25 de Abril de 2016 - Ministerio de Infraestructura

25 de Abril de 2016 - Ministerio de Infraestructura

Lunes, 25 de Abril de 2016
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25 de Abril de 2016
Preocupado por los efectos sociales del ajuste tarifario y la caída de la popularidad del Gobierno en el
conurbano, el presidente Mauricio Macri apura un desembarco con anuncios de obras, mejoras
jubilatorias, asistencia social y reparto de DNI en el primero y en el segundo cordón de la provincia
de Buenos Aires y en todo el norte del país, regiones más castigadas por la pobreza.
"Se pondrán todos los cañones en el conurbano", confiaron a LA NACION fuentes cercanas al ministro
del Interior, Rogelio Frigerio.
Luego de reforzar las políticas sociales y la rebaja del IVA la semana pasada, Macri presentará hoy el
plan de empleo joven o primer empleo. El viernes próximo hará en Tucumán otro anuncio, esta vez
de un plan nacional de agua potable, cloacas y prevención de inundaciones.
La prioridad para el conurbano serán también las redes de agua y las cloacas, además de autopistas,
rutas, redes de Metrobus y pasos bajo nivel. En Formosa, el viernes pasado presentó una planta
potabilizadora.
Según adelantaron a LA NACION en la Casa Rosada, habrá un llamado a licitación por día y uno o dos
anuncios por semana de obras e inversiones. Macri sintió el impacto de las críticas por el ajuste y
quiere aprovechar la salida del default para revertir el mal humor y recrear las expectativas de
desarrollo.
Pero la lentitud de los expedientes de las obras impacienta. Macri y la gobernadora bonaerense, María
Eugenia Vidal, apuraron el miércoles último a los funcionarios nacionales por algunas áreas de gestión
cansina. Se notaron las primeras tensiones entre la Nación y la provincia.
Además, existen viejas rivalidades en el gabinete que demoran la gestión. Frigerio suele enviar
propuestas a los organismos que deben ejecutar obras en el conurbano, que luego no registran
avances.
Aquella exhortación de Vidal a "empujar los expedientes" para "ayudar a quienes más lo necesitan"
fue impersonal y sin un destinatario aparente. Sin embargo, con los días se fue dilucidando que su
obsesión eran las obras, que podrían tardar hasta un año en ejecutarse. ¿Cómo mitigar esa espera?
El propio Macri considera, según sus allegados, que la gestión en los planes sociales es veloz. "La
Anses, al igual que la AFIP, tiene los mejores sistemas de gestión e información, son dos islas",
señalan a su lado. Las obras son el problema.
Desde esta semana se conformarán equipos de distintos ministerios para desembarcar con jornadas
de siete o diez días en los municipios del conurbano más castigados por la pobreza. En Interior
preparan una avanzada con la Anses, el PAMI, Desarrollo Social y el Registro Nacional de las Personas
(Renaper).
La Anses tramitaría nuevos beneficiarios para la Asignación Universal por Hijo (apuntan a 400.000
niños que deberían tenerla y no la tienen), el PAMI buscaría soluciones para los jubilados; Desarrollo
Social haría relevamientos de planes, y el Renaper distribuiría DNI en los barrios de emergencia. Los
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funcionarios de esas áreas estarán en las calles, plazas o estaciones de Merlo, Morón, Tres de Febrero
y otros distritos con carencias sociales.
El plan conjunto con la empresa estatal AySA en el conurbano para extender la red de agua potable
buscaría alcanzar en cuatro años el 100% de cobertura y el 75% de las cloacas. En ocho años se
buscaría completar el 100% de cloacas.
El plan de AySA prevé 200.000 millones de pesos con contratistas privados, pero bajo el doble
comando de Chaín y Frigerio. Macri anunciará el viernes que AySA se expandirá hacia ocho nuevos
municipios del conurbano donde operaba Aguas Bonaerenses. En Presidencia aseguraron a LA
NACION que la prioridad de Macri también es cubrir con agua potable al 100% a nivel nacional.
Por otra parte, quiere avanzar en un plan hídrico para proteger a los pueblos del interior y el
conurbano de las sequías e inundaciones.
En 2016 prevén comenzar la planta potabilizadora de Clorinda, Formosa y otras obras hídricas por
438 millones de pesos; además se iniciarán las de tratamientos de efluentes del conurbano; la red de
agua potable de Charata, Chaco; desagües cloacales en Santiago del Estero; defensas en Paso de la
Patria (Corrientes) y en Entre Ríos, y la canalización del río Carcarañá (Córdoba y Santa Fe).
En la provincia de Buenos Aires se canalizará el río Salado, por 1200 millones de pesos, y se ampliará
el cauce del río Luján para 15 municipios y 2,5 millones de personas.
Además, en el primer trimestre de 2017 arrancarán obras viales en la ruta 3, por licitarse: tramos
San Miguel del Monte-Azul; Coronel Dorrego-Bahía Blanca. En 2018 se hará Azul-Dorrego. En la ruta
5 se hará la autopista en 2017, y a fin de año se finalizará la ruta segura a La Pampa. La ruta 7, ya
iniciada, se terminará en 2018, y las rutas 33 y 205 se iniciarán a principios de 2017. Con ello, Macri
pretende comenzar la etapa de reactivación y recuperar las expectativas para evitar la inestabilidad
social.
25 de Abril de 2016
25 de Abril de 2016
“Coronel Dorrego tiene más del 90% de su población con todos los servicios. Y nuestra idea es
acercarnos al 100% de cobertura con los fondos que nos va a mandar la Provincia”.
Para el intendente dorreguense, Raúl Reyes, la cuestión es bien clara. Siguiendo los lineamientos del
gobierno provincial, que hablan de hacer obras “que no se vean”, se buscará dotar a todo el distrito
con los servicios básicos de agua, cloacas y gas. Para ello, se destinarán los aproximadamente 29
millones de pesos que le corresponden al municipio en obras de infraestructura, en forma exclusiva.
25 de Abril de 2016
El plan de obras se presentará este jueves al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos
bonaerense, Edgardo Cenzón.
“La Provincia, con muy buen criterio, quiere que hagamos obras que no se vean, que no tienen rédito
político, pero que son de suma importancia para la población, como agua, cloacas y gas, y en última
instancia cordón cuneta y asfalto”, señaló el jefe comunal, quien recordó que llegarán otros 13
millones de pesos específicamente para cuestiones vinculadas con la seguridad.
Los fondos provienen del endeudamiento por 10 mil millones de pesos de la Provincia, aprobado por
el Congreso hace unos meses, de los cuales 7 mil millones son para obras de infraestructura en los
135 distritos bonaerenses. Para acceder al dinero, cada municipio tiene que presentar un plan de
obras explicando en qué destinará su parte.
“En nuestro caso, hay mucho para hacer, aunque también somos conscientes de que por algunos
proyectos deberemos esperar un poco más. Por ejemplo, en Oriente y El Perdido se terminaron las
obras de gas en la gestión de (Fabián) Zorzano; y ahora nos toca la etapa de hacer extensiones,
porque muchos ven los beneficios que ha traído la obra y quieren sumarse otros”, dijo.
Esto también implica otras cuestiones, como la ampliación de las plantas de gas licuado, para
dotarlas de una mayor capacidad de almacenaje.
“En El Perdido, por ejemplo, queremos avanzar con la iluminación de algunas calles, desde la ruta 3
hasta el ejido urbano. Hay muchas cosas por hacer”, señaló.
Por otro lado, remarcó que en la cabecera se proyecta una playa de estacionamiento de camiones,
que “permitirá solucionar un problema integral, ya que el transportista tendrá un lugar seguro para
dejar un camión y no lo tenga que traer al radio céntrico”.
En cuanto a las viviendas, remarcó que se sigue avanzando con el programa municipal de
construcción de casas, por el cual están próximos a entregar las últimas diez unidades construidas.
"Incluso, algunos vecinos ya las están usando. Ya llegamos a 38 soluciones habitacionales desde el
municipio, y ya estamos iniciando el proceso de selección de otros diez beneficiarios", ratificó Reyes.
"Mientras tanto, estamos terminando 24 casas del plan Buenos Aires Hogar con 75% de avance de
obra. Una vez que las terminemos, ya tenemos un compromiso del Instituto de la Vivienda para
darnos otro lote de 50", concluyó el jefe comunal dorreguense.
25 de Abril de 2016
La Municipalidad y Provincia aseguran que la crisis sanitaria se terminó “por la meseta”
estadística que redujo los casos pero nadie confirmó las causas de los decesos. Dudas en la
vuelta al colegio
En las dos semanas en que Berazategui pasó a estar en todos los medios nacionales por los casos de
gastroenterocolitis (1.179), se vieron muchos papelones políticos pero aún no se vieron las muestras
de por qué se generó la enfermedad que no distinguió edades y tuvo mayoría de casos en la zona
céntrica del distrito. Para la gente, la incertidumbre sigue vigente, por más que el Comité de Crisis
anunciara el jueves –comunicado de prensa- que ya era hora de ponerle un punto final al brote, con
la referencia de que habían menguado las consultas en los centros hospitalarios. Durante esta
jornada deberían volver a clases. Hechas las limpiezas en los tanques y desinfecciones aunque no en
su toralidad (ver cuadro), increíblemente se sigue recomendando “hervir el agua y dos gotas de
lavandina por litro”, como así también “poner un trapo clorado en las entradas a los hogares y
colegios”. A todo esto, son cada vez más los barrios con la presión baja en la red, mientras la
información fue brindada a medias” (como el video editado del intendente).
Daniel Rodil, del Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA), explicó que “la bacteria
detectada es propia de los efluentes cloacales”. Se espera que el ente que reveló que en 5 muestras
hay presencia de coliformes y que antes había confirmado la baja cloración (permitiendo la
contaminación) declare el estado de emergencia hídrico, a los efectos de realizar las obras
necesarias.
Por su parte, el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Armella, tomó otras muestras de
agua por una denuncia presentada por el doctor Jorge Naddaf contra la Municipalidad de
Berazategui por el sistema de prestación del servicio del agua. Al cierre de la semana la justicia
allanó el Hospital “Evita Pueblo” -pidieron el expediente de la niña fallecida-, y la secretaría de
Obras y Servicios Públicos.
