito, a señalar lo
que considero algunos errores de
nuestro Código reformado.
Esto es ciertamente un
avance, ha sido adoptado por legisladores de origen latino.
13
JUZGADORES EN PENUMBRA
*Dr. José Lorenzo Alvarez Montero
· IMPOSIBILIDAD DE RESOLVER EL ASUNTO PLANTEADO POR ILEGAL EMPLA- consorcio pasivo necesario y notarios
públicos, oficiales del registro civil
ZAMIENTO.
y encargados del registro público
de la propiedad; IV. Propuesta; V.
Conclusión.
· LITISCONSORCIO PASIVO
NECESARIO Y NOTARIOS
PUBLICOS, OFICIALES DEL
REGISTRO CIVIL Y ENCARGADOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.
S U M A R I O: I. Marco de
referencia; II. Imposibilidad de
resolver el asunto planteado por
ilegal emplazamiento; III. Litis *
Doctor en Filosofía con Especialidad en Educación
por Atlantic International University; Candidato a
Doctor en Derecho por la Universidad de Almería,
España; Maestría en Educación con Especialidad
en Metodología de la Enseñanza Superior; Licenciatura en Derecho con Especialidad en Derecho
Fiscal y Constitucional, Diplomado en Enseñanza
Superior y Diplomado en El Estado Contemporáneo
y su reconstrucción institucional.
I. Marco de referencia
El título del presente artículo merece ser precisado. Hace
referencia a un trabajo más extenso
que analiza las características, fundamentos y valores de la federación
como forma de Estado, y su implantación en nuestro país, para concluir
de manera general, que la federación
mexicana es una simple apariencia
constitucional, vacía de contenido y
consecuentemente, es una ilusión
la soberanía de los Estados y su
capacidad para establecer en forma
autónoma su organización interior,
lo ineficaz de las constituciones
locales y el completo desequilibrio
15
de la división de poderes, para culminar en una serie de conclusiones
particulares, entre las que destacan
la debilidad y desamparo de los
poderes judiciales de los Estados
sujetos a dos fuerzas opresoras.
Por un lado, el centralismo judicial
que impide a los juzgadores locales
prácticamente dictar resoluciones
definitivas, ya que éstas siempre
están sujetas a revisión por parte
de los juzgadores federales, sea
por conducto del amparo indirecto
o del directo, reduciendo así, a la
justicia estatal, en una mera instructora o ejecutora de las resoluciones
judiciales federales, muchas veces
aberrantes como bien lo sostiene
el Lic. Alfredo Olguín en la tercera
conclusión de su ponencia1 .
Por otro lado, la desigualdad
y desequilibrio en la división de
poderes, hace al judicial, un poder
sometido al legislativo y al ejecutivo.
Al primero, en virtud de la legislación que expide o deja de expedir,
imponiendo, en múltiples ocasiones, leyes incompletas, obscuras,
alejadas de los problemas reales
que debe enfrentar y resolver el
poder judicial. Y si bien el Tribunal
Superior en nuestra entidad, con16
forme al artículo 34-IV de la Constitución local, tiene facultad para
presentar iniciativas de ley en todo
lo relacionado con la organización y
funcionamiento de la impartición y
la administración de justicia, resulta
indispensable establecer la obligatoriedad de su estudio, análisis
y dictamen, dentro de un periodo
perentorio con la consecuente responsabilidad en que podrá incurrirse
por su incumplimiento.
En relación al poder ejecutivo, dos problemas se enfrentan. La
real incapacidad del judicial para
establecer su propio presupuesto,
quedando siempre sujeto a las
políticas del ejecutivo de constante
reducción. Hoy enfrentamos la creciente problemática judicial con un
presupuesto ofensivo, para el presente año del 0.81% del presupuesto estatal, insuficiente para acondicionar adecuadamente los espacios
judiciales, proporcionar estancias a
los jueces en los lugares donde se
les ubica, introducir tecnología de
punta, capacitar al personal, otorgar salarios dignos en relación a la
importante y delicada función que
desempeñan, entre otros múltiples
requerimientos.
en el que se dice que después de
las publicaciones en periódicos,
debe recibirse una información
testimonial de hechos conocidos
por todos.
el cual la protesta y el examen de
los testigos se hará siempre en presencia de las partes. El interrogatorio
en tinieblas, sólo lo practica la Policía
Ministerial.
El equívoco está en que se
olvidó lo dispuesto en el artículo
Civiles, sobre la tramitación judicial de intestados, según el cual
se debe rendir una información
testimonial, para acreditar que
los pretendientes son los únicos
herederos del difunto; y nuevo
error se comete en el Art. 678 al
decir que la información de hechos
conocidos por todos, servirá "para
acreditar el derecho a heredar",
pues es bien sabido que el derecho
a heredar no se comprueba con
testigos sino con documentos.
D) Comentario final: las
actuales disposiciones del Código
de Procedimientos Civiles en materia de Jurisdicción Voluntaria, al
darle intervención a los notarios, han
venido a revolucionar el tradicional
concepto de notario que se concreta
a presenciar el otorgamiento de
los actos jurídicos o de los hechos,
respecto a los cuales imparte su
certificación, pues ahora le da la
reforma facultades jurisdiccionales.
C) Es inquietante lo que
dispone el Art. 699-B del Código de
Procedimientos Civiles, al permitir
que el notario interrogue a los testigos "sin la presencia del solicitante"
lo cual es contrario a la apertura
en la recepción de pruebas, pues
permite que el interrogatorio lo
haga el notario en secreto. Esta
disposición choca con el Art. 265
del Código de que se trata, según
Al particular, me he concretado en este escrito, a señalar lo
que considero algunos errores de
nuestro Código reformado.
Esto es ciertamente un
avance, ha sido adoptado por legisladores de origen latino.
13
del Estado, para que proceda conforme a derecho en contra de quien
resulte responsable.”
No debemos olvidar que un
mal emplazamiento o notificación
personal, es atribuible al órgano
judicial, al cual, en un tiempo no
lejano, le serán exigidos el pago
de daños y perjuicios ocasionados
por la indebida actuación de sus
integrantes. Las tendencias neoliberales que intentan y han logrado en parte desplazar al Estado,
reduciendo las atribuciones de los
poderes públicos, trasladándolas
a organismos mixtos o privados, y
transformando la concepción de la
jurisdicción como función soberana
por un servicio público, apunta a las
responsabilidades de los servidores
judiciales por el mal funcionamiento
de la impartición de justicia.
El avance de la doctrina en
este aspecto es relevante, solo a
guisa de ejemplo, a continuación
listo una serie de rubros tratados
por Guido Santiago Tawil y por
Faustino Cordón en sus respectivas
obras:
- La responsabilidad del
Estado por error judicial y
anormal funcionamiento de
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
la administración de justicia.
La responsabilidad del Estado por error judicial.
Error de hecho y error de
derecho.
La responsabilidad del Estado por el anormal funcionamiento de la administración
de justicia.
Delimitación del concepto
de funcionamiento anormal
de la administración de justicia.
La lentitud en la tramitación
de los expedientes judiciales como supuesto de anormal funcionamiento de la
administración de justicia3 .
La responsabilidad del Estado por el ejercicio de la
jurisdicción.
Responsabilidad por error
judicial.
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de la
administración de justicia.
Responsabilidad por prisión
preventiva injusta4 .
III. Litisconsorcio pasivo necesario y notarios públicos,
oficiales del registro civil y en-
Por otro lado, la carencia de
una policía judicial propia del poder
para ejecutar sus resoluciones oportunamente, resguardar los recintos
y al personal que en los mismos labora, deja al judicial y a la ejecución
de sus resoluciones a la voluntad del
ejecutivo, cuando es necesario el
auxilio de la fuerza pública.
Dentro de este amplio marco
referencial, ubicamos el papel de los
jueces y, la concepción que se da a
los juzgadores locales como meros
intérpretes gramaticales y literales
de las disposiciones jurídicas, que
reducen o suprimen su capacidad
creativa de interpretar la legislación,
con miras a la realización de una
serie de principios axiológicos encaminados al logro de la justicia.
Así, se exige de los juzgadores locales una concepción mecánica de la función judicial, siempre
sujeta a la letra de la ley, a las tesis
jurisprudenciales o precedentes de
la justicia federal, cuando desde
el siglo XIX, multitud de juristas y
doctrinas se han pronunciado contra
esta concepción de la función judicial, como puede comprobarse con
“la jurisprudencia teleológica de
Ihering; las aportaciones de Oliver Wendell Holmes; la axiología
jurídica de Rodolfo Stammler; la
Teoría Pura del Derecho de Hans
Kelsen; la jurisprudencia sociológica norteamericana; la Escuela
alemana de la jurisprudencia
de intereses; el movimiento del
realismo jurídico de los Estados
Unidos; la Teoría Francesa de la
Institución; la Escuela Egológica
Argentina; las nuevas teorías de
Derecho procesal y muchas otras
manifestaciones del pensamiento
jurídico de muy diversas tendencias, pero todas coincidentes en
rechazar la concepción mecánica
del silogismo”2 .
En este contexto se ubican
las propuestas que a continuación
presento, motivadas por una serie
de resoluciones que conocí en apelación como magistrado ponente
de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia el año pasado.
II. Imposibilidad de resolver
el asunto planteado por ilegal
emplazamiento
Un primer grupo de juicios
civiles, en donde las resoluciones
dictadas dejaron a salvo los de17
rechos del actor por comprobar el
juez, al dictar la sentencia, que no
se había emplazado legalmente a
la parte demandada o a uno de los
demandados, los cuales habían sido
declarados rebeldes.
Uno de los citados asuntos,
por señalar un ejemplo extremoso,
se inició en 1997 y llegó en apelación en el año 2002. Lo anterior,
significó que durante cinco años el
actor sostuvo y costeó un litigio;
que los órganos judiciales dedicaran
largo tiempo a su conocimiento, interviniendo dos instancias judiciales
locales, y ese negocio tuvo para el
Estado, cierto costo. Sin embargo,
todo el tiempo y el dinero invertido
no sirvió para resolver el litigio,
pues cinco años después el mismo
se encontraba como al principio, sin
resolver.
Lo anterior, contribuye al desprestigio del poder judicial, puesto
que su majestuosa intervención
no sirvió para resolver el problema
planteado; puso de manifiesto su
ineficacia, posiblemente legalizó
corruptelas, y mostró la necesidad
de generar nuevas prácticas judiciales donde el juez asume una
18
nueva posición, ser una auténtica
autoridad, con capacidad para
regularizar un procedimiento viciado, a fin de lograr el objetivo
fundamental de impartir justicia,
declarando el derecho. De nada
sirvió la celebración de audiencias, el ofrecimiento y desahogo
de pruebas y los alegatos a cargo
de las partes, así como la mecánica del aparato judicial.
Basado en lo someramen
te expuesto, resulta conveniente
y por ello lo propongo, que el juez,
antes de señalar fecha para la celebración de la audiencia prevista
en el artículo 219 del Código de
Procedimientos Civiles de nuestra
entidad, efectivamente verifique
si las partes demandadas han
sido debidamente emplazadas y
así lo señale en el auto en que
se fije fecha para la celebración
de la citada audiencia, si han
sido legalmente emplazadas las
partes demandadas, u ordene en
dicho auto nuevo emplazamiento
en caso contrario, y no esperar
hasta el dictado de la sentencia
para verificar si la demandada ha
sido legalmente llamada a juicio,
a través del emplazamiento.
De esta manera se limpiaría o
regularizaría oportunamente el procedimiento viciado, y las subsiguientes
actuaciones estarían encaminadas
a la solución del conflicto. Ningún
objeto tiene seguir un procedimiento
viciado de origen por ilegal emplazamiento, como tampoco se justifica
que sea hasta el momento del dictado
de la sentencia, que se verifique si las
partes demandadas fueron legalmente emplazadas. Debe recomendarse
la imprescindible observancia de lo
dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 220 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que ordena: “... para hacer la
declaración en rebeldía, el juez
examinará escrupulosamente si
las notificaciones precedentes
están hechas al demandado en la
forma legal, si el demandante no señaló casa en el lugar del juicio, y si el
demandado quebrantó el arraigo”.
También debe considerarse,
que aunque todavía no es común la
reclamación de daños y perjuicios y
la imposición de multas o la responsabilidad penal, a quienes incurren
en la falta o indebida notificación,
ya se prevén estos aspectos en los
artículos 80 y 81 de nuestro Código
de Procedimientos Civiles que a la
letra dicen:
“Artículo 80. Si se probare que no se hizo la notificación
personalmente, compareciendo la
parte al tribunal con ese objeto,
será responsable el secretario o la
persona que debió hacer aquélla de
los daños y perjuicios, y se le impondrá, además, una multa equivalente
hasta por diez días del salario que
devengue el servidor público responsable, sin perjuicio de otras penas
que merezca conforme al Código
Penal”
Artículo 81. Se notificarán
per sonalmente los emplazamientos
para contestar una demanda, para
posiciones o reconocimiento de firmas y documentos, libros o papeles
y cuando se haga saber el envío de
los autos a otro tribunal, así como
cuando en el juicio se haya dejado
de actuar por más de noventa días
naturales.
En todos los casos, las notificaciones al Ministerio Público serán
personales; la contravención de esta
disposición se hará del conocimiento
del Procurador General de Justicia
19
rechos del actor por comprobar el
juez, al dictar la sentencia, que no
se había emplazado legalmente a
la parte demandada o a uno de los
demandados, los cuales habían sido
declarados rebeldes.
Uno de los citados asuntos,
por señalar un ejemplo extremoso,
se inició en 1997 y llegó en apelación en el año 2002. Lo anterior,
significó que durante cinco años el
actor sostuvo y costeó un litigio;
que los órganos judiciales dedicaran
largo tiempo a su conocimiento, interviniendo dos instancias judiciales
locales, y ese negocio tuvo para el
Estado, cierto costo. Sin embargo,
todo el tiempo y el dinero invertido
no sirvió para resolver el litigio,
pues cinco años después el mismo
se encontraba como al principio, sin
resolver.
Lo anterior, contribuye al desprestigio del poder judicial, puesto
que su majestuosa intervención
no sirvió para resolver el problema
planteado; puso de manifiesto su
ineficacia, posiblemente legalizó
corruptelas, y mostró la necesidad
de generar nuevas prácticas judiciales donde el juez asume una
18
nueva posición, ser una auténtica
autoridad, con capacidad para
regularizar un procedimiento viciado, a fin de lograr el objetivo
fundamental de impartir justicia,
declarando el derecho. De nada
sirvió la celebración de audiencias, el ofrecimiento y desahogo
de pruebas y los alegatos a cargo
de las partes, así como la mecánica del aparato judicial.
Basado en lo someramen
te expuesto, resulta conveniente
y por ello lo propongo, que el juez,
antes de señalar fecha para la celebración de la audiencia prevista
Procedimientos Civiles de nuestra
entidad, efectivamente verifique
si las partes demandadas han
sido debidamente emplazadas y
así lo señale en el auto en que
se fije fecha para la celebración
de la citada audiencia, si han
sido legalmente emplazadas las
partes demandadas, u ordene en
dicho auto nuevo emplazamiento
en caso contrario, y no esperar
hasta el dictado de la sentencia
para verificar si la demandada ha
sido legalmente llamada a juicio,
a través del emplazamiento.
De esta manera se limpiaría o
regularizaría oportunamente el procedimiento viciado, y las subsiguientes
actuaciones estarían encaminadas
a la solución del conflicto. Ningún
objeto tiene seguir un procedimiento
viciado de origen por ilegal emplazamiento, como tampoco se justifica
que sea hasta el momento del dictado
de la sentencia, que se verifique si las
partes demandadas fueron legalmente emplazadas. Debe recomendarse
la imprescindible observancia de lo
dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 220 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que ordena: “... para hacer la
declaración en rebeldía, el juez
examinará escrupulosamente si
las notificaciones precedentes
están hechas al demandado en la
forma legal, si el demandante no señaló casa en el lugar del juicio, y si el
demandado quebrantó el arraigo”.
También debe considerarse,
que aunque todavía no es común la
reclamación de daños y perjuicios y
la imposición de multas o la responsabilidad penal, a quienes incurren
en la falta o indebida notificación,
ya se prevén estos aspectos en los
artículos 80 y 81 de nuestro Código
de Procedimientos Civiles que a la
letra dicen:
“Artículo 80. Si se probare que no se hizo la notificación
personalmente, compareciendo la
parte al tribunal con ese objeto,
será responsable el secretario o la
persona que debió hacer aquélla de
los daños y perjuicios, y se le impondrá, además, una multa equivalente
hasta por diez días del salario que
devengue el servidor público responsable, sin perjuicio de otras penas
que merezca conforme al Código
Penal”
Artículo 81. Se notificarán
per sonalmente los emplazamientos
para contestar una demanda, para
posiciones o reconocimiento de firmas y documentos, libros o papeles
y cuando se haga saber el envío de
los autos a otro tribunal, así como
cuando en el juicio se haya dejado
de actuar por más de noventa días
naturales.
En todos los casos, las notificaciones al Ministerio Público serán
personales; la contravención de esta
disposición se hará del conocimiento
del Procurador General de Justicia
19
del Estado, para que proceda conforme a derecho en contra de quien
resulte responsable.”
No debemos olvidar que un
mal emplazamiento o notificación
personal, es atribuible al órgano
judicial, al cual, en un tiempo no
lejano, le serán exigidos el pago
de daños y perjuicios ocasionados
por la indebida actuación de sus
integrantes. Las tendencias neoliberales que intentan y han logrado en parte desplazar al Estado,
reduciendo las atribuciones de los
poderes públicos, trasladándolas
a organismos mixtos o privados, y
transformando la concepción de la
jurisdicción como función soberana
por un servicio público, apunta a las
responsabilidades de los servidores
judiciales por el mal funcionamiento
de la impartición de justicia.
El avance de la doctrina en
este aspecto es relevante, solo a
guisa de ejemplo, a continuación
listo una serie de rubros tratados
por Guido Santiago Tawil y por
Faustino Cordón en sus respectivas
obras:
- La responsabilidad del
Estado por error judicial y
anormal funcionamiento de
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
la administración de justicia.
La responsabilidad del Estado por error judicial.
Error de hecho y error de
derecho.
La responsabilidad del Estado por el anormal funcionamiento de la administración
de justicia.
Delimitación del concepto
de funcionamiento anormal
de la administración de justicia.
La lentitud en la tramitación
de los expedientes judiciales como supuesto de anormal funcionamiento de la
administración de justicia3 .
La responsabilidad del Estado por el ejercicio de la
jurisdicción.
Responsabilidad por error
judicial.
Responsabilidad por el funcionamiento anormal de la
Responsabilidad por prisión
preventiva injusta4 .
III. Litisconsorcio pasivo necesario y notarios públicos,
oficiales del registro civil y en-
Por otro lado, la carencia de
una policía judicial propia del poder
para ejecutar sus resoluciones oportunamente, resguardar los recintos
y al personal que en los mismos labora, deja al judicial y a la ejecución
de sus resoluciones a la voluntad del
ejecutivo, cuando es necesario el
auxilio de la fuerza pública.
Dentro de este amplio marco
referencial, ubicamos el papel de los
jueces y, la concepción que se da a
los juzgadores locales como meros
intérpretes gramaticales y literales
de las disposiciones jurídicas, que
reducen o suprimen su capacidad
creativa de interpretar la legislación,
con miras a la realización de una
serie de principios axiológicos encaminados al logro de la justicia.
Así, se exige de los juzgadores locales una concepción mecánica de la función judicial, siempre
sujeta a la letra de la ley, a las tesis
jurisprudenciales o precedentes de
la justicia federal, cuando desde
el siglo XIX, multitud de juristas y
doctrinas se han pronunciado contra
esta concepción de la función judicial, como puede comprobarse con
“la jurisprudencia teleológica de
Ihering; las aportaciones de Oliver Wendell Holmes; la axiología
jurídica de Rodolfo Stammler; la
Teoría Pura del Derecho de Hans
Kelsen; la jurisprudencia sociológica norteamericana; la Escuela
alemana de la jurisprudencia
de intereses; el movimiento del
realismo jurídico de los Estados
Unidos; la Teoría Francesa de la
Institución; la Escuela Egológica
Argentina; las nuevas teorías de
Derecho procesal y muchas otras
manifestaciones del pensamiento
jurídico de muy diversas tendencias, pero todas coincidentes en
rechazar la concepción mecánica
del silogismo”2 .
En este contexto se ubican
las propuestas que a continuación
presento, motivadas por una serie
de resoluciones que conocí en apelación como magistrado ponente
de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia el año pasado.
II. Imposibilidad de resolver
el asunto planteado por ilegal
emplazamiento
Un primer grupo de juicios
civiles, en donde las resoluciones
dictadas dejaron a salvo los de17
Ponente: José Rojas Aja. Secretario:
Arnulfo Moreno Flores.
de rubro «LITISCONSORCIO PASIVO
NECESARIO. DEBE ESTUDIARSE DE
OFICIO.».
cargados del registro público
de la propiedad
y se dio curso a la reconvención
como fue planteada. Se celebraron
las audiencias respectivas, y al dictar
sentencia se resolvió dejar a salvo
los derechos de las partes, por no
haberse integrado el litisconsorcio
pasivo necesario, debido a que el
reconvencionista omitió demandar
a uno de los notarios como ya se
dejó asentado.
Amparo directo 6503/94. Noemí Muciño
viuda de Segura, por sí y como alba- 3. Novena Época. Instancia: Pricea de la sucesión de Moisés Segura mera Sala. Fuente: Semanario Judicial
Segura. 12 de enero de
de la Federación y su
1995. Unanimidad de voGaceta. Tomo: XIV, Ditos. Ponente: José Rojas
...enfrentamos
ciembre de 2001. Tesis:
Aja. Secretario: Francisco
la creciente proble1a./J. 79/2001. Página:
Sánchez Planells.
mática judicial con
60.
El litisconsorcio pasivo necesario es el problema del segundo
grupo de juicios que en apelación
conocí en la Sexta Sala.
Amparo en revisión
LITISCONSORCIO PAsivo, para el presente
983/95. Rodolfo Tenorio
SIVO NECESARIO. LA
año del 0.81% del prePérez y otros. 22 de junio
PROTECCIÓN CONSsupuesto estatal, ...
de 1995. Unanimidad de
TITUCIONAL QUE SE
votos. Ponente: José Luis
OTORGA A UN LITISGarcía Vasco. Secretario: Miguel Angel CONSORTE QUE SÍ FUE LLAMADO A
Castañeda Niebla.
JUICIO Y QUE IMPUGNÓ EL HECHO
DE QUE OTRO NO HAYA SIDO EMPLAAmparo directo 5523/95. Inmobi- ZADO, DEBE SER PARA EL EFECTO
liaria Cumbres, S.A. 26 de octubre de DE QUE SE DEJE INSUBSISTENTE LA
1995. Unanimidad de votos. Ponente: SENTENCIA RECLAMADA Y LA AUJosé Luis García Vasco. Secretario: TORIDAD RESPONSABLE DICTE UNA
Guillermo Campos Osorio.
NUEVA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE
REVOQUE LA DE PRIMERA INSTANCIA,
Amparo directo 1343/96. Matías Sán- DEJÁNDOSE A SALVO LOS DERECHOS
chez Capultitla. 22 de marzo de 1996. DE LAS PARTES. Conforme a lo disUnanimidad de votos. Ponente: José puesto en el artículo 80 de la Ley de
Luis García Vasco. Secretario: Raúl Amparo, la sentencia que conceda la
Angulo Garfias.
protección constitucional tendrá por
efecto restituir al agraviado en el pleno
Véase: Semanario Judicial de la Fe- goce de la garantía individual violada,
deración y su Gaceta, Novena Época, restableciendo las cosas al estado que
Tomo VIII, agosto de 1998, página guardaban antes de la violación. Ante
63, tesis por contradicción P./J. 40/98 ello, si quien acude al amparo es el li-
Lo anterior, me produjo la
sensación de legalizar chicanas, de
resolver a favor de quien o quienes
por ignorancia o mala fe plantean
mal un asunto, y en lugar de cargar
las consecuencias negativas que de
También tomando un ejem- dicho planteamiento les ocasiona,
plo, se admitió la demanda, se se les favorece con la resolución
ordenó emplazar al demandado, y dictada. Estos asuntos los traigo a
éste dentro del término, contestó colación en virtud de las tesis jurisla demanda oponiendo excepciones prudenciales y aisladas de los Tribuy reconviniendo al actor y a uno de nales Federales que a continuación
cito como meros
los dos notarios que in... la desigualdad ejemplos.
tervinieron en la confección de los instrumentos y desequilibrio en la di1. Novena Épocitados, la nulidad del visión de poderes hace, ca.
Instancia:
TERCER
contrato y de los con- al judicial, un poder soTRIBUNAL COLEGIAvenios modificatorios, metido al legislativo y al DO EN MATERIA CIes decir, no demandó a ejecutivo.
VIL DEL SEGUNDO
un notario. Se tuvo por
CIRCUITO. Fuente:
contestada la demanSemanario Judicial
da haciendo valer las
Gaceta. Tomo: XII,
excepciones opuestas,
un presupuesto ofen-
24
En términos generales, se
trataba de demandas ordinarias
mercantiles, fundadas en el incumplimiento del contrato de apertura
de crédito con garantía hipotecaria,
y convenios modificatorios confeccionados ante diversos notarios
públicos.
21
Diciembre de 2000. Tesis: II.3o.C.
J/1. Página: 1256.
NULIDAD. ESTUDIO IMPROCEDENTE
DE LA INTENTADA EN VÍA DE EXCEPCIÓN Y DE RECONVENCIÓN, CUANDO
EXISTE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO Y SE OMITE LLAMAR A LAS
PARTES A JUICIO. Cuando en un juicio
el demandado al contestar opone la
excepción de nulidad del contrato del
actor celebrado con un tercero, que no
es llamado a juicio y al mismo tiempo
reconviene la nulidad de ese título, es
obvio que no puede hacerse pronunciamiento sobre la nulidad planteada
vía reconvención, dado que no se llamó
a juicio al tercero que intervino en ese
acto jurídico que se tilda de nulo y este
mismo razonamiento impide resolver
con relación a la acción principal, pues
necesariamente tiene que estudiarse
enfrentándola con las excepciones
opuestas, entre ellas, la de nulidad del
contrato referido. Consecuentemente, ante la íntima relación existente
entre la excepción de nulidad con la
reconvención también de nulidad, del
título del actor, es evidente que a la
autoridad no le es dable analizar la nulidad invocada tanto como excepción,
como en vía de reconvención, pues es
necesario llamar a juicio a todos los
litisconsortes para darles oportunidad
de defenderse, aun en la hipótesis de
que la excepción resultara infundada
22
y por lo mismo válido el contrato base
de la acción principal, lo que daría lugar
a estimar que no se afectó el interés
de los terceros no llamados a juicio,
pues es indudable que eso lo conoce
el juzgador hasta el dictado de la sentencia, pero podría suceder lo contrario,
que se declarara procedente la nulidad
invocada como excepción, y entonces
se daría el supuesto de declarar nulo
el contrato, aunque fuera sólo para
efectos de destruir la acción, sin haber
escuchado a todos los que intervinieron
en ese acto, con la consecuente violación a la garantía de audiencia, prevista
en el artículo 16 constitucional.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Amparo directo 518/99. Anastacio Rodríguez Vivero. 16 de mayo de 2000.
Unanimidad de votos. Ponente: Raúl
Solís Solís. Secretaria: Elizabeth Serrato
Guiza.
Amparo directo 28/2000. Javier Mendoza Tamayo. 27 de junio de 2000.
Unanimidad de votos. Ponente: Ana
María Serrano Oseguera de Torres.
Secretario: José Antonio Franco Vera.
Amparo directo 527/99. Alicia Salcedo
Mora. 22 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís.
Secretaria: Elizabeth Serrato Guiza.
Amparo directo 528/99. Flavio Sánchez López. 22 de agosto de 2000.
Solís Solís. Secretaria: Elizabeth Serrato Guiza.
Amparo directo 211/2000. María Isabel Álvarez del Castillo de Ruiz. 26 de
septiembre de 2000. Unanimidad de
votos. Ponente: Ana María Serrano
Oseguera de Torres. Secretaria: Zulia
Piña Reyna.
Nota: Sobre el tema tratado existe
denuncia de contradicción número
16/2002, pendiente de resolver en la
Primera Sala.
2. Novena Época. Instancia:
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tomo:
III, Mayo de 1996. Tesis: I.3o.C. J/6.
Página: 519.
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO SE DA, ES OBLIGACION
DEL TRIBUNAL ANALIZAR OFICIOSAMENTE SI SE LLAMO A JUICIO
A TODOS LOS INTEGRANTES DEL.
Cuando se reclama por un tercero la
nulidad de una compraventa y de la
escritura donde ésta se protocolizó, sin
demandarse a la persona que aparece
como vendedor, ni al notario que realizó
la protocolización, no obstante darse la
figura jurídica del litisconsorcio pasivo
necesario, no puede dictarse sentencia
que declare la nulidad, porque no han
sido llamados a juicio todos los que
tienen interés en el mismo, ya que las
partes vendedora y compradora, así
como el notario, se encuentran vinculados en la relación jurídica que generó
el contrato y su protocolización, por lo
que no sería posible decretar la nulidad
únicamente respecto de la compradora,
única llamada a juicio; debiéndose, por
ende, dar oportunidad de intervenir a
todos en juicio, para que así puedan
hacer valer las defensas pertinentes y
puedan quedar obligadas legalmente
por la sentencia que sobre el particular
llegara a dictarse, porque si se pronunciara sentencia con relación a una sola
persona, no tendría por sí misma ningún
valor, ni podría resolver legalmente la
litis. Estas circunstancias llevan a considerar que el tribunal de alzada, puede
de oficio analizar si se llamó a juicio a
los integrantes del litisconsorcio pasivo
necesario, a fin de resolver lo conducente, aun cuando nada se alegue sobre el
particular en los agravios.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1263/94. Pedro Galicia
Noguerón o Castañeda y otras. 29 de
marzo de 1994. Unanimidad de votos.
23
Diciembre de 2000. Tesis: II.3o.C.
J/1. Página: 1256.
NULIDAD. ESTUDIO IMPROCEDENTE
DE LA INTENTADA EN VÍA DE EXCEPCIÓN Y DE RECONVENCIÓN, CUANDO
EXISTE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO Y SE OMITE LLAMAR A LAS
PARTES A JUICIO. Cuando en un juicio
el demandado al contestar opone la
excepción de nulidad del contrato del
actor celebrado con un tercero, que no
es llamado a juicio y al mismo tiempo
reconviene la nulidad de ese título, es
obvio que no puede hacerse pronunciamiento sobre la nulidad planteada
vía reconvención, dado que no se llamó
a juicio al tercero que intervino en ese
acto jurídico que se tilda de nulo y este
mismo razonamiento impide resolver
con relación a la acción principal, pues
necesariamente tiene que estudiarse
enfrentándola con las excepciones
opuestas, entre ellas, la de nulidad del
contrato referido. Consecuentemente, ante la íntima relación existente
entre la excepción de nulidad con la
reconvención también de nulidad, del
título del actor, es evidente que a la
autoridad no le es dable analizar la nulidad invocada tanto como excepción,
como en vía de reconvención, pues es
necesario llamar a juicio a todos los
litisconsortes para darles oportunidad
de defenderse, aun en la hipótesis de
que la excepción resultara infundada
22
y por lo mismo válido el contrato base
de la acción principal, lo que daría lugar
a estimar que no se afectó el interés
de los terceros no llamados a juicio,
pues es indudable que eso lo conoce
el juzgador hasta el dictado de la sentencia, pero podría suceder lo contrario,
que se declarara procedente la nulidad
invocada como excepción, y entonces
se daría el supuesto de declarar nulo
el contrato, aunque fuera sólo para
efectos de destruir la acción, sin haber
escuchado a todos los que intervinieron
en ese acto, con la consecuente violación a la garantía de audiencia, prevista
en el artículo 16 constitucional.
Amparo directo 518/99. Anastacio Rodríguez Vivero. 16 de mayo de 2000.
Solís Solís. Secretaria: Elizabeth Serrato
Guiza.
Amparo directo 28/2000. Javier Mendoza Tamayo. 27 de junio de 2000.
María Serrano Oseguera de Torres.
Secretario: José Antonio Franco Vera.
Amparo directo 527/99. Alicia Salcedo
Mora. 22 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís.
Secretaria: Elizabeth Serrato Guiza.
Amparo directo 528/99. Flavio Sánchez López. 22 de agosto de 2000.
Solís Solís. Secretaria: Elizabeth Serrato Guiza.
Amparo directo 211/2000. María Isabel Álvarez del Castillo de Ruiz. 26 de
septiembre de 2000. Unanimidad de
votos. Ponente: Ana María Serrano
Oseguera de Torres. Secretaria: Zulia
Piña Reyna.
Nota: Sobre el tema tratado existe
denuncia de contradicción número
16/2002, pendiente de resolver en la
Primera Sala.
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial
III, Mayo de 1996. Tesis: I.3o.C. J/6.
Página: 519.
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO SE DA, ES OBLIGACION
DEL TRIBUNAL ANALIZAR OFICIOSAMENTE SI SE LLAMO A JUICIO
A TODOS LOS INTEGRANTES DEL.
Cuando se reclama por un tercero la
nulidad de una compraventa y de la
escritura donde ésta se protocolizó, sin
demandarse a la persona que aparece
como vendedor, ni al notario que realizó
la protocolización, no obstante darse la
figura jurídica del litisconsorcio pasivo
necesario, no puede dictarse sentencia
que declare la nulidad, porque no han
sido llamados a juicio todos los que
tienen interés en el mismo, ya que las
partes vendedora y compradora, así
como el notario, se encuentran vinculados en la relación jurídica que generó
el contrato y su protocolización, por lo
que no sería posible decretar la nulidad
únicamente respecto de la compradora,
única llamada a juicio; debiéndose, por
ende, dar oportunidad de intervenir a
todos en juicio, para que así puedan
hacer valer las defensas pertinentes y
puedan quedar obligadas legalmente
por la sentencia que sobre el particular
llegara a dictarse, porque si se pronunciara sentencia con relación a una sola
persona, no tendría por sí misma ningún
valor, ni podría resolver legalmente la
litis. Estas circunstancias llevan a considerar que el tribunal de alzada, puede
de oficio analizar si se llamó a juicio a
los integrantes del litisconsorcio pasivo
necesario, a fin de resolver lo conducente, aun cuando nada se alegue sobre el
particular en los agravios.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 1263/94. Pedro Galicia
Noguerón o Castañeda y otras. 29 de
marzo de 1994. Unanimidad de votos.
23
Ponente: José Rojas Aja. Secretario:
Arnulfo Moreno Flores.
de rubro «LITISCONSORCIO PASIVO
NECESARIO. DEBE ESTUDIARSE DE
OFICIO.».
cargados del registro público
de la propiedad
y se dio curso a la reconvención
como fue planteada. Se celebraron
las audiencias respectivas, y al dictar
sentencia se resolvió dejar a salvo
los derechos de las partes, por no
haberse integrado el litisconsorcio
pasivo necesario, debido a que el
reconvencionista omitió demandar
a uno de los notarios como ya se
dejó asentado.
Amparo directo 6503/94. Noemí Muciño
viuda de Segura, por sí y como alba- 3. Novena Época. Instancia: Pricea de la sucesión de Moisés Segura mera Sala. Fuente: Semanario Judicial
Segura. 12 de enero de
1995. Unanimidad de voGaceta. Tomo: XIV, Ditos. Ponente: José Rojas
...enfrentamos
ciembre de 2001. Tesis:
Aja. Secretario: Francisco
la creciente proble1a./J. 79/2001. Página:
Sánchez Planells.
mática judicial con
60.
El litisconsorcio pasivo necesario es el problema del segundo
grupo de juicios que en apelación
conocí en la Sexta Sala.
Amparo en revisión
LITISCONSORCIO PAsivo, para el presente
983/95. Rodolfo Tenorio
SIVO NECESARIO. LA
año del 0.81% del prePérez y otros. 22 de junio
PROTECCIÓN CONSsupuesto estatal, ...
de 1995. Unanimidad de
TITUCIONAL QUE SE
votos. Ponente: José Luis
OTORGA A UN LITISGarcía Vasco. Secretario: Miguel Angel CONSORTE QUE SÍ FUE LLAMADO A
Castañeda Niebla.
JUICIO Y QUE IMPUGNÓ EL HECHO
DE QUE OTRO NO HAYA SIDO EMPLAAmparo directo 5523/95. Inmobi- ZADO, DEBE SER PARA EL EFECTO
liaria Cumbres, S.A. 26 de octubre de DE QUE SE DEJE INSUBSISTENTE LA
1995. Unanimidad de votos. Ponente: SENTENCIA RECLAMADA Y LA AUJosé Luis García Vasco. Secretario: TORIDAD RESPONSABLE DICTE UNA
Guillermo Campos Osorio.
Amparo directo 1343/96. Matías Sán- DEJÁNDOSE A SALVO LOS DERECHOS
chez Capultitla. 22 de marzo de 1996. DE LAS PARTES. Conforme a lo disUnanimidad de votos. Ponente: José puesto en el artículo 80 de la Ley de
Luis García Vasco. Secretario: Raúl Amparo, la sentencia que conceda la
Angulo Garfias.
protección constitucional tendrá por
efecto restituir al agraviado en el pleno
Véase: Semanario Judicial de la Fe- goce de la garantía individual violada,
deración y su Gaceta, Novena Época, restableciendo las cosas al estado que
Tomo VIII, agosto de 1998, página guardaban antes de la violación. Ante
63, tesis por contradicción P./J. 40/98 ello, si quien acude al amparo es el li-
Lo anterior, me produjo la
sensación de legalizar chicanas, de
resolver a favor de quien o quienes
por ignorancia o mala fe plantean
mal un asunto, y en lugar de cargar
las consecuencias negativas que de
También tomando un ejem- dicho planteamiento les ocasiona,
plo, se admitió la demanda, se se les favorece con la resolución
ordenó emplazar al demandado, y dictada. Estos asuntos los traigo a
éste dentro del término, contestó colación en virtud de las tesis jurisla demanda oponiendo excepciones prudenciales y aisladas de los Tribuy reconviniendo al actor y a uno de nales Federales que a continuación
cito como meros
los dos notarios que in... la desigualdad ejemplos.
tervinieron en la confección de los instrumentos y desequilibrio en la di1. Novena Épocitados, la nulidad del visión de poderes hace, ca.
Instancia:
TERCER
contrato y de los con- al judicial, un poder soTRIBUNAL COLEGIAvenios modificatorios, metido al legislativo y al DO EN MATERIA CIes decir, no demandó a ejecutivo.
VIL DEL SEGUNDO
un notario. Se tuvo por
CIRCUITO. Fuente:
contestada la demanSemanario Judicial
da haciendo valer las
Gaceta. Tomo: XII,
excepciones opuestas,
un presupuesto ofen-
24
En términos generales, se
trataba de demandas ordinarias
mercantiles, fundadas en el incumplimiento del contrato de apertura
de crédito con garantía hipotecaria,
y convenios modificatorios confeccionados ante diversos notarios
públicos.
21
consorcio, cuando varias personas ralidad de partes que presume
ejercitan una acción contra un solo el litisconsorcio, se refiere a las
demandado, cuando una persona partes en el sentido material.
demanda a varias, y cuando dos o Aunque haya varias en el sentido
más demandan a dos o más perso- formal, no por ello habrá litisconnas. Agregando que, el litisconsorcio sorcio. Por ejemplo, cuando el tutor
puede ser voluntario o necesario. Es ejercita una acción en nombre de
voluntario si se lleva a cabo en uso su pupilo o el síndico en nombre de
de una facultad que otorgue la ley la quiebra.
para promoverlo; es necesario u
obligatorio, cuando el proceso no Sobre el concepto de parte,
puede iniciarse validamente, sino José Becerra Bautista afirma que
en la forma de litisconsorcio porque es la persona que exige del órgano
jurisdiccional, la
las cuestiones jurídicas que en él se
ventilan afectan a
aplicación de una
... dar el papel que
más de dos personorma sustantiva a
le
corresponde
a
todo
juznas, de tal manera
un caso concreto,
gador, cuyos actos están
que no sea posible
en interés propio o
fundados en la soberanía
pronunciar sentenajeno.
estatal.
cia válida y eficaz
sin oírlas a todas
Siguienellas. Por ejemplo,
do
esta
idea,
si se demanda la
D’Onofrio distingue entre parte
nulidad de una sociedad, hay que material, que es aquella en cuyo
ejercitar la acción en contra de to- interés o contra el cual se provoca la
dos los socios. De no hacerlo así, el intervención del poder jurisdiccional,
fallo es nulo por no haber sido oídos y parte en sentido formal, que es
los socios de los que se omitió su aquella que actúa en juicio pero sin
emplazamiento.
que recaiga en ella, los efectos de
la sentencia11 .
A continuación el propio
Eduardo Pallares señala un aspecEl primero, mediante la acto que considero relevante para el ción, pide de los órganos jurisdicproblema que nos ocupa. La plu28
tisconsorte que sí fue llamado a juicio e
impugna el que otra persona -que goza
de esa calidad- no fue emplazado al
juicio, los efectos del fallo protector se
traducen en que se deje insubsistente
la sentencia reclamada, y la autoridad
responsable dicte una nueva resolución
en la que se revoque la de primera instancia, dejándose a salvo los derechos
de las partes.
Contradicción de tesis 76/2000. Entre
las sustentadas por el Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Tercer
Circuito y Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito.
2 de mayo de 2001. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús
Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo
suyo el asunto Juan N. Silva Meza.
Secretaria: Andrea Nava Fernández
del Campo.
Tesis de jurisprudencia 79/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de quince de agosto
de dos mil uno, por unanimidad de
cuatro votos de los señores Ministros:
presidente en funciones Juventino V.
Castro y Castro, Humberto Román
Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Nota: Esta tesis aparece publicada en
el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV,
noviembre de 2001, página 14; por instrucciones de la Primera Sala se publica
nuevamente con la votación correcta en
el precedente.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL
SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VI, Agosto de 1997. Tesis:
VI.2o.143 C. Página: 754.
LITISCONSORTE, APELACIÓN DEL. LA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
PUEDE AFECTAR A TODOS LOS LITISCONSORTES, AUN CUANDO SÓLO UNO
DE ELLOS HAYA APELADO. Existe litisconsorcio pasivo cuando se ejercita una
acción en contra de varias personas.
El litisconsorcio pasivo es necesario,
cuando la acción en contra de cada uno
de los demandados no podría ejercitarse en juicios separados, sino que es
preciso desplegarla en uno solo, por la
vinculación que todos ellos tienen en la
relación jurídica sustancial. Tratándose
de la acción ejecutiva mercantil, ésta,
por su naturaleza intrínseca, exige una
vinculación tal de todos los suscriptores
del título de crédito en que se funda el
ejercicio de dicha acción, que los que
figuran como demandados forman un
litisconsorcio pasivo necesario; en consecuencia, la sentencia definitiva que se
pronuncie en el juicio, tiene que ser una
25
sola y comprender a todos, aun cuando
sólo uno de ellos haya apelado, dado
que en estos casos, el resultado del
recurso repercute sobre la totalidad de
los codemandados, sin que la sentencia
de primer grado pueda ser válida para
los litisconsortes que no recurrieron,
dada la unicidad referida.
SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 308/97. Gloria Gil Aburto. 18 de junio de 1997. Unanimidad
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel. Secretario: Humberto Schettino
Reyna.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda
Parte-1, página 287, tesis de rubro:
«LITISCONSORTE, APELACIÓN DEL. LA
DE ELLOS HAYA APELADO.».
Nota: Por ejecutoria de fecha 16 de
abril de 1999, la Primera Sala declaró
inexistente la contradicción de tesis
59/97 en que había participado el presente criterio.
Pleno. Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII,
Agosto de 1998. Tesis: P./J. 40/98. Página: 63.
26
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO.
El litisconsorcio pasivo necesario tiene
lugar, entre otros supuestos, cuando
un tercero demanda la nulidad del
contrato en cuya celebración y, en
su caso, formalización, intervinieron
varias personas. Luego, si el efecto
principal del litisconsorcio pasivo necesario, es que sólo puede haber una
sentencia para todos los litisconsortes,
es claro que se debe llamar a juicio a
todos los contratantes y, en su caso, al
notario, por lo que el tribunal de alzada
está en posibilidad de realizar oficiosamente el examen correspondiente, a
fin de no dejar inaudito a ninguno de
los interesados.
Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Séptimo Circuito.
14 de marzo de 1996. Unanimidad de
nueve votos. Ausentes: Juventino V.
Castro y Castro y Humberto Román
Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretario: Rodolfo Bandala Ávila.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada
celebrada el seis de agosto en curso,
aprobó, con el número 40/1998,
la tesis jurisprudencial que antecede.
México, Distrito Federal, a seis de
agosto de mil novecientos noventa y
ocho.
Litisconsorcio es un término
compuesto que etimológica mente
proviene de los vocablos latinos
“lis-litis, litigio y consortium-ii” que
significa participación y comunión
de una misma suerte5 .
En tanto, el litisconsorte, es,
de acuerdo con Pedro Flores Polo,
el que litiga por la misma causa o
interés por beneficiarle o perjudicarle la resolución que se dicte6 .
El litisconsorcio fue conocido y razonado por el Derecho
Romano, como la situación que se
presentaba en caso de pluralidad
de partes en un negocio o litigio,
llamando “litis consortium activa”
cuando había varios demandantes;
“litis consortium pasiva” si eran
varios los deudores, y “litis consortium mixta” con varios acreedores y varios deudores7 . también
llamada compleja por Francisco
Carnelutti8 .
Sobre el particular se aclaraba que, “en todo juicio existen dos
partes, la actora y la demandada;
sin embargo, esto no quiere decir
que únicamente son dos las personas las que actúan en el proceso, ya
que cualquiera de estas partes puede conformarse por varios individuos
que tienen la misma pretensión, respecto del mismo hecho o situación y
con relación al mismo demandado;
o que sean varios a los que se les
reclame determinada prestación.
Cuando se presenta tal pluralidad
en la actora o en la demandada se
denomina Litis Consortium9 .
El litisconsorcio es pues, la
situación en que se encuentran
diversas personas que actúan en
defensa de un interés común como
actores (litis consorcio activo) o
demandados (litisconsorcio pasivo)
y a quienes puede afectar la resolución que se pronuncie. De aquí
que sea necesaria la participación
de todos los sujetos de la relación
jurídica substancial controvertida en
el procedimiento para que la sentencia dictada tenga eficacia sobre las
citadas personas10 .
Eduardo Pallares sostiene que
el Litisconsorcio, en general, es una
de las modalidades del proceso que
consiste en la pluralidad de actores o
demandados. Por lo tanto, hay litis27
sola y comprender a todos, aun cuando
sólo uno de ellos haya apelado, dado
que en estos casos, el resultado del
recurso repercute sobre la totalidad de
los codemandados, sin que la sentencia
de primer grado pueda ser válida para
los litisconsortes que no recurrieron,
dada la unicidad referida.
SEXTO CIRCUITO.
Amparo directo 308/97. Gloria Gil Aburto. 18 de junio de 1997. Unanimidad
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel. Secretario: Humberto Schettino
Reyna.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda
Parte-1, página 287, tesis de rubro:
«LITISCONSORTE, APELACIÓN DEL. LA
DE ELLOS HAYA APELADO.».
Nota: Por ejecutoria de fecha 16 de
abril de 1999, la Primera Sala declaró
inexistente la contradicción de tesis
59/97 en que había participado el presente criterio.
Pleno. Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII,
Agosto de 1998. Tesis: P./J. 40/98. Página: 63.
26
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO.
El litisconsorcio pasivo necesario tiene
lugar, entre otros supuestos, cuando
un tercero demanda la nulidad del
contrato en cuya celebración y, en
su caso, formalización, intervinieron
varias personas. Luego, si el efecto
principal del litisconsorcio pasivo necesario, es que sólo puede haber una
sentencia para todos los litisconsortes,
es claro que se debe llamar a juicio a
todos los contratantes y, en su caso, al
notario, por lo que el tribunal de alzada
está en posibilidad de realizar oficiosamente el examen correspondiente, a
fin de no dejar inaudito a ninguno de
los interesados.
Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Séptimo Circuito.
14 de marzo de 1996. Unanimidad de
nueve votos. Ausentes: Juventino V.
Castro y Castro y Humberto Román
Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza.
Secretario: Rodolfo Bandala Ávila.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada
celebrada el seis de agosto en curso,
aprobó, con el número 40/1998,
la tesis jurisprudencial que antecede.
México, Distrito Federal, a seis de
agosto de mil novecientos noventa y
ocho.
Litisconsorcio es un término
compuesto que etimológica mente
proviene de los vocablos latinos
“lis-litis, litigio y consortium-ii” que
significa participación y comunión
de una misma suerte5 .
En tanto, el litisconsorte, es,
de acuerdo con Pedro Flores Polo,
el que litiga por la misma causa o
interés por beneficiarle o perjudicarle la resolución que se dicte6 .
El litisconsorcio fue conocido y razonado por el Derecho
Romano, como la situación que se
presentaba en caso de pluralidad
de partes en un negocio o litigio,
llamando “litis consortium activa”
cuando había varios demandantes;
“litis consortium pasiva” si eran
varios los deudores, y “litis consortium mixta” con varios acreedores y varios deudores7 . también
llamada compleja por Francisco
Carnelutti8 .
Sobre el particular se aclaraba que, “en todo juicio existen dos
partes, la actora y la demandada;
sin embargo, esto no quiere decir
que únicamente son dos las personas las que actúan en el proceso, ya
que cualquiera de estas partes puede conformarse por varios individuos
que tienen la misma pretensión, respecto del mismo hecho o situación y
con relación al mismo demandado;
o que sean varios a los que se les
reclame determinada prestación.
Cuando se presenta tal pluralidad
en la actora o en la demandada se
denomina Litis Consortium9 .
El litisconsorcio es pues, la
situación en que se encuentran
diversas personas que actúan en
defensa de un interés común como
actores (litis consorcio activo) o
demandados (litisconsorcio pasivo)
y a quienes puede afectar la resolución que se pronuncie. De aquí
que sea necesaria la participación
de todos los sujetos de la relación
jurídica substancial controvertida en
el procedimiento para que la sentencia dictada tenga eficacia sobre las
citadas personas10 .
Eduardo Pallares sostiene que
el Litisconsorcio, en general, es una
de las modalidades del proceso que
consiste en la pluralidad de actores o
demandados. Por lo tanto, hay litis27
consorcio, cuando varias personas ralidad de partes que presume
ejercitan una acción contra un solo el litisconsorcio, se refiere a las
demandado, cuando una persona partes en el sentido material.
demanda a varias, y cuando dos o Aunque haya varias en el sentido
más demandan a dos o más perso- formal, no por ello habrá litisconnas. Agregando que, el litisconsorcio sorcio. Por ejemplo, cuando el tutor
puede ser voluntario o necesario. Es ejercita una acción en nombre de
voluntario si se lleva a cabo en uso su pupilo o el síndico en nombre de
de una facultad que otorgue la ley la quiebra.
para promoverlo; es necesario u
obligatorio, cuando el proceso no Sobre el concepto de parte,
puede iniciarse validamente, sino José Becerra Bautista afirma que
en la forma de litisconsorcio porque es la persona que exige del órgano
jurisdiccional, la
las cuestiones jurídicas que en él se
ventilan afectan a
aplicación de una
... dar el papel que
más de dos personorma sustantiva a
le
corresponde
a
todo
juznas, de tal manera
un caso concreto,
gador, cuyos actos están
que no sea posible
en interés propio o
fundados en la soberanía
pronunciar sentenajeno.
estatal.
cia válida y eficaz
sin oírlas a todas
Siguienellas. Por ejemplo,
do
esta
idea,
si se demanda la
D’Onofrio distingue entre parte
nulidad de una sociedad, hay que material, que es aquella en cuyo
ejercitar la acción en contra de to- interés o contra el cual se provoca la
dos los socios. De no hacerlo así, el intervención del poder jurisdiccional,
fallo es nulo por no haber sido oídos y parte en sentido formal, que es
los socios de los que se omitió su aquella que actúa en juicio pero sin
emplazamiento.
que recaiga en ella, los efectos de
la sentencia11 .
A continuación el propio
Eduardo Pallares señala un aspecEl primero, mediante la acto que considero relevante para el ción, pide de los órganos jurisdicproblema que nos ocupa. La plu28
tisconsorte que sí fue llamado a juicio e
impugna el que otra persona -que goza
de esa calidad- no fue emplazado al
juicio, los efectos del fallo protector se
traducen en que se deje insubsistente
la sentencia reclamada, y la autoridad
responsable dicte una nueva resolución
en la que se revoque la de primera instancia, dejándose a salvo los derechos
de las partes.
Colegiado en Materia Civil del Tercer
Circuito y Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito.
2 de mayo de 2001. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús
Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo
suyo el asunto Juan N. Silva Meza.
Secretaria: Andrea Nava Fernández
del Campo.
Tesis de jurisprudencia 79/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de quince de agosto
de dos mil uno, por unanimidad de
cuatro votos de los señores Ministros:
presidente en funciones Juventino V.
Castro y Castro, Humberto Román
Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Nota: Esta tesis aparece publicada en
el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV,
noviembre de 2001, página 14; por instrucciones de la Primera Sala se publica
nuevamente con la votación correcta en
el precedente.
SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VI, Agosto de 1997. Tesis:
VI.2o.143 C. Página: 754.
LITISCONSORTE, APELACIÓN DEL. LA
DE ELLOS HAYA APELADO. Existe litisconsorcio pasivo cuando se ejercita una
acción en contra de varias personas.
El litisconsorcio pasivo es necesario,
cuando la acción en contra de cada uno
de los demandados no podría ejercitarse en juicios separados, sino que es
preciso desplegarla en uno solo, por la
vinculación que todos ellos tienen en la
relación jurídica sustancial. Tratándose
de la acción ejecutiva mercantil, ésta,
por su naturaleza intrínseca, exige una
vinculación tal de todos los suscriptores
del título de crédito en que se funda el
ejercicio de dicha acción, que los que
figuran como demandados forman un
litisconsorcio pasivo necesario; en consecuencia, la sentencia definitiva que se
pronuncie en el juicio, tiene que ser una
25
ante su notaría, registrado en su señaladas y otras similares que pooficina, despacho o dependencia, demos calificar como litisconsorcio
la figura del litisconsorcio pasivo impropio, los juzgadores resuelvan
necesario no se surte respecto a el asunto principal planteado sin
éstos, porque no se encuentran que para ello sea obstáculo el no
en comunidad jurídica respecto al haberse demandado o reconvenido
objeto litigioso, porque únicamen- a los funcionarios multicitados.
te se concretaron a actuar como
encargado o titular de la notaría,
Por otro lado, cuando efectioficina del registro civil o del registro vamente se presente litisconsorcio
público de la propiedad, asentando necesario el juzgador deberá cuidar
lo que las partes le soque se llame a juicio
... en el código de a todos los litisconlicitaron o declararon,
siendo ajenos a los comercio no encontra- sortes fundándose
supuestos actos frau- mos regulada adecua- en una interpretación
dulentos cuya nulidad damente en un capítulo amplia de los artículos
reclama o a los hechos expreso lo relativo a 13 del Código Civil,
constitutivos que hace la figura jurídica del 207, último párrafo,
valer y demanda ante litisconsorcio pasivo 209 y 213 del Código
la jurisdicción, sin los necesario,...
de Procedimientos
mismos derechos subciviles para nuestro
jetivos que ejercitar o intereses Estado.
personales que defender, no siendo
en consecuencia parte en sentido
En apoyo de lo anterior, dematerial dentro del juicio respectivo, ben tomarse en consideración, adeya que la sentencia que se pronun- más, los siguientes precedentes:
cie no podrá afectarlos en su esfera
1. Novena Época, Instancia:
jurídica.
IV. Propuesta
Atento a todo lo expuesto,
se propone que en las hipótesis
32
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Tomo: X,
Octubre de 1999, Tesis: II.2o.C.193 C,
Página: 1299
“LITISCONSORCIO PASIVO NECESA-
cionales la actividad necesaria para
dar al derecho subjetivo la plena
satisfacción que corresponde a su
titular, cuando no pudo obtener un
espontáneo cumplimiento.
El segundo, tiene también el
poder de pedir la actividad jurisdiccional, pero desde su diversa posición respecto al derecho substantivo
hecho valer en su contra.
mar que en sentido propio, parte
es a quien perjudica o beneficia
la sentencia y bajo esta hipótesis tiene un derecho sustantivo
que hacer valer, es decir, parte
en sentido material, es quien
está legitimado para ejercer
acciones a través de la demanda u oponer excepciones
al contestarla, impugnando la
pretensión del actor ejerciendo
un derecho sustantivo propio
y cuya sentencia afecta o perjudica directamente su esfera
jurídica. En otras palabras,
tiene un interés substancial,
estrechamente ligado al derecho debatido.
El Estado, mediante la sentencia del juez, es el que declara o
realiza coactivamente los intereses
individuales tutelados dentro de los
límites del derecho objetivo y, esa
sentencia será precisamente la que
afecte a la parte en sentido material
Francisco Carnelutti, indica
, bien sea actora, bien sea demanque
las
partes son los sujetos de
dada.
la litis o el negocio, y como tales
En cambio, cuando la per- partes son sujetos al proceso, en
sona que está en juicio no re- el sentido de que sufren los efectos
sulta afectada por la sentencia, del mismo, es decir el resultado
13 es parte en sentido formal, ayuda o perjudica a su interés .
pues ella permanece extraña a
En conclusión, puede afirlas consecuencias favorables o
desfavorables de la sentencia, marse que las partes en sentido
sobre el derecho substancial en material (actores y demandados)
son aquellas personas (físicas o
disputa12 .
morales) a quienes cause beneDe este modo podemos afir- ficio o pare perjuicio la sentencia
29
respectiva.
El litisconsorcio puede clasificarse desde el punto de vista
del modo en que se verifica en
voluntario o facultativo y necesario
u obligatorio.
El primero tiene lugar cuando el actor hace que varias partes
intervengan en el juicio como demandadas, porque así lo resuelve,
ya que podía ejercitar sus acciones
en procedimientos separados y obtener otras tantas sentencias separadas, como por ejemplo cuando se
ejerce la reivindicatoria contra dos
poseedores de dos partes diversas
de un mismo predio. El segundo,
se presenta cuando la obligación
de concurrir a juicio deriva de la
naturaleza del litigio, de la naturaleza de la relación jurídica substancial que constituye el objeto de
la declaración de certeza por parte
de los órganos jurisdiccionales. Es
decir, cuando existe imposibilidad
jurídica de sentenciar por separado,
respecto de varias personas, una
relación jurídica en la que puedan
resultar afectados, ya que dicha resolución sería “inutiliter data” como
la afirmaría Chiovenda14 .
30
Aclarando la expresión, Ugo
Rocco explica que con ella se alude
al hecho de que la sentencia, si no
ha sido emitida en relación con todos y con la presencia de todos los
sujetos de la relación jurídica substancial, no tendrá ningún valor15 .
Tomando en consideración
todo lo anterior, podemos preguntarnos ¿qué rol tienen o juegan los
notarios públicos, los oficiales del
registro civil, los encargados del
registro público de la propiedad, en
la relación jurídica substancial, en
que se demanda o reconviene a una
institución de crédito la nulidad del
contrato de apertura de crédito con
garantía hipotecaria o/y los convenios modificatorios, nulidad del acta
de matrimonio o de nacimiento, de
desconocimiento o reconocimiento
de la paternidad, etc. y prescripción positiva de un bien inmueble,
respectivamente?. ¿Cúal es su posición respecto a la situación jurídica
substancial? ¿Tienen algún interés
jurídico que defender? ¿Un derecho
subjetivo que ejercitar? ¿Se hallan
en comunidad jurídica respecto al
objeto litigioso? ¿Tienen los mismos
derechos?.
Considero, que no tratándose
de vicios propios por los actos levan-
tados o registrados, son ajenos al
objeto de la relación jurídica substancial16 , a la controversia planteada. Carecen de interés jurídico
propio, no tienen derechos subjetivos que ejercer. En consecuencia,
la sentencia que se pronuncie no
afecta en sentido estricto su esfera
jurídica. No reciben beneficios ni
perjuicios personales.
Su papel en el juicio es
intrascendente, por ello, el no
demandar a los notarios públicos,
oficiales del registro civil o encargados del registro público de la
propiedad en los casos citados y
en otros similares, no impide al
juzgador el pronunciamiento de la
sentencia que resuelva la cuestión
planteada.
¿Cúal sería la causa petendi
de los funcionarios citados al no
constituir, en sentido estricto, parte
en su aspecto material en el juicio
que se sigue?. No existe realmente
una relación de conexión directa
sino de accesoriedad o refleja.
El notario público, el oficial
del Registro civil o el encargado del
Registro Público de la propiedad,
son servidores públicos sin substantividad propia, que levantan, anotan
o registran actos y hechos sin que
medie interés propio acerca de la
conservación de su validez o invalidez por vicios ajenos o externos al
propio registro.
La sentencia que se dicte en
los asuntos citados tendrá un efecto reflejo hacia ellos de hacer o no
hacer. Procederán, en su caso, a la
cancelación de la escritura, del registro o de la anotación, sin resentir
perjuicio alguno, como por ejemplo
en los casos de divorcios en los que
la sentencia tiene un efecto hacia
el oficial del registro civil, sin que
por no haber sido demandado dicho
funcionario, se impida el pronunciamiento de la sentencia.
De este modo, cuando se
demanda o reconviene a una institución de crédito la nulidad del
de la paternidad, etc. y prescripción
positiva de un bien inmueble respectivamente, por haberse formalizado
31
respectiva.
El litisconsorcio puede clasificarse desde el punto de vista
del modo en que se verifica en
voluntario o facultativo y necesario
u obligatorio.
El primero tiene lugar cuando el actor hace que varias partes
intervengan en el juicio como demandadas, porque así lo resuelve,
ya que podía ejercitar sus acciones
en procedimientos separados y obtener otras tantas sentencias separadas, como por ejemplo cuando se
ejerce la reivindicatoria contra dos
poseedores de dos partes diversas
de un mismo predio. El segundo,
se presenta cuando la obligación
de concurrir a juicio deriva de la
naturaleza del litigio, de la naturaleza de la relación jurídica substancial que constituye el objeto de
la declaración de certeza por parte
de los órganos jurisdiccionales. Es
decir, cuando existe imposibilidad
jurídica de sentenciar por separado,
respecto de varias personas, una
relación jurídica en la que puedan
resultar afectados, ya que dicha resolución sería “inutiliter data” como
la afirmaría Chiovenda14 .
30
Aclarando la expresión, Ugo
Rocco explica que con ella se alude
al hecho de que la sentencia, si no
ha sido emitida en relación con todos y con la presencia de todos los
sujetos de la relación jurídica substancial, no tendrá ningún valor15 .
Tomando en consideración
todo lo anterior, podemos preguntarnos ¿qué rol tienen o juegan los
notarios públicos, los oficiales del
registro civil, los encargados del
registro público de la propiedad, en
la relación jurídica substancial, en
que se demanda o reconviene a una
institución de crédito la nulidad del
de la paternidad, etc. y prescripción positiva de un bien inmueble,
respectivamente?. ¿Cúal es su posición respecto a la situación jurídica
substancial? ¿Tienen algún interés
jurídico que defender? ¿Un derecho
subjetivo que ejercitar? ¿Se hallan
en comunidad jurídica respecto al
objeto litigioso? ¿Tienen los mismos
derechos?.