Más “turbulencia”
25 de Abril de 2016
En la última conferencia de prensa “las autoridades del Hospital municipal, funcionarios de segundo
nivel del municipio y de la provincia, dieron información pobre y llena de baches, y los que hablaron
desconocían cual era la situación en municipios vecinos, aduciendo que los estudios de agua dieron
bien aunque llamaron a hervir y clorar para su uso”, recuerdan desde el Foro de Defensa del Río de
La Plata, quienes no descartan ninguna hipótesis de la contaminación y reclaman las autopsias.
El intendente Juan Patricio Mussi también está siendo maniatado por otros sectores. El
excandidato a intendente radical Gustavo González apuntó que “es la primera vez en mi vida que el
titular del Ejecutivo dice en un comunicado oficial que el papá no lo deja hablar, ¿por quién estamos
gobernados por un niño? Un estudio de 2015 que demuestra que el agua de Berazategui no era
potable”.
Otros apuntan que los análisis del Comité fueron hechos después de la clarificación del agua, “por
eso no encontraron el bicho que generó la diarrea”. El Concejo Deliberante mantuvo un llamativo
silencio, pero las voces que no se pueden acallar son las de dos familias que esperan conocer las
causas de la descompostura que terminaron con dos vidas.
Carta abierta desde un colegio
El Politécnico, un establecimiento educativo berazateguense, arrancará la semana con reunión de
padres, debido a la negada epidemia de gastroenterocolitis. Una carta enviada a Hoy da cuenta de la
preocupación de 1.700 familias que allí estudian y 550 docentes y no docentes. “La desidia se va
apoderando del colegio y ninguno de los problemas sanitarios se resuelve. Techos flamantes que no
resolvieron los problemas de las filtraciones en el Taller. Clases de educación física que comenzaron a
medias por corte de pasto al 50%; baños de varones resplandecientes cuyas canillas no proveen
agua, y por si fuera poco, tres robos dentro del predio en la última semana. La gota que rebalsó el
vaso, el Comité de Crisis recomendando “higienizar, desinfectar y limpiar el tanque de agua”, sin
cumplir aquí en su totalidad. Quienes deben velar por la salud, lo hagan. La salud de nuestros hijos
está primero. Sin salud no hay educación, y sin educación no hay país posible”.
25 de Abril de 2016
Alrededor de 40.000 afectados y pérdidas millonarias en infraestructura y producción agropecuaria
son el nuevo saldo de las inundaciones en el Litoral, mientras el Servicio Meteorológico pronostica
más lluvias para hoy. “Contabilizamos 40.000 afectados”, dijo el ministro del Interior Rogelio Frigerio
en rueda de prensa junto a su par de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y a los gobernadores de Santa
Fe, Chaco, Corrientes y Entre Ríos. Buryaile precisó que el sector agrario perdió “entre 3,5 y 3,8
millones de toneladas” de su cosecha, principalmente de soja, por lo que estimó pérdidas por “1.000
millones de dólares”.
“Es la primera vez en varias décadas que las inundaciones abarcan toda la superficie de Santa Fe
luego de 20 días de lluvias incesantes”, dijo Miguel Lifschitz, gobernador de esa provincia.
La fauna migró para escapar
En Córdoba, ya son más de 400.000 las hectáreas que están bajo el agua. Escapando de las
inundaciones, gran parte de la fauna de la provincia migró a los lugares altos. La información se
desprende de las tareas de monitoreo, enfocadas en esta primera etapa en las especies de interés
para la caza como es el caso de las liebres, perdices y patos, entre otros.
Durante las tareas se registran datos acerca del estado de sus ambientes de distribución,
relacionados con la influencia de los fenómenos meteorológicos que afectaron y afectan a la
provincia.
En esta primera etapa se recorrieron áreas de los departamentos General Roca y Roque Sáenz Peña,
en el sur provincial, gran parte de ellas anegadas por las últimas lluvias.
Por su parte, el área técnica de fauna se encuentra analizando los datos recogidos, para recomendar
propuestas en las áreas permitidas y vedadas y respectivos los cupos de caza.
25 de Abril de 2016
Agencia Carhué / [email protected]
El ministerio de Infraestructura bonaerense anunció que se encuentra en marcha la licitación de la
primera etapa de la repavimentación de la ruta provincial 60, una de las obras más reclamadas por
los habitantes de Adolfo Alsina y la zona de influencia.
El anuncio lo efectuó el subsecretario provincial de Infraestructura, Lisandro Greco, durante su
reciente visita a la ciudad de Carhué. Según adelantó, el objetivo de su cartera es abrir los sobres de
las empresas interesadas en realizar los trabajos alrededor del 20 de mayo. De esta forma, las obras
podrían estar en marcha en octubre próximo.
Si bien no se brindaron detalles, la obra tiene un costo que supera ampliamente los 200 millones de
pesos.
Por ello, su realización está contemplada en tres etapas: la que comenzará este año, que abarca el
tramo que va desde Rolón (provincia de La Pampa) hasta Tres Lagunas, en el distrito de Adolfo
25 de Abril de 2016
Alsina; una segunda, que corresponderá al tramo Tres Lagunas-Carhué; y, por último, la que
contemplará el segmento carretero que va desde Carhué hasta el cruce con la ruta nacional 33.
El trayecto de la primera etapa de obra -comprendido entre los kilómetros 615 y 645- es el que en
peor estado se encuentra. De hecho, hoy es prácticamente intransitable debido al deplorable estado
de un asfalto que se encuentra agrietado, emparchado, bacheado y rebacheado, sin demarcación
horizontal ni cartelería en buen estado. Allí, en los últimos años perdieron la vida 25 personas y
salieron heridas más de 90.
Para los habitantes del distrito y localidades vecinas el anuncio de la licitación es una de las noticias
más esperadas. También lo es para el intendente de Adolfo Alsina, David Hirtz.
“Este anuncio es de suma importancia para la región, para la Provincia y para todos los que tienen
que transitar desde Capital Federal hasta el valle de Río Negro, hasta Bariloche o al sur del país”,
sostuvo.
“Para nosotros y los habitantes del distrito, además, es la posibilidad de recuperar el transporte
público de pasajeros que hemos perdido por el mal estado de la ruta; de recuperar el turismo perdido
de la provincia de La Pampa; y de recobrar el transporte de carga que pasaba por nuestra región y
que tuvo que desviar su camino. El anuncio de esta obra es invalorable”, enfatizó.
25 de Abril de 2016
El municipio de Tornquist puso en funcionamiento del denominado presupuesto participativo, por el
cual se distribuirá 1.780.000 pesos en ocho localidades del distrito.
El programa captará proyectos que podrán ser elaborados por instituciones, grupos de vecinos o
ciudadanos (mayores de 16 años), los cuales serán presentados a la comunidad y sometido a
votación. Los proyectos contarán con el análisis y el acompañamiento de las distintas áreas
municipales que las requieran.
“Los vecinos van a poder participar activamente de este presupuesto y proponer ideas. El dinero se
va a distribuir de la siguiente manera: Tornquist, 400 mil pesos; Sierra de la Ventana y Saldungaray,
300 mil; Villa Ventana, 250 mil; Villa Serrana La Gruta y Chasicó 100 mil; Tres Picos, 80 mil y
Pelicurá 50 mil”, detalló el responsable de la Agencia de Desarrollo, Gonzalo Iparraguirre.
“En el caso de Tornquist, Sierra de la Ventana y Saldungaray, se va a poder elegir un proyecto más,
con montos serán de 100 mil para la cabecera y de 50 mil para cada una de las restantes”, aclaró.
25 de Abril de 2016
El presidente del bloque del Frente Renovador, Lucas Fiorini, confirmó que mediante un trabajo
conjunto efectuado con la diputada Liliana Scwindt, y por intermedio de la mencionada legisladora
que preside la Comisión de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, se formuló una presentación ante el Ministerio de Energía de la
Nación, a cargo de Juan José Aranguren.
En ella requirieron la equiparación del cuadro tarifario aplicado para la zona patagónica, a los
usuarios radicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, entre las que se incluyen
Tandil, Olavarría, Azul, Balcarce, Necochea, Mar del Plata, Villa Gesell y el Partido de la Costa, que
padecen bajísimas temperaturas durante los períodos de invierno.
El edil reiteró que si bien el Frente Renovador acompañó toda iniciativa contra un aumento
desmedido y abusivo para la comunidad marplatense, “siempre dejamos en claro nuestra postura en
el sentido que un amparo no era un instrumento suficiente para resolver la cuestión de fondo”. Fiorini
resaltó que “la resolución del juez federal Alfredo López rechazando la acción de amparo interpuesta
por algunos vecinos de nuestra ciudad, en la que el magistrado resolvió que esta cuestión debe ser
planteada administrativamente, corrobora nuestra preocupación de centrar el esfuerzo en la
recategorización, que no envalentona a las empresas ante eventuales reveses judiciales sino que
discute y soluciona en serio e integralmente el problema suscitado”.
“Por eso -añadió- presentamos a través de nuestros legisladores nacionales la recategorización, para
que nos equiparen a la Patagonia y no como ahora a la ciudad de Buenos Aires. Ahora vemos que al
fin el planteo empieza a concentrarse por este lado. Bienvenido sea, estamos a disposición para
acompañar en conjunto, junto a autoridades y organizaciones de la sociedad civil, esta manera de
encarar la corrección de las tarifas de gas que se vienen”.
“El intendente -afirmó Fiorini- debería estar al frente. Algo dijo al respecto hace un par de días. Debe
pasar a la acción y puede contar con nosotros para que lo acompañemos para darle fuerza a este
planteo que es una causa común de todos los marplatenses”.