Considero, que no tratándose
de vicios propios por los actos levan-
tados o registrados, son ajenos al
objeto de la relación jurídica substancial16 , a la controversia planteada. Carecen de interés jurídico
propio, no tienen derechos subjetivos que ejercer. En consecuencia,
la sentencia que se pronuncie no
afecta en sentido estricto su esfera
jurídica. No reciben beneficios ni
perjuicios personales.
Su papel en el juicio es
intrascendente, por ello, el no
demandar a los notarios públicos,
oficiales del registro civil o encargados del registro público de la
propiedad en los casos citados y
en otros similares, no impide al
juzgador el pronunciamiento de la
sentencia que resuelva la cuestión
planteada.
¿Cúal sería la causa petendi
de los funcionarios citados al no
constituir, en sentido estricto, parte
en su aspecto material en el juicio
que se sigue?. No existe realmente
una relación de conexión directa
sino de accesoriedad o refleja.
El notario público, el oficial
del Registro civil o el encargado del
Registro Público de la propiedad,
son servidores públicos sin substantividad propia, que levantan, anotan
o registran actos y hechos sin que
medie interés propio acerca de la
conservación de su validez o invalidez por vicios ajenos o externos al
propio registro.
La sentencia que se dicte en
los asuntos citados tendrá un efecto reflejo hacia ellos de hacer o no
hacer. Procederán, en su caso, a la
cancelación de la escritura, del registro o de la anotación, sin resentir
perjuicio alguno, como por ejemplo
en los casos de divorcios en los que
la sentencia tiene un efecto hacia
el oficial del registro civil, sin que
por no haber sido demandado dicho
funcionario, se impida el pronunciamiento de la sentencia.
De este modo, cuando se
demanda o reconviene a una institución de crédito la nulidad del
de la paternidad, etc. y prescripción
positiva de un bien inmueble respectivamente, por haberse formalizado
31
ante su notaría, registrado en su señaladas y otras similares que pooficina, despacho o dependencia, demos calificar como litisconsorcio
la figura del litisconsorcio pasivo impropio, los juzgadores resuelvan
necesario no se surte respecto a el asunto principal planteado sin
éstos, porque no se encuentran que para ello sea obstáculo el no
en comunidad jurídica respecto al haberse demandado o reconvenido
objeto litigioso, porque únicamen- a los funcionarios multicitados.
te se concretaron a actuar como
encargado o titular de la notaría,
Por otro lado, cuando efectioficina del registro civil o del registro vamente se presente litisconsorcio
público de la propiedad, asentando necesario el juzgador deberá cuidar
lo que las partes le soque se llame a juicio
... en el código de a todos los litisconlicitaron o declararon,
siendo ajenos a los comercio no encontra- sortes fundándose
supuestos actos frau- mos regulada adecua- en una interpretación
dulentos cuya nulidad damente en un capítulo amplia de los artículos
reclama o a los hechos expreso lo relativo a 13 del Código Civil,
constitutivos que hace la figura jurídica del 207, último párrafo,
valer y demanda ante litisconsorcio pasivo 209 y 213 del Código
la jurisdicción, sin los necesario,...
de Procedimientos
mismos derechos subciviles para nuestro
jetivos que ejercitar o intereses Estado.
personales que defender, no siendo
en consecuencia parte en sentido
En apoyo de lo anterior, dematerial dentro del juicio respectivo, ben tomarse en consideración, adeya que la sentencia que se pronun- más, los siguientes precedentes:
cie no podrá afectarlos en su esfera
1. Novena Época, Instancia:
jurídica.
IV. Propuesta
Atento a todo lo expuesto,
se propone que en las hipótesis
32
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Tomo: X,
Octubre de 1999, Tesis: II.2o.C.193 C,
Página: 1299
“LITISCONSORCIO PASIVO NECESA-
cionales la actividad necesaria para
dar al derecho subjetivo la plena
satisfacción que corresponde a su
titular, cuando no pudo obtener un
espontáneo cumplimiento.
El segundo, tiene también el
poder de pedir la actividad jurisdiccional, pero desde su diversa posición respecto al derecho substantivo
hecho valer en su contra.
mar que en sentido propio, parte
es a quien perjudica o beneficia
la sentencia y bajo esta hipótesis tiene un derecho sustantivo
que hacer valer, es decir, parte
en sentido material, es quien
está legitimado para ejercer
acciones a través de la demanda u oponer excepciones
al contestarla, impugnando la
pretensión del actor ejerciendo
un derecho sustantivo propio
y cuya sentencia afecta o perjudica directamente su esfera
jurídica. En otras palabras,
tiene un interés substancial,
estrechamente ligado al derecho debatido.
El Estado, mediante la sentencia del juez, es el que declara o
realiza coactivamente los intereses
individuales tutelados dentro de los
límites del derecho objetivo y, esa
sentencia será precisamente la que
afecte a la parte en sentido material
Francisco Carnelutti, indica
, bien sea actora, bien sea demanque
las
partes son los sujetos de
dada.
la litis o el negocio, y como tales
En cambio, cuando la per- partes son sujetos al proceso, en
sona que está en juicio no re- el sentido de que sufren los efectos
sulta afectada por la sentencia, del mismo, es decir el resultado
13 es parte en sentido formal, ayuda o perjudica a su interés .
pues ella permanece extraña a
En conclusión, puede afirlas consecuencias favorables o
desfavorables de la sentencia, marse que las partes en sentido
sobre el derecho substancial en material (actores y demandados)
son aquellas personas (físicas o
disputa12 .
morales) a quienes cause beneDe este modo podemos afir- ficio o pare perjuicio la sentencia
29
En ambos casos el Juez proceTambién intentan transfor- derá a examinar las cuestiones
mar prácticas judiciales viciadas, relativas a la depuración del
por el desinterés, responsabilidad y juicio.
desapego de los servidores judiciales a la esencia del poder judicial.
Sin embargo, no podemos
permanecer impasibles ante la inDesde luego lo más conve- actividad legislativa. En relación al
niente de acuerdo a nuestra cultura litisconsorcio ya el distinguido procejurídica es reformar el Código de salista Hugo Alsina señala “Son muy
Procedimientos Civiles para hacer raros los casos en que la legislación
explícitas las facultades de los juz- se ha ocupado del litisconsorcio y,
gadores, para lo cual me permito cuando lo ha hecho, ha sido para
sugerir los siguientes textos:
establecer reglas generales vinculadas a la acumulación subjetiva,
Los Jueces y los Tribunales dejando a la doctrina la elaboración
podrán ordenar en cualquier etapa de los principios.
del procedimiento que se subsane
toda omisión que notaren en la
Tal sucede con la ordenanza
substanciación, para el efecto de alemana (art. 59) y la austriaca (arts
regularizar el procedimiento corres- 11-15). No lo legisla el código procepondiente.
sal italiano, aunque a esa situación
Si una de las partes no se refieren varias disposiciones del
concurre sin causa justificada mismo (arts. 98, 470, 500, etc.) El
a la audiencia prevista por el único que le dedica un título expreso
artículo 219 del Código de Pro- y especial es el moderno CPr del Bracedimientos Civiles, el Juez la sil, que legisla la institución en forma
sancionará con multa de hasta autónoma, es decir, desvinculada de
veinte salarios mínimos. Si de- la acumulación subjetiva”17 .
jaren de concurrir ambas partes
sin justificación, el juzgador las
Por su parte, el Lic. Alfredo
sancionará de igual manera. Olguín, magistrado presidente de
la Segunda Sala Civil y familiar del
36
RIO. CUANDO SE ADVIERTA DEBE
LLAMARSE A TODOS LOS AFECTADOS
QUE NO FUERON CITADOS A JUICIO
Y NO ABSTENERSE DE ABSOLVER
RESPECTO DE LA ACCIÓN INTENTADA.
La modalidad del litisconsorcio se define como todo litigio en donde varias
personas participan de una misma acción o excepción; siendo activo el que
corresponde a varios actores y pasivo
el que alude a distintos demandados,
pudiendo ser de dos tipos, voluntario
y necesario; el primero es aquel cuando el actor pudiendo presentar varias
acciones contra distintos demandados
en juicios diversos, en uno sólo decide
accionar contra todos, y el necesario
cuando la obligación de concurrir a
pleito deriva del litigio mismo, es decir,
que el juicio no puede verificarse sino a
condición de que acudan o se llame a
todos los interesados, porque los cuestionamientos jurídicos que habrán de
ventilarse pueden afectar al conjunto.
En estas condiciones, una vez que se
advierte que en el juicio se actualiza un
litisconsorcio pasivo necesario, ello no
tiene como efecto no resolver la acción
intentada y dejar a salvo los derechos
del actor, porque éste no señaló como
parte demandada a algún litisconsorte,
o bien declararla improcedente por el
mismo motivo, sino que implica por
parte del juzgador la necesidad de
verificar en primer lugar si todos los
litisconsortes fueron llamados y en el
supuesto de que alguno o algunos de
ellos no lo hayan sido, la obligación de
convocarlos a todos al procedimiento,
pues existe, como ya se dijo, una imposibilidad de sentenciar por separado
una situación jurídica que afecta a
varias personas.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
Amparo directo 143/99. Francisco Javier
Gómez Fernández. 10 de agosto de
1999. Unanimidad de votos. Ponente:
Raúl Solís Solís. Secretario: Agustín
Archundia Ortiz.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XIV, diciembre de 2001, página 60, tesis por contradicción 1a./J.
79/2001 de rubro «LITISCONSORCIO
PASIVO NECESARIO. LA PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGA A
UN LITISCONSORTE QUE SÍ FUE LLAMADO A JUICIO Y QUE IMPUGNÓ EL
HECHO DE QUE OTRO NO HAYA SIDO
EMPLAZADO, DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJE INSUBSISTENTE
LA SENTENCIA RECLAMADA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTE UNA
DEJÁNDOSE A SALVO LOS DERECHOS
DE LAS PARTES.».
33
interesados, porque los cuestionamientos jurídicos que habrán de ventilarse
2. Novena Época. Instancia: pueden afectar al conjunto. Luego, el
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIR- litisconsorcio no es una condición de
CUITO. Fuente: Semanario Judicial la acción, pues al resultar de carácter
pasivo necesario, únicamente genera la
XIV, Agosto de 2001. Tesis: X.3o.9 C.
imposibilidad de pronunciar sentencia
Página: 1360.
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. válida y eficaz cuando no se oye a todos
CUANDO LA SALA ADVIERTE QUE NO los interesados, de tal suerte que, ante
SE LLAMÓ A JUICIO A UN LITISCON- esa hipótesis de existir codeudores con
SORTE, ELLO NO GENERA LA IMPRO- obligación indivisible, en donde hasta
CEDENCIA DE LA ACCIÓN INTENTADA. que se resuelve el recurso de apelación
El litisconsorcio es una modalidad del la Sala advierte que no se ha llamado
procedimiento que consiste en plura- a juicio como parte demandada a un
lidad de actores o demandados, que litisconsorte, tal omisión no puede
provocar que declare
se le denomina activa
la improcedencia de la
cuando está referida
acción intentada, sino
a los actores y pasiTambién la
va cuando se trata de
que tiene la obligación
los llamados al juicio;
función judicial esta
de ordenar la reposición
dicha figura jurídicoentre telones de lo
del juicio para que el Juez
procesal puede ser de
público a lo privanatural lo convoque de
dos tipos: voluntario o
oficio, según lo dispone
necesario; el primero
el artículo 82 del Código
se configura cuando el
de Procedimientos Civiles
actor, pudiendo predel Estado de
al
presentarse
imposibilidad
deTabasco,
sentenciar
sentar varias acciones contra distintos
demandados en juicios diversos, en por separado una situación jurídica que
uno sólo decide accionar contra todos; afecta a varias personas.
mientras que el necesario, cuando la TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL
obligación de concurrir a pleito deriva DÉCIMO CIRCUITO.
del litigio mismo, es decir, que el juicio Amparo directo 576/2000. Eduviges
no puede verificarse sino a condición Moheno de Hernández y otro. 23 de
de que acudan o se llame a todos los abril de 2001. Unanimidad de votos.
34
Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: David Gustavo León
Hernández.
TRIBUNALES COLEGIADO DE CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Junio de 1998. Tesis: XIX.1o.19 C. Página:
671.
LITISCONSORCIO PASIVO. LOS TRIBUNALES PUEDEN DE OFICIO INTEGRARLO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE
RESOLVER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS). Una recta interpretación del artículo 115 del código procesal
civil, en relación con el 15 del Código
civil, ambos del Estado de Tamaulipas,
permite establecer que ningún tribunal
puede dejar de resolver las cuestiones
sometidas a su jurisdicción, pues incluso
ante el silencio, oscuridad o insuficiencia
de la ley deben decidir conforme a los
principios generales del derecho; de tal
manera que si advierten la ausencia de
algún requisito procesal necesario para
que el juicio tenga existencia jurídica
y validez formal, están obligados a
subsanar de oficio esa formalidad y no
invocarla como razón para no resolver.
Tal apreciación no es dogmática, sino
que se apoya en el artículo 241 del código adjetivo vigente en el Estado. En
otras palabras, si se juzga necesario
llamar a juicio a alguna persona por
ser parte del litisconsorcio pasivo; la
obligación ineludible del tribunal es
llamarla de oficio como ordena la ley
y en su oportunidad resolver el fondo
del negocio que le fue propuesto.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL
DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Amparo directo 629/97. Juan Manuel
Piña Gloria. 13 de mayo de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio
Sánchez Cárdenas. Secretario: Gonzalo
H. Carrillo de León.
Las anteriores propuestas intentan la aplicación de los principios
de eficiencia y eficacia contenidos
en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que la administración
de justicia será expedita, pronta,
completa e imparcial, principios
que todo juzgador está obligado a
observar.
Intentan además, dar el papel que le corresponde a todo juzgador, cuyos actos están fundados
en la soberanía estatal. Hacerlos
auténticamente autoridades con
capacidad para dirigir el procedimiento y resolver el conflicto.
35
interesados, porque los cuestionamientos jurídicos que habrán de ventilarse
2. Novena Época. Instancia: pueden afectar al conjunto. Luego, el
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIR- litisconsorcio no es una condición de
CUITO. Fuente: Semanario Judicial la acción, pues al resultar de carácter
pasivo necesario, únicamente genera la
XIV, Agosto de 2001. Tesis: X.3o.9 C.
imposibilidad de pronunciar sentencia
Página: 1360.
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. válida y eficaz cuando no se oye a todos
CUANDO LA SALA ADVIERTE QUE NO los interesados, de tal suerte que, ante
SE LLAMÓ A JUICIO A UN LITISCON- esa hipótesis de existir codeudores con
SORTE, ELLO NO GENERA LA IMPRO- obligación indivisible, en donde hasta
CEDENCIA DE LA ACCIÓN INTENTADA. que se resuelve el recurso de apelación
El litisconsorcio es una modalidad del la Sala advierte que no se ha llamado
procedimiento que consiste en plura- a juicio como parte demandada a un
lidad de actores o demandados, que litisconsorte, tal omisión no puede
provocar que declare
se le denomina activa
la improcedencia de la
cuando está referida
acción intentada, sino
a los actores y pasiTambién la
va cuando se trata de
que tiene la obligación
los llamados al juicio;
función judicial esta
de ordenar la reposición
dicha figura jurídicoentre telones de lo
del juicio para que el Juez
procesal puede ser de
público a lo privanatural lo convoque de
dos tipos: voluntario o
oficio, según lo dispone
necesario; el primero
el artículo 82 del Código
se configura cuando el
de Procedimientos Civiles
actor, pudiendo predel Estado de
al
presentarse
imposibilidad
deTabasco,
sentenciar
sentar varias acciones contra distintos
demandados en juicios diversos, en por separado una situación jurídica que
uno sólo decide accionar contra todos; afecta a varias personas.
mientras que el necesario, cuando la TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL
obligación de concurrir a pleito deriva DÉCIMO CIRCUITO.
del litigio mismo, es decir, que el juicio Amparo directo 576/2000. Eduviges
no puede verificarse sino a condición Moheno de Hernández y otro. 23 de
de que acudan o se llame a todos los abril de 2001. Unanimidad de votos.
34
Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: David Gustavo León
Hernández.
TRIBUNALES COLEGIADO DE CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Junio de 1998. Tesis: XIX.1o.19 C. Página:
671.
LITISCONSORCIO PASIVO. LOS TRIBUNALES PUEDEN DE OFICIO INTEGRARLO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE
RESOLVER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS). Una recta interpretación del artículo 115 del código procesal
civil, en relación con el 15 del Código
civil, ambos del Estado de Tamaulipas,
permite establecer que ningún tribunal
puede dejar de resolver las cuestiones
sometidas a su jurisdicción, pues incluso
ante el silencio, oscuridad o insuficiencia
de la ley deben decidir conforme a los
principios generales del derecho; de tal
manera que si advierten la ausencia de
algún requisito procesal necesario para
que el juicio tenga existencia jurídica
y validez formal, están obligados a
subsanar de oficio esa formalidad y no
invocarla como razón para no resolver.
Tal apreciación no es dogmática, sino
que se apoya en el artículo 241 del código adjetivo vigente en el Estado. En
otras palabras, si se juzga necesario
llamar a juicio a alguna persona por
ser parte del litisconsorcio pasivo; la
obligación ineludible del tribunal es
llamarla de oficio como ordena la ley
y en su oportunidad resolver el fondo
del negocio que le fue propuesto.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL
DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Amparo directo 629/97. Juan Manuel
Piña Gloria. 13 de mayo de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio
Sánchez Cárdenas. Secretario: Gonzalo
H. Carrillo de León.
Las anteriores propuestas intentan la aplicación de los principios
de eficiencia y eficacia contenidos
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que la administración
de justicia será expedita, pronta,
completa e imparcial, principios
que todo juzgador está obligado a
observar.
Intentan además, dar el papel que le corresponde a todo juzgador, cuyos actos están fundados
en la soberanía estatal. Hacerlos
auténticamente autoridades con
capacidad para dirigir el procedimiento y resolver el conflicto.
35
En ambos casos el Juez proceTambién intentan transfor- derá a examinar las cuestiones
mar prácticas judiciales viciadas, relativas a la depuración del
por el desinterés, responsabilidad y juicio.
desapego de los servidores judiciales a la esencia del poder judicial.
Sin embargo, no podemos
permanecer impasibles ante la inDesde luego lo más conve- actividad legislativa. En relación al
niente de acuerdo a nuestra cultura litisconsorcio ya el distinguido procejurídica es reformar el Código de salista Hugo Alsina señala “Son muy
Procedimientos Civiles para hacer raros los casos en que la legislación
explícitas las facultades de los juz- se ha ocupado del litisconsorcio y,
gadores, para lo cual me permito cuando lo ha hecho, ha sido para
sugerir los siguientes textos:
establecer reglas generales vinculadas a la acumulación subjetiva,
Los Jueces y los Tribunales dejando a la doctrina la elaboración
podrán ordenar en cualquier etapa de los principios.
del procedimiento que se subsane
toda omisión que notaren en la
Tal sucede con la ordenanza
substanciación, para el efecto de alemana (art. 59) y la austriaca (arts
regularizar el procedimiento corres- 11-15). No lo legisla el código procepondiente.
sal italiano, aunque a esa situación
Si una de las partes no se refieren varias disposiciones del
concurre sin causa justificada mismo (arts. 98, 470, 500, etc.) El
a la audiencia prevista por el único que le dedica un título expreso
artículo 219 del Código de Pro- y especial es el moderno CPr del Bracedimientos Civiles, el Juez la sil, que legisla la institución en forma
sancionará con multa de hasta autónoma, es decir, desvinculada de
veinte salarios mínimos. Si de- la acumulación subjetiva”17 .
jaren de concurrir ambas partes
sin justificación, el juzgador las
Por su parte, el Lic. Alfredo
sancionará de igual manera. Olguín, magistrado presidente de
la Segunda Sala Civil y familiar del
36
RIO. CUANDO SE ADVIERTA DEBE
LLAMARSE A TODOS LOS AFECTADOS
QUE NO FUERON CITADOS A JUICIO
Y NO ABSTENERSE DE ABSOLVER
RESPECTO DE LA ACCIÓN INTENTADA.
La modalidad del litisconsorcio se define como todo litigio en donde varias
personas participan de una misma acción o excepción; siendo activo el que
corresponde a varios actores y pasivo
el que alude a distintos demandados,
pudiendo ser de dos tipos, voluntario
y necesario; el primero es aquel cuando el actor pudiendo presentar varias
acciones contra distintos demandados
en juicios diversos, en uno sólo decide
accionar contra todos, y el necesario
cuando la obligación de concurrir a
pleito deriva del litigio mismo, es decir,
que el juicio no puede verificarse sino a
condición de que acudan o se llame a
todos los interesados, porque los cuestionamientos jurídicos que habrán de
ventilarse pueden afectar al conjunto.
En estas condiciones, una vez que se
advierte que en el juicio se actualiza un
litisconsorcio pasivo necesario, ello no
tiene como efecto no resolver la acción
intentada y dejar a salvo los derechos
del actor, porque éste no señaló como
parte demandada a algún litisconsorte,
o bien declararla improcedente por el
mismo motivo, sino que implica por
parte del juzgador la necesidad de
verificar en primer lugar si todos los
litisconsortes fueron llamados y en el
supuesto de que alguno o algunos de
ellos no lo hayan sido, la obligación de
convocarlos a todos al procedimiento,
pues existe, como ya se dijo, una imposibilidad de sentenciar por separado
una situación jurídica que afecta a
varias personas.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN
Amparo directo 143/99. Francisco Javier
Gómez Fernández. 10 de agosto de
1999. Unanimidad de votos. Ponente:
Raúl Solís Solís. Secretario: Agustín
Archundia Ortiz.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XIV, diciembre de 2001, página 60, tesis por contradicción 1a./J.
79/2001 de rubro «LITISCONSORCIO
PASIVO NECESARIO. LA PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGA A
UN LITISCONSORTE QUE SÍ FUE LLAMADO A JUICIO Y QUE IMPUGNÓ EL
HECHO DE QUE OTRO NO HAYA SIDO
EMPLAZADO, DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJE INSUBSISTENTE
LA SENTENCIA RECLAMADA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTE UNA
DEJÁNDOSE A SALVO LOS DERECHOS
DE LAS PARTES.».
33
Depalma, segunda Vol. 1, Jurídica Universal, México, 2001,
edición, Buenos Ai- pág. 293
15 Ob. cit., pág. 294.
res, 1993, pp.53-81.
Cordón , Faustino; Introducción al
derecho procesal; Ed. Eunsa, tercera
edición, España , 1998, pp. 67-71.
5
Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa,
México, 1998, pág. 2052.
6
Flores Polo, Pedro; Diccionario de términos jurídicos, tomo II, Cultural cuzco
, Lima-Perú, 1980, pág. 155.
7
Jiménez Santiago, Triana, Sócrates,
Diccionario de derecho romano, Sista,
México, 2000, pág. 222.
8
Citado por Fernando Flores García,
Diccionario jurídico mexicano, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, Porrúa,
México, 1998, pág. 2052.
9
Huber Olea, Francisco José, Diccionario de derecho romano, Porrúa, México,
2000, pág. 359.
10
Gran diccionario de los grandes juristas, Editores libros técnicos, México,
1999, pág.707.
11
Citado por José Becerra Bautista, El
proceso civil en México, Porrúa, México
2002, pág. 21 y ss.
4
ss.
14
40
12 Ibidem, pág. 22 y
13 Ob.cit. pág. 21 y ss.
Rocco Ugo; Derecho procesal civil,
García Maynez Eduardo; Introducción
al estudio del derecho, cuadragésima
novena edición, Porrúa, México, 1998,
pág. 248 y ss.
16
17 Alsina, Hugo; Fundamentos de derecho
procesal. Vol. 4, Jurídica
Universitaria, México,
2001, Pág. 282.
Ponencia presentada en el XXVI Congreso Nacional de Tribunales Superiores
de Justicia de la República Mexicana,
Aguascalientes, octubre 2002, pág. 3.
18
H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Hidalgo, indica que en
la mayoría de las legislaciones de
las diversas entidades federativas,
así como en el Código de Comercio
no encontramos regulada adecuadamente en un capítulo expreso
lo relativo a la figura jurídica del
litisconsorcio pasivo necesario,
proponiendo legislar sobre la institución18 .
Sobre el hecho de que el
litisconsorcio no se encuentre regulado en la legislación debe tomarse
en consideración el precedente
siguiente:
MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial
XI, Mayo de 2000. Tesis: II.3o.C.7 C.
Página: 956.
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DERIVA DE REGLAS SUSTANTIVAS VINCULADAS CON LA ACCIÓN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El derecho civil en su aspecto
sustantivo establece los derechos y
obligaciones de las personas. Así, ante
el incumplimiento de las obligaciones
frente al titular del derecho, nace la
acción, que no es más que la extensión del derecho sustantivo llevado al
derecho adjetivo, para que a través del
Juez, el titular del derecho sustantivo
incumplido pueda obtener satisfacción
de la obligación. Cuando el titular de
un derecho sustantivo es una sola persona, entonces sólo a ella incumbe el
derecho adjetivo de accionar frente a
su deudor y se da una litis con un sólo
titular de un derecho sustantivo y de la
acción respectiva. Cuando el derecho
sustantivo no tiene un solo titular sino
varios, entonces a todos y cada uno de
ellos corresponde la acción y se dice
que hay un litisconsorcio activo. A su
vez, cuando el titular de la obligación
o débito es una sola persona, entonces
la litis pasiva es simple; pero cuando
los titulares de la obligación son varios,
debe ejercitarse contra todos y nace
lo que se conoce como litisconsorcio
pasivo. Luego, la vinculación del derecho sustantivo al derecho adjetivo no
requiere ser plasmada en una norma
adjetiva expresamente, porque es la
mera consecuencia de ser varias personas los titulares de la obligación que se
reclama y, por ende, no hay distanciamiento entre el derecho sustantivo y el
derecho adjetivo. Consecuentemente, la
vinculación entre ambos ordenamientos
se toma precisamente de la doctrina, por
lo que para explicar y aplicar la figura del
litisconsorcio pasivo necesario, es válido
apoyarse en el artículo 19 del Código
37
Civil del Estado de México, que permite
utilizar la doctrina en caso de ausencia
de norma expresa en el dictado de las
sentencias civiles.
Amparo directo 223/99. Rubén Quintana Saldaña. 29 de febrero de 2000.
María Serrano Oseguera. Secretaria:
Vianey Gutiérrez Velázquez.
V. Conclusión
El objeto principal del presente artículo tiene como finalidad revalorar las atribuciones del
juzgador en el clima actual de la
mundialización de la economía y el
eclipse del paradigma tradicional
estado-nación, intentando provocar una reflexión conjunta sobre
éste proceso de la globalización
que tiende y ha logrado en cierta
medida, desplazar al estado de sus
funciones clásicas soberanas: legislativas, ejecutivas y judiciales.
Baste tener presente la seguridad pública, hoy concesionada
en gran medida a los particulares,
38
prestadores de la seguridad a un
número importante de la población;
la ejecución de sanciones con policía
privada y concesión de reclusorios,
ya no se piense en otro tipo de servicio entregados hoy a los particulares
nacionales o extranjeros.
Otro tanto puede afirmarse
de la función legislativa, ya que multitud de proyectos de ley, dictámenes y decretos son elaborados por
despachos corporativos o empresas
especializadas en las materias relativas a la ecología y medio ambiente,
electricidad, petroquímica, hidrocarburos, espacio aéreo, minas, aguas,
comercio electrónico, telemática,
informática, tecnotrónica, etc. ¿habrá quien piense que esos proyectos
los elaboren los señores diputados
o senadores?.
También la función judicial
esta entre telones de lo público a
lo privado. Los globalizadores o
globalifóbicos se han esforzado por
mostrar la ineficiencia de los poderes judiciales en múltiples aspectos,
la corrupción, el costo, lo dilatado
de los juicios y de la ejecución de
las sentencias.
De lo anterior, el impulso a
la mediación, el arbitraje y la conciliación, el jurado popular, entre
otras instituciones.
En este persistente y constante avance globalifóbico, la
doctrina a su servicio, muestra la
necesidad de responsabilizar al
estado por el mal o pésimo funcionamiento de su función judicial.
Se desplaza el paradigma vertical,
autoritario, imperativo y coercitivo
de las funciones soberanas del estado y en el caso de la jurisdiccional se conceptúa como un servicio
público que debe ser oportuno,
eficiente y eficaz y en el supuesto
contrario, responsabi lizarlo por los
daños y perjuicios causados por el
ya citado mal funcionamiento del
poder judicial. Estemos o no de
acuerdo con lo anterior, debemos
prepararnos para enfrentar, resistir
y si es posible, vencer el embate
globalizador.
De lo anterior las propuestas
para ser eficientes, responsables y
observadores de la ley, transformando prácticas judiciales viciadas
y yendo más allá de la simple interpretación gramatical o literal de
la ley a fin de cumplir lo dispuesto
Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo la impartición de
justicia, expedita, pronta, completa
e imparcial.
BIBLIOGRAFIA
1
Aguascalientes, octubre 2002, pág. 7
2
Recasens Siches; Luis Tratado general
de filosofía del derecho, Porrúa, tercera
edición, México, 1965, pág. 313.
3 Santiago Tawil,
Guido; La responsabilidad del Estado y
de los magistrados
y funcionarios judiciales por el mal
funciona miento
de la administración de justicia,
39
Civil del Estado de México, que permite
utilizar la doctrina en caso de ausencia
de norma expresa en el dictado de las
sentencias civiles.
Amparo directo 223/99. Rubén Quintana Saldaña. 29 de febrero de 2000.
María Serrano Oseguera. Secretaria:
Vianey Gutiérrez Velázquez.
V. Conclusión
El objeto principal del presente artículo tiene como finalidad revalorar las atribuciones del
juzgador en el clima actual de la
mundialización de la economía y el
eclipse del paradigma tradicional
estado-nación, intentando provocar una reflexión conjunta sobre
éste proceso de la globalización
que tiende y ha logrado en cierta
medida, desplazar al estado de sus
funciones clásicas soberanas: legislativas, ejecutivas y judiciales.
Baste tener presente la seguridad pública, hoy concesionada
en gran medida a los particulares,
38
prestadores de la seguridad a un
número importante de la población;
la ejecución de sanciones con policía
privada y concesión de reclusorios,
ya no se piense en otro tipo de servicio entregados hoy a los particulares
nacionales o extranjeros.
Otro tanto puede afirmarse
de la función legislativa, ya que multitud de proyectos de ley, dictámenes y decretos son elaborados por
despachos corporativos o empresas
especializadas en las materias relativas a la ecología y medio ambiente,
electricidad, petroquímica, hidrocarburos, espacio aéreo, minas, aguas,
comercio electrónico, telemática,
informática, tecnotrónica, etc. ¿habrá quien piense que esos proyectos
los elaboren los señores diputados
o senadores?.
También la función judicial
esta entre telones de lo público a
lo privado. Los globalizadores o
globalifóbicos se han esforzado por
mostrar la ineficiencia de los poderes judiciales en múltiples aspectos,
la corrupción, el costo, lo dilatado
de los juicios y de la ejecución de
las sentencias.
De lo anterior, el impulso a
la mediación, el arbitraje y la conciliación, el jurado popular, entre
otras instituciones.
En este persistente y constante avance globalifóbico, la
doctrina a su servicio, muestra la
necesidad de responsabilizar al
estado por el mal o pésimo funcionamiento de su función judicial.
Se desplaza el paradigma vertical,
autoritario, imperativo y coercitivo
de las funciones soberanas del estado y en el caso de la jurisdiccional se conceptúa como un servicio
público que debe ser oportuno,
eficiente y eficaz y en el supuesto
contrario, responsabi lizarlo por los
daños y perjuicios causados por el
ya citado mal funcionamiento del
poder judicial. Estemos o no de
acuerdo con lo anterior, debemos
prepararnos para enfrentar, resistir
y si es posible, vencer el embate
globalizador.
De lo anterior las propuestas
para ser eficientes, responsables y
observadores de la ley, transformando prácticas judiciales viciadas
y yendo más allá de la simple interpretación gramatical o literal de
la ley a fin de cumplir lo dispuesto
Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo la impartición de
justicia, expedita, pronta, completa
e imparcial.
BIBLIOGRAFIA
1
Aguascalientes, octubre 2002, pág. 7
2
Recasens Siches; Luis Tratado general
de filosofía del derecho, Porrúa, tercera
edición, México, 1965, pág. 313.
3 Santiago Tawil,
Guido; La responsabilidad del Estado y
de los magistrados
y funcionarios judiciales por el mal
funciona miento
de la administración de justicia,
39
Depalma, segunda Vol. 1, Jurídica Universal, México, 2001,
edición, Buenos Ai- pág. 293
15 Ob. cit., pág. 294.
res, 1993, pp.53-81.
Cordón , Faustino; Introducción al
derecho procesal; Ed. Eunsa, tercera
edición, España , 1998, pp. 67-71.
5
Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa,
México, 1998, pág. 2052.
6
Flores Polo, Pedro; Diccionario de términos jurídicos, tomo II, Cultural cuzco
, Lima-Perú, 1980, pág. 155.
7
Jiménez Santiago, Triana, Sócrates,
Diccionario de derecho romano, Sista,
México, 2000, pág. 222.
8
Citado por Fernando Flores García,
Diccionario jurídico mexicano, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, Porrúa,
México, 1998, pág. 2052.
9
Huber Olea, Francisco José, Diccionario de derecho romano, Porrúa, México,
2000, pág. 359.
10
Gran diccionario de los grandes juristas, Editores libros técnicos, México,
1999, pág.707.
11
Citado por José Becerra Bautista, El
proceso civil en México, Porrúa, México
2002, pág. 21 y ss.
4
ss.
14
40
12 Ibidem, pág. 22 y
13 Ob.cit. pág. 21 y ss.
Rocco Ugo; Derecho procesal civil,
García Maynez Eduardo; Introducción
al estudio del derecho, cuadragésima
novena edición, Porrúa, México, 1998,
pág. 248 y ss.
16
17 Alsina, Hugo; Fundamentos de derecho
procesal. Vol. 4, Jurídica
Universitaria, México,
2001, Pág. 282.
Aguascalientes, octubre 2002, pág. 3.
18
H. Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Hidalgo, indica que en
la mayoría de las legislaciones de
las diversas entidades federativas,
así como en el Código de Comercio
no encontramos regulada adecuadamente en un capítulo expreso
lo relativo a la figura jurídica del
litisconsorcio pasivo necesario,
proponiendo legislar sobre la institución18 .
Sobre el hecho de que el
litisconsorcio no se encuentre regulado en la legislación debe tomarse
en consideración el precedente
siguiente:
MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial
XI, Mayo de 2000. Tesis: II.3o.C.7 C.
Página: 956.
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DERIVA DE REGLAS SUSTANTIVAS VINCULADAS CON LA ACCIÓN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El derecho civil en su aspecto
sustantivo establece los derechos y
obligaciones de las personas. Así, ante
el incumplimiento de las obligaciones
frente al titular del derecho, nace la
acción, que no es más que la extensión del derecho sustantivo llevado al
derecho adjetivo, para que a través del
Juez, el titular del derecho sustantivo
incumplido pueda obtener satisfacción
de la obligación. Cuando el titular de
un derecho sustantivo es una sola persona, entonces sólo a ella incumbe el
derecho adjetivo de accionar frente a
su deudor y se da una litis con un sólo
titular de un derecho sustantivo y de la
acción respectiva. Cuando el derecho
sustantivo no tiene un solo titular sino
varios, entonces a todos y cada uno de
ellos corresponde la acción y se dice
que hay un litisconsorcio activo. A su
vez, cuando el titular de la obligación
o débito es una sola persona, entonces
la litis pasiva es simple; pero cuando
los titulares de la obligación son varios,
debe ejercitarse contra todos y nace
lo que se conoce como litisconsorcio
pasivo. Luego, la vinculación del derecho sustantivo al derecho adjetivo no
requiere ser plasmada en una norma
adjetiva expresamente, porque es la
mera consecuencia de ser varias personas los titulares de la obligación que se
reclama y, por ende, no hay distanciamiento entre el derecho sustantivo y el
derecho adjetivo. Consecuentemente, la
vinculación entre ambos ordenamientos
se toma precisamente de la doctrina, por
lo que para explicar y aplicar la figura del
litisconsorcio pasivo necesario, es válido
apoyarse en el artículo 19 del Código
37
ratificado por el H. Congreso; y un
representante del Congreso. Estos
últimos deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen para
ser Magistrado, y haberse distinguido por su capacidad y honestidad
en el ejercicio de las actividades
jurídicas.
tencioso Administrativo, y el otro
deberá provenir del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje.
El tercer cuerpo normativo
es el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, expedido por
el pleno de dicho cuerpo colegiado
en sesión plenaria de fecha veinticinco de enero del año próximo
pasado, y publicado en la Gaceta
Oficial del Estado el día primero de
febrero del año 2002, en el que se
regulan las funciones que tiene a su
cargo de acuerdo a los anteriores
ordenamientos.
Como puede verse de lo anterior, su estructura es similar a la
de la Federación en cuanto a que el
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia lo es también del Consejo de
la Judicatura, pero sólo durarán en
su encargo cinco años y no podrán
ser designados para otro período, a
excepción del Presidente
No sobra decir que anteriormente a la reforma Constitucional
El otro cuerpo de leyes que de fecha 2 de febrero de dos mil,
tiene relación con la conformación el Consejo de la Judicatura se indel Consejo de la Judicatura, es la tegraba con cinco Consejeros, un
Ley Orgánica del Poder Judicial del Magistrado y un Juez de Primera
Estado que define quiénes son los Instancia designados en sesión exMagistrados que integrarán el propio traordinaria por el Tribunal Superior
Consejo, y con el propósito de que de Justicia mediante el método de
se encuentre representado todo el insaculación, así como un ConsePoder Judicial propiamente dicho, jero representante del Poder Ejeseñala que de los tres Magistrados cutivo y otro del Poder Legislativo,
que deben elegir en votación secre- así como el Presidente del Tribunal
ta, uno será proveniente del propio Superior de Justicia que a su vez
Tribunal Superior de Justicia, otro preside el Consejo de la Judicatuproveniente del Tribunal de lo Con- ra; que difiere de la conformación
44
41
EXPOSICION DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA
DEL ESTADO DE VERACRUZ.
NAL
ESTRUCTURA ORGANIZACIO* Magdo. Benjamín Garcimarrero
Ochoa
Los órganos jurisdiccionales
en que
se deposita el Po-
der Judicial del Estado son el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje,
los Juzgados de Primera Instancia,
Menores, Municipales y de Comunidad, así como la Comisión Jurisdiccional de Menores Infractores.
del Consejo de la Judicatura, cuya
estructura y funciones derivan fundamentalmente de tres cuerpos de
leyes.
El primero de ellos es la
Constitución Política del Estado, en
vigor desde el día cuatro de febrero
del año dos mil, y de conformidad
El aspecto administrativo con su artículo 62, el Consejo de la
del Poder Judicial queda a cargo Judicatura es el órgano encargado
* Realiza estudios profesionales en licenciatura de de conducir la administración, vigiDerecho, en la Universidad Nacional Autónoma de
México, titulándose con la tesis “El Jurista en el Estado lancia y disciplina del Poder Judicial,
Mexicano”. Cursó la licenciatura en Psicología en la con excepción del Tribunal Superior
Universidad Autónoma de México y la licenciatura de
Filosofía en la Universidad Veracruzana. Síndico del de Justicia, y estará integrado por
Ayuntamiento de Xalapa en los años de 1982 a 1985.
Director General de Turismo del Gobierno del Estado seis miembros: el Presidente del
de Veracruz de 1986 a 1989. Catedrático de la Universidad Veracruzana desde 1966 a la fecha. Entre sus obras Tribunal Superior de Justicia, que es
publicadas, destaca el “Prontuario de los delitos” (Del quien lo preside; tres Magistrados
Código Penal de Veracruz). Fungió como Magistrado
del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de nombrados por el Pleno del Tribu1989 a 1992; Siendo Presidente del mismo por un año.
Magistrado integrante de la Quinta Sala del Tribunal nal Superior de Justicia mediante
Superior de Justicia de 1992 al 2000. Fue designado
Magistrado Consejero de la Judicatura del Estado a votación secreta; un Consejero
partir del 19 de octubre de 2000 a la fecha.
propuesto por el C. Gobernador y
43
ratificado por el H. Congreso; y un
representante del Congreso. Estos
últimos deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen para
ser Magistrado, y haberse distinguido por su capacidad y honestidad
en el ejercicio de las actividades
jurídicas.
tencioso Administrativo, y el otro
deberá provenir del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje.
El tercer cuerpo normativo
es el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, expedido por
el pleno de dicho cuerpo colegiado
en sesión plenaria de fecha veinticinco de enero del año próximo
pasado, y publicado en la Gaceta
Oficial del Estado el día primero de
febrero del año 2002, en el que se
regulan las funciones que tiene a su
cargo de acuerdo a los anteriores
ordenamientos.
Como puede verse de lo anterior, su estructura es similar a la
de la Federación en cuanto a que el
Justicia lo es también del Consejo de
la Judicatura, pero sólo durarán en
su encargo cinco años y no podrán
ser designados para otro período, a
excepción del Presidente
No sobra decir que anteriormente a la reforma Constitucional
El otro cuerpo de leyes que de fecha 2 de febrero de dos mil,
tiene relación con la conformación el Consejo de la Judicatura se indel Consejo de la Judicatura, es la tegraba con cinco Consejeros, un
Ley Orgánica del Poder Judicial del Magistrado y un Juez de Primera
Estado que define quiénes son los Instancia designados en sesión exMagistrados que integrarán el propio traordinaria por el Tribunal Superior
Consejo, y con el propósito de que de Justicia mediante el método de
se encuentre representado todo el insaculación, así como un ConsePoder Judicial propiamente dicho, jero representante del Poder Ejeseñala que de los tres Magistrados cutivo y otro del Poder Legislativo,
que deben elegir en votación secre- así como el Presidente del Tribunal
ta, uno será proveniente del propio Superior de Justicia que a su vez
Tribunal Superior de Justicia, otro preside el Consejo de la Judicatuproveniente del Tribunal de lo Con- ra; que difiere de la conformación
44
41
y con los rendimientos de recursos
ajenos que generen los depósitos
que se efectúen ante los tribunales
judiciales.
Juzgados mediante la adquisición
de terrenos para esos fines; red
de informática y otros que por su
naturaleza inciden en éste rubro.
Por disposición de la Ley,
ese Fondo debe ser manejado y
operado mediante un Fideicomiso,
cuyo Comité Técnico está a cargo
de dos Consejeros comisionados,
quienes cada seis meses se alternan para presidirlo y actualmente lo
integran el Consejero representante
del Poder Ejecutivo y el Consejero
Magistrado proveniente del Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Dentro de la labor editorial,
se han realizado cuatro ediciones
anuales de la Revista Jurídica Veracruzana, donde se dan a conocer
los principales criterios emitidos por
las Salas del Poder Judicial; trabajos
doctrinales de connotados Juristas
y de los propios Magistrados del
Tribunal, así como las leyes que se
ponen en vigor. Igualmente se han
hecho ediciones de obras jurídicas
de los Magistrados que merecen el
auspicio del Consejo de la Judicatura.
Las necesidades materiales
son vigiladas y satisfechas a través
de la Comisión de aprovisionamiento
también a cargo de dos Consejeros,
uno de ellos el representante del
Congreso y la Magistrada representante del Tribunal Contencioso
Administrativo. Entre la multitud
de acciones para satisfacer las necesidades materiales se encuentra
el control de proporcionar todos
los implementos de trabajo desde
papelería hasta computadoras;
la remodelación de edificios; la
construcción de locales para los
48
Por cuanto hace al Instituto
de Formación, Capacitación, Especialización y Actualización del Poder
Judicial, durante el presente año,
se realizaron las siguientes actividades: Coloquio entre Jueces y
Magistrados; un curso denominado
Consideraciones Jurídicas sobre la
Prueba Indiciaria en Materia Penal;
taller de Metodología para la elaboración de sentencias; curso teórico práctico de Argumentación e
actual, porque no se integraban
Magistrados ni de los tribunales
Contencioso Administrativo y de
Conciliación y Arbitraje, pues estos
se desempeñaban como Tribunales
autónomos y ahora forman parte
del Poder Judicial del Estado.
El actual Consejo se encuentra en funciones desde el mes de
enero del año dos mil uno.
PRINCIPALES FUNCIONES Y
TAREAS
Las funciones y tareas encomendadas por disposición de la
Ley al Consejo de la Judicatura del
Estado son las siguientes:
Conducir la administración
vigilancia y disciplina del Poder
Judicial con excepción del Tribunal
Superior de Justicia.
Formar, actualizar y especializar a los Servidores Públicos
del Poder Judicial y desarrollar la
carrera judicial
Auxiliar al Pleno del Tribunal
Superior de Justicia en la elabora-
ción del proyecto de presupuesto.
Celebrar sesiones ordinarias
una vez por semana y extraordinarias, cada vez que se requieran.
Erigir de conformidad con
el reglamento y el presupuesto, el
número de Juzgados en las materias
que se requieran, determinando la
cabecera del distrito o ciudad de
residencia y adscribir a los jueces
que los deban de integrar.
Nombrar y remover, con excepción de los Magistrados de los
Tribunales, a todos los Servidores
Públicos del Poder Judicial.
Administrar el Fondo Auxiliar
para la Impartición de Justicia.
Atender las solicitudes del
Órgano de Fiscalización Superior
respecto del ejercicio del presupuesto del Poder Judicial.
Resolver sobre los Instructivos de Responsabilidad por quejas
o denuncias presentadas en contra
de los Servidores Públicos del Poder
Judicial.
45
Convenir con Instituciones de
Educación Superior, a efecto de que
se desarrolle la carrera judicial.
ausencia temporal, suplencias y
faltas definitivas de los Servidores
Públicos.
Controlar, evaluar, inspeccionar y vigilar los ingresos, gastos,
recursos y obligaciones de los Órganos y Servidores Públicos.
Calificar los impedimentos de
los Consejeros.
Expedir los Reglamentos interiores en materia administrativa,
de Contraloría Interna, defensoría
de oficio, carrera judicial, escalafón,
visitaduría judicial y régimen disciplinario.
Celebrar, previa autorización
del Pleno del Tribunal Superior de
Justicia, contratos para atender las
necesidades administrativas.
Organizar simposiums, conferencias y otros eventos que resulten de interés para la Institución.
Practicar visitas a los Juzgados y a la Comisión Jurisdiccional
de Menores Infractores.
Conocer y resolver, con excepción de los Magistrados, sobre
los casos de renuncia, licencia,
46
Desarrollar por conducto del
Instituto de Formación, Capacitación, Especialización y Actualización
del Poder Judicial, tareas de información e investigación.
Administrar el sistema aleatorio para la distribución de los
asuntos que se radiquen en los
Tribunales del Poder Judicial.
Nombrar y remover a los
defensores de oficio a propuesta
del Pleno del Tribunal.
Llevar el registro de los Profesionales que en calidad de peritos
puedan fungir como auxiliares en la
Tener bajo su cuidado el Archivo Judicial para el resguardo de
los expedientes relativos a procesos
concluidos, así como integrar y conservar el acervo de la Biblioteca del
Poder Judicial del Estado.
LOGROS SIGNIFICATIVOS
Congruente con la funciones
y facultades derivadas de la normatividad los principales y significativos
logros que se han obtenido son los
siguientes:
Se creó la Dirección de la
Defensoría de Oficio que se rige por
la disposición reglamentaria respectiva, y que atiende esencialmente
asuntos de orden Penal, ya que por
una desafortunada reforma a la Ley
Orgánica del Poder Judicial se excluyó la obligación de atender los asuntos de orden civil, que la anterior ley
contemplaba, específica mente para
los indigentes y personas de escasa
ilustración.
Se creó la contraloría del
Poder Judicial cuyas acciones de
control, evaluación, inspección y
vigilancia de los recursos, excluyen
a los que corresponden al Tribunal
Superior de Justicia, como se ha
dicho.
Cumpliendo con la obligación de practicar visitas Judiciales,
se estableció un programa que se
desarrolla de dos formas: una que
se lleva a cabo una vez al año durante el primer trimestre, y otra en
la que por acuerdo del Consejo se
practican en los lugares en que se
requiere de una visita específica,
derivada de problemas que exigen
una pronta supervisión.
El presupuesto asignado
al Poder Judicial, es administrado
directamente por el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo se ha
creado un “Fondo Auxiliar para la
Impartición de Justicia”, el cual es
administrado por el Consejo de la
Judicatura, manejado por la Contraloría Interna del Poder Judicial y se
forma con recursos provenientes de
las cauciones otorgadas por garantías de libertad provisional, libertad
condicional y sanciones pecuniarias;
conmutaciones y suspensión de
condenas que se hacen efectivas;
multas impuestas, el producto de
las venta de objetos o instrumentos materia del delito; la venta de
muebles y valores depositados que
no sean retirados; donaciones o
aportaciones que reciba; el pago
de derechos por la expedición de
copias certificadas o certificaciones;
el monto de depósitos que tengan
más de tres años de constituidos,
47
Convenir con Instituciones de
Educación Superior, a efecto de que
se desarrolle la carrera judicial.
ausencia temporal, suplencias y
faltas definitivas de los Servidores
Públicos.
Controlar, evaluar, inspeccionar y vigilar los ingresos, gastos,
recursos y obligaciones de los Órganos y Servidores Públicos.
Calificar los impedimentos de
los Consejeros.
Expedir los Reglamentos interiores en materia administrativa,
de Contraloría Interna, defensoría
de oficio, carrera judicial, escalafón,
visitaduría judicial y régimen disciplinario.
Celebrar, previa autorización
del Pleno del Tribunal Superior de
Justicia, contratos para atender las
necesidades administrativas.
Organizar simposiums, conferencias y otros eventos que resulten de interés para la Institución.
Practicar visitas a los Juzgados y a la Comisión Jurisdiccional
de Menores Infractores.
Conocer y resolver, con excepción de los Magistrados, sobre
los casos de renuncia, licencia,
46
Desarrollar por conducto del
Instituto de Formación, Capacitación, Especialización y Actualización
del Poder Judicial, tareas de información e investigación.
Administrar el sistema aleatorio para la distribución de los
asuntos que se radiquen en los
Tribunales del Poder Judicial.
Nombrar y remover a los
defensores de oficio a propuesta
del Pleno del Tribunal.
Llevar el registro de los Profesionales que en calidad de peritos
puedan fungir como auxiliares en la
Tener bajo su cuidado el Archivo Judicial para el resguardo de
los expedientes relativos a procesos
concluidos, así como integrar y conservar el acervo de la Biblioteca del
Poder Judicial del Estado.
LOGROS SIGNIFICATIVOS
Congruente con la funciones
y facultades derivadas de la normatividad los principales y significativos
logros que se han obtenido son los
siguientes:
Se creó la Dirección de la
Defensoría de Oficio que se rige por
la disposición reglamentaria respectiva, y que atiende esencialmente
asuntos de orden Penal, ya que por
una desafortunada reforma a la Ley
Orgánica del Poder Judicial se excluyó la obligación de atender los asuntos de orden civil, que la anterior ley
contemplaba, específica mente para
los indigentes y personas de escasa
ilustración.
Se creó la contraloría del
Poder Judicial cuyas acciones de
control, evaluación, inspección y
vigilancia de los recursos, excluyen
a los que corresponden al Tribunal
Superior de Justicia, como se ha
dicho.
Cumpliendo con la obligación de practicar visitas Judiciales,
se estableció un programa que se
desarrolla de dos formas: una que
se lleva a cabo una vez al año durante el primer trimestre, y otra en
la que por acuerdo del Consejo se
practican en los lugares en que se
requiere de una visita específica,
derivada de problemas que exigen
una pronta supervisión.
El presupuesto asignado
al Poder Judicial, es administrado
directamente por el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo se ha
creado un “Fondo Auxiliar para la
Impartición de Justicia”, el cual es
administrado por el Consejo de la
Judicatura, manejado por la Contraloría Interna del Poder Judicial y se
forma con recursos provenientes de
las cauciones otorgadas por garantías de libertad provisional, libertad
condicional y sanciones pecuniarias;
conmutaciones y suspensión de
condenas que se hacen efectivas;
multas impuestas, el producto de
las venta de objetos o instrumentos materia del delito; la venta de
muebles y valores depositados que
no sean retirados; donaciones o
aportaciones que reciba; el pago
de derechos por la expedición de
copias certificadas o certificaciones;
el monto de depósitos que tengan
más de tres años de constituidos,
47
y con los rendimientos de recursos
ajenos que generen los depósitos
que se efectúen ante los tribunales
judiciales.
Juzgados mediante la adquisición
de terrenos para esos fines; red
de informática y otros que por su
naturaleza inciden en éste rubro.
Por disposición de la Ley,
ese Fondo debe ser manejado y
operado mediante un Fideicomiso,
cuyo Comité Técnico está a cargo
de dos Consejeros comisionados,
quienes cada seis meses se alternan para presidirlo y actualmente lo
integran el Consejero representante
del Poder Ejecutivo y el Consejero
Magistrado proveniente del Tribunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Dentro de la labor editorial,
se han realizado cuatro ediciones
anuales de la Revista Jurídica Veracruzana, donde se dan a conocer
los principales criterios emitidos por
las Salas del Poder Judicial; trabajos
doctrinales de connotados Juristas
y de los propios Magistrados del
Tribunal, así como las leyes que se
ponen en vigor. Igualmente se han
hecho ediciones de obras jurídicas
de los Magistrados que merecen el
auspicio del Consejo de la Judicatura.
Las necesidades materiales
son vigiladas y satisfechas a través
de la Comisión de aprovisionamiento
también a cargo de dos Consejeros,
uno de ellos el representante del
Congreso y la Magistrada representante del Tribunal Contencioso
Administrativo. Entre la multitud
de acciones para satisfacer las necesidades materiales se encuentra
el control de proporcionar todos
los implementos de trabajo desde
papelería hasta computadoras;
la remodelación de edificios; la
construcción de locales para los
48
Por cuanto hace al Instituto
de Formación, Capacitación, Especialización y Actualización del Poder
Judicial, durante el presente año,
se realizaron las siguientes actividades: Coloquio entre Jueces y
Magistrados; un curso denominado
Consideraciones Jurídicas sobre la
Prueba Indiciaria en Materia Penal;
taller de Metodología para la elaboración de sentencias; curso teórico práctico de Argumentación e
actual, porque no se integraban
Magistrados ni de los tribunales
Contencioso Administrativo y de
Conciliación y Arbitraje, pues estos
se desempeñaban como Tribunales
autónomos y ahora forman parte
del Poder Judicial del Estado.
El actual Consejo se encuentra en funciones desde el mes de
enero del año dos mil uno.
PRINCIPALES FUNCIONES Y
TAREAS
Las funciones y tareas encomendadas por disposición de la
Ley al Consejo de la Judicatura del
Estado son las siguientes:
Conducir la administración
vigilancia y disciplina del Poder
Judicial con excepción del Tribunal
Superior de Justicia.
Formar, actualizar y especializar a los Servidores Públicos
del Poder Judicial y desarrollar la
carrera judicial
Auxiliar al Pleno del Tribunal
Superior de Justicia en la elabora-
ción del proyecto de presupuesto.
Celebrar sesiones ordinarias
una vez por semana y extraordinarias, cada vez que se requieran.
Erigir de conformidad con
el reglamento y el presupuesto, el
número de Juzgados en las materias
que se requieran, determinando la
cabecera del distrito o ciudad de
residencia y adscribir a los jueces
que los deban de integrar.
Nombrar y remover, con excepción de los Magistrados de los
Tribunales, a todos los Servidores
Públicos del Poder Judicial.
Administrar el Fondo Auxiliar
para la Impartición de Justicia.
Atender las solicitudes del
Órgano de Fiscalización Superior
respecto del ejercicio del presupuesto del Poder Judicial.
Resolver sobre los Instructivos de Responsabilidad por quejas
o denuncias presentadas en contra
de los Servidores Públicos del Poder
Judicial.
45
el Consejo de la Judicatura ha propiciado importantes cambios en el
ámbito Judicial, contribuyendo al
mejoramiento físico y material de
las instalaciones de los Juzgados, y
si bien no se ha logrado lo óptimo,
sí es notable la evolución que en ese
sentido se ha logrado, así como la
incorporación de los avances técnicos para el uso de los sistemas
computacionales.
Los frecuentes cambios de
adscripción de Jueces, Secretarios,
y ocasionalmente personal administrativo, dan al Servidor Público Judicial la certeza de que está siendo
observado en su actividad, lo que
contribuye a un desempeño más
eficiente.
Las necesidades del servicio
son las que se determinan principalmente como resultado de las
visitas supervisión y los cambios
de personal, sin que esto implique
la periodicidad de las visitas que
por Ley están encargadas al propio
Consejo de la Judicatura.
Tenemos plena conciencia de
que la labor que desarrolla el Conse52
jo de la Judicatura es permanente,
como permanente debe ser también
el propósito de perfeccionar la impartición de Justicia, pues si bien
es cierto que nuestra labor se limita
sólo a la actividad administrativa,
el Consejo contribuye aportando
los recursos materiales y de control
para que lo demás se realice; esto
nos estimula a continuar persistentemente para lograr ese propósito.
Interpretación Judicial; curso sobre
Derecho Electoral y Práctica Forense; el XXIV curso para aspirantes a
Secretarios de Acuerdos. Dirigido a
Juzgados Municipales, se impartió
un curso sobre la fase de instrucción en el Procedimiento Penal, y un
taller sobre Justicia Municipal en el
Procedimiento.
En auxilio de las trabajadoras al servicio del Poder Judicial se
estableció una guardería infantil
para sus hijos, cuyo sostenimiento
se hace con los recursos del Fondo, pero que en breve tiempo será
autofinanciable.
Debe señalarse que durante
el presente año se tomó la decisión
de impartir los cursos antes referidos
sólo al personal que labora dentro
del Poder Judicial, pues la experiencia de años anteriores nos demostró
que cuando se convocaba en forma
abierta a participar en los cursos
de actualización y capacitación, el
criterio general de los asistentes era
en el sentido de que la Institución
quedaba comprometida a ocuparlos
necesariamente, lo cual no es así.
Durante la administracion del
actual Consejo se han expedido los
siguientes ordenamientos.
Con apoyo en lo anterior, el
Consejo de la Judicatura celebró un
convenio con su homólogo de la Judicatura Federal para la participación
recíproca en cursos y eventos afines
que realizan uno y otro y que benefician y justifican la labor de ambas
instituciones.
ACTIVIDAD REGLAMENTARIA
* Reglamento Interior del Consejo
de la Judicatura.
* Reglamento Interior de la Dirección de Coordinación y Supervisión
de la Defensoría de Oficio y de
Registro Estatal de Peritos.
* Reglamento del Instituto de
Formación, Capacitación, Especialización y Actualización del Poder
Judicial del Estado.
* Reglas de Operación del Fondo
Auxiliar para la Administración de
Justicia.
* Manual de Viáticos.
* Reglamento Interior del Jardín
Materno Infantil del Poder Judicial.
Formación, Capacitación, Especia49
lización y Actualización del Poder
Judicial
* Reglamento de la Comisión Jurisdiccional de Menores Infractores
* Guía de procedimiento para la aplicación de sanciones laborales.
sobre sus procedimientos, existiendo actualmente un número de
10 niñas y 162 varones haciendo
un total de 172 menores sujetos a
procedimiento, sobre la base de que
en el Estado de Veracruz la edad
punible es de 16 años. Sin embargo,
existe iniciativa de la Ley pendiente
de aprobación en el Congreso, que
propone elevar la edad punible a
18 años lo cual incrementa rá, de
aprobarse la reforma, tanto el número de menores infractores, como
las necesidades físicas, materiales
y económicas que necesariamente
se derivarán.
La Comisión de aprovisionamiento mantiene una constante
comunicación con los Jueces de la
entidad que suman 1,007 entre 26
Jueces de Primera Instancia Civil, 21
Jueces Penales, 7 Jueces Mixtos de
Primera Instancia, 8 Jueces Menores
Civiles, 8 Jueces Menores Penales, 7
Jueces Mixtos Menores, 198 Jueces
Municipales y 732 Jueces de Comunidad, labor que es permanente y La Comisión de Vigilancia
que por su propia naturaleza nunca funciona en la sede del Poder
queda satisfecha a plenitud .
Judicial, pues extenderla a todas
las dependencias Judiciales en el
En la presente administración Estado implicaría un gravamen
de éste Consejo se reestableció la aún no calculado. Esta comisión ha
Comisión Jurisdiccional de Menores logrado erradicar la presencia de
Infractores, que por vaivenes de vendedores, prestamistas, tandas
orden político había sido manejada y otras actividades comerciales
por el DIF estatal y que anteriormen- que simbióti camente se desarrote había funcionado como Consejo llaban en las instalaciones de la
Tutelar de Menores Infractores.
Institución. Lo anterior exige una
vigilancia permanente, control de
Actualmente es responsabili- acceso a la sede del Poder Judicial,
dad del Consejo de la Judicatura el y un sistema de seguridad que
control del personal y la vigilancia
50
ocasionalmente permite el retiro de
los comerciantes que entorpecen y
desvían la actividad laboral.
Otra de las funciones fundamentales del Consejo, es la de
tomar conocimiento de las quejas
interpuestas en contra de los Servidores Públicos del Poder Judicial,
mediante la formación de Instructivos de Responsabilidad en los que
se cumple con las disposiciones
procesales que establecen las Leyes
del caso, culminando con la aplicación de sanciones que van, desde
la amonestación privada hasta la
destitución del Servidor Publico.
En el lapso de enero a octubre del
año dos mil dos, se radicaron 103
Instructivos de los cuales a la fecha se han resuelto 80 en los que
se aplicaron 38 sanciones, 41 se
declararon improcedentes y 39 se
encuentran en tramite.
LABORES A REALIZAR
Están en etapa de realización,
la adaptación de un edificio propio
ubicado en la Ciudad y Puerto de
Veracruz, que albergará en breve a
los Juzgados Civiles de esa Ciudad.
Está por realizarse la construcción
del Archivo judicial en la ciudad de
Xalapa en un predio que fue donado
por el Poder Ejecutivo. Así mismo
están en proyecto la construcción
de sendos edificios en las Ciudades
de Coatzacoalcos y Poza Rica, que
igualmente albergarán los Juzgados
de estas ciudades.
Se tiene en proyecto establecer un sistema de red a través de
Internet para mantener en contacto
permanente a los Juzgados de la
entidad.
Debe considerarse que el Estado de Veracruz tiene aproximadamente nueve millones de habitantes,
y que las principales poblaciones
que rebasan el medio millón de habitantes son Coatzacoalcos, Veracruz
y Xalapa la Capital. Sin embargo,
existen también ciudades populosas
que no llegan a esa cifra pero que
presentan un alto índice de actividad
Judicial, como son Córdoba, Orizaba,
Poza Rica, Túxpan y Minatitlán.
CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO
JUDICIAL
No obstante las limitaciones
presupuestales del Poder Judicial,
51
lización y Actualización del Poder
Judicial
* Reglamento de la Comisión Jurisdiccional de Menores Infractores
* Guía de procedimiento para la aplicación de sanciones laborales.
sobre sus procedimientos, existiendo actualmente un número de
10 niñas y 162 varones haciendo
un total de 172 menores sujetos a
procedimiento, sobre la base de que
en el Estado de Veracruz la edad
punible es de 16 años. Sin embargo,
existe iniciativa de la Ley pendiente
de aprobación en el Congreso, que
propone elevar la edad punible a
18 años lo cual incrementa rá, de
aprobarse la reforma, tanto el número de menores infractores, como
las necesidades físicas, materiales
y económicas que necesariamente
se derivarán.
La Comisión de aprovisionamiento mantiene una constante
comunicación con los Jueces de la
entidad que suman 1,007 entre 26
Jueces de Primera Instancia Civil, 21
Jueces Penales, 7 Jueces Mixtos de
Primera Instancia, 8 Jueces Menores
Civiles, 8 Jueces Menores Penales, 7
Jueces Mixtos Menores, 198 Jueces
Municipales y 732 Jueces de Comunidad, labor que es permanente y La Comisión de Vigilancia
que por su propia naturaleza nunca funciona en la sede del Poder
queda satisfecha a plenitud .
Judicial, pues extenderla a todas
las dependencias Judiciales en el
En la presente administración Estado implicaría un gravamen
de éste Consejo se reestableció la aún no calculado. Esta comisión ha
Comisión Jurisdiccional de Menores logrado erradicar la presencia de
Infractores, que por vaivenes de vendedores, prestamistas, tandas
orden político había sido manejada y otras actividades comerciales
por el DIF estatal y que anteriormen- que simbióti camente se desarrote había funcionado como Consejo llaban en las instalaciones de la
Tutelar de Menores Infractores.
Institución. Lo anterior exige una
vigilancia permanente, control de
Actualmente es responsabili- acceso a la sede del Poder Judicial,
dad del Consejo de la Judicatura el y un sistema de seguridad que
control del personal y la vigilancia
50
ocasionalmente permite el retiro de
los comerciantes que entorpecen y
desvían la actividad laboral.
Otra de las funciones fundamentales del Consejo, es la de
tomar conocimiento de las quejas
interpuestas en contra de los Servidores Públicos del Poder Judicial,
mediante la formación de Instructivos de Responsabilidad en los que
se cumple con las disposiciones
procesales que establecen las Leyes
del caso, culminando con la aplicación de sanciones que van, desde
la amonestación privada hasta la
destitución del Servidor Publico.
En el lapso de enero a octubre del
año dos mil dos, se radicaron 103
Instructivos de los cuales a la fecha se han resuelto 80 en los que
se aplicaron 38 sanciones, 41 se
declararon improcedentes y 39 se
encuentran en tramite.
LABORES A REALIZAR
Están en etapa de realización,
la adaptación de un edificio propio
ubicado en la Ciudad y Puerto de
Veracruz, que albergará en breve a
los Juzgados Civiles de esa Ciudad.
Está por realizarse la construcción
del Archivo judicial en la ciudad de
Xalapa en un predio que fue donado
por el Poder Ejecutivo. Así mismo
están en proyecto la construcción
de sendos edificios en las Ciudades
de Coatzacoalcos y Poza Rica, que
igualmente albergarán los Juzgados
de estas ciudades.
Se tiene en proyecto establecer un sistema de red a través de
Internet para mantener en contacto
permanente a los Juzgados de la
entidad.
Debe considerarse que el Estado de Veracruz tiene aproximadamente nueve millones de habitantes,
y que las principales poblaciones
que rebasan el medio millón de habitantes son Coatzacoalcos, Veracruz
y Xalapa la Capital. Sin embargo,
existen también ciudades populosas
que no llegan a esa cifra pero que
presentan un alto índice de actividad
Judicial, como son Córdoba, Orizaba,
Poza Rica, Túxpan y Minatitlán.
CONTRIBUCIÓN AL CAMBIO
JUDICIAL
No obstante las limitaciones
presupuestales del Poder Judicial,
51
el Consejo de la Judicatura ha propiciado importantes cambios en el
ámbito Judicial, contribuyendo al
mejoramiento físico y material de
las instalaciones de los Juzgados, y
si bien no se ha logrado lo óptimo,
sí es notable la evolución que en ese
sentido se ha logrado, así como la
incorporación de los avances técnicos para el uso de los sistemas
computacionales.
Los frecuentes cambios de
adscripción de Jueces, Secretarios,
y ocasionalmente personal administrativo, dan al Servidor Público Judicial la certeza de que está siendo
observado en su actividad, lo que
contribuye a un desempeño más
eficiente.
Las necesidades del servicio
son las que se determinan principalmente como resultado de las
visitas supervisión y los cambios
de personal, sin que esto implique
la periodicidad de las visitas que
por Ley están encargadas al propio
Consejo de la Judicatura.
Tenemos plena conciencia de
que la labor que desarrolla el Conse52
jo de la Judicatura es permanente,
como permanente debe ser también
el propósito de perfeccionar la impartición de Justicia, pues si bien
es cierto que nuestra labor se limita
sólo a la actividad administrativa,
el Consejo contribuye aportando
los recursos materiales y de control
para que lo demás se realice; esto
nos estimula a continuar persistentemente para lograr ese propósito.
Interpretación Judicial; curso sobre
Derecho Electoral y Práctica Forense; el XXIV curso para aspirantes a
Secretarios de Acuerdos. Dirigido a
Juzgados Municipales, se impartió
un curso sobre la fase de instrucción en el Procedimiento Penal, y un
taller sobre Justicia Municipal en el
Procedimiento.
En auxilio de las trabajadoras al servicio del Poder Judicial se
estableció una guardería infantil
para sus hijos, cuyo sostenimiento
se hace con los recursos del Fondo, pero que en breve tiempo será
autofinanciable.
Debe señalarse que durante
el presente año se tomó la decisión
de impartir los cursos antes referidos
sólo al personal que labora dentro
del Poder Judicial, pues la experiencia de años anteriores nos demostró
que cuando se convocaba en forma
abierta a participar en los cursos
de actualización y capacitación, el
criterio general de los asistentes era
en el sentido de que la Institución
quedaba comprometida a ocuparlos
necesariamente, lo cual no es así.
Durante la administracion del
actual Consejo se han expedido los
siguientes ordenamientos.
Con apoyo en lo anterior, el
Consejo de la Judicatura celebró un
convenio con su homólogo de la Judicatura Federal para la participación
recíproca en cursos y eventos afines
que realizan uno y otro y que benefician y justifican la labor de ambas
instituciones.
ACTIVIDAD REGLAMENTARIA
* Reglamento Interior del Consejo
de la Judicatura.
* Reglamento Interior de la Dirección de Coordinación y Supervisión
de la Defensoría de Oficio y de
Registro Estatal de Peritos.
Formación, Capacitación, Especialización y Actualización del Poder
Judicial del Estado.
* Reglas de Operación del Fondo
Auxiliar para la Administración de
Justicia.
* Manual de Viáticos.
* Reglamento Interior del Jardín
Materno Infantil del Poder Judicial.
Formación, Capacitación, Especia49
los Tribunales Federales.
Por su parte los tribunales federales
(Jurisprudencia 576 Pág. 526 apéndice 1917-2000 Tomo IV materia civil) señalan que existe litisconsorcio
pasivo necesario, “cuando las cuestiones que en el juicio se ventilan,
afectan a mas de dos personas, de
manera que no es posible pronunciar
sentencia válida, sin oírlas a todas
ellas, además se requiere que los
demandados se hallen en comunidad jurídica con respecto al objeto
litigioso o tengan un mismo derecho,
o se encuentren obligados por igual
causa de hecho o jurídica”.
Expuesto todo lo anterior, durante
años se ventilaron juicios diversos
dentro de los cuales se podría pensar
en que habría algún interés jurídico
para los Notarios, sin que se llamaran a éstos, sin embargo, en algún
momento los tribunales federales
sentaron precedentes en el sentido
de que habría que llamar a juicio al
fedatario, en los casos de que éste
pudiera tener un interés jurídico, o
bien le pudiese resultar una responsabilidad, como podría ser cuando se
demanda la nulidad de una escritura
y se alega la falsificación de firma,
56
o la suplantación de una persona;
y finalmente, el criterio derivó a
determinar que siempre que se demanda la nulidad de una escritura,
debe llamarse a juicio al Notario
que intervino en ella, como se advierte de la Jurisprudencia visible
bajo el numero 288, Apéndice 1917
-2000 Tomo IV Civil Pág. 243, que
resolvió la contradicción de tesis
14/88, y que dice: ““"NOTARIO.
TIENE LEGITIMACION PASIVA EN
EL JUICIO DE NULIDAD DE UNA
ESCRITURA OTORGADA ANTE EL.Cuando se demanda la nulidad de
una escritura pública, debe intervenir necesariamente el Notario ante
quien se otorgó, ya que de proceder
la acción, tiene que hacer la anotación respectiva a su protocolo y
además, porque en algunos casos,
su actuación trae aparejada responsabilidad ya sea por una conducta
dolosa o culposa.”””
Ahora bien, el criterio anterior deriva del hecho de que si bien no puede decirse que el Notario se halle en
comunidad jurídica con las partes
que intervinieron en un contrato, si
se encuentra obligado por la misma
causa de hecho o jurídica, como lo
es la confección del instrumento
El Notario Público como parte
demandada en juicio
* Magdo. Miguel G. Manzanilla Pavón
INDICE:
1.- Introducción.
De todos es sabido que la correcta
integración de un proceso, llámese
civil o mercantil, requiere de la
1.1. La Litisconsorcio
satisfacción de los presupuestos
procesales básicos, como son la
1.2. Formas de Litisconsorcio
personalidad de las partes, la com1.3. Evolución de los criterios de los petencia del tribunal, y el correcto
llamamiento a juicio de todos los inTribunales Federales
teresados en éste, o sea la integra2. La prueba confesional a cargo ción de la relación jurídica procesal,
a través del emplazamiento formal
del Notario
de todos los demandados.
2.1. Concepto de autoridad
Ahora bien, la diversificación de las
relaciones jurídicas que la vida mo2.2 Criterios diversos
derna impone a todas las personas
físicas o morales, la complejidad
* Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de las operaciones mercantiles, y
y del Consejo de la Judicatura del Estado, además de
ser autor de diversos textos jurídicos y Catedrático de los fenómenos económicos, que
la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. desde luego inciden en beneficio
1. Introducción.
53
o perjuicio de los justiciables, ha
generado una multiplicación de los
litigios y además enorme variedad
en las acciones ejercitadas ante los
distintos tribunales civiles.
datarios, que tanto se invoca como
justificación para las demandas en
su contra..?
Es evidente que la respuesta no
puede darse en forma categórica en
un sentido o en otro, y que el problema y su solución debe plantearse
en función de cada caso concreto,
pero además, como lo veremos más
adelante, la variación de posturas
obedece también a la variación de
los criterios que con el transcurso
del tiempo fueron generando los
tribunales federales en su jurisprudencia.
Dentro de este contexto, el Notario
Público, agente de capital importancia en la seguridad de las relaciones
jurídicas y de las operaciones, de
pronto ha visto multiplicarse la existencia de demandas en donde se
le ubica como parte reo, no por ser
interesado directamente desde el
punto de vista jurídico, sino porque
se impugna un instrumento en el
que el Notario actuó en su calidad
de fedatario.
1.1. La Litisconsorcio.
Ahora bien, por principio, ningún
precepto de la Ley de Notariado, ni
de nuestro Código adjetivo, prohíbe
que se demande a un Notario, por el
simple hecho de serlo, de donde se
sigue que en una primera conclusión
el fedatario sí puede ser demandado, surgiendo la interrogante en
otro sentido, esto es, ¿el Notario
está legitimado pasivamente para
ser llamado a juicio..? ¿Existe en
realidad la litisconsorcio pasiva
necesaria, en relación con los fe-
54
Litisconsorcio es un término compuesto, derivado de los vocablos
latinos lis-litis o sea litigio y consortium que significa participación
o comunión de una misma suerte
con uno o varios, por lo cual litisconsorcio quiere decir litigio en
que participan de una misma suerte
varias personas.
1.2. Formas de Litisconsorcio.
La participación de un actor y un
demandado es lo normal en los
juicios contenciosos civiles, sin
embargo, hay procesos en los que
intervienen partes complejas, como
las llama Carnelutti (1), es decir,
varias personas físicas o morales
figurando como actores contra un
solo demandado o un actor contra
varios demandados, o finalmente
varios actores contra varios demandados. En el primer caso hablaríamos de una litisconsorcio activa y
en el segundo de una litisconsorcio
pasiva; finalmente la última hipótesis es una composición de ambas.
Por otro lado, se habla de litisconsorcio voluntario y de litisconsorcio
necesario. El primero tiene lugar
cuando el actor hace que varias
partes intervengan en el juicio
como demandados, porque así
lo quiere, pues podría ejercitar
en procedimientos separados sus
acciones y obtener sentencias favorables, en tanto que el segundo
existe cuando la obligación de
concurrir al pleito deriva de la naturaleza de litigio.
Un ejemplo de litisconsorcio vo-
luntario se daría con la mancomunidad de deudores o de acreedores
que establece el artículo 1918 del
Código Civil del Estado, pues como
no cada uno de los primeros debe
cumplir íntegramente la obligación,
ni la segunda da derecho a cada
uno de los acreedores para exigir el
total cumplimiento de la misma, los
litigios pueden intentarse separadamente demandando la parte que a
cada quien le corresponde.
Un ejemplo de litisconsorcio necesario, sería el caso de los condueños
de un bien para ejercitar acciones
derivadas de la copropiedad, como
por ejemplo la terminación de la
misma (communi dividundo), pues
innegablemente que para que prospere debe llamarse a juicio a todos
los condueños; o bien la disolución
de una sociedad, en donde es obvio
que debe llamarse a juicio a los socios que la integran, o la rectificación
de un acta del estado civil en donde
debe oírse a todos los interesados
en la misma.
1.3. Evolución de los criterios de
1) CARNELUTTI FRANCESCO.- Sistema
de Derecho Procesal Civil; Buenos Aires,
UTEHA, 1994.
55
o perjuicio de los justiciables, ha
generado una multiplicación de los
litigios y además enorme variedad
en las acciones ejercitadas ante los
distintos tribunales civiles.
datarios, que tanto se invoca como
justificación para las demandas en
su contra..?
Es evidente que la respuesta no
puede darse en forma categórica en
un sentido o en otro, y que el problema y su solución debe plantearse
en función de cada caso concreto,
pero además, como lo veremos más
adelante, la variación de posturas
obedece también a la variación de
los criterios que con el transcurso
del tiempo fueron generando los
tribunales federales en su jurisprudencia.
Dentro de este contexto, el Notario
Público, agente de capital importancia en la seguridad de las relaciones
jurídicas y de las operaciones, de
pronto ha visto multiplicarse la existencia de demandas en donde se
le ubica como parte reo, no por ser
interesado directamente desde el
punto de vista jurídico, sino porque
se impugna un instrumento en el
que el Notario actuó en su calidad
de fedatario.
1.1. La Litisconsorcio.
Ahora bien, por principio, ningún
precepto de la Ley de Notariado, ni
de nuestro Código adjetivo, prohíbe
que se demande a un Notario, por el
simple hecho de serlo, de donde se
sigue que en una primera conclusión
el fedatario sí puede ser demandado, surgiendo la interrogante en
otro sentido, esto es, ¿el Notario
está legitimado pasivamente para
ser llamado a juicio..? ¿Existe en
realidad la litisconsorcio pasiva
necesaria, en relación con los fe-
54
Litisconsorcio es un término compuesto, derivado de los vocablos
latinos lis-litis o sea litigio y consortium que significa participación
o comunión de una misma suerte
con uno o varios, por lo cual litisconsorcio quiere decir litigio en
que participan de una misma suerte
varias personas.
1.2. Formas de Litisconsorcio.
La participación de un actor y un
demandado es lo normal en los
juicios contenciosos civiles, sin
embargo, hay procesos en los que
intervienen partes complejas, como
las llama Carnelutti (1), es decir,
varias personas físicas o morales
figurando como actores contra un
solo demandado o un actor contra
varios demandados, o finalmente
varios actores contra varios demandados. En el primer caso hablaríamos de una litisconsorcio activa y
en el segundo de una litisconsorcio
pasiva; finalmente la última hipótesis es una composición de ambas.
Por otro lado, se habla de litisconsorcio voluntario y de litisconsorcio
necesario. El primero tiene lugar
cuando el actor hace que varias
partes intervengan en el juicio
como demandados, porque así
lo quiere, pues podría ejercitar
en procedimientos separados sus
acciones y obtener sentencias favorables, en tanto que el segundo
existe cuando la obligación de
concurrir al pleito deriva de la naturaleza de litigio.
Un ejemplo de litisconsorcio vo-
luntario se daría con la mancomunidad de deudores o de acreedores
que establece el artículo 1918 del
Código Civil del Estado, pues como
no cada uno de los primeros debe
cumplir íntegramente la obligación,
ni la segunda da derecho a cada
uno de los acreedores para exigir el
total cumplimiento de la misma, los
litigios pueden intentarse separadamente demandando la parte que a
cada quien le corresponde.
Un ejemplo de litisconsorcio necesario, sería el caso de los condueños
de un bien para ejercitar acciones
derivadas de la copropiedad, como
por ejemplo la terminación de la
misma (communi dividundo), pues
innegablemente que para que prospere debe llamarse a juicio a todos
los condueños; o bien la disolución
de una sociedad, en donde es obvio
que debe llamarse a juicio a los socios que la integran, o la rectificación
de un acta del estado civil en donde
debe oírse a todos los interesados
en la misma.
1.3. Evolución de los criterios de
1) CARNELUTTI FRANCESCO.- Sistema
de Derecho Procesal Civil; Buenos Aires,
UTEHA, 1994.
55
los Tribunales Federales.
Por su parte los tribunales federales
(Jurisprudencia 576 Pág. 526 apéndice 1917-2000 Tomo IV materia civil) señalan que existe litisconsorcio
pasivo necesario, “cuando las cuestiones que en el juicio se ventilan,
afectan a mas de dos personas, de
manera que no es posible pronunciar
sentencia válida, sin oírlas a todas
ellas, además se requiere que los
demandados se hallen en comunidad jurídica con respecto al objeto
litigioso o tengan un mismo derecho,
o se encuentren obligados por igual
causa de hecho o jurídica”.
Expuesto todo lo anterior, durante
años se ventilaron juicios diversos
dentro de los cuales se podría pensar
en que habría algún interés jurídico
para los Notarios, sin que se llamaran a éstos, sin embargo, en algún
momento los tribunales federales
sentaron precedentes en el sentido
de que habría que llamar a juicio al
fedatario, en los casos de que éste
pudiera tener un interés jurídico, o
bien le pudiese resultar una responsabilidad, como podría ser cuando se
demanda la nulidad de una escritura
y se alega la falsificación de firma,
56
o la suplantación de una persona;
y finalmente, el criterio derivó a
determinar que siempre que se demanda la nulidad de una escritura,
debe llamarse a juicio al Notario
que intervino en ella, como se advierte de la Jurisprudencia visible
bajo el numero 288, Apéndice 1917
-2000 Tomo IV Civil Pág. 243, que
resolvió la contradicción de tesis
14/88, y que dice: ““"NOTARIO.
TIENE LEGITIMACION PASIVA EN
EL JUICIO DE NULIDAD DE UNA
ESCRITURA OTORGADA ANTE EL.Cuando se demanda la nulidad de
una escritura pública, debe intervenir necesariamente el Notario ante
quien se otorgó, ya que de proceder
la acción, tiene que hacer la anotación respectiva a su protocolo y
además, porque en algunos casos,
su actuación trae aparejada responsabilidad ya sea por una conducta
dolosa o culposa.”””
Ahora bien, el criterio anterior deriva del hecho de que si bien no puede decirse que el Notario se halle en
comunidad jurídica con las partes
que intervinieron en un contrato, si
se encuentra obligado por la misma
causa de hecho o jurídica, como lo
es la confección del instrumento
El Notario Público como parte
demandada en juicio
* Magdo. Miguel G. Manzanilla Pavón
INDICE:
1.- Introducción.
De todos es sabido que la correcta
integración de un proceso, llámese
civil o mercantil, requiere de la
1.1. La Litisconsorcio
satisfacción de los presupuestos
procesales básicos, como son la
1.2. Formas de Litisconsorcio
personalidad de las partes, la com1.3. Evolución de los criterios de los petencia del tribunal, y el correcto
llamamiento a juicio de todos los inTribunales Federales
teresados en éste, o sea la integra2. La prueba confesional a cargo ción de la relación jurídica procesal,
a través del emplazamiento formal
del Notario
de todos los demandados.
2.1. Concepto de autoridad
Ahora bien, la diversificación de las
relaciones jurídicas que la vida mo2.2 Criterios diversos
derna impone a todas las personas
físicas o morales, la complejidad
* Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de las operaciones mercantiles, y
y del Consejo de la Judicatura del Estado, además de
ser autor de diversos textos jurídicos y Catedrático de los fenómenos económicos, que
la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. desde luego inciden en beneficio
1. Introducción.
53
estado, o su alteración afectación, es evidente que el notario carece de
todo ello en forma imperativa.
esta facultad, por lo que no puede
ubicársele como autoridad y si esto
Por su parte el Licenciado Gabino es así, es claro que no se encuentra
Fraga (3) señala que cuando las dentro de la hipótesis de excepción
facultades otorgadas a un órgano para la absolución de posiciones en
implican el poder de decisión y términos del artículo 260 del Código
ejecución, es decir la autorización Procesal Civil.
para realizar actos de naturaleza
jurídica que afecte la esfera de los 2.2. Criterios Diversos.
particulares y la de imponer a éstos
sus determinaciones, se tiene el No se desconoce que los Tribunaconcepto de autoridad. Para Carn- les Federales han establecido que
elutti, según lo cita Pallares en su al Notario Público puede tenérsele
Diccionario de Derecho Procesal Ci- como autoridad, pero para los efecvil (4) la autoridad es la persona que tos del amparo, y siempre y cuando
goza de potestad jurídica entendida actúen en aquellos casos en que
ésta como el poder de mando para la Ley les da de hecho facultades
la tutela de un interés ajeno.
jurisdiccionales, como son las referentes a la tramitación de suceComo se aprecia, la nota reitera- siones, prevista en la Ley Adjetiva
tiva del concepto de autoridad no Civil, en sus artículos 587, 674 y
es simplemente el de ejercer una 678 en donde de hecho sustituyen
función pública, sino la de que al órgano jurisdiccional en actividalos actos que se ejercen lleven el des originalmente encomendadas a
imperio inherente a la facultad de éste, como se advierte de la tesis
obrar, o sea, la de imponer a los del Segundo Tribunal Colegiado del
particulares sus determinaciones, y
2) BURGOA ORIHUELA IGNACIO.- El Juicio de Amparo.- Editorial Porrúa 1981.
3) FRAGA GABINO.- Derecho Administrativo. Editorial Porrúa 1971, Pág. 128.
4) PALLARES EDUARDO.- Diccionario de Derecho Procesal Civil. Edit.
Porrúa,Pag.112
60
público y su intervención al dar fe
del acto, lo que como se apunta
en la jurisprudencia atrás citada
puede generarle alguna responsabilidad a título de dolo o de culpa,
lo primero cuando un fedatario se
presta por ejemplo, a una suplantación de personas, a sabiendas
del hecho; y lo segundo, cuando
no agota el cuidado que debe tener
para cerciorarse de ciertos aspectos
fundamentales.
En estos casos, es indiscutible que
sí existe una litisconsorcio pasiva
necesaria, y que debe llamarse a
juicio al Notario, pero no siempre
puede decirse que suceda lo mismo,
como por ejemplo cuando se demanda la nulidad de la protocolización de una información de dominio
rendida ante un juzgado, caso en
que el fedatario se limita a dar fe
del documento que se le presenta,
o sea la copia de las actuaciones
judiciales, las protocoliza e inscribe;
por ende, si la nulidad se plantea
por vicio del procedimiento judicial,
el notario no fue parte de éste, ni
tuvo intervención alguna, y consideramos que el simple argumento
de que tendrá finalmente que hacer
una anotación en su protocolo si el
instrumento es declarado nulo, no es
suficiente para que se llame a juicio
al Notario, quien simplemente podría
estar a las resultas del juicio.
Por último, el criterio mas reciente
de la Corte, en torno al problema
apunta: “”LITISCONSORCIO PASIVA
NECESARIO. DEBE ESTUDIARSE
DE OFICIO.- El litisconsorcio pasivo
necesario tiene lugar, entre otros
supuestos, cuando un tercero demanda la nulidad de un contrato
en cuya celebración y, en su caso,
formalización, intervinieron varias personas. Luego, si el efecto
principal del litisconsorcio pasivo
necesario, es que sólo puede haber
una sentencia para todos los litisconsortes, es claro que se debe llamar
a juicio a todos los contratantes y,
en su caso, al Notario, por lo que el
tribunal de alzada está en posibilidad
de realizar oficiosamente el examen
correspondiente, a fin de no dejar
inaudito a ninguno de los interesados.”” P./J 40/98, contradicción de
tesis 23/94.
Como se ve, al emplear la expresión
“en su caso al Notario” podría interpretarse como que no en todos los
casos tiene que llamarse al Notario,
57
sin embargo, esto no es mas que
una consideración, por lo que es
obvio que cualquier litigante, ante
la disyuntiva de demandar o no al
fedatario, con el riesgo de que se
declare en el juicio que no se integró la litis, preferirá demandar, aun
cuando resulte innecesario. Por otra
parte lo que en esencia se estudió
en la contradicción de tesis anterior,
es si la litisconsorcio pasiva necesaria puede estudiarse de oficio por el
Tribunal de alzada y no si el Notario
debe o no ser llamado a juicio.
Ahora, ¿cuál debe ser la postura
del Notario ante una demanda..?
a mi entender, esto depende del
tipo de acción ejercitada, y de lo
que directamente se le atribuya al
fedatario, porque es obvio que si se
le está atribuyendo responsabilidad,
a título de dolo o de culpa, como ya
antes dijimos, mal haría el notario
en no defenderse en un aspecto
que de declararse probado, puede
afectarle directamente; contrariamente, en hipótesis como la que
referimos de simple protocolización
de constancias, el funcionario bien
puede estarse a las resultas del juicio, siempre que la causa de nulidad
58
invocada no esté en relación directa
con el instrumento notarial, sino con
el documento que se protocoliza.
2. La prueba confesional a cargo
del Notario.
Otro aspecto cuestionado en torno
a la postura del notario como demandado, es el de si debe absolver
posiciones o nó directamente en
el juzgado. Al margen de la consideración personal del fedatario en
cuanto a lo que le puede afectar o
nó la prueba confesional, el debate
se da en torno a si el fedatario debe
absolver posiciones de conformidad
con lo que señala el articulo 260 del
esto es, sino mediante oficio librado
por el juez en donde se inserten las
posiciones.
Por principio debe establecerse que
el artículo 1° de la Ley del Notariado, establece que el ejercicio del
notariado es una función de orden
público a cargo del ejecutivo de la
entidad y, por delegación, se encomienda a Notarios profesionales del
derecho, en virtud de la patente que
para tal efecto les otorga el propio
ejecutivo; por su parte el artículo
34 de la propia ley, señala que el
Notario “es el funcionario investido de fe pública, autorizado para
autenticar los actos y los hechos
jurídicos a los que los interesados
quieran dar autenticidad conforme
a las leyes”.
Innegablemente que el Notario no
es una corporación oficial, ni un establecimiento de la administración
pública centralizada, por lo que el
punto toral es la definición de si puede ser considerado como autoridad,
en cuyo aspecto el criterio generaliDe lo anterior se desprende que sin zado ha sido en sentido negativo.
discusión el Notario es un funcionario público, que actúa por delega- 2.1. Concepto de Autoridad.
ción de las facultades del ejecutivo,
y ese carácter le ha sido reconocido La jurisprudencia de la Suprema
por la jurisprudencia federal en Corte de Justicia, ha establecido
diversas tesis; sin embargo, el artí- que por autoridad debe entenderse
culo 260 del Código Procesal Civil, a toda persona que disponga de
establece que: “las autoridades, la fuerza pública en virtud de cirlas corporaciones oficiales y los cunstancia legales, y no basta que
establecimientos que formen parte ejerza funciones públicas, sino que
de la administración pública, no ab- es necesario que sus actos lleven
solverán posiciones en la forma que el imperio inherente a la facultad
establecen los artículos anteriores, de obrar.
pero la parte contraria podrá pedir
que se les libre oficio con acuse de El Licenciado Burgoa, (2) dice que aurecibo, insertando las preguntas toridad, es el órgano estatal investique quiera hacerles para que, por do de facultades de decisión o ejevía de informe sean contestadas cución, cuyo desempeño conjunto o
dentro del término que designe el separado produce una creación, una
tribunal y que no excederá de cinco extinción de situaciones en general,
días”.
jurídicas o fácticas, dadas dentro del
59
sin embargo, esto no es mas que
una consideración, por lo que es
obvio que cualquier litigante, ante
la disyuntiva de demandar o no al
fedatario, con el riesgo de que se
declare en el juicio que no se integró la litis, preferirá demandar, aun
cuando resulte innecesario. Por otra
parte lo que en esencia se estudió
en la contradicción de tesis anterior,
es si la litisconsorcio pasiva necesaria puede estudiarse de oficio por el
Tribunal de alzada y no si el Notario
debe o no ser llamado a juicio.
Ahora, ¿cuál debe ser la postura
del Notario ante una demanda..?
a mi entender, esto depende del
tipo de acción ejercitada, y de lo
que directamente se le atribuya al
fedatario, porque es obvio que si se
le está atribuyendo responsabilidad,
a título de dolo o de culpa, como ya
antes dijimos, mal haría el notario
en no defenderse en un aspecto
que de declararse probado, puede
afectarle directamente; contrariamente, en hipótesis como la que
referimos de simple protocolización
de constancias, el funcionario bien
puede estarse a las resultas del juicio, siempre que la causa de nulidad
58
invocada no esté en relación directa
con el instrumento notarial, sino con
el documento que se protocoliza.
2. La prueba confesional a cargo
del Notario.
Otro aspecto cuestionado en torno
a la postura del notario como demandado, es el de si debe absolver
posiciones o nó directamente en
el juzgado. Al margen de la consideración personal del fedatario en
cuanto a lo que le puede afectar o
nó la prueba confesional, el debate
se da en torno a si el fedatario debe
absolver posiciones de conformidad
con lo que señala el articulo 260 del
esto es, sino mediante oficio librado
por el juez en donde se inserten las
posiciones.
Por principio debe establecerse que
el artículo 1° de la Ley del Notariado, establece que el ejercicio del
notariado es una función de orden
público a cargo del ejecutivo de la
entidad y, por delegación, se encomienda a Notarios profesionales del
derecho, en virtud de la patente que
para tal efecto les otorga el propio
ejecutivo; por su parte el artículo
34 de la propia ley, señala que el
Notario “es el funcionario investido de fe pública, autorizado para
autenticar los actos y los hechos
jurídicos a los que los interesados
quieran dar autenticidad conforme
a las leyes”.
Innegablemente que el Notario no
es una corporación oficial, ni un establecimiento de la administración
pública centralizada, por lo que el
punto toral es la definición de si puede ser considerado como autoridad,
en cuyo aspecto el criterio generaliDe lo anterior se desprende que sin zado ha sido en sentido negativo.
discusión el Notario es un funcionario público, que actúa por delega- 2.1. Concepto de Autoridad.
ción de las facultades del ejecutivo,
y ese carácter le ha sido reconocido La jurisprudencia de la Suprema
por la jurisprudencia federal en Corte de Justicia, ha establecido
diversas tesis; sin embargo, el artí- que por autoridad debe entenderse
culo 260 del Código Procesal Civil, a toda persona que disponga de
establece que: “las autoridades, la fuerza pública en virtud de cirlas corporaciones oficiales y los cunstancia legales, y no basta que
establecimientos que formen parte ejerza funciones públicas, sino que
de la administración pública, no ab- es necesario que sus actos lleven
solverán posiciones en la forma que el imperio inherente a la facultad
establecen los artículos anteriores, de obrar.
pero la parte contraria podrá pedir
que se les libre oficio con acuse de El Licenciado Burgoa, (2) dice que aurecibo, insertando las preguntas toridad, es el órgano estatal investique quiera hacerles para que, por do de facultades de decisión o ejevía de informe sean contestadas cución, cuyo desempeño conjunto o
dentro del término que designe el separado produce una creación, una
tribunal y que no excederá de cinco extinción de situaciones en general,
días”.
jurídicas o fácticas, dadas dentro del
59
estado, o su alteración afectación, es evidente que el notario carece de
todo ello en forma imperativa.
esta facultad, por lo que no puede
ubicársele como autoridad y si esto
Por su parte el Licenciado Gabino es así, es claro que no se encuentra
Fraga (3) señala que cuando las dentro de la hipótesis de excepción
facultades otorgadas a un órgano para la absolución de posiciones en
implican el poder de decisión y términos del artículo 260 del Código
ejecución, es decir la autorización Procesal Civil.
para realizar actos de naturaleza
jurídica que afecte la esfera de los 2.2. Criterios Diversos.
particulares y la de imponer a éstos
sus determinaciones, se tiene el No se desconoce que los Tribunaconcepto de autoridad. Para Carn- les Federales han establecido que
elutti, según lo cita Pallares en su al Notario Público puede tenérsele
Diccionario de Derecho Procesal Ci- como autoridad, pero para los efecvil (4) la autoridad es la persona que tos del amparo, y siempre y cuando
goza de potestad jurídica entendida actúen en aquellos casos en que
ésta como el poder de mando para la Ley les da de hecho facultades
la tutela de un interés ajeno.
jurisdiccionales, como son las referentes a la tramitación de suceComo se aprecia, la nota reitera- siones, prevista en la Ley Adjetiva
tiva del concepto de autoridad no Civil, en sus artículos 587, 674 y
es simplemente el de ejercer una 678 en donde de hecho sustituyen
función pública, sino la de que al órgano jurisdiccional en actividalos actos que se ejercen lleven el des originalmente encomendadas a
imperio inherente a la facultad de éste, como se advierte de la tesis
obrar, o sea, la de imponer a los del Segundo Tribunal Colegiado del
particulares sus determinaciones, y
2) BURGOA ORIHUELA IGNACIO.- El Juicio de Amparo.- Editorial Porrúa 1981.
3) FRAGA GABINO.- Derecho Administrativo. Editorial Porrúa 1971, Pág. 128.
4) PALLARES EDUARDO.- Diccionario de Derecho Procesal Civil. Edit.
Porrúa,Pag.112
60
público y su intervención al dar fe
del acto, lo que como se apunta
en la jurisprudencia atrás citada
puede generarle alguna responsabilidad a título de dolo o de culpa,
lo primero cuando un fedatario se
presta por ejemplo, a una suplantación de personas, a sabiendas
del hecho; y lo segundo, cuando
no agota el cuidado que debe tener
para cerciorarse de ciertos aspectos
fundamentales.
En estos casos, es indiscutible que
sí existe una litisconsorcio pasiva
necesaria, y que debe llamarse a
juicio al Notario, pero no siempre
puede decirse que suceda lo mismo,
como por ejemplo cuando se demanda la nulidad de la protocolización de una información de dominio
rendida ante un juzgado, caso en
que el fedatario se limita a dar fe
del documento que se le presenta,
o sea la copia de las actuaciones
judiciales, las protocoliza e inscribe;
por ende, si la nulidad se plantea
por vicio del procedimiento judicial,
el notario no fue parte de éste, ni
tuvo intervención alguna, y consideramos que el simple argumento
de que tendrá finalmente que hacer
una anotación en su protocolo si el
instrumento es declarado nulo, no es
suficiente para que se llame a juicio
al Notario, quien simplemente podría
estar a las resultas del juicio.
Por último, el criterio mas reciente
de la Corte, en torno al problema
apunta: “”LITISCONSORCIO PASIVA
NECESARIO. DEBE ESTUDIARSE
DE OFICIO.- El litisconsorcio pasivo
necesario tiene lugar, entre otros
supuestos, cuando un tercero demanda la nulidad de un contrato
en cuya celebración y, en su caso,
formalización, intervinieron varias personas. Luego, si el efecto
principal del litisconsorcio pasivo
necesario, es que sólo puede haber
una sentencia para todos los litisconsortes, es claro que se debe llamar
a juicio a todos los contratantes y,
en su caso, al Notario, por lo que el
tribunal de alzada está en posibilidad
de realizar oficiosamente el examen
correspondiente, a fin de no dejar
inaudito a ninguno de los interesados.”” P./J 40/98, contradicción de
tesis 23/94.
Como se ve, al emplear la expresión
“en su caso al Notario” podría interpretarse como que no en todos los
casos tiene que llamarse al Notario,
57
porque la aplicación del texto del
párrafo primero del artículo 104 del
no deja lugar a dudas al disponer
"Siempre será condenado al pago
de gastos y costas que incluirán los
honorarios del abogado patrono de
la contraparte, el litigante que no
obtuviere resolución favorable, ya
en lo principal, ya en los incidentes
que surgieren".
Esto implica que cualquier
niño o adolescente representado en
un juicio de petición de alimentos o
de aumento de alimentos, que no
obtenga sentencia favorable a sus
pretensiones, será conforme al
texto antes transcrito, condenado al
pago de gastos y costas, porque el
dispositivo observa: "siempre serà
condenado"... "el litigante que no
en lo principal, ya en los incidentes";
sanción que a mi juicio particular resulta violatoria del artículo 4o. de la
Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos, que prevé: "Los
niños y las niñas tienen derecho a
la satisfacción de sus necesidades
de alimentaciòn, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo
64
integral", como se verá a continuación.
Para mejor comprensión del
problema planteado, es necesario
transcribir el artículo 10 de la Ley
para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes,
que dispone: "Para los efectos de
garantizar y promover los derechos
contenidos en la presente ley, las
autoridades federales, del Distrito
Federal, estatales y municipales
en el ámbito de sus atribuciones,
promoverán las acciones conducentes a proporcionar la asistencia
apropiada a madres, padres, tutores
o personas responsables, para el
desempeño de sus facultades".
El numeral 11 de la Ley en
comento, impone como obligación
irrestricta a los padres y a todas las
personas que tengan a su cuidado
niñas, niños y adolescentes, la de
"Proporcionar una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico
desarrollo de su personalidad en
el seno de la familia, la escuela,
la sociedad y las instituciones, de
conformidad con lo dispuesto en el
Décimo Primer Circuito, visible en el
Semanario Judicial, Novena Época,
Tomo XV, Febrero 2002, Página 878,
bajo el rubro: “NOTARIOS. SON
AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL
AMPARO EN LOS JUCIOS SUCESORIOS EN LOS QUE POR DISPOSICION DE LA LEY INTERVIENEN EN
SU TRAMITACIÓN, SUPLIENDO
LA ACTIVIDAD DEL JUEZ.”, tesis en la que inclusive se aclara
que el Notario Público no puede
directamente constreñir o forzar al
gobernado para hacer respetar su
fallo, lo que es congruente con lo
que ya dijimos sobre el concepto de
autoridad, pero que sin embargo,
como el cumplimiento de su decisión queda a cargo de la autoridad
jurisdiccional a quien inicialmente le
haya correspondido el conocimiento
del juicio y ésta sí puede hacer uso
de la fuerza pública para cumplir lo
resuelto en juicio, incluyendo los
trámites realizados por el Notario
Público, sí debe considerarse a
éste autoridad para los efectos del
amparo.
za pública prestará a los Notarios
el auxilio que requieran para llevar
al cabo las diligencias que aquellos
deben practicar conforme a la ley,
cuando se les opusiere resistencia o
se use o pueda usarse violencia en
contra de los mismos, pero desde
luego en esta hipótesis, el Notario no
actúa como autoridad imponiendo
coercitivamente mediante la fuerza
pública una resolución o decisión,
sino que simplemente se autoriza el
resguardo físico de los Notarios para
el desarrollo de un acta o diligencia,
mediante la protección de la fuerza
pública, cuestión enteramente diferente y de la que no puede colegirse
que el fedatario tenga el carácter de
autoridad para los fines de nuestro
estudio.
En suma, de las consideraciones
anteriores debe colegirse que al no
estimarse al Notario como autoridad
pública, no se ubica dentro de la
hipótesis de excepción del artículo
260 del Código Procesal Civil.
BIBLIOGRAFIA
No se desconoce, por ejemplo, que - Becerra Bautista José.- El Proceso
el artículo 151 fracción VII de la Ley Civil en México, Editorial Porrúa, 10
del Notariado establece que la fuer- Edición
61
- Burgoa Orihuela Ignacio.- El Juicio
de Amparo, Editorial Porrúa 1981
- Carnelutti Francesco.- Sistema de
Derecho Procesal Civil, Buenos Aires
Argentina, UTEHA 1944
- Fraga Gabino.- Derecho Administrativo, Editorial Porrúa 1971.
- Instituto de Investigaciones UNAM.Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, 2ª Edición
- Pallares Eduardo.- Derecho Procesal Civil, México Porrúa 1976
Pallares Eduardo.- Diccionario de
Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, S.A. 1970
LEGISLACIÓN
- Código Civil del Estado.
- Código de Procedimientos Civiles
del Estado.
- Ley del Notariado del Estado.
la absolucion del pago de gastos
y costas en los juicios de alimentos.
* Lic. Enrique Porras Flores
Antes de abordar el tema
que nos ocupa, abriré un paréntesis
para definir las costas judiciales, "las
cuales, son el conjunto de gastos
que se originan en el proceso por
los litigantes, los cuales comprenden el importe de los honorarios de
los abogados y los necesarios para
desahogar las diligencias solicitadas
durante el juicio; los gastos judiciales, que tienen el mismo significado
de las costas e impone la obligación
de indemnizarlos al que haya faltado
al cumplimiento de su obligación".
del Juez y éste ha pronunciado
sentencia declarando procedente o
improcedente la acción, es en este
punto en el que se decreta la condena del pago de gastos y costas,
a quien no ha obtenido sentencia
favorable a sus intereses, lo cual,
encuentra sustento en el artículo
Civiles.
El tema al que invito a la
reflexión, tiene su marco en los
juicios ordinarios siguientes: petición de alimentos, aumento de
El pago de los gastos y cos- pensión alimenticia, en donde el
tas, sólo se hace exigible, cuando se niño, niña o adolescente, es reha hecho necesaria la intervención presentado por su progenitor en el
sentido amplio o por quien legal* Licenciado en Derecho; Diplomado en derecho
Electoral; Diplomado en Derecho Procesal Penal; mente ejerza la guarda y custodia
actualmente Secretario de estudio y cuenta adscrito o la patria potestad, a simple vista
a la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia
ello no amerita comentario alguno,
del Estado.
62
63
- Burgoa Orihuela Ignacio.- El Juicio
de Amparo, Editorial Porrúa 1981
- Carnelutti Francesco.- Sistema de
Derecho Procesal Civil, Buenos Aires
Argentina, UTEHA 1944
- Fraga Gabino.- Derecho Administrativo, Editorial Porrúa 1971.
- Instituto de Investigaciones UNAM.Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, 2ª Edición
- Pallares Eduardo.- Derecho Procesal Civil, México Porrúa 1976
Pallares Eduardo.- Diccionario de
Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, S.A. 1970
LEGISLACIÓN
- Código Civil del Estado.
del Estado.
- Ley del Notariado del Estado.
la absolucion del pago de gastos
y costas en los juicios de alimentos.
* Lic. Enrique Porras Flores
Antes de abordar el tema
que nos ocupa, abriré un paréntesis
para definir las costas judiciales, "las
cuales, son el conjunto de gastos
que se originan en el proceso por
los litigantes, los cuales comprenden el importe de los honorarios de
los abogados y los necesarios para
desahogar las diligencias solicitadas
durante el juicio; los gastos judiciales, que tienen el mismo significado
de las costas e impone la obligación
de indemnizarlos al que haya faltado
al cumplimiento de su obligación".
del Juez y éste ha pronunciado
sentencia declarando procedente o
improcedente la acción, es en este
punto en el que se decreta la condena del pago de gastos y costas,
a quien no ha obtenido sentencia
favorable a sus intereses, lo cual,
encuentra sustento en el artículo
Civiles.
El tema al que invito a la
reflexión, tiene su marco en los
juicios ordinarios siguientes: petición de alimentos, aumento de
El pago de los gastos y cos- pensión alimenticia, en donde el
tas, sólo se hace exigible, cuando se niño, niña o adolescente, es reha hecho necesaria la intervención presentado por su progenitor en el
sentido amplio o por quien legal* Licenciado en Derecho; Diplomado en derecho
Electoral; Diplomado en Derecho Procesal Penal; mente ejerza la guarda y custodia
actualmente Secretario de estudio y cuenta adscrito o la patria potestad, a simple vista
a la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia
ello no amerita comentario alguno,
del Estado.
62
63
porque la aplicación del texto del
párrafo primero del artículo 104 del
no deja lugar a dudas al disponer
"Siempre será condenado al pago
de gastos y costas que incluirán los
honorarios del abogado patrono de
la contraparte, el litigante que no
en lo principal, ya en los incidentes
que surgieren".
Esto implica que cualquier
niño o adolescente representado en
un juicio de petición de alimentos o
de aumento de alimentos, que no
obtenga sentencia favorable a sus
pretensiones, será conforme al
texto antes transcrito, condenado al
pago de gastos y costas, porque el
dispositivo observa: "siempre serà
condenado"... "el litigante que no
en lo principal, ya en los incidentes";
sanción que a mi juicio particular resulta violatoria del artículo 4o. de la
Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos, que prevé: "Los
niños y las niñas tienen derecho a
la satisfacción de sus necesidades
de alimentaciòn, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo
64
integral", como se verá a continuación.
Para mejor comprensión del
problema planteado, es necesario
transcribir el artículo 10 de la Ley
para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes,
que dispone: "Para los efectos de
garantizar y promover los derechos
contenidos en la presente ley, las
autoridades federales, del Distrito
Federal, estatales y municipales
en el ámbito de sus atribuciones,
promoverán las acciones conducentes a proporcionar la asistencia
apropiada a madres, padres, tutores
o personas responsables, para el
desempeño de sus facultades".
El numeral 11 de la Ley en
comento, impone como obligación
irrestricta a los padres y a todas las
personas que tengan a su cuidado
niñas, niños y adolescentes, la de
"Proporcionar una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico
desarrollo de su personalidad en
el seno de la familia, la escuela,
la sociedad y las instituciones, de
Décimo Primer Circuito, visible en el
Semanario Judicial, Novena Época,
Tomo XV, Febrero 2002, Página 878,
bajo el rubro: “NOTARIOS. SON
AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL
AMPARO EN LOS JUCIOS SUCESORIOS EN LOS QUE POR DISPOSICION DE LA LEY INTERVIENEN EN
SU TRAMITACIÓN, SUPLIENDO
LA ACTIVIDAD DEL JUEZ.”, tesis en la que inclusive se aclara
que el Notario Público no puede
directamente constreñir o forzar al
gobernado para hacer respetar su
fallo, lo que es congruente con lo
que ya dijimos sobre el concepto de
autoridad, pero que sin embargo,
como el cumplimiento de su decisión queda a cargo de la autoridad
jurisdiccional a quien inicialmente le
haya correspondido el conocimiento
del juicio y ésta sí puede hacer uso
de la fuerza pública para cumplir lo
resuelto en juicio, incluyendo los
trámites realizados por el Notario
Público, sí debe considerarse a
éste autoridad para los efectos del
amparo.
za pública prestará a los Notarios
el auxilio que requieran para llevar
al cabo las diligencias que aquellos
deben practicar conforme a la ley,
cuando se les opusiere resistencia o
se use o pueda usarse violencia en
contra de los mismos, pero desde
luego en esta hipótesis, el Notario no
actúa como autoridad imponiendo
coercitivamente mediante la fuerza
pública una resolución o decisión,
sino que simplemente se autoriza el
resguardo físico de los Notarios para
el desarrollo de un acta o diligencia,
mediante la protección de la fuerza
pública, cuestión enteramente diferente y de la que no puede colegirse
que el fedatario tenga el carácter de
autoridad para los fines de nuestro
estudio.
En suma, de las consideraciones
anteriores debe colegirse que al no
estimarse al Notario como autoridad
pública, no se ubica dentro de la
hipótesis de excepción del artículo
260 del Código Procesal Civil.
BIBLIOGRAFIA
No se desconoce, por ejemplo, que - Becerra Bautista José.- El Proceso
el artículo 151 fracción VII de la Ley Civil en México, Editorial Porrúa, 10
del Notariado establece que la fuer- Edición
61
presente artículo. Para los efectos
de este precepto, la alimentación
comprende esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido,
asistencia en el caso de enfermedad
y recreación".
Del enlace del precepto constitucional en cita, así como de los
artículos de la Ley para la Protección
de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes invocados, así como
del numeral 234 del Código Civil,
se establece que en los juicios de
petición de alimentos o de aumento de pensión alimenticia que se
promuevan a favor de un niño o
una niña o un adolescente, cuando
no obtenga sentencia favorable,
deberán ser absueltos del pago de
gastos y costas del controvertido,
porque de ser condenado al pago en
comento, sus posibilidades alimenticias se verán reducidas al existir
la factibilidad de ser ejecutados en
una planilla de pago de gastos y
costas judiciales, en donde incluso
el padre o la persona que haya sido
absuelta, tendrá a su favor la figura
jurídica de la compensación; esto
es, que en el caso de aquellos que
tienen el gravamen de una pensión
alimenticia, podrán retener el importe de los alimentos, porque sus
hijos son acreedores y deudores a
su vez, lo cual se traduce en una
ventaja jurídica en beneficio del
deudor alimentario, en términos
de los artículos 2118, 2119, 2120,
2121, 2122 y 2123 del Código Civil,
en virtud de que tiene a su favor
una deuda exigible, que puede ejecutar en cualquier momento, esto
produce que los menores queden en
estado de indefensión al no recibir
alimentos, porque deben pagar
las costas judiciales a las que han
sido condenados en una sentencia,
o incluso pueden ser ejecutados
embargándoseles bienes de su
propiedad, por no haber acreditado
su acción de petición o aumento de
alimentos.
Ahora bien, no debemos
olvidar que los alimentos están
consagrados como un derecho
fundamental de los niños, niñas y
adolescentes, de manera que bajo
esa premisa, ellos deben ser absueltos del pago de gastos y costas
para el caso de que no obtengan
sentencia favorable a sus intereses,
65
como una excepción a la regla genérica que prevé el artículo 104 del
ello con fundamento en el interés
superior de los menores, que toda
sentencia debe observar al tratarse
de juicios en donde intervenga un
menor o un adolescente, a fin de
que no queden desprotegidos frente
a sus propios padres o tutores por
una sentencia ajustada a una norma
general, que tiene un principio de
excepción, en este caso, observar
siempre el interés superior de los
niños de México.
No descarto la posibilidad
de que la reflexión permita al lector, establecer que la persona que
representa al menor actúe con temeridad, mala fe, abusando de los
beneficios que la ley concede en los
juicios de alimentos, en el caso de
que ejercitaran dos veces la acción
de petición de alimentos en diversos
juicios, pero ello indudablemente
no debe afectar la absolución de
los gastos y costas en favor de los
menores, ya que la responsabilidad
del doble ejercicio sobre de la acción
de alimentos, puede configurar un
delito penal, sólo por cuanto hace
a quien representa al menor.
66
bibliografia
- Código Civil para el Estado del
Veracruz.- Séptima Edición, Editorial Cajica, 9 de Enero del 2001,
Puebla, Puebla.
PAGINAS
DEL RECUERDO
para el Estado de Veracruz.- Editorial Cajica, 21 de septiembre del
2000, Puebla, Puebla.
- Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Séptima Edición, Editorial Cajica, 9 de Enero del 2001,
Puebla, Puebla.
- Compila VII.- Suprema Corte de
Justicia de la Nación.- Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos.Versiòn 2003.- México, D.F.
HOMENAJE A NOTABLES
JURISTAS VERACRUZANOS
como una excepción a la regla genérica que prevé el artículo 104 del
ello con fundamento en el interés
superior de los menores, que toda
sentencia debe observar al tratarse
de juicios en donde intervenga un
menor o un adolescente, a fin de
que no queden desprotegidos frente
a sus propios padres o tutores por
una sentencia ajustada a una norma
general, que tiene un principio de
excepción, en este caso, observar
siempre el interés superior de los
niños de México.
No descarto la posibilidad
de que la reflexión permita al lector, establecer que la persona que
representa al menor actúe con temeridad, mala fe, abusando de los
beneficios que la ley concede en los
juicios de alimentos, en el caso de
que ejercitaran dos veces la acción
de petición de alimentos en diversos
juicios, pero ello indudablemente
no debe afectar la absolución de
los gastos y costas en favor de los
menores, ya que la responsabilidad
del doble ejercicio sobre de la acción
de alimentos, puede configurar un
delito penal, sólo por cuanto hace
a quien representa al menor.
66
bibliografia
- Código Civil para el Estado del
Veracruz.- Séptima Edición, Editorial Cajica, 9 de Enero del 2001,
Puebla, Puebla.
PAGINAS
DEL RECUERDO
para el Estado de Veracruz.- Editorial Cajica, 21 de septiembre del
2000, Puebla, Puebla.
- Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Séptima Edición, Editorial Cajica, 9 de Enero del 2001,
Puebla, Puebla.
- Compila VII.- Suprema Corte de
Justicia de la Nación.- Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos.Versiòn 2003.- México, D.F.
HOMENAJE A NOTABLES
JURISTAS VERACRUZANOS
LIC. FERNANDO GARCIA BARNA FIGUEROA
RESEÑA BIOGRAFICA
Lugar y fecha de nacimiento: En la ciudad de Córdoba,
Ver., el día 16 de diciembre de 1923.
Fecha de fallecimiento: El día 2 de diciembre de
1988.
Instrucción Primaria: Escuela "Francisco Hernández
Hernández" de Córdoba, Ver., y termina en la Escuela "Melchor
Ocampo" de Puebla, Pue.
Estudios de Secundaria: Escuela "Venustiano Carranza"
de Puebla, Pue.
Estudios de Bachillerato: "Instituto Veracruzano" de
la ciudad de Veracruz, Ver.
Estudios Profesionales: Licenciatura en Derecho en la
"Universidad de Puebla."
69
ACTIVIDADES PROFESIONALES DE MAYOR
TRASCENDENCIA
1946.- Escribiente del Juzgado Segundo de Defensa Social de
la ciudad de Puebla, Pue.
1947.- Actuario del Juzgado Segundo de Distrito con residencia
en la ciudad de Puebla, Pue.
1949.- Secretario Particular del C. Gobernador del Estado de
Veracruz, Licenciado Angel Carvajal.
1950.- Notario Público de Xalapa.
1955.- Síndico Primero del H. Ayuntamiento de la ciudad de
Xalapa, Ver.
1961.- Presidente Municipal de la ciudad de Xalapa, Ver.
1964 a 1968.- Rector de la Universidad Veracruzana; Presidente del Consejo Nacional de Rectores de la A.N.U.I.E.S.;
Presidente de la Asociación Nacional de Universidades
y Escuelas de Enseñanza Superior; Vocal y Tercer Vicepresidente de la Unión de Universidades de Latinoamérica.
1968 a 1974.- Magistrado Numerario del H. Tribunal Superior
de Justicia.
1975.- Presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz.
1976.- Magistrado Presidente del Tribunal Fiscal del Estado
de Veracruz.
1976-1980.- Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Veracruz.
1980.- Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos de la Zona
70
Veracruz, Norte del I.M.S.S.
1982.- Delegado Regional del I.M.S.S. en Veracruz Norte.
1984.- Director General del I.P.E.
1985.- Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz.
1987.- Magistrado Numerario del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.
PRINCIPALES ACTIVIDADES ACADEMICAS
- Impartió la cátedra de Sociología, en la Escuela Preparatoria
de la Universidad de Puebla, Pue.
- En la Escuela Secundaria y de Bachilleres de Xalapa y en la
Escuela Secundaria de la Facultad de Bellas Artes de la misma ciudad, impartió el Primer curso de Lengua y Literatura
Española.
- Impartió el Primero y Segundo curso de Derecho Mercantil,
en la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad
Veracruzana.
- Impartió el Primero, Segundo y Tercer curso de Derecho
Mercantil, Tercer y Cuarto curso de Derecho Civil y Procedimientos Civiles, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Veracruzana.
- Laboró como Investigador de medio tiempo del Instituto de
71
ACTIVIDADES PROFESIONALES DE MAYOR
TRASCENDENCIA
1946.- Escribiente del Juzgado Segundo de Defensa Social de
la ciudad de Puebla, Pue.
1947.- Actuario del Juzgado Segundo de Distrito con residencia
en la ciudad de Puebla, Pue.
1949.- Secretario Particular del C. Gobernador del Estado de
Veracruz, Licenciado Angel Carvajal.
1950.- Notario Público de Xalapa.
1955.- Síndico Primero del H. Ayuntamiento de la ciudad de
Xalapa, Ver.
1961.- Presidente Municipal de la ciudad de Xalapa, Ver.
1964 a 1968.- Rector de la Universidad Veracruzana; Presidente del Consejo Nacional de Rectores de la A.N.U.I.E.S.;
Presidente de la Asociación Nacional de Universidades
y Escuelas de Enseñanza Superior; Vocal y Tercer Vicepresidente de la Unión de Universidades de Latinoamérica.
1968 a 1974.- Magistrado Numerario del H. Tribunal Superior
de Justicia.
1975.- Presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz.
1976.- Magistrado Presidente del Tribunal Fiscal del Estado
de Veracruz.
1976-1980.- Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Veracruz.
1980.- Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos de la Zona
70
Veracruz, Norte del I.M.S.S.
1982.- Delegado Regional del I.M.S.S. en Veracruz Norte.
1984.- Director General del I.P.E.
1985.- Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz.
1987.- Magistrado Numerario del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.
PRINCIPALES ACTIVIDADES ACADEMICAS
- Impartió la cátedra de Sociología, en la Escuela Preparatoria
de la Universidad de Puebla, Pue.
- En la Escuela Secundaria y de Bachilleres de Xalapa y en la
Escuela Secundaria de la Facultad de Bellas Artes de la misma ciudad, impartió el Primer curso de Lengua y Literatura
Española.
- Impartió el Primero y Segundo curso de Derecho Mercantil,
en la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad
Veracruzana.
- Impartió el Primero, Segundo y Tercer curso de Derecho
Mercantil, Tercer y Cuarto curso de Derecho Civil y Procedimientos Civiles, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Veracruzana.
- Laboró como Investigador de medio tiempo del Instituto de
71
alguna de las hipótesis en que por
excepción y conforme a la ley, es
permisible acreditar el parentesco
con pruebas que no sean precisamente las actas de estado civil. Con
vista en la contestación y advertidas
por la parte actora las omisiones en
que incurrió, y comprendiendo la
ineficacia de las pruebas ofrecidas
para obtener lo que pretende, con
apoyo en los citados artículos 11 y
12 adjetivos de la Legislación Veracruzana, se desiste de la acción, lo
que le permitirá, dados los efectos
de dicho desistimiento, mejorar sus
pruebas, y conociendo ya la defensa
anunciada por su contrario, volver a
la carga destruyendo las razones en
que éste la hizo descansar, lo que
indudablemente es reprobable y
contraria a la teleología del derecho,
pues, aún en el supuesto de que no
se dedujera nuevamente la acción,
es inconcuso que la demanda intentada llevó a una de las partes a un
estado de temor, de incertidumbre,
de inseguridad de su derecho que
se pretendió contradecir, el que
persistirá y le impedirá ejercerlo con
toda libertad o tranquilidad ante la
amenaza de que, en tanto no prescriba la acción de que se trata, en
76
cualquier momento estará expuesto
a las vicisitudes de una controversia
jurídica.
Consecuentemente, si bien
aceptamos el principio de que a
nadie puede obligarse a proseguir
contra su voluntad la acción que intentó, no aceptamos que los efectos
del desistimiento de la misma sean
los expuestos, únicamente la pérdida de los derechos que se tengan
en la instancia, sino que tal actuar
implica un reconocimiento tácito de
su temeridad, de que no merece la
tutela que ha solicitado al órgano
jurisdiccional y, en consonancia, el
proveído que se dictará a su solicitud en tal sentido, deberá entenderse como una abdicación total de su
derecho, que tendrá como efecto el
valor de cosa juzgada.
No concluirlo así, es negar la
naturaleza del proceso, contradecir
las diversas teorías que tratan de
explicarla, sea ésta la Contractualista de la Situación Jurídica o de
la Relación Jurídica antes citada, y
que como expresamos, es la que
cuenta con más adeptos, y llevaría
a conculcar el derecho de uno de
los sujetos que aceptó la litis, y en
*desistimiento de la accion; sus efectos
Lic. Fernando García Barna F.
Ha sido principio asentado
que "a nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra
su voluntad", principio que ha sido
recogido por la casi totalidad, o
por lo menos mayoría, de las Leyes
Procesales Civiles vigentes en los
Estados de la República, las que
también señalan restrictivamente
las excepciones en que no se aplica.
Así, el artículo 12 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Veracruz, similar en su texto al
de las Entidades de la República
que lo previenen, contiene el principio apuntado, precisando, como
excepciones al mismo, la acción de
jactancia, en tratándose de tercería
y, cuando, en su caso, la acción o
excepción que se tenga dependa del
ejercicio de la acción que compete
a otro.
Pues bien, si por cuanto a
la primera premisa, que no pueda
obligarse a intentar una acción sino
en los casos de excepción señalados,
nada podemos decir en contrario,
reconoce y plasma el derecho de
libertad, cuando con ello no se
afecte la que compete a terceros;
en relación a la segunda, la negativa
a que se obligue a proseguir la que
se intentó, sí nos embargan serias
dudas para aceptarla sin reservas
y permite cuestionar al respecto,
sobre todo por los efectos que al
desistimiento declara el artículo 11
de la Ley Adjetiva Civil Veracruzana,
también similar al de los demás Códigos Procesales de la República: la
Trabajo publicado en la Revista Jurídi- pérdida de los derechos que se tenca Veracruzana número 2, Abril-Junio gan en ese juicio y la condenación
en costas.
1978, Tomo XXX.
73
Considero a este particular:
Una de las teorías con más adeptos,
de las muchas que tratan de explicar
la naturaleza jurídica del proceso,
es la de la Relación Jurídica, originariamente debida a Oscar Von
Bûlow y llevada a Italia por José
Chiovenda. Conforme a sus enseñanzas, en el proceso se establece
entre las partes y el juez un conjunto de derechos y obligaciones,
es decir, se constituye una relación
jurídica, que nace con la demanda
en el momento de su notificación;
se desenvuelve mediante los actos
que los sujetos de ella realizan, y
se extingue normalmente con la
sentencia.
Y si el proceso lo entendemos
como una serie de actos que se
cumplen ordenada y sistemáticamente, para obtener la aplicación de
la ley a un caso concreto, es inconcuso que, si la parte actora pretende
que a través de ellos se dicte una
sentencia que declare el derecho
que reclama, la parte demandada
los cumple con el fin de que no sea
así, esto es, que se declare que no
está obligada, para con aquélla, lo
que está implicito en la absolución;
74
o sea, que los dos sujetos de la relación, uno voluntariamente y otro
constreñido, acuden al Tribunal, pidiendo sea tutelado el derecho que
ambos afirman les corresponde, y
respecto al cual se controvierte. En
consecuencia, los dos sujetos están
interesados y tienen el derecho de
que se decida la cuestión planteada
al Tribunal.