Asimismo agregó que “si nuestra zona es recategorizada se permitirá una actualización de las tarifas
pero acorde a lo que un consumo promedio puede abonar, y cuyos parámetros sean justos,
razonables y progresivos, con tarifas que se enmarquen en esos tres principios”. Puntualmente Lucas
Fiorini insistió en subrayar que “en primer lugar no es justo que nos apliquen la misma categorización
que Capital o el norte argentino, sencillamente porque lo que allí es un uso suntuoso del gas acá es
consumo normal debido al mayor frío que sufrimos; tampoco es razonable que se pretenda paralizar
arbitrariamente una actualización lógica, sin la cual nuestra ciudad sufre la ausencia de inversiones
en este campo por seguir teniendo tarifas del ’99. Sin inversiones no hay nuevo gasoducto ni
ampliación del suministro a nuestra ciudad, lo cual paraliza la construcción y la instalación de nuevas
empresas, que es lo que nos pasa hoy, lo cual tampoco sirve al conjunto de la comunidad, que no
puede desarrollarse ni generar nuevas fuentes de trabajo. Pero todo cuadro tarifario debe ser
progresivo en su implementación, entender la realidad socioeconómica de la mayoría de la gente y
respetar nuestra realidad geográfica particular”. Para finalizar, Lucas Fiorini remarcó que “hoy el
oficialismo tiene la solución en sus manos, siempre que no se cierre y se deja acompañar, siendo el
principal responsable del caos social en el que pueda derivar la aplicación de tarifas brutalmente
excesivas, cuando desde una oposición constructiva nos hemos puesto a disposición y le hemos
brindado herramientas para adoptar una resolución justa y equitativa”.
25 de Abril de 2016
mergencias.
25 de Abril de 2016
Hace dos años Patricio trabajaba en una empresa vinculada a la instalación de Centrales
Termoeléctricas. Su sueldo, dice, era “un buen sueldo” aunque ese trabajo lo obligaba a viajar por
todo el país. Por esto último es que se entusiasmó cuando le presentaron la posibilidad de trabajar en
la moderna terminal de contenedores que construían a pocas cuadras de su casa y donde, le habían
dicho, podría hasta triplicar ese “buen sueldo”. Hoy Patricio es uno de los 140 trabajadores que
penden del hilo cada vez más delgado que es la realidad de Tec Plata. Esa terminal que decían que le
iba a cambiar la vida a Berisso y de la que se contaban una y mil historias de prosperidad como que
“iba a operar durante las 24 horas y entonces todos iban a poder hacer las horas extras que
quisieran, hasta ganar más de $ 90.000 por mes”.
SIGUE LA CONCILIACION
En las últimas horas el ministerio de Trabajo de la Provincia decidió extender por cinco días hábiles la
conciliación obligatoria dictada a principios de este mes. Es, apenas, una semana más de “vida”
mientras la cura se demora en llegar y todo indica que la ayuda no llega.
Aun cuando los trabajadores le reconocen al flamante intendente berissense, el radical en Cambiemos
Jorge Nedela, haber estado con ellos “al pie del cañón” cuando estalló la crisis, hoy desde la comuna
no tienen mucho para decir y la preocupación crece. Es que la crisis de Tec Plata es un golpe muy
duro para la economía de Berisso y así lo entiende Nedela, que, señalan en su entorno, “no ha
abandonado las gestiones ante el gobierno provincial en busca de ayuda”. Pero hasta ahora muy bien
no le ha ido. Desde el municipio sostienen que el tema forma parte de la agenda del jefe comunal en
sus encuentros con autoridades provinciales. Pero en off the récord hay fuentes que sostienen que
25 de Abril de 2016
desde hace varios días, a medida que avanza el final de la conciliación obligatoria, los teléfonos
dejaron de sonar y de atender.
RESPUESTAS POLÍTICAS
En el plano político, en tanto, la crisis de Tec Plata logró hasta ahora unir voluntades en el Concejo
Deliberante donde todos los bloques acompañaron un pronunciamiento del arco peronista para que el
Consorcio que administra el Puerto La Plata resigne el cánon que recibe de parte de la inactiva
terminal de contenedores en concepto de uso de la tierra y destine esos fondos a financiar a los
trabajadores despedidos.
Pero desde la administración del Puerto tampoco han dado señales: “La empresa ha tenido buena
predispoción en el ministerio de Trabajo, pero hasta ahora no pudimos lograr que se sienten el
Ministerio de Producción y el Consorcio Puerto La Plata. Mandaron gente a escuchar, pero nada más”,
se indicó desde el cuerpo de delegados del gremio de los guincheros.
Según han señalado, el Puerto ni siquiera contestó los pedidos de información sobre cuánto recibe de
Tec Plata y si ese dinero alcanzaría para el fin propuesto. En ese sentido se indicó que el empleado
mejor remunerado en TecPlata -categoría A- percibe 13.200 pesos de bolsillo con lo que -de acuerdo
a la propuesta del Concejo Deliberante berissense- el Puerto debería aportar unos dos millones de
pesos mensuales, solamente para pagar salarios, sin contar cargas sociales.
“El año pasado y este año mandamos cartas al Ministerio de Producción y a Gobernación y nos
derivaron a Producción pero la persona con la que debíamos tener contacto está de licencia, así que
no hemos podido llegar”, contó el delegado Patricio Ivelli quien informó además que “estamos
llegando a diputados y senadores y se dice que se va a formar una comisión bicameral para tratar el
tema de los despidos”.
Dos años después de aquel tiempo de ilusiones, sostenidas por los dichos de diferentes actores
políticos y por tres actos de inauguración con cientos de sándwiches de miga para otros muchos
invitados, la realidad es otra. Es desoladora. Y Patricio la resume en una amarga reflexión: “Yo no
puedo ir ahora a tocar el timbre a la empresa de la que me fui para venir a Tec Plata”.
25 de Abril de 2016
Otra semana con el servicio de justicia casi paralizado. El gobierno insiste con otorgar un aumento
salarial del 16,7%. El máximo tribunal de la Provincia molesto por la demora en terminar con las
negociaciones
La falta de respuesta del gobierno de María Eugenia Vidal al reclamo de un aumento salarial acorde a
la inflación para los empleados judiciales provoca que el servicio de justicia en la Provincia se
paralice.
Desde el sindicato del sector anunciaron que iniciarán pasado mañana un nuevo paro de tres
jornadas y el jueves realizarán una movilización a La Plata para protestar por el estancamiento en las
negociaciones salariales.
Incluso, fuentes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense admitieron que dentro del máximo
tribunal existe una fuerte "malestar" por la demora en terminar con el conflicto.
La continuidad de la medida de fuerza fue resuelta por las asambleas que se concretaron el viernes
en los 18 departamentos judiciales de la Provincia, en las que no sólo participaron empleados sino
también jueces, fiscales y secretarios.
La magnitud de la medida de fuerza demuestra el malestar que existe en el Poder Judicial por la
oferta insuficiente concretada por la administración de María Eugenia Vidal.
Por ahora, solo está previsto un encuentro del gobierno bonaerense con el Colegio de Magistrados y
Funcionarios de la provincia para el miércoles próximo, que ya fue postergado en dos oportunidades.
En tanto, desde el Gobierno bonaerense las versiones que circulan es la posibilidad de otorgar por
decreto el aumento del 16,7% anunciado para el primer semestre y luego retomar las negociaciones
a partir de julio.
25 de Abril de 2016
Mensaje que no deja dudas
"Con esta medida de 72 horas le estamos diciendo al Ejecutivo provincial que tiene en sus manos
resolver un conflicto que va en camino de la paralización total del Poder Judicial", expresó Pablo
Abramovich, secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
El gremialista sostuvo que "los judiciales estamos más fuertes que nunca para sostener el conflicto el
tiempo que sea necesario, porque la alternativa que nos presenta la propuesta del Estado es
consentir que nos quiten una parte importante de nuestro salario".
25 de Abril de 2016
25 de Abril de 2016
A lo largo de 2015, en las cárceles, comisarías y otros lugares de detención de la Provincia se
relevaron 887 casos de torturas o tratos crueles o degradantes, de los cuales 23 por ciento tuvieron
como víctimas a menores de edad. La enorme mayoría de las denuncias, apuntan a personal de la
Policía Bonaerense o del Servicio Penitenciario.
Los datos surgen de los tres informes cuatrimestrales de 2015 de la Defensoría de Casación de la
Provincia, un organismo comenzó a difundir las recopilaciones de denuncias de torturas en el año
2000 y desde entonces lleva registrados un total acumulado de 11.081 casos en las 18
departamentales judiciales bonaerenses.
El último de los informes, correspondiente al período que va del primero de septiembre al 31 de
diciembre del año pasado, fue presentado la semana pasada por el titular de la Defensoría, Mario
Coriolano. Allí se consigna información sobre 318 hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos
o degradantes, relevados por integrantes de la Defensa Pública Provincial. En el primer cuatrimestre,
los casos habían sido 265. En el segundo, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, se relevaron 304
denuncias. De esos 887 casos anuales, 209, un 23 por ciento, tuvieron como víctimas a chicos y
chicas menores de 18 años.
ABUSOS
Entre septiembre y diciembre, hubo tanto para cárceles como comisarías 318 hechos de tortura y
tratos crueles denunciados. Las víctimas denunciaron abusos a manos de policías y de personal del
Servicio Penitenciario, cuya jefa en ese entonces, Florencia Piermarini, fue desplazada por la
gobernadora María Eugenia Vidal a pocas semanas de asumir, a fines del período comprendido por el
último informe de Casación.
En este período, las Defensas de los departamentos judiciales de Morón (67 casos), Lomas de
Zamora (55 casos), San Nicolás (33 casos), Bahía Blanca (30 casos), Zárate-Campana (23 casos),
Mar del Plata (22 casos) y La Matanza (20 casos), fueron las que más hechos relevaron (ver Gráfico
1). Según los registros, 157 casos fueron puestos en conocimiento de otro funcionario judicial
además del defensor: 75 fueron comunicados a un fiscal y 71 a un juez.
Por el contrario, en 161 casos las víctimas solicitaron a su Defensa mantener en reserva lo sufrido,
manifestando que preferían omitir toda denuncia formal para evitar problemas con los agentes
penitenciarios de la unidad penal donde se encontraban detenidos (o en otras donde podían ser
trasladados), o con los policías que lo detuvieron
En 166 casos (52%), las víctimas denunciaron haber sufrido torturas o tratos inhumanos a manos de
personal de la Policía Bonaerense; mientras que en 145 casos (46 %), los responsables habrían sido
personal del Servicio Penitenciario provincial. Los siete casos restantes habrían tenido por autores a
la Gendarmería Nacional, al Servicio Penitenciario Federal, a la Policía Federal y a la Policía
Metropolitana.