Ahora bien, esta relación se
quiebra cuando el actor se desiste
de la acción que intentó, en razón
de que impone unilateralmente la
conclusión irregular y no definitiva
del proceso, lo que fractura también
el principio de equilibrio procesal,
puesto que tal acontecer trae aparejado, para el sujeto pasivo de la
relación, el caer en una situación de
desventaja respecto a su contrario, y
se traduce también en un estado de
inseguridad jurídica, toda vez que la
cuestión planteada no fue resuelta y,
dados los efectos del desistimiento
declarados en la ley, reiterados por
el criterio que ha sustentado nuestro
más alto Tribunal de Justicia de la
Nación, el accionante siempre podrá
volver a atacar al mismo particular,
sin limitación, cuantas veces desee,
puesto que la Ley nada indica al procede estimar que, si en un caso,
respecto.
el actor claramente manifestó su
voluntad de desistir sólo de la ins
Así, con ponencia del Minis- tancia, puesto que dijo desistir de
tro José Castro Estrada, al resolver la demanda, carece de trascendenel amparo directo número 1293/62 cia para determinar los efectos de
produjo la siguiente ejecutoria: "EL ese desistimiento, el hecho de que
DESISTIMIENTO DE LA INSTAN- el juez haya utilizado el vocablo
CIA, EFECTO DEL" (LEGISLACIÓN "acción" al tenerlo por formulado,
DEL ESTADO DE VERACRUZ).-En puesto que dada la interpretación
el artículo 11 del Código de Pro- que según se ha visto, debe dársele
cedimientos Civiles del Estado de al artículo 11 del Código Procesal
Veracruz, no se hace distinción entre de Veracruz, el desistimiento sólo
el desistimiento de la acción y el de implica la pérdida de la instancia".
la demandada, y se precisa que el
desistimiento "IMPLICA LA PERDIDA Tratemos de ser objetivos:
DE LOS DERECHOS QUE TENGAN "A" deduce en contra de "B" de(LAS PARTES) EN EL JUICIO". Si manda de petición de herencia;
la distinción no se hace y si, por el carece de documentos idóneos y
contrario, en el precepto se utiliza eficaces para comprobar el lazo
el término "acción" cuando se dice que lo une al de cujus, por lo que
"intentada una acción y contestada ofrece pruebas distintas a las actas
la demanda, el desistimiento de de estado civil; "B", impuesto de la
alguna de las partes. . ." y con re- demanda, la contesta oponiéndose
ferencia a ese término, se establece a las pretensiones del peticionario,
que el desistimiento sólo implica la en razón de que los documentos
pérdida de la instancia, o sea, de exhibidos no satisfacen los requisilos derechos que se tengan en ese tos necesarios para poder ser calijuicio, es claro que, a la luz de dicho ficados por el juzgador, y también
precepto, el desistimiento no trae porque no se está en el caso de que
como consecuencia la renuncia de la sean recibidos como prueba, por
acción, sino unicamente la pérdida no haber justificado se actualizara
de la instancia.- En esta situación,
75
Considero a este particular:
Una de las teorías con más adeptos,
de las muchas que tratan de explicar
la naturaleza jurídica del proceso,
es la de la Relación Jurídica, originariamente debida a Oscar Von
Bûlow y llevada a Italia por José
Chiovenda. Conforme a sus enseñanzas, en el proceso se establece
entre las partes y el juez un conjunto de derechos y obligaciones,
es decir, se constituye una relación
jurídica, que nace con la demanda
en el momento de su notificación;
se desenvuelve mediante los actos
que los sujetos de ella realizan, y
se extingue normalmente con la
sentencia.
Y si el proceso lo entendemos
como una serie de actos que se
cumplen ordenada y sistemáticamente, para obtener la aplicación de
la ley a un caso concreto, es inconcuso que, si la parte actora pretende
que a través de ellos se dicte una
sentencia que declare el derecho
que reclama, la parte demandada
los cumple con el fin de que no sea
así, esto es, que se declare que no
está obligada, para con aquélla, lo
que está implicito en la absolución;
74
o sea, que los dos sujetos de la relación, uno voluntariamente y otro
constreñido, acuden al Tribunal, pidiendo sea tutelado el derecho que
ambos afirman les corresponde, y
respecto al cual se controvierte. En
consecuencia, los dos sujetos están
interesados y tienen el derecho de
que se decida la cuestión planteada
al Tribunal.
Ahora bien, esta relación se
quiebra cuando el actor se desiste
de la acción que intentó, en razón
de que impone unilateralmente la
conclusión irregular y no definitiva
del proceso, lo que fractura también
el principio de equilibrio procesal,
puesto que tal acontecer trae aparejado, para el sujeto pasivo de la
relación, el caer en una situación de
desventaja respecto a su contrario, y
se traduce también en un estado de
inseguridad jurídica, toda vez que la
cuestión planteada no fue resuelta y,
dados los efectos del desistimiento
declarados en la ley, reiterados por
el criterio que ha sustentado nuestro
más alto Tribunal de Justicia de la
Nación, el accionante siempre podrá
volver a atacar al mismo particular,
sin limitación, cuantas veces desee,
puesto que la Ley nada indica al procede estimar que, si en un caso,
respecto.
el actor claramente manifestó su
voluntad de desistir sólo de la ins
Así, con ponencia del Minis- tancia, puesto que dijo desistir de
tro José Castro Estrada, al resolver la demanda, carece de trascendenel amparo directo número 1293/62 cia para determinar los efectos de
produjo la siguiente ejecutoria: "EL ese desistimiento, el hecho de que
DESISTIMIENTO DE LA INSTAN- el juez haya utilizado el vocablo
CIA, EFECTO DEL" (LEGISLACIÓN "acción" al tenerlo por formulado,
DEL ESTADO DE VERACRUZ).-En puesto que dada la interpretación
el artículo 11 del Código de Pro- que según se ha visto, debe dársele
cedimientos Civiles del Estado de al artículo 11 del Código Procesal
Veracruz, no se hace distinción entre de Veracruz, el desistimiento sólo
el desistimiento de la acción y el de implica la pérdida de la instancia".
la demandada, y se precisa que el
desistimiento "IMPLICA LA PERDIDA Tratemos de ser objetivos:
DE LOS DERECHOS QUE TENGAN "A" deduce en contra de "B" de(LAS PARTES) EN EL JUICIO". Si manda de petición de herencia;
la distinción no se hace y si, por el carece de documentos idóneos y
contrario, en el precepto se utiliza eficaces para comprobar el lazo
el término "acción" cuando se dice que lo une al de cujus, por lo que
"intentada una acción y contestada ofrece pruebas distintas a las actas
la demanda, el desistimiento de de estado civil; "B", impuesto de la
alguna de las partes. . ." y con re- demanda, la contesta oponiéndose
ferencia a ese término, se establece a las pretensiones del peticionario,
que el desistimiento sólo implica la en razón de que los documentos
pérdida de la instancia, o sea, de exhibidos no satisfacen los requisilos derechos que se tengan en ese tos necesarios para poder ser calijuicio, es claro que, a la luz de dicho ficados por el juzgador, y también
precepto, el desistimiento no trae porque no se está en el caso de que
como consecuencia la renuncia de la sean recibidos como prueba, por
acción, sino unicamente la pérdida no haber justificado se actualizara
de la instancia.- En esta situación,
75
alguna de las hipótesis en que por
excepción y conforme a la ley, es
permisible acreditar el parentesco
con pruebas que no sean precisamente las actas de estado civil. Con
vista en la contestación y advertidas
por la parte actora las omisiones en
que incurrió, y comprendiendo la
ineficacia de las pruebas ofrecidas
para obtener lo que pretende, con
apoyo en los citados artículos 11 y
12 adjetivos de la Legislación Veracruzana, se desiste de la acción, lo
que le permitirá, dados los efectos
de dicho desistimiento, mejorar sus
pruebas, y conociendo ya la defensa
anunciada por su contrario, volver a
la carga destruyendo las razones en
que éste la hizo descansar, lo que
indudablemente es reprobable y
contraria a la teleología del derecho,
pues, aún en el supuesto de que no
se dedujera nuevamente la acción,
es inconcuso que la demanda intentada llevó a una de las partes a un
estado de temor, de incertidumbre,
de inseguridad de su derecho que
se pretendió contradecir, el que
persistirá y le impedirá ejercerlo con
toda libertad o tranquilidad ante la
amenaza de que, en tanto no prescriba la acción de que se trata, en
76
cualquier momento estará expuesto
a las vicisitudes de una controversia
jurídica.
Consecuentemente, si bien
aceptamos el principio de que a
nadie puede obligarse a proseguir
contra su voluntad la acción que intentó, no aceptamos que los efectos
del desistimiento de la misma sean
los expuestos, únicamente la pérdida de los derechos que se tengan
en la instancia, sino que tal actuar
implica un reconocimiento tácito de
su temeridad, de que no merece la
tutela que ha solicitado al órgano
jurisdiccional y, en consonancia, el
proveído que se dictará a su solicitud en tal sentido, deberá entenderse como una abdicación total de su
derecho, que tendrá como efecto el
valor de cosa juzgada.
No concluirlo así, es negar la
naturaleza del proceso, contradecir
las diversas teorías que tratan de
explicarla, sea ésta la Contractualista de la Situación Jurídica o de
la Relación Jurídica antes citada, y
que como expresamos, es la que
cuenta con más adeptos, y llevaría
a conculcar el derecho de uno de
los sujetos que aceptó la litis, y en
*desistimiento de la accion; sus efectos
Lic. Fernando García Barna F.
Ha sido principio asentado
que "a nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra
su voluntad", principio que ha sido
recogido por la casi totalidad, o
por lo menos mayoría, de las Leyes
Procesales Civiles vigentes en los
Estados de la República, las que
también señalan restrictivamente
las excepciones en que no se aplica.
Así, el artículo 12 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Veracruz, similar en su texto al
de las Entidades de la República
que lo previenen, contiene el principio apuntado, precisando, como
excepciones al mismo, la acción de
jactancia, en tratándose de tercería
y, cuando, en su caso, la acción o
excepción que se tenga dependa del
ejercicio de la acción que compete
a otro.
Pues bien, si por cuanto a
la primera premisa, que no pueda
obligarse a intentar una acción sino
en los casos de excepción señalados,
nada podemos decir en contrario,
reconoce y plasma el derecho de
libertad, cuando con ello no se
afecte la que compete a terceros;
en relación a la segunda, la negativa
a que se obligue a proseguir la que
se intentó, sí nos embargan serias
dudas para aceptarla sin reservas
y permite cuestionar al respecto,
sobre todo por los efectos que al
desistimiento declara el artículo 11
de la Ley Adjetiva Civil Veracruzana,
también similar al de los demás Códigos Procesales de la República: la
Trabajo publicado en la Revista Jurídi- pérdida de los derechos que se tenca Veracruzana número 2, Abril-Junio gan en ese juicio y la condenación
en costas.
1978, Tomo XXX.
73
consecuencia le asiste el derecho
procesal, que la cuestión planteada
se resuelve por el acto jurisdiccional
ordinario; la sentencia.
En parte, este derecho del
sujeto pasivo de la relación a que
el proceso continúe su secuencia,
ha sido reconocido por el Pleno de
Ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al resolver en
revisión el amparo número 3223/72,
por unanimidad de veinte votos, al
interpretar: "DESISTIMIENTO DE LA
DEMANDA SIN CONSENTIMIENTO
DEL DEMANDADO", es inconstitucional el artículo 26 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado
de Michoacán.- Si el actor ante el
órgano jurisdiccional solicita la tutela
jurídica de sus pretensiones, y se
llama a la contraparte que opone las
excepciones que estima pertinentes,
surge una relación jurídica autónoma, compleja y de derecho público
entre las partes y el órgano estatal,
dentro de la cual los contendientes
tienen derechos y obligaciones. El
Demandado tiene una facultad de
obrar en forma contradictoria al actor, y el derecho a que se dicte una
sentencia que resuelva el fondo de
la cuestión planteada por el actor.
Dentro del proceso, actor y demandado se encuentran colocados en
un plano de igualdad; ambos deben
ser titulares de derechos recíprocos.
El desistimiento es la declaración
de voluntad del demandante, que,
unida a la conformidad del demandado, tiene por objeto dar por
terminada la relación procesal sin
sentencia, y como no significa la
absolución de la acción, el demandado queda expuesto al inicio de
un nuevo proceso, con base en la
misma pretensión. Si el demandado
tiene o puede tener interés en que
la cuestión se resuelva dentro del
proceso, mediante una sentencia en
la que se examinen sus defensas,
y que dicha cuestión no se suscite
nuevamente, ello basta para estimar
que la cesación de la relación procesal no debe depender de la voluntad
unilateral del actor, sino que, para
que surta efectos el desestimiento
de la demanda, debe someterse a la
consideración de la parte demandada, a fin de que exponga sus puntos
de vista y consienta o se oponga a
él. Al no darse esa oportunidad al
demandado, ello acarrea la privación
de los derechos que adquirió en el
77
proceso, quedando colocado en la
situación desventajosa respecto al
actor. Lo expresado conduce a decidir que, tratándose del desistimiento
de la demanda, deberá oírse al demandado y, en esa forma, respetar
una de las garantías que consagra
el artículo 14 constitucional. En
tales circunstancias, a virtud de la
integración de la relación jurídica
procesal, ambas partes adquieren
derecho al pronunciamiento de
una sentencia; el artículo 26 del
Código Procesal Civil del Estado de
Michoacán (similar al 12 procesal
invocado) viola el artículo 14 constitucional, al facultar a la autoridad
judicial para tener por desistido de
la instancia al actor, afectando al
demandado en sus derechos al no
requerirse su consentimiento para
ello. En esta forma, la referida Ley
desconoce una formalidad esencial
del procedimiento, similar a las señaladas en las fracciones III, VI, VII
y VIII del artículo 159 de la Ley de
Amparo".
Todavía más, si por jactancia debemos entender la alabanza
presuntuosa de sí mismo, alabarse
presuntuosamente de algo, tal se
actualiza al intentarse una demanda
78
y, posteriormente, sin aducir razón
de peso para ello, sino simplemente la voluntad unilateral, desistirse
con los efectos que declara la ley,
pues tal desistimiento, ante la buena fe que siempre debe animar a
los contendientes frente al órgano
jurisdiccional, no puede entenderse sino como reconocimiento a lo
infundado de lo pretendido y al
derecho que asiste al otro sujeto,
derecho que presuntuosamente se
lo atribuyó el accionante, y si conforme a la ley, en tal hipótesis de
jactancia puede obligarse a deducir
la acción que se dice tener, y que
simplemente ha sido propalada, no
encontramos razón alguna para que
no se obligue a proseguirla, cuando
tales manifestaciones formalmente
están encuadradas en la demanda
y ponen, al igual que cuando simplemente han sido propaladas, en
entredicho el derecho que pertenece
y defiende el demandado, pero que,
sin embargo, con base en la misma
ley, resulta nugatorio el derecho del
demandado para que lo cuestionado
se resuelva.
efectos de este actuar deben ser, se
repite, los de la abdicación total del
derecho pretendido, terminantes, y
no sólo la pérdida de la instancia.
En conclusión, consideramos que, para que el desistimiento
de una acción sea proveído de
conformidad ante la negativa del
demandado, se impone declarar
como afecto, que la misma implica
la pérdida, la abdicación del derecho
para volver a controvertir sobre lo
que fue introducido a juicio, o sea,
que el proveído en cuestión valdrá
tanto como la cosa juzgada.
En consecuencia, si, sin la
anuencia del demandado, el actor
insiste en retirar su demanda, los
79
proceso, quedando colocado en la
situación desventajosa respecto al
actor. Lo expresado conduce a decidir que, tratándose del desistimiento
de la demanda, deberá oírse al demandado y, en esa forma, respetar
una de las garantías que consagra
el artículo 14 constitucional. En
tales circunstancias, a virtud de la
integración de la relación jurídica
procesal, ambas partes adquieren
derecho al pronunciamiento de
una sentencia; el artículo 26 del
Código Procesal Civil del Estado de
Michoacán (similar al 12 procesal
invocado) viola el artículo 14 constitucional, al facultar a la autoridad
judicial para tener por desistido de
la instancia al actor, afectando al
demandado en sus derechos al no
requerirse su consentimiento para
ello. En esta forma, la referida Ley
desconoce una formalidad esencial
del procedimiento, similar a las señaladas en las fracciones III, VI, VII
y VIII del artículo 159 de la Ley de
Amparo".
Todavía más, si por jactancia debemos entender la alabanza
presuntuosa de sí mismo, alabarse
presuntuosamente de algo, tal se
actualiza al intentarse una demanda
78
y, posteriormente, sin aducir razón
de peso para ello, sino simplemente la voluntad unilateral, desistirse
con los efectos que declara la ley,
pues tal desistimiento, ante la buena fe que siempre debe animar a
los contendientes frente al órgano
jurisdiccional, no puede entenderse sino como reconocimiento a lo
infundado de lo pretendido y al
derecho que asiste al otro sujeto,
derecho que presuntuosamente se
lo atribuyó el accionante, y si conforme a la ley, en tal hipótesis de
jactancia puede obligarse a deducir
la acción que se dice tener, y que
simplemente ha sido propalada, no
encontramos razón alguna para que
no se obligue a proseguirla, cuando
tales manifestaciones formalmente
están encuadradas en la demanda
y ponen, al igual que cuando simplemente han sido propaladas, en
entredicho el derecho que pertenece
y defiende el demandado, pero que,
sin embargo, con base en la misma
ley, resulta nugatorio el derecho del
demandado para que lo cuestionado
se resuelva.
efectos de este actuar deben ser, se
repite, los de la abdicación total del
derecho pretendido, terminantes, y
no sólo la pérdida de la instancia.
En conclusión, consideramos que, para que el desistimiento
de una acción sea proveído de
conformidad ante la negativa del
demandado, se impone declarar
como afecto, que la misma implica
la pérdida, la abdicación del derecho
para volver a controvertir sobre lo
que fue introducido a juicio, o sea,
que el proveído en cuestión valdrá
tanto como la cosa juzgada.
En consecuencia, si, sin la
anuencia del demandado, el actor
insiste en retirar su demanda, los
79
sobre las corrientes de pensamientos prevalecientes actualmente en el
campo del Derecho Penal, Procesal
Penal y Criminología, por lo que se
tuvo como destinatarios a profesionistas cuya vinculación con el derecho es esencialmente práctica. De
ahí que se contó con la participación
de Magistrados, Jueces, Secretarios
de Acuerdos, Secretarios de Estudio
y Cuenta, Actuarios, Defensores
de Oficio de las Salas del Tribunal
Superior de Justicia, directores de
Áreas, etc.
* Participación en la Reunión
Nacional de Capacitación y Actualización Judicial denominada: "Planificando el Futuro de la
Capacitación del Poder Judicial
en México".- Reunión que fue llevada a cabo en las instalaciones del
Instituto de Estudios Judiciales del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sito en Río de la Plata
No. 48, 2o. Piso, Colonia Cuauhtémoc, en coordinación con el Centro
Nacional para Cortes Estatales, con
la participación de los Directores de
las Escuelas, Institutos y Centros de
Educación Judicial de los Poderes
Judiciales de las diversas Entidades
84
Federativas del país, y del Instituto
de la Judicatura Federal, así como la
representación, participación y colaboración de diversas Instituciones
Académicas, Organismos Gubernamentales, No Gubernamentales e
Internacionales.
El desarrollo de las mesas
de trabajo, se llevó a cabo de
conformidad con el órden del día
correspondiente, en donde fueron
presentadas y discutidas las diversas propuestas, llegaron a las
siguientes conclusiones con relación
a cada uno de los temas, que en
su respectiva sesión plenaria se
aprobaron:
PRIMERA SESIÓN PLENARIA
Propósitos Centrales, Valores Centrales y Actividades Clave
1.- ¿Qué cambios o adiciones deberían hacerse, a
efecto de tomar en cuenta
otros propósitos centrales, valores centrales o actividades
clave que no se encuentran aún
considerados?.
actividades sobresalientes
del poder judicial del estado
Actividades realizadas por el Instituto de
Formación, Capacitación
y Actualización Judicial
* Curso Teórico Práctico de
Argumentación e Interpretaciones Judiciales.- Planeado en
coordinación con el Instituto de la
Judicatura Federal, con la participación del Lic. Miguel Bonilla López,
Secretario General del mismo, durante los días 9 y 10 de agosto del
2002, con la asistencia de cincuenta
y cinco Jueces.
*XXIV Curso de Formación
para Aspirantes a Secretarios
de Acuerdos y Secretarios de
Estudio y Cuenta de Juzgados.Se llevó al cabo la planeación, difusión y organización de dicho curso,
contando con un total de 93 aspirantes. Fue impartido durante los
meses de octubre y noviembre del
año 2002, con 88 horas efectivas
de clase; se contó con la participación siempre dispuesta y oportuna
de diecinueve Magistrados como
ponentes.
*II Coloquio de Magistrados
y Jueces.- Llevado a cabo el 10
de enero del presente año, en las
instalaciones del Palacio de Justicia,
contando con la participación de todos los Jueces de Primera Instancia
y Menores de la Entidad. Para su
desarrollo se instalaron dos mesas
de trabajo, una en la que se trataron
temas de materia penal y otra de
materia civil y mercantil. El objetivo
medular de este coloquio, fue el intercambio de experiencias y puntos
de vista sobre temas de interés,
tendientes a optimizar la impartición
de la justicia constitucional, penal,
civil y mercantil.
* Curso de Postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal
y Criminología.- Impartido por
catedráticos de la Universidad de
Girona, España, a personal del Poder
Judicial del Estado, durante los meses de febrero-abril del año en curso,
contabilizando un total de 100 horas
efectivas de clase. El objetivo fundamental, fue actualizar a los cursantes
83
sobre las corrientes de pensamientos prevalecientes actualmente en el
campo del Derecho Penal, Procesal
Penal y Criminología, por lo que se
tuvo como destinatarios a profesionistas cuya vinculación con el derecho es esencialmente práctica. De
ahí que se contó con la participación
de Magistrados, Jueces, Secretarios
de Acuerdos, Secretarios de Estudio
y Cuenta, Actuarios, Defensores
de Oficio de las Salas del Tribunal
Superior de Justicia, directores de
Áreas, etc.
* Participación en la Reunión
Nacional de Capacitación y Actualización Judicial denominada: "Planificando el Futuro de la
Capacitación del Poder Judicial
en México".- Reunión que fue llevada a cabo en las instalaciones del
Instituto de Estudios Judiciales del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sito en Río de la Plata
No. 48, 2o. Piso, Colonia Cuauhtémoc, en coordinación con el Centro
Nacional para Cortes Estatales, con
la participación de los Directores de
las Escuelas, Institutos y Centros de
Educación Judicial de los Poderes
Judiciales de las diversas Entidades
84
Federativas del país, y del Instituto
de la Judicatura Federal, así como la
representación, participación y colaboración de diversas Instituciones
Académicas, Organismos Gubernamentales, No Gubernamentales e
Internacionales.
El desarrollo de las mesas
de trabajo, se llevó a cabo de
conformidad con el órden del día
correspondiente, en donde fueron
presentadas y discutidas las diversas propuestas, llegaron a las
siguientes conclusiones con relación
a cada uno de los temas, que en
su respectiva sesión plenaria se
aprobaron:
PRIMERA SESIÓN PLENARIA
Propósitos Centrales, Valores Centrales y Actividades Clave
1.- ¿Qué cambios o adiciones deberían hacerse, a
efecto de tomar en cuenta
otros propósitos centrales, valores centrales o actividades
clave que no se encuentran aún
considerados?.
actividades sobresalientes
del poder judicial del estado
y Coordinación entre los Insti
tutos de Capacitación Judicial y
Modelos Estructurales
resulta el más idóneo para los
institutos de capacitación judicial en México?
1.-¿Existen modelos estructurales adicionales que deban ser considerados?.
Organización Mixta
Ventajas.
- Consistente con el sistema federal.
-Genera la competencia.
-Crea una red de servicios.
-Posibilidad de uniformar los criterios
de Carrera Judicial.
-Mayor viabilidad de integrar un
sistema nacional de educación judicial.
-Habrá mayor posibilidad de homologar, revalidar y crear un sistema
de equivalencias.
-Mayor posibilidad de la ejecución
de los acuerdos.
Desventajas.
-No tenemos personalidad jurídica.
- No se tiene autonomía de decisión.
- El control centralizado de acciones
y programas.
3. ¿Qué sistema de organización
88
- Porque ya se tiene una subcomisión de capacitación, misma
que fue confirmada por acuerdo
de todos los Presidentes de los
Tribunales Superiores de Justicia
de la República, en Morelos, por lo
que este taller pretende darle una
estructura organizacional y funcional mediante un sistema mixto
que respete la autonomía de los
institutos, escuelas y centros de
capacitación judicial, que forme
una asociación para administrar
el Sistema Nacional de Educación
Judicial Mexicano.
4.- ¿Cuáles son los atributos más críticos de cualquiera de los modelos que se
adopten?
- Facilitar la integración sin perder
la autonomía de los institutos.
-Nombramiento de integrantes.
-Estructura-organigrama.
-Dotar de personalidad jurídica a la
- Consolidar la Carrera Judicial en
todas las Entidades Federativas.
- Elevar a rango de ley que el ingreso, permanencia y ascenso en la Carrera Judicial, tenga como requisitos
indispensables cursar los estudios
impartidos por los Institutos y mediante concurso de oposición.
-Establecer los perfiles de los servidores públicos de la Administración
de Justicia de acuerdo a los valores
y principios tutelados en la Constitución.
- La educación, capacitación y
actualización permanente como
formación integral de todos los servidores públicos que forman parte
de la impartición y administración de
Justicia conforme a una planeación,
organización, dirección y control.
- Propiciar, promover y coordinar
las acciones tendientes a crear y
fotalecer los vínculos con el Poder
Legislativo, a fin de actualizar y
adecuar la Legislación.
2.- ¿Qué propósitos centrales, valores centrales y actividades clave resultan de mayor
importancia para el futuro desarrollo de la capacitación judicial
en México? (Ej. Componentes
básicos para una declaración
de Visión/Misión)
- Fortalecer la ética judicial a través
de códigos de ética.
- Desarrollo de la investigación
judicial.
- Vinculación de los Institutos con
la sociedad para tener un sentido
de identidad y pertenencia institucional.
- Diseño de un modelo de Escuela
Judicial para todas las Entidades
Federativas.
-Diseño de un sistema educativo judicial que contemple las habilidades
técnico-jurídicas, intelectuales y el
fomento de valores éticos, que se
traduzcan en una verdadera profesionalización y actualización integral
de los servidores públicos de la
Administración de Justicia.
-Otorgar una certificación que avale
los estudios que imparten los Institutos Judiciales con reconocimiento
oficial por la Secretaría de Educación local o federal, en su caso.
SEGUNDA SESION PLENARIA
Desarrollo del Plan:
85
¿En dónde nos encontramos y
a dónde deseamos llegar?
1.- ¿En dónde nos encontramos ahora?(FortalezasRecursos-Debilidades-Obstáculos)
Fortalezas y recursos actuales.
- Compromiso de los Institutos de
Capacitación Judicial para mejorar
el servicio de administración e impartición de Justicia.
-La existencia formal de la carrera
Judicial en los Institutos, convicción en la necesidad de establecer
un vínculo permanente entre los
institutos o escuelas judiciales
para intercambiar experiencias, así
como con diversas instituciones
académicas y organismos tanto
gubernamentales como no gubernamentales.
-Algunos de los Institutos cuentan
con las estructuras orgánicas y funcionales, así como con claustros de
docentes especializados, además
de una estructura curricular para la
educación judicial.
86
-Algunos institutos cuentan con un
marco normativo para la carrera
judicial y el ejercicio de las atribuciones de los Institutos.
-Reconocimiento de la necesidad y
utilidad de la formación profesional
del servidor público judicial.
Debilidades y obstáculos actuales.
- Inexistencia de un modelo de
Institución ideal con base al cual se
pueda hacer un diagnóstico.
-Falta de recursos.
-Carencia de infraestructura básica
de algunas instituciones para impartir la capacitación.
-Carencia de programas y formación pedagógica.
-Resistencia de algunos servidores
judiciales a la actualización y complementación académica.
-Desvinculación entre los contenidos de los programas académicos
y concursos de oposición.
-Falta de consensos en las estrategias para buscar alternativas de
financiamiento externo.
-Carencia de un sistema permanente e interrelación que permita el
eficaz intercambio de experiencias
e información.
-Carencia de uniformidad en los
criterios y requisitos para el ingreso, promoción y permanencia en la
actividad judicial.
-Se carece de una verdadera autonomía técnica y académica.
-Insuficiencia de un régimen jurídico.
2. ¿A dónde queremos
llegar? (Identificar las metas
de mayor prioridad para el mejoramiento de la capacitación
judicial en México)
-La integración de una Organización
Nacional con la participación de todos los Institutos.
-Implementar mecanismos de auto
evaluación institucional.
-Establecer el sistema educativo judicial con autonomía académica.
-Consolidar la planta docente.
-Programas permanentes enfocados
en las necesidades identificadas.
-Contar con un marco normativo
adecuado para las funciones encomendadas a las instituciones.
-Contar con una planeación estratégica de las actividades de los Institutos de Capacitación Judicial.
-Establecer mecanismos de comuni-
cación directa en los ámbitos estatal
y nacional.
3.- ¿Cómo llegamos ahí?
- A traves de un órgano de representación de este foro que lleve las
propuestas a la Comisión Nacional
de Tribunales mediante un acuerdo
de asamblea.
-Mediante una reforma legal o
acuerdo para entregar a los institutos autonomía de gestión y un porcentaje mínimo del presupuesto de
egresos del Poder Judicial, para que
los institutos cuenten con suficiencia
presupuestal.
-Diseñar programas de formación,
capacitación y actualización judicial,
acorde a las necesidades reales de
cada tribunal.
-A traves de un sistema nacional
de educación judicial que permita
la optimización de recursos e intercambio de programas y experiencias
que fortalezcan la autonomía e independencia de los institutos.
TERCERA SESION PLENARIA
Alternativas de Organización
87
¿En dónde nos encontramos y
a dónde deseamos llegar?
1.- ¿En dónde nos encontramos ahora?(FortalezasRecursos-Debilidades-Obstáculos)
Fortalezas y recursos actuales.
- Compromiso de los Institutos de
Capacitación Judicial para mejorar
el servicio de administración e impartición de Justicia.
-La existencia formal de la carrera
Judicial en los Institutos, convicción en la necesidad de establecer
un vínculo permanente entre los
institutos o escuelas judiciales
para intercambiar experiencias, así
como con diversas instituciones
académicas y organismos tanto
gubernamentales como no gubernamentales.
-Algunos de los Institutos cuentan
con las estructuras orgánicas y funcionales, así como con claustros de
docentes especializados, además
de una estructura curricular para la
educación judicial.
86
-Algunos institutos cuentan con un
marco normativo para la carrera
judicial y el ejercicio de las atribuciones de los Institutos.
-Reconocimiento de la necesidad y
utilidad de la formación profesional
del servidor público judicial.
Debilidades y obstáculos actuales.
- Inexistencia de un modelo de
Institución ideal con base al cual se
pueda hacer un diagnóstico.
-Falta de recursos.
-Carencia de infraestructura básica
de algunas instituciones para impartir la capacitación.
-Carencia de programas y formación pedagógica.
-Resistencia de algunos servidores
judiciales a la actualización y complementación académica.
-Desvinculación entre los contenidos de los programas académicos
y concursos de oposición.
-Falta de consensos en las estrategias para buscar alternativas de
financiamiento externo.
-Carencia de un sistema permanente e interrelación que permita el
eficaz intercambio de experiencias
e información.
-Carencia de uniformidad en los
criterios y requisitos para el ingreso, promoción y permanencia en la
actividad judicial.
-Se carece de una verdadera autonomía técnica y académica.
-Insuficiencia de un régimen jurídico.
2. ¿A dónde queremos
llegar? (Identificar las metas
de mayor prioridad para el mejoramiento de la capacitación
judicial en México)
-La integración de una Organización
Nacional con la participación de todos los Institutos.
-Implementar mecanismos de auto
evaluación institucional.
-Establecer el sistema educativo judicial con autonomía académica.
-Consolidar la planta docente.
-Programas permanentes enfocados
en las necesidades identificadas.
-Contar con un marco normativo
adecuado para las funciones encomendadas a las instituciones.
-Contar con una planeación estratégica de las actividades de los Institutos de Capacitación Judicial.
-Establecer mecanismos de comuni-
cación directa en los ámbitos estatal
y nacional.
3.- ¿Cómo llegamos ahí?
- A traves de un órgano de representación de este foro que lleve las
propuestas a la Comisión Nacional
de Tribunales mediante un acuerdo
de asamblea.
-Mediante una reforma legal o
acuerdo para entregar a los institutos autonomía de gestión y un porcentaje mínimo del presupuesto de
egresos del Poder Judicial, para que
los institutos cuenten con suficiencia
presupuestal.
-Diseñar programas de formación,
capacitación y actualización judicial,
acorde a las necesidades reales de
cada tribunal.
-A traves de un sistema nacional
de educación judicial que permita
la optimización de recursos e intercambio de programas y experiencias
que fortalezcan la autonomía e independencia de los institutos.
TERCERA SESION PLENARIA
Alternativas de Organización
87
y Coordinación entre los Insti
tutos de Capacitación Judicial y
Modelos Estructurales
resulta el más idóneo para los
institutos de capacitación judicial en México?
1.-¿Existen modelos estructurales adicionales que deban ser considerados?.
Organización Mixta
Ventajas.
- Consistente con el sistema federal.
-Genera la competencia.
-Crea una red de servicios.
-Posibilidad de uniformar los criterios
de Carrera Judicial.
-Mayor viabilidad de integrar un
sistema nacional de educación judicial.
-Habrá mayor posibilidad de homologar, revalidar y crear un sistema
de equivalencias.
-Mayor posibilidad de la ejecución
de los acuerdos.
Desventajas.
-No tenemos personalidad jurídica.
- No se tiene autonomía de decisión.
- El control centralizado de acciones
y programas.
3. ¿Qué sistema de organización
88
- Porque ya se tiene una subcomisión de capacitación, misma
que fue confirmada por acuerdo
de todos los Presidentes de los
Tribunales Superiores de Justicia
de la República, en Morelos, por lo
que este taller pretende darle una
estructura organizacional y funcional mediante un sistema mixto
que respete la autonomía de los
institutos, escuelas y centros de
capacitación judicial, que forme
una asociación para administrar
el Sistema Nacional de Educación
Judicial Mexicano.
4.- ¿Cuáles son los atributos más críticos de cualquiera de los modelos que se
adopten?
- Facilitar la integración sin perder
la autonomía de los institutos.
-Nombramiento de integrantes.
-Estructura-organigrama.
-Dotar de personalidad jurídica a la
- Consolidar la Carrera Judicial en
todas las Entidades Federativas.
- Elevar a rango de ley que el ingreso, permanencia y ascenso en la Carrera Judicial, tenga como requisitos
indispensables cursar los estudios
impartidos por los Institutos y mediante concurso de oposición.
-Establecer los perfiles de los servidores públicos de la Administración
de Justicia de acuerdo a los valores
y principios tutelados en la Constitución.
- La educación, capacitación y
actualización permanente como
formación integral de todos los servidores públicos que forman parte
de la impartición y administración de
Justicia conforme a una planeación,
organización, dirección y control.
- Propiciar, promover y coordinar
las acciones tendientes a crear y
fotalecer los vínculos con el Poder
Legislativo, a fin de actualizar y
adecuar la Legislación.
2.- ¿Qué propósitos centrales, valores centrales y actividades clave resultan de mayor
importancia para el futuro desarrollo de la capacitación judicial
en México? (Ej. Componentes
básicos para una declaración
de Visión/Misión)
- Fortalecer la ética judicial a través
de códigos de ética.
- Desarrollo de la investigación
judicial.
- Vinculación de los Institutos con
la sociedad para tener un sentido
de identidad y pertenencia institucional.
- Diseño de un modelo de Escuela
Judicial para todas las Entidades
Federativas.
-Diseño de un sistema educativo judicial que contemple las habilidades
técnico-jurídicas, intelectuales y el
fomento de valores éticos, que se
traduzcan en una verdadera profesionalización y actualización integral
de los servidores públicos de la
Administración de Justicia.
-Otorgar una certificación que avale
los estudios que imparten los Institutos Judiciales con reconocimiento
oficial por la Secretaría de Educación local o federal, en su caso.
SEGUNDA SESION PLENARIA
Desarrollo del Plan:
85
tencia técnica, financiera, difusión
jurídica de los institutos ante la sociedad y colaborar en la elaboración
de proyectos.
NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS.- Reiteró su apoyo con
asistencia técnica, además de poner
a disposición de los miembros de la
asamblea un portal de internet para
comunicar y expresar las opiniones
en foros virtuales.
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNAM.- Anunció su
apoyo en dos vertientes.
1. Apoyo en la organización de cursos y diplomados con Instituciones
y Escuelas Judiciales (Instituto de
Estudios Judiciales del Distrito Federal), coordinando el intercambio
de conocimientos y necesidades en
materia académica.
2 . Contribuir a socializar la información en investigaciones en el
ámbito del derecho en lo que se
puede contribuir.
CENTRO DE ESTUDIOS DE
POLÍTICA CRIMINAL Y CIENCIAS
92
PENALES, A. C.- Ofreció apoyo
mediante la difusión de estudios
de política criminal, en el diseño y
elaboración de cursos en materia
penal y procesal, realización de
eventos de carácter nacional e internacional.
El Consejo General del Poder
Judicial de España.- Ofreció el apoyo académico a través de la Escuela
Judicial de España
Asimismo, se expuso brevemente por parte de los Organismos
Nacionales e Internacionales, su
organización y funcionamiento.
SEXTA SESIÓN PLENARIA
Establecimiento de un Comité
Pro- Témpore para la
Ejecución del Plan
Los participantes de la
Reunión determinaron de común
acuerdo, la creación de un Comité
Pro -Témpore el cual se integró de
la siguiente forma:
COMITÉ PRO- TÉMPORE DE
INSTITUTOS DE FORMACIÓN
DE LOS PODERES JUDICIALES
asociación.
- El involucrado de los órganos jurisdiccionales al proceso de formación
práctica.
-Financiamiento para que opere el
sistema.
CUARTA SESION PLENARIA
Funciones de un Posible
Sistema Nacional de
Capacitación
1.- ¿Existen funciones
adicionales que deban ser consideradas?
-Se consideró pertinente cambiar
el nombre de Sistema Nacional de
Capacitación por Sistema Nacional
de Educación Judicial.
-Desarrollo de la investigación judicial.
-Fomentar y difundir la cultura de la
legalidad para garantizar el estado
de derecho.
-Diseño de material didáctico.
-Revalidación, homologación y sistema de equivalencia de estudios.
-Padrón de docentes e investigadores de educación judicial.
-Diseñar y desarrollar un sistema de
evaluación de desempeño metodológicamente adecuado para los
Poderes Judiciales.
- Gestión de apoyos financieros.
2. ¿Cuáles son las funciones de mayor importancia?
-Proporcionar un sitio para la recolección y difusión de la información
relevante para el desarrollo de la
función judicial.
-Evaluación periódica de la capacitación del Poder Judicial.
-Obtención de recursos.
-Base de datos del sistema nacional.
-Planear y llevar a cabo conferencias nacionales y regionales, así
como reuniones de personas interesadas en la capacitación judicial.
-Facilitar el intercambio de información e ideas entre las personas
interesadas en la capacitación
judicial.
-Desarrollo de estándares nacionales para guiar el suministro y realización de una capacitación judicial
de la alta calidad.
-Facilitar el modo de proporcionar
asistencia técnica para los Institutos de Capacitación del Poder
89
Judicial.
mayoría.
3.- ¿A qué funciones
debe atribuírseles una mayor
importancia durante la implementación inicial?
Asignar las siguientes tareas
a la Comisión Pro-témpore:
- Gestionar la obtención de recursos.
- Creación del Comité Pro-témpore,
para la coordinación, planeación y
control.
-Planear y llevar a cabo conferencias
nacionales y regionales, así como
reuniones de personas interesadas
en la capacitación judicial.
judicial.
-Representar y promover los intereses de programas de capacitación
para el Poder Judicial.
PUNTOS DE ACUERDO
ADICIONALES
Acuerdo sometido a votación
dentro de la Cuarta Sesión relativo
a unificar criterios para denominar
a la capacitación como Educación
Judicial, lo que fue aprobado por la
90
- Realizar estudios relativos al denominado paternalismo hacia los
participantes en los cursos que se
imparten.
-Estudios relativos a la adquisición
de recursos financieros elaborando
los lineamientos y manuales de procedimiento para lograr los objetivos,
visualizando la manera para que se
avoque a la realización de estos a
través de un mandato.
-Se sugirió que se pusiera a consideración del Comité Pro-témpore lo
relativo al órgano que se encargaría
de administrar los recursos allegados
a través del financiamiento.
LISTA PARA LA OBTENCION DE
RECURSOS
1. Cuotas de recuperación por servicios de docencia, investigación y
difusión de la cultura jurídica.
2. Donaciones.
3. Financiamiento del Gobierno Federal (FOSEG entre otros)
4. Colegiaturas (sistema de becas,
cobro a alumnos externos)
5. Fondos auxiliares para la impartición de justicia.
6. Asignación fija de los poderes
judiciales locales.
7. Donación de organismos colegiados.
8. Convenios de colaboración interinstitucionales.
9. Colaboración y asistencia técnica de organismos internacionales
10. Edición de obras jurídicas.
11. Cafetería del instituto.
12. Servicio de fotocopiado.
13. Cuotas de recuperación por
servicios administrativos (constancias, credenciales, etc.)
14. Fondo inicial de los consejos
de la judicatura.
QUINTA SESIÓN PLENARIA
El papel de las Organizaciones
Internacionales y las Instituciones Académicas en la Capacitación Judicial en México,
y Políticas en torno a la obtención de Fondos Financieros
Necesarios
instituciones académicas que asistieron a la reunión manifestaron su
disposición y compromiso de apoyar
con asistencia técnica y financiera
en los siguientes términos:
CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES DE LAS AMÉRICAS (CEJA).Ofreció como colaboración asistencia técnica, y propuso como fuente
de información la biblioteca virtual
con la que cuentan, sugiriéndose
se envíen los documentos jurídicos
que fortalezcan los conocimientos
de todos los Institutos. Asimismo,
aconsejó se ofrezcan primero los
servicios para llegar a la adquisición
de los recursos financieros.
BANCO MUNDIAL.- Propuso
y ofreció la promoción del uso de
informática para la realización de
video-conferencias. Igualmente
ofreció planes de modernización
enfocados a la materia jurisdiccional
y administrativa. Asimismo, pone a
disposición una pagina de internet
para lograr una mejor comunicación.
En la Sesión las distintas FUNDAClÓN KONRAD ADENorganizaciones internacionales e AUER.- Propuso apoyar con asis-
91
Judicial.
mayoría.
3.- ¿A qué funciones
debe atribuírseles una mayor
importancia durante la implementación inicial?
Asignar las siguientes tareas
a la Comisión Pro-témpore:
- Gestionar la obtención de recursos.
- Creación del Comité Pro-témpore,
para la coordinación, planeación y
control.
-Planear y llevar a cabo conferencias
nacionales y regionales, así como
reuniones de personas interesadas
en la capacitación judicial.
judicial.
-Representar y promover los intereses de programas de capacitación
para el Poder Judicial.
PUNTOS DE ACUERDO
ADICIONALES
Acuerdo sometido a votación
dentro de la Cuarta Sesión relativo
a unificar criterios para denominar
a la capacitación como Educación
Judicial, lo que fue aprobado por la
90
- Realizar estudios relativos al denominado paternalismo hacia los
participantes en los cursos que se
imparten.
-Estudios relativos a la adquisición
de recursos financieros elaborando
los lineamientos y manuales de procedimiento para lograr los objetivos,
visualizando la manera para que se
avoque a la realización de estos a
través de un mandato.
-Se sugirió que se pusiera a consideración del Comité Pro-témpore lo
relativo al órgano que se encargaría
de administrar los recursos allegados
a través del financiamiento.
LISTA PARA LA OBTENCION DE
RECURSOS
1. Cuotas de recuperación por servicios de docencia, investigación y
difusión de la cultura jurídica.
2. Donaciones.
3. Financiamiento del Gobierno Federal (FOSEG entre otros)
4. Colegiaturas (sistema de becas,
cobro a alumnos externos)
5. Fondos auxiliares para la impartición de justicia.
6. Asignación fija de los poderes
judiciales locales.
7. Donación de organismos colegiados.
8. Convenios de colaboración interinstitucionales.
9. Colaboración y asistencia técnica de organismos internacionales
10. Edición de obras jurídicas.
11. Cafetería del instituto.
12. Servicio de fotocopiado.
13. Cuotas de recuperación por
servicios administrativos (constancias, credenciales, etc.)
14. Fondo inicial de los consejos
de la judicatura.
QUINTA SESIÓN PLENARIA
El papel de las Organizaciones
Internacionales y las Instituciones Académicas en la Capacitación Judicial en México,
y Políticas en torno a la obtención de Fondos Financieros
Necesarios
instituciones académicas que asistieron a la reunión manifestaron su
disposición y compromiso de apoyar
con asistencia técnica y financiera
en los siguientes términos:
CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES DE LAS AMÉRICAS (CEJA).Ofreció como colaboración asistencia técnica, y propuso como fuente
de información la biblioteca virtual
con la que cuentan, sugiriéndose
se envíen los documentos jurídicos
que fortalezcan los conocimientos
de todos los Institutos. Asimismo,
aconsejó se ofrezcan primero los
servicios para llegar a la adquisición
de los recursos financieros.
BANCO MUNDIAL.- Propuso
y ofreció la promoción del uso de
informática para la realización de
video-conferencias. Igualmente
ofreció planes de modernización
enfocados a la materia jurisdiccional
y administrativa. Asimismo, pone a
disposición una pagina de internet
para lograr una mejor comunicación.
En la Sesión las distintas FUNDAClÓN KONRAD ADENorganizaciones internacionales e AUER.- Propuso apoyar con asis-
91
tencia técnica, financiera, difusión
jurídica de los institutos ante la sociedad y colaborar en la elaboración
de proyectos.
NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS.- Reiteró su apoyo con
asistencia técnica, además de poner
a disposición de los miembros de la
asamblea un portal de internet para
comunicar y expresar las opiniones
en foros virtuales.
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNAM.- Anunció su
apoyo en dos vertientes.
1. Apoyo en la organización de cursos y diplomados con Instituciones
y Escuelas Judiciales (Instituto de
Estudios Judiciales del Distrito Federal), coordinando el intercambio
de conocimientos y necesidades en
materia académica.
2 . Contribuir a socializar la información en investigaciones en el
ámbito del derecho en lo que se
puede contribuir.
CENTRO DE ESTUDIOS DE
POLÍTICA CRIMINAL Y CIENCIAS
92
PENALES, A. C.- Ofreció apoyo
mediante la difusión de estudios
de política criminal, en el diseño y
elaboración de cursos en materia
penal y procesal, realización de
eventos de carácter nacional e internacional.
El Consejo General del Poder
Judicial de España.- Ofreció el apoyo académico a través de la Escuela
Judicial de España
Asimismo, se expuso brevemente por parte de los Organismos
Nacionales e Internacionales, su
organización y funcionamiento.
SEXTA SESIÓN PLENARIA
Establecimiento de un Comité
Pro- Témpore para la
Ejecución del Plan
Los participantes de la
Reunión determinaron de común
acuerdo, la creación de un Comité
Pro -Témpore el cual se integró de
la siguiente forma:
COMITÉ PRO- TÉMPORE DE
INSTITUTOS DE FORMACIÓN
DE LOS PODERES JUDICIALES
asociación.
- El involucrado de los órganos jurisdiccionales al proceso de formación
práctica.
-Financiamiento para que opere el
sistema.
CUARTA SESION PLENARIA
Funciones de un Posible
Sistema Nacional de
Capacitación
1.- ¿Existen funciones
adicionales que deban ser consideradas?
-Se consideró pertinente cambiar
el nombre de Sistema Nacional de
Capacitación por Sistema Nacional
de Educación Judicial.
-Desarrollo de la investigación judicial.
-Fomentar y difundir la cultura de la
legalidad para garantizar el estado
de derecho.
-Diseño de material didáctico.
-Revalidación, homologación y sistema de equivalencia de estudios.
-Padrón de docentes e investigadores de educación judicial.
-Diseñar y desarrollar un sistema de
evaluación de desempeño metodológicamente adecuado para los
Poderes Judiciales.
- Gestión de apoyos financieros.
2. ¿Cuáles son las funciones de mayor importancia?
-Proporcionar un sitio para la recolección y difusión de la información
relevante para el desarrollo de la
función judicial.
-Evaluación periódica de la capacitación del Poder Judicial.
-Obtención de recursos.
-Base de datos del sistema nacional.
-Planear y llevar a cabo conferencias nacionales y regionales, así
como reuniones de personas interesadas en la capacitación judicial.
judicial.
-Desarrollo de estándares nacionales para guiar el suministro y realización de una capacitación judicial
de la alta calidad.
-Facilitar el modo de proporcionar
asistencia técnica para los Institutos de Capacitación del Poder
89
COORDINADORES
Antonio Muñozcano Eternod (Distrito Federal)
Marco Antonio Morales Gómez
(Estado De México)
SECRETARIO
Federico Soto Acosta
(Zacatecas)
VOCALES
Myrna Elia García Barrera
(Nuevo León)
Jaime Slomianski Aguilar (Oaxaca)
Miguel Angel Toloza Zazueta
(Baja California)
Héctor Manuel Benítez Pineda
(Nayarit)
Francisco Javier Zamora Rocha
(Guanajuato)
Didier Villagomez Alvarado
(Chiapas)
José Rodolfo Cárdenas Barrueta
(Tabasco)
Los coordinadores del Comité
se comprometieron en los siguientes
puntos
- Establecer mecanismos que sean
viables de acuerdo con la naturaleza
de los Institutos.
- Reunirse para hacer un planteamiento formal de las actividades a
desarrollar.
- Hacer del conocimiento a la
Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia que se hace
efectivo el funcionamiento de la
Subcomisión de Capacitación .
- Presentar en la brevedad posible,
un plan de trabajo, resaltando la
importancia de las funciones de la
asociación para el fortalecimiento
del Poder Judicial.
- Establecer fecha para la próxima
Reunión Nacional.
Una vez realizados los trabajos de la Reunión Nacional «Planificando el Futuro de la Capacitación
del Poder Judicial en México»,
siendo las quince horas con quince
minutos del día diecisiete de Mayo
de 2003, se da por concluida la
presente.
93
legislacion
...
XI. Conocer, en los términos Artículo 67. . . .
que fije la ley respectiva, de los
juicios de responsabilidad civil de- ...
rivada del ejercicio del cargo, que
se instauren a instancia de parte I. a II. . . .
agraviada o de sus causahabientes,
en contra de Magistrados, Conseje- III. . . .
ros, Procurador General de Justicia,
Secretarios de Despacho, y demás a) . . .
servidores públicos de los Poderes
Ejecutivo y Judicial.
b) Entregar al Congreso
los informes del resultado de la
XII. a XV. . . .
revisión de las Cuentas Públicas,
a más tardar durante la segunda
Artículo 66. . . .
quincena del mes de diciembre del
año siguiente al de su ejercicio:
La Sala Electoral, integrada
por tres magistrados funcionará c) al d) . . .
con motivo de la organización y
celebración de un proceso electoral, ...
plebiscitario o de referendo. Cuando
no existan dichos procesos, los ma- ...
gistrados que la integran formarán
parte de una Sala Auxiliar del Tri- ...
bunal Superior de Justicia, en los
términos que señale la ley.
...
...
Artículo 69. . . .
...
I. a III. . . .
IV. Saber leer y escribir y no
100
Gaceta Oficial
2003
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE,
EN USO DE LA FACULTAD QUE LE
CONFIERE EL ARTÌCULO 84 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y
PREVIA LA APROBACIÓN DEL PLENO
DE ESTA SOBERANÍA EN DOS PERÍODOS DE SESIONES ORDINARIOS
SUCESIVOS. ASÍ COMO DE LA MAYORÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
ENTIDAD, DECLARA APROBADO EL
SIGUIENTE:
DECRETO NUMERO 547
DE REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1; 10, último
párrafo; 17, párrafo quinto, inciso
a); 33, fracciones XXIII y XXXI; 35,
párrafo primero; 38; 45; 49, fracción
II; 56, fracción XI; 66, párrafo segun-
Martes 18 de Marzo de
do; 67, fracción III, inciso b); 69,
fracción IV; y 84, párrafos tercero
y cuarto; se adiciona con un inciso
c) la fracción I del artículo 26 y se
deroga el inciso a) de la fracción
II del mismo artículo, todos de la
Constitución Política del Estado de
Veracruz-Llave, para quedar como
sigue:
Artículo 1. El Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave es
parte integrante de la Federación
Mexicana, libre y autónomo en su
administración y gobierno interiores.
Artículo 10 . . .
...
...
a) al i) . . .
...
Los bienes inmuebles de la
Universidad destinados a la presta-
97
ción del servicio público educativo bre;
estarán exentos del pago de con- b) Examinar, discutir y aprotribuciones locales y municipales. bar las leyes de ingresos de los municipios, que sean presentadas en las
Artículo 17 . . .
fechas que indique la ley respectiva;
y
...
c) Revisar y dictaminar la
...
cuenta pública del Gobierno del Estado, correspondiente al año anterior.
...
La cuenta deberá ser presentada
durante el mes de mayo, a fin de
...
conocer los resultados de la gestión
financiera, comprobar si se ha dado
a) Para la reforma total o la cumplimiento a los objetivos conteabrogación de las disposiciones de nidos en los programas y ajustado
esta Constitución; y
a los criterios señalados en el presupuesto.
b) . . .
II. . . .
...
a) Derogado.
Artículo 26. . . .
b) . . .
I. . . .
...
a) Examinar, discutir y, en
su caso, aprobar el presupuesto Artículo 33. . . .
que en relación con los ingresos y
egresos del año siguiente, le sea I a XXII. . . .
presentado por el Gobernador del
Estado durante el mes de diciem- XXIII. Constituirse en Colegio
98
Artículo 35. Las iniciativas
de ley o decreto se sujetarán a los
tramites siguientes:
en el acto de toma de posesión de
su cargo, rendirá formal protesta
ante el Congreso del Estado, ante la
Diputación Permanente en los recesos de aquél, o, en su caso, ante el
Justicia, en los términos siguientes:
"Protesto guardar y hacer guardar
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado
y las Leyes que de ambas emanen,
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el
pueblo me ha conferido, mirando en
todo por el bien y prosperidad de
la Nación y del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; y si así no
lo hiciere, que la Nación y el Estado
me lo demanden".
I. a V. . . .
Artículo 49. . . .
...
I. . . .
...
II. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes o decretos aprobados
por el Congreso;
Electoral y elegir al ciudadano que
deba sustituir al Gobernador del
Estado, en los casos previstos por
esta Constitución;
XXIV a XXX. . . .
XXXI. Autorizar al Ejecutivo
del Estado a enajenar, a título oneroso o gratuito, o a conceder el uso
y disfrute de bienes de propiedad
estatal, en los términos que fije la
ley;
XXXII a XL. . . .
Artículo 38. Las resoluciones
del Congreso tendrán el carácter
de ley, decreto, acuerdo o iniciativa
ante el Congreso de la Unión.
Artículo 45. El Gobernador,
III. a XXIII. . . .
Artículo 56. . . .
I. a X. . . .
99
ción del servicio público educativo bre;
estarán exentos del pago de con- b) Examinar, discutir y aprotribuciones locales y municipales. bar las leyes de ingresos de los municipios, que sean presentadas en las
Artículo 17 . . .
fechas que indique la ley respectiva;
y
...
c) Revisar y dictaminar la
...
cuenta pública del Gobierno del Estado, correspondiente al año anterior.
...
La cuenta deberá ser presentada
durante el mes de mayo, a fin de
...
conocer los resultados de la gestión
financiera, comprobar si se ha dado
a) Para la reforma total o la cumplimiento a los objetivos conteabrogación de las disposiciones de nidos en los programas y ajustado
esta Constitución; y
a los criterios señalados en el presupuesto.
b) . . .
II. . . .
...
a) Derogado.
Artículo 26. . . .
b) . . .
I. . . .
...
a) Examinar, discutir y, en
su caso, aprobar el presupuesto Artículo 33. . . .
que en relación con los ingresos y
egresos del año siguiente, le sea I a XXII. . . .
presentado por el Gobernador del
Estado durante el mes de diciem- XXIII. Constituirse en Colegio
98
Artículo 35. Las iniciativas
de ley o decreto se sujetarán a los
tramites siguientes:
en el acto de toma de posesión de
su cargo, rendirá formal protesta
ante el Congreso del Estado, ante la
Diputación Permanente en los recesos de aquél, o, en su caso, ante el
Justicia, en los términos siguientes:
"Protesto guardar y hacer guardar
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado
y las Leyes que de ambas emanen,
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el
pueblo me ha conferido, mirando en
todo por el bien y prosperidad de
la Nación y del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; y si así no
lo hiciere, que la Nación y el Estado
me lo demanden".
I. a V. . . .
Artículo 49. . . .
...
I. . . .
...
II. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes o decretos aprobados
por el Congreso;
Electoral y elegir al ciudadano que
deba sustituir al Gobernador del
Estado, en los casos previstos por
esta Constitución;
XXIV a XXX. . . .
XXXI. Autorizar al Ejecutivo
del Estado a enajenar, a título oneroso o gratuito, o a conceder el uso
y disfrute de bienes de propiedad
estatal, en los términos que fije la
ley;
XXXII a XL. . . .
Artículo 38. Las resoluciones
del Congreso tendrán el carácter
de ley, decreto, acuerdo o iniciativa
ante el Congreso de la Unión.
Artículo 45. El Gobernador,
III. a XXIII. . . .
Artículo 56. . . .
I. a X. . . .
99
...
XI. Conocer, en los términos Artículo 67. . . .
que fije la ley respectiva, de los
juicios de responsabilidad civil de- ...
rivada del ejercicio del cargo, que
se instauren a instancia de parte I. a II. . . .
agraviada o de sus causahabientes,
en contra de Magistrados, Conseje- III. . . .
ros, Procurador General de Justicia,
Secretarios de Despacho, y demás a) . . .
servidores públicos de los Poderes
Ejecutivo y Judicial.
b) Entregar al Congreso
los informes del resultado de la
XII. a XV. . . .
revisión de las Cuentas Públicas,
a más tardar durante la segunda
Artículo 66. . . .
quincena del mes de diciembre del
año siguiente al de su ejercicio:
La Sala Electoral, integrada
por tres magistrados funcionará c) al d) . . .
con motivo de la organización y
celebración de un proceso electoral, ...
plebiscitario o de referendo. Cuando
no existan dichos procesos, los ma- ...
gistrados que la integran formarán
parte de una Sala Auxiliar del Tri- ...
bunal Superior de Justicia, en los
términos que señale la ley.
...
...
Artículo 69. . . .
...
I. a III. . . .
IV. Saber leer y escribir y no
100
Gaceta Oficial
2003
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
CONFIERE EL ARTÌCULO 84 DE LA
SUCESIVOS. ASÍ COMO DE LA MAYORÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
ENTIDAD, DECLARA APROBADO EL
SIGUIENTE:
DECRETO NUMERO 547
DE REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1; 10, último
párrafo; 17, párrafo quinto, inciso
a); 33, fracciones XXIII y XXXI; 35,
párrafo primero; 38; 45; 49, fracción
II; 56, fracción XI; 66, párrafo segun-
Martes 18 de Marzo de
do; 67, fracción III, inciso b); 69,
fracción IV; y 84, párrafos tercero
y cuarto; se adiciona con un inciso
c) la fracción I del artículo 26 y se
deroga el inciso a) de la fracción
II del mismo artículo, todos de la
sigue:
Artículo 1. El Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave es
parte integrante de la Federación
Mexicana, libre y autónomo en su
administración y gobierno interiores.
Artículo 10 . . .
...
...
a) al i) . . .
...
Los bienes inmuebles de la
Universidad destinados a la presta-
97
PRIMERO. El presente
Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno
del Estado.
tener antecedentes penales por la
comisión de delitos realizados con
dolo, excepto aquellos en los que
se hayan concedido los beneficios
de conmutación o suspensión condicional de la sanción.
SEGUNDO. Publíquese en
la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.
Artículo 84. . . .
Para la reforma total o la
abrogación de las disposiciones contenidas en esta Constitución, será
obligatorio el referendo que señala
el artículo 17 de este ordenamiento.
El Congreso o la Diputación
Permanente hará el cómputo de los
votos de los ayuntamientos y, en
su caso, la declaratoria de que han
sido aprobadas las reformas.
TRANSITORIOS
Decreto iniciará su vigencia a los
treinta días naturales siguientes al
de su publicación, excepto en lo
dispuesto por los artículos 1 y 45,
que comenzarán su vigencia al día
siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial del Estado.
104
SEGUNDO. A partir del inicio
de la entrada en vigor del presente
Decreto, toda publicación oficial de
la Constitución Local tendrá la denominación de "Constitución Política
del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave".
TERCERO. En todas las
leyes, decretos, códigos y ordenamientos estatales de observancia
general que se expidan, promulguen
o publiquen con posterioridad al
inicio de la vigencia del presente Decreto de Reforma Constitucional, se
añadirá la expresión: ". . . Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave".
CUARTO. Para los efectos
constitucionales y legales procedentes, todas las leyes, decretos,
códigos u ordenamientos estatales
de observancia general, vigentes al
momento de la entrada en vigor del
presente Decreto y que en su denominación contengan la expresión
"...Estado de Veracruz-Llave", se entenderán referidas al "...Estado de
101
QUINTO. Los poderes del
Estado, los organismos autónomos,
los ayuntamientos y las entidades
de su administración pública que
a la entrada en vigor del presente
Decreto contaren con recursos materiales y técnicos con la Leyenda
". . . del Estado Libre y Soberano
de Veracruz-Llave", agotarán su
existencia antes de ordenar su reabastecimiento.
SEXTO. Se derogan todas
las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.
SEPTIMO. El Congreso del
Estado, dentro de los seis meses
siguientes a la entrada en vigor de
este Decreto, adecuará las leyes
relativas al contenido del mismo.
OCTAVO. Publíquese en la
del Estado.
Gaceta Oficial
2003
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
CONFIERE EL ARTÍCULO 84 DE LA
SUCESIVOS. ASÍ COMO DE LA MAYORÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE
LA ENTIDAD, DECLARA APROBADO
EL SIGUIENTE:
DECRETO NÚMERO 548
DE REFORMA
CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO ÚNICO. S e
reforman los artículos 43, fracción
VII y 68, párrafo segundo, de la
sigue:
Artículo 43. . . .
102
18 de Marzo de
I a VI. . . .
VII. Saber leer y escribir y no
dolo, exceptuando aquellos en los
que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión
condicional de la sanción.
...