25 de Abril de 2016
25 de Abril de 2016
Mauricio Macri ignoró las alertas de sus espadas políticas y, vía Marcos Peña, avisó que pretende
que en las elecciones 2017 en todo el país se use boleta electrónica. El sistema, que se usa en varias
provincias, fue objetado desde el propio PRO porque podría resultar, en cierto contexto, beneficioso
para la oposición. Se analizó, incluso, la alternativa de impulsar una primera etapa para las ciudades
que tengan menos de 100 mil electores, lo que equivalía a aplicar el tecnovoto en un 70% del padrón
nacional.
Pero la semana pasada, durante una reunión de Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el
secretario de Asuntos Político y Electorales, Adrián Pérez, los ministros de Gobierno porteño y
bonaerense, Bruno Screnzi y Federico Salvai, y, entre otros, el apoderado del PRO José
Torello se notificó la decisión de Macri de avanzar con un proyecto que apunte a instrumentar la
boleta
electrónica
en
el
100%
del
país.
Aunque hace a la instancia de la implementación, el Gobierno decidió apurar la reforma y, luego de
los últimos retoques al borrador cuya redacción operativa lleva Cristina Girotti -funcionaria que
trabajó con el voto electrónico en Capital-, el proyecto se enviará al Congreso a mediados de mayo.
El
plan
generó
sacudones
dentro
y
fuera
del
PRO.
• En el macrismo se discutió si la instrumentación de la boleta electrónica no podría
volverse una medida que beneficie a un opositor, en particular a Sergio Massa, hoy uno de
los candidatos con mayor conocimiento de los espacios en carrera, el que parece presentar
mayor debilidad territorial. El tecnovoto puede, a priori, beneficiar a las figuras mediáticas
aunque no tengan estructura en los distritos que le "cuiden" la boleta y le hagan campaña
local.
• El análisis, en los despachos PRO, se mezcla con la expectativa electoral para 2017, en particular
en la provincia de Buenos Aires, donde los precandidatos que pone en la cancha el oficialismo (Jorge
Macri, Esteban Bullrich y Carolina Stanley) se perfilan menos taquilleros que opositores como Massa,
Daniel Scioli, Florencio Randazzo o Cristina de Kirchner. Ocurre, inclusive, ante una eventual interna:
Elisa Carrió, que quiere ser senadora por Buenos Aires, puede cotizar mejor que las ofertas PRO
puras. "El sistema es bueno, pero ¿lo vamos a instrumentar aunque no nos convenga
electoralmente?", se preguntan en Cambiemos. Macri pareció saldar esa discusión cuando avisó que
quiere cumplir con la promesa de campaña de que haya boleta electrónica en 2017.
• El planteo de hacerlo "por etapas" tuvo el respaldo de las compañías del sector
informático que podrían ingresar en el mercado. Hasta ahora, la más activa fue Magic
Software Argentina (MSA), de Sergio Angelini, a quien atribuyen vínculos con Nicolás
Caputo. Ante esa tormenta, se habló de subdividir el país en regiones para que empresas
distintas se hagan cargo de las urnas. Con los primeros movimientos ya aparecieron firmas
interesadas, una asentada en la Patagonia y otra que se ofrece como enlace para traer el
software
brasileño.
• Dentro de Cambiemos hay objeciones formales porque el voto electrónico anima la idea de la
25 de Abril de 2016
democracia de candidatos más que de partidos, por lo cual para la UCR podría resultar negativo ya
que mantiene cierto despliegue en el territorio pero suele carecer de candidatos. Sobre Ernesto Sanz,
el radical de mejor llegada a Macri, caen este tipo de reclamos que debe, además, tratar de encontrar
un punto de unión entre gobernadores, legisladores e intendentes radicales para darle operatividad y
juego
político
al
partido.
• El tecnovoto será el tema más picante de la primera etapa de la reforma, aunque en
público no hay sectores que se animen a oponerse aunque surjan objeciones sobre el
riesgo de "hackeo" y se discuta la vulnerabilidad de los sistemas. En el mismo proyecto
que Macri enviará en mayo se incluirán otros capítulos, como la obligatoriedad del debate
presidencial y una serie de retoques en la normativa electoral para impedir las
"colectoras", también llamadas "adhesiones", y las candidaturas múltiples, como las que
usó, por ejemplo, Gerardo Morales en Jujuy cuando fue "colgado" de varios candidatos
presidenciales.
25 de Abril de 2016
El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará conseguir a partir de mayo un mayor ritmo de
aprobación de leyes, con la sanción de iniciativas relacionadas a la justicia, a cuestiones sociales y a
la reforma política, entre otras.
Transcurridos los dos primeros meses del período ordinario de sesiones, en los que la Cámara
baja sólo aprobó el acuerdo de pago a los fondos buitre y dio el aval a los primeros DNUs de
Mauricio Macri, la idea de los integrantes de Cambiemos en Diputados es darle más continuidad a la
aprobación de leyes.
Por lo pronto, la última semana de abril encontrará a la Cámara abocada a recibir el informe del jefe
de Gabinete, Marcos Peña, que con su presencia comenzará a cumplir con su obligación de asistir
mensualmente Congreso.
Para mayo, el borrador que manejan en los bloques PRO, UCR y Coalición Cívica, incluye la
aprobación de la Ley de Acceso a la Información, en la sesión prevista para el miércoles 4.
Una semana después, o a más tardar el miércoles 18, estarían llegando al recinto el proyecto sobre
delitos en flagrancia y el que crea la figura del arrepentido, la entrega vigilada y el agente
encubierto.
Según confiaron fuentes del interbloque Cambiemos, el proyecto sobre reintegro del IVA para los
productos de la canasta básica de alimentos, recién sería aprobado en la segunda quincena de
25 de Abril de 2016
mayo debido a que la oposición le trasladó a los diputados oficialistas algunas diferencias en cuanto a
la aplicación del mismo.
Otro de los proyectos que en el oficialismo parlamentario saben que requerirá de consensos con la
oposición, es la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, defendido hace 10
días por el propio ministro de Justicia, Germán Garavano, ante las comisiones que lo analizan. La
reticencia de la oposición, e incluso de algunos diputados oficialistas, a aprobar el texto tal como
lo mandó el Poder Ejecutivo, demorarían su sanción hasta los primeros días de junio.
Para esos días, los diputados de Cambiemos esperan el ingreso del proyecto de Reforma Política,
cuya "punta de lanza" será la implementación de la boleta única electrónica, aunque incluirá
también cuestiones como la eliminación de listas sábana y de las llamadas colectoras.
Diputados de Cambiemos reconocieron que en reuniones informales con el representantes del Poder
Ejecutivo se había analizado la posibilidad de incluir también la unificación del calendario
electoral entre las provincias y la Nación, aunque por el momento esa idea habría quedado
postergada.
Otros de los proyectos que los diputados analizarían entre mayo y junio son los que enviará
elMinisterio de Hacienda y Finanzas para alentar el primer empleo entre los jóvenes y fomentar la
actividad de las pequeñas y medianas empresas.
Con esas iniciativas el oficialismo piensa contrarrestar la embestida opositora con el proyecto de
emergencia laboral, que ya tiene dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo -en manos de la
oposición.
25 de Abril de 2016
En el seno del Gobierno se debaten dos alternativas para bajar la inflación, el otro gran objetivo de
2016 luego del pago a los holdouts que terminó de consumarse el viernes pasado.
El primero es el que baja del Banco Central (BCRA), conducido por Federico Sturzenegger, donde la
meta es aplicar una tasa alta que seque la plaza de pesos y por ende comience a frenar los precios.
De hecho es el modelo que se está aplicando, pero donde aún no se le pueden atribuir éxitos o
fracasos porque la inflación viene de un piso alto, a lo que se suma el arrastre por la devaluación y el
aumento
de
tarifas
que
tiene
su
efecto
más
duro
en
el
primer
semestre.
El segundo plan es el que se piensa en el Ministerio de Hacienda, dónde Alfonso Prat-Gay no parece
estar convencido de que las políticas del BCRA tengan el resultado adecuado. En realidad, en el
equipo del ministro quieren que el BCRA baje la tasa. Creen que hay que atacar la inflación de una
forma más heterodoxa porque piensan que frenar los precios vía suba de tasa frenará aún más la
economía. En este sentido sostienen que si pronto la inflación no se encuentra por debajo de los 2
puntos, la herramienta no puede ser la tasa. Si eso pasa, la propuesta es ir por los acuerdos sociales,
seguir de cerca a los formadores de precios y revisar las cadenas de valor.
En
el
mercado
sostienen
que el BCRA se mueve con el manual. Es decir, "tasa de interés, es el resultado de inflación más
renta de capital". Por lo tanto, si se paga 38% de interés en pesos, la tasa se traduce en una inflación
en
el
rango
de
30%
más
la
ganancia.
La crítica que se le hace a la política del BCRA es que hoy no está en juego el valor del dólar. Hoy no
se piensa en un peso más devaluado. En más, si se tiene en cuenta que las reservas van a aumentar
vía ingreso por emisión de deuda y vía liquidación de exportaciones, el peso tenderá a revaluarse en
el
corto
plazo.
"En mayo la inflación tiene un piso de 3% y veo precios entre 2% y 2,5% para el segundo semestre",
dice el ex presidente del BCRA y actual jefe de asesores del Frente Renovador, Aldo Pignanelli. "Con
ese nivel de precios, la tasa puede bajar pero no como pretende el Gobierno", afirma.
En el BCRA están convencidos de que la tasa bajará en el segundo semestre porque la alta inflación
actual es producto de un reacomodamiento de precios que, por ejemplo, tiene que ver con la suba de
las tarifas. En el segundo semestre, si la inflación se frena, la tasa que pagará el Gobierno por las
colocaciones de letras rondará el 20%.
Tasas empresarias
Si las tasas bajan, también bajará el interés de los que apuestan a esa herramienta financiera. Hoy
las empresas ven con buenos ojos comprar títulos a las tasas que paga el Gobierno. Tal es así que
muchas ya no pelean por el giro de remesas. La apuesta es comprar letras al 38% o dólar futuro
donde también siguen haciendo diferencias que en muchos casos, según fuentes del mercado,
superan las ganancias que hacen por los productos que venden.