Artículo 68. . . .
En la elección de los ayuntamientos, el partido político que
alcance mayor número de votos
obtendrá la presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán asignadas
a cada partido, incluyendo a aquel
que obtuvo la mayor votación, de
acuerdo a lo establecido por esta
Constitución y la Ley Orgánica del
Municipio Libre, la que señalará sus
atribuciones y responsabilidades.
TRANSITORIOS
103
QUINTO. Los poderes del
Estado, los organismos autónomos,
los ayuntamientos y las entidades
de su administración pública que
a la entrada en vigor del presente
Decreto contaren con recursos materiales y técnicos con la Leyenda
". . . del Estado Libre y Soberano
de Veracruz-Llave", agotarán su
existencia antes de ordenar su reabastecimiento.
SEXTO. Se derogan todas
las disposiciones que se opongan
al presente Decreto.
SEPTIMO. El Congreso del
Estado, dentro de los seis meses
siguientes a la entrada en vigor de
este Decreto, adecuará las leyes
relativas al contenido del mismo.
OCTAVO. Publíquese en la
del Estado.
Gaceta Oficial
2003
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
SUCESIVOS. ASÍ COMO DE LA MAYORÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE
LA ENTIDAD, DECLARA APROBADO
EL SIGUIENTE:
DECRETO NÚMERO 548
DE REFORMA
CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO ÚNICO. S e
reforman los artículos 43, fracción
VII y 68, párrafo segundo, de la
sigue:
Artículo 43. . . .
102
18 de Marzo de
I a VI. . . .
VII. Saber leer y escribir y no
dolo, exceptuando aquellos en los
que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión
condicional de la sanción.
...
Artículo 68. . . .
En la elección de los ayuntamientos, el partido político que
alcance mayor número de votos
obtendrá la presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán asignadas
a cada partido, incluyendo a aquel
que obtuvo la mayor votación, de
acuerdo a lo establecido por esta
Constitución y la Ley Orgánica del
Municipio Libre, la que señalará sus
atribuciones y responsabilidades.
TRANSITORIOS
103
Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en la
del Estado.
dolo, excepto aquellos en los que
se hayan concedido los beneficios
de conmutación o suspensión condicional de la sanción.
SEGUNDO. Publíquese en
la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.
Artículo 84. . . .
Para la reforma total o la
abrogación de las disposiciones contenidas en esta Constitución, será
obligatorio el referendo que señala
el artículo 17 de este ordenamiento.
El Congreso o la Diputación
Permanente hará el cómputo de los
votos de los ayuntamientos y, en
su caso, la declaratoria de que han
sido aprobadas las reformas.
TRANSITORIOS
Decreto iniciará su vigencia a los
treinta días naturales siguientes al
de su publicación, excepto en lo
dispuesto por los artículos 1 y 45,
que comenzarán su vigencia al día
siguiente al de su publicación en la
Gaceta Oficial del Estado.
104
SEGUNDO. A partir del inicio
de la entrada en vigor del presente
Decreto, toda publicación oficial de
la Constitución Local tendrá la denominación de "Constitución Política
del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave".
TERCERO. En todas las
leyes, decretos, códigos y ordenamientos estatales de observancia
general que se expidan, promulguen
o publiquen con posterioridad al
inicio de la vigencia del presente Decreto de Reforma Constitucional, se
añadirá la expresión: ". . . Estado de
CUARTO. Para los efectos
constitucionales y legales procedentes, todas las leyes, decretos,
códigos u ordenamientos estatales
de observancia general, vigentes al
momento de la entrada en vigor del
presente Decreto y que en su denominación contengan la expresión
"...Estado de Veracruz-Llave", se entenderán referidas al "...Estado de
101
contencioso la autoridad podrá,
mediante simple oficio, acreditar
delegados, los que tendrán amplias
facultades para ofrecer y rendir
pruebas, formular alegatos, interponer recursos, comparecer a las
audiencias, recibir documentos y
formular otras promociones; pero
no podrán desistirse del juicio de
lesividad, ni delegar sus facultades
a terceros.
sus efectos el día hábil siguiente a
aquel en que se haya efectuado su
publicación por edicto;
III. Por estrados ubicados
en las oficinas de la administración
pública, del Órgano o del Tribunal
abiertas al público, cuando así lo señale la parte interesada o se trate de
actos distintos a emplazamientos,
citaciones, requerimientos y demás
resoluciones o actos que puedan
Artículo 37. . . .
ser impugnados, fijando durante
tres días consecutivos el documento
I. . . .
que se notifica. En estos casos, las
notificaciones surtirán efectos el día
II. Por edicto que se publique en que se hubiere fijado por última
por una sola vez en la Gaceta Oficial vez el documento; y
del estado, y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal IV. . . .
o nacional, tratándose de emplazamientos, citaciones, requerimientos Cuando se trate de resoluy demás resoluciones o actos admi- ciones o actos administrativos en
nistrativos que puedan impugnarse, materia fiscal, las notificaciones
cuando el interesado a quien deba se harán en un plazo no mayor a
notificarse haya desaparecido, se 90 días contados a partir del día
ignore su domicilio, se encuentre siguiente al en que se dicten.
fuera del territorio del Estado, sin
haber nombrado representante Artículo 38. . . .
legal, o hubiere fallecido y no se
conozca al albacea de la sucesión Las notificaciones se entena quien deba notificarse. En este derán con la persona que deba ser
caso, las notificaciones surtirán notificada o su representante legal;
108
Gaceta Oficial
Martes 18 de Marzo de 2003
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL,
Y PREVIA LA APROBACIÓN DEL
PLENO DE ESTA SOBERANÍA EN
DOS PERÍODOS DE SESIONES ORDINARIOS SUCESIVOS. ASÍ COMO
DE LA MAYORÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, DECLARA APROBADO EL SIGUIENTE:
funcionará durante los recesos
del Congreso y, en el año de su
renovación, hasta la instalación
del sucesivo, debiendo integrarse
proporcionalmente según el número
de diputados pertenecientes a los
diversos grupos legislativos, en los
términos que establezca la ley.
TRANSITORIOS
ÚNICO. La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial, órgano del Gobierno del
Estado.
DECRETO NUMERO 549
DE REFORMA
CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO ÚNICO. Se
reforma el artículo 40, párrafo segundo, de la Constitución Política
del Estado de Veracruz-Llave, para
quedar como sigue:
Artículo 40. . . .
La Diputación Permanente
105
Gaceta Oficial
LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL
SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, EN
USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 33 FRACCIÓN I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL; 18 FRACCIÓN I Y
47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 103 DEL REGLAMENTO PARA EL
GOBIERNO INTERIOR DEL PODER
LEGISLATIVO Y EN NOMBRE DEL
PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:
DECRETO NÚMERO 525
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE,
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE,
ASÍ COMO DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE VERACRUZLLAVE
Artículo Primero. . . .
Lunes 6 de Enero de 2003
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 5 fracción I,
31, 37 fracciones II y III, 38 párrafo
segundo, 140 párrafo primero, 164
fracción III, 171 fracciones I inciso
b), III, X, XI y XIV, 176 fracción III,
187 párrafo primero y 251 fracción
II; y se adicionan los artículos 37
con un párrafo final, 162 con un
párrafo segundo, 171 con un párrafo
segundo al inciso c) de la fracción
I y 210 con un párrafo segundo,
todos del Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de
sigue:
Artículo 5. . . .
I. Conocer en cualquier momento el estado que guardan los
expedientes en los que acredite la
condición de interesado y obtener,
previo pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de
documentos contenidos en ellos;
II a VII. . . .
Artículo 31. En el juicio
107
contencioso la autoridad podrá,
mediante simple oficio, acreditar
delegados, los que tendrán amplias
facultades para ofrecer y rendir
pruebas, formular alegatos, interponer recursos, comparecer a las
audiencias, recibir documentos y
formular otras promociones; pero
no podrán desistirse del juicio de
lesividad, ni delegar sus facultades
a terceros.
sus efectos el día hábil siguiente a
aquel en que se haya efectuado su
publicación por edicto;
III. Por estrados ubicados
en las oficinas de la administración
pública, del Órgano o del Tribunal
abiertas al público, cuando así lo señale la parte interesada o se trate de
actos distintos a emplazamientos,
citaciones, requerimientos y demás
resoluciones o actos que puedan
Artículo 37. . . .
ser impugnados, fijando durante
tres días consecutivos el documento
I. . . .
que se notifica. En estos casos, las
notificaciones surtirán efectos el día
II. Por edicto que se publique en que se hubiere fijado por última
por una sola vez en la Gaceta Oficial vez el documento; y
del estado, y en uno de los periódicos de mayor circulación estatal IV. . . .
o nacional, tratándose de emplazamientos, citaciones, requerimientos Cuando se trate de resoluy demás resoluciones o actos admi- ciones o actos administrativos en
nistrativos que puedan impugnarse, materia fiscal, las notificaciones
cuando el interesado a quien deba se harán en un plazo no mayor a
notificarse haya desaparecido, se 90 días contados a partir del día
ignore su domicilio, se encuentre siguiente al en que se dicten.
fuera del territorio del Estado, sin
haber nombrado representante Artículo 38. . . .
legal, o hubiere fallecido y no se
conozca al albacea de la sucesión Las notificaciones se entena quien deba notificarse. En este derán con la persona que deba ser
caso, las notificaciones surtirán notificada o su representante legal;
108
Gaceta Oficial
Martes 18 de Marzo de 2003
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL,
Y PREVIA LA APROBACIÓN DEL
PLENO DE ESTA SOBERANÍA EN
DOS PERÍODOS DE SESIONES ORDINARIOS SUCESIVOS. ASÍ COMO
DE LA MAYORÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, DECLARA APROBADO EL SIGUIENTE:
funcionará durante los recesos
del Congreso y, en el año de su
renovación, hasta la instalación
del sucesivo, debiendo integrarse
proporcionalmente según el número
de diputados pertenecientes a los
diversos grupos legislativos, en los
términos que establezca la ley.
TRANSITORIOS
ÚNICO. La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial, órgano del Gobierno del
Estado.
DECRETO NUMERO 549
DE REFORMA
CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO ÚNICO. Se
reforma el artículo 40, párrafo segundo, de la Constitución Política
del Estado de Veracruz-Llave, para
quedar como sigue:
Artículo 40. . . .
La Diputación Permanente
105
....
....
Artículo Tercero. . . .
TRANSITORIOS
PRIMERO. Las disposiciones
contenidas en el presente Decreto
II. Celebrada la audiencia, entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Oficial,
se emitirá resolución dentro de los
órgano del Gobierno del Estado.
quince días siguientes, en la que se
determinará la existencia o inexis- SEGUNDO. Se derogan las
tencia de la responsabilidad, y se disposiciones que se opongan a lo
fincará, en su caso, la indemnización dispuesto en el presente Decreto.
y sanciones correspondientes, y se
notificará al responsable y al supe- TERCERO. Las visitas dorior jerárquico dicha resolución para miciliarias y las de verificación ya
los efectos que procedan; cuando la iniciadas al momento de la entrada
resolución constituya, además, un en vigor del presente Decreto, se
crédito fiscal, se remitirá un tanto continuarán tramitando conforme a
autógrafo de la misma a la oficina las disposiciones del Código de Proejecutora que corresponda, para cedimientos Administrativos para el
el efecto de que si en un plazo de Estado de Veracruz-Llave, vigentes
quince días siguientes a la fecha en al momento de su inicio.
que surta efectos la notificación,
CUARTO. . . .
éste no es cubierto, o no es impugnado y debidamente garantizado en
términos de las normas aplicables,
se proceda a su recuperación mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución.
112
I. . . .
III a IV. . . .
a falta de ellos, el notificador dejará
citatorio con cualquier persona que
se encuentre en el domicilio para
que se le espere a una hora fija del
día hábil siguiente; de negarse a
firmarlo y recibirlo la persona con
quien se desarrolla la diligencia, el
notificador lo hará constar en el mismo citatorio, y procederá a fijarlo en
la puerta o lugar visible del propio
domicilio. Si quién haya de notificarse no atendiere el citatorio, la
notificación se hará por conducto de
cualquier persona que se encuentre
en el domicilio en que se realice la
diligencia y, de negarse a recibirla,
se realizará por instructivo que se
fijará en la puerta de ese domicilio.
En los casos en que el domicilio se
encontrare cerrado,
la citación o notificación se entenderá con el vecino más cercano,
debiéndose fijar una copia adicional en la puerta o lugar visible del
domicilio.
previstos en el artículo anterior, la
autoridad prevendrá por escrito y
por una sola vez al interesado o, en
su caso, a su representante o apoderado legal, para que dentro del
plazo de cinco días siguientes al en
que surta sus efectos la notificación
de dicha prevención, subsane la falta. En el supuesto de que en el plazo
señalado no se cumpla con la prevención o se cumpla parcialmente,
la autoridad resolverá que se tiene
por no presentada la solicitud.
...
....
Artículo 162. . . .
....
Al efecto, las autoridades
fiscales podrán designar por escrito
a notificadores, inspectores, auditores, verificadores y visitadores para
que, con ese carácter, diligencien
los actos administrativos que se les
encomienden.
....
Artículo 140. Cuando el escri- to inicial no contenga los requisitos o
no se acompañe de los documentos
I a II. . . .
109
III. Practicar visitas domiciliarias en los términos de este
Código, así como para verificar el
cumplimiento de las obligaciones en
materia de expedición de comprobantes fiscales, y de la presentación
de solicitudes o avisos en materia de
registro estatal de contribuyentes;
II. . . .
IV. a VI. . . . .
....
I. . . .
III. Si al presentarse los auditores, inspectores o visitadores al
lugar en donde deba practicarse la
diligencia, no estuviere el visitado
o su representante legal, dejarán
citatorio con la persona que se
encuentre en dicho lugar para que
el mencionado visitado o su representante legal los esperen a hora
determinada del día siguiente para
recibir la orden de visita; si no lo hicieren la visita se iniciará con quien
se encuentre en el lugar visitado;
a) . . . .
b) El nombre de los auditores, inspectores o visitadores que
practicarán la diligencia, los cuales
se podrán substituir, aumentar o
reducir en cualquier tiempo por la
autoridad que expidió la orden; en
esos casos, se notificará por escrito
al visitado; y
c) . . . .
IV a IX. . . .
X. El visitado, los testigos y
los auditores, inspectores o visitadores firmarán el acta. Si el visitado
o los testigos se niegan a firmar,
así se hará constar, sin que esta
circunstancia afecte el valor probatorio del documento. Un ejemplar
del acta se entregará, en todo caso,
al visitado o a la persona con la
que se entienda la diligencia; si se
Las personas designadas para niegan a aceptarlo, dicha negativa
efectuar la visita la podrán hacer en se asentará en la propia acta sin
forma conjunta o separada.
que esto afecte su validez y valor
110
probatorio;
menciona la fracción IV de este artículo, la autoridad fiscal competente
XI. Con las mismas formali- podrá ordenar la práctica de visita
dades indicadas en la fracción ante- domiciliaria; o
rior, se levantarán actas parciales o
complementarias para hacer cons- IV. . . .
tar hechos concretos en el curso de
una visita. Una vez levantada el acta Artículo 187. Las autoridades
final, no se podrán levantar actas fiscales emitirán la resolución al procomplementarias sin que exista una cedimiento a través del cual ejerzan
nueva orden de visita;
cualesquiera de las facultades de
comprobación a que alude este Ca
XII a XIII. . . .
pítulo, dentro de los cuarenta y cinco
días siguientes contados a partir de
XIV. Las autoridades deberán la fecha del levantamiento del acta
concluir la visita domiciliaria dentro final u oficio de observaciones, en
de un plazo máximo de seis meses su caso.
contados a partir de que se le notifique al visitado la orden de visita ....
respectiva.
....
Artículo 210. . .
I a II. . . .
Tratándose de embargos
III. Cuando el contribuyente recaídos sobre bienes muebles o
omita presentar en forma consecu- inmuebles, cuando el depositario
tiva las últimas tres declaraciones designado no acepte el cargo, el
de las contribuciones a que se nombramiento podrá recaer en el
encuentra obligado o cuando no ejecutado.
atienda a dos requerimientos de
la autoridad en los términos que Artículo 251. . . .
111
III. Practicar visitas domiciliarias en los términos de este
Código, así como para verificar el
cumplimiento de las obligaciones en
materia de expedición de comprobantes fiscales, y de la presentación
de solicitudes o avisos en materia de
registro estatal de contribuyentes;
II. . . .
IV. a VI. . . . .
....
I. . . .
III. Si al presentarse los auditores, inspectores o visitadores al
lugar en donde deba practicarse la
diligencia, no estuviere el visitado
o su representante legal, dejarán
citatorio con la persona que se
encuentre en dicho lugar para que
el mencionado visitado o su representante legal los esperen a hora
determinada del día siguiente para
recibir la orden de visita; si no lo hicieren la visita se iniciará con quien
se encuentre en el lugar visitado;
a) . . . .
b) El nombre de los auditores, inspectores o visitadores que
practicarán la diligencia, los cuales
se podrán substituir, aumentar o
reducir en cualquier tiempo por la
autoridad que expidió la orden; en
esos casos, se notificará por escrito
al visitado; y
c) . . . .
IV a IX. . . .
X. El visitado, los testigos y
los auditores, inspectores o visitadores firmarán el acta. Si el visitado
o los testigos se niegan a firmar,
así se hará constar, sin que esta
circunstancia afecte el valor probatorio del documento. Un ejemplar
del acta se entregará, en todo caso,
al visitado o a la persona con la
que se entienda la diligencia; si se
Las personas designadas para niegan a aceptarlo, dicha negativa
efectuar la visita la podrán hacer en se asentará en la propia acta sin
forma conjunta o separada.
que esto afecte su validez y valor
110
probatorio;
menciona la fracción IV de este artículo, la autoridad fiscal competente
XI. Con las mismas formali- podrá ordenar la práctica de visita
dades indicadas en la fracción ante- domiciliaria; o
rior, se levantarán actas parciales o
complementarias para hacer cons- IV. . . .
tar hechos concretos en el curso de
una visita. Una vez levantada el acta Artículo 187. Las autoridades
final, no se podrán levantar actas fiscales emitirán la resolución al procomplementarias sin que exista una cedimiento a través del cual ejerzan
nueva orden de visita;
cualesquiera de las facultades de
comprobación a que alude este Ca
XII a XIII. . . .
pítulo, dentro de los cuarenta y cinco
días siguientes contados a partir de
XIV. Las autoridades deberán la fecha del levantamiento del acta
concluir la visita domiciliaria dentro final u oficio de observaciones, en
de un plazo máximo de seis meses su caso.
contados a partir de que se le notifique al visitado la orden de visita ....
respectiva.
....
Artículo 210. . .
I a II. . . .
Tratándose de embargos
III. Cuando el contribuyente recaídos sobre bienes muebles o
omita presentar en forma consecu- inmuebles, cuando el depositario
tiva las últimas tres declaraciones designado no acepte el cargo, el
de las contribuciones a que se nombramiento podrá recaer en el
encuentra obligado o cuando no ejecutado.
atienda a dos requerimientos de
la autoridad en los términos que Artículo 251. . . .
111
....
....
Artículo Tercero. . . .
TRANSITORIOS
PRIMERO. Las disposiciones
contenidas en el presente Decreto
II. Celebrada la audiencia, entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Oficial,
se emitirá resolución dentro de los
órgano del Gobierno del Estado.
quince días siguientes, en la que se
determinará la existencia o inexis- SEGUNDO. Se derogan las
tencia de la responsabilidad, y se disposiciones que se opongan a lo
fincará, en su caso, la indemnización dispuesto en el presente Decreto.
y sanciones correspondientes, y se
notificará al responsable y al supe- TERCERO. Las visitas dorior jerárquico dicha resolución para miciliarias y las de verificación ya
los efectos que procedan; cuando la iniciadas al momento de la entrada
resolución constituya, además, un en vigor del presente Decreto, se
crédito fiscal, se remitirá un tanto continuarán tramitando conforme a
autógrafo de la misma a la oficina las disposiciones del Código de Proejecutora que corresponda, para cedimientos Administrativos para el
el efecto de que si en un plazo de Estado de Veracruz-Llave, vigentes
quince días siguientes a la fecha en al momento de su inicio.
que surta efectos la notificación,
CUARTO. . . .
éste no es cubierto, o no es impugnado y debidamente garantizado en
términos de las normas aplicables,
se proceda a su recuperación mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución.
112
I. . . .
III a IV. . . .
a falta de ellos, el notificador dejará
citatorio con cualquier persona que
se encuentre en el domicilio para
que se le espere a una hora fija del
día hábil siguiente; de negarse a
firmarlo y recibirlo la persona con
quien se desarrolla la diligencia, el
notificador lo hará constar en el mismo citatorio, y procederá a fijarlo en
la puerta o lugar visible del propio
domicilio. Si quién haya de notificarse no atendiere el citatorio, la
notificación se hará por conducto de
cualquier persona que se encuentre
en el domicilio en que se realice la
diligencia y, de negarse a recibirla,
se realizará por instructivo que se
fijará en la puerta de ese domicilio.
En los casos en que el domicilio se
encontrare cerrado,
la citación o notificación se entenderá con el vecino más cercano,
debiéndose fijar una copia adicional en la puerta o lugar visible del
domicilio.
previstos en el artículo anterior, la
autoridad prevendrá por escrito y
por una sola vez al interesado o, en
su caso, a su representante o apoderado legal, para que dentro del
plazo de cinco días siguientes al en
que surta sus efectos la notificación
de dicha prevención, subsane la falta. En el supuesto de que en el plazo
señalado no se cumpla con la prevención o se cumpla parcialmente,
la autoridad resolverá que se tiene
por no presentada la solicitud.
...
....
....
Al efecto, las autoridades
fiscales podrán designar por escrito
a notificadores, inspectores, auditores, verificadores y visitadores para
que, con ese carácter, diligencien
los actos administrativos que se les
encomienden.
....
Artículo 140. Cuando el escri- to inicial no contenga los requisitos o
no se acompañe de los documentos
I a II. . . .
109
jurisprudencia
y
tesis aisladas
materia civil
MENORES DE EDAD. SU OPINIÓN,
AUNQUE NECESARIA, NO ES PREPONDERANTE PARA DECIDIR
SOBRE SU GUARDA Y CUSTODIA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
VERACRUZ). La interpretación sis-
temática de los artículos 133 y 157
del Código Civil del Estado permite
establecer que en la sentencia de
divorcio se fijará en definitiva la situación respecto a la patria potestad
y la custodia de los hijos; asimismo,
que el Juez durante el procedimiento, de oficio o a petición de parte,
se allegará los medios necesarios
para ello, debiendo escuchar a ambos progenitores y a los menores,
a fin de justificar la necesidad de
la medida y, en todo caso, con el
propósito de proteger el derecho
a la convivencia con los padres
procurando, hasta donde lo estime
oportuno, respetar la elección de los
propios hijos expresada libremente, salvo que exista peligro para el
menor. Sin embargo, aun cuando la
voluntad del hijo debe ser tomada
en cuenta, esa sola exteriorización
no puede ser determinante para
que el juzgador decida su situación,
pues debe analizar cuidadosamente
las circunstancias particulares del
120
caso concreto a través de todos los
medios probatorios que obren en
autos, para sustentar el delicado
asunto de decidir sobre su guarda y
custodia, que implica esencialmente
su vigilancia, protección y cuidado,
como medios para educarlos física y
espiritualmente a efecto de procurarles un óptimo desarrollo integral,
cuestión que debe responder a un
interés superior al individual y a la
voluntad de las partes con la finalidad de alcanzar el objetivo para el
cual fue creada esa figura y no hacerlo sólo conforme a los deseos de
una de las partes. Así, sólo tendría
especial preponderancia la voluntad
del menor cuando (no obstante la
propuesta de circunstancias privilegiadas) se niega a irse con quien le
hace el ofrecimiento, porque es ante
esta eventualidad cuando sí resulta
fundamental e indispensable respetar esa manifestación y conocer los
motivos que justifiquen su negativa;
de lo contrario, so pretexto de mejores condiciones, se estaría obligando
al menor -contra su voluntad- a una
situación no deseada; fuera de ello,
no basta que el menor decida irse
con uno de los padres y que éste
goce de una situación económica
PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO
TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS
SUSTANTIVOS DE LA PERSONA.-
Cuando en un juicio ordinario civil
en el que se ventilan cuestiones
relacionadas con la paternidad, se
dicta auto por el que se admite y
ordena el desahogo de la prueba
pericial para determinar la huella
genética, con el objeto de acreditar
si existe o no vínculo de parentesco
por consanguinidad, dicho proveído
debe ser considerado como un acto
de imposible reparación, que puede
afectar los derechos fundamentales del individuo, por lo que debe
ser sujeto a un inmediato análisis
constitucional, a través del juicio de
amparo indirecto, en términos de
los artículos 107 fracción III, inciso
b), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 114,
fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo
anterior es así, por la especial naturaleza de la prueba, ya que para
desahogarla es necesario la toma
de muestras de tejido celular, por lo
general de sangre, a partir del cual,
mediante ADN (ácido desoxirribonucleico), es decir la huella de identi-
ficación genética, lo cual permitirá
establecer no sólo la existencia
de un vínculo de parentesco, sino
también otras características genéticas inherentes a la persona que
se somete a ese estudio, pero que
nada tengan que ver con la litis que
se busca dilucidar y, no obstante,
puedan poner al descubierto, contra
la voluntad del afectado, otro tipo
de condición genética hereditaria,
relacionada por ejemplo con aspectos patológicos o de conducta del
individuo, que pertenezcan a la más
absoluta intimidad del ser humano.1ª./J. 17/2003.- Contradicción de tesis
81/2002-PS.-Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Segundo y Tercero,
ambos del Vigésimo Tercer Circuito.-19 de
marzo de 2003.-Cinco votos.-Ponente: Juan
N. Silva Meza.- Secretario: Pedro Arroyo
Soto.- Tesis de jurisprudencia 17/2003.Aprobada por la Primera Sala de este alto
Tribunal. En sesión de diecinueve de marzo
de dos mil tres.- Semanario Judicial de la
Federación. Novena Época, Tomo XVII.
Abril 2003. Primera Parte. Página 88.
117
IMPEDIMENTO POR ENEMISTAD
MANIFIESTA. NO BASTA PARA
QUE SE ACTUALICE LA PRESENTACIÓN DE UNA DENUNCIA PENAL O
QUERELLA CONTRA EL JUZGADOR
DE AMPARO. La función de la de-
nuncia o querella es reducida, en
cuanto se limita a poner en conocimiento del órgano investigador la
notitia criminis, lo que significa que
es el acto por medio del cual cualquier persona informa al Ministerio
Público sobre la comisión de hechos
que pueden llegar a constituir un
delito, en el que pudo resultar afectado el querellante, denunciante o
sólo tenga un interés legítimo. En
esos términos, una vez presentada
la denuncia, será dicha autoridad la
encargada de cumplir con sus funciones de averiguar y, en su caso,
de ejercitar la acción penal, por lo
que la circunstancia de que alguna
de las partes en el juicio de amparo
presente una denuncia penal o querella contra el juzgador de garantías
no implica, de manera patente
e indudable, que se actualice un
ánimo de aversión en perjuicio del
denunciante o querellante, determinante de la enemistad manifiesta
que como causa del impedimento
establece el artículo 66 fracción VI
118
de la Ley de Amparo, pues existe la
presunción fundada en el nombramiento de los juzgadores, de que
cuentan con una formación y preparación objetivas para resolver las
controversias que se sometan a su
consideración, de forma por demás
honorable e imparcial, aún ante las
adversidades que se presenten en
su función jurisdiccional; por ende,
no es posible, por regla general, que
surja un sentimiento de enemistad
apoyado en la simple presentación
de una denuncia o querella penal,
porque esto constituye el ejercicio
de un derecho y, a su vez, una obligación que tienen los gobernados
para conservar el orden jurídico; de
ahí que es menester que, en todo
caso, se corroboren los hechos y
actitudes de animadversión u odio
con otros elementos de prueba que
hagan patente la enemistad.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
1.3o.C.45K.- Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.Tomo XVII, Enero
de 2003. Página: 1793.
MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ
OBLIGADO, AUN DE OFICIO, A
ESCUCHARLOS EN CUALQUIER
JUICIO DONDE TENGA QUE RESOLVERSE SOBRE LA PATRIA
POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO AL MINISTERIO
PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN,
TENIENDO EN CUENTA LA FACULTAD QUE TIENE DE VALERSE
DE CUALQUIER MEDIO A FIN
DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS
VERACRUZ). De la interpretación
conjunta y sistemática de los artículos 157 y 345 del código sustantivo
civil para el Estado de Veracruz, 225
y 226 del ordenamiento procesal
respectivo, debe entenderse que en
todos aquellos juicios civiles donde
tenga que resolverse sobre la patria potestad, guarda y custodia de
menores de edad, sin importar la
acción intentada, el juzgador, aun
de oficio, debe escucharlos, a fin
de evitar conductas de violencia
familiar y normar correctamente
su criterio sobre la situación que
guardan con sus progenitores,
así como al Ministerio Público de
la adscripción ante el desacuerdo
de los cónyuges sobre ese tenor,
teniendo en consideración, además,
la facultad de poder valerse de cualquier persona, sea parte o tercero,
cosa o documento conducente al
conocimiento de la verdad, como
podría ser, a guisa de ejemplo, la
investigación de trabajadores sociales, análisis psicológicos en relación
no sólo con el menor sino también
con los padres, apoyándose para
ello en instituciones como el Desarrollo Integral para la Familia (DIF)
o los servicios de salud pública, sin
importar que el artículo 157 del código sustantivo civil, sólo refiera a
los asuntos de divorcio, pues al caso
opera el principio jurídico de que
donde impera la misma razón debe
aplicarse la misma disposición, todo
con el fin de salvaguardar el interés
superior de los menores.-SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.2o.C.79C.- Amparo directo 1020/2002.
Margarita Sánchez Reyes. 26 de septiembre
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente:
José Manuel de Alba de Alba. Secretario:
Omar Liévanos Ruiz.- Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII,
119
IMPEDIMENTO POR ENEMISTAD
MANIFIESTA. NO BASTA PARA
QUE SE ACTUALICE LA PRESENTACIÓN DE UNA DENUNCIA PENAL O
QUERELLA CONTRA EL JUZGADOR
DE AMPARO. La función de la de-
nuncia o querella es reducida, en
cuanto se limita a poner en conocimiento del órgano investigador la
notitia criminis, lo que significa que
es el acto por medio del cual cualquier persona informa al Ministerio
Público sobre la comisión de hechos
que pueden llegar a constituir un
delito, en el que pudo resultar afectado el querellante, denunciante o
sólo tenga un interés legítimo. En
esos términos, una vez presentada
la denuncia, será dicha autoridad la
encargada de cumplir con sus funciones de averiguar y, en su caso,
de ejercitar la acción penal, por lo
que la circunstancia de que alguna
de las partes en el juicio de amparo
presente una denuncia penal o querella contra el juzgador de garantías
no implica, de manera patente
e indudable, que se actualice un
ánimo de aversión en perjuicio del
denunciante o querellante, determinante de la enemistad manifiesta
que como causa del impedimento
establece el artículo 66 fracción VI
118
de la Ley de Amparo, pues existe la
presunción fundada en el nombramiento de los juzgadores, de que
cuentan con una formación y preparación objetivas para resolver las
controversias que se sometan a su
consideración, de forma por demás
honorable e imparcial, aún ante las
adversidades que se presenten en
su función jurisdiccional; por ende,
no es posible, por regla general, que
surja un sentimiento de enemistad
apoyado en la simple presentación
de una denuncia o querella penal,
porque esto constituye el ejercicio
de un derecho y, a su vez, una obligación que tienen los gobernados
para conservar el orden jurídico; de
ahí que es menester que, en todo
caso, se corroboren los hechos y
actitudes de animadversión u odio
con otros elementos de prueba que
hagan patente la enemistad.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
1.3o.C.45K.- Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.Tomo XVII, Enero
de 2003. Página: 1793.
MENORES DE EDAD. EL JUEZ ESTÁ
OBLIGADO, AUN DE OFICIO, A
ESCUCHARLOS EN CUALQUIER
JUICIO DONDE TENGA QUE RESOLVERSE SOBRE LA PATRIA
POTESTAD, GUARDA Y CUSTODIA, ASÍ COMO AL MINISTERIO
PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN,
TENIENDO EN CUENTA LA FACULTAD QUE TIENE DE VALERSE
DE CUALQUIER MEDIO A FIN
DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS
VERACRUZ). De la interpretación
conjunta y sistemática de los artículos 157 y 345 del código sustantivo
civil para el Estado de Veracruz, 225
y 226 del ordenamiento procesal
respectivo, debe entenderse que en
todos aquellos juicios civiles donde
tenga que resolverse sobre la patria potestad, guarda y custodia de
menores de edad, sin importar la
acción intentada, el juzgador, aun
de oficio, debe escucharlos, a fin
de evitar conductas de violencia
familiar y normar correctamente
su criterio sobre la situación que
guardan con sus progenitores,
así como al Ministerio Público de
la adscripción ante el desacuerdo
de los cónyuges sobre ese tenor,
teniendo en consideración, además,
la facultad de poder valerse de cualquier persona, sea parte o tercero,
cosa o documento conducente al
conocimiento de la verdad, como
podría ser, a guisa de ejemplo, la
investigación de trabajadores sociales, análisis psicológicos en relación
no sólo con el menor sino también
con los padres, apoyándose para
ello en instituciones como el Desarrollo Integral para la Familia (DIF)
o los servicios de salud pública, sin
importar que el artículo 157 del código sustantivo civil, sólo refiera a
los asuntos de divorcio, pues al caso
opera el principio jurídico de que
donde impera la misma razón debe
aplicarse la misma disposición, todo
con el fin de salvaguardar el interés
superior de los menores.-SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.2o.C.79C.- Amparo directo 1020/2002.
Margarita Sánchez Reyes. 26 de septiembre
José Manuel de Alba de Alba. Secretario:
Omar Liévanos Ruiz.- Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII,
119
MENORES DE EDAD. SU OPINIÓN,
AUNQUE NECESARIA, NO ES PREPONDERANTE PARA DECIDIR
SOBRE SU GUARDA Y CUSTODIA
VERACRUZ). La interpretación sis-
temática de los artículos 133 y 157
del Código Civil del Estado permite
establecer que en la sentencia de
divorcio se fijará en definitiva la situación respecto a la patria potestad
y la custodia de los hijos; asimismo,
que el Juez durante el procedimiento, de oficio o a petición de parte,
se allegará los medios necesarios
para ello, debiendo escuchar a ambos progenitores y a los menores,
a fin de justificar la necesidad de
la medida y, en todo caso, con el
propósito de proteger el derecho
a la convivencia con los padres
procurando, hasta donde lo estime
oportuno, respetar la elección de los
propios hijos expresada libremente, salvo que exista peligro para el
menor. Sin embargo, aun cuando la
voluntad del hijo debe ser tomada
en cuenta, esa sola exteriorización
no puede ser determinante para
que el juzgador decida su situación,
pues debe analizar cuidadosamente
las circunstancias particulares del
120
caso concreto a través de todos los
medios probatorios que obren en
autos, para sustentar el delicado
asunto de decidir sobre su guarda y
custodia, que implica esencialmente
su vigilancia, protección y cuidado,
como medios para educarlos física y
espiritualmente a efecto de procurarles un óptimo desarrollo integral,
cuestión que debe responder a un
interés superior al individual y a la
voluntad de las partes con la finalidad de alcanzar el objetivo para el
cual fue creada esa figura y no hacerlo sólo conforme a los deseos de
una de las partes. Así, sólo tendría
especial preponderancia la voluntad
del menor cuando (no obstante la
propuesta de circunstancias privilegiadas) se niega a irse con quien le
hace el ofrecimiento, porque es ante
esta eventualidad cuando sí resulta
fundamental e indispensable respetar esa manifestación y conocer los
motivos que justifiquen su negativa;
de lo contrario, so pretexto de mejores condiciones, se estaría obligando
al menor -contra su voluntad- a una
situación no deseada; fuera de ello,
no basta que el menor decida irse
con uno de los padres y que éste
goce de una situación económica
PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO
TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS
SUSTANTIVOS DE LA PERSONA.-
Cuando en un juicio ordinario civil
en el que se ventilan cuestiones
relacionadas con la paternidad, se
dicta auto por el que se admite y
ordena el desahogo de la prueba
pericial para determinar la huella
genética, con el objeto de acreditar
si existe o no vínculo de parentesco
por consanguinidad, dicho proveído
debe ser considerado como un acto
de imposible reparación, que puede
afectar los derechos fundamentales del individuo, por lo que debe
ser sujeto a un inmediato análisis
constitucional, a través del juicio de
amparo indirecto, en términos de
los artículos 107 fracción III, inciso
b), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 114,
fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo
anterior es así, por la especial naturaleza de la prueba, ya que para
desahogarla es necesario la toma
de muestras de tejido celular, por lo
general de sangre, a partir del cual,
mediante ADN (ácido desoxirribonucleico), es decir la huella de identi-
ficación genética, lo cual permitirá
establecer no sólo la existencia
de un vínculo de parentesco, sino
también otras características genéticas inherentes a la persona que
se somete a ese estudio, pero que
nada tengan que ver con la litis que
se busca dilucidar y, no obstante,
puedan poner al descubierto, contra
la voluntad del afectado, otro tipo
de condición genética hereditaria,
relacionada por ejemplo con aspectos patológicos o de conducta del
individuo, que pertenezcan a la más
absoluta intimidad del ser humano.1ª./J. 17/2003.- Contradicción de tesis
81/2002-PS.-Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Segundo y Tercero,
ambos del Vigésimo Tercer Circuito.-19 de
marzo de 2003.-Cinco votos.-Ponente: Juan
N. Silva Meza.- Secretario: Pedro Arroyo
Soto.- Tesis de jurisprudencia 17/2003.Aprobada por la Primera Sala de este alto
Tribunal. En sesión de diecinueve de marzo
Federación. Novena Época, Tomo XVII.
Abril 2003. Primera Parte. Página 88.
117
más holgada para estimar, por
ese solo hecho, que sea adecuado
otorgarle la guarda y custodia, sino
que es indispensable analizar el entorno en el cual se encuentra y en
el que, en su caso, se desenvolvería
junto con el progenitor que elija,
para tomar la decisión que le sea
más favorable.-TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
SÉPTIMO CIRCUITO. VII.3o.C.31 C.Amparo directo 348/2002. Rosario Yamel
Galindo Cota, por sí y en representación
de su menor hijo Carlos Rodrigo Gutiérrez
Galindo. 4 de julio de 2002. Unanimidad
de votos. Ponente: Mario Alberto Flores
García. Secretaria: María de Jesús Ruiz Marinero.- Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta.Tomo XVI, Octubre de 2002.
Página 1405.
ALIMENTOS PARA ASCENDIENTES. DEBE NECESARIAMENTE
DEMOSTRARSE EL ESTADO DE NECESIDAD DE QUIEN LOS RECLAMA
VERACRUZ). Es verdad que con-
forme a lo ordenado por el artículo
235 del Código Civil del Estado, «los
hijos están obligados a dar alimentos a los padres ...», sin embargo,
no se puede soslayar que en ese
caso, como no se trata del cónyuge
o hijos del deudor alimentista, que
son los únicos en cuyo favor la ley
presume su necesidad de recibir
alimentos de aquél, existe entonces
la obligación para el ascendiente de
demostrar la necesidad que tiene
de recibirlos.- PRIMER TRIBUNAL
SÉPTIMO CIRCUITO. VII.1o.C.J/14.Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002.
Página 1019.
121
LANZAMIENTO. PARA SU REALIZACIÓN NO HAY NECESIDAD
DE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL DEMANDADO EL AUTO
QUE LO ORDENA (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ). La
interpretación sistemática de los
artículos 371 y 433 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, mismos que refieren, en esencia, el primero de ellos,
que cuando en cumplimiento de la
sentencia o determinación del Juez
deba entregarse alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente a
poner en posesión de la misma al
actor o a la persona en quien fincó
el remate aprobado, practicando todas las diligencias conducentes que
para el caso solicite el interesado, y
el segundo, que una vez otorgada la
escritura y entregados los títulos de
propiedad respectivos, en caso necesario, se apremiará al deudor para
que entregue el o los bienes, y se
pondrán a disposición del comprador, emitiendo para ello las órdenes
necesarias para lograr la desocupación de las fincas habitadas por el
deudor o su causahabiente, permite
establecer que para ejecutar una
orden de lanzamiento se requiere
122
el dictado previo de una sentencia
firme que condene a la desocupación y entrega del bien inmueble
materia del litigio, emitida en un
juicio en el que, desde luego, se
haya respetado en favor del demandado la garantía de audiencia previa
que otorga la Constitución Federal
a todos los gobernados; asimismo,
que antes de pronunciarse el acuerdo que ordena el lanzamiento, se
hubiera requerido la desocupación
y entrega de la cosa, inclusive con
apercibimiento que, de no hacerlo,
se usaría la fuerza pública para
cumplimentar esa orden; así que
cuando sabedor de las consecuencias que conlleva, el demandado
no cumplió con lo requerido, si se
emite el auto que ordena llevar a
cabo la diligencia relativa, el cual
es considerado de aquellos que se
dictan con sigilo y discreción, es
evidente que ante tal proceder ya
no es necesario que este acuerdo
sea notificado personalmente al demandado, pues además de que no
existe precepto legal alguno que lo
ordene así, el lanzamiento deviene
en un acto de realización inminente
derivado de no haber cumplido con
el requerimiento de entrega previa-
mente realizado.-TERCER TRIBUNAL
SÉPTIMO CIRCUITO.- VII.3o.C.30 C.Amparo en revisión 171/2002. Fernando
Rosales Hernández. 20 de junio de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Adrián
Avendaño Constantino. Secretario: Gilberto
Cueto López.-Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre
de 2002,Página 1397
123
LANZAMIENTO. PARA SU REALIZACIÓN NO HAY NECESIDAD
DE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL DEMANDADO EL AUTO
QUE LO ORDENA (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ). La
interpretación sistemática de los
artículos 371 y 433 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, mismos que refieren, en esencia, el primero de ellos,
que cuando en cumplimiento de la
sentencia o determinación del Juez
deba entregarse alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente a
poner en posesión de la misma al
actor o a la persona en quien fincó
el remate aprobado, practicando todas las diligencias conducentes que
para el caso solicite el interesado, y
el segundo, que una vez otorgada la
escritura y entregados los títulos de
propiedad respectivos, en caso necesario, se apremiará al deudor para
que entregue el o los bienes, y se
pondrán a disposición del comprador, emitiendo para ello las órdenes
necesarias para lograr la desocupación de las fincas habitadas por el
deudor o su causahabiente, permite
establecer que para ejecutar una
orden de lanzamiento se requiere
122
el dictado previo de una sentencia
firme que condene a la desocupación y entrega del bien inmueble
materia del litigio, emitida en un
juicio en el que, desde luego, se
haya respetado en favor del demandado la garantía de audiencia previa
que otorga la Constitución Federal
a todos los gobernados; asimismo,
que antes de pronunciarse el acuerdo que ordena el lanzamiento, se
hubiera requerido la desocupación
y entrega de la cosa, inclusive con
apercibimiento que, de no hacerlo,
se usaría la fuerza pública para
cumplimentar esa orden; así que
cuando sabedor de las consecuencias que conlleva, el demandado
no cumplió con lo requerido, si se
emite el auto que ordena llevar a
cabo la diligencia relativa, el cual
es considerado de aquellos que se
dictan con sigilo y discreción, es
evidente que ante tal proceder ya
no es necesario que este acuerdo
sea notificado personalmente al demandado, pues además de que no
existe precepto legal alguno que lo
ordene así, el lanzamiento deviene
en un acto de realización inminente
derivado de no haber cumplido con
el requerimiento de entrega previa-
mente realizado.-TERCER TRIBUNAL
SÉPTIMO CIRCUITO.- VII.3o.C.30 C.Amparo en revisión 171/2002. Fernando
Rosales Hernández. 20 de junio de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Adrián
Avendaño Constantino. Secretario: Gilberto
Cueto López.-Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre
de 2002,Página 1397
123
una conducta temeraria o de mala
fe que deba ser castigada a través
del pago de las costas.-Contradicción
de tesis 69/97. Entre las sustentadas por
el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal
Colegiado del Sexto Circuito. 18 de febrero
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro, previo
aviso a la Presidencia. Ponente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa
Díaz Ordaz Vera.- Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta. Novena Época.
Tomo XVII. Marzo 2003. Página 50.
128
EL DEMANDADO COMO PARA EL
TERCERO LLAMADO A JUICIO,
SALVO CONVENIO EN CONTRARIO.- De una interpretación armónica del artículo 1094, fracción VI,
del Código de Comercio y el diverso
numeral 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, aplicable supletoriamente a
la legislación mercantil en tanto que
ésta regula deficientemente el desistimiento de la acción y sus efectos
sobre las partes, se puede concluir
que la condena en costas, daños y
perjuicios ante el desistimiento de
la referida acción, salvo convenio en
contrario, es a favor de la contraparte de la actora, entendida aquélla
como la demandada, quien ante la
instrumentación de un juicio en su
contra y encontrarse por ello vinculada a éste, se le deben retribuir
tales conceptos en la medida en que
se generen. Así, tal retribución debe
verse también reflejada en materia
mercantil, cuando el actor llama a
juicio a un tercero para que le pare
perjuicio la resolución que se llegue
a pronunciar, puesto que éste se ve
vinculado y se le impone la carga de
que ante el simple llamamiento, la
sentencia que se dicte puede pro-
DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN EN MATERIA MERCANTIL.
LA CONDENA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS POR TAL
ACTO, TIENE REPERCUSIONES FAVORABLES TANTO PARA
MATERIA MERCANTIL
EXCEPCION DE PAGO. CUANDO
EL ACTOR NO OBJETA LAS DOCUMENTALES QUE LA SUSTENTAN
Y MANIFIESTA QUE EL PAGO SE
REALIZÓ CON MOTIVO DE UN
ADEUDO DIVERSO AL RECLAMADO, A ÉL CORRESPONDE LA CARGA
DE DE LA PRUEBA.- De lo dispuesto
Comercio, se desprende que, por
regla general, el que niega no está
obligado a probar, pero excepcionalmente debe hacerlo cuando su
negación envuelve la afirmación
expresa de un hecho. En esa virtud,
corresponde al actor la carga de la
prueba de que el pago con que pretende excepcionarse su contraparte
se refiere a un adeudo diverso al
reclamado, cuando al desahogar la
vista correspondiente dicho actor no
sólo no objeta las documentales que
sustentan la excepción, sino además
sostiene que el pago se realizó con
motivo de otra deuda, pues al mismo tiempo que niega que el pago
con que se excepciona su contraparte corresponda al adeudo que se le
reclama, afirma de manera expresa
que ese pago se realizó con motivo
de otra obligación.- 1a./J.16/2003.Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época,Tomo XVII, Abril
2003 Primera Parte, Página 71.
COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL. SU PROCEDENCIA
CUANDO LA CONDENA EN EL JUICIO FUE ÚNICAMENTE PARCIAL,
DEPENDERÁ DEL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR.- El artí-
culo 1084 del Código de Comercio,
en su primer párrafo, establece
dos presupuestos para el pago de
costas en el juicio, el primero de
ellos se refiere a la condena obligatoria cuando la prevenga la ley y
la segunda deja al prudente arbitrio
del juzgador dicha condena, a la
luz de la temeridad o mala fe que
se advierta en la sustanciación del
procedimiento. El propio numeral
en comento describe, en su tercera fracción, que pagará las costas
«el que fuese condenado en juicio
ejecutivo y el que lo intente si no
obtiene sentencia favorable ...»
en donde el término condenado
debe entenderse en su acepción
absoluta o total, pues cuando se
trata de una condena parcial, ésta
dependerá del arbitrio judicial, y
será el juzgador quien debe analizar
el caso concreto para desentrañar
las motivaciones que tuvieron las
partes para concurrir al juicio y advertir si en alguna de ellas existió
127
una conducta temeraria o de mala
fe que deba ser castigada a través
del pago de las costas.-Contradicción
de tesis 69/97. Entre las sustentadas por
el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal
Colegiado del Sexto Circuito. 18 de febrero
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro, previo
aviso a la Presidencia. Ponente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Felisa
Díaz Ordaz Vera.- Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta. Novena Época.
Tomo XVII. Marzo 2003. Página 50.
128
EL DEMANDADO COMO PARA EL
TERCERO LLAMADO A JUICIO,
SALVO CONVENIO EN CONTRARIO.- De una interpretación armónica del artículo 1094, fracción VI,
del Código de Comercio y el diverso
numeral 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal, aplicable supletoriamente a
la legislación mercantil en tanto que
ésta regula deficientemente el desistimiento de la acción y sus efectos
sobre las partes, se puede concluir
que la condena en costas, daños y
perjuicios ante el desistimiento de
la referida acción, salvo convenio en
contrario, es a favor de la contraparte de la actora, entendida aquélla
como la demandada, quien ante la
instrumentación de un juicio en su
contra y encontrarse por ello vinculada a éste, se le deben retribuir
tales conceptos en la medida en que
se generen. Así, tal retribución debe
verse también reflejada en materia
mercantil, cuando el actor llama a
juicio a un tercero para que le pare
perjuicio la resolución que se llegue
a pronunciar, puesto que éste se ve
vinculado y se le impone la carga de
que ante el simple llamamiento, la
sentencia que se dicte puede pro-
DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN EN MATERIA MERCANTIL.
LA CONDENA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS POR TAL
ACTO, TIENE REPERCUSIONES FAVORABLES TANTO PARA
MATERIA MERCANTIL
Alemán. Secretario: Fernando Mendoza
Rodríguez..- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre
de 2002, Página 275.
ducir efectos en su esfera jurídica
generándole una sujeción, la cual
no se hubiese producido si no se
le hubiere llamado a juicio; el que
adquiere en el derecho mercantil
la condición de parte, procesal
mente hablando, con los poderes
y sujeciones característicos de su
condición, es decir, de defensa,
estatuidos en el precitado artículo
1094, fracción VI, del Código de
Comercio.- SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.- I.6o.C.258 C.- Amparo directo
726/2002. Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario. 2 de mayo de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto
Chávez Priego. Secretario: Abraham Mejía
Arroyo.- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de
2003, Página: 1767.
ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTRATO
DE SUMINISTRO DE. LA VÍA PARA
EXIGIR SU CUMPLIMIENTO ES
LA MERCANTIL Y NO LA CIVIL
(ARTÍCULO 75, FRACCIÓN V, DEL
CÓDIGO DE COMERCIO).- De la
Código de Comercio, puede estimarse que el contrato que se celebra
con la Comisión Federal de Electricidad por el servicio de suministro
de fluido eléctrico es de naturaleza
mercantil y no civil; por tanto, la vía
para exigir su cumplimiento es la
primeramente citada, sin que obste
que dicho precepto no ubique a
la paraestatal como comerciante,
toda vez que estamos frente a la
prestación de un servicio público
por el que normalmente se paga
una tarifa, equiparable al precio que
se paga por la prestación de servicios privados.- CUARTO TRIBUNAL
COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER
CIRCUITO.- XXI.4o.4 A.- Amparo directo
319/2002. Alfonso Franco Álvarez. 26
de septiembre de 2002. Unanimidad de
votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán.
Secretario: Aquileo Gilberto Sotelo Pineda.- Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de
2002, Página 790.
interpretación integral y sistemática del artículo 75, fracción V, del
132
129
EDICTOS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PUBLICACIÓN CON
EL FIN DE ANUNCIAR LA VENTA
EN SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES, DENTRO DE UN
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
DEBE EFECTUARSE CON BASE EN
DÍAS HÁBILES.- La publicación de
los edictos en las puertas (estrados)
del juzgado u oficinas fiscales de la
localidad por parte del funcionario
judicial para anunciar la venta en
subasta pública de bienes inmuebles, constituye una actuación
judicial, puesto que se lleva a cabo
en cumplimiento de un acto procesal emitido por el juzgador. En ese
tenor, si de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1064 y 1076,
párrafo primero, del Código de
Comercio, las actuaciones judiciales
deben practicarse en días hábiles y
en ningún término se contarán los
días en que no puedan tener lugar
dichas actuaciones, salvo los casos
de excepción señalados por la ley,
se concluye que el plazo de nueve
días a que se refiere el diverso
numeral 1411 del aludido código,
es decir, el lapso durante el cual
deben publicarse tales edictos, debe
computarse en días hábiles y no
en días naturales, pues sostener lo
130
contrario, sería autorizar u obligar
a ese funcionario judicial a realizar
una actuación en contravención a
aquellos preceptos, lo que resulta
inadmisible.- 1a./J. 72/2002.- Contra-
dicción de tesis 40/2002-PS. Entre las
sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Décimo
Noveno Circuito. 30 de octubre de 2002.
Cinco votos. Ponente: Humberto Román
Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde
Ramírez.- Tesis de jurisprudencia 72/2002.
Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de treinta de octubre de
dos mil dos, por unanimidad de cinco votos
de los señores Ministros: presidente Juan
N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro,
Humberto Román Palacios, José de Jesús
Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de
García Villegas.- Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero
ENDOSO. LOS ARTÍCULOS 29 Y 39
DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS
Y OPERACIONES DE CRÉDITO NO
SON VIOLATORIOS DE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS.- El endosatario
no necesita acreditar la personalidad
del endosante para cumplir con los
requisitos que exigen los artículos
29 y 39 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito, toda vez
que de la lectura de estos numerales se desprende que solamente
establecen los requisitos que debe
contener cualquier endoso de un
título de crédito y que sólo se faculta
al deudor para que verifique la identidad de la persona que presenta
el título como último tenedor y la
continuidad de los endosos, pero no
para exigir la comprobación de la autenticidad de éstos, lo cual es acorde
con lo que dispone el artículo 12 de
la propia ley, es decir, tales preceptos tienen como objetivo facilitar la
circulación de los títulos de crédito
y el de mayor movilidad al derecho
literal que en ellos se consigna, por
lo que si el último tenedor de un
título de crédito ejercita el derecho
inherente al mismo, no tiene por qué
demostrar la personalidad de sus
endosantes, ya que ello pugnaría
con los principios de incorporación,
legitimación y expedita circulación
de los títulos de crédito, pues para
la validez del endoso sólo se exige
que conste en el título mismo o en
hoja adherida a él, con los datos
que debe contener, y que además
este documento sea entregado al
endosatario, como se deduce del
contenido de los artículos 26, 29,
38 y 39 de la Ley citada. En ese
sentido, los artículos 29 y 39 de la
referida ley, no son violatorios de
las garantías de seguridad y certeza jurídicas, ya que el obligado, al
momento de suscribir el título de
crédito, adquirió voluntariamente
la obligación de pagar y de no
hacerlo, el carácter de prueba preconstituida de los títulos de crédito
permitirá que el beneficiario pueda
exigir su cumplimiento mediante la
acción judicial, ya que la transmisión mediante el endoso, legitima
al nuevo tenedor como tal y le
permite al documento guardar sus
características.- 2a. CLXXXVII/2002.Amparo directo en revisión 796/2001.
Industrias Rojas y Asociados, S.A. de
C.V. y otro. 25 de octubre de 2002. Cinco
votos. Ponente: José Vicente Aguinaco
131
EDICTOS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PUBLICACIÓN CON
EL FIN DE ANUNCIAR LA VENTA
EN SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES, DENTRO DE UN
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
DEBE EFECTUARSE CON BASE EN
DÍAS HÁBILES.- La publicación de
los edictos en las puertas (estrados)
del juzgado u oficinas fiscales de la
localidad por parte del funcionario
judicial para anunciar la venta en
subasta pública de bienes inmuebles, constituye una actuación
judicial, puesto que se lleva a cabo
en cumplimiento de un acto procesal emitido por el juzgador. En ese
tenor, si de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1064 y 1076,
párrafo primero, del Código de
Comercio, las actuaciones judiciales
deben practicarse en días hábiles y
en ningún término se contarán los
días en que no puedan tener lugar
dichas actuaciones, salvo los casos
de excepción señalados por la ley,
se concluye que el plazo de nueve
días a que se refiere el diverso
numeral 1411 del aludido código,
es decir, el lapso durante el cual
deben publicarse tales edictos, debe
computarse en días hábiles y no
en días naturales, pues sostener lo
130
contrario, sería autorizar u obligar
a ese funcionario judicial a realizar
una actuación en contravención a
aquellos preceptos, lo que resulta
inadmisible.- 1a./J. 72/2002.- Contra-
dicción de tesis 40/2002-PS. Entre las
sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Décimo
Noveno Circuito. 30 de octubre de 2002.
Cinco votos. Ponente: Humberto Román
Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde
Ramírez.- Tesis de jurisprudencia 72/2002.
Aprobada por la Primera Sala de este Alto
Tribunal, en sesión de treinta de octubre de
dos mil dos, por unanimidad de cinco votos
de los señores Ministros: presidente Juan
N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro,
Humberto Román Palacios, José de Jesús
Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de
García Villegas.- Semanario Judicial de la
ENDOSO. LOS ARTÍCULOS 29 Y 39
DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS
Y OPERACIONES DE CRÉDITO NO
SON VIOLATORIOS DE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS.- El endosatario
no necesita acreditar la personalidad
del endosante para cumplir con los
requisitos que exigen los artículos
29 y 39 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito, toda vez
que de la lectura de estos numerales se desprende que solamente
establecen los requisitos que debe
contener cualquier endoso de un
título de crédito y que sólo se faculta
al deudor para que verifique la identidad de la persona que presenta
el título como último tenedor y la
continuidad de los endosos, pero no
para exigir la comprobación de la autenticidad de éstos, lo cual es acorde
con lo que dispone el artículo 12 de
la propia ley, es decir, tales preceptos tienen como objetivo facilitar la
circulación de los títulos de crédito
y el de mayor movilidad al derecho
literal que en ellos se consigna, por
lo que si el último tenedor de un
título de crédito ejercita el derecho
inherente al mismo, no tiene por qué
demostrar la personalidad de sus
endosantes, ya que ello pugnaría
con los principios de incorporación,
legitimación y expedita circulación
de los títulos de crédito, pues para
la validez del endoso sólo se exige
que conste en el título mismo o en
hoja adherida a él, con los datos
que debe contener, y que además
este documento sea entregado al
endosatario, como se deduce del
contenido de los artículos 26, 29,
38 y 39 de la Ley citada. En ese
sentido, los artículos 29 y 39 de la
referida ley, no son violatorios de
las garantías de seguridad y certeza jurídicas, ya que el obligado, al
momento de suscribir el título de
crédito, adquirió voluntariamente
la obligación de pagar y de no
hacerlo, el carácter de prueba preconstituida de los títulos de crédito
permitirá que el beneficiario pueda
exigir su cumplimiento mediante la
acción judicial, ya que la transmisión mediante el endoso, legitima
al nuevo tenedor como tal y le
permite al documento guardar sus
características.- 2a. CLXXXVII/2002.Amparo directo en revisión 796/2001.
Industrias Rojas y Asociados, S.A. de
C.V. y otro. 25 de octubre de 2002. Cinco
votos. Ponente: José Vicente Aguinaco
131
Alemán. Secretario: Fernando Mendoza
Rodríguez..- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre
ducir efectos en su esfera jurídica
generándole una sujeción, la cual
no se hubiese producido si no se
le hubiere llamado a juicio; el que
adquiere en el derecho mercantil
la condición de parte, procesal
mente hablando, con los poderes
y sujeciones característicos de su
condición, es decir, de defensa,
estatuidos en el precitado artículo
1094, fracción VI, del Código de
Comercio.- SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.- I.6o.C.258 C.- Amparo directo
726/2002. Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario. 2 de mayo de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto
Chávez Priego. Secretario: Abraham Mejía
Arroyo.- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de
2003, Página: 1767.
ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTRATO
DE SUMINISTRO DE. LA VÍA PARA
EXIGIR SU CUMPLIMIENTO ES
LA MERCANTIL Y NO LA CIVIL
(ARTÍCULO 75, FRACCIÓN V, DEL
CÓDIGO DE COMERCIO).- De la
Código de Comercio, puede estimarse que el contrato que se celebra
con la Comisión Federal de Electricidad por el servicio de suministro
de fluido eléctrico es de naturaleza
mercantil y no civil; por tanto, la vía
para exigir su cumplimiento es la
primeramente citada, sin que obste
que dicho precepto no ubique a
la paraestatal como comerciante,
toda vez que estamos frente a la
prestación de un servicio público
por el que normalmente se paga
una tarifa, equiparable al precio que
se paga por la prestación de servicios privados.- CUARTO TRIBUNAL
COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER
CIRCUITO.- XXI.4o.4 A.- Amparo directo
319/2002. Alfonso Franco Álvarez. 26
votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán.
Secretario: Aquileo Gilberto Sotelo Pineda.- Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de
2002, Página 790.
interpretación integral y sistemática del artículo 75, fracción V, del
132
129
COMPETENCIA CONCURRENTE. EL
GOBERNADO TIENE LA OPCIÓN
DE PRESENTAR SU DEMANDA
DE AMPARO ANTE EL JUEZ DE
DISTRITO, O BIEN, ANTE EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO
RECLAMADO, POR VIOLACIÓN A
LAS GARANTÍAS DE LOS ARTÍCULOS 16, EN MATERIA PENAL, 19 Y
20, APARTADO A, FRACCIONES I,
VIII Y X, PÁRRAFOS PRIMERO Y
SEGUNDO, DE LA CARTA MAGNA,
CUANDO AMBAS AUTORIDADES
RESIDAN EN EL MISMO LUGAR.-
De lo dispuesto en los artículos
107, fracción XII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo,
que establecen la denominada
competencia concurrente, al señalar
que podrá reclamarse la violación a
las garantías de los artículos 16, en
materia penal, 19 y 20, apartado
A, fracciones I, VIII y X, párrafos
primero y segundo, de la Ley Fundamental, ante el superior del tribunal
que la cometa, o ante el Juez de
Distrito, se desprende que conceden
al gobernado la facultad de optar,
para la defensa de las mencionadas
garantías, entre presentar su demanda de amparo ante el superior
jerárquico de la autoridad respon136
sable o ante el Juez de Distrito,
sin que sea obstáculo para ejercer
dicha opción, el hecho de que residan en el mismo lugar, pues tanto
la Norma Fundamental como la Ley
de Amparo facultan al gobernado
para elegir el órgano al cual ha de
acudir, con la única limitante de que
se trate de violación a las señaladas
garantías constitucionales. No es
óbice para la anterior conclusión lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley
Reglamentaria de los Artículos 103
y 107 Constitucionales que señala
un supuesto distinto, consistente
en la competencia auxiliar, la cual
opera en los casos de urgencia de
petición de amparo que ameritan
la pronta intervención de la Justicia
Federal, cuando en el lugar en que
se ejecuten o traten de ejecutarse
los actos reclamados no resida un
Juez de Distrito, pues en la competencia concurrente a que se refiere
el mencionado artículo 37, quien
conoce es el superior de la autoridad
del tribunal que cometió la violación
reclamada y su intervención es exhaustiva, esto es, tiene completa
competencia en cuanto al conocimiento integral del amparo, con la
única limitante de que se esté en el
caso de transgresión a las garantías
MATERIA PENAL
AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN
ÉL DEBEN INCLUIRSE LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS
DEL DELITO, SIN PERJUICIO DE
QUE TAMBIÉN SE EXAMINEN EN
LA SENTENCIA QUE AL EFECTO
SE DICTE.-El primer párrafo del
artículo 19 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
reformado por decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación el
ocho de marzo de mil novecientos
noventa y nueve establece que:
"Ninguna detención ante autoridad
judicial podrá exceder del plazo de
setenta y dos horas, a partir de
que el indiciado sea puesto a su
disposición, sin que se justifique
con un auto de formal prisión en el
que se expresarán: el delito que se
impute al acusado; el lugar, tiempo
y circunstancias de ejecución, así
como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán
ser bastantes para comprobar el
cuerpo del delito y hacer probable
la responsabilidad del indiciado.".
Ahora bien, del análisis de tal precepto constitucional se concluye que
para que el inculpado tenga certeza
jurídica del proceso que se le habrá
de seguir, la autoridad judicial, al
dictar un auto de formal prisión, no
debe limitar su actividad al estudio
de los aspectos relacionados con
el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad del indiciado, sino
que debe analizar las modalidades o
circunstancias modificativas o calificativas, con independencia de que
estas últimas deban ser objeto de
prueba durante el proceso criminal
correspondiente, en cuya sentencia
se defina, en su caso, el grado de
responsabilidad del procesado, en
virtud de que es justamente en
dicho proceso donde se brinda al
inculpado el legítimo derecho de
defensa, es decir, de ofrecer las
pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes. Lo
anterior no es obstáculo para que
el Juez de la causa, al dictar su
sentencia, efectúe el análisis del
grado o calificativas del delito e,
incluso, por virtud de ello, la misma
pueda diferir del que fue materia
en el proceso, al encontrar material probatorio que lo lleve a esa
conclusión.- 1a./J. 13/2003.- Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Època,Tomo XVII, Abril 2003, Primera
Parte, Página 9.-Contradicción de tesis
114/2001-PS.- Entre las sustentadas por
el Tercero y Quinto Tribunales Colegiados,
ambos en Materia Penal del Primer Circuito.- 7 de Febrero de 2003.- Unanimidad
de cuatro votos.- Ausente: Juventino V.
Castro y Castro.- Ponente: José de Jesus
Gudiño Pelayo.- Secretario: Ismael Man135
COMPETENCIA CONCURRENTE. EL
GOBERNADO TIENE LA OPCIÓN
DE PRESENTAR SU DEMANDA
DE AMPARO ANTE EL JUEZ DE
DISTRITO, O BIEN, ANTE EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO
RECLAMADO, POR VIOLACIÓN A
LAS GARANTÍAS DE LOS ARTÍCULOS 16, EN MATERIA PENAL, 19 Y
20, APARTADO A, FRACCIONES I,
VIII Y X, PÁRRAFOS PRIMERO Y
SEGUNDO, DE LA CARTA MAGNA,
CUANDO AMBAS AUTORIDADES
RESIDAN EN EL MISMO LUGAR.-
De lo dispuesto en los artículos
107, fracción XII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo,
que establecen la denominada
competencia concurrente, al señalar
que podrá reclamarse la violación a
las garantías de los artículos 16, en
primero y segundo, de la Ley Fundamental, ante el superior del tribunal
que la cometa, o ante el Juez de
Distrito, se desprende que conceden
al gobernado la facultad de optar,
para la defensa de las mencionadas
garantías, entre presentar su demanda de amparo ante el superior
jerárquico de la autoridad respon136
sable o ante el Juez de Distrito,
sin que sea obstáculo para ejercer
dicha opción, el hecho de que residan en el mismo lugar, pues tanto
la Norma Fundamental como la Ley
de Amparo facultan al gobernado
para elegir el órgano al cual ha de
acudir, con la única limitante de que
se trate de violación a las señaladas
garantías constitucionales. No es
óbice para la anterior conclusión lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley
Reglamentaria de los Artículos 103
y 107 Constitucionales que señala
un supuesto distinto, consistente
en la competencia auxiliar, la cual
opera en los casos de urgencia de
petición de amparo que ameritan
la pronta intervención de la Justicia
Federal, cuando en el lugar en que
se ejecuten o traten de ejecutarse
los actos reclamados no resida un
Juez de Distrito, pues en la competencia concurrente a que se refiere
el mencionado artículo 37, quien
conoce es el superior de la autoridad
del tribunal que cometió la violación
reclamada y su intervención es exhaustiva, esto es, tiene completa
competencia en cuanto al conocimiento integral del amparo, con la
única limitante de que se esté en el
caso de transgresión a las garantías
MATERIA PENAL
ción de hechos, por cuyo motivo
ninguna razón legal existe de que
el representante social cumpla con
mayores requisitos que los precisados, a fin de que el juzgador se
pronuncie sobre la reparación del
daño.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.- XX.3o.5 P.Amparo directo 228/2002. 15 de agosto
J. Jesús Contreras Coria. Secretaria:
Magdalena Barrón Benítez.- Amparo directo 357/2002. 4 de octubre de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco
A. Velasco Santiago. Secretario: Juan Manuel Morán Rodríguez.- Véase: Semanario
Judicial de la Federación, Octava Época,
Tomo X, noviembre de 1992, página 303,
tesis XX.182 P, de rubro: "REPARACIÓN
DEL DAÑO. TIENE EL CARÁCTER DE
PENA PÚBLICA Y POR TANTO BASTA QUE
LA EXIJA EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL
MOMENTO DE SOLICITAR LA CONDENA
RELATIVA AL DELITO COMETIDO.".-Nota:
Sobre el tema tratado existe denuncia
de contradicción de tesis 131/2002,
pendiente de resolver en la Primera Sala.Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003,
Página 1756.
140
MINISTERIO PÚBLICO. EL TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS
QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 16 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA
QUE DETERMINE LA SITUACIÓN
JURÍDICA DE LOS INDICIADOS,
DEBE RESPETARSE CON INDEPENDENCIA DEL FUERO AL QUE
PERTENEZCAN LOS AGENTES QUE
CONFORMAN AQUELLA INSTITUCIÓN.- La diferenciación en cuanto
al ámbito federal, local y militar,
no es un aspecto que determine la
existencia de distintas instituciones
del Ministerio Público, con facultades diversas, sino que se relaciona
con el ámbito de competencia de los
agentes que conforman la institución representativa de la sociedad
y titular del monopolio de la acción
penal, en diferentes fueros, con
jurisdicción propia, para el desarrollo de la función investigadora
que tiene asignada la institución,
de acuerdo con el tipo de delitos
que se investiguen. En consecuencia, el término de cuarenta y ocho
horas previsto en el artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el Ministerio Público determine la
situación jurídica del indiciado, se
establece de manera independiente
contenidas en los artículos 16, en
primero y segundo, de la Constitución Federal, quedando a elección
del gobernado acudir a la autoridad
judicial federal, o bien, al superior
jerárquico del tribunal o Juez que
haya cometido la violación, en tanto
que en la competencia auxiliar quien
conoce de la demanda de amparo
es un Juez de primera instancia,
cuya injerencia está supeditada a
que no resida Juez de Distrito en el
lugar en el que se ejecute o trate de
ejecutarse el acto, y su intervención
es meramente de auxilio, esto es,
se reduce a coadyuvar, mediante
la preparación del juicio respectivo
(recepción de la demanda y otorgamiento de la suspensión provisional
del acto reclamado), a los Jueces de
Distrito, en los lugares que, como
ya se mencionó, éstos no tengan
su residencia, por lo que su competencia es parcial.- 1a./J. 61/2002.-
Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.- Tesis
de jurisprudencia 61/2002. Aprobada por
la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión de cuatro de septiembre de dos mil
dos, por unanimidad de cuatro votos de los
señores Ministros: presidente Juan N. Silva
Meza, Juventino V. Castro y Castro, José
de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Ausente: Humberto Román Palacios.- Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI,
Noviembre de 2002, Página 24.
Contradicción de tesis 99/2001-PS. Entre
las sustentadas por el Primer Tribunal
Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y
el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito (actualmente Primer
Tribunal Colegiado del mismo circuito). 4
cuatro votos. Ausente: Humberto Román
137
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO
CAUCIÓN. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE APORTAR PRUEBAS
QUE JUSTIFIQUEN SU SOLICITUD
DE QUE AQUÉLLA SE NIEGUE AL
INCULPADO EN CASO DE DELITOS
NO GRAVES (INTERPRETACIÓN
DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A,
FRACCIÓN I, PÁRRAFO PRIMERO,
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).-
Del desarrollo legislativo y de una
interpretación auténtica del primer
párrafo de la fracción I del apartado
A del artículo 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el Ministerio
Público debe aportar pruebas que
acrediten los argumentos por los
cuales, en el caso de los delitos no
graves, solicita al Juez que niegue
al inculpado la libertad provisional
bajo caución, por considerar que
dicha libertad representa un riesgo
para el ofendido o para la sociedad.
Esto es así, en atención a que,
según se advierte del estudio del
proceso legislativo del decreto de
reformas a dicho precepto de la
Carta Magna, publicado en el Diario
Oficial de la Federación de tres de
julio de mil novecientos noventa
y seis, las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales, de Justicia,
138
del Distrito Federal, y de Estudios
Legislativos, Primera Sección, del
Senado de la República, expresamente modificaron la iniciativa del
Ejecutivo Federal, en el punto que
se analiza, por considerar que para
negar al inculpado la libertad provisional bajo caución, en el caso de
los delitos no graves, no bastaba el
simple razonamiento del Ministerio
Público, porque sería totalmente
arbitrario y discrecional, por no
contener ningún elemento objetivo
que motivara la petición, ni que
guiara la decisión judicial, por lo
que se proponía, que se aportaran
al Juez elementos que justificaran
la petición, como lo era el riesgo
que el inculpado representara para
el ofendido o la sociedad, por su
conducta precedente y las características del delito cometido; modificación que fue aceptada, y con la
cual se aprobó el decreto respectivo.- 1a./J.54/2002.- Contradicción de tesis
106/2001-PS. Entre las sustentadas por el
Segundo y Tercer Tribunales Colegiados,
ambos del Décimo Cuarto Circuito. 30 de
agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro.
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario:
Ángel Ponce Peña.- Tesis de jurisprudencia
54/2002. Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de treinta
de agosto de dos mil dos, por unanimidad
de cuatro votos de los señores Ministros:
presidente Juan N. Silva Meza, Humberto
Román Palacios, José de Jesús Gudiño
Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y
Castro.- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre
DAÑO, REPARACIÓN DEL. PARA
SU CONDENA BASTA QUE LA
SOLICITE EL MINISTERIO PÚBLICO EN SUS CONCLUSIONES
ACUSATORIAS.- Tratándose de
la reparación del daño, basta la
existencia de la sentencia condenatoria para que se dé vida, por
una parte, a la sanción y, por la
otra, a la obligación de reparar el
daño como consecuencia directa y
necesaria del hecho ilícito; por tanto, sólo es necesario que la solicite
el representante social para que
el Juez resuelva lo conducente de
acuerdo con las pruebas obtenidas
en el proceso, en razón de que
los artículos 292 y 293 del Código
Federal de Procedimientos Penales no exigen que en el ocurso de
conclusiones, sobre esa pena, el
Ministerio Público, en capítulo por
separado, realice un acucioso estudio, exprese razonamientos legales
sustentatorios de la solicitud, los
motivos por los que tal condena es
procedente, los medios de convicción que acreditan ese aspecto y el
valor que a éstas les corresponde
legalmente, en virtud de que el
daño privado deviene de la propia
conducta ilícita, inmersa en la rela139
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO
CAUCIÓN. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE APORTAR PRUEBAS
QUE JUSTIFIQUEN SU SOLICITUD
DE QUE AQUÉLLA SE NIEGUE AL
INCULPADO EN CASO DE DELITOS
NO GRAVES (INTERPRETACIÓN
DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A,
FRACCIÓN I, PÁRRAFO PRIMERO,
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).-
Del desarrollo legislativo y de una
interpretación auténtica del primer
párrafo de la fracción I del apartado
A del artículo 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el Ministerio
Público debe aportar pruebas que
acrediten los argumentos por los
cuales, en el caso de los delitos no
graves, solicita al Juez que niegue
al inculpado la libertad provisional
bajo caución, por considerar que
dicha libertad representa un riesgo
para el ofendido o para la sociedad.
Esto es así, en atención a que,
según se advierte del estudio del
proceso legislativo del decreto de
reformas a dicho precepto de la
Carta Magna, publicado en el Diario
Oficial de la Federación de tres de
julio de mil novecientos noventa
y seis, las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales, de Justicia,
138
del Distrito Federal, y de Estudios
Legislativos, Primera Sección, del
Senado de la República, expresamente modificaron la iniciativa del
Ejecutivo Federal, en el punto que
se analiza, por considerar que para
negar al inculpado la libertad provisional bajo caución, en el caso de
los delitos no graves, no bastaba el
simple razonamiento del Ministerio
Público, porque sería totalmente
arbitrario y discrecional, por no
contener ningún elemento objetivo
que motivara la petición, ni que
guiara la decisión judicial, por lo
que se proponía, que se aportaran
al Juez elementos que justificaran
la petición, como lo era el riesgo
que el inculpado representara para
el ofendido o la sociedad, por su
conducta precedente y las características del delito cometido; modificación que fue aceptada, y con la
cual se aprobó el decreto respectivo.- 1a./J.54/2002.- Contradicción de tesis
106/2001-PS. Entre las sustentadas por el
Segundo y Tercer Tribunales Colegiados,
ambos del Décimo Cuarto Circuito. 30 de
agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro.
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario:
Ángel Ponce Peña.- Tesis de jurisprudencia
54/2002. Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de treinta
de agosto de dos mil dos, por unanimidad
de cuatro votos de los señores Ministros:
presidente Juan N. Silva Meza, Humberto
Román Palacios, José de Jesús Gudiño
Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y
Castro.- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre
DAÑO, REPARACIÓN DEL. PARA
SU CONDENA BASTA QUE LA
SOLICITE EL MINISTERIO PÚBLICO EN SUS CONCLUSIONES
ACUSATORIAS.- Tratándose de
la reparación del daño, basta la
existencia de la sentencia condenatoria para que se dé vida, por
una parte, a la sanción y, por la
otra, a la obligación de reparar el
daño como consecuencia directa y
necesaria del hecho ilícito; por tanto, sólo es necesario que la solicite
el representante social para que
el Juez resuelva lo conducente de
acuerdo con las pruebas obtenidas
en el proceso, en razón de que
los artículos 292 y 293 del Código
Federal de Procedimientos Penales no exigen que en el ocurso de
conclusiones, sobre esa pena, el
Ministerio Público, en capítulo por
separado, realice un acucioso estudio, exprese razonamientos legales
sustentatorios de la solicitud, los
motivos por los que tal condena es
procedente, los medios de convicción que acreditan ese aspecto y el
valor que a éstas les corresponde
legalmente, en virtud de que el
daño privado deviene de la propia
conducta ilícita, inmersa en la rela139
ción de hechos, por cuyo motivo
ninguna razón legal existe de que
el representante social cumpla con
mayores requisitos que los precisados, a fin de que el juzgador se
pronuncie sobre la reparación del
daño.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.- XX.3o.5 P.Amparo directo 228/2002. 15 de agosto
J. Jesús Contreras Coria. Secretaria:
Magdalena Barrón Benítez.- Amparo directo 357/2002. 4 de octubre de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco
A. Velasco Santiago. Secretario: Juan Manuel Morán Rodríguez.- Véase: Semanario
Judicial de la Federación, Octava Época,
Tomo X, noviembre de 1992, página 303,
tesis XX.182 P, de rubro: "REPARACIÓN
DEL DAÑO. TIENE EL CARÁCTER DE
PENA PÚBLICA Y POR TANTO BASTA QUE
LA EXIJA EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL
MOMENTO DE SOLICITAR LA CONDENA
RELATIVA AL DELITO COMETIDO.".-Nota:
Sobre el tema tratado existe denuncia
de contradicción de tesis 131/2002,
pendiente de resolver en la Primera Sala.Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003,
Página 1756.
140
MINISTERIO PÚBLICO. EL TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS
QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 16 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA
QUE DETERMINE LA SITUACIÓN
JURÍDICA DE LOS INDICIADOS,
DEBE RESPETARSE CON INDEPENDENCIA DEL FUERO AL QUE
PERTENEZCAN LOS AGENTES QUE
CONFORMAN AQUELLA INSTITUCIÓN.- La diferenciación en cuanto
al ámbito federal, local y militar,
no es un aspecto que determine la
existencia de distintas instituciones
del Ministerio Público, con facultades diversas, sino que se relaciona
con el ámbito de competencia de los
agentes que conforman la institución representativa de la sociedad
y titular del monopolio de la acción
penal, en diferentes fueros, con
jurisdicción propia, para el desarrollo de la función investigadora
que tiene asignada la institución,
de acuerdo con el tipo de delitos
que se investiguen. En consecuencia, el término de cuarenta y ocho
horas previsto en el artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
el Ministerio Público determine la
situación jurídica del indiciado, se
establece de manera independiente
contenidas en los artículos 16, en
primero y segundo, de la Constitución Federal, quedando a elección
del gobernado acudir a la autoridad
judicial federal, o bien, al superior
jerárquico del tribunal o Juez que
haya cometido la violación, en tanto
que en la competencia auxiliar quien
conoce de la demanda de amparo
es un Juez de primera instancia,
cuya injerencia está supeditada a
que no resida Juez de Distrito en el
lugar en el que se ejecute o trate de
ejecutarse el acto, y su intervención
es meramente de auxilio, esto es,
se reduce a coadyuvar, mediante
la preparación del juicio respectivo
(recepción de la demanda y otorgamiento de la suspensión provisional
del acto reclamado), a los Jueces de
Distrito, en los lugares que, como
ya se mencionó, éstos no tengan
su residencia, por lo que su competencia es parcial.- 1a./J. 61/2002.-
Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.- Tesis
la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión de cuatro de septiembre de dos mil
dos, por unanimidad de cuatro votos de los
señores Ministros: presidente Juan N. Silva
Meza, Juventino V. Castro y Castro, José
de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Ausente: Humberto Román Palacios.- Semanario Judicial
Noviembre de 2002, Página 24.
Contradicción de tesis 99/2001-PS. Entre
las sustentadas por el Primer Tribunal
Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y
el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito (actualmente Primer
Tribunal Colegiado del mismo circuito). 4
cuatro votos. Ausente: Humberto Román
137
del fuero al que pertenezcan los
agentes de la referida institución
que intervengan en la averiguación previa correspondiente, por lo
que debe respetarse, aún cuando
exista declaración de incompetencia para la integración de aquélla,
toda vez que la garantía que salvaguarda la libertad de los gobernados se dirige a la institución que
el Constituyente concibió como
titular del monopolio de la acción
penal y de la función investigadora
en representación de la sociedad,
y no a cada una de las esferas de
competencia de sus actividades,
pues, de no considerarlo así se
caería en el absurdo de contar
tantos términos de cuarenta y
ocho horas, como declaratorias de
incompetencia entre agentes del
Ministerio Público pudiera haber
en una averiguación previa, lo que
haría nugatoria la citada garantía.-
1a. LXXVII/2002.- Amparo en revisión
62/2002. 10 de julio de 2002. Cinco votos.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.Amparo en revisión 210/2001. 10 de julio
de 2002. Cinco votos. Ponente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Eunice
Sayuri Shibya Soto.- Semanario Judicial
Octubre de 2002, Página: 193.
DESPOJO. SERVIDUMBRE DE
PASO. INEXISTENCIA DEL DELITO DE (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE VERACRUZ).- El
artículo 1148 del Código Civil para
el Estado de Veracruz establece
que: "Al que pretenda tener derecho a una servidumbre toca probar,
aunque esté en posesión de ella, el
título en virtud del cual la goza. ...".
En el caso, no aparece demostrado
que el acusado estuviere usando o
perturbando una servidumbre de
paso constituida en el predio de su
propiedad y, con ello, que se lesionara el derecho de posesión a dicha
servidumbre de los denunciantes,
quienes no acreditaron tener el
título que establezca que gozan de
ese derecho o, en su defecto, el
reconocimiento de una servidumbre voluntaria hecho en escritura
pública por el dueño del predio
sirviente en favor del dominante,
sino que los sedicentes ofendidos
sólo pasaban por el terreno propiedad del quejoso, pero ello no
implica la constitución legal de una
servidumbre de paso, dado que no
es la costumbre la que establece
el derecho de los vecinos a pasar
por el predio del acusado, sino la
141
declaratoria legal de ese derecho,
consistente en un gravamen real
impuesto sobre un inmueble, en
beneficio de otro, perteneciente a
distinto dueño, o su otorgamiento
por quien pueda transmitirlo, por
lo que procede concluir que los
agraviados carecen del derecho
que estiman lesionado.- PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.- VII.1o.P.
J/47.- Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002,
Págna 622.
142
materia
administrativa
declaratoria legal de ese derecho,
consistente en un gravamen real
impuesto sobre un inmueble, en
beneficio de otro, perteneciente a
distinto dueño, o su otorgamiento
por quien pueda transmitirlo, por
lo que procede concluir que los
agraviados carecen del derecho
que estiman lesionado.- PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.- VII.1o.P.
J/47.- Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002,
Págna 622.
142
materia
administrativa
ral 144, respecto a que, si a pesar
de la declaración del contribuyente
de ser aquéllos sus únicos bienes,
la autoridad fiscal comprobará lo
contrario, en este caso sí estará en
posibilidad de exigir una garantía
adicional.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO
CIRCUITO.- VII.3o.C.14 A.- Revisión fiscal
65/2002. Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores. 12 de julio
Adrián Avendaño Constantino. Secretario:
Rubén Rogelio Leal Alba.- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XVII, Enero de 2003, Página 1776.
148
QUEJA ADMINISTRATIVA ANTE
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL ESTADO. LAS PARTES QUE EN
ELLA INTERVIENEN TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO CONTRA EL AUTO
QUE LA DESECHA (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ). - De
acuerdo con lo previsto por los artículos 138 y 139 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, las
partes en un juicio, los abogados
patronos y los defensores que tengan título profesional expedido y
registrado ante la autoridad correspondiente, y el Ministerio Público,
en los asuntos en que intervengan,
están facultados para denunciar la
comisión de faltas o delitos imputables a los servidores públicos del
Poder Judicial de la entidad, ante el
presidente del Tribunal Superior de
Justicia o el Consejo de la Judicatura del Estado, según el caso, para
cuyo trámite deberán observarse
las formalidades a que se refieren
las tres fracciones del numeral citado en último término. Es por ello
que, en caso de que dicho medio
de impugnación sea desechado,
la parte que lo interpuso tiene interés jurídico para acudir al juicio
de amparo ante tal afectación de
SANCIÓN ADMINISTRATIVA. Leticia Evelyn Córdova Ceballos.- Semanario
UNA VEZ ACTUALIZADA LA Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
INFRACCIÓN LA AUTORIDAD XVII, Enero de 2003, Página 1868.
ESTÁ OBLIGADA A IMPONERLA,
PUES NO GOZA DE DISCRECIO
NALIDAD AL RESPECTO.-Sólo
existe discrecionalidad cuando la
ley otorga a la autoridad un amplio
campo de apreciación para decidir
cuándo y cómo debe obrar, o aún
para determinar libremente el contenido de su posible actuación, de
donde se concluye que la autoridad
no goza de facultades discrecionales tratándose de infracciones a la
ley, pues una vez actualizadas está
legalmente obligada a imponer la
sanción correspondiente, ya que,
de actuar en contrario, se generaría
impunidad al dejar a su arbitrio el
determinar si el gobernado debe
cumplir o no con los imperativos
legales, lo cual es jurídicamente
inadmisible.- SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.- XIV.2o.71 A.- Amparo directo
191/2002. Joaquín Pacheco Medina. 31
de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: Alfonso Gabriel García Lanz,
secretario de tribunal autorizado por la
Comisión de Carrera Judicial del Consejo
de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado. Secretaria:
145
ENERGÍA ELÉCTRICA, PROCEDE
CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LOS ACUERDOS
DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO POR LOS QUE
AUTORIZA LA MODIFICACIÓN
DE LAS TARIFAS RELATIVAS, ASÍ
COMO LA REDUCCIÓN DEL SUBSIDIO A LAS DOMÉSTICAS.- De
artículo 124, fracción II, de la Ley
de Amparo, la suspensión del acto
reclamado procede cuando no se
siga perjuicio al interés social, ni se
contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, procede otorgar la suspensión provisional
contra los Acuerdos del Secretario
de Hacienda y Crédito Público en
los que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas
para suministro y venta de energía
eléctrica, así como el que autoriza,
además, la reducción del subsidio a
las tarifas domésticas, publicados en
8 de abril de 2002 y el 7 de febrero
de 2002, respectivamente, ya que al
conceder aquella medida suspensional, que tendrá por efecto permitir
al quejoso, provisionalmente, el impago de las diferencias resultantes
de la modificación de tarifas y reduc146
ción de subsidios establecida en los
Acuerdos cuya constitucionalidad
cuestiona, no se obstaculiza o se
entorpece la planeación del sistema
eléctrico nacional, ni la generación,
conducción, transformación distribución y venta de energía eléctrica,
o bien, la realización de obras, instalaciones y trabajos que requieran la
planeación, ejecución, operación y
mantenimiento del sistema eléctrico
nacional; esto es, con tal concesión
no se genera una desventaja para
la colectividad, ni impide que ésta
obtenga un provecho, es decir, no
se ven afectados el interés social y
el orden público, toda vez que, por
una parte, no altera la prestación del
servicio público de energía eléctrica
y, por otra, tampoco obstaculiza el
cobro al quejoso de la electricidad
que consume, ya que esa obligación
subsiste respecto al pago del servicio público que recibe, con la salvedad de que ello será sin considerar
la elevación de las tarifas decretada
en los Acuerdos citados, además de
que el promovente deberá otorgar
la garantía relativa, con lo cual se
protegerían los intereses de la Comisión Federal de Electricidad en
su carácter de tercero perjudicado,
según lo previsto en el inciso c) de
la fracción III del artículo 5o. de la
Ley de Amparo.- 2a./J. 31/2003.- Con-
tradicción de tesis 147/2002-SS.- Entre las
sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Quinto Circuito.- 28
de marzo de 2003.- Cinco votos.- Ponente:
Guillermo I. Ortíz Mayagoitia.- Secretario:
Alberto Díaz Díaz.- Tesis de jurisprudencia
31/2003.- Aprobada por la Segunda Sala
de este Alto Tribunal, en sesión privada del
cuatro de abril de dos mil tres.
EMBARGO ADMINISTRATIVO
IMPROCEDENTE SOBRE BIENES DEL CAUSANTE, CUANDO
EXISTE ASEGURAMIENTO
ANTERIOR SOBRE LA TOTALIDAD DE SUS BIENES.- De
lo dispuesto por los artículos 141,
fracción V y 144, séptimo párrafo,
del Código Fiscal de la Federación,
se desprende que los contribuyentes podrán garantizar el interés
fiscal, entre otras formas, con el
embargo administrativo, y que no
se exigirá garantía adicional si en
el respectivo procedimiento de
ejecución se hubieran asegurado
todos los bienes del ejecutado;
en consecuencia, si la autoridad
fiscal considera necesario ampliar la garantía otorgada, resulta
improcedente intentar un nuevo
embargo, cuando la totalidad de
los bienes del causante fueron
materia de aseguramiento en un
anterior embargo administrativo
dentro del mismo procedimiento
de ejecución, pues ello permite
considerar que ya fueron embargados bienes suficientes para
garantizar el interés fiscal; lo anterior, con la salvedad prevista en el
propio párrafo séptimo del nume147
ENERGÍA ELÉCTRICA, PROCEDE
CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LOS ACUERDOS
DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO POR LOS QUE
AUTORIZA LA MODIFICACIÓN
DE LAS TARIFAS RELATIVAS, ASÍ
COMO LA REDUCCIÓN DEL SUBSIDIO A LAS DOMÉSTICAS.- De
de Amparo, la suspensión del acto
reclamado procede cuando no se
siga perjuicio al interés social, ni se
contravengan disposiciones de orden público. En ese sentido, procede otorgar la suspensión provisional
contra los Acuerdos del Secretario
de Hacienda y Crédito Público en
los que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas
para suministro y venta de energía
eléctrica, así como el que autoriza,
además, la reducción del subsidio a
las tarifas domésticas, publicados en
8 de abril de 2002 y el 7 de febrero
de 2002, respectivamente, ya que al
conceder aquella medida suspensional, que tendrá por efecto permitir
al quejoso, provisionalmente, el impago de las diferencias resultantes
de la modificación de tarifas y reduc146
ción de subsidios establecida en los
Acuerdos cuya constitucionalidad
cuestiona, no se obstaculiza o se
entorpece la planeación del sistema
eléctrico nacional, ni la generación,
conducción, transformación distribución y venta de energía eléctrica,
o bien, la realización de obras, instalaciones y trabajos que requieran la
planeación, ejecución, operación y
mantenimiento del sistema eléctrico
nacional; esto es, con tal concesión
no se genera una desventaja para
la colectividad, ni impide que ésta
obtenga un provecho, es decir, no
se ven afectados el interés social y
el orden público, toda vez que, por
una parte, no altera la prestación del
servicio público de energía eléctrica
y, por otra, tampoco obstaculiza el
cobro al quejoso de la electricidad
que consume, ya que esa obligación
subsiste respecto al pago del servicio público que recibe, con la salvedad de que ello será sin considerar
la elevación de las tarifas decretada
en los Acuerdos citados, además de
que el promovente deberá otorgar
la garantía relativa, con lo cual se
protegerían los intereses de la Comisión Federal de Electricidad en
su carácter de tercero perjudicado,
según lo previsto en el inciso c) de
la fracción III del artículo 5o. de la
Ley de Amparo.- 2a./J. 31/2003.- Con-
tradicción de tesis 147/2002-SS.- Entre las
sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Quinto Circuito.- 28
de marzo de 2003.- Cinco votos.- Ponente:
Guillermo I. Ortíz Mayagoitia.- Secretario:
Alberto Díaz Díaz.- Tesis de jurisprudencia
31/2003.- Aprobada por la Segunda Sala
de este Alto Tribunal, en sesión privada del
cuatro de abril de dos mil tres.
EMBARGO ADMINISTRATIVO
IMPROCEDENTE SOBRE BIENES DEL CAUSANTE, CUANDO
EXISTE ASEGURAMIENTO
ANTERIOR SOBRE LA TOTALIDAD DE SUS BIENES.- De
lo dispuesto por los artículos 141,
fracción V y 144, séptimo párrafo,
del Código Fiscal de la Federación,
se desprende que los contribuyentes podrán garantizar el interés
fiscal, entre otras formas, con el
embargo administrativo, y que no
se exigirá garantía adicional si en
el respectivo procedimiento de
ejecución se hubieran asegurado
todos los bienes del ejecutado;
en consecuencia, si la autoridad
fiscal considera necesario ampliar la garantía otorgada, resulta
improcedente intentar un nuevo
embargo, cuando la totalidad de
los bienes del causante fueron
materia de aseguramiento en un
anterior embargo administrativo
dentro del mismo procedimiento
de ejecución, pues ello permite
considerar que ya fueron embargados bienes suficientes para
garantizar el interés fiscal; lo anterior, con la salvedad prevista en el
propio párrafo séptimo del nume147
ral 144, respecto a que, si a pesar
de la declaración del contribuyente
de ser aquéllos sus únicos bienes,
la autoridad fiscal comprobará lo
contrario, en este caso sí estará en
posibilidad de exigir una garantía
adicional.- TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO
CIRCUITO.- VII.3o.C.14 A.- Revisión fiscal
65/2002. Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores. 12 de julio
Adrián Avendaño Constantino. Secretario:
Rubén Rogelio Leal Alba.- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XVII, Enero de 2003, Página 1776.
148
QUEJA ADMINISTRATIVA ANTE
EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL ESTADO. LAS PARTES QUE EN
ELLA INTERVIENEN TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO CONTRA EL AUTO
QUE LA DESECHA (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ). - De
acuerdo con lo previsto por los artículos 138 y 139 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, las
partes en un juicio, los abogados
patronos y los defensores que tengan título profesional expedido y
registrado ante la autoridad correspondiente, y el Ministerio Público,
en los asuntos en que intervengan,
están facultados para denunciar la
comisión de faltas o delitos imputables a los servidores públicos del
Poder Judicial de la entidad, ante el
presidente del Tribunal Superior de
Justicia o el Consejo de la Judicatura del Estado, según el caso, para
cuyo trámite deberán observarse
las formalidades a que se refieren
las tres fracciones del numeral citado en último término. Es por ello
que, en caso de que dicho medio
de impugnación sea desechado,
la parte que lo interpuso tiene interés jurídico para acudir al juicio
de amparo ante tal afectación de
SANCIÓN ADMINISTRATIVA. Leticia Evelyn Córdova Ceballos.- Semanario
UNA VEZ ACTUALIZADA LA Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
INFRACCIÓN LA AUTORIDAD XVII, Enero de 2003, Página 1868.
ESTÁ OBLIGADA A IMPONERLA,
PUES NO GOZA DE DISCRECIO
NALIDAD AL RESPECTO.-Sólo
existe discrecionalidad cuando la
ley otorga a la autoridad un amplio
campo de apreciación para decidir
cuándo y cómo debe obrar, o aún
para determinar libremente el contenido de su posible actuación, de
donde se concluye que la autoridad
no goza de facultades discrecionales tratándose de infracciones a la
ley, pues una vez actualizadas está
legalmente obligada a imponer la
sanción correspondiente, ya que,
de actuar en contrario, se generaría
impunidad al dejar a su arbitrio el
determinar si el gobernado debe
cumplir o no con los imperativos
legales, lo cual es jurídicamente
inadmisible.- SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.- XIV.2o.71 A.- Amparo directo
191/2002. Joaquín Pacheco Medina. 31
de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: Alfonso Gabriel García Lanz,
secretario de tribunal autorizado por la
Comisión de Carrera Judicial del Consejo
de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado. Secretaria:
145
la esfera de derechos que la ley le
concede, en su carácter de interesado para denunciar un hecho que
aprecia contrario a la legalidad, aunque tal consideración no implique
que, de concederse la protección de
la Justicia Federal, se obligue a las
autoridades responsables a resolver
en determinado sentido, sino sólo a
que la autoridad se circunscriba a las
formalidades del procedimiento que
deben observarse para el trámite
y resolución de la queja.- TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL SÉPTIMO CIRCUITO. VII.3o.C.12 A.Amparo en revisión 180/2002. Luis Augusto
García Vera. 20 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño
Constantino. Secretario: Rubén Rogelio Leal
Alba.- Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002,
Página 1438.
149
MATERIA LABORAL
de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario:
Marco Antonio Cepeda Anaya.- Tesis de
jurisprudencia 119/2002. Aprobada por
la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del dieciocho de octubre
de dos mil dos. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, Página 438.
156
TESTIGOS EN MATERIA LABORAL. LA JUNTA DEBE ESTIMAR
SI ES SUFICIENTE LA CAUSA
DE IMPOSIBILIDAD PARA
PRESENTARLOS ALEGADA POR
EL OFERENTE, A FIN DE ORDENAR QUE SE LES CITE.- Si
al ofrecer la testimonial el oferente manifiesta la imposibilidad de
presentar a los testigos, pidiendo
que la Junta los cite, además de
proporcionar sus nombres y domicilios, debe expresar las razones o
motivos de esa imposibilidad, conforme lo dispone el artículo 813,
fracción II, de la Ley Federal del
Trabajo; ante ello, la Junta debe
hacer una prudente estimación
de los motivos de la imposibilidad
que se aduce, basada en la lógica
y en la experiencia de acuerdo al
caso concreto, sin que los motivos
expuestos deban probarse, ya
que tal extremo no lo exige la ley.
En caso de no satisfacer el último
requisito mencionado, la autoridad
laboral estará facultada para no
acordar favorablemente la solicitud
de ordenar la citación, dejando al
oferente la carga de efectuar su
comparecencia con el apercibimiento de decretar la deserción
CONFESIÓN FICTA DEL TRABAJADOR Y PRUEBA DE INSPECCIÓN
RESPECTO DE DOCUMENTOS NO
EXHIBIDOS QUE EL PATRÓN TIENE OBLIGACIÓN DE CONSERVAR.
SI LOS RESULTADOS QUE GENERAN SON CONTRADICTORIOS,
SU VALOR PROBATORIO SE NEUTRALIZA, A MENOS QUE EXISTA
OTRA PROBANZA QUE CONFIRME
EL SENTIDO DE UNA DE ELLAS.-
De la interpretación armónica de lo
dispuesto en los artículos 786, 788,
789, 804, 805, 827, 828, 830 al 833
de la Ley Federal del Trabajo, se
desprende que en el procedimiento laboral tanto la confesión ficta
del trabajador, como la prueba de
inspección sobre documentos no
exhibidos que el patrón tiene la
obligación de conservar, generan
presunciones respecto de lo que
el oferente pretende probar, por
lo que si los resultados que arroje
su desahogo son contradictorios,
se neutraliza su valor probatorio, a
menos que exista otra prueba que
robustezca el sentido de una de las
dos, en atención a los principios
procesales que en esta materia
rigen la valoración, plasmados en
el diverso artículo 841 de la Ley
citada.- 2a./J.17/2003.- Contradicción de
tesis 177/2002-SS. Entre las sustentadas
por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia
de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Segundo Circuito. 21 de febrero de 2003.
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.- Tesis
sesión privada del veintiocho de febrero
Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo
153
PRUEBA PERICIAL. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL ES
VÁLIDA LA SUSTITUCIÓN DEL
PERITO MIENTRAS EL PROPUESTO NO RINDA SU DICTAMEN.- El deber de los peritos de
protestar el desempeño de su cargo
con arreglo a la ley, contenido en el
Federal del Trabajo, constituye una
formalidad esencial para el desahogo de la prueba respectiva, que trae
consigo el perfeccionamiento de su
designación y el aseguramiento de
la certeza jurídica de su labor; sin
embargo, tal protesta no acarrea
la imposibilidad de que, mientras
el perito no haya rendido su dictamen, la parte que lo propuso
pueda sustituirlo por otro, porque
la prueba pericial estará totalmente
desahogada hasta que se rinda el
dictamen respectivo, además de
que al aceptarse tal sustitución se
salvaguarda el equilibrio procesal
que debe existir entre las partes
al no afectarse a la contraparte en
sus intereses jurídicos. No es óbice
a lo antes expuesto el hecho de
que el referido artículo prevea que
"inmediatamente" después de que
los peritos protesten su cargo rendi154
rán su dictamen, pues la propia ley
contempla diversos supuestos en
los que la autoridad laboral puede
señalar nueva fecha para continuar
con el desahogo de la prueba, por
lo que el perito puede rendir su dictamen incluso días después de que
haya protestado.- 2a./J.12/2003.- Contradicción de tesis 137/2002-SS. Entre las
sustentadas por los Tribunales Colegiados
Primero, Noveno y Décimo Segundo, todos
en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
14 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor
Poisot.- Tesis de jurisprudencia 12/2003.
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintiuno de
febrero de dos mil tres.- Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII,
Marzo de 2003. Página 333.
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO DIRECTO
LABORAL. PARA DECIDIR SI EL
TRABAJADOR ESTÁ EN PELIGRO
DE NO PODER SUBSISTIR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE
GARANTÍAS, EL PRESIDENTE DE
LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE DEBE RESOLVER CON
LAS PRUEBAS DEL EXPEDIENTE O LOS DOCUMENTOS QUE LE
ALLEGUEN LAS PARTES, PERO
SIN FORMAR INCIDENTE, SINO
DE PLANO.- De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 174 de
la Ley de Amparo, la suspensión se
concederá en los casos en que a
juicio del presidente del tribunal de
trabajo no se ponga al obrero en peligro de no poder subsistir mientras
se resuelve el juicio de garantías; la
urgencia de esta decisión suspensional no impide que para considerar
la cuestión mencionada, se valoren
las pruebas que obren en el expediente y aun las que alleguen las
partes, siempre que no impliquen
preparación e impidan resolver de
plano, pero si el patrón solicita la
suspensión del laudo reclamado y
ofrece pruebas para demostrar que
no es necesario que garantice la
subsistencia del trabajador, y tales
pruebas requieren tiempo para su
desahogo, el presidente no puede,
jurídicamente, abrir un incidente
probatorio, ya que su trámite retardaría la resolución sobre la suspensión y, en su caso, la ejecución
del laudo, lo cual haría nugatoria la
tutela jurídica del trabajador que ya
obtuvo fallo favorable. No obsta a
la anterior conclusión el hecho de
que el referido precepto no establezca restricción alguna para que
el quejoso pueda aportar pruebas
en materia de suspensión, pues si la
intención del legislador hubiese sido
establecer un periodo probatorio
para ese efecto, así lo habría contemplado en forma expresa, como
lo hizo al regular la suspensión en
amparo indirecto, respecto de la
cual el artículo 131 de la citada Ley
establece la posibilidad de que en
la audiencia incidental se reciban
sólo ciertas pruebas, como la documental, la inspección ocular y,
excepcionalmente, la testimonial,
incidente que no se establece en
la suspensión del amparo directo.- 2a./J.119/2002.- Contradicción de
por los Tribunales Colegiados Primero del
Décimo Noveno Circuito y Segundo en
Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 4
155
PRUEBA PERICIAL. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL ES
VÁLIDA LA SUSTITUCIÓN DEL
PERITO MIENTRAS EL PROPUESTO NO RINDA SU DICTAMEN.- El deber de los peritos de
protestar el desempeño de su cargo
con arreglo a la ley, contenido en el
Federal del Trabajo, constituye una
formalidad esencial para el desahogo de la prueba respectiva, que trae
consigo el perfeccionamiento de su
designación y el aseguramiento de
la certeza jurídica de su labor; sin
embargo, tal protesta no acarrea
la imposibilidad de que, mientras
el perito no haya rendido su dictamen, la parte que lo propuso
pueda sustituirlo por otro, porque
la prueba pericial estará totalmente
desahogada hasta que se rinda el
dictamen respectivo, además de
que al aceptarse tal sustitución se
salvaguarda el equilibrio procesal
que debe existir entre las partes
al no afectarse a la contraparte en
sus intereses jurídicos. No es óbice
a lo antes expuesto el hecho de
que el referido artículo prevea que
"inmediatamente" después de que
los peritos protesten su cargo rendi154
rán su dictamen, pues la propia ley
contempla diversos supuestos en
los que la autoridad laboral puede
señalar nueva fecha para continuar
con el desahogo de la prueba, por
lo que el perito puede rendir su dictamen incluso días después de que
haya protestado.- 2a./J.12/2003.- Contradicción de tesis 137/2002-SS. Entre las
sustentadas por los Tribunales Colegiados
Primero, Noveno y Décimo Segundo, todos
en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
14 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor
Poisot.- Tesis de jurisprudencia 12/2003.
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintiuno de
febrero de dos mil tres.- Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII,
Marzo de 2003. Página 333.
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO DIRECTO
LABORAL. PARA DECIDIR SI EL
TRABAJADOR ESTÁ EN PELIGRO
DE NO PODER SUBSISTIR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE
GARANTÍAS, EL PRESIDENTE DE
LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE DEBE RESOLVER CON
LAS PRUEBAS DEL EXPEDIENTE O LOS DOCUMENTOS QUE LE
ALLEGUEN LAS PARTES, PERO
SIN FORMAR INCIDENTE, SINO
DE PLANO.- De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 174 de
la Ley de Amparo, la suspensión se
concederá en los casos en que a
juicio del presidente del tribunal de
trabajo no se ponga al obrero en peligro de no poder subsistir mientras
se resuelve el juicio de garantías; la
urgencia de esta decisión suspensional no impide que para considerar
la cuestión mencionada, se valoren
las pruebas que obren en el expediente y aun las que alleguen las
partes, siempre que no impliquen
preparación e impidan resolver de
plano, pero si el patrón solicita la
suspensión del laudo reclamado y
ofrece pruebas para demostrar que
no es necesario que garantice la
subsistencia del trabajador, y tales
pruebas requieren tiempo para su
desahogo, el presidente no puede,
jurídicamente, abrir un incidente
probatorio, ya que su trámite retardaría la resolución sobre la suspensión y, en su caso, la ejecución
del laudo, lo cual haría nugatoria la
tutela jurídica del trabajador que ya
obtuvo fallo favorable. No obsta a
la anterior conclusión el hecho de
que el referido precepto no establezca restricción alguna para que
el quejoso pueda aportar pruebas
en materia de suspensión, pues si la
intención del legislador hubiese sido
establecer un periodo probatorio
para ese efecto, así lo habría contemplado en forma expresa, como
lo hizo al regular la suspensión en
amparo indirecto, respecto de la
cual el artículo 131 de la citada Ley
establece la posibilidad de que en
la audiencia incidental se reciban
sólo ciertas pruebas, como la documental, la inspección ocular y,
excepcionalmente, la testimonial,
incidente que no se establece en
la suspensión del amparo directo.- 2a./J.119/2002.- Contradicción de
Décimo Noveno Circuito y Segundo en
Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 4
155
de octubre de 2002. Cinco votos. Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario:
Marco Antonio Cepeda Anaya.- Tesis de
jurisprudencia 119/2002. Aprobada por
sesión privada del dieciocho de octubre
de dos mil dos. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, Página 438.
156
TESTIGOS EN MATERIA LABORAL. LA JUNTA DEBE ESTIMAR
SI ES SUFICIENTE LA CAUSA
DE IMPOSIBILIDAD PARA
PRESENTARLOS ALEGADA POR
EL OFERENTE, A FIN DE ORDENAR QUE SE LES CITE.- Si
al ofrecer la testimonial el oferente manifiesta la imposibilidad de
presentar a los testigos, pidiendo
que la Junta los cite, además de
proporcionar sus nombres y domicilios, debe expresar las razones o
motivos de esa imposibilidad, conforme lo dispone el artículo 813,
fracción II, de la Ley Federal del
Trabajo; ante ello, la Junta debe
hacer una prudente estimación
de los motivos de la imposibilidad
que se aduce, basada en la lógica
y en la experiencia de acuerdo al
caso concreto, sin que los motivos
expuestos deban probarse, ya
que tal extremo no lo exige la ley.
En caso de no satisfacer el último
requisito mencionado, la autoridad
laboral estará facultada para no
acordar favorablemente la solicitud
de ordenar la citación, dejando al
oferente la carga de efectuar su
comparecencia con el apercibimiento de decretar la deserción
CONFESIÓN FICTA DEL TRABAJADOR Y PRUEBA DE INSPECCIÓN
RESPECTO DE DOCUMENTOS NO
EXHIBIDOS QUE EL PATRÓN TIENE OBLIGACIÓN DE CONSERVAR.
SI LOS RESULTADOS QUE GENERAN SON CONTRADICTORIOS,
SU VALOR PROBATORIO SE NEUTRALIZA, A MENOS QUE EXISTA
OTRA PROBANZA QUE CONFIRME
EL SENTIDO DE UNA DE ELLAS.-
De la interpretación armónica de lo
dispuesto en los artículos 786, 788,
789, 804, 805, 827, 828, 830 al 833
de la Ley Federal del Trabajo, se
desprende que en el procedimiento laboral tanto la confesión ficta
del trabajador, como la prueba de
inspección sobre documentos no
exhibidos que el patrón tiene la
obligación de conservar, generan
presunciones respecto de lo que
el oferente pretende probar, por
lo que si los resultados que arroje
su desahogo son contradictorios,
se neutraliza su valor probatorio, a
menos que exista otra prueba que
robustezca el sentido de una de las
dos, en atención a los principios
procesales que en esta materia
rigen la valoración, plasmados en
el diverso artículo 841 de la Ley
citada.- 2a./J.17/2003.- Contradicción de
por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia
de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Segundo Circuito. 21 de febrero de 2003.
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero.
sesión privada del veintiocho de febrero
153
de la probanza si no los presenta,
pero si existe duda por parte de
la autoridad laboral, respecto de
si son o no suficientes las razones
alegadas, debe ordenar citar a
los testigos.- 2a./J. 114/2002.- Con-
tradicción de tesis 90/2002-SS. Entre las
sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer
Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 25
cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero.
sesión privada del cuatro de octubre de
dos mil dos.- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre
de 2002, Página: 297.
PRUEBA CONFESIONAL EN EL
PROCEDIMIENTO LABORAL.
ES LEGAL SU DESAHOGO AUN
CUANDO EL ABSOLVENTE COMPAREZCA DESPUÉS DE INICIADA LA AUDIENCIA, PERO ANTES
DE QUE SE ARTICULEN Y CALIFIQUEN LAS POSICIONES.- De
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 875 de la Ley Federal del Trabajo los derechos de
las partes para comparecer a la
audiencia precluyen después de
que se haya tomado el acuerdo
correspondiente a las peticiones
formuladas y, de acuerdo con los
numerales 883 y 884 de la citada
ley, cuando se altere el orden lógico de la audiencia de desahogo de
pruebas; asimismo, en términos
de lo dispuesto en el precepto 879
de la propia legislación, el derecho
para absolver posiciones precluye
cuando al absolvente se le hayan
formulado y calificado las posiciones a las que va a dar respuesta.
Con base en ello, cuando el absolvente comparece después de que
dio inicio la audiencia y la Junta
de Conciliación y Arbitraje certifica
esa circunstancia, previamente
a que procediera a calificar las
posiciones que debía absolver, su
157
comparecencia para tal evento debe
considerarse oportuna, tomando en
cuenta que no se encontraba en un
momento procesal distinto al del
desahogo de dicha prueba y que no
se habían articulado ni calificado las
posiciones, pues no resultaría legal
declararlo confeso, en aplicación
del artículo 788 de la ley en mención, por no haber llegado a la hora
exacta, toda vez que del análisis
armónico de la citada norma con
los numerales 875, 883, 884, 789 y
790 de la propia ley, se desprende
que el referido artículo 788 no prevé
el momento en que precluyen los
derechos para comparecer y para
absolver posiciones, sino sólo la
sanción para el caso de que no comparezca a la audiencia. Además, el
objeto del medio de prueba en cita,
al igual que los diversos que prevé la
ley de la materia, consiste en hacer
del conocimiento de la Junta los
elementos objetivos que pongan en
evidencia los hechos que se afirman
en la demanda o en su contestación,
esto es, proporcionar los medios
que permitan al órgano colegiado
el conocimiento de la verdad sobre
los hechos debatidos, de tal manera que obstaculizar el desahogo de
una probanza por cuestiones que no
158
constituyen impedimentos esenciales para ello, disminuye la posibilidad de que la aludida Junta llegue
al conocimiento de esa certeza jurídica.- 2a./J. 147/2002.- Contradicción de
Décimo Primer Circuito y Segundo del
Décimo Séptimo Circuito. 22 de noviembre
de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.
Secretaria: Estela Jasso Figueroa.- Tesis
de jurisprudencia 147/2002. Aprobada
por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del nueve de diciembre
de dos mil dos.- Semanario Judicial de la
TIEMPO EXTRA ADICIONAL
(TEA). FORMA PARTE DEL SALARIO PARA EFECTOS DE LA
JUBILACIÓN SI SE PRUEBA QUE
EL TRABAJADOR DE PETRÓLEOS
MEXICANOS U ORGANISMOS
SUBSIDIARIOS LO PERCIBIÓ EN
FORMA REGULAR, CONTINUA Y
PERIÓDICA, EN APLICACIÓN DE
LA JURISPRUDENCIA 371 DE LA
SEGUNDA SALA DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, CONSULTABLE EN LAS
PÁGINAS 305 Y 306 DEL TOMO
V DEL APÉNDICE AL SEMANARIO
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
1917-2000.- Si en un juicio laboral
se demuestra con los recibos de nómina u otro medio de prueba idóneo, que el actor, como trabajador
de Petróleos Mexicanos o alguno de
sus organismos subsidiarios, recibió
en forma regular, continua y prolongada el pago del "TEA", o sea,
el tiempo extra adicional, entonces,
conforme al criterio sustentado por
la Segunda Sala de la H. Suprema
Corte de Justicia de la Nación en
la jurisprudencia 371 y epígrafe:
"PETRÓLEOS MEXICANOS, JUBILACIÓN DE SUS TRABAJADORES DE
CONFIANZA. EL BONO O INCENTIVO POR COMPENSACIÓN FORMA
PARTE INTEGRANTE DEL SALARIO
PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE
LA PENSIÓN RESPECTIVA.", visible
en las páginas trescientos cinco y siguiente del Tomo V del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación
1917-2000, aplicado por mayoría de
razón, debe concluirse que dicho
concepto formó parte de su salario
y, en consecuencia, siguiendo el espíritu de la invocada jurisprudencia,
considerarse que lo integra para
los efectos del pago de la pensión
jubilatoria.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA
Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.VII.1o.A.T. J/26.- Semanario Judicial de la
de 2003, Página 1673.
159
comparecencia para tal evento debe
considerarse oportuna, tomando en
cuenta que no se encontraba en un
momento procesal distinto al del
desahogo de dicha prueba y que no
se habían articulado ni calificado las
posiciones, pues no resultaría legal
declararlo confeso, en aplicación
del artículo 788 de la ley en mención, por no haber llegado a la hora
exacta, toda vez que del análisis
armónico de la citada norma con
los numerales 875, 883, 884, 789 y
790 de la propia ley, se desprende
que el referido artículo 788 no prevé
el momento en que precluyen los
derechos para comparecer y para
absolver posiciones, sino sólo la
sanción para el caso de que no comparezca a la audiencia. Además, el
objeto del medio de prueba en cita,
al igual que los diversos que prevé la
ley de la materia, consiste en hacer
del conocimiento de la Junta los
elementos objetivos que pongan en
evidencia los hechos que se afirman
en la demanda o en su contestación,
esto es, proporcionar los medios
que permitan al órgano colegiado
el conocimiento de la verdad sobre
los hechos debatidos, de tal manera que obstaculizar el desahogo de
una probanza por cuestiones que no
158
constituyen impedimentos esenciales para ello, disminuye la posibilidad de que la aludida Junta llegue
al conocimiento de esa certeza jurídica.- 2a./J. 147/2002.- Contradicción de
Décimo Primer Circuito y Segundo del
Décimo Séptimo Circuito. 22 de noviembre
de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.
Secretaria: Estela Jasso Figueroa.- Tesis
de jurisprudencia 147/2002. Aprobada
por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del nueve de diciembre
de dos mil dos.- Semanario Judicial de la
TIEMPO EXTRA ADICIONAL
(TEA). FORMA PARTE DEL SALARIO PARA EFECTOS DE LA
JUBILACIÓN SI SE PRUEBA QUE
EL TRABAJADOR DE PETRÓLEOS
MEXICANOS U ORGANISMOS
SUBSIDIARIOS LO PERCIBIÓ EN
FORMA REGULAR, CONTINUA Y
PERIÓDICA, EN APLICACIÓN DE
LA JURISPRUDENCIA 371 DE LA
SEGUNDA SALA DE LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN, CONSULTABLE EN LAS
PÁGINAS 305 Y 306 DEL TOMO
V DEL APÉNDICE AL SEMANARIO
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
1917-2000.- Si en un juicio laboral
se demuestra con los recibos de nómina u otro medio de prueba idóneo, que el actor, como trabajador
de Petróleos Mexicanos o alguno de
sus organismos subsidiarios, recibió
en forma regular, continua y prolongada el pago del "TEA", o sea,
el tiempo extra adicional, entonces,
conforme al criterio sustentado por
la Segunda Sala de la H. Suprema
Corte de Justicia de la Nación en
la jurisprudencia 371 y epígrafe:
"PETRÓLEOS MEXICANOS, JUBILACIÓN DE SUS TRABAJADORES DE
CONFIANZA. EL BONO O INCENTIVO POR COMPENSACIÓN FORMA
PARTE INTEGRANTE DEL SALARIO
PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE
LA PENSIÓN RESPECTIVA.", visible
en las páginas trescientos cinco y siguiente del Tomo V del Apéndice al
1917-2000, aplicado por mayoría de
razón, debe concluirse que dicho
concepto formó parte de su salario
y, en consecuencia, siguiendo el espíritu de la invocada jurisprudencia,
considerarse que lo integra para
los efectos del pago de la pensión
jubilatoria.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA
Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.VII.1o.A.T. J/26.- Semanario Judicial de la
de 2003, Página 1673.
159
razonablemente necesaria para el
cumplimiento de la finalidad que
la función de fiscalización de los
recursos de los partidos políticos le
confiere. Lo anterior se fortalece si
se tiene en cuenta que la finalidad
perseguida por la salvedad en comento consiste en allanar el camino
para lograr el óptimo desempeño
de las autoridades que desarrollan
la función fiscalizadora, así como
porque la interpretación adoptada es conforme con la evolución
histórica del secreto bancario en
la legislación, y con la forma en
que invariablemente se ha interpretado la ley, tanto en la emisión
de nuevas leyes, como en la llamada interpretación para efectos
administrativos.- Sala Superior, tesis
S3ELJ 01/2003.- Tércera Época. Materia
Electoral, Aprobada por unanimidad de
votos.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.
164
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO,
PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- La
interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos
17; 41, fracción IV, y 99 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación
con los artículos 12, apartado 1,
inciso b), 79 y 80, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral,
llevan a la conclusión de que el
juicio para la protección de los
derechos político-electorales del
ciudadano sí resulta jurídicamente
procedente contra actos o resoluciones definitivas de los partidos
politicos que sean susceptibles
de vulnerar irreparablemente los
derechos político-electorales de
sus militantes o de otros ciudadanos vinculados directamente
con ellos, cuando no existan medios específicos para conseguir
la restitución oportuna y directa
de esos derechos, a través de la
impugnación de algún acto o resolución concretos de una autoridad
electoral. Para lo anterior, se tiene
materia electoral
SECRETO BANCARIO. ES INOPO
NIBLE AL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL EN EJERCICIO DE FACULTADES DE FISCALIZACIÓN.—
La interpretación gramatical, sistemática y funcional del artículo 117
de la Ley de Instituciones de Crédito
hace patente que el Instituto Federal Electoral, en el ejercicio de
las funciones de fiscalización de los
recursos públicos que se otorgan a
los partidos políticos para cumplir
sus finalidades, se encuentra incluido en los conceptos abiertos de
autoridades hacendarias federales
y para fines fiscales, y por tanto,
en la salvedad que sobre el secreto bancario establece el precepto
interpretado. Así, si se toma en
cuenta que los conceptos citados
no se limitan a autoridades que formalmente tengan el calificativo de
hacendarias en su denominación,
sino a todas aquellas que materialmente realicen funciones atinentes
a la hacienda pública federal, que
comprende la administración, distribución, control y vigilancia sobre
el ejercicio de recursos públicos, la
calidad de fiscales se entiende referida a todas las funciones relativas a
la recaudación de contribuciones y
su destino, a la vigilancia e investi-
gación sobre su uso y comprobación
de irregularidades, así como a la
aplicación de las sanciones administrativas que correspondan. Ahora
bien, el artículo 41, fracciones II y
III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como
los artículos 49, apartado 6; 49-A,
49-B, 72, 82, 269, 270, 271 y 272,
del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, ponen de manifiesto que el Instituto
Federal Electoral, al llevar a cabo el
control o fiscalización de los recursos
que reciben los partidos políticos,
cumple con una finalidad eminentemente fiscal, al vigilar, comprobar e
investigar todo lo relativo al manejo
de esos recursos, así como al instaurar el procedimiento administrativo
sancionador respectivo; razón por
la que, cuando desempeña tales
funciones, realiza actuaciones de
una autoridad de carácter hacendario, en la consecución de fines
fiscales, por lo cual se encuentra en
el supuesto de excepción al secreto
bancario, y consecuentemente tiene facultades para solicitar de las
instituciones de crédito, a través de
la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, la información relativa a las
operaciones bancarias que resulte
163
razonablemente necesaria para el
cumplimiento de la finalidad que
la función de fiscalización de los
recursos de los partidos políticos le
confiere. Lo anterior se fortalece si
se tiene en cuenta que la finalidad
perseguida por la salvedad en comento consiste en allanar el camino
para lograr el óptimo desempeño
de las autoridades que desarrollan
la función fiscalizadora, así como
porque la interpretación adoptada es conforme con la evolución
histórica del secreto bancario en
la legislación, y con la forma en
que invariablemente se ha interpretado la ley, tanto en la emisión
de nuevas leyes, como en la llamada interpretación para efectos
administrativos.- Sala Superior, tesis
S3ELJ 01/2003.- Tércera Época. Materia
Electoral, Aprobada por unanimidad de
votos.-TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION.