25 de Abril de 2016
Después de la salida del default, la herencia más ruidosa que le dejó al país la crisis de 2001 en
términos económicos, el Gobierno aún debe resolver casi una decena de juicios contra el Estado
planteados por compañías extranjeras en tribunales internacionales, otro lastre menos visible de
aquel cambio de siglo tumultuoso. Los ministerios involucrados ya comenzaron a ensayar alternativas
para resolverlos, confirmaron a LA NACION fuentes al tanto de la defensa argentina.
Desde el punto de vista de los inversores internacionales, se trata del último paso para salir
completamente del default y recuperar la credibilidad internacional, dado que la Argentina se obligó a
cumplir con esas sentencias para darles seguridad jurídica a las compañías extranjeras, que reclaman
pagos millonarios como indemnización por el rompimiento de los contratos.
Las empresas internacionales, cuyas billeteras intenta atraer hacia el país la administración de
Mauricio Macri, miran con atención la lista de casos pendientes que figuran en el Ciadi, el tribunal
arbitral del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre Estados y privados.
El Ciadi tiene 17 casos pendientes de resolución con el país, 8 de los cuales fueron suspendidos en los
últimos años. Los restantes 9 preocupan al Gobierno, que con la nueva gestión cambió las formas con
las que se maneja la Procuración del Tesoro en los tribunales extranjeros.
El kirchnerismo resolvió algunas disputas. Por caso, en octubre de 2013, el entonces ministro de
Economía, Hernán Lorenzino, cerró cinco causas pendientes. Pero otras quedaron en pie y salpican
aún al gobierno de Macri. El caso más evidente es el de la española Abertis, dueña del 31,59% de
Ausol, concesionaria de la autopista Panamericana y a cargo del mantenimiento de la avenida General
Paz y de los 56 kilómetros de la autopista que va de Buenos Aires a Luján (en el caso del acceso
oeste la empresa es GCO).
25 de Abril de 2016
Abertis presentó el 17 de diciembre, es decir, una semana después de que Macri asumió la
presidencia, una demanda contra el país por las demoras en la renegociación de su contrato de
concesión y las dificultades que le trajo a su negocio el retraso en las tarifas. El Gobierno comenzó a
dar los primeros pasos para ensayar su defensa. Una fuente oficial informó a LA NACION que tanto la
demandante como la defensa oficial designaron a sus árbitros. Ambas partes tienen 29 días para
designar de mutuo acuerdo al presidente del tribunal. Si no lo alcanzan, pueden pedirle al Ciadi que
lo designe. Luego llegará la primera solicitud de fondos para dar trámite al procedimiento.
Condenados: la francesa Suez, dueña de Aguas Argentinas, ya obtuvo un fallo a su favor, aún
pendiente de pago
Condenados: la francesa Suez, dueña de Aguas Argentinas, ya obtuvo un fallo a su favor, aún
pendiente de pago.
Por otra parte, la compañía Salini Impregilo también reclama por su participación en Ausol. El 27 de
octubre del año pasado inició negociaciones amistosas con el gobierno de Cristina Kirchner, que
continuaron los funcionarios de Macri. El Occovi (organismo de control de las concesiones viales) está
actuando en dos líneas de acción. En el marco de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), se creará
un sector que atenderá en forma exclusiva los grandes juicios contra el Estado. "De esta forma
procuramos desarrollar la mejor defensa posible", explicó un funcionario a cargo de la defensa de la
Argentina.
Por otra parte, el Gobierno inició la renegociación de ambos contratos de concesión (Ausol y GCO),
que intentará saldar los reclamos.
Mil intentos
Ausol había intentado de mil maneras solucionar esas dificultades en los gobiernos de Néstor y
Cristina Kirchner. El año pasado, a través de dos notas, el Occovi le pidió a la empresa que
presentara un plan para hacer sustentable su negocio. El 19 de mayo, por caso, el director ejecutivo
del Occovi, Gustavo Gentili, le reclamó a Ausol que presentara un documento con una "propuesta de
plan económico financiero que permita equilibrar económica y financieramente el contrato de
concesión". La compañía nunca llegó a un acuerdo, agotó las instancias y ahora reclama en el Ciadi.
Hay más demandas recientes. La italiana Impregilo, vieja litigante contra el país, planteó en
septiembre del año pasado un nuevo litigio contra el país. Lo maneja el estudio King & Spalding. En
enero, el alemán Jürgen Kurtz aceptó convertirse en árbitro.
Fuentes al tanto de la disputa sostienen que en las próximas semanas el Ciadi fallará en contra del
país en un juicio que le inició al Estado un conjunto de empresas españolas relacionadas con Marsans,
la ex dueña de Aerolíneas Argentinas, por la expropiación de la compañía, junto al megabufete
norteamericano Burford. Piden US$ 1200 millones, pero quedarían satisfechos con mucho menos.
En abril de 2015, el Ciadi condenó a la Argentina a pagarle US$ 405 millones a la francesa Suez,
dueña de Aguas Argentinas, a la que el kirchnerismo le quitó la concesión del servicio. Sobre esa
decisión se creó AySA, la compañía de agua y cloacas de la zona metropolitana. La Argentina apeló la
decisión. El caso sigue pendiente en el tribunal arbitral.
El más reciente: la española Abertis, socia en la concesión de la Panamericana, presentó la denuncia
el 17 de diciembre pasado
El más reciente: la española Abertis, socia en la concesión de la Panamericana, presentó la denuncia
el 17 de diciembre pasado.
En 2006, el entonces gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, rescindió la concesión del servicio de
agua y cloacas provincial a Aguas del Gran Buenos Aires, integrada por capitales italianos y
españoles, que desde 2000 proveía el servicio a más de 1,8 millones de personas. Aunque la
gobernación criticó la calidad del servicio, sus accionistas fueron al Ciadi. El tribunal se constituyó en
2009 y el caso sigue pendiente.
Algo similar ocurrió con Sauri, una sociedad francesa de un grupo empresarial dedicado al negocio de
la producción, tratamiento, distribución y saneamiento del agua, a la que se le rescindió la prestación
del servicio en Mendoza. El tribunal condenó al país a pagar US$ 40 millones más intereses y
honorarios, pero el caso aún figura como pendiente.
25 de Abril de 2016
Hay algunos casos que figuran como pendientes, pero en los que las empresas suspendieron los
reclamos. Entre ellos los de Gas Natural Fenosa, dueña de la compañía del mismo nombre en el país,
y de Camuzzi, otra firma encargada de distribuir gas por redes.
Junto a Venezuela, la Argentina lidera el ranking de demandas en el Ciadi. Otros países, como Brasil
y Sudáfrica, decidieron abandonar ese organismo. Durante las presidencias de Néstor y Cristina
Kirchner hubo amenazas de ese estilo, pero nunca se concretaron.
25 de Abril de 2016
Los constructores viales les cambió la cara. Por estos días, el Gobierno afina una propuesta para
terminar de pagar la deuda que Vialidad Nacional tiene con el sector y que permitiría llegar a fin de
año con los certificados al día. La negociación es lenta. No es para menos: en el medio hay alrededor
de $ 1000 millones, que es lo que suma la deuda que la administración pública tiene con los
empresarios de las rutas. Los constructores esperaban un bono, pero todo parece indicar que será
efectivo y en cuotas. A cambio les pedirán que regresen a los obradores con ímpetu y no con la
velocidad crucero que transitaron en los últimos años.
Cuando la nueva gestión de Vialidad Nacional se hizo cargo, la deuda llegaba a $ 12.800 millones. En
ese paquete estaban alrededor de 900 obras licitadas y entregadas a los contratistas, pero con una
enorme deuda del Estado que impedía el avance. Obradores en modo espera.
Mes tras mes corría por Vialidad la "lista de la felicidad", llamada así por los empleados por las
noticias frescas que traía. Desde la oficina de José López, secretario de Obras Públicas durante el
kirchnerismo, bajaba un escueto papel en el que se enumeraba a quiénes y cuánto se liquidaba cada
mes. Los parámetros del desembolso tenían que ver con procedimientos no demasiado claros y más
cercanos a la discrecionalidad. Alegrías y frustraciones se repartían por igual. Sin embargo, jamás se
avanzaba en pagos que permitieran acelerar las obras, salvo, claro está, la excepción que
representaba Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, que tenía sus acreencias al día o
incluso adelantadas.
Así vivió el sector desde 2011, con alrededor de 1000 millones de dólares de deuda constante y con
una exigencia del Gobierno: mantener la obra viva, aunque no se avanzara, pero sin que se
desmantelara un solo obrador.
De aquellos $ 12.800 millones ya se pagaron alrededor de 4700 millones en los primeros meses de
gestión macrista. El dinero calmó la ansiedad de los empresarios, muchos de ellos cargados de deuda
financiera por la que pagan intereses muy costosos. Además, la promesa de pagar los certificados de
obra nuevos se empezó a cumplir; en marzo se terminaron de pagar los de diciembre.
Sin embargo, alrededor de $ 8000 millones de deuda vieja estaban en la nebulosa. En las primeras
reuniones del equipo del número uno de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, se empezó a delinear la
posibilidad de emitir un bono. El antecedente que se mencionaba eran los papeles que emitió el
gobierno de Mauricio Macri cuando se hizo cargo de la ciudad y se encontró con una deuda, mucho
menor por cierto, heredada de la gestión de Aníbal Ibarra. Aquellos documentos pasaron como rayo
por las manos de los constructores y terminaron en los bancos a cambio de un descuento. La Ciudad
pagó sus deudas y constructores y bancos quedaron satisfechos.
Ahora todos se preparaban para una solución similar. Pero el Gobierno sorprendió. Les tiró sobre la
mesa otra propuesta. Dijo que pagará alrededor de $ 1000 millones por mes para llegar a fin de año
con aquella deuda saldada. Los constructores tomaron la propuesta y se entusiasmaron. Luego se
calmaron, agarraron sus planillas de cálculo y sacaron cuentas sobre lo que ya se perdió y lo que
significa tener los pagos al día, casi una rareza en ese mundo salvo que el apellido fuese Báez.
Por ahora, el acuerdo está cercano, pero no cerrado. Los constructores no son una masa pétrea y
además cada uno tiene sus apuros. Sin embargo, la mayoría acompaña. En Vialidad son optimistas.