164
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO,
PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS.- La
interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos
17; 41, fracción IV, y 99 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación
con los artículos 12, apartado 1,
inciso b), 79 y 80, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral,
llevan a la conclusión de que el
juicio para la protección de los
derechos político-electorales del
ciudadano sí resulta jurídicamente
procedente contra actos o resoluciones definitivas de los partidos
politicos que sean susceptibles
de vulnerar irreparablemente los
derechos político-electorales de
sus militantes o de otros ciudadanos vinculados directamente
con ellos, cuando no existan medios específicos para conseguir
la restitución oportuna y directa
de esos derechos, a través de la
impugnación de algún acto o resolución concretos de una autoridad
electoral. Para lo anterior, se tiene
materia electoral
que se divida la entidad federativa;
la fórmula electoral de aplicación
para la asignación por el principio
de representación proporcional, así
como de las circunscripciones en las
que deberá dividirse el territorio de
la entidad.- Sala Superior. Tesis S3ELJ
08/2003.- Tercera Época., Materia Electoral.- TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
168
en cuenta que el derecho a la jurisdicción previsto en el artículo 17
de la Constitución Federal, no establece excepción respecto de los
conflictos que puedan presentarse
en un partido político político, con
motivo de la aplicación e interpretación de la Constitucióno federal,
no establece excepción respecto
de los conflictos que puedan presentarse en un partido político,
con motivo de la aplicación e
interpretación de su normatividad
interna, además de que existen
leyes internacionales suscritas
por México, que contienen la obligación del Estado de establecer
medios accesibles para la defensa
de los derechos humanos, entre
los que se incluyen los derechos
político-electorales del ciudadano,
en tanto que el artículo 41, fracción
IV, constitucional, determina que
una de las finalidades del sistema
de medios de impugnación en
materia electoral, consiste en garantizar los derechos políticos de
votar, ser votado y asociación, sin
limitar esa protección respecto de
los actos de los partidos políticos
lo que se corrobora con los trabajos del proceso legislativo, que
evidencian el propósito de crear un
sistema integral de justicia electoral,
para ejercer control jurisdiccional
sobre todos los actos electorales;
en ese mismo sentido, el párrafo
cuarto del artículo 99 constitucional, al establecer la jurisdicción del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en las fracciones
de la I a la IV, menciona como objeto de impugnación sólo actos de
autoridad, pero al referirse al juicio
para la protección de los derechos
político-electorales en la fracción
V, dispone su procedencia para
impugnar actos o resoluciones que
violen los derechos ya citados, lo
que conduce a concluir que también quedan incluidos los actos de
entidades colocadas en una relación
preponderante frente a los ciudadanos en lo individual que les permita
o facilite conculcar los derechos de
éstos, como es el caso de los partidos políticos, posición que asume
la legislación secundaria, pues el
artículo 79 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral tampoco limita
la impugnación en dicho juicio a
actos de autoridad, en tanto que
el artículo 80 sólo contiene una
relación enunciativa y taxativa de
165
algunos supuestos de procedencia de este juicio. En el artículo
12, apartado 1, inciso b), de este
mismo ordenamiento, destinado a
establecer los sujetos pasivos de los
medios de impugnación en materia
electoral, menciona a los partidos
políticos, enunciado que necesariamente debe surtir efectos jurídicos,
conforme al postulado del legislador
racional, por no existir elementos
contundentes para justificar que se
trata de un descuido del legislador,
y en cambio, si existen elementos,
como los ya referidos, para sostener
lo contrario. Esta interpretación resulta más funcional que aquella en
la que se sostuvo que la protección
de los derechos citados en el caso
de referencia, debe realizarse a
través del procedimiento administrativo sancionador establecido en
el artículo 270 del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos
Electorales, porque éste juicio es
un medio más sencillo y eficaz para
lograr la restitución. Todo lo anterior
permite afirmar que de mantener
el criterio anterior, se reduciría sin
justificación la garantía constitucional prevista para la protección
de los derechos político-electorales
166
del ciudadano, dejando una laguna,
y se estaría distinguiendo donde el
legislador no lo hace, lo que además
implicaría que las resoluciones de
los partidos políticos al dirimir este
tipo de conflictos, serían definitivas
e inatacables, calidad que en materia electoral únicamente corresponde a las del Tribunal Electoral,
lo anterior, sobre la base de que el
criterio aceptado es que se deben
agotar las instancias internas de
los partidos, antes de acudir a la
jurisdicción estatal. Finalmente, no
constituye obstáculo, el hecho de
que en la legislación falten algunas
disposiciones expresas y directas
para tramitar y sustanciar los juicios
en los que el partido político sea
sujeto pasivo, pues los existentes se pueden ajustar conforme a
los principios generales del derecho
procesal.- Sala Superior. Tesis S3ELJ
LEGISLATURAS LOCALES. ALCANCE DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN
II, TERCER PÁRRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
PARA EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN. Del artículo 116, fracción II,
párrafo tercero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que, conforme a
las bases rectoras fundamentales
en materia electoral, las legislaturas
locales deben introducir los principios de mayoría y representación
proporcional en su sistema electoral correspondiente, de acuerdo
con sus propias leyes, sin que se
advierta la más mínima expresión
de que están obligados a seguir
reglas específicas para efectos de
la reglamentación atinente, en el
entendido de que el sistema que se
establezca en cada una de ellas, no
puede ser de tal entidad, que sólo
se contemple en el documento y en
la práctica opere otro distinto, ya
que lo que el Constituyente Federal
prescribe, es que en la integración
de las legislaturas de los Estados, se
observe un sistema electoral mixto,
en el cual se combinen los principios
de mayoría relativa y de representación proporcional. Por tanto, para
que las legislaturas locales cumplan
con la norma constitucional que
se comenta, basta que adopten
dicho principio dentro de su sistema electoral respectivo, en tanto
que el propio numeral, reserva a
dichas legislaturas la facultad de
reglamentar, entre otras situaciones, los porcentajes de votación
requerida,así como las fórmulas
de asignación de diputaciones por
el principio de representación proporcional, con lo que se respeta la
autonomía concedida a las entidades federativas en los artículos 40 y
41 constitucionales. De este modo,
con la reforma electoral de 1996 al
artículo 116 de la Ley Fundamental, se hizo extensivo el sistema de
representación mixto en las legislaturas de los estados, dejándolos
en plena libertad de precisar la
forma de combinar los sistemas de
elección de mayoría relativa y de
representación proporcional. Por
tanto, conforme a ello, cada una de
las legislaturas locales, tomando en
consideración sus propias necesidades y circunstancias políticas, está
obligada a establecer el número de
diputados por ambos principios que
integren sus congresos locales; el
número de distritos electorales en
167
algunos supuestos de procedencia de este juicio. En el artículo
12, apartado 1, inciso b), de este
mismo ordenamiento, destinado a
establecer los sujetos pasivos de los
medios de impugnación en materia
electoral, menciona a los partidos
políticos, enunciado que necesariamente debe surtir efectos jurídicos,
conforme al postulado del legislador
racional, por no existir elementos
contundentes para justificar que se
trata de un descuido del legislador,
y en cambio, si existen elementos,
como los ya referidos, para sostener
lo contrario. Esta interpretación resulta más funcional que aquella en
la que se sostuvo que la protección
de los derechos citados en el caso
de referencia, debe realizarse a
través del procedimiento administrativo sancionador establecido en
el artículo 270 del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos
Electorales, porque éste juicio es
un medio más sencillo y eficaz para
lograr la restitución. Todo lo anterior
permite afirmar que de mantener
el criterio anterior, se reduciría sin
justificación la garantía constitucional prevista para la protección
de los derechos político-electorales
166
del ciudadano, dejando una laguna,
y se estaría distinguiendo donde el
legislador no lo hace, lo que además
implicaría que las resoluciones de
los partidos políticos al dirimir este
tipo de conflictos, serían definitivas
e inatacables, calidad que en materia electoral únicamente corresponde a las del Tribunal Electoral,
lo anterior, sobre la base de que el
criterio aceptado es que se deben
agotar las instancias internas de
los partidos, antes de acudir a la
jurisdicción estatal. Finalmente, no
constituye obstáculo, el hecho de
que en la legislación falten algunas
disposiciones expresas y directas
para tramitar y sustanciar los juicios
en los que el partido político sea
sujeto pasivo, pues los existentes se pueden ajustar conforme a
los principios generales del derecho
procesal.- Sala Superior. Tesis S3ELJ
LEGISLATURAS LOCALES. ALCANCE DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN
II, TERCER PÁRRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
PARA EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN. Del artículo 116, fracción II,
párrafo tercero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que, conforme a
las bases rectoras fundamentales
en materia electoral, las legislaturas
locales deben introducir los principios de mayoría y representación
proporcional en su sistema electoral correspondiente, de acuerdo
con sus propias leyes, sin que se
advierta la más mínima expresión
de que están obligados a seguir
reglas específicas para efectos de
la reglamentación atinente, en el
entendido de que el sistema que se
establezca en cada una de ellas, no
puede ser de tal entidad, que sólo
se contemple en el documento y en
la práctica opere otro distinto, ya
que lo que el Constituyente Federal
prescribe, es que en la integración
de las legislaturas de los Estados, se
observe un sistema electoral mixto,
en el cual se combinen los principios
de mayoría relativa y de representación proporcional. Por tanto, para
que las legislaturas locales cumplan
con la norma constitucional que
se comenta, basta que adopten
dicho principio dentro de su sistema electoral respectivo, en tanto
que el propio numeral, reserva a
dichas legislaturas la facultad de
reglamentar, entre otras situaciones, los porcentajes de votación
requerida,así como las fórmulas
de asignación de diputaciones por
el principio de representación proporcional, con lo que se respeta la
autonomía concedida a las entidades federativas en los artículos 40 y
41 constitucionales. De este modo,
con la reforma electoral de 1996 al
artículo 116 de la Ley Fundamental, se hizo extensivo el sistema de
representación mixto en las legislaturas de los estados, dejándolos
en plena libertad de precisar la
forma de combinar los sistemas de
elección de mayoría relativa y de
representación proporcional. Por
tanto, conforme a ello, cada una de
las legislaturas locales, tomando en
consideración sus propias necesidades y circunstancias políticas, está
obligada a establecer el número de
diputados por ambos principios que
integren sus congresos locales; el
número de distritos electorales en
167
que se divida la entidad federativa;
la fórmula electoral de aplicación
para la asignación por el principio
de representación proporcional, así
como de las circunscripciones en las
que deberá dividirse el territorio de
la entidad.- Sala Superior. Tesis S3ELJ
168
en cuenta que el derecho a la jurisdicción previsto en el artículo 17
de la Constitución Federal, no establece excepción respecto de los
conflictos que puedan presentarse
en un partido político político, con
motivo de la aplicación e interpretación de la Constitucióno federal,
no establece excepción respecto
de los conflictos que puedan presentarse en un partido político,
con motivo de la aplicación e
interpretación de su normatividad
interna, además de que existen
leyes internacionales suscritas
por México, que contienen la obligación del Estado de establecer
medios accesibles para la defensa
de los derechos humanos, entre
los que se incluyen los derechos
político-electorales del ciudadano,
en tanto que el artículo 41, fracción
IV, constitucional, determina que
una de las finalidades del sistema
de medios de impugnación en
materia electoral, consiste en garantizar los derechos políticos de
votar, ser votado y asociación, sin
limitar esa protección respecto de
los actos de los partidos políticos
lo que se corrobora con los trabajos del proceso legislativo, que
evidencian el propósito de crear un
sistema integral de justicia electoral,
para ejercer control jurisdiccional
sobre todos los actos electorales;
en ese mismo sentido, el párrafo
cuarto del artículo 99 constitucional, al establecer la jurisdicción del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en las fracciones
de la I a la IV, menciona como objeto de impugnación sólo actos de
autoridad, pero al referirse al juicio
para la protección de los derechos
político-electorales en la fracción
V, dispone su procedencia para
impugnar actos o resoluciones que
violen los derechos ya citados, lo
que conduce a concluir que también quedan incluidos los actos de
entidades colocadas en una relación
preponderante frente a los ciudadanos en lo individual que les permita
o facilite conculcar los derechos de
éstos, como es el caso de los partidos políticos, posición que asume
la legislación secundaria, pues el
artículo 79 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral tampoco limita
la impugnación en dicho juicio a
actos de autoridad, en tanto que
el artículo 80 sólo contiene una
relación enunciativa y taxativa de
165
OFENDIDO EN MATERIA PENAL.
NO SE ACTUALIZA EN SU FAVOR
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.- Del criterio sustentado
por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la
tesis 2a. VIII/96, publicada en el
y su Gaceta, Novena Época, Tomo
III, febrero de 1996, página 267, de
rubro: «SUPLENCIA DE LA QUEJA
DEFICIENTE EN MATERIA PENAL.
SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD
JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO
DE LA LIBERTAD.», así como de la
exposición de motivos del decreto
de reformas a la Ley de Amparo, el
cual dio origen a la fracción II del
artículo 76 bis, se desprende que la
suplencia de la queja deficiente en
materia penal opera sólo cuando los
conceptos de violación o agravios
deficientes sean expresados en el
juicio de garantías por el reo en el
proceso penal, con el objeto de que
se otorgue seguridad al indiciado,
procesado o sentenciado, de que la
resolución privativa de la libertad,
emitida dentro de un procedimiento
penal, es legal, con independencia
de que le sea adversa o favorable.
En estas condiciones, cuando el recurrente sea el ofendido en el juicio
penal, cuya sentencia constituyó el
172
acto reclamado en el amparo directo,
no se actualiza el supuesto para que
se le supla la queja deficiente, en
términos de lo previsto en la fracción
II del citado artículo 76 bis. No obsta
a lo anterior el hecho de que con la
reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos por decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación
el veintiuno de septiembre de dos
mil, se haya elevado a la categoría
constitucional la protección de los
derechos de la víctima o del ofendido, junto con los del inculpado, con
el fin de identificarlo como sujeto
de derecho con mayor presencia
en el procedimiento penal, esto
es, se hayan introducido conceptos
innovadores en la teoría procesal
penal, elevando al rango de garantía individual la incorporación de la
víctima y del ofendido como sujetos
del proceso penal y los derechos que
tengan en él, pues dentro de ellos
no se encuentra el de la suplencia
de la queja deficiente en el juicio de
garantías, que es un juicio diverso,
que se rige por la Ley de Amparo,
distinta a la que regula el proceso
penal.- 2a. CXXXVII/2002.-Reclamación
228/2002-PL. Roberto Sánchez Sánchez y
otra. 4 de octubre de 2002. Cinco votos.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secreta-
materia
constitucional
JURISPRUDENCIA. LAS PARTES
EN EL JUICIO DE AMPARO CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA
SOLICITAR LA MODIFICACIÓN
DE LA ESTABLECIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN.- El Pleno de este Alto
Matías.- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril 2003,
Primera Parte, Página 212.
Tribunal, al resolver la contradicción
de tesis 25/90 e interpretar en forma armónica los artículos 192 y 197
de la Ley de Amparo, consideró, en
esencia, que los únicos legitimados
para solicitar la modificación de la
jurisprudencia establecida por la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, funcionando en Pleno o en
Salas son: a) Las propias Salas de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; b) Los Ministros que las integran; c) Los Tribunales Colegiados
de Circuito, y d) Los Magistrados
que los conforman. En esta tesitura,
las partes en el juicio de amparo carecen de legitimación para hacer la
solicitud de modificación de la jurisprudencia establecida por el Máximo
Tribunal del país, por no ubicarse en
alguna de las hipótesis precisadas
con antelación.- 2a. XLV/2003.- Amparo
en revisión 1021/2000.- Francisco Arenas
Calvillo.- 17 de noviembre de 2000.- Cinco
votos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano.- Secretario: Alberto Miguel Ruíz
171
OFENDIDO EN MATERIA PENAL.
NO SE ACTUALIZA EN SU FAVOR
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.- Del criterio sustentado
por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la
tesis 2a. VIII/96, publicada en el
y su Gaceta, Novena Época, Tomo
III, febrero de 1996, página 267, de
rubro: «SUPLENCIA DE LA QUEJA
DEFICIENTE EN MATERIA PENAL.
SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD
JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO
DE LA LIBERTAD.», así como de la
exposición de motivos del decreto
de reformas a la Ley de Amparo, el
cual dio origen a la fracción II del
artículo 76 bis, se desprende que la
suplencia de la queja deficiente en
materia penal opera sólo cuando los
conceptos de violación o agravios
deficientes sean expresados en el
juicio de garantías por el reo en el
proceso penal, con el objeto de que
se otorgue seguridad al indiciado,
procesado o sentenciado, de que la
resolución privativa de la libertad,
emitida dentro de un procedimiento
penal, es legal, con independencia
de que le sea adversa o favorable.
En estas condiciones, cuando el recurrente sea el ofendido en el juicio
penal, cuya sentencia constituyó el
172
acto reclamado en el amparo directo,
no se actualiza el supuesto para que
se le supla la queja deficiente, en
términos de lo previsto en la fracción
II del citado artículo 76 bis. No obsta
a lo anterior el hecho de que con la
reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos por decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación
el veintiuno de septiembre de dos
mil, se haya elevado a la categoría
constitucional la protección de los
derechos de la víctima o del ofendido, junto con los del inculpado, con
el fin de identificarlo como sujeto
de derecho con mayor presencia
en el procedimiento penal, esto
es, se hayan introducido conceptos
innovadores en la teoría procesal
penal, elevando al rango de garantía individual la incorporación de la
víctima y del ofendido como sujetos
del proceso penal y los derechos que
tengan en él, pues dentro de ellos
no se encuentra el de la suplencia
de la queja deficiente en el juicio de
garantías, que es un juicio diverso,
que se rige por la Ley de Amparo,
distinta a la que regula el proceso
penal.- 2a. CXXXVII/2002.-Reclamación
228/2002-PL. Roberto Sánchez Sánchez y
otra. 4 de octubre de 2002. Cinco votos.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secreta-
materia
constitucional
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO.
PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO
DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN
CUENTA COMO HÁBILES TODOS
LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN
LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA
LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS
EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO.- Del
criterio sustentado por el Tribunal
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el
Semanario Judicial de la Federación,
Octava Época, Tomo XV-II, febrero
de 1995, página 40, se desprende
que para determinar la oportunidad
en la presentación de una demanda
de amparo contra una sentencia
definitiva, laudo o resolución que
ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o
del trabajo, no deben excluirse del
cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de
176
Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben
excluirse los días que los artículos
23 de la Ley de Amparo y 163 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la
autoridad responsable y los días en
que no haya laborado la autoridad
responsable. No es óbice a lo antes
expuesto lo previsto en el artículo 26
de la ley de la materia, en el sentido
de que no se computarán los días
hábiles no laborados por «el juzgado
o el tribunal en que deban hacerse
las promociones», toda vez que tal
disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en
que la autoridad responsable haya
suspendido sus labores, en tanto
que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías
por disposición expresa del artículo
163 de la Ley Reglamentaria de
los Artículos 103 y 107 Constitucionales.- 2a./J. 18/2003.- Contradicción
de tesis 8/2003-PL. Entre las sustentadas
Octavo Circuito, Primero en Materia Civil del
Segundo Circuito, Primero en Materia Civil
del Sexto Circuito y Segundo en Materia de
Trabajo del Cuarto Circuito. 28 de febrero
ria: Oliva Escudero Contreras.- Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XVI, Noviembre de 2002, Página 449.
LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE
FIRMARLA SE SUBSANA CON LA
SUSCRIPCIÓN DEL ESCRITO CON
EL QUE SE PRESENTA LA MISMA
ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- El artículo 163 de la Ley de
Amparo establece que la demanda
ponga fin al juicio, dictado por tribunales judiciales, administrativos o
del trabajo, deberá presentarse por
conducto de la autoridad responsable que lo emitió. Ahora bien, cuando la parte quejosa omite firmar
el escrito de demanda respectivo,
pero no así el diverso ocurso mediante el cual se presenta aquélla
ante la autoridad responsable, para
que por su conducto se remita al
tribunal de amparo correspondiente, se subsana la falta de firma de
dicha demanda de garantías, en
virtud de la íntima relación que
existe entre ambos libelos, pues de
esta manera se manifiesta la voluntad del impetrante de garantías
de inconformarse con la sentencia
pone fin al juicio dictado por tribunales judiciales, administrativos o
del trabajo, esto es, tanto el escrito
173
de demanda como el de su presentación, no pueden considerarse
como documentos autónomos o
separados entre sí por una solución
de continuidad, sino como reflejos
documentales de una misma voluntad, consistente en la interposición de la demanda de amparo
en contra de los actos que en ésta
son reclamados. Además, cabe
considerar que al escrito de presentación de que se trata, se anexa
el de la demanda de amparo, por
lo que, en estricto sentido, la falta
de firma de ésta no la convierte en
un documento anónimo o privado
de autenticidad, toda vez que el
primero de esos documentos nace
a la vida jurídica dentro del juicio
de donde deriva la sentencia, laudo
o resolución que pone fin a aquél,
contra la cual, al ser señalada como
acto reclamado en la demanda de
amparo, se dirigen los conceptos
de violación a efecto de destruir
sus consideraciones y fundamentos, lo que pone de relieve el objeto
primordial de ambos ocursos, que
no es otro que el de la iniciación
del juicio de amparo.- 1a./J. 33/2002.Contradicción de tesis 37/2002-PS. Entre
las sustentadas por el Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo
174
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y de Trabajo del
Cuarto Circuito. 22 de mayo de 2002. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Humberto
Román Palacios. Ponente: Juventino V.
Castro y Castro. Secretario: Javier Carreño
Caballero.- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN. SUS FALLOS SON INATACABLES.- Conforme al sistema
constitucional mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
es el más Alto Tribunal del país, en
virtud de que sus resoluciones son
inatacables, pues el orden jurídico
vigente no contempla medio alguno
de defensa o mecanismo para que
aquéllas puedan ser revisadas,
es decir, no existe otra instancia
jurisdiccional superior a ella. La
veracidad del enunciado anterior
queda de manifiesto nítidamente
en los siguientes ejemplos: el juicio
de amparo es improcedente contra
sus actos, según lo dispone expresamente el artículo 73, fracción
I, de la Ley Reglamentaria de los
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; en materia laboral, los
conflictos que se susciten entre ese
órgano supremo y sus empleados,
serán resueltos por él mismo, tal
como lo establece el artículo 123,
apartado B, fracción XII, párrafo segundo, de la Constitución Federal;
tratándose de las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo
107 de la Ley Fundamental, una
vez que el Máximo Tribunal de la
República determina su aplicación a
las autoridades responsables, debe
consignarlas directamente ante el
Juez de Distrito, es decir, que no
condiciona su proceder a la consideración del Ministerio Público. En
el caso en que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación establece
que una sentencia de amparo ya
se encuentra cumplida, resulta
evidente que dicha determinación
es irrecurrible y, por ende, ya no
puede ser materia de análisis a
través de medio alguno de impugnación o mecanismo de defensa.- 2a.
CLXXIV/2002.- Reclamación 212/2002-PL.
Ángel García Lara y otro. 18 de octubre de
2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I.
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alberto Díaz
Díaz.- Véase: Semanario Judicial de la
Federación, Quinta Época, Tomo LXXXVI,
página 1385, tesis de rubro: «SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA, SUS EJECUTORIAS
SON INATACABLES.».- Semanario Judicial
Diciembre de 2002, Página 291.
175
de demanda como el de su presentación, no pueden considerarse
como documentos autónomos o
separados entre sí por una solución
de continuidad, sino como reflejos
documentales de una misma voluntad, consistente en la interposición de la demanda de amparo
en contra de los actos que en ésta
son reclamados. Además, cabe
considerar que al escrito de presentación de que se trata, se anexa
el de la demanda de amparo, por
lo que, en estricto sentido, la falta
de firma de ésta no la convierte en
un documento anónimo o privado
de autenticidad, toda vez que el
primero de esos documentos nace
a la vida jurídica dentro del juicio
de donde deriva la sentencia, laudo
o resolución que pone fin a aquél,
contra la cual, al ser señalada como
acto reclamado en la demanda de
amparo, se dirigen los conceptos
de violación a efecto de destruir
sus consideraciones y fundamentos, lo que pone de relieve el objeto
primordial de ambos ocursos, que
no es otro que el de la iniciación
del juicio de amparo.- 1a./J. 33/2002.Contradicción de tesis 37/2002-PS. Entre
las sustentadas por el Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo
174
Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y de Trabajo del
Cuarto Circuito. 22 de mayo de 2002. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Humberto
Román Palacios. Ponente: Juventino V.
Castro y Castro. Secretario: Javier Carreño
Caballero.- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN. SUS FALLOS SON INATACABLES.- Conforme al sistema
constitucional mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
es el más Alto Tribunal del país, en
virtud de que sus resoluciones son
inatacables, pues el orden jurídico
vigente no contempla medio alguno
de defensa o mecanismo para que
aquéllas puedan ser revisadas,
es decir, no existe otra instancia
jurisdiccional superior a ella. La
veracidad del enunciado anterior
queda de manifiesto nítidamente
en los siguientes ejemplos: el juicio
de amparo es improcedente contra
sus actos, según lo dispone expresamente el artículo 73, fracción
I, de la Ley Reglamentaria de los
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; en materia laboral, los
conflictos que se susciten entre ese
órgano supremo y sus empleados,
serán resueltos por él mismo, tal
como lo establece el artículo 123,
apartado B, fracción XII, párrafo segundo, de la Constitución Federal;
tratándose de las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo
107 de la Ley Fundamental, una
vez que el Máximo Tribunal de la
República determina su aplicación a
las autoridades responsables, debe
consignarlas directamente ante el
Juez de Distrito, es decir, que no
condiciona su proceder a la consideración del Ministerio Público. En
el caso en que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación establece
que una sentencia de amparo ya
se encuentra cumplida, resulta
evidente que dicha determinación
es irrecurrible y, por ende, ya no
puede ser materia de análisis a
través de medio alguno de impugnación o mecanismo de defensa.- 2a.
CLXXIV/2002.- Reclamación 212/2002-PL.
Ángel García Lara y otro. 18 de octubre de
2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I.
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alberto Díaz
Díaz.- Véase: Semanario Judicial de la
Federación, Quinta Época, Tomo LXXXVI,
página 1385, tesis de rubro: «SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA, SUS EJECUTORIAS
SON INATACABLES.».- Semanario Judicial
Diciembre de 2002, Página 291.
175
PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL
PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO
DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN
CUENTA COMO HÁBILES TODOS
LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN
LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA
LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS
EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO.- Del
criterio sustentado por el Tribunal
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el
Semanario Judicial de la Federación,
Octava Época, Tomo XV-II, febrero
de 1995, página 40, se desprende
que para determinar la oportunidad
en la presentación de una demanda
ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o
del trabajo, no deben excluirse del
cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de
176
Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben
excluirse los días que los artículos
23 de la Ley de Amparo y 163 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la
autoridad responsable y los días en
que no haya laborado la autoridad
responsable. No es óbice a lo antes
expuesto lo previsto en el artículo 26
de la ley de la materia, en el sentido
de que no se computarán los días
hábiles no laborados por «el juzgado
o el tribunal en que deban hacerse
las promociones», toda vez que tal
disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en
que la autoridad responsable haya
suspendido sus labores, en tanto
que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías
por disposición expresa del artículo
163 de la Ley Reglamentaria de
los Artículos 103 y 107 Constitucionales.- 2a./J. 18/2003.- Contradicción
de tesis 8/2003-PL. Entre las sustentadas
Octavo Circuito, Primero en Materia Civil del
Segundo Circuito, Primero en Materia Civil
del Sexto Circuito y Segundo en Materia de
Trabajo del Cuarto Circuito. 28 de febrero
ria: Oliva Escudero Contreras.- Semanario
XVI, Noviembre de 2002, Página 449.
LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE
FIRMARLA SE SUBSANA CON LA
SUSCRIPCIÓN DEL ESCRITO CON
EL QUE SE PRESENTA LA MISMA
ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- El artículo 163 de la Ley de
Amparo establece que la demanda
ponga fin al juicio, dictado por tribunales judiciales, administrativos o
del trabajo, deberá presentarse por
conducto de la autoridad responsable que lo emitió. Ahora bien, cuando la parte quejosa omite firmar
el escrito de demanda respectivo,
pero no así el diverso ocurso mediante el cual se presenta aquélla
ante la autoridad responsable, para
que por su conducto se remita al
tribunal de amparo correspondiente, se subsana la falta de firma de
dicha demanda de garantías, en
virtud de la íntima relación que
existe entre ambos libelos, pues de
esta manera se manifiesta la voluntad del impetrante de garantías
de inconformarse con la sentencia
pone fin al juicio dictado por tribunales judiciales, administrativos o
del trabajo, esto es, tanto el escrito
173
de 2003. Cinco votos. Ponente: Guillermo I.
Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso
de la Vega Romero.- Tesis de jurisprudencia
18/2003. Aprobada por la Segunda Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada del
siete de marzo de dos mil tres.- Semanario
XVII, Marzo de 2003, Página 243.
177
DIRECTORIO
TERCERA SALA
Magdo. Fernando A. Guzmán Calvo
Secretarios de Estudio y Cuenta:
Lic. Laura Rodríguez Ramírez
Lic. Felipe López Aburto
Magdo. Hugo Montero Domínguez
Lic. Arduizur Martínez Vázquez
Lic. Oscar Hernández Carmona
Magdo. Julio Patiño Rodríguez
Lic. Norma Angélica Molina Sánchez
Lic. Tomás Antonio Francisco
PRESIDENTE
Secretaria de Acuerdos
Lic. Concepción Patricia Fajardo Paredes
Defensor de Oficio
Lic. Rafael Sánchez Pensado
184
SECRETARIO DE ACUERDOS
181
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
PRESIDENTE
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
LIC. MARIA CECILIA GUADALUPE HERNANDEZ
SALAS EN MATERIA PENAL
PRIMERA SALA
Magda. Sara Hilda Beltrán Ramos
Lic. Lizbeth Jiménez Aguirre
Lic. Rosa Imelda Rodríguez Zamora
Magdo. Mario M. Gutiérrez Calderón
Lic. Rosa Hilda Rojas Pérez
Lic. Norma Landa Villalba
Magdo. Eugenio Vázquez Hernández
Lic. Carlos Becerra Guevara
Lic. Luis Nahin Méndez Anota
Secretario de Acuerdos
Lic. Rodrigo Joel Armas Salinas
Defensor de Oficio
Lic. Darío Segovia Caraza
183
TERCERA SALA
Magdo. Fernando A. Guzmán Calvo
Lic. Laura Rodríguez Ramírez
Lic. Felipe López Aburto
Magdo. Hugo Montero Domínguez
Lic. Arduizur Martínez Vázquez
Lic. Oscar Hernández Carmona
Magdo. Julio Patiño Rodríguez
Lic. Norma Angélica Molina Sánchez
Lic. Tomás Antonio Francisco
PRESIDENTE
Lic. Concepción Patricia Fajardo Paredes
Defensor de Oficio
Lic. Rafael Sánchez Pensado
184
SECRETARIO DE ACUERDOS
181
CUARTA SALA
QUINTA SALA
Magdo. Dionisio F. Gutiérrez García
Lic. Julio Zugasti García
Lic. Federico García Rodríguez
Magdo. Lic. Moisés Cuevas Lara
Lic. Antonio Ramírez Vázquez
Lic. Francisco Javier Hernández Lima
Magdo. Miguel H. Nava Oyarzabal
Lic. Virginia Tablada Salas
Lic. María de la Paz Carballo Carrasco
Lic. Manuel Díaz Rivera
Lic. Tania Celina Vázquez Muñóz
Secretaria de acuerdos
Lic. Sofía Martínez Huerta
Magdo. Daniel Ruíz Morales
Lic.Gustavo Stivalet Sedas
Lic. Sandra Bonilla Garcia
Lic. Patricia Greer Ibarrondo
Lic. Gloria Gómez Muñoz
Lic. Angélica Palafox Olvera
Defensor de Oficio
Lic. Mario Flavio Santés Alvarez
188
185
SEPTIMA SALA
Lic. Urbino Alcaraz García
Lic. Enrique Antonio Francisco
Magdo. Alberto Sosa Hernández
Lic. Adriana Florene Grajales Tenorio
Lic. Estela Guadalupe Cuevas Palacios
Magdo. Marco Antonio Domínguez Jiménez
Lic. Enriqueta Ortíz Heredia
Lic. Angélica Sánchez Hernández
Lic. Sergio Rafael Caraza Cortés
Defensor de Oficio
Lic. Antonio Baltazar Becerra
186
SALAS EN MATERIA CIVIL
SEGUNDA SALA
Magdo. Alejandro Gabriel Hernández Viveros
Lic. Laura Cárdenas Rodríguez
Lic. Victor Contreras Lugo
Lic. Jesús Enrique Porras Flores
Lic. Blanca Miriam Herrera Fragoso
Magdo. René Poblete Dolores
Lic. Ofelia Peñaflor Tuniz
Lic. Lizbeth Hernández Ribbon
Lic. María Victoria Carballo Carrasco
187
SEPTIMA SALA
Lic. Urbino Alcaraz García
Lic. Enrique Antonio Francisco
Magdo. Alberto Sosa Hernández
Lic. Adriana Florene Grajales Tenorio
Lic. Estela Guadalupe Cuevas Palacios
Magdo. Marco Antonio Domínguez Jiménez
Lic. Enriqueta Ortíz Heredia
Lic. Angélica Sánchez Hernández
Lic. Sergio Rafael Caraza Cortés
Defensor de Oficio
Lic. Antonio Baltazar Becerra
186
SALAS EN MATERIA CIVIL
SEGUNDA SALA
Magdo. Alejandro Gabriel Hernández Viveros
Lic. Laura Cárdenas Rodríguez
Lic. Victor Contreras Lugo
Lic. Jesús Enrique Porras Flores
Lic. Blanca Miriam Herrera Fragoso
Magdo. René Poblete Dolores
Lic. Ofelia Peñaflor Tuniz
Lic. Lizbeth Hernández Ribbon
Lic. María Victoria Carballo Carrasco
187
CUARTA SALA
QUINTA SALA
Magdo. Dionisio F. Gutiérrez García
Lic. Julio Zugasti García
Lic. Federico García Rodríguez
Magdo. Lic. Moisés Cuevas Lara
Lic. Antonio Ramírez Vázquez
Lic. Francisco Javier Hernández Lima
Magdo. Miguel H. Nava Oyarzabal
Lic. Virginia Tablada Salas
Lic. María de la Paz Carballo Carrasco
Lic. Manuel Díaz Rivera
Lic. Tania Celina Vázquez Muñóz
Secretaria de acuerdos
Lic. Sofía Martínez Huerta
Magdo. Daniel Ruíz Morales
Lic.Gustavo Stivalet Sedas
Lic. Sandra Bonilla Garcia
Lic. Patricia Greer Ibarrondo
Lic. Gloria Gómez Muñoz
Lic. Angélica Palafox Olvera
Defensor de Oficio
Lic. Mario Flavio Santés Alvarez
188
185
SALA REGIONAL UNITARIA XALAPA
Magda. Irma Dinorah Guevara Trujillo
Secretario de Estudio y Cuenta:
Lic. Angel Luis Parra Ortíz
Lic. Alfredo Ortega Zárate
SALA REGIONAL UNITARIA TUXPAN
Magdo. Manuel G. Basilio de la Vega
Secretaria de Estudio y Cuenta:
Lic. Susana Salas del Angel
Lic. Xochitl Elizabeth López Hernández
Juárez No. 40 Segundo Piso
Zona Centro, Túxpan, Ver.
Tel. 01-783 8-34-92-70
SALA REGIONAL UNITARIA ACAYUCAN
SEXTA SALA
Magda. Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros
Lic. Javier Hernández Hernández
Lic. Angel Rosas Solano
Magdo. Roberto Armando Martínez Sánchez
Lic. Victor Hugo López Campillo
Lic. María Olivia Martínez Hernández
Magdo. José Lorenzo Alvarez Montero
Lic. Magdalena Méndez Juan
Lic. Carlos Corro Pitalúa
Lic. Aurelio Reyes Gerón
Magdo. Andrés Cruz Ibarra
Lic.Ahleli Antonia Feria Hernández
Secretario de Acuerdos:
Lic. Rafael Cárdenas Mascorro
Juan de la Luz. Esq. Hidalgo
Acayucan, Ver.
Tel. 01-924 2-45-45-74
192
189
SALA ELECTORAL
Magda. María Concepción Flores Saviaga
SALA CONSTITUCIONAL
Magda. Haydee González Rebolledo
Lic. Aricelda Cadena Vega
Lic. Ricardo Morales Carrasco
Magdo. Raúl Iván Aguilar Maraboto
Lic. Jorge A. Maraboto Mendoza
Lic. Haydee Campos González
Magdo. Vicente Morales Cabrera
Lic. Luz María Gómez Maya
Lic. Luis Daniel Ruíz Guerrero
Lic. Maria
de Lourdes Muñoz Nieto
Magdo. Emeterio López Márquez
Magdo. Ricardo R. Murga Contreras
Lic. Daniel Manuel Montiél González
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE
Magda. Emma Rodríguez Cañada
Lic. Griselda Herrera López
Lic. Arturo Israel Domínguez Muñoz
Magdo. Jose Luis Ocampo López
Lic. Clara Beatríz González Alarcón
Lic. Antonio Belda Rodríguez
Magdo. Ignacio Bello Nájera
Lic. Maria Concepción Hernández López
Lic. Ignacio Méndez Pérez
Lic. Cointa Ma. Rivas Rebolledo
190
191
SALA ELECTORAL
Magda. María Concepción Flores Saviaga
SALA CONSTITUCIONAL
Magda. Haydee González Rebolledo
Lic. Aricelda Cadena Vega
Lic. Ricardo Morales Carrasco
Magdo. Raúl Iván Aguilar Maraboto
Lic. Jorge A. Maraboto Mendoza
Lic. Haydee Campos González
Magdo. Vicente Morales Cabrera
Lic. Luz María Gómez Maya
Lic. Luis Daniel Ruíz Guerrero
Lic. Maria
de Lourdes Muñoz Nieto
Magdo. Emeterio López Márquez
Magdo. Ricardo R. Murga Contreras
Lic. Daniel Manuel Montiél González
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE
Magda. Emma Rodríguez Cañada
Lic. Griselda Herrera López
Lic. Arturo Israel Domínguez Muñoz
Magdo. Jose Luis Ocampo López
Lic. Clara Beatríz González Alarcón
Lic. Antonio Belda Rodríguez
Magdo. Ignacio Bello Nájera
Lic. Maria Concepción Hernández López
Lic. Ignacio Méndez Pérez
Lic. Cointa Ma. Rivas Rebolledo
190
191
SALA REGIONAL UNITARIA XALAPA
Magda. Irma Dinorah Guevara Trujillo
Secretario de Estudio y Cuenta:
Lic. Angel Luis Parra Ortíz
Lic. Alfredo Ortega Zárate
SALA REGIONAL UNITARIA TUXPAN
Magdo. Manuel G. Basilio de la Vega
Lic. Susana Salas del Angel
Lic. Xochitl Elizabeth López Hernández
Juárez No. 40 Segundo Piso
Zona Centro, Túxpan, Ver.
Tel. 01-783 8-34-92-70
SALA REGIONAL UNITARIA ACAYUCAN
SEXTA SALA
Magda. Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros
Lic. Javier Hernández Hernández
Lic. Angel Rosas Solano
Magdo. Roberto Armando Martínez Sánchez
Lic. Victor Hugo López Campillo
Lic. María Olivia Martínez Hernández
Magdo. José Lorenzo Alvarez Montero
Lic. Magdalena Méndez Juan
Lic. Carlos Corro Pitalúa
Lic. Aurelio Reyes Gerón
Magdo. Andrés Cruz Ibarra
Lic.Ahleli Antonia Feria Hernández
Secretario de Acuerdos:
Lic. Rafael Cárdenas Mascorro
Juan de la Luz. Esq. Hidalgo
Acayucan, Ver.
Tel. 01-924 2-45-45-74
192
189
DEFENSOR
LIC. DEMETRIO CUESTA MOLINA
TELEFONO
01-924-24-5-12-02.- Red. 504
C.P. 96000
DOMICILIO
PROLONG. GUILLERMO PRIETO S/N, ANEXO AL RECLUSORIO
REGIONAL
COATEPEC PRIMERO
JUEZ
LIC. ROBERTO PAREDES SANCHEZ
SECRETARIO
LIC. ESTRELLA A. IGLESIAS GUTIERREZ
PROYECTISTA
LIC. CLAUDIA REGINA BARRERA FAJARDO
DEFENSOR
LIC. A. HECTOR SERVIN RAMIREZ.
TELEFONO
01-228-8-16-41-73.- Red. 507
DOMICILIO
PLANTA ALTA PALACIO MUNICIPAL, C.P. 915000
TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
Magda. Irma Medel Barragán
Magdo. José Antonio López Villalba
Magdo. Andrés Salomón Rodríguez
Secretario General
Lic. Francisco Segovia Caraza
COATEPEC SEGUNDO
JUEZ
LIC. ADALBERTO LOPEZ POZOS
SECRETARIO
LIC. ZENON ROJAS SANCHEZ
TELEFONO
01-228-8-16-58-53.- Red. 508
DOMICILIO
MIGUEL REBOLLEDO ESQUINA HERNÁNDEZ Y HERNANDEZ,
C.P. 915000
COATZACOALCOS PRIMERO
JUEZ
LIC. CESAR ARIEL A. ROBINSON MANZANILLA
SECRETARIO
LIC. MARCELA SANCHEZ RAMIREZ
PROYECTISTA
LIC. CAYETANO MUÑOZ COLORADO (INTERINO)
196
19 3
RELACION DE FUNCIONARIOS DE PRIMERA INSTANCIA
Y MENORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL.
ACAYUCAN PRIMERO
JUEZ
LIC. GERARDO DE JESUS AGUILAR FLORES
SECRETARIO
LIC. MARIA MAGDALENA ROMERO ESCALANTE
PROYECTISTA
LIC. RUBEN REYES RODRIGUEZ
DEFENSOR
LIC. ROBERTO CAMACHO HERNANDEZ
TELEFONO
01-924-24-5-04-93, FAX 5-45-74.- Red. 500 - 501
TRIBUNAL REGIONAL UNITARIO, C.P. 96000
DOMICILIO
REGIONAL
ACAYUCAN SEGUNDO
JUEZ
LIC. NICOLAS HERNANDEZ CONTRERAS
SECRETARIO
LIC. JUAN CARLOS ORTIZ ROMERO
PROYECTISTA
LIC. FELIX GARCIA CAZARIN
TELEFONO
01-924-24-5-00-85 5-00-13 EXT. 34.- Red. 502 C.P. 96000
DOMICILIO NICOLAS BRAVO ESQ. VICTORIA S/N, PLANTA ALTA,
PALACIO MUNICIPAL
ACAYUCAN MIXTO MENOR
JUEZ
LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RIVERA
SECRETARIO
LIC. ELIZABETH BLANCO CASTELLANOS
195
DEFENSOR
LIC. DEMETRIO CUESTA MOLINA
TELEFONO
01-924-24-5-12-02.- Red. 504
C.P. 96000
DOMICILIO
REGIONAL
COATEPEC PRIMERO
JUEZ
LIC. ROBERTO PAREDES SANCHEZ
SECRETARIO
LIC. ESTRELLA A. IGLESIAS GUTIERREZ
PROYECTISTA
LIC. CLAUDIA REGINA BARRERA FAJARDO
DEFENSOR
LIC. A. HECTOR SERVIN RAMIREZ.
TELEFONO
01-228-8-16-41-73.- Red. 507
DOMICILIO
PLANTA ALTA PALACIO MUNICIPAL, C.P. 915000
TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
Magda. Irma Medel Barragán
Magdo. José Antonio López Villalba
Magdo. Andrés Salomón Rodríguez
Secretario General
Lic. Francisco Segovia Caraza
COATEPEC SEGUNDO
JUEZ
LIC. ADALBERTO LOPEZ POZOS
SECRETARIO
LIC. ZENON ROJAS SANCHEZ
TELEFONO
01-228-8-16-58-53.- Red. 508
DOMICILIO
MIGUEL REBOLLEDO ESQUINA HERNÁNDEZ Y HERNANDEZ,
C.P. 915000
COATZACOALCOS PRIMERO
JUEZ
LIC. CESAR ARIEL A. ROBINSON MANZANILLA
SECRETARIO
LIC. MARCELA SANCHEZ RAMIREZ
PROYECTISTA
LIC. CAYETANO MUÑOZ COLORADO (INTERINO)
196
19 3
PROYECTISTA
LIC.COLUMBA MITCHELL LOPEZ MARTINEZ (INTERINA)
TELEFONO
01-271-71- 2-35-50.- Red. 518
C.P. 94500
DOMICILIO
AVENIDA 3 CASI ESQ. CALLE 5, EDIF. NUEVO CORDOBA, 2º PISO
CORDOBA PRIMERO MENOR
JUEZ
LIC. ANSELMO SANDOVAL BAZAN
SECRETARIO
LIC. JACOBO GARCIA PEREZ
DEFENSOR
LIC. INES RANZAHUER OSORIO
TELEFONO
01-271-71-2-81-09.- Red. 519
C.P. 94500
DOMICILIO
CORDOBA SEGUNDO MENOR
JUEZ
LIC. ROBERTO CASTRO TOSS
SECRETARIO
LIC. BERTHA OSEGUERA GARCIA
TELEFONO
01-271-71-2-48-21.- Red. 520
C.P. 94500
DOMICILIO
COSAMALOAPAN PRIMERO
JUEZ
LIC. ROSA MARIA ORTIZ GOMEZ
SECRETARIO
LIC. GEORGINA ARREGUIN ZAVALETA
PROYECTISTA
LIC. MIRIAM RENDON JOSE (INTERINA)
DEFENSOR
LIC. HECTOR A. ARCHER RODRIGUEZ
TELEFONO
200
DEFENSOR
LIC. ANTONIO HERRERA ACOSTA
TELEFONO
01-921-21-8-79-60.- Red. 509
DOMICILIO
CARRETERA ANTIGUA A MINATITLAN KM. 17.5, C.P. 96400
COATZACOALCOS SEGUNDO
JUEZ
LIC. GUSTAVO GONZALEZ LAZCANO
SECRETARIO
LIC. CRISTOBAL HERNANDEZ CRUZ
PROYECTISTA
LIC. MA. ALEJANDRA FERRUZCA TAPIA (INTERINA)
TELEFONO
01-921-21-2-03-56.- Red. 510
DOMICILIO
ZARAGOZA No. 711
C.P. 96400
COATZACOALCOS TERCERO
JUEZ
LIC. IGNACIO OCHOA JIMENEZ
SECRETARIO
LIC. BLANCA FLOR RAMON PERALTA
PROYECTISTA
LIC. JULIO ALONSO GOMEZ
DEFENSOR
LIC. GONZALO MIJANGOS MALDONADO
TELEFONO
01-921-21-8-91-64.- Red. 511
DOMICILIO
COATZACOALCOS SEXTO
JUEZ
LIC. JORGE LUIS GUEVARA COUBERT
SECRETARIO
LIC. TOMASA C. RODRIGUEZ CADILLO
PROYECTISTA
LIC. VICTOR FERNANDEZ LUNA
TELEFONO
01-921-21- 3-09-51.- Red. 513
DOMICILIO
ZARAGOZA No. 711 C.P. 96400
COATZACOALCOS PRIMERO MENOR
JUEZ
LIC. EDUARDO JOACHIN HERNANDEZ
SECRETARIO
LIC. ORLANDO VAZQUEZ GARCIA (INTERINO)
197
DEFENSOR
TELEFONO
DOMICILIO
LIC. JESUS HERNANDEZ LEON
01-921-21-8-79-60.- Red. 514
COATZACOALCOS SEGUNDO MENOR
JUEZ
LIC. RICARDO JARAMILLO PALOMINO
SECRETARIO
LIC. CHRISTIAN MAURICIO MENDOZA ESPINOZA (INTERINO)
DOMICILIO
GUTIERREZ ZAMORA No. 325 ESQ. CARRANZA,
EDIF. AMADO GUZMAN. c.p. 96400
MINATITLAN CUARTO
JUEZ
LIC. JOAQUIN RODRIGUEZ SANCHEZ
SECRETARIO
LIC. LUIS LUCAS CRUZ
PROYECTISTA
LIC. IVAN EMMANUEL DIZ REYES (INTERINO)
TELEFONO
01-922-22-3-80-14 .- Red. 530
DOMICILIO
BENITO JUAREZ No. 23 ALTOS, C.P. 96700
MINATITLAN MIXTO MENOR
JUEZ
LIC. FLORENCIO HERNANDEZ ESPINOSA
SECRETARIO
LIC. WENCESLAO SOLANO SANTOS
DEFENSOR
LIC. VICTERBO GUTIERREZ ALVARADO
TELEFONO
01-922-22-1-25-09.- Red. 531
DOMICILIO
CARRET. TRANSISMICA S/N SALIDA A COSOLEACAQUE
KM.2.64, COL. BENITO JUAREZ.
C.P. 96720
198
CORDOBA PRIMERO
JUEZ
LIC. URIEL DOMINGUEZ COLIO
SECRETARIO
LIC. MARIA ISABEL CRUZ RIVERA
DEFENSOR
LIC. IGNACIO JIMENEZ FLORES
TELEFONO
01-271-71-2-16-36.- Red. 515
DOMICILIO
CALLE 1 ENTRE AVS. 1 Y 3, BAJOS PALACIO MPAL., C.P. 94500
CORDOBA SEGUNDO
JUEZ
LIC. GUSTAVO BERISTAIN BAZAN
SECRETARIO
LIC. MARIA ESTELA BUSTAMANTE ROJAS
PROYECTISTA
LIC. ALEJANDRO ZEPEDA PINEDA
TELEFONO
01-27171-2-27-66.- Red. 516
PLANTA BAJA,
DOMICILIO
CALLE 1 No. 207 INT. ENTRE AVENIDAS 2 Y 4,
EDIF. MA. ISABEL PLAZA.
C.P. 94500
CORDOBA TERCERO
JUEZ
LIC. ANGEL JAIME FERNÁNDEZ TOREA
SECRETARIO
LIC. MARCO ANTONIO VALDEZ VEGA
DEFENSOR
LIC. DAVID TEJEDA AYALA
TELEFONO
01-271-71-2-92-92.- Red. 517
DOMICILIO
AVENIDA 3 CASI ESQ. CALLE 5, EDIF. NUEVO CORDOBA,
C.P. 94500
CORDOBA CUARTO
JUEZ
LIC. SENEN LOEZA GUEVARA
SECRETARIO
LIC. DIANA SUAREZ PEREZ
199
DEFENSOR
TELEFONO
DOMICILIO
LIC. JESUS HERNANDEZ LEON
01-921-21-8-79-60.- Red. 514
COATZACOALCOS SEGUNDO MENOR
JUEZ
LIC. RICARDO JARAMILLO PALOMINO
SECRETARIO
LIC. CHRISTIAN MAURICIO MENDOZA ESPINOZA (INTERINO)
DOMICILIO
GUTIERREZ ZAMORA No. 325 ESQ. CARRANZA,
EDIF. AMADO GUZMAN. c.p. 96400
MINATITLAN CUARTO
JUEZ
LIC. JOAQUIN RODRIGUEZ SANCHEZ
SECRETARIO
LIC. LUIS LUCAS CRUZ
PROYECTISTA
LIC. IVAN EMMANUEL DIZ REYES (INTERINO)
TELEFONO
01-922-22-3-80-14 .- Red. 530
DOMICILIO
BENITO JUAREZ No. 23 ALTOS, C.P. 96700
MINATITLAN MIXTO MENOR
JUEZ
LIC. FLORENCIO HERNANDEZ ESPINOSA
SECRETARIO
LIC. WENCESLAO SOLANO SANTOS
DEFENSOR
LIC. VICTERBO GUTIERREZ ALVARADO
TELEFONO
01-922-22-1-25-09.- Red. 531
DOMICILIO
CARRET. TRANSISMICA S/N SALIDA A COSOLEACAQUE
KM.2.64, COL. BENITO JUAREZ.
C.P. 96720
198
CORDOBA PRIMERO
JUEZ
LIC. URIEL DOMINGUEZ COLIO
SECRETARIO
LIC. MARIA ISABEL CRUZ RIVERA
DEFENSOR
LIC. IGNACIO JIMENEZ FLORES
TELEFONO
01-271-71-2-16-36.- Red. 515
DOMICILIO
CALLE 1 ENTRE AVS. 1 Y 3, BAJOS PALACIO MPAL., C.P. 94500
CORDOBA SEGUNDO
JUEZ
LIC. GUSTAVO BERISTAIN BAZAN
SECRETARIO
LIC. MARIA ESTELA BUSTAMANTE ROJAS
PROYECTISTA
LIC. ALEJANDRO ZEPEDA PINEDA
TELEFONO
01-27171-2-27-66.- Red. 516
PLANTA BAJA,
DOMICILIO
CALLE 1 No. 207 INT. ENTRE AVENIDAS 2 Y 4,
EDIF. MA. ISABEL PLAZA.
C.P. 94500
CORDOBA TERCERO
JUEZ
LIC. ANGEL JAIME FERNÁNDEZ TOREA
SECRETARIO
LIC. MARCO ANTONIO VALDEZ VEGA
DEFENSOR
LIC. DAVID TEJEDA AYALA
TELEFONO
01-271-71-2-92-92.- Red. 517
DOMICILIO
AVENIDA 3 CASI ESQ. CALLE 5, EDIF. NUEVO CORDOBA,
C.P. 94500
CORDOBA CUARTO
JUEZ
LIC. SENEN LOEZA GUEVARA
SECRETARIO
LIC. DIANA SUAREZ PEREZ
199
PROYECTISTA
LIC.COLUMBA MITCHELL LOPEZ MARTINEZ (INTERINA)
TELEFONO
01-271-71- 2-35-50.- Red. 518
C.P. 94500
DOMICILIO
CORDOBA PRIMERO MENOR
JUEZ
LIC. ANSELMO SANDOVAL BAZAN
SECRETARIO
LIC. JACOBO GARCIA PEREZ
DEFENSOR
LIC. INES RANZAHUER OSORIO
TELEFONO
01-271-71-2-81-09.- Red. 519
C.P. 94500
DOMICILIO
CORDOBA SEGUNDO MENOR
JUEZ
LIC. ROBERTO CASTRO TOSS
SECRETARIO
LIC. BERTHA OSEGUERA GARCIA
TELEFONO
01-271-71-2-48-21.- Red. 520
C.P. 94500
DOMICILIO
COSAMALOAPAN PRIMERO
JUEZ
LIC. ROSA MARIA ORTIZ GOMEZ
SECRETARIO
LIC. GEORGINA ARREGUIN ZAVALETA
PROYECTISTA
LIC. MIRIAM RENDON JOSE (INTERINA)
DEFENSOR
LIC. HECTOR A. ARCHER RODRIGUEZ
TELEFONO
200
DEFENSOR
LIC. ANTONIO HERRERA ACOSTA
TELEFONO
01-921-21-8-79-60.- Red. 509
DOMICILIO
COATZACOALCOS SEGUNDO
JUEZ
LIC. GUSTAVO GONZALEZ LAZCANO
SECRETARIO
LIC. CRISTOBAL HERNANDEZ CRUZ
PROYECTISTA
LIC. MA. ALEJANDRA FERRUZCA TAPIA (INTERINA)
TELEFONO
01-921-21-2-03-56.- Red. 510
DOMICILIO
ZARAGOZA No. 711
C.P. 96400
COATZACOALCOS TERCERO
JUEZ
LIC. IGNACIO OCHOA JIMENEZ
SECRETARIO
LIC. BLANCA FLOR RAMON PERALTA
PROYECTISTA
LIC. JULIO ALONSO GOMEZ
DEFENSOR
LIC. GONZALO MIJANGOS MALDONADO
TELEFONO
01-921-21-8-91-64.- Red. 511
DOMICILIO
COATZACOALCOS SEXTO
JUEZ
LIC. JORGE LUIS GUEVARA COUBERT
SECRETARIO
LIC. TOMASA C. RODRIGUEZ CADILLO
PROYECTISTA
LIC. VICTOR FERNANDEZ LUNA
TELEFONO
01-921-21- 3-09-51.- Red. 513
DOMICILIO
ZARAGOZA No. 711 C.P. 96400
COATZACOALCOS PRIMERO MENOR
JUEZ
LIC. EDUARDO JOACHIN HERNANDEZ
SECRETARIO
LIC. ORLANDO VAZQUEZ GARCIA (INTERINO)
197
ORIZABA PRIMERO
JUEZ
LIC. SERGIO ANDRADE AGUILAR
SECRETARIO
LIC. INDRA CRISTINA CABRERA LARA
PROYECTISTA
LIC. CONSUELO YADIRA CABRERA LARA
DEFENSOR
LIC. HUMBERTO OSORIO FLORES
TELEFONO
01-272-72-5-13-08.- Red. 535-536 5-00-36 FAX
DOMICILIO
NORTE 3 No. 146 ALTOS, C.P. 94300
ORIZABA SEGUNDO
JUEZ
LIC. DANIEL DAMASO VAZQUEZ BAUTISTA
SECRETARIO
LIC. MARIA LUISA HERNANDEZ CALDERON
PROYECTISTA
LIC. MARIBEL RODRIGUEZ MATAMOROS
TELEFONO
01-272Red. 537
DOMICILIO
PONIENTE 2 No. 146, C.P. 94300
ORIZABA TERCERO
JUEZ
LIC. MARTHA RAMIREZ TREJO
SECRETARIO
LIC. LUZ MARIA GARCIA PEREZ
DEFENSOR
LIC. HECTOR LOPEZ VILLEGAS
TELEFONO
01-272-72-6-48-48.- Red. 538
DOMICILIO
MADERO No. 155 ALTOS DOS, C.P. 94300
ORIZABA CUARTO
JUEZ
LIC. ADRIAN REYES ACOSTA
SECRETARIO
204
01-288-88-2-04-07.- Red. 521
DOMICILIO
AV. TRIUNFO DE LA REVOLUCION ESQ. RUIZ CORTINES S/N
ANEXO RECLUS. MORELOS.
C.P. 95400
COSAMALOAPAN SEGUNDO
JUEZ
LIC. BENITO VERGARA MORALES
SECRETARIO
LIC. H. JAIME VELASCO HERNANDEZ
PROYECTISTA
LIC. MARIA GUADALUPE BARRADAS HUERVO
TELEFONO
01-288-88-2-34-00.- Red. 522
DOMICILIO
AV. TRIUNFO DE LA REVOLUCION No. 527 ALTOS, C.P. 95400
COSAMALOAPAN CUARTO RESIDENCIA TIERRA BLANCA
JUEZ
LIC. GUMARO GARCIA CONTRERAS
SECRETARIO
LIC. FERMIN MACHADO DORANTES
TELEFONO
01-274-74-3-06-50.- Red. 559
3-35-22 LADAFON
DOMICILIO
INDEPENDENCIA No. 229, C.P. 95100
COSAMALOAPAN MIXTO MENOR
JUEZ
LIC. BEATRIZ COLORADO MORENO
SECRETARIO
LIC. DAVID HERNANDEZ GAMBOA
DEFENSOR
LIC. LUZ ILEANA DOMINGUEZ CORRO
TELEFONO
01-288-88-2-05-00.- Red. 523
2-07-35 M.P. 2-21-12
DOMICILIO
AVENIDA TRIUNFO DE LA REVOLUCION No. 821, C.P. 95400
CHICONTEPEC MIXTO
JUEZ
LIC. JACINTO HERNANDEZ DIAZ
SECRETARIO
LIC. NATIVIDAD PEREZ TORRES
201
DEFENSOR
LIC. ROBERTO CARDENAS LOPEZ
TELEFONO
01-746-89-2-01-72.- Red. 506
DOMICILIO
PRIVADA LOPEZ MATEOS S/N, C.P. 92700
HUATUSCO MIXTO
JUEZ
LIC. RAUL JUAREZ BARCENAS
SECRETARIO
LIC. MARIA GUADALUPE SANCHEZ ROA
PROYECTISTA
LIC. MARIA DOLORES DIAZ SANCHEZ
DEFENSOR
LIC. VICTORIA DEL PILAR BONILLA SALAZAR
TELEFONO
01-273-73-4-04-03.- Red. 524
DOMICILIO
PALACIO MUNICIPAL ALTOS, C.P. 94100
HUAYACOCOTLA MIXTO
JUEZ
LIC. JUANA SAGREDO LUNA
SECRETARIO
LIC. SOFIO SALAS VALDEZ
DEFENSOR
LIC. ANGEL DOMINGUEZ SANTIAGO.
TELEFONO
01-774-75-8-00-96.- Red. 525-526
8-03-01 AGENCIA M.P.
DOMICILIO
CALLE BENITO JUAREZ No. 1 INTERIOR 6, C.P. 92600
JALACINGO MIXTO
JUEZ
LIC. BEATRIZ RIVERA HERNANDEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA DEL ROSARIO ARCE CASTRO
PROYECTISTA
LIC. MONICA SEGOVIA JACOME
DEFENSOR
LIC. MANUEL GONZALEZ NAVA
202
TELEFONO
01-226-31-82112.- Red. 527
8 21 07 FAX
DOMICILIO
CALLE URSULO GALVAN, BAJOS PALACIO MPAL., C.P. 93660
MISANTLA PRIMERO
JUEZ
LIC. LAURENTINO SOSA CAPISTRAN
SECRETARIO
LIC. DOMINGA TRUJILLO TRUJILLO
PROYECTISTA
LIC. DANIA IVETH ARENAS PEREZ
DEFENSOR
LIC. VERÓNICA LARA Y MEZA
TELEFONO
01-235-32-3-11-87.- Red. 532
DOMICILIO
CAMILO GONZALEZ S/N, BAJOS PALACIO MPAL., C.P. 93820
MISANTLA SEGUNDO
JUEZ
LIC. MARICELA ANDRADE BAZ
SECRETARIO
LIC. GABRIEL RUIZ BELTRAN
TELEFONO
01-235-32-3-05-41.- Red. 533-534 3-06-69 FAX
DOMICILIO
MISANTLA CUARTO RESIDENCIA MARTINEZ DE LA TORRE
JUEZ
LIC. ADRIAN DUARTE GONZALEZ
SECRETARIO
LIC. LORENZO CASTILLO ORTIZ
PROYECTISTA
LIC. ALMA PATRICIA ARENAS GRANADILLO
TELEFONO
01-232-32-4-57-77.- Red. 529
DOMICILIO
MELCHOR OCAMPO No. 506 ALTOS, C.P. 93600
203
DEFENSOR
LIC. ROBERTO CARDENAS LOPEZ
TELEFONO
01-746-89-2-01-72.- Red. 506
DOMICILIO
PRIVADA LOPEZ MATEOS S/N, C.P. 92700
HUATUSCO MIXTO
JUEZ
LIC. RAUL JUAREZ BARCENAS
SECRETARIO
LIC. MARIA GUADALUPE SANCHEZ ROA
PROYECTISTA
LIC. MARIA DOLORES DIAZ SANCHEZ
DEFENSOR
LIC. VICTORIA DEL PILAR BONILLA SALAZAR
TELEFONO
01-273-73-4-04-03.- Red. 524
DOMICILIO
PALACIO MUNICIPAL ALTOS, C.P. 94100
HUAYACOCOTLA MIXTO
JUEZ
LIC. JUANA SAGREDO LUNA
SECRETARIO
LIC. SOFIO SALAS VALDEZ
DEFENSOR
LIC. ANGEL DOMINGUEZ SANTIAGO.
TELEFONO
01-774-75-8-00-96.- Red. 525-526
8-03-01 AGENCIA M.P.
DOMICILIO
CALLE BENITO JUAREZ No. 1 INTERIOR 6, C.P. 92600
JALACINGO MIXTO
JUEZ
LIC. BEATRIZ RIVERA HERNANDEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA DEL ROSARIO ARCE CASTRO
PROYECTISTA
LIC. MONICA SEGOVIA JACOME
DEFENSOR
LIC. MANUEL GONZALEZ NAVA
202
TELEFONO
01-226-31-82112.- Red. 527
8 21 07 FAX
DOMICILIO
CALLE URSULO GALVAN, BAJOS PALACIO MPAL., C.P. 93660
MISANTLA PRIMERO
JUEZ
LIC. LAURENTINO SOSA CAPISTRAN
SECRETARIO
LIC. DOMINGA TRUJILLO TRUJILLO
PROYECTISTA
LIC. DANIA IVETH ARENAS PEREZ
DEFENSOR
LIC. VERÓNICA LARA Y MEZA
TELEFONO
01-235-32-3-11-87.- Red. 532
DOMICILIO
MISANTLA SEGUNDO
JUEZ
LIC. MARICELA ANDRADE BAZ
SECRETARIO
LIC. GABRIEL RUIZ BELTRAN
TELEFONO
01-235-32-3-05-41.- Red. 533-534 3-06-69 FAX
DOMICILIO
MISANTLA CUARTO RESIDENCIA MARTINEZ DE LA TORRE
JUEZ
LIC. ADRIAN DUARTE GONZALEZ
SECRETARIO
LIC. LORENZO CASTILLO ORTIZ
PROYECTISTA
LIC. ALMA PATRICIA ARENAS GRANADILLO
TELEFONO
01-232-32-4-57-77.- Red. 529
DOMICILIO
MELCHOR OCAMPO No. 506 ALTOS, C.P. 93600
203
ORIZABA PRIMERO
JUEZ
LIC. SERGIO ANDRADE AGUILAR
SECRETARIO
LIC. INDRA CRISTINA CABRERA LARA
PROYECTISTA
LIC. CONSUELO YADIRA CABRERA LARA
DEFENSOR
LIC. HUMBERTO OSORIO FLORES
TELEFONO
01-272-72-5-13-08.- Red. 535-536 5-00-36 FAX
DOMICILIO
ORIZABA SEGUNDO
JUEZ
LIC. DANIEL DAMASO VAZQUEZ BAUTISTA
SECRETARIO
LIC. MARIA LUISA HERNANDEZ CALDERON
PROYECTISTA
LIC. MARIBEL RODRIGUEZ MATAMOROS
TELEFONO
01-272Red. 537
DOMICILIO
ORIZABA TERCERO
JUEZ
LIC. MARTHA RAMIREZ TREJO
SECRETARIO
LIC. LUZ MARIA GARCIA PEREZ
DEFENSOR
LIC. HECTOR LOPEZ VILLEGAS
TELEFONO
01-272-72-6-48-48.- Red. 538
DOMICILIO
MADERO No. 155 ALTOS DOS, C.P. 94300
ORIZABA CUARTO
JUEZ
LIC. ADRIAN REYES ACOSTA
SECRETARIO
204
01-288-88-2-04-07.- Red. 521
DOMICILIO
AV. TRIUNFO DE LA REVOLUCION ESQ. RUIZ CORTINES S/N
ANEXO RECLUS. MORELOS.