Mientras tanto, el Gobierno ya les adelantó que la idea es terminar la gran mayoría de las obras
iniciadas en las rutas nacionales sin peajes. Luego está el universo de los corredores con peaje. Allí el
panorama es distinto. El Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), un ente dependiente de
25 de Abril de 2016
Vialidad Nacional, ya comenzó a evaluar cada una de los proyectos. El sistema que rige es un híbrido
que no dio resultados. En 2011, el kirchnerismo armó un esquema mediante el que las constructoras
licitaban un paquete de obras en una traza, y como condición tenían que mantener la ruta, cobrar el
peaje y cortar el pasto. El dinero para las obras no llegó nunca y la calidad del mantenimiento bajó al
punto de que todos los corredores viales están en peores condiciones que hace cinco años. A ese
esquema le queda un año y todo hace suponer que continuará.
El Gobierno ya les adelantó a los concesionarios que de aquel paquete de obras sólo quedarán
algunas. Según publicó la nacion, de los 720 contratos que estaban vigentes a fin del año pasado
quedarán apenas 430. Los beneficiados fueron los grandes corredores viales que se identifican con
rutas nacionales que tienen un solo dígito. La "lista de la felicidad" que venía de la oficina de López ya
es historia, pero los pagos antes de fin de año aún son una promesa. En el medio hay negociaciones
que les han dibujado una mueca más relajada a los constructores.
Las cifras en discusión
8000
Millones de pesos
Es la deuda que tiene pendiente el Gobierno con los contratistas viales
430
Contratos
Son
las
obras
cuyo
pago
aún
no
está
al
25 de Abril de 2016
día
La fuga y caída del abogado Jorge Chueco -cerebro jurídico clave en la arquitectura de “la ruta del
dinero K”- dejó una enseñanza en Tribunales: los allanamientos, detenciones y captura de pruebas
importantes para la causa no pueden demorarse ni descuidarse. Es la tesis con la que insiste el fiscal
del caso, Guillermo Marijuan, ante la intermitente prudencia del juez Sebastián Casanello para llevar
por fin al expediente información que durante tres años estuvo sobrevolándolo, con datos que se
fueron acumulando bajo la forma de testimonios, anécdotas, historias y leyendas que los periodistas
conocen y reproducen desde hace al menos una década.
Sorprende entonces que, pese a los intensos preparativos iniciados el viernes, la Justicia aún no haya
ido a buscar parte del tesoro enterrado de Lázaro Báez y los Kirchner a las estancias Cruz Aike y La
Julia, dos puntos minúsculos en la helada inmensidad de la estepa santacruceña. Bajo esos cimientos,
y los de otras cuantas propiedades ligadas al ecosistema inmobiliario familiar de los ex presidentes,
pasaron y posiblemente aún duermen cientos de millones de dólares detraídos a los argentinos a
través de los variados mecanismos de corrupción germinados durante el kirchnerismo. “La ruta del
dinero K” es apenas uno de ellos.
Aunque los datos estaban ahí, a disposición del juez, el empujón final para que Casanello o el fiscal
se dispongan a allanar esas fincas lo dio una ampliación de su declaración indagatoria que Leonardo
Fariña hizo llegar a Marijuan la semana pasada, desilusionado por la divulgación de su larguísimo
testimonio original por parte del juez Casanello. En cuatro carillas, a las que accedió Clarín, el ex
marido de la vedette Karina Jelinek relata lo que vio en el sótano de la casa de Lázaro Báez, y señala
con detalle dos de los sitios en que el empresario K guardaba porciones del dinero negro de la obra
pública que obtenía gracias a la corrupción. Este diario no había publicado antes el testimonio por la
advertencia que el propio Fariña le hacía al juez en el encabezado de su texto, en el que pide que la
declaración “se mantenga en reserva a los fines de no frustrar los aportes que se detallan a
continuación”.
25 de Abril de 2016
Esa reserva fue clave en las primeras horas, pero ya está jugando en contra. Cristina Kirchner está
en Santa Cruz -su casa de Calafate podría ser otro de los objetivos de la justicia- y Clarín pudo
comprobar algunos de movimientos del entorno de Lázaro Báez en las propiedades. ¿Buscan destruir
o modificar pruebas? Fuentes con acceso a la causa advierten justamente eso: la demora puede
provocar la pérdida de elementos fundamentales para el caso.
Cuesta entender las dudas de la Justicia al leer la nueva información que aportó Fariña, y que este
diario anticipó ayer. La introducción de esos datos ofrece otros nuevos aspectos de la planificación de
Báez, y su necesidad de replicar en Buenos Aires el modelo de “stockeo” de billetes que tan exitoso
habría resultado en las bóvedas de Santa Cruz. “Para diciembre de 2010, Santiago Carradori -uno de
los financistas señalados por Fariña en su indagatoria- señó con 10.000 dólares una oficina ubicada
en el edificio Madero Harbour. El mencionado edificio fue elegido dado que cuenta con oficinas de
categoría AAA con plantas de hasta 650 metros cuadrados, helipuerto y cocheras. La finalidad de
alquilar la oficina era la de montar una base de operaciones no registradas o fuera del circuito blanco
de la empresa Austral”, empieza el relato, sin espacio para rodeos. Luego aquel plan se frustró,
cuando el grupo compró la cueva financiera SGI, La Rosadita.
“Al haberse comprado dicha sociedad -continúa Fariña- se decidió alquilar la oficina contigua a SGI, y
se instaló OASI, que era la oficina de operaciones no registrables de Austral y se abortó el alquiler de
Madero Harbour”.
Otro lugar para el stockeo
Una de las ideas principales del alquiler de la oficina fue la de stockear allí el dinero proveniente de
Santa Cruz, intentando replicar los depósitos de dinero que había en la provincia patagónica por una
cuestión de logística.”.Hacía falta otra base para acumular billetes, y Buenos Aires era un punto
intermedio entre Santa Cruz y Chaco, el destino al que se había comenzado a enviar dinero tras la
compra de la sucesión Biancalani en 2010.
“Como ya lo señalé, el dinero lo manejaba tanto Martín como Leandro y Lázaro (Báez), y además
siempre se encontraba custodiado”, señala el arrepentido, que ubica al hijo menor del empresario en
un lugar clave del sistema. Entonces la declaración apunta directamente a los movimientos de dinero
que Lázaro realizaba en sus chacras. “Estos campos fueron adquiridos por los integrantes de la
familia Báez y Austral Agro. Esto me consta por pude ver alrededor de 26 boletos de compra venta a
favor de Martín, Leandro, el propio Lázaro y Austral Agro en las oficinas de la calle Gregores de Río
Gallegos. Otra de las características que recuerdo es que evitaban incorporarlo a sus respectivos
patrimonios”, desliza Fariña. “Leandro era la autoridad de Austral Agro y era quien tenía conocimiento
de todas las estancias y chacras”. Lo dicho, el hijo menor tenía un rol clave en la custodia del botín
“físico”.
El valijero explica entonces cómo conoció el sótano de la chacra en que Báez tendría su bóveda con
lockers para guardar plata, la que tras la denuncia de “la ruta del dinero K” en el programa de Jorge
Lanata fue malamente travestida como una bodega. Y explica que pudo presenciar “conversaciones
frente a terceros y frente a Martín y Leandro sobre dos sectores que se protegían con particular
recelo”:
Esos sitios a los que se refiere Fariña son los que la Justicia debiera allanar: las estancias Cruz Aike descripta por en el testimonio como “el búnker principal”- y La Julia, “más próxima al río”. Ambas,
cercanas entre sí, están camino a Calafate.
“En La Julia estuve dos veces y una vez en Cruz Aike. En estas dos estancias el Sr. Báez mantenía
una seguridad elevada, similar a la que comenté a su señoría en mi declaración indagatoria
primigenia. Lo curioso de esto es que lo más custodiado no era el casco de la estancia sino el
quincho, que contaba con custodia permanente”, enseña Fariña, y dice que en las afueras de esas
construcciones había gente fuertemente armada, una custodia realizada por fuerzas especiales de la
policía local santacruceña dispuesta en distintos anillos de seguridad que detectaban a cualquier
persona antes de llegar a los alrededores de las estancias.
En la Julia, a su vez, “se construyeron unas cocheras que eran la fachada para esconder el sector de
las bóvedas”, puntea el relato. “Recuerdo además que cada vez que había que hacer movimientos de
dinero a Buenos Aires, Lázaro se dirigía a esas estancias. Por ejemplo, el día en que viajé en el avión
matrícula ZSZ propiedad de Báez con el señor Zanzot -uno de los protagonistas el video de La
25 de Abril de 2016
Rosadita, ahora imputado- sin acompañantes y volví en el día a Buenos Aires, fui recibido sólo por
Martín Báez, dado que Lázaro se encontraba en La Julia organizando un movimiento de dinero.”
Con su nuevo testimonio -que tampoco es el último- el dueño del rodete masculino más famoso de la
Argentina dejó en manos de Casanello la obligación de acelerar los allanamientos evitados durante
tres años, y que también fueron pedidos por la Cámara Federal en un reto para el juez incluido en la
confirmación de la prisión preventiva para Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín. El texto
rebosa de tesoros escondidos, armas y viajes clandestinos. Sólo faltan el ron y las mujeres para
redondear una excelente película de piratas.
25 de Abril de 2016
La cita será a las 15 frente al Monumento al Trabajo, en la intersección de las avenidas
Independencia y Paseo Colón, y pondrá en escena a la primera manifestación del movimiento
obrero contra las políticas del gobierno nacional, si bien, por lo pronto, la convocatoria no será
acompañada por una jornada de paro.
La CGT Azopardo de Hugo Moyano, la CGT Alsina de Antonio Caló, la Azul y Blanca de Luis
Barrionuevo, la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Pablo
Micheli pulen por estas horas los detalles de la movilización, que tendrá como consignas centrales el
freno a los despidos y a la inflación, la eliminación del impuesto a las Ganancias, y la actualización
y universalización de las jubilaciones.
La relación entre el presidente Mauricio Macri y el sindicalismo sumó un nuevo desencuentro la
semana pasada cuando trascendió que la ley antidespido, proyecto que impulsa casi todo el arco
opositor para frenar las desvinculaciones en serie tanto en el sector público como en el privado, sería
vetada por el mandatario.
En declaraciones a la prensa, Moyano señaló el sábado que un veto a la mencionada ley sería "un
golpe y un error muy grande" por parte del Gobierno, y avisó que "seguramente el conjunto de los
trabajadores no lo va aceptar de ninguna manera".
El 13 de abril, Macri recibió en Olivos a la primera plana de las centrales sindicales y les garantizó
una serie de concesiones que logró bajarle el tono a la conflictividad en ascenso por la situación
económica.
25 de Abril de 2016
En aquella oportunidad, el líder del PRO confirmó a los jefes sindicales un desembolso extra de2700
millones para las obras sociales de los gremios y lugares en el directorio del PAMI para
representantes sindicales, lo cual habría desactivado la idea de un paro general para el 29 de abril.
Sin embargo, la presencia en la calle de sindicalistas de las cinco centrales no deja de ser unaseñal
de alarma a futuro, en el marco de un conflicto que podría escalar si la ley antidespidos es
impugnada por el veto presidencial.
Más allá que sectores cercanos al Gobierno señalaron que la marcha será para conmemorar elDía del
Trabajador, cuyo 1 de Mayo es domingo, los gremialistas remarcaron que entre los reclamos
estarán la inflación, la suba de las tarifas, al tiempo que insistirán en los cambios prometidos por
Mauricio Macri durante la campaña electoral en lo relativo a Ganancias.
"Si se sacaron las retenciones al poder económico, es ilógico que abandonemos nuestro pedido por el
impuesto al trabajo", consideró en su momento el portuario Juan Carlos Schmid, referente de la
CGT moyanista y de la central de transportistas. "El Frente para la Victoria se solidariza con los
reclamos y va a participar del 29 de abril en la convocatoria de las cinco centrales
sindicales", remarcó el jefe de bloque del FpV-PJ en la Cámara de Diputados. Tras destacar que la
principal consigna de la movilización apunta a que "paren con los despidos y las cesantías", el
diputado kirchnerista aseguró que la concentración unificada es una respuesta a un "programa
económico que está dirigido a los ricos y no a proteger a los sectores más vulnerables".
El Frente de Izquierda, por su parte, no logró aunar una posición común y realizará distintas
convocatorias por el Día del Trabajador.
25 de Abril de 2016
Carolina Stanley dice conocer de sobra lo que significa luchar contra el prejuicio que conlleva ser la
hija de un importante banquero. "Cuando asumí en la ciudad, una veintena de trabajadoras de
comedores comunitarios de Lugano me vinieron a patear la puerta. Les pedí que me esperaran dos
meses, que me vieran trabajar primero antes de juzgarme. Hoy son mis leonas", cuenta, divertida y
con orgullo, la ministra de Desarrollo Social del gobierno de Mauricio Macri.
Ubicada en estos días en la primera línea de batalla mediática, y con los retratos de Eva Perón que
dejó su antecesora Alicia Kirchner rodeando su luminoso despacho, Stanley defiende las medidas de
"contención social" puestas en marcha por el Gobierno luego de los aumentos de tarifas y el rebrote
de la inflación. "Éste no es un gobierno insensible. Su primer objetivo es el de pobreza cero", se
defiende Stanley ante LA NACION, y asegura que el presidente Macri "piensa en el largo plazo, pasar
del asistencialismo a la inclusión real".
-Las medidas que anunció hace una semana apuntan a los menos favorecidos, afectados por el
ajuste. ¿Alcanzan?
Éste es un gobierno que trabaja integrado; de hecho, las medidas económicas vinieron trabajadas
con el gabinete social. Cuando el Presidente habla de pobreza cero, pensamos en ese objetivo y en a
quienes les aprieta más el bolsillo: la tarifa social que implementamos y este último conjunto de
anuncios con el que llegamos a 10 millones de personas, donde se trabaja en temas como la
universalización de la asignación universal, los 500 pesos para jubilados y beneficiarios de la AUH.
También la decisión de anticipar la discusión salarial y el seguro de desempleo.
Pero las medidas de contención llegaron después de los tarifazos y el rebrote inflacionario...
Trabajamos y acompañamos esas medidas, que fueron hechas pensando en todos los argentinos. Se
trató de acompañar ese sinceramiento de la situación económica del país, todo se aplicó de manera
25 de Abril de 2016
simultánea. Se acompaña a la sociedad, queremos estar cerca de quienes más nos necesitan, del que
siente que se tienen que ajustar, del que la está pasando mal.
Todo ese sufrimiento es real...
Es cierto, y es un momento doloroso. Hay mucha gente angustiada, pero mucha otra gente confía, y
sabemos que el objetivo máximo es bajar la inflación y generar empleo. Para que eso pase había que
sincerar la situación, heredamos una crisis muy profunda. Nadie creía que íbamos a salir del cepo y el
default, y lo hicimos. Así volverán las inversiones y generaremos empleo.
El informe de la UCA dice que hay 1,5 millones más de pobres después de las medidas...
Trabajamos con la UCA, con quienes diseñaron ese informe. Tiene que ver con el compromiso de no
esconder números que son reflejo de la crisis que heredamos y sobre los cuales nos pusimos a
trabajar de forma inmediata. Se requiere de medidas de largo plazo, ir del asistencialismo a la
inclusión real.
Pero hay indicadores que muestran más pedidos en los comedores escolares, un estado de
desprotección creciente...
No creo que haya más desprotección. Estamos trabajando sobre las necesidades concretas, la gente
sabe que vamos a generar soluciones duraderas y de largo plazo.
Prat-Gay habló de "grasa militante" al hablar de despidos, Dietrich minimizó los efectos de los
aumentos. ¿Errores o insensibilidad?
No hay insensibilidad. Éste es un gobierno social, sensible, que está cerca de la gente, que entiende
el dolor, y que se anima a tomar medidas que van a revertir una situación difícil.
¿Qué herencia recibió?
Recibí un ministerio fragmentado donde se repetían programas y existía algún nivel de
discrecionalidad en la implementación de esos programas. Cuando reunimos por primera vez a los
ministros de las provincias, algunos desconocían los programas a los que se podían adherir.
¿Eran no kirchneristas?
Sí, ése era el panorama. También hay gente con mucha vocación que sigue trabajando.
¿Están pensando en Ud. como candidata bonaerense en 2017?
Es que las elecciones están lejísimos, falta un montón (se sonríe). Nadie habló conmigo, estoy
abocada a mi trabajo como ministra, estar al lado de quienes más lo necesitan.
Alicia Kirchner dejó imágenes de Eva Perón en su ministerio. ¿Van a seguir aquí?
Evita sigue (se sonríe). Las mujeres que estamos en política le reconocemos no sólo su tarea social,
sino también su tarea de género.
25 de Abril de 2016
“Florencio hizo un buen uso de la distancia y el silencio”, razona un veterano abogado
peronista.
Florencio Randazzo apenas hizo declaraciones políticas desde que asumió Mauricio Macri, cuando el
Presidente de la Nación lo convocó a un acto de gestión ferroviaria y ratificó su pertenencia peronista
y así, no quedar atado a rumores sobre una eventual colaboración con el macrismo.
El ex ministro de Interior y Transporte colecciona llamados de dirigentes del peronismo pero tiene
más feeling con los intendentes que postulan una renovación en el peronismo: Gabriel Katopodis,
Martín Insaurralde y Eduardo “Bali” Bucca tiene llegada al hombre de Chivilcoy quien de a
poco, calienta motores para su regreso político.
Pasado el retorno de Cristina, el ministro analiza los pasos a dar; la ex Presidenta sorteó la primera
convocatoria judicial y habló con distintos sectores. En la charla con los intendentes bonaerenses, la
ex mandataria deslizó críticas a Daniel Scioli y al propio Randazzo, por no haber aceptado competir
por la gobernación bonaerense.
“50 por ciento adentro y 50 por ciento afuera”, le dijo hace pocos días a un alcalde sobre
su reaparición. Quienes lo han escuchado en la última quincena dicen que elige mucho con quien
hablar” y que a sus interlocutores les asegura que “es muy temprano para todo”. Pero el ex ministro
peronista sabe que las elecciones de 2017 ya están en la ingeniería de todos. Por lo pronto, el
gobierno de Mauricio Macri y el de María Eugenia Vidal se preparan para eso: una muestra
es la reconciliación política de la gobernadora con Emilio Monzó. El presidente de la Cámara
de Diputados conoce a la perfección el mapa político de la Provincia y es uno de los que jugó el
nombre de Elisa Carrió para competir en el próximo turno por la senaduría bonaerense.
La administración de Macri sueña –para esa elección para la que falta poco más de un año- con un
escenario donde hayan varias opciones peronistas: allí, la posibilidad de que surja un candidato
peronista -además de la eventual postulación de Cristina Kirchner- suena como música agradable
para el macrismo.
25 de Abril de 2016
También en esa grilla está calentando Sergio Tomás Massa, quien siente que “vienen por
mí”, como dijo la semana pasada antes de viajar a Nueva York. Deslizó eso un escenario con él de
candidato más uno del PJ (¿Randazzo o Scioli?) y Cristina Kirchner por su “Frente Ciudadano”,
complicaría a la oposición y favorecería al oficialismo.
Por eso Randazzo escucha y evalúa hoy la invitación del llamado “Grupo de los Ocho”
intendentes, sector que pasaría a ser llamado “Los doce apóstoles”, debido a su crecimiento
en número: Además de los mencionados Katopodis, Insaurralde y Bucca, están Juan Zabaleta, Ariel
Sujarchuk, Gustavo Menéndez, Mariano Cascallares, Leonardo Nardini y Fernando Gray. A ellos se
suman, eventualmente, Juan Pablo de Jesús-del Municipio de la Costa- y Verónica Magario,
intendenta de La Matanza, quien navega entre lo nuevo del peronismo y el kirchnerismo que resiste.
A los encuentros de Randazzo con intendentes se suma la línea que el chivilcoyense ya aceitó con el
Gobierno bonaerense, a través del ministro de Gobierno, Federico Salvai, y de la propia
María Eugenia Vidal.