C.P. 95400
COSAMALOAPAN SEGUNDO
JUEZ
LIC. BENITO VERGARA MORALES
SECRETARIO
LIC. H. JAIME VELASCO HERNANDEZ
PROYECTISTA
LIC. MARIA GUADALUPE BARRADAS HUERVO
TELEFONO
01-288-88-2-34-00.- Red. 522
DOMICILIO
AV. TRIUNFO DE LA REVOLUCION No. 527 ALTOS, C.P. 95400
COSAMALOAPAN CUARTO RESIDENCIA TIERRA BLANCA
JUEZ
LIC. GUMARO GARCIA CONTRERAS
SECRETARIO
LIC. FERMIN MACHADO DORANTES
TELEFONO
01-274-74-3-06-50.- Red. 559
3-35-22 LADAFON
DOMICILIO
INDEPENDENCIA No. 229, C.P. 95100
COSAMALOAPAN MIXTO MENOR
JUEZ
LIC. BEATRIZ COLORADO MORENO
SECRETARIO
LIC. DAVID HERNANDEZ GAMBOA
DEFENSOR
LIC. LUZ ILEANA DOMINGUEZ CORRO
TELEFONO
01-288-88-2-05-00.- Red. 523
2-07-35 M.P. 2-21-12
DOMICILIO
AVENIDA TRIUNFO DE LA REVOLUCION No. 821, C.P. 95400
CHICONTEPEC MIXTO
JUEZ
LIC. JACINTO HERNANDEZ DIAZ
SECRETARIO
LIC. NATIVIDAD PEREZ TORRES
201
LIC. VICENTE NIEVES RINCON
PROYECTISTA
LIC. LIDIA ELIAS PRIETO
TELEFONO
01-272-72-5-00-98.- Red. 539
DOMICILIO
PONIENTE 7 No. 86 ALTOS, C.P. 94300
ORIZABA PRIMERO MENOR
JUEZ
LIC. JOSE DE JESUS TORRES KAULITS
SECRETARIO
LIC. AGUSTIN TORRES BELLO
DEFENSOR
LIC. MONICA GONZALEZ CABRERA
TELEFONO
01-272-72-5-02-84.- Red. 540
DOMICILIO
ORIZABA SEGUNDO MENOR
JUEZ
LIC. MARIA EUGENIA EDITH ARRIOLA ORTIZ
SECRETARIO
LIC. MARIO FLANDES ROCHA
TELEFONO
01-272-72-6-47-92.- Red. 541
DOMICILIO
OZULUAMA MIXTO
JUEZ
LIC. MARCELO CAMPOS SCOUGALL
SECRETARIO
LIC. RAFAEL I. GARCIA GOMEZ
DEFENSOR
LIC. MARCO ANTONIO CUERVO CARBALLO.
TELEFONO
01-846-25-7-03-37.- Red. 542
DOMICILIO
CERESO REGIONAL, COL. EL CINCO, C.P. 92080
PANUCO PRIMERO
205
JUEZ
LIC. MARIA GUADALUPE PEREZ GARCIA
SECRETARIO
LIC. TEODORO MONCADA HERNANDEZ
DEFENSOR
LIC. MARIA DEL PILAR VALENCIA MONTERO.
TELEFONO
01-846-26-6-05-65.- Red. 543
DOMICILIO
JUAREZ ESQ. ZARCO S/N,
C.P. 92000
PANUCO SEGUNDO
JUEZ
LIC. RAUL BARRAGAN SILVA
SECRETARIO
LIC. SILVIA CECILIA DE LEON SANGABRIEL
PROYECTISTA
LIC. MIRIAM GUZMAN ORTIZ
TELEFONO
01-846-25-6-00-28.- Red. 544
DOMICILIO
JUAREZ ESQ. OCAMPO ALTOS S/N, C.P. 92000
PANUCO MIXTO MENOR
JUEZ
LIC. SALVADOR USCANGA HUERTA
SECRETARIO
LIC. ROBERTO SAQUI CEJA
DEFENSOR
LIC. OLGA ALICIA TREJO VALDES
TELEFONO
01-846-26-6-29-63.- Red. 545
DOMICILIO
PAPANTLA PRIMERO
JUEZ
LIC. JULIO LUIS BOUZAS GARCIA
SECRETARIO
LIC. JUANA PEREZ DE MUSTAFAT
PROYECTISTA
LIC. NAZARIA CALDERON VALDIVIA
DEFENSOR
LIC. PEDRO JIMENEZ VELAZQUEZ.
TELEFONO
01-784-84-2-01-50.- Red. 546
DOMICILIO
RECLUSORIO REGIONAL, CARRET. A POZA RICA, C.P. 93400
206
PAPANTLA SEGUNDO
JUEZ
LIC. ESTELA VAZQUEZ LARA
SECRETARIO
LIC. VICENTE MARTINEZ ROMERO
PROYECTISTA
LIC. TOMAS RAFAEL SANCHEZ GALVAN
TELEFONO
01-784-84-2-18-39.- Red.547-548 2-01-76 AYUNT. FAX
DOMICILIO
LEANDRO VALLE No. 104 ALTOS, C.P. 93400
PAPANTLA MIXTO MENOR
JUEZ
LIC. ANDREA GARCIA ZAVALETA
SECRETARIO
LIC. JOSE MARCOS GUERRERO REYES
DEFENSOR
LIC. JOSE LUIS SALAZAR ACOSTA
TELEFONO
01-784-84-2-01-50.- Red. 549
DOMICILIO
POZA RICA PRIMERO
JUEZ
LIC. HECTOR ESPINOSA ESPINO
SECRETARIO
LIC. JAVIER DAYARSE MEDINA
PROYECTISTA
LIC. ALMA DELIA ZARAGOZA MARTINEZ
DEFENSOR
LIC. FERNANDO ROJAS CALDERON
TELEFONO
01-782-82-2-06-54.- Red. 550 4-47-56 LADAFON
DOMICILIO
MARIANO ARISTA No. 309, EDIF. LOZANO
PLANTA BAJA COL. TAJIN.
C.P. 93330
POZA RICA SEGUNDO
JUEZ
LIC. GABRIEL RAMIREZ REYES
SECRETARIO
LIC. PERLINA LEILA BOCK SANCHEZ
PROYECTISTA
LIC. FAUSTINO CABAÑAS MIRANDA
TELEFONO
01-782-82-3-69-57.- Red. 551
DOMICILIO
207
JUEZ
LIC. MARIA GUADALUPE PEREZ GARCIA
SECRETARIO
LIC. TEODORO MONCADA HERNANDEZ
DEFENSOR
LIC. MARIA DEL PILAR VALENCIA MONTERO.
TELEFONO
01-846-26-6-05-65.- Red. 543
DOMICILIO
JUAREZ ESQ. ZARCO S/N,
C.P. 92000
PANUCO SEGUNDO
JUEZ
LIC. RAUL BARRAGAN SILVA
SECRETARIO
LIC. SILVIA CECILIA DE LEON SANGABRIEL
PROYECTISTA
LIC. MIRIAM GUZMAN ORTIZ
TELEFONO
01-846-25-6-00-28.- Red. 544
DOMICILIO
PANUCO MIXTO MENOR
JUEZ
LIC. SALVADOR USCANGA HUERTA
SECRETARIO
LIC. ROBERTO SAQUI CEJA
DEFENSOR
LIC. OLGA ALICIA TREJO VALDES
TELEFONO
01-846-26-6-29-63.- Red. 545
DOMICILIO
PAPANTLA PRIMERO
JUEZ
LIC. JULIO LUIS BOUZAS GARCIA
SECRETARIO
LIC. JUANA PEREZ DE MUSTAFAT
PROYECTISTA
LIC. NAZARIA CALDERON VALDIVIA
DEFENSOR
LIC. PEDRO JIMENEZ VELAZQUEZ.
TELEFONO
01-784-84-2-01-50.- Red. 546
DOMICILIO
206
PAPANTLA SEGUNDO
JUEZ
LIC. ESTELA VAZQUEZ LARA
SECRETARIO
LIC. VICENTE MARTINEZ ROMERO
PROYECTISTA
LIC. TOMAS RAFAEL SANCHEZ GALVAN
TELEFONO
01-784-84-2-18-39.- Red.547-548 2-01-76 AYUNT. FAX
DOMICILIO
LEANDRO VALLE No. 104 ALTOS, C.P. 93400
PAPANTLA MIXTO MENOR
JUEZ
LIC. ANDREA GARCIA ZAVALETA
SECRETARIO
LIC. JOSE MARCOS GUERRERO REYES
DEFENSOR
LIC. JOSE LUIS SALAZAR ACOSTA
TELEFONO
01-784-84-2-01-50.- Red. 549
DOMICILIO
POZA RICA PRIMERO
JUEZ
LIC. HECTOR ESPINOSA ESPINO
SECRETARIO
LIC. JAVIER DAYARSE MEDINA
PROYECTISTA
LIC. ALMA DELIA ZARAGOZA MARTINEZ
DEFENSOR
LIC. FERNANDO ROJAS CALDERON
TELEFONO
01-782-82-2-06-54.- Red. 550 4-47-56 LADAFON
DOMICILIO
PLANTA BAJA COL. TAJIN.
C.P. 93330
POZA RICA SEGUNDO
JUEZ
LIC. GABRIEL RAMIREZ REYES
SECRETARIO
LIC. PERLINA LEILA BOCK SANCHEZ
PROYECTISTA
LIC. FAUSTINO CABAÑAS MIRANDA
TELEFONO
01-782-82-3-69-57.- Red. 551
DOMICILIO
207
FORTIN
RELACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL
JUEZ
SECRETARIO
LIC. EDILBURGO GUZMAN GUZMAN
C. GUADALUPE SANCHEZ CASTRO
NARANJAL
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARCIODET LOPEZ MEDINA
C. JUAN PONCE SUAREZ
OMEALCA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. FRANCISCO CERVANTES RICO
C. JULIA MARTINEZ MARIANO
JALTIPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ALFONSO MARQUEZ TORRES
C. NESTOR PACHECO FLORES
PASO DEL MACHO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MONSERRAT DE LA LUZ FRAILE GOMEZ
C. MARIA ZOILA JUAREZ CHARREZ
JESUS CARRANZA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARCELO EMILIO CRISTOBAL
C. LEONOR SAYALA AYALA
TEZONAPA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARCO VINICIO FLORES DE LA LLAVE
C. CONCEPCION TORRES MONTALVO
MECAYAPAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA DE LOURDES GOMEZ CRUZ
C. FELIX CRUZ CASTILLO
TOMATLAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JOSE LUIS VERA RICO
C. MA. CLAUDIA G. TECALCO CUEVAS
OLUTA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. PEDRO GUSTAVO MONTALVO NUÑEZ
C. LUIS EPIGMENIO ALAFITA LEON
YANGA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. GUDELIA MARIN LOPEZ
C. VICENTA HORTENCIA LUNA ROSAS
SAN JUAN EVANGELISTA JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. GRACIELA SANTOS TOLEDO
C. HORTENCIA HERNANDEZ ROSARIO
SAYULA DE ALEMAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JOSE ANTONIO ALEMAN HIDALGO
C. MARCIANA MOLINA SANCHEZ
C O S A M A L O A P A N
A C A Y U C A N
ACULA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JULISSA DE MONSERRAT CRUZ GARCIA
LIC. IDELFONSO MUÑOZ CABAÑAS
SOCONUSCO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ANGEL DAVID PUCHETA PUCHETA
C. YARA VANESSA GONZALEZ GONZALEZ
AMATITLAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA TERESA LOPEZ MOGUEL
C. MA. LETICIA SOSA ROSADO
SOTEAPAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JOSE DE JESUS GONZALEZ DIAZ
C. AMADELIA AQUINO SALAZAR
JOSE AZUETA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. GUILLERMO REYES SANCHEZ
C. ROSA LEANDRA CRUZ RAMIREZ
TATAHUICAPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. DEMETRIO HERNANDEZ BAUTISTA
C. OCTAVIO HERNANDEZ HERNANDEZ
CARLOS A. CARRILLO JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. HAYDE ARCOS GUZMAN
P.D.D. JULIAN JAVIER AGUIRRE ROMERO
TEXISTEPEC
JUEZ
SECRETARIO
LIC. FRANCISCO OLIVO GARCIA
C. MA. DEL CARMEN NATIVIDAD QUINTANA
CHACALTIANGUIS
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ENRIQUE AMARO HERNANDEZ
C. SARA ESTRADA CASTILLO
IXMATLAHUACAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MIRIAM DEL C. CARMONA RUEDA
C. CASIMIRO SANTIAGO ARELLANO
OTATITLAN
JUEZ
SECRETARIO
C. OLGA LIDIA HERRERA AGUILAR
C. MODESTA YOSHIKO OGATA VERA
212
C O A T E P E C
APAZAPAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. LISANDRA VARELA URIBE
C. ROSALIO RUFINO GALAN ROSAS
AYAHUALULCO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ALICIA DOMINGUEZ MENDEZ
C. SOCORRO COLORADO MALDONADO
209
COATEPEC
JUEZ
SECRETARIO
LIC. CLAUDIA J. VAZQUEZ PORTILLA
LIC. GUADALUPE N. SANCHEZ ZAK
MOLOACAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA GUADALUPE ROSILES FRANCO
C. OLGA LIDIA SANTOS CRUZ
COSAUTLAN DE CARVAJAL
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARTHA DIAZ ARMENTA
C. REYNA PALE MORALES
NANCHITAL
JUEZ
SECRETARIO
LIC. FELIPE DE JESUS MORALES JERÓNIMO
C. MANUELA LANDA SAMANO
IXHUACAN DE LOS REYES JUEZ
SECRETARIO
C. GUADALUPE PEDRAZA MELCHOR
C. JOSE MARTIN MARTINEZ PEDRAZA
OTEAPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JUAN LURIA MARTINEZ
C. MARIA LUISA DOMINGUEZ RAMIREZ
JALCOMULCO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. SILVIA DOMINGUEZ SILVESTRE
C. MARIA DE LOURDES MEDINA LOPEZ
PAJAPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. CAMILO GONZALEZ PRIETO
C. JOSAFAT CRUZ MARTINEZ
TEOCELO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. GLORIA MORALES HERNANDEZ
C. MARIA LUISA ALCANTARA VARELA
UXPANAPA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. HECTOR RINCON ZAMORA
XICO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARIA DEL C. CHONTAL AMADOR
C. RUTH VIRGINIA HERNANDEZ HERNÁNDEZ
ZARAGOZA
JUEZ
SECRETARIO
C. ESTEBAN MARTINEZ RAMIREZ
C. DELIA OLGA CUACUA PACHECO
C O R D O B A
C O A T Z A C O A L C O S
AMATLAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ALEJANDRO TRUJILLO REYES
C. NATALIA DE JESUS LUNA
ATOYAC
JUEZ
SECRETARIO
LIC. CUAUHTEMOC YAÑEZ CAMACHO
C. MA. VIRGINIA CORTES GARCIA
VILLA CAMARON-
ADALBERTO TEJEDA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. SOLEDAD TRINIDAD PEREZ
CARRILLO PUERTO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. LUIS ANSELMO HERNANDEZ SANTES
C. BEATRIZ GOMEZ SILVERIO
AGUA DULCE
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. EDUWIGES GONZALEZ VILLANUEVA
C. NORMA MARTINEZ DIAZ
ALLENDE
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JOSE MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ
C. PATRICIA HERNANDEZ RAMIREZ
COSOLEACAQUE
JUEZ
SECRETARIO
LIC. CLISERIO PEREZ GALMICHE
LIC. GABRIELA VILLANUEVA DIAZ
CHINAMECA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARTIN ANDRADE SALAS
C. MARIA CRISTINA NAVA ANTONIO
COETZALA
HIDALGOTITLAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. LAZARO CARDENAS JUAREZ
C. RAMON DOLORES NICANOR
JUEZ
SECRETARIO
C. ANA MARIA ROMAN RODRIGUEZ
C. DELIA SANDRA JIMENEZ GARCIA
CUICHAPA
IXHUATLAN DEL SURESTEJUEZ
P.D.D. FLAVIO SANCHEZ LOPEZ
C. BERNABE MONTESINOS MORENO
SECRETARIO
LIC. ADELA ZEPEDA FERNÁNDEZ
C. IRMA GARCIA CRUZ
JUEZ
SECRETARIO
CUITLAHUAC
LAS CHOAPAS
JUEZ
SECRETARIO
LIC. OSCAR MARTINEZ RIVAS
C. GRACIELA GRAJALES MARTINEZ
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JUANA VERONICA MENDEZ ZARATE
C. MA. SABINA MARTINEZ MARTINEZ
CHOCAMAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ELIZABETH GARCIA LUNA
P.D.D REYNA CAMACHO MORENO
210
211
COATEPEC
JUEZ
SECRETARIO
LIC. CLAUDIA J. VAZQUEZ PORTILLA
LIC. GUADALUPE N. SANCHEZ ZAK
MOLOACAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA GUADALUPE ROSILES FRANCO
C. OLGA LIDIA SANTOS CRUZ
COSAUTLAN DE CARVAJAL
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARTHA DIAZ ARMENTA
C. REYNA PALE MORALES
NANCHITAL
JUEZ
SECRETARIO
LIC. FELIPE DE JESUS MORALES JERÓNIMO
C. MANUELA LANDA SAMANO
IXHUACAN DE LOS REYES JUEZ
SECRETARIO
C. GUADALUPE PEDRAZA MELCHOR
C. JOSE MARTIN MARTINEZ PEDRAZA
OTEAPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JUAN LURIA MARTINEZ
C. MARIA LUISA DOMINGUEZ RAMIREZ
JALCOMULCO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. SILVIA DOMINGUEZ SILVESTRE
C. MARIA DE LOURDES MEDINA LOPEZ
PAJAPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. CAMILO GONZALEZ PRIETO
C. JOSAFAT CRUZ MARTINEZ
TEOCELO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. GLORIA MORALES HERNANDEZ
C. MARIA LUISA ALCANTARA VARELA
UXPANAPA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. HECTOR RINCON ZAMORA
XICO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARIA DEL C. CHONTAL AMADOR
C. RUTH VIRGINIA HERNANDEZ HERNÁNDEZ
ZARAGOZA
JUEZ
SECRETARIO
C. ESTEBAN MARTINEZ RAMIREZ
C. DELIA OLGA CUACUA PACHECO
C O R D O B A
C O A T Z A C O A L C O S
AMATLAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ALEJANDRO TRUJILLO REYES
C. NATALIA DE JESUS LUNA
ATOYAC
JUEZ
SECRETARIO
LIC. CUAUHTEMOC YAÑEZ CAMACHO
C. MA. VIRGINIA CORTES GARCIA
VILLA CAMARON-
ADALBERTO TEJEDA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. SOLEDAD TRINIDAD PEREZ
CARRILLO PUERTO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. LUIS ANSELMO HERNANDEZ SANTES
C. BEATRIZ GOMEZ SILVERIO
AGUA DULCE
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. EDUWIGES GONZALEZ VILLANUEVA
C. NORMA MARTINEZ DIAZ
ALLENDE
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JOSE MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ
C. PATRICIA HERNANDEZ RAMIREZ
COSOLEACAQUE
JUEZ
SECRETARIO
LIC. CLISERIO PEREZ GALMICHE
LIC. GABRIELA VILLANUEVA DIAZ
CHINAMECA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARTIN ANDRADE SALAS
C. MARIA CRISTINA NAVA ANTONIO
COETZALA
HIDALGOTITLAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. LAZARO CARDENAS JUAREZ
C. RAMON DOLORES NICANOR
JUEZ
SECRETARIO
C. ANA MARIA ROMAN RODRIGUEZ
C. DELIA SANDRA JIMENEZ GARCIA
CUICHAPA
IXHUATLAN DEL SURESTEJUEZ
P.D.D. FLAVIO SANCHEZ LOPEZ
C. BERNABE MONTESINOS MORENO
SECRETARIO
LIC. ADELA ZEPEDA FERNÁNDEZ
C. IRMA GARCIA CRUZ
JUEZ
SECRETARIO
CUITLAHUAC
LAS CHOAPAS
JUEZ
SECRETARIO
LIC. OSCAR MARTINEZ RIVAS
C. GRACIELA GRAJALES MARTINEZ
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JUANA VERONICA MENDEZ ZARATE
C. MA. SABINA MARTINEZ MARTINEZ
CHOCAMAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ELIZABETH GARCIA LUNA
P.D.D REYNA CAMACHO MORENO
210
211
FORTIN
RELACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL
JUEZ
SECRETARIO
LIC. EDILBURGO GUZMAN GUZMAN
C. GUADALUPE SANCHEZ CASTRO
NARANJAL
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARCIODET LOPEZ MEDINA
C. JUAN PONCE SUAREZ
OMEALCA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. FRANCISCO CERVANTES RICO
C. JULIA MARTINEZ MARIANO
JALTIPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ALFONSO MARQUEZ TORRES
C. NESTOR PACHECO FLORES
PASO DEL MACHO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MONSERRAT DE LA LUZ FRAILE GOMEZ
C. MARIA ZOILA JUAREZ CHARREZ
JESUS CARRANZA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARCELO EMILIO CRISTOBAL
C. LEONOR SAYALA AYALA
TEZONAPA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARCO VINICIO FLORES DE LA LLAVE
C. CONCEPCION TORRES MONTALVO
MECAYAPAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA DE LOURDES GOMEZ CRUZ
C. FELIX CRUZ CASTILLO
TOMATLAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JOSE LUIS VERA RICO
C. MA. CLAUDIA G. TECALCO CUEVAS
OLUTA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. PEDRO GUSTAVO MONTALVO NUÑEZ
C. LUIS EPIGMENIO ALAFITA LEON
YANGA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. GUDELIA MARIN LOPEZ
C. VICENTA HORTENCIA LUNA ROSAS
SAN JUAN EVANGELISTA JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. GRACIELA SANTOS TOLEDO
C. HORTENCIA HERNANDEZ ROSARIO
SAYULA DE ALEMAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JOSE ANTONIO ALEMAN HIDALGO
C. MARCIANA MOLINA SANCHEZ
C O S A M A L O A P A N
A C A Y U C A N
ACULA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JULISSA DE MONSERRAT CRUZ GARCIA
LIC. IDELFONSO MUÑOZ CABAÑAS
SOCONUSCO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ANGEL DAVID PUCHETA PUCHETA
C. YARA VANESSA GONZALEZ GONZALEZ
AMATITLAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA TERESA LOPEZ MOGUEL
C. MA. LETICIA SOSA ROSADO
SOTEAPAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JOSE DE JESUS GONZALEZ DIAZ
C. AMADELIA AQUINO SALAZAR
JOSE AZUETA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. GUILLERMO REYES SANCHEZ
C. ROSA LEANDRA CRUZ RAMIREZ
TATAHUICAPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. DEMETRIO HERNANDEZ BAUTISTA
C. OCTAVIO HERNANDEZ HERNANDEZ
CARLOS A. CARRILLO JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. HAYDE ARCOS GUZMAN
P.D.D. JULIAN JAVIER AGUIRRE ROMERO
TEXISTEPEC
JUEZ
SECRETARIO
LIC. FRANCISCO OLIVO GARCIA
C. MA. DEL CARMEN NATIVIDAD QUINTANA
CHACALTIANGUIS
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ENRIQUE AMARO HERNANDEZ
C. SARA ESTRADA CASTILLO
IXMATLAHUACAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MIRIAM DEL C. CARMONA RUEDA
C. CASIMIRO SANTIAGO ARELLANO
OTATITLAN
JUEZ
SECRETARIO
C. OLGA LIDIA HERRERA AGUILAR
C. MODESTA YOSHIKO OGATA VERA
212
C O A T E P E C
APAZAPAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. LISANDRA VARELA URIBE
C. ROSALIO RUFINO GALAN ROSAS
AYAHUALULCO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ALICIA DOMINGUEZ MENDEZ
C. SOCORRO COLORADO MALDONADO
209
TENOCHTITLAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. NELLY CANO MARTINEZ
C. BLANCA M. ESPINOZA SANCHEZ
PLAYA VICENTE
RRONA
VEGA DE ALATORRE
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ANGEL AZUA BELLO
LIC. LISBETH LEYVA VALDOVINOS
YECUATLA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ROSA MARIA UTRIA HERNANDEZ
C. ANTONIA MARTINEZ MELGAREJO
O R I Z A B A
JUEZ
LIC. FRANCISCO J. CONTRERAS ESTA-
SECRETARIO
C. ESPERANZA RINCON VALDES
TIERRA BLANCA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ALEJANDRO TEDDY CORDOBA
C. CIRA TEJEDA MUÑOZ
TLACOJALPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. GILBERTO MELENDEZ SÁNCHEZ
C. ABIGAIL SANCHEZ TERAN
TLACOTALPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ODILON ESCOBAR GONZALEZ
C. MARIA DEL CARMEN CRUZ RIVERA
ACULTZINGO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. SANDRA AGUILAR CORONADO
C. MERCEDES REYES SEBASTIAN
TRES VALLES
AQUILA
JUEZ
SECRETARIO
C. PEDRO LIMON MAGDALENO
C. MARIA FUENTES CRUZ
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ARTURO SOTO HERNANDEZ
P.D.D. JUAN GARCIA LOPEZ
TUXTILLA
JUEZ
SECRETARIO
C. ENRIQUE REYES GUZMAN
C. LETICIA SOTO HERNANDEZ
ATZACAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. GABRIELA DE JESUS LUCIANO
C. ABIGAIL CRUZ CALDERON
CIUDAD MENDOZA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. HUGO PABLO CASIANO DOMINGUEZ
C. DARMA E. LOPEZ ROJAS
HUILOAPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ANGEL HERRERA DURAN
C. CLEOTILDE TOTO MELCHI
IXHUATLANCILLO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. AMPARO ORTIZ MENDOZA
C. IRINEO ARIZA VAZQUEZ
IXTACZOQUITLAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARIA DE LOURDES LOYO ALVARADO
P.D.D. ANTONIO LARIOS SANCHEZ
MALTRATA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JUSTINO GONZALEZ GARCIA
C. ALICIA PEREZ SANTOS
MARIANO ESCOBEDO JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. RAUL RAMIREZ TREJO
P.D.D. MARIA ELENA SANCHEZ DIAZ
NOGALES
P.D.D. CRISTINA ORTIZ JIMENEZ
C. ERNESTINA GARAY CIDES
216
JUEZ
SECRETARIO
C H I C O N T E P E C
BENITO JUAREZ
JUEZ
C. SALVADOR MUÑOZ OLIVARES
SECRETARIO
C. CARMEN MORALES ELIAS
CHICONTEPEC
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA GPE. ARGUELLES LOZANO
C. XOCHITL ORTEGA PEREZ
IXHUATLAN DE MADERO JUEZ
SECRETARIO
LIC. ARTURO ANDRADE LOPEZ
C. SARA SANTIAGO MARTINEZ
TLALCHICHILCO
JUEZ
SECRETARIO
C. GILDARDO GUZMAN MONROY
C. OLIVIA ESCALONA GODINEZ
ZONTECOMATLAN
JUEZ
SECRETARIO
C. DONACIANO VILLEGAS DEL VALLE
C. ELDA MA. LARA FUENTES
H U A T U S C O
ALPATLAHUAC
JUEZ
SECRETARIO
C. ANGEL SOLIS LLANOS
C. JOSE SILVIO M. GOMEZ CABRERA
CALCAHUALCO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JUAN MANUEL DELGADO MARTINEZ
213
COMAPA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. HECTOR HERNANDEZ PLIEGO
C. DORA MARIA RIVERA JACOME
COSCOMATEPEC
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. RAFAEL SANCHEZ SALAZAR
C. MARIA ELENA LOPEZ SOLIS
HUATUSCO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. AGILEO GARCIA MUÑOZ
C. SILVIA CARREON CHARREZ
IXHUATLAN DEL CAFÉ JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. SARA REYES CAMARILLO
C. JOSE GUILLERMO SANCHEZ SOLIS
SOCHIAPA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ENEDINO JESUS HERNANDEZ MUÑOZ
C. JOSE PEDRO MELESIO GONZALEZ REYES
TENAMPA
JUEZ
SECRETARIO
C. MELESIO HERNANDEZ DURAN
C. MARIA EUGENIA CADENA MARTINEZ
TEPATLAXCO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. SONIA GISELA DIAZ MARTINEZ
C. MAURO LEZAMA MENDEZ
TLACOTEPEC DE MEJIA JUEZ
SECRETARIO
LIC. ELVIRA IBARRA CUACUA
C. ROSAURA ARENAS FERNANDEZ
TLALTETELA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARCOS HERNANDEZ ORTIZ
C. ANA EUSTOLIA GALVAN HERNÁNDEZ
TOTUTLA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JUAN DE DIOS MUÑOZ TELLEZ
C. DOMINGO NAZARIO LOPEZ LEZAMA
ZENTLA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JUAN ALBERTO CASTELLANOS ANDRADE
C. ELISA MONTERO VENEROSO
H U A Y A C O C O T L A
HUAYACOCOTLA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JUAN BAUTISTA HERNANDEZ
LIC. HECTOR SAN ROMAN ALVAREZ
ILAMATLAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. IGNACIO VERA MONTIEL
P.D.D. LORENA TADEO RAMIREZ
TEXCATEPEC
JUEZ
SECRETARIO
C. GREGORIO ALONSO SANTIAGO
C. JOSE TEODORO MAURICIO
214
ZACUALPAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. TEODORA FERNANDEZ LEYVA
C. MA. LORETO ESCOBAR ISLAS
J A L A C I N G O
ALTOTONGA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ARACELI ACOSTA MACHUCA
P.D.D. JOSE JAVIER SOLIS GARCIA
ATZALAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA DEL CARMEN DE FELIPE HERRERA
C. EDNA AYMEE BOCARANDO SANCHEZ
JALACINGO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JULIA VILLAGOMEZ MARTINEZ
P.D.D. GILBERTO FLORES FERNANDEZ
LAS MINAS
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. PEDRO MARQUEZ GARCIA
C. IMELDA HERRERA GONZALEZ
PEROTE
JUEZ
LIC. MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMIZ
SECRETARIO
LIC. JOSE EDUARDO VAZQUEZ CHAVARRIA
TLAPACOYAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ELIHUT ORTEGA AGUIRRE
P.D.D. DARIO RODOLFO LOPEZ SOLANO
VILLA ALDAMA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. CRISTINA ORTIZ HERNANDEZ
LIC. JESÚS ENRIQUE MONTES HEREDIA
M I S A N T L A
COLIPA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARIA ELENA GARCIA LANDA
C. RAQUEL LETICIA ARROYO DORANTES
JUCHIQUE DE FERRER JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JESUS HERNANDEZ GARCIA
C. HAYDEE AGUIRRE GUTIERREZ
MARTINEZ DE LA TORRE JUEZ
SECRETARIO
LIC. MATIAS RAMOS PEREZ
C. ADELINA MARINA COSME ABURTO
MISANTLA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. GUALBERTO JESUS FLORES ALVAREZ
C. IRMA HERNANDEZ GARCIA
NAUTLA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. LUIS IGNACIO LUNA PAREDES
C. REINA ICELA THOMAS ESTEFAN
215
COMAPA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. HECTOR HERNANDEZ PLIEGO
C. DORA MARIA RIVERA JACOME
COSCOMATEPEC
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. RAFAEL SANCHEZ SALAZAR
C. MARIA ELENA LOPEZ SOLIS
HUATUSCO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. AGILEO GARCIA MUÑOZ
C. SILVIA CARREON CHARREZ
IXHUATLAN DEL CAFÉ JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. SARA REYES CAMARILLO
C. JOSE GUILLERMO SANCHEZ SOLIS
SOCHIAPA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ENEDINO JESUS HERNANDEZ MUÑOZ
C. JOSE PEDRO MELESIO GONZALEZ REYES
TENAMPA
JUEZ
SECRETARIO
C. MELESIO HERNANDEZ DURAN
C. MARIA EUGENIA CADENA MARTINEZ
TEPATLAXCO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. SONIA GISELA DIAZ MARTINEZ
C. MAURO LEZAMA MENDEZ
TLACOTEPEC DE MEJIA JUEZ
SECRETARIO
LIC. ELVIRA IBARRA CUACUA
C. ROSAURA ARENAS FERNANDEZ
TLALTETELA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARCOS HERNANDEZ ORTIZ
C. ANA EUSTOLIA GALVAN HERNÁNDEZ
TOTUTLA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JUAN DE DIOS MUÑOZ TELLEZ
C. DOMINGO NAZARIO LOPEZ LEZAMA
ZENTLA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JUAN ALBERTO CASTELLANOS ANDRADE
C. ELISA MONTERO VENEROSO
H U A Y A C O C O T L A
HUAYACOCOTLA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JUAN BAUTISTA HERNANDEZ
LIC. HECTOR SAN ROMAN ALVAREZ
ILAMATLAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. IGNACIO VERA MONTIEL
P.D.D. LORENA TADEO RAMIREZ
TEXCATEPEC
JUEZ
SECRETARIO
C. GREGORIO ALONSO SANTIAGO
C. JOSE TEODORO MAURICIO
214
ZACUALPAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. TEODORA FERNANDEZ LEYVA
C. MA. LORETO ESCOBAR ISLAS
J A L A C I N G O
ALTOTONGA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ARACELI ACOSTA MACHUCA
P.D.D. JOSE JAVIER SOLIS GARCIA
ATZALAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA DEL CARMEN DE FELIPE HERRERA
C. EDNA AYMEE BOCARANDO SANCHEZ
JALACINGO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JULIA VILLAGOMEZ MARTINEZ
P.D.D. GILBERTO FLORES FERNANDEZ
LAS MINAS
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. PEDRO MARQUEZ GARCIA
C. IMELDA HERRERA GONZALEZ
PEROTE
JUEZ
LIC. MIGUEL ANGEL GOMEZ GAMIZ
SECRETARIO
LIC. JOSE EDUARDO VAZQUEZ CHAVARRIA
TLAPACOYAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ELIHUT ORTEGA AGUIRRE
P.D.D. DARIO RODOLFO LOPEZ SOLANO
VILLA ALDAMA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. CRISTINA ORTIZ HERNANDEZ
LIC. JESÚS ENRIQUE MONTES HEREDIA
M I S A N T L A
COLIPA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARIA ELENA GARCIA LANDA
C. RAQUEL LETICIA ARROYO DORANTES
JUCHIQUE DE FERRER JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JESUS HERNANDEZ GARCIA
C. HAYDEE AGUIRRE GUTIERREZ
MARTINEZ DE LA TORRE JUEZ
SECRETARIO
LIC. MATIAS RAMOS PEREZ
C. ADELINA MARINA COSME ABURTO
MISANTLA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. GUALBERTO JESUS FLORES ALVAREZ
C. IRMA HERNANDEZ GARCIA
NAUTLA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. LUIS IGNACIO LUNA PAREDES
C. REINA ICELA THOMAS ESTEFAN
215
TENOCHTITLAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. NELLY CANO MARTINEZ
C. BLANCA M. ESPINOZA SANCHEZ
PLAYA VICENTE
RRONA
VEGA DE ALATORRE
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ANGEL AZUA BELLO
LIC. LISBETH LEYVA VALDOVINOS
YECUATLA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ROSA MARIA UTRIA HERNANDEZ
C. ANTONIA MARTINEZ MELGAREJO
O R I Z A B A
JUEZ
LIC. FRANCISCO J. CONTRERAS ESTA-
SECRETARIO
C. ESPERANZA RINCON VALDES
TIERRA BLANCA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ALEJANDRO TEDDY CORDOBA
C. CIRA TEJEDA MUÑOZ
TLACOJALPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. GILBERTO MELENDEZ SÁNCHEZ
C. ABIGAIL SANCHEZ TERAN
TLACOTALPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ODILON ESCOBAR GONZALEZ
C. MARIA DEL CARMEN CRUZ RIVERA
ACULTZINGO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. SANDRA AGUILAR CORONADO
C. MERCEDES REYES SEBASTIAN
TRES VALLES
AQUILA
JUEZ
SECRETARIO
C. PEDRO LIMON MAGDALENO
C. MARIA FUENTES CRUZ
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ARTURO SOTO HERNANDEZ
P.D.D. JUAN GARCIA LOPEZ
TUXTILLA
JUEZ
SECRETARIO
C. ENRIQUE REYES GUZMAN
C. LETICIA SOTO HERNANDEZ
ATZACAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. GABRIELA DE JESUS LUCIANO
C. ABIGAIL CRUZ CALDERON
CIUDAD MENDOZA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. HUGO PABLO CASIANO DOMINGUEZ
C. DARMA E. LOPEZ ROJAS
HUILOAPAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ANGEL HERRERA DURAN
C. CLEOTILDE TOTO MELCHI
IXHUATLANCILLO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. AMPARO ORTIZ MENDOZA
C. IRINEO ARIZA VAZQUEZ
IXTACZOQUITLAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARIA DE LOURDES LOYO ALVARADO
P.D.D. ANTONIO LARIOS SANCHEZ
MALTRATA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JUSTINO GONZALEZ GARCIA
C. ALICIA PEREZ SANTOS
MARIANO ESCOBEDO JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. RAUL RAMIREZ TREJO
P.D.D. MARIA ELENA SANCHEZ DIAZ
NOGALES
P.D.D. CRISTINA ORTIZ JIMENEZ
C. ERNESTINA GARAY CIDES
216
JUEZ
SECRETARIO
C H I C O N T E P E C
BENITO JUAREZ
JUEZ
C. SALVADOR MUÑOZ OLIVARES
SECRETARIO
C. CARMEN MORALES ELIAS
CHICONTEPEC
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA GPE. ARGUELLES LOZANO
C. XOCHITL ORTEGA PEREZ
IXHUATLAN DE MADERO JUEZ
SECRETARIO
LIC. ARTURO ANDRADE LOPEZ
C. SARA SANTIAGO MARTINEZ
TLALCHICHILCO
JUEZ
SECRETARIO
C. GILDARDO GUZMAN MONROY
C. OLIVIA ESCALONA GODINEZ
ZONTECOMATLAN
JUEZ
SECRETARIO
C. DONACIANO VILLEGAS DEL VALLE
C. ELDA MA. LARA FUENTES
H U A T U S C O
ALPATLAHUAC
JUEZ
SECRETARIO
C. ANGEL SOLIS LLANOS
C. JOSE SILVIO M. GOMEZ CABRERA
CALCAHUALCO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JUAN MANUEL DELGADO MARTINEZ
213
T A N T O Y U C A
LA PERLA
JUEZ
SECRETARIO
C. CIRIA OCEGUERA GARCIA
C. DELIA FLORES OSORIO
CHALMA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MIGUEL LAZARO NAVARRETE AMARO
C. MARIA TERESA TORRES SANCHEZ
RAFAEL DELGADO
CHICONAMEL JUEZ
SECRETARIO
LIC. HERACLIO ANICETO BAUTISTA ARGUELLES
C. HORACIO HERNÁNDEZ SANCHEZ
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. FABIOLA L. HERNANDEZ TEOBA
LIC. CARLOS ALBERTO DELGADO
RIO BLANCO
CHONTLA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MERCEDES ZUMAYA TENORIO
C. MARTINIANO GRANADOS ARTEAGA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. GUILLERMO ESPINOZA ORIZA
C. YOLANDA CASTILLO CORONA
SAN ANDRES TENEJAPAN JUEZ
IXCATEPEC
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. BULMARO MARTINEZ MELGOZA
C. ESTHER SANTIAGO SANTIAGO
SECRETARIO
C. JUAN MORALES FUENTES
P.D.D. FERNANDO PALACIOS JAIMES
SOLEDAD ATZOMPA
PLATON SANCHEZ
JUEZ
SECRETARIO
LIC. SANTOS MENDEZ MEJIA
C. GUILLERMINA AZUARA MOLAR
JUEZ
SECRETARIO
C. MODESTO AVELINO TERESA
C. BENITO PONCE FLORES
TLILAPAN
TANTOYUCA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. CESAR NUÑEZ SANTES
C. ERNESTINA CRUZ MENDEZ
JUEZ
SECRETARIO
C. HERMINIO CRUZ GARCIA
C. IRENE ROJAS CLEMENTE
TEMPOAL
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. LILIAN RUIZ CASTILLO
C. CONSUELO SANCHEZ HERNANDEZ
T U X P A N
ALAMO TEMAPACHE
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. FERNANDO CANCELA MARTINEZ
P.D.D. MIRNA DEL ANGEL CISNEROS
CERRO AZUL
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JULIAN GONZALEZ PACHECO
C. CAROLINA HERNANDEZ RAMIREZ
TAMIAHUA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. FERNANDO ROJAS MOLINA
LIC. MARISOL CRUZ PEREZ
TEPETZINTLA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARCOS MERCADO CASTAÑEDA
C. ANGELICA MENDIOLA CRISTOBAL
VERACRUZ
ALVARADO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. FROYLAN SOSA JUAREZ
C. HORTENCIA VILLEGAS PALMA (INTERINA)
BOCA DEL RIO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ELIAS RAFAEL MORENO AZAMAR
C. MA. DEL CARMEN COBOS MARTINEZ
220
O Z U L U A M A
CITLALTEPEC
JUEZ
SECRETARIO
LIC. PABLO BAUTISTA DOMINGUEZ
C. PASCUAL MARTINEZ ALEJANDRE
CHINAMPA DE GOROSTIZA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. OLIVERIO HERNANDEZ DE LEON
C. MAURICIO DUVALIER FERRER ISMAEL
AMATLAN-NARANJOS JUEZ
SECRETARIO
LIC. BENITO RAMIREZ CASTELLANOS
C. SONIA HERNANDEZ REYES
TAMALIN
JUEZ
SECRETARIO
C. LEONIDES BURGOS MARTINEZ
C. LERDO DE TEJADA FERRER ISMAEL
TANCOCO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JUAN MANUEL MOLINA ENRIQUEZ
TANTIMA
JUEZ
SECRETARIO
C. CESAR PEREZ HERNANDEZ
C. FRANCISCO LAGOS GONZALEZ
OZULUAMA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ROSALBA BETANCOURT BARRIOS
C. MAXIMINA RIVERA MAR
217
P A N U C O
CD. CUAUHTEMOC
PUEBLO VIEJO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. DIANA MARIA ROCHA CRUZ
C. JUANA GUTIERREZ CONSTANTINO
EL HIGO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ALMA JANELY GUADARRAMA ACOSTA
C. MANUEL CONDE REYES
TAMPICO ALTO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. EDNA JUDITH ROJAS GARCIA
C. OSCAR DELGADO MELLADO
P A P A N T L A
P O Z A
CASTILLO DE TEAYO
JUEZ
SECRETARIO
R I C A
LIC. MATILDE URRUTIA HERNANDEZ
LIC. ANGEL PAUL NAVA DEL CAMPO
CAZONES DE HERRERA JUEZ
SECRETARIO
LIC. SONIA GUERRERO ALEJANDRE
C. SOFIA PEREZ HERNANDEZ
COATZINTLA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. EDNA MENDIOLA GONZALEZ
C. JULIO CESAR CASTAN NORIEGA
TIHUATLAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ADOLFO CORTES VENEROSO
C. NORARDELIA CASADOS OSORIO
PROGRESO-COAHUITLAN JUEZ
SECRETARIO
C. TELESFORO GARCIA HERNANDEZ
C. RINA GRISEL PEREZ ALVAREZ
COXQUIHUI
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JOSE GUADALUPE CRUZ PEREZ
C. MA. DEL CARMEN SALAZAR MORA
ANGEL R. CABADA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ELVIRA GARCIA GARCIA
C. JOSEFA ALVAREZ SANTIAGO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. RICARDO TURRENT TOTO
C. MARIBEL GARCIA COTO
CATEMACO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. GISELA GOMEZ LUNA
C. LUCILA HERNANDEZ SALAZAR
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARCOS SANTIAGO MORALES
P.D.D. MARITOÑA CARRION CAÑAS
HUEYAPAN DE OCAMPO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. LUIS ANSELMO HERNANDEZ SANTÉS
C. SANDRA ALVAREZ GARCIA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. PRIMITIVO GOMEZ GOMEZ
C. JUANA REYES VAZQUEZ
ISLA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. AGAPITO SIMBRON MARTINEZ
C. MANUEL VAZQUEZ JUAREZ
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MAGBIS ABIGAIL CHAVEZ TARACENA
LIC. ADELA VALENCIA BAXIN
JUAN RODRIGUEZ CLARA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. LUISA MORALES ELIAS
C. MA. DE LOS ANGELES CASTILLO SIMBRON
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARTIN GALLEGOS ALVAREZ
C. ANGEL MANUEL URIETA NAVARRETE
LERDO DE TEJADA
JUEZ
SECRETARIO
C. MIGUEL PASCUAL GOMEZ
C. LORENZO GARCIA ARCOS
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ALMA SONIA MAR GOMEZ
P.D.D. CLEOTILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ
SALTABARRANCA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ALFREDO CASTAÑEDA ESCUDERO
C. SERGIO SIMBRON PEREZ
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JOSE RAUL BELDA MARQUEZ
C. NELY BELTRAN DELFIN
SANTIAGO TUXTLA
JUEZ
SECRETARIO
C. GABRIEL ADALBERTO ROMERO CONTRERAS
C. ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. VICTOR VAZQUEZ LOUIS
P.D.D. GLORIA ALICIA HERNÁNDEZ LOZANO
COYUTLA
CHUMATLAN
ESPINAL
FILOMENO MATA
GUTIERREZ ZAMORA
MECATLAN
TECOLUTLA
ZOZOCOLCO
218
S A N
A N D R E S
T U X T L A
219
P A N U C O
CD. CUAUHTEMOC
PUEBLO VIEJO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. DIANA MARIA ROCHA CRUZ
C. JUANA GUTIERREZ CONSTANTINO
EL HIGO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ALMA JANELY GUADARRAMA ACOSTA
C. MANUEL CONDE REYES
TAMPICO ALTO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. EDNA JUDITH ROJAS GARCIA
C. OSCAR DELGADO MELLADO
P A P A N T L A
P O Z A
CASTILLO DE TEAYO
JUEZ
SECRETARIO
R I C A
LIC. MATILDE URRUTIA HERNANDEZ
LIC. ANGEL PAUL NAVA DEL CAMPO
CAZONES DE HERRERA JUEZ
SECRETARIO
LIC. SONIA GUERRERO ALEJANDRE
C. SOFIA PEREZ HERNANDEZ
COATZINTLA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. EDNA MENDIOLA GONZALEZ
C. JULIO CESAR CASTAN NORIEGA
TIHUATLAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ADOLFO CORTES VENEROSO
C. NORARDELIA CASADOS OSORIO
PROGRESO-COAHUITLAN JUEZ
SECRETARIO
C. TELESFORO GARCIA HERNANDEZ
C. RINA GRISEL PEREZ ALVAREZ
COXQUIHUI
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. JOSE GUADALUPE CRUZ PEREZ
C. MA. DEL CARMEN SALAZAR MORA
ANGEL R. CABADA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ELVIRA GARCIA GARCIA
C. JOSEFA ALVAREZ SANTIAGO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. RICARDO TURRENT TOTO
C. MARIBEL GARCIA COTO
CATEMACO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. GISELA GOMEZ LUNA
C. LUCILA HERNANDEZ SALAZAR
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARCOS SANTIAGO MORALES
P.D.D. MARITOÑA CARRION CAÑAS
HUEYAPAN DE OCAMPO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. LUIS ANSELMO HERNANDEZ SANTÉS
C. SANDRA ALVAREZ GARCIA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. PRIMITIVO GOMEZ GOMEZ
C. JUANA REYES VAZQUEZ
ISLA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. AGAPITO SIMBRON MARTINEZ
C. MANUEL VAZQUEZ JUAREZ
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MAGBIS ABIGAIL CHAVEZ TARACENA
LIC. ADELA VALENCIA BAXIN
JUAN RODRIGUEZ CLARA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. LUISA MORALES ELIAS
C. MA. DE LOS ANGELES CASTILLO SIMBRON
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARTIN GALLEGOS ALVAREZ
C. ANGEL MANUEL URIETA NAVARRETE
LERDO DE TEJADA
JUEZ
SECRETARIO
C. MIGUEL PASCUAL GOMEZ
C. LORENZO GARCIA ARCOS
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ALMA SONIA MAR GOMEZ
P.D.D. CLEOTILDE HERNANDEZ RODRIGUEZ
SALTABARRANCA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ALFREDO CASTAÑEDA ESCUDERO
C. SERGIO SIMBRON PEREZ
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JOSE RAUL BELDA MARQUEZ
C. NELY BELTRAN DELFIN
SANTIAGO TUXTLA
JUEZ
SECRETARIO
C. GABRIEL ADALBERTO ROMERO CONTRERAS
C. ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. VICTOR VAZQUEZ LOUIS
P.D.D. GLORIA ALICIA HERNÁNDEZ LOZANO
COYUTLA
CHUMATLAN
ESPINAL
FILOMENO MATA
GUTIERREZ ZAMORA
MECATLAN
TECOLUTLA
ZOZOCOLCO
218
S A N
A N D R E S
T U X T L A
219
T A N T O Y U C A
LA PERLA
JUEZ
SECRETARIO
C. CIRIA OCEGUERA GARCIA
C. DELIA FLORES OSORIO
CHALMA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MIGUEL LAZARO NAVARRETE AMARO
C. MARIA TERESA TORRES SANCHEZ
RAFAEL DELGADO
CHICONAMEL JUEZ
SECRETARIO
LIC. HERACLIO ANICETO BAUTISTA ARGUELLES
C. HORACIO HERNÁNDEZ SANCHEZ
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. FABIOLA L. HERNANDEZ TEOBA
LIC. CARLOS ALBERTO DELGADO
RIO BLANCO
CHONTLA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MERCEDES ZUMAYA TENORIO
C. MARTINIANO GRANADOS ARTEAGA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. GUILLERMO ESPINOZA ORIZA
C. YOLANDA CASTILLO CORONA
SAN ANDRES TENEJAPAN JUEZ
IXCATEPEC
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. BULMARO MARTINEZ MELGOZA
C. ESTHER SANTIAGO SANTIAGO
SECRETARIO
C. JUAN MORALES FUENTES
P.D.D. FERNANDO PALACIOS JAIMES
SOLEDAD ATZOMPA
PLATON SANCHEZ
JUEZ
SECRETARIO
LIC. SANTOS MENDEZ MEJIA
C. GUILLERMINA AZUARA MOLAR
JUEZ
SECRETARIO
C. MODESTO AVELINO TERESA
C. BENITO PONCE FLORES
TLILAPAN
TANTOYUCA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. CESAR NUÑEZ SANTES
C. ERNESTINA CRUZ MENDEZ
JUEZ
SECRETARIO
C. HERMINIO CRUZ GARCIA
C. IRENE ROJAS CLEMENTE
TEMPOAL
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. LILIAN RUIZ CASTILLO
C. CONSUELO SANCHEZ HERNANDEZ
T U X P A N
ALAMO TEMAPACHE
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. FERNANDO CANCELA MARTINEZ
P.D.D. MIRNA DEL ANGEL CISNEROS
CERRO AZUL
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JULIAN GONZALEZ PACHECO
C. CAROLINA HERNANDEZ RAMIREZ
TAMIAHUA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. FERNANDO ROJAS MOLINA
LIC. MARISOL CRUZ PEREZ
TEPETZINTLA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARCOS MERCADO CASTAÑEDA
C. ANGELICA MENDIOLA CRISTOBAL
VERACRUZ
ALVARADO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. FROYLAN SOSA JUAREZ
C. HORTENCIA VILLEGAS PALMA (INTERINA)
BOCA DEL RIO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ELIAS RAFAEL MORENO AZAMAR
C. MA. DEL CARMEN COBOS MARTINEZ
220
O Z U L U A M A
CITLALTEPEC
JUEZ
SECRETARIO
LIC. PABLO BAUTISTA DOMINGUEZ
C. PASCUAL MARTINEZ ALEJANDRE
CHINAMPA DE GOROSTIZA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. OLIVERIO HERNANDEZ DE LEON
C. MAURICIO DUVALIER FERRER ISMAEL
AMATLAN-NARANJOS JUEZ
SECRETARIO
LIC. BENITO RAMIREZ CASTELLANOS
C. SONIA HERNANDEZ REYES
TAMALIN
JUEZ
SECRETARIO
C. LEONIDES BURGOS MARTINEZ
C. LERDO DE TEJADA FERRER ISMAEL
TANCOCO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JUAN MANUEL MOLINA ENRIQUEZ
TANTIMA
JUEZ
SECRETARIO
C. CESAR PEREZ HERNANDEZ
C. FRANCISCO LAGOS GONZALEZ
OZULUAMA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ROSALBA BETANCOURT BARRIOS
C. MAXIMINA RIVERA MAR
217
LA ANTIGUA-CARDEL
JUEZ
LIC. CONCEPCION BENITEZ DE CONTRERAS
SECRETARIO
P.D.D. MARIA R. GPE. HERNANDEZ COLORADO
COTAXTLA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIO LEAL LOPEZ
C. JOSEFA RICARDO RENTERAL
IGNACIO DE LA LLAVE JUEZ
SECRETARIO
LIC. JULIO CABRERA RIANDE
C. NARCISO CRUZ RAMIREZ
JAMAPA
LIC. ALEJO ALVARADO CASTRO
C. ESPERANZA REMEDIOS PINZON LARA
JUEZ
SECRETARIO
MANLIO F. ALTAMIRANO JUEZ
P.D.D. ARTURO ORTEGA GUZMAN
C. HONORINA GALVAN APOLINAR
MEDELLIN DE BRAVO JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARIA BETHZABE FORTUNY ARRONIZ
C. ARACELI PAREDES PEREZ
PASO DE OVEJAS
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARIA ELENA ALFONSO DE LA CRUZ
C. MA. DE LA LUZ MORALES LIBREROS
PUENTE NACIONAL
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ALFONSO HERNANDEZ PEREZ
C. ALVARO JIMENEZ RIVADENEYRA
SOLEDAD DE DOBLADO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARIA LUISA GUEVARA FERNANDEZ
C. RITA LILIANA LISSET VILLA RODRIGUEZ
TLALIXCOYAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. RUBI ROSAS MONTALVO
C. JOSE BENJAMIN USCANGA HERNANDEZ
URSULO GALVAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. HAYDEE HERNÁNDEZ AGUILERA
C. ANGELES PEREZ PERDOMO
SECRETARIO
X A L A P A
ACAJETE
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ROSA MARIA HERNANDEZ GARCIA
C. FLORENCIA NUÑEZ VERA
ACATLAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. GUADALUPE CAMPOS CONTRERAS
C. ANGELICA MARIA MENDOZA HERNANDEZ
ACTOPAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. HORTENCIA ZARATE GERON
C. MARIA LUISA MONTERO ROSSELL
221
C. TERESA TRUJILLO MENDOZA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. OLGA LIDIA VELA MORALES
C. JULIA ROJAS AGUILAR
ALTO LUCERO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ALFONSO VAZQUEZ HERNANDEZ
C. ALI DAVID MARTINEZ
BANDERILLA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JULIO CESAR HIRAM CONTRERAS CABRERA
C. ROCIO GILBON DE JESUS
COACOATZINTLA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ACELA URREA HERNANDEZ
C. MARIA ISABEL PEREA FRANCO
ASTACINGA
CHICONQUIACO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARGARITA GOMEZ LIMA
C. NORMA MORALES VEGA
JUEZ
SECRETARIO
C. FRANCISCO TECPILE MONTALVO
P.D.D. JACINTO MENDOZA HERNANDEZ
ATLAHUILCO
EMILIANO ZAPATA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. IRMA AURORA LOPEZ DOMINGUEZ
P.D.D. MIRNA L. ORDOÑEZ RAMIREZ
JUEZ
SECRETARIO
C. FAUSTO CLISERIO JUAREZ IXMATLAHUA
C. RUBEN TLAXCALA COXCAHUA
LOS REYES
JILOTEPEC
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARGARITA GALICIA LARA
C. ISIDRO LOPEZ VELAZQUEZ
JUEZ
SECRETARIO
C. MELESIO FERIA CHIMALHUA
C. FRANCISCO MARTINEZ XOCHICALE
MAGDALENA
LANDERO Y COSS
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JOSE GARCIA ROMERO
P.D.D. PABLO GARCIA MORALES
JUEZ
SECRETARIO
C. ISIDRO TLECUILE MARTINEZ
C. VALERIANO TZITZIHUA ZACAMECAHUA
MIXTLA DE ALTAMIRANO JUEZ
LAS VIGAS DE RAMIREZ
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. TERESA SALAZAR SANCHEZ
C. LETICIA SALAZAR CORTINA
SECRETARIO
C. J. ROMAN TEODORO TLAXCALTECATL Q.
C. AURELIO POLO CHONCOA HERNANDEZ
TEHUIPANGO
MIAHUATLAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. VALENTIN LOPEZ CRUZ
C. MIRNA XOCHILT DORANTES MAGDALENO
JUEZ
SECRETARIO
C. DOMINGO PANZO TECPILE
C. MAURICIO TEMOXTLE CALIHUA
TEQUILA
NAOLINCO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ARTURO CHRISTFIELD LUGO
C. MARIANA MARTINEZ ARCOS
JUEZ
SECRETARIO
C. LEONARDO TEPIXTLE APALE
C. JUAN TEZOCO ZEPAHUA
TEXHUACAN
RAFAEL LUCIO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA DE LOS D. E. SANCHEZ MUÑOZ
C. LUCILA ALBA RODRIGUEZ
JUEZ
SECRETARIO
C. ALEJANDRO CHONCOA TEPOLE
C. HIGINIO SANCHEZ TEPOLE
TLAQUILPA
SAN ANDRES
TLALNEHUAYOCAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. RAUL ALMANZA ZURITA
LIC. MA. TERESA GALICIA HERNANDEZ
JUEZ
SECRETARIO
C. LUIS COLOHUA TZANAHUA
C. DEMETRIO SANCHEZ TENTZOHUA
XOXOCOTLA
TATATILA
JUEZ
SECRETARIO
C. GONZALO VAZQUEZ LANDA
C. MAGDALENA LOPEZ MARTINEZ
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIO REYES GRACIA
C. BRIGIDO SOSA ZAVALETA
ZONGOLICA
TEPETLAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. CONCEPCION A. AGUILAR CARRILLES
C. MARIA GUADALUPE LUNA MEJIA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. CLAUDIO GERARDO CORDOVA MONTIEL
LIC. JUAN RAMON SOSA MORA
TLACOLULAN
JUEZ
C. GUILLERMO VELASCO SANTIAGO
222
TONAYAN
SECRETARIO
Z O N G O L I C A
223
C. TERESA TRUJILLO MENDOZA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. OLGA LIDIA VELA MORALES
C. JULIA ROJAS AGUILAR
ALTO LUCERO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ALFONSO VAZQUEZ HERNANDEZ
C. ALI DAVID MARTINEZ
BANDERILLA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JULIO CESAR HIRAM CONTRERAS CABRERA
C. ROCIO GILBON DE JESUS
COACOATZINTLA
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. ACELA URREA HERNANDEZ
C. MARIA ISABEL PEREA FRANCO
ASTACINGA
CHICONQUIACO
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. MARGARITA GOMEZ LIMA
C. NORMA MORALES VEGA
JUEZ
SECRETARIO
C. FRANCISCO TECPILE MONTALVO
P.D.D. JACINTO MENDOZA HERNANDEZ
ATLAHUILCO
EMILIANO ZAPATA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. IRMA AURORA LOPEZ DOMINGUEZ
P.D.D. MIRNA L. ORDOÑEZ RAMIREZ
JUEZ
SECRETARIO
C. FAUSTO CLISERIO JUAREZ IXMATLAHUA
C. RUBEN TLAXCALA COXCAHUA
LOS REYES
JILOTEPEC
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARGARITA GALICIA LARA
C. ISIDRO LOPEZ VELAZQUEZ
JUEZ
SECRETARIO
C. MELESIO FERIA CHIMALHUA
C. FRANCISCO MARTINEZ XOCHICALE
MAGDALENA
LANDERO Y COSS
JUEZ
SECRETARIO
LIC. JOSE GARCIA ROMERO
P.D.D. PABLO GARCIA MORALES
JUEZ
SECRETARIO
C. ISIDRO TLECUILE MARTINEZ
C. VALERIANO TZITZIHUA ZACAMECAHUA
MIXTLA DE ALTAMIRANO JUEZ
LAS VIGAS DE RAMIREZ
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. TERESA SALAZAR SANCHEZ
C. LETICIA SALAZAR CORTINA
SECRETARIO
C. J. ROMAN TEODORO TLAXCALTECATL Q.
C. AURELIO POLO CHONCOA HERNANDEZ
TEHUIPANGO
MIAHUATLAN
JUEZ
SECRETARIO
P.D.D. VALENTIN LOPEZ CRUZ
C. MIRNA XOCHILT DORANTES MAGDALENO
JUEZ
SECRETARIO
C. DOMINGO PANZO TECPILE
C. MAURICIO TEMOXTLE CALIHUA
TEQUILA
NAOLINCO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. ARTURO CHRISTFIELD LUGO
C. MARIANA MARTINEZ ARCOS
JUEZ
SECRETARIO
C. LEONARDO TEPIXTLE APALE
C. JUAN TEZOCO ZEPAHUA
TEXHUACAN
RAFAEL LUCIO
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIA DE LOS D. E. SANCHEZ MUÑOZ
C. LUCILA ALBA RODRIGUEZ
JUEZ
SECRETARIO
C. ALEJANDRO CHONCOA TEPOLE
C. HIGINIO SANCHEZ TEPOLE
TLAQUILPA
SAN ANDRES
TLALNEHUAYOCAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. RAUL ALMANZA ZURITA
LIC. MA. TERESA GALICIA HERNANDEZ
JUEZ
SECRETARIO
C. LUIS COLOHUA TZANAHUA
C. DEMETRIO SANCHEZ TENTZOHUA
XOXOCOTLA
TATATILA
JUEZ
SECRETARIO
C. GONZALO VAZQUEZ LANDA
C. MAGDALENA LOPEZ MARTINEZ
JUEZ
SECRETARIO
LIC. MARIO REYES GRACIA
C. BRIGIDO SOSA ZAVALETA
ZONGOLICA
TEPETLAN
JUEZ
SECRETARIO
LIC. CONCEPCION A. AGUILAR CARRILLES
C. MARIA GUADALUPE LUNA MEJIA
JUEZ
SECRETARIO
LIC. CLAUDIO GERARDO CORDOVA MONTIEL
LIC. JUAN RAMON SOSA MORA
TLACOLULAN
JUEZ
C. GUILLERMO VELASCO SANTIAGO
222
TONAYAN
SECRETARIO
Z O N G O L I C A
223

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