Sus compañeros políticos que mantiene fieles aguardan sus próximos pasos. Y esperan que a su
regreso al juego fuerte, lo haga midiendo casa paso y cada palabra: “Se le tiene que ir la
calentura”, cuenta alguien que lo conoce mucho. El enojo sigue firme con Cristina Kirchner
–quien lo bajó de la pelea presidencial- y con Daniel Scioli, a quien sigue mencionando con la
misma dureza que lo hacía cuando todavía era ministro de Interior y Transporte y además, su
competidor interno más fuerte.
25 de Abril de 2016
Varios funcionarios del PRO habían manifestado en los últimos años su idea contraria a que el Estado
mantenga presencia en empresas privadas, tal como sucede con las participaciones de ANSES en
varias compañías líderes que cotizan en Bolsa. Y aunque se trate de un tema muy complejo para
avanzar desde el punto de vista político, la idea central ya está delineada. Básicamente pasaría por
vender estas participaciones y utilizar el producido de esa desinversión para pagar otra deuda, en
este caso interna: los cientos de miles de juicios ganados por jubilados en los últimos años, que el
organismo
previsional
cumple
sólo
a
cuentagotas.
El Presupuesto 2016 prevé que ANSES pagará unos $ 12.500 millones este año, que alcanzarían para
alrededor de 50.000 sentencias. El problema es que todavía hay más de 300.000 juicios en danza
que terminarán casi en su totalidad con fallos favorables de la Justicia. Se trata en la mayor parte de
los casos de causas por haberes mal liquidados a partir de la crisis 2001-2002. Sucede que en los
primeros años post-crisis el Gobierno sólo aumentaba las mínimas, pero miles de jubilados no
tuvieron
incrementos,
lo
que
motivó
una
verdadera
industrial
del
juicio.
El plan del Gobierno de Mauricio Macri busca subsanar dos cuestiones simultáneas: dejar detener
participación en empresas privadas, lo cual no tendría razón de ser en la ideología de la actual
administración, y al mismo tiempo cumplir con juicios que tarde o temprano habrá que pagar. Si bien
se trata de un tema complicado para plantear desde el punto de vista político, el fin que se persigue
volvería
más
razonable
la
decisión.
Fuentes del Gobierno consultadas por este diario confirmaron que existe la iniciativa y que cuenta con
el visto bueno de las máximas autoridades, pero que será encarada en forma inmediata. El motivo es
que en octubre del año pasado, a pocas semanas de las elecciones presidenciales, el congreso aprobó
una ley que creó la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE). El objetivo
de la misma es coordinar la participación que tiene el Estado en compañías privadas. Pero lo más
importante es que al tratarse de una ley esta agencia sólo puede ser disuelta por el voto legislativo.
La ANSES heredó las participaciones en empresas que poseían los fondos de pensión, que fueron
disueltos en 2008. A partir de allí se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde se
mantienen las tenencias que las AFJP mantenían en aquel momento, incluyendo plazos fijos, bonos y
presencia en 46 empresas cotizantes. El organismo previsional participa con importantes porcentajes
(superiores al 20% en muchos casos) en Banco Macro, Consultatio, Siderar, Grupo Financiero Galicia,
Telecom
y
Grupo
Clarín,
por
sólo
mencionar
algunos
casos.
Problemas técnicos impedían acceder a la página de ANSES el fin de semana, pero la información a
octubre (al momento de aprobarse el proyecto de ley) indicaba que el Estado a través del FGS posee
un total valuado en $ 52.000 millones en este grupo de empresas. Tras la suba que hubo en los
últimos meses en el mercado accionario, es probable que ese patrimonio esté valuado en cerca de $
65.000 millones en la actualidad.
25 de Abril de 2016
25 de Abril de 2016
El vicepresidente Michel Temer ya tiene un eventual programa económico para lanzar si es que
asume la jefatura del Palacio del Planalto a mediados de marzo, tal como se afirma en los medios
políticos de Brasilia. Las recetas no son originales, ni se distancian de las aplicadas por la presidenta
Dilma Rousseff el último año. Habrá un fuerte ajuste fiscal, con revisión de todos los programas
sociales, con el objetivo de “racionalizarlos”. En ese contexto, apunta también a “dar más libertad
financiera” a los estados provinciales. Dicho de otra manera, habrá tal vez más recursos o
refinanciación de deudas, pero sobre todo mayor transferencia de responsabilidades a los gobiernos
estaduales.
Para eso, claro está, quiere trabajar la idea de aplicar un impuesto, la Contribución Provisoria al
Movimiento Financiero (CPMF) que Dilma buscó implantar y el Congreso sistemáticamente se lo negó.
Para eso claro está deberá contar el actual titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, reo de
la justicia por denuncias de la Corte Suprema, que es el que le puede garantizar la rápida votación
del gravamen. Está en su menú la rápida privatización de todo aquello que sea privatizable.
Todo esto tendrá que realizarse en un contexto absolutamente desfavorable. Hay una abrumadora
caída de la recaudación impositiva, de 8,1% en el primer trimestre del año, que crea un abismo
fiscal. En síntesis: por causa de la parálisis política y económica, la situación del sector público es
francamente penosa. El Tesoro nacional indicó que dado el “inmovilismo” a partir del 23 de mayo ya
no tendrá recursos para hacer frente a los pagos salariales de los estatales, ni para los proveedores
de servicios (entre ellos, agua, luz y teléfono). Así se lo hizo saber el ministerio de Hacienda al
25 de Abril de 2016
Congreso la semana que pasó. Para eludir ese colapso,Temer precisará que el Congreso le autorice
triplicar el déficit presupuestario, aumentándolo de 9.000 a 27.500 millones de dólares.
Hoy, el vice Temer se reunió en su residencia oficial, el Palacio de Jaburu con parte del empresariado
paulistano. Estaba allí su amigo Paulo Skaf, titular de la Federación de Industrias del Estado de San
Pablo (FIESP). Este dirigente industrial, que está al frente de la mayor organización patronal brasileña
hace más de una década, presentó una propuesta de ajuste que no precisaría, en teoría, implantar
nuevos gravámenes. Temer conversó con ellos y se sacó fotos. Y los quiso convencer que tomará
medidas para el sector productivo, tales como dar impulso a las “asociaciones público-privadas”
(conocidas en Brasil por su sigla PPP) un invento de la actual jefa de Estado. En verdad, se trata de
concesiones al ámbito privado de servicios y operaciones del Estado. Sin embargo, las propuestas no
convencen a una parte importante de los capitanes de la economía brasileña. Lo que más les
preocupa es la inestabilidad que habrá durante una eventual gestión Temer, como consecuencia
afirman de los resultados de la operación Lava Jato, que investiga causas de corrupción vinculadas a
las coimas en Petrobras. Para los grandes holdings sería mejor “empezar de cero”, con elecciones que
legitimen el próximo mandatario.
25 de Abril de 2016
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunió hoy con el abogado general del Estado,
Jose Eduardo Cardozo, para ultimar los argumentos de defensa que la mandataria presentará en
la Comisión Especial del Senado que analizará la apertura de un juicio político en su contra.
Rousseff, quien durante dos días participó en Nueva York, para el acto de firma del Acuerdo de París
sobre el cambio climático, anticipó su viaje de retorno el sábado con el propósito de preparar la
defensa en un nuevo capítulo de su eventual juicio destituyente.
En la tarde del viernes los partidos que conforman el Senado brasileño anunciaron los
nombres de los 21 miembros que integrarán a partir de mañana la comisión que analizará los
documentos que respaldan el proceso, aprobado hace una semana por la Cámara de Diputados.
La distribución para la conformación de la comisión fue por bloques partidarios, en los que
el oficialismo consiguió cuatro escaños, y de los otros segmentos restantes sólo una senadora se
ha expresado en contra del posible juicio.
El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), mayoría en la Cámara Alta y que el
mes pasado dejó la base de apoyo al Gobierno, tuvo derecho a cinco asientos en la comisión, de los
cuales el senador Raimundo Lira, candidato a presidirla, es el único indeciso.
El presidente del Senado, Renán Calheiros, y el vicepresidente de la República, Michel Temer,
forman parte del PMDB; al igual que el jefe de Diputados, Eduardo Cunha, quien comandó la sesión
del domingo en la que el plenario aprobó la apertura del juicio con 367 votos a favor, 137 en contra,
siete abstenciones y dos ausencias.
25 de Abril de 2016
El bloque de la oposición, integrado por los partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB),
Demócratas (DEM) y Verde (PV) y que tendrá cuatro asientos, propuso como relator de la comisión al
senador Antonio Anastasía, exgobernador del estado de Minas Gerais.
Entre titulares y suplentes de la comisión, de los 42 miembros 27 se declararon favorables a la
apertura del juicio, diez son contrarios, uno está indeciso y tres no han expresado su
preferencia hasta el momento, de acuerdo con un sondeo del diario O Estado de Sao Paulo.
No obstante, antes de ser instalada el lunes la comisión, los nombres propuestos por los partidos
deberán recibir la aprobación del plenario.
La comisión analizará los documentos entregados por la Cámara baja, donde se necesitaba el
respaldo de dos tercios de los 513 legisladores, y el plenario del Senado dará la última palabra para
dar vía libre al juicio por mayoría simple (41 votos).
La oposición alega que la mandataria incurrió en unas maniobras contables ilegalespara
maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos,
acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
En caso de que el Senado también de vía libre al juicio, Rousseff tendrá que separarse del
cargo por 180 días, plazo que tiene la Cámara Alta para juzgarla, y en ese período sería
sustituida por el vicepresidente Temer, quien se ha reunido durante estos días con diversos
lideres políticos y economistas.
Hoy, el Temer recibió en su residencia oficial en Brasilia a Paulo Skaf, dirigente del PMDB
ytitular de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), el más influyente
gremio empresarial del país y uno de los impulsores del juicio.
Las reuniones de Temer tanto en Sao Paulo como en Brasilia, después de la votación en la C{amara
de Diputados han sido interpretadas como una gestión para la conformación de su eventual gobierno,
aunque el propio vicepresidente ha negado esa insinuación.
Para la separación definitiva del cargo, la oposición necesitará de la votación de dos tercios
del Senado (54 votos).
FUENTE: Agencias
25 de Abril de 2